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El Matrimonio en el derecho comparado, filiación adopoción internacional

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  1. 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS ESCUELA DE DERECHO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ACTIVIDAD 05 Adrián Y. Espinoza R C.I: V.- 14.979922
  2. 2. Derecho Comparado respecto al Matrimonio como institución del Derecho de Familia Partiendo del principio, que el matrimonio es una forma de relación humana decretada social y culturalmente, por lo general relacionada a la definición y formación de una familia. Se trata de una institución social y todas sus características así lo demuestran, este es solemne porque su perfeccionamiento requiere el cumplimiento de ciertas formalidades, en cuanto a su celebración, crea estados civiles, modifica capacidades y todo de lo que el nace son instituciones tales como: filiación, patria potestad, entre otros. Por lo que su contenido y sus efectos, es una institución Social creada a través de un contrato establecido jurídicamente dentro del Derecho de Familia. En Venezuela, el matrimonio constituye la unión legal entre un hombre y una mujer para instituir la familia; su fin es proporcionar mutuo amor y mutua ayuda, tener hijos, y escucharlos moral y cristianamente, tiene sus cimientos en el artículo 44 del Código Civil. En la actual sociedad venezolana se conocen dos clases de matrimonio: el civil, que se contrae sin la intervención del sacerdote, y en presencia del Oficial del Estado Civil y la otra clase de matrimonio civil como el canónico debe celebrarse con la presencia de testigos de probada seriedad. Para poder contraer matrimonio en Venezuela deben cumplirse con todos los requisitos establecidos en el Código Civil venezolano, a pesar de que los requisitos para contraer matrimonio en el país de procedencia de los contrayentes sean diferentes a los establecidos en Venezuela, ningún matrimonio podrá celebrarse en territorio venezolano a menos que cumpla con las leyes venezolanas. Ahora bien, el Código Civil establece que el matrimonio civil sólo podrá ser contraído entre una mujer y un hombre, y se deberá realizar en el municipio donde resida uno de los contrayentes. De conformidad a lo expuesto en el Código Civil de Venezuela (1982), en sus artículos 46 al 64 establece, los siguientes requisitos los cuales deberán cumplirse antes de contraer matrimonio: Para poder estar legalmente casados, las mujeres deberán tener por lo menos 14 años de edad y los hombres deberán tener por lo menos 16 años de edad. Asimismo, las parejas menores de 18 años de edad no podrán contraer matrimonio
  3. 3. sin el consentimiento, por escrito de sus padres o representantes legales. En otras legislaciones, esta institución esta concebida de una manera distinta, tanto en los propósitos y causas que la originan como los fines, tal es el caso de la comunidad árabe, en la cual el matrimonio se considera un mandato coránico, sin embargo sus rasgo fundamental es el de ser un contrato civil que regula la unión entre un hombre y una mujer que abarca a las relaciones personales filiales y económicos. Como contrato que es, puede ser rescindido a la voluntad de las partes, igualmente dentro de ellas se considera que el vínculo del matrimonio, es un contrato de derecho privado, que regula la unión de un hombre y una o varias mujeres simultáneamente y que tiene un carácter indefinido, lo que supone que sea perpetuo. Allí existen tres tipos de matrimonio A. RELIGIOSO B. CIVIL C. MIXTO Es importante tener en cuenta que para la validez del matrimonio debe realizarse primero la ceremonia religiosa ya que ésta le otorga mayor eficacia a este. Celebración del matrimonio. Efectos Desde el punto de vista del derecho venezolano, el matrimonio esboza una serie de problemas en cuanto a la determinación de la ley competente, de sus efectos civiles e incluso en lo que se refiere a su validez. Esto se debe fundamentalmente a la diversidad de ordenamientos jurídicos con sus diversas concepciones, las cuales dan lugar a apreciaciones Jurídicas y, por lo tanto, a verdaderos conflictos de leyes. Una de las fuen- tes de estos conflictos gravita en el establecimiento en ciertos ordenamientos jurídicos de la concepción canónica del matrimonio. De manera que un matrimonio, legal según un ordenamiento es inválido según otro por no haberse cumplido en este matrimonio las exi- gencias canónicas exigidas por esta última legislación. Estos son los llamados “matrimo- nios claudicantes”, válidos en una parte e inválidos en otra. Al enfocarlo desde una mirada jurídica el matrimonio es una institución social que por su contexto jurídico tiene las exigencias de forma y fondo del contrato y, por lo tanto, genera obligaciones y derechos como todo contrato. Desde este punto de vista, el matri- monio modifica y crea un nuevo estado, modifica y crea nueva capacidad emancipando al menor, por mencionar algún hecho, e interviene profundamente en materia de bienes,
  4. 4. pues a partir del matrimonio, se vivirá en comunidad, se hayan aportados bienes o no al mismo. Dentro de esta institución se pueden distinguir dos elementos: uno intrínseco; el otro extrínseco. Los primeros son los elementos constitutivos que versan sobre el fondo de la misma institución como son el consentimiento y la capacidad. En cambio, los se- gundos versan sobre la forma, es decir, los requisitos de forma y demás solemnidades necesarias para la celebración del matrimonio. Al mencionar ambos elementos observamos que desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, en primer término uno de los elementos intrínsecos como es el de la capacidad. Es evidente que para contraer matrimonio es necesario tener habilidad para ello, es decir, ser capaz. Esta capacidad viene determinada por la ley que es quien en- frenta los asuntos de nacionalidad de los contrayentes o el domicilio, de igual manera la legislación especial determina la validez del matrimonio atendiendo su forma y por los efectos civiles que de este devienen, sean estos, de filiación, propiedad, económico y has- ta sucesorales ya que estos vendrán determinados por el factor de conexión vinculado al matrimonio como son el domicilio, la nacionalidad y el lugar de la celebración. La filiación Es el vínculo jurídico simultáneo que une al hijo con su padre y con su madre cuando éstos están casados para la época de la concepción del hijo o para la fecha de su nacimiento. De este tipo de filiación surge un vínculo entre el hijo, su padre y su madre, porque los padres están, a su vez, unidos por el matrimonio o, por lo menos, lo estuvieron en el momento de la concepción o el nacimiento del hijo. Elementos: En presencia de todos los elementos que se nombrarán a continuación, surge la filiación matrimonial. 1.- Existencia del matrimonio entre los padres. 2.- Paternidad. 3.- Maternidad y 4.- La concepción o el nacimiento del hijo dentro del matrimonio. Dado lo anterior lo más idóneo sería tomar en cuenta el momento de la concepción del hijo, a los fines de determinar la filiación, pero insiste en su dificultad probatoria. Por otra parte, es importante destacar que si un hijo es concebido antes del matrimonio se considerará proveniente de una pareja casada, por lo cual, la filiación será matrimonial.
  5. 5. La problemática de la adopción internacional La adopción internacional es un tipo de adopción por la cual un individuo o una pareja se convierten en los portadores legales y permanentes de un niño o niña nacidos en otro país. Los padres adoptivos candidatos deben cumplir una serie de requisitos legales para la adopción tanto en su país de residencia y como en el país de origen del niño. Las leyes de diversos países varían en su voluntad de permitir adopciones internacionales. Algunos países, tales como China y Corea, tienen reglas y procedimientos relativamente establecidos para las adopciones internacionales, mientras que otros países la prohíben. Algunos países, notablemente muchas naciones africanas, han ampliado los requisitos de la residencia para los padres adoptivos que en efecto eliminan la mayoría de las adopciones internacionales. Malui, por ejemplo, requiere la residencia excepto en casos especiales. Debido a las dificultades que representa la adopción internacional, existen movimientos activistas que busca influenciar a los gobiernos para que empleen regulaciones que velen primero que nada por los intereses de los niños, pero que respondan también a los intereses de los miembros de familia biológica y adoptiva. Esta posición se opone a la viabilidad económica del comercio de niños y a la relativa falta de interés mostrado por los gobiernos para resolver los graves problemas con la adopción internacional. Si bien las organizaciones internacionales han sancionado medidas superficiales, estos acuerdos son a menudo meras repeticiones de lo que tantas veces se expresa en las leyes juveniles elementales, que incluye el uso frecuente de la expresión el interés superior del niño. Vista la problemática que representa la adopción, UNICEF apoya las adopciones internacionales cuando éstas se realizan de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, que ha sido ratificado por más de 80 países. Ese Convenio representa un avance importante para los niños, sus familias biológicas y sus potenciales familias adoptivas extranjeras. En el mismo se estipulan las obligaciones de las autoridades de los países de origen de los niños, así como las de los países que les reciben para su adopción. El Convenio tiene como objetivo garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos. En el Convenio se otorga prioridad máxima al interés superior del niño y se ofrece un marco de referencia para la aplicación práctica de
  6. 6. los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño referidos a las adopciones internacionales. Entre ellos figuran la obligación de garantizar que las adopciones de esa índole cuenten con la autorización de las autoridades competentes, de obtener el consentimiento previo con conocimiento de causa de todas las partes interesadas, de asegurar que las adopciones internacionales se lleven a cabo bajo las mismas normas y protecciones que se aplican en las adopciones nacionales y de que no involucren réditos financieros inadecuados para quienes participen en las mismas. Protección de incapaces Esta se encuentra plenamente establecida en la Ley de Derecho Internacional en el capítulo IV correspondiente a la familia, específicamente en los artículos 13 y 26, los cuales señalan: Artículo 26. La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el Derecho del domicilio del incapaz. Artículo 13. El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, a tutela o a curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. Régimen de protección internacional de niños, niñas y adolescentes El Sistema de Protección del Niño y del Adolescente es una estructura integrada y coherente de estrategias, órganos, servicios, mecanismos, sanciones y recursos destinados a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Este sistema fue concebido para asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia consagradas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), una de las grandes conquistas alcanzadas a favor de la infancia venezolana, desde el punto de vista socio jurídico. Fue elaborada para lograr la adecuación legislativa interna de los principios y postulados expuestos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989. Con la ratificación de la CDN y la entrada en vigor de la LOPNNA, se abandona el concepto de niño o niña como sujeto tutelado para adoptar el concepto de niño o niña como sujeto de derechos. Hoy se ve al niño o niña como persona en desarrollo, con derechos y responsabilidades inherentes a todos los seres humanos. En apoyo a este Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, UNICEF Venezuela coopera en la coordinación interinstitucional, la promoción de la agenda política a favor de la infancia, la promoción de la participación infantil y la abogacía ante el
  7. 7. Gobierno y la sociedad civil para priorizar a los niños y niñas en la implementación de las políticas, programas y mecanismos para la protección integral de la niñez. La obligación alimentaria en el Derecho Internacional Privado. La importancia de la obligación de alimentos en los casos internacionales es hoy indiscutible y obedece al aumento de los divorcios internacionales, al incremento de las familias dispersas en varios Estados y al aumento de los sujetos legitimados para solicitar alimentos. Es por ello que países del mundo en aras de velar siempre por la protección del menor y el adolescentes, varios de estos han suscrito una serie de tratados que a continuación se mencionan: En este punto, resulta importante destacar el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 el cual está ratificado por la República Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay; mientras que el Tratado de 1940 se encuentra ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay. En cuanto al tratamiento acordado por estos Tratados a las obligaciones alimentarias, haremos referencia en primer lugar a las derivadas del vínculo matrimonial. En este sentido, tanto el Tratado de 1889 en su art. 12, como el de 1940 en su art. 14, determinan que la ley aplicable es la del domicilio matrimonial o conyugal, esto es, el lugar donde los cónyuges viven. Ahora bien, con relación a los derechos y deberes personales emergentes del ejercicio de la patria potestad, tutela y curatela, los mismos se regulan por la ley del lugar de ejecución, según surge de los arts. 14 y18 de los respectivos Tratados. Tanto el Tratado de 1889 como el de 1940, establecen que las relaciones personales entre cónyuges se rigen por las leyes del domicilio conyugal. Con relación a las pretensiones referidas al ejercicio de la Patria Potestad, tutela y curatela sobre niños, niñas y adolescentes e incapaces y de estos contra sus representantes legales, el Tratado de 1889 sobre Derecho Internacional Civil nos remite al juez del domicilio de dichos representantes legales. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, MONTEVIDEO 1989. (CIDIP IV). El objeto que persigue la Convención es determinar cuál es el derecho aplicable en las controversias relativas a los alimentos y las autoridades competentes para conocer de
  8. 8. las mismas. Como requisito indispensable para la aplicación de la Convención se señala la circunstancia de que el acreedor alimentario tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado parte y el deudor alimentario tenga su domicilio, residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado parte. También para la aplicación de la Convención, cuando se trate de menores, que es el tema que nos ocupa, se señala que sólo se considerará menor a quien no haya cumplido la mayoría de edad (18 años). Es menester señalar que esta Convención es el único Convenio que unifica las reglas de derecho sustancial destinadas a regular las obligaciones alimentarias en el contexto latinoamericano. Es por ello que merece este apartado especial. La Convención, en congruencia con el derecho de igualdad establecido en los documentos internacionales de derechos humanos, establece que los acreedores alimentarios deben ser Tratados sin distinción alguna en cuanto a los procedimientos para la obtención de los alimentos, su nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen, situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. La obligación alimentaria internacional está definida en dicha Convención en su art. 1°. Esta disposición dice que hay obligación alimentaria internacional cuando el acreedor tenga su domicilio-residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio-residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte. En cuanto al ámbito material de aplicación, la Convención establece que se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores, cónyuges y ex cónyuges. También señala que los Estados pueden, al adherirse a la Convención, restringir su ámbito de aplicación a las obligaciones alimentarias respecto de menores o ampliarla a favor de otros acreedores. También el art. 1° indica el objetivo del Convenio diciendo que " tiene como objeto la determinación de derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte." Posteriormente el art. 2° califica al menor como aquel que tiene menos de 18 años, con la salvedad de que pueda extenderse ese beneficio más allá de dicha edad, en los casos en que el ordenamiento jurídico resulte aplicable. Por cuanto a los posibles conflictos de leyes, la Convención presenta dos reglas fundamentales que tienden a establecer un criterio para determinar en cada caso concreto
  9. 9. en qué consistirá la obligación alimentaria, y quienes podrán tener la calidad de acreedores y deudores alimentarios. En primer lugar, el criterio que se adoptará para la elección del derecho aplicable será el de quien resulte más favorable al acreedor alimentario, que en este caso será el menor, que podrá ser el del Estado del domicilio o residencia del acreedor o el del deudor. En segundo lugar, se fijan limitativamente cuáles serán las materias que podrán ser regidas por la legislación más favorable al acreedor y que se refieren a la determinación del monto de la pensión alimenticia, así como los plazos y montos en los que deberá ser cubierta, y a la determinación de quienes pueden demandar los alimentos en representación del menor, así como cualquier otra condición que determine la ley para acreditar el derecho a exigir alimentos. Se considera que para cada caso concreto serán autoridades competentes el juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, del deudor o el juez o autoridad del Estado en el cual el deudor alimentario cuente con bienes personales tales como, posesión de bienes, percepción de ingresos o cualquier otra fuente de ingresos económicos.

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