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DERECHO DE LAS OBLIGACIONES
CONCEPTO DE OBLIGACIÓN.
La noción vulgar de obligación alude a todo vínculo o sujeción de la
persona, cualquiera sea su origen y contenido. Ej: los deberes impuestos
tanto por los usos y convenciones sociales, como por las normas
jurídicas.
En sentido técnico-jurídico, la palabra obligación comprende aquellos deberes impuestos
por el derecho, susceptibles de estimación pecuniaria, que consisten en dar, hacer, o no
hacer algo, una persona a favor de otra.
Según Llambías: “La obligación es la relación jurídica en virtud de la
cual alguien denominado deudor debe satisfacer una prestación a favor
de otro llamado acreedor.”
No debe confundirse la “obligación”, con el “contrato” que puede
originarla, ni tampoco con el instrumento o documento en que ella
misma consta, que es la confusión que incurre el art. 500 del C.C.
Art. 500: Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe,
mientras el deudor no pruebe lo contrario.
Análisis de la concepción adoptada:
a- Relación jurídica: No basta decir que la obligación es una situación
jurídica, pues con ésta expresión no se capta el dinamismo propio de la
obligación que no es un fenómeno inerte sino pleno de energía jurídica.
No consiste en un simple estar (situación), sino en un estar con respecto
a otro, bajo la sujeción de alguien. Es lo que denota la terminología
“relación jurídica” que resulta apropiada para revelar la esencia de la
obligación.

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b- “... en virtud de la cual”: La relación jurídica es la causa eficiente del
estado de sometimiento que afecta al deudor y de la expectativa
ventajosa que favorece al acreedor.
c- Deber de satisfacer una prestación: es el contenido de la obligación
que se traduce en el compromiso de un determinado comportamiento
del deudor y la consiguiente expectativa favorable del acreedor.
d- La coercibilidad: (de la conducta del deudor) No integra el concepto
de obligación, por cuanto ella es un elemento que hace a la naturaleza
pero no a la esencia de la obligación. Por ello no existe de compeler la
obligación natural, y no por ello deja de ser obligación.
NATURALEZA JURÍDICA.
Teoría Subjetiva
“El crédito como potestad”. Sus partidarios entienden el derecho
subjetivo como un poder atribuido a una voluntad, y trasladan esta idea
al tema de la obligación. Esta potestad o poder se ejerce sobre una
actividad del deudor. Critica: ésta tesis no es acertada porque confunde
el sujeto pasivo de la obligación con el objeto de la misma.
Teoría Objetiva
“El crédito como título a una prestación”. Desde éste punto de vista lo
esencial de la obligación, es el interés del acreedor en el cumplimiento
de la prestación. Es ese interés lo que el ordenamiento jurídico protege,
y por eso la obligación es útil en cuanto es un título hábil para lograr la
satisfacción de aquel interés.
La obligación aparece como una relación entre dos patrimonios, pues el
interés dela creedor se satisfará, por una transferencia de valores que
saldrán del patrimonio del deudor e ingresarán en el del acreedor.
Crítica: ésta teoría subestima el elemento personal.

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Teoría del vínculo complejo
Ésta teoría, aceptada por la mayoría de la doctrina, concibe la
obligación como un vínculo complejo que se integra con dos
virtualidades compenetradas entre sí.
En la obligación hay un primer momento vital que se caracteriza por el
deber de satisfacer la prestación que pesa sobre el deudor. Ese deber de
prestar deriva de un mandato de la ley natural y de la ley positiva, que
actúa como “ presión psicológica” sobre el deudor.
Cuando el deudor infringe la conducta debida entra a actuar la segunda
virtualidad de la obligación. Para reducir al deudor al comportamiento
adecuado el acreedor dispone de los medios que le provee el
ordenamiento jurídico, que consiste en un poder de “agresión
patrimonial”: el acreedor será satisfecho con los bienes del deudor. Es la
garantía que también suele denominarse responsabilidad.
DEFINICIONES ANTIGUAS Y MODERNAS.
Antiguas:
- Definición de obligación que daban las INSTITUTAS: “La obligación es
un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro, según el
derecho civil”.
- Galli: La definición dada por las institutas es errónea, ya que solo se
tiene en cuenta la relación obligacional en el momento que, incumplida
por el deudor, ser reclama la intervención del derecho para asegurar sus
efectos. Aquí no se tiene en cuenta a las obligaciones naturales.
- Paulo, que figura en el Digesto: “La esencia de la obligación no
consiste en hacer nuestra una cosa o una servidumbre, sino en
constreñir a otro a darnos, a hacernos o prestarnos algo.”
Modernas:
- Giorgi: “La obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas

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determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas quedan sujetas
respecto a otra u otras a hacer o no hacer alguna cosa.” (considera que
el dar es un hacer)
- Josserand: “La obligación es una relación jurídica que asigna a una o a
varias personas determinadas la posición de deudores, frente a otra u
otras, que desempeñan el rol de acreedores y respecto de las cuales
están obligadas a una prestación, ya positiva (hacer o dar), ya negativa
(no hacer).” Reemplaza la palabra “vínculo” por “relación”.
- Alterini: “Relación jurídica en virtud de la cual un sujeto tiene el deber
de realizar a favor de otro determinada prestación”.
ACEPCIONES.
- Designar obligación a los deberes jcos. Es impropio ya que los
deberes jurídicos en gral. no suelen tener un destinatario. Ej: el deber de
respetar los derechos ajenos.
- Obligación en vez de Contrato, siendo que éste es una de las fuentes
que dan nacimiento a las obligaciones.
- Para designar solamente el aspecto pasivo de la relación: la deuda.
- Para designar el aspecto activo de la obligación: el crédito. Tanto aquí
como en el punto anterior se hace solo referencia a una parte de la
relación jurídica.
- Para designar al objeto de la relación, que es solo un elemento
constitutivo de la obligación.
DEUDA Y DEBER JURÍDICO. CRÉDITO Y DERECHO SUBJETIVO.
En la relación jurídica se advierten, en situación bipolar, un deber
jurídico, y un derecho subjetivo. Aquél implica la sujeción a determinada
conducta, y éste la facultad o poder del sujeto activo.
La noción de “deber” designa la situación del sujeto que tiene que
ajustarse a cierto comportamiento. Presenta las notas características del

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ámbito del Derecho: emplazando en la zona de conducta heterónoma,
además el comportamiento debido es coercible.
Los deberes jurídicos nacen de las más diversas relaciones jurídicas, de
manera que toda obligación es un deber jurídico, pero no todo deber
jurídico importa una obligación.
El deudor está sujeto a cumplir y el acreedor está sujeto a cumplir y el
acreedor está investido de poderes conferidos por el Derecho, relativos
al patrimonio del deudor, para obtener la satisfacción de su interés.
Ambas virtualidades de la obligación (aceptando la teoría del vínculo
complejo) son concomitantes. La garantía existe potencialmente desde
el nacimiento de la obligación, puesto que es un aspecto de ella. Pero
requiere para pasar de la potencia al acto, que ocurra el presupuesto de
hecho que condiciona ese tránsito, el incumplimiento del deudor.
Cabe señalar que la coexistencia de esas virtualidades incitas en la
obligación puede, excepcionalmente, desaparecer para dar lugar a la
obligación con deuda, pero sin garantía: es el caso de las obligaciones
naturales, solo fundadas en el derecho natural o la equidad, que no
autorizan al acreedor para exigir su cumplimiento.
Art. 515: Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan
derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas solo en el derecho natural
y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento,pero que cumplidas por el
deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas.
(Falta enumeración no taxativa dada por el Código.)
Por el contrario, no hay obligación que consista en una pura garantía o
responsabilidad, sin la deuda correlativa.
CARACTERES DE LA OBLIGACIÓN. DERECHOS CREDITORIOS Y DERECHOS REALES: TEORÍA
TRADICIONAL.
El derecho personal u obligación es una vinculación jurídica que une a
dos personas; en virtud de la cual el deudor debe satisfacer al acreedor
la prestación debida.
Derecho real, en cambio, es un poder o facultad que se tiene sobre una

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cosa; el típico es el de propiedad.
De ésta diferencia conceptual se siguen las siguientes diferencias:
1- En los derechos reales hay dos elementos: el titular del derecho y la
cosa sobre la cual se ejerce. En los personales, en cambio hay tres: el
sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y lo debido o
prestación, que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no
hacer.
2- Los derechos reales son absolutos, en el sentido que se tiene erga
omnes; dan origen a acciones reales que buscan mantener el derecho y
se ejercen tantas veces como sea necesario. Los personales son
relativos, pues se tienen contra personas determinadas, que son el o los
deudores; las acciones personales solo puede dirigirse contra ellos y
tienden a la extinción del derecho pues una vez cobrado el crédito, cesa
la obligación.
Exepción: Las acciones derivadas de los derechos reales de garantía
(hipoteca, etc.), tienden a la extinción del derecho, puesto que son
accesorios de una obligación de carácter personal.
3- El titular de un derecho real goza del jus persequendi o sea la
facultad de hacerlo valer contra cualquiera que se halle en posesión de
la cosa. Exepción: El caso del poseedor de buena fe de cosas muebles.
(art. 2412 C.C.). Los derechos personales no gozan de éste privilegio.
4- Es inherente al derecho real el jus preferendi, en virtud del cual
descarta a todos los derechos creditorios y determina su rango según su
antigüedad o excluye cualquier otro. El derecho personal, supone una
completa igualdad para sus diversos titulares, salvo privilegios.
5- Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley (limitado).
Art. 2503:
Son derechos reales:
1- El dominio y el condominio;
2- El usufructo;
3- El uso y la habitación;
4- Las servidumbres activas;

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5- El derecho de hipoteca;
6- La prenda;
7- La anticresis.
Habría que agregar, la posesión y los derechos reales del derecho
mercantil: prenda con registro, el warrant, los debentures.
Los derechos personales son ilimitados en su número, las partes
pueden crear tantos como convenga a sus intereses, formando el
contrato, un regla a la cual deben someterse como a la ley misma.
6- La ley reglamenta las formalidades requeridas para la transmisión
de los derechos reales; en cambio, los derechos personales nacen o se
transmiten sin ningún requisito formal.
7- Los derechos reales son susceptibles de adquirirse por usucapión.
No así los personales.
8- Los derechos reales tienen un duración ilimitada y no se extinguen
por el no uso: La prescripción liberatoria no rige para ellos. Exepción: Los
derechos reales de garantía se extinguen cuando prescribe la obligación
personal de que son accesorios.
En cambio, la prescripción liberatoria se opera respecto de todos los
derechos creditorios no ejercidos durante los plazos fijados por la ley.
TEORÍA MONISTA. (PLANIOL)
La teoría clásica de los derechos reales ha sido impugnada por Planiol,
quién sostiene:
1º- Que la idea de que los derechos reales establecen una relación
directa entre una persona y una cosa, es falsa, porque una relación de
orden jurídico no puede existir sino entre personas; esto es, una verdad
axiomática y elemental para la ciencia del derecho.
2º- Que si se profundiza el análisis de los derechos reales, se verá que
también en ellos hay sujeto activo y sujeto pasivo, entre los cuales se
establece la relación jurídica. Los obligados serán todos los integrantes
de la sociedad, es una obligación de no hacer que pesa sobre el resto de

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la colectividad y que puede llamarse pasivamente universal. De ahí se
desprende que las diferencia entre derechos reales y personales no es
esencial.
Críticas:
1º- No se ve por qué razón el derecho objetivo no puede amparar una
relación directamente establecida entre una persona y una cosa. Es
obvio y axiomático, como dice Planiol, que el Derecho rige relaciones
entre las personas, pero ello no se opone de modo alguno a que proteja
ciertos bienes del hombre, teniendo en mira precisamente una posible
agresión por parte de los demás individuos. Y así como hay un derecho
al honor, hay también un derecho sobre los bies que sirven para la
satisfacción de nuestra necesidades económicas.
2º- Tampoco satisface la idea de la obligación pasivamente universal,
puesto que el deber de respetar los derechos que tienen los miembros
de una colectividad existe tanto en el caso de los derecho reales como
en el de los personales, y aún en los de carácter extrapatrimonial.
Ésta teoría tuvo una repercusión prácticamente nula en el derecho
moderno.
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES.
La satisfacción de los fines o intereses económicos del sujeto se realiza
a través del patrimonio. El área del derecho privado que abarca las
relaciones jurídicas atinentes a esa universalidad es el Derecho
patrimonial.
Ahora bien, dentro del Derecho patrimonial, se distinguen el Derecho
de cosas y el Derecho de obligaciones. El primero abarca las relaciones
jurídicas que implican una facultad que se ejerce de modo directo e
inmediato sobre la cosa, en tanto el segundo rige las relaciones jurídicas

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establecidas entre sujetos que surgen, básicamente, del tráfico de
bienes y de la causación de daños reparables.
Relaciones jurídicas de éste origen aparecen en todas las ramas en que
se ha organizado el Derecho positivo. Pero son típicos del Derecho de
obligaciones la precisión conceptual, el rigor lógico y su consecuente
contenido formativo.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA. SITUACIÓN DEL DEUDOR. LA MORALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
La propia etimología del vocablo obligación (ob-ligare) denota el
concepto de sujeción. Ésta sujeción, en el Derecho romano, era
eminentemente personal. El acreedor podía venderlo como esclavo, y
aún matarlo y repartir su cadáver en caso de haber pluralidad de
acreedores.
Esta situación se palió con la ley Poetelia Papiria del año 326 a.C. Más
adelante otras leyes fueron modificando favorablemente la situación del
deudor, que pudo inclusive hacer cesión de bines a sus acreedores,
limitando así su responsabilidad a los bienes patrimoniales.
Como consecuencia del vínculo eminentemente personal resultó, en el
Derecho clásico, que la obligación debía ser contraída personalmente (y
no por representante); que no podía cambiarse, por cesión de crédito o
por asunción de duda, ni la persona del acreedor ni la del deudor; y que
no se concebía el pago por terceros.
La obligación actual tiene una estructura semejante a la que concibió el
Derecho romano. Lo que ha variado es la consideración dogmática de
sus fuentes, el concepto de responsabilidad, y todo lo que deriva de no
entender el vínculo obligatorio como algo descripto de manera estrecha
a la persona del deudor.

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TÉCNICA LEGISLATIVA Y METODOLOGÍA DE LA CODIFICACIÓN. LA UNIFICACIÓN INTERNA E
INTERNACIONAL.
Método significa camino a seguir: es la forma o manera de hacer con
orden una cosa. De tal modo es vocación necesaria de toda tarea
cultural y de un Código.
Veles, en la nota de remisión del primero de los libros del Código,
señaló particularmente su preocupación por el método. Allí dijo haber
debido proscribir el método de las Institutas y de los Códigos chileno y
francés, y haberse orientado por el Esbozo de Freitas.
Metodología externa: Se entiende por metodología externa de un
código el modo como distribuye las distintas ramas del Derecho que
trata. En lo que concierne a las obligaciones, versa sobre la ubicación
que le da con relación a las demás ramas del Derecho Civil.
En nuestro Derecho, Velez no elaboró una parte general que sea
continente de la regulación de las personas, las cosas y los hechos.
Metodología interna: Se entiende por metodología interna la
distribución de las materias relativas a las obligaciones que hace el
Código. El modo en que se distribuye su contenido intrínseco, sobre todo
en lo que concierne a la elaboración de una teoría general de la relación
creditoria independizada de sus fuentes.
La 1ª Sec. del Lº II del C.C. se abre con una Parte Primera titulada “De
las obligaciones en general”. Es claro el propósito que tuvo el codificador
al estructurarla; el codificador advierte que saltarán a la vista las
diferencias con los códigos Europeos y Americanos, ya que éstos tratan
de las obligaciones convencionales, y en el nuestro, de las obligaciones
en general.
A pesar de esa intención, el Código no ha logrado su objetivo. Hay en él
una tendencia a independizar la regulación de las obligaciones de la
correspondiente a sus fuentes (Art. 499 y nota). Pero ciertos preceptos
del LºII, Sec. 1ª, solo se explican en órbita contractual, como surge de
los arts. 500 a 502, relativos a la causa, etc.

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RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO. EL CÓDIGO CANÓNICO.
El moderno Derecho de las obligaciones tiene resabios de las
enseñanzas de los canonistas. Su incidencia se halla fundamentalmente
en lo que versa sobre el sentido moral de la relación obligatoria, y así
institutos como el de la buena fe, el de la modificación o invalidación de
los actos lesivos y los usurarios, o el de la incidencia del cambio de las
circunstancias a través de la doctrina de la imprevisión, etc.

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ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
NOCIONES GENERALES.
En toda relación jurídica se pueden aislar sus “elementos”, es decir, los
componentes necesarios que la integran de tal manera que la relación
jurídica es inconcebible sin ellos.
En la relación jurídica obligacional (según Alterini) existen los
siguientes elementos:
- Sujetos
- Objeto
- Contenido
- Vínculo
- Fuente
- Finalidad (solo para las relaciones nacidas de un acto jurídico)
LOS SUJETOS. NOCIONES. IMPORTANCIA.
Hay un sujeto activo, titular de la facultad, que en la obligación es el
acreedor. Y un sujeto pasivo, a cuyo cargo está el deber que, en la
obligación, es el deudor. La existencia de éstos sujetos es imprescindible
en toda relación jurídica, por lo que se sigue que son imprescindibles
para todas las relaciones obligacionales.
Determinación.
Lo dicho no obsta a que el sujeto (activo o pasivo), esté
provisionalmente indeterminado, pues basta que sea determinable, es
decir susceptible de determinación.
Generalmente, tanto el acreedor, como el deudor están determinados
desde el nacimiento de la obligación. Pero a veces, tal determinación se

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produce con posterioridad, aunque siempre en tiempo anterior o
simultáneo con el del cumplimiento.
La indeterminación provisional del deudor se da en las obligaciones
“propter rem”. La del acreedor ocurre, v. gr., en los títulos al portador, o
en las promesas de recompensa, en rifas, sorteos u ofertas públicas, etc.
Capacidad.
La calidad de sujeto corresponde a la persona, sea ésta física o jurídica
(pública o privada). Cuando la obligación surge de un acto jurídico, el
sujeto debe ser capaz de derecho, si fuera incapaz de hecho, tal
incapacidad sería susceptible de representación.
Cuando la obligación nace de un hecho ilícito, la capacidad del sujeto
no es exigible. Un incapaz de hecho puede ser acreedor de la
indemnización del daño, aunque para reclamarla judicialmente precise
que actúe su representante; y puede generar una deuda de ese tipo,
que soporta su representante, por un hecho ilícito suyo.
Transmisión de la calidad de sujeto.
La calidad de acreedor y la de deudor pueden ser transmitidas, es
decir, puede haber secesión en ellas. La transmisión puede darse por
acto entre vivos, o por acto de última voluntad; desde otro punto de
vista, puede ser a título particular o a título universal.
Puede ser transmitido tanto el crédito, como la deuda. Pero en ciertas
obligaciones no se admite la transmisión, esto es, cuando el crédito solo
es concebible si lo ejerce el propio titular, (art. 498) o cuando existe una
prohibición convencional. (art. 1444 “in fine”)
OBLIGACIONES REALES.
Cuando se determina la persona del deudor por su relación con una
cosa, también son llamadas propter rem.

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Según Alsina: “Son obligaciones que descansan sobre determinada
relación de señorío sobre una cosa, y nacen, se desplazan y se
extinguen con esa relación de señorío”.
Es decir: resulta deudor quien es actualmente dueño o poseedor de
una cosa. En virtud de que el sujeto pasivo es uno u otro, según sea el
titular de la relación real, se la designa como ambulatoria.
La situación inversa puede plantearse, cuando cambia la persona del
acreedor, en dependencia con una relación real.
Características.
Son especiales, pues tienen notas comunes con el derecho creditorio y
con el derecho real. Se asemejan a la obligación porque el deudor no
responde solo con la cosa en razón de la cual nace la obligación real,
sino con todo su patrimonio.
Pero se asemejan también al derecho real, pues se transmiten con la
cosa, a través de su “abandono”; sin perjuicio de que, si el ulterior titular
debe responder de una deuda real nacida en cabeza del titular anterior,
pueda reclamarle lo que haya pagado en razón de ella.
Casos.
Obligaciones del condominio de pagar proporcionalmente los gastos de
la cosa común (art. 2685); en la deuda por medianería (art. 2736)
proveniente de la utilización de un muro divisorio ajeno y el crédito
correlativo; las deudas por expensas comunes para el mantenimiento de
un edificio constituido en propiedad horizontal.
LA PRESTACIÓN (CONTENIDO).
Concepto.
La prestación el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el
interés del acreedor.

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Hay prestaciones positivas (que implican hechos positivos) y
prestaciones negativas (que implican una abstención -no hacer-). Dentro
de las prestaciones positivas hay, prestaciones reales (dar) y
prestaciones personales (hacer).
Diferencias con el objeto.
El objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica, es el
“qué” de la relación.
El contenido de la relación jurídica es cierta conducta humana: el
comportamiento del sujeto pasivo destinado a satisfacer el interés del
titular activo respecto del objeto. En la obligación el contenido es
denominado técnicamente como “prestación”.
Cuando la obligación es de dar, la calidad de objeto corresponde a la
cosa (art. 496), lo cual plantea dificultades en los términos analizados.
Más problemático es hallar el objeto en las obligaciones de hacer, y en
las de no hacer: en las de hacer se considera objeto a la ventaja o
utilidad que deriva del hecho debido; en las de no hacer, la ventaja o
utilidad que surge de la abstención debida.
Requisitos.
Son requisitos de la prestación, los que generalmente se estudian
como requisitos del objeto:
a- Posibilidad: Debe ser física y jurídicamente posible. Hay
imposibilidad física cuando materialmente no es factible de realizar. Tal
imposibilidad debe ser absoluta, debe existir con relación a cualquier
sujeto y no respecto del propio deudor. Hay imposibilidad jurídica
cuando el obstáculo proviene del Derecho.
La imposibilidad física o jurídica debe ser actual, no sobreviniente a la
constitución de la obligación.
b- Licitud: Es un requisito negativo; la prestación no puede consistir en
un hecho ilícito. A diferencia de la imposibilidad jurídica, aquí no juega

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un obstáculo legal, sino directamente un comportamiento contrario a la
ley.
“Hipotecar un auto”: Imposibilidad Jurídica.
“Matar a alguien a cambio de un precio”: Ilícitud.
c- Determinabilidad: El comportamiento del deudor debe recaer sobre
algo concreto. Este algo puede determinado “ab initio”, pero basta con
que sea determinable, en tiempo anterior o simultáneo al del
cumplimiento.
La prestación puede ser determinable aunque el objeto no exista aún
materialmente; v.gr. venta de cosa futura, la prestación depende de un
hecho condicionante suspensivo.
d- Patrimonialidad: Problema: ¿puede la obligación tener una
prestación extrapatrimonial?
La susceptibilidad de un valor económico es la nota distintiva de los
bienes patrimoniales, su falta, de los extrapatrimoniales.
En nuestro derecho, el contenido (prestación) debe ser susceptible de
valoración económica, pero el objeto (interés del acreedor) puede ser
extrapatrimonial.
EL VÍNCULO. LA COERCIBILIDAD.
El vínculo se manifiesta por la sujeción del deudor a ciertos poderes del
acreedor.
Algunos autores (Borda, Llambías), entienden que el vínculo no es un
elemento propio de la obligación, sino común a todo derecho subjetivo.
Para Alterini, esto efectivamente es así, pero lo mismo ocurre con los
elementos anteriormente analizados. La obligación, al enlazar el
derecho del acreedor, con el deber del deudor, tiene un vínculo con
particularidades propias que justifican su tratamiento específico: en la

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obligación el vínculo constriñe al deudor a cierto comportamiento
concreto, que es la “prestación”.
Caracteres del vínculo.
Con el andar de los siglos, la rigurosidad del vínculo del Derecho
romano, se ha atenuado. La libertad del deudor hay solo queda limitada
en lo que concierne al comportamiento que debe como prestación y, en
caso de no llevarla a cabo, a soportar los poderes de agresión
patrimonial del acreedor.
El vínculo se manifiesta en dos aspectos, pues da derecho al acreedor:
a)- para ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento;
(coercibilidad)
b)- para oponer una excepción tendiente a repeler una demanda de
repetición que intente el deudor que pagó
Pero el derecho a demandar el cumplimiento no significa que las
deudas pagadas espontáneamente correspondan a una obligación que
carece de vínculo: el vínculo se manifiesta en la medida en que la
relación jurídica obligacional es coercible, en que habría dado derecho a
demandar si el deudor no hubiera avenido a cumplir.
Atenuaciones.
1- “Favor debitoris”: Presunción favorable al deudor en caso de duda
de si está o no obligado.
2- “Limites a la ejecución”: Impedimento de ejercer violencia sobre el
deudor; y
exclusión de los poderes del acreedor respecto de cierto bienes del
deudor.
3- “Limites temporales del vínculo”: Una vez cumplida la obligación,
desaparece; o bien, su vida está prefijada por ley.
4- “Prohibición de enajenación universal”: Está prohibida la cláusula de
prohibir la enajenación de una cosa a cualquier persona, pero sí es
posible prohibirlo respecto a una persona determinada.

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OBLIGACIONES NATURALES. CONCEPTO. CARÁCTERES.
Art. 515: Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que
dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas solo en el derecho
natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento,pero que cumplidas
por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas.
(Falta enumeración no taxativa dada por el Código.)
La obligación natural se funda solo en el Derecho natural y en la
equidad. Por lo contrario, la obligación civil se basa no solo en el
Derecho natural, sino también en el Derecho Positivo; de ahí que ésta
última sea la más eficaz, por cuanto ante su incumplimiento el
ordenamiento jurídico permite al acreedor iniciar acciones judiciales
tendientes a la ejecución específica de la obligación, o a obtener la
indemnización de daños.
La obligación natural presenta los siguientes caracteres:
1- Es una verdadera obligación, pues existe una razón de deber, pero
se encuentra debilitada por una falla en el vínculo.
2- Se funda solo en el Derecho natural y la equidad.
3- No es exigible por carece de acción.
4- Una vez cumplida por el deudor, no es repetible lo pagado en razón
de ella.
ORÍGENES.
Se encuentran en el Derecho romano. Inicialmente solo se reconocía a
las obligaciones civiles. Más adelante, ser reconoció el derecho del
acreedor de retener lo pagado por el deudor en razón de estar obligado
por el derecho de gentes o natural. Por no ser una obligación civil
carecía de acción.
Ésta terminología no era la utilizada por los juristas clásicos. Para éstos,
la diferencia entre obligaciones civiles y naturales no radicaba en la
existencia o falta de acción, sino en el origen histórico de la norma en
que se fundaba el vínculo.

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NATURALEZA JURÍDICA.
Se presenta el interrogante de si la obligación natural configura una
verdadera relación jurídica, a pesar de no ser ejecutables o, debe ser
considerada como un simple deber moral o de conciencia.
Doctrina Negativa.
Considera que como la obligación natural carece de exigibilidad, no es
una verdadera obligación por no ser coercible. Existiría un deber de
conciencia de contenido patrimonial, dando lugar a un vínculo moral
pero no jurídico.
Crítica: Esta postura es equivocada, por cuanto la obligación natural
reúne los mismo elementos constitutivos de la obligación civil,
diferenciándose de ésta, únicamente, en la falta de acción, hecho que
no puede fundamentar su exclusión del campo del Derecho. (En el
derecho de familia hay casos de derechos carentes de acción para exigir
su cumplimiento.)
Doctrinas Afirmativas.
Admiten la existencia de las obligaciones naturales como vínculo
jurídico pero discrepan en cuanto a su fundamento.
La opinión que Alterini, Llambías, Busso y otros, considera adecuada es
la que entiende que la obligación natural es un puro deber de equidad o
de Derecho natural.
No es un simple deber de conciencia sino que, para que engendre una
obligación natural dicho deber de consciencia debe responder “a una
exigencia de justicia”, lo que no ocurre en el supuesto de la entrega de
una limosna, que sería un mero deber de conciencia que responde a
imperativos de caridad y no de justicia.

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SUPUESTOS DEL ART. 515 (2ª PARTE).
El art. 515 menciona diversos supuesto de obligaciones naturales. Lo
hace de manera meramente enunciativa.
Algunos autores agrupan en dos a las obligaciones naturales; por un
lado las que nacen como obligaciones naturales, y por otro lado, las que
nacieron civiles y luego se transformaron en naturales (Obligaciones
civiles prescriptas)
Según Alterini, ésta concepción es errónea, ya que las obligaciones
civiles tienen en su trasfondo una obligación natural, al desaparecer la
civil, la natural “reflota”, esto no quiere decir que no existió desde un
primer momento, lo que sucedió es que se encontraba oculta por la
obligación civil.
El Art. 515 menciona como obligaciones naturales:
Inc. 1º:
Derogado por ley 17.711
Inc. 2º, Obligaciones prescriptas:
Dice el inc. 2º, reconociendo como obligaciones naturales, “... las
obligaciones que principian por ser civiles y que se hallan extinguidas
por la prescripción”. La inactividad del acreedor durante períodos
establecidos legalmente, le hace perder la eficacia civil que tenía y
subsiste solo como una obligación natural.
Como ya se dijo Alterini niega ésta transformación, y afirma que lo que
sucede es que la obligación natural solo adquiere mayor virtualidad.
Inc. 3º, Falta de formas solemnes.
Este inciso enuncia como obligación natural a la emergente de un acto
viciado de nulidad por carencia de las solemnidades que la ley exige.
Esto rige tanto para los actos formales solemnes, como para los no
solemnes

21. - 21 -
Inc. 4º, Obligaciones no reconocidas en juicio:
Cuando existe un litigio entre partes, se le pone fin con la sentencia que
tiene autoridad de cosa juzgada, el perdidoso no podrá pretender que
sea cumplida la obligación de la que manifestaba ser acreedor, no
obstante ello, puede suceder que dicha obligación no sea reconocida en
el juicio por falta de pruebas, o por error o por malicia del juez, pero no
por carencia de una razón de deber. En ese caso la obligación tiene
vigencia en el campo del Derecho Natural.
Por lo tanto, si el deudor, a pesar de haber ganado el juicio, decide
pagar (por motivos de conciencia) y lo hace, lo pagado no será pasible
de repetición.
Inc. 5º, Convenciones desprovistas de acción:
El ordenamiento jurídico priva de acción para exigir su cumplimiento a
aquellas obligaciones que, a pesar de reunir los elementos esenciales,
son generadas por convenciones desvaliosas por razones de utilidad
social. El legislador menciona como ejemplo las deudas de juego. Pero
depende del tipo de juego
que provenga dicha deuda, para que el ordenamiento la respalde.
Así es que, los juegos se dividen en:
- Tutelados: dan lugar a acción ya que están respaldados y
reglamentados por el ordenamiento jurídico.
- Juegos no prohibidos: Originan una obligación natural cuando no
contraríen la moral y las buenas costumbres.
- Juegos prohibidos: No originan ni obligación civil (por ser delitos), ni
obligación natural (por ser contrarios a Derecho Natural, por ser
contrarios a la moral y buenas costumbres).
SUPUESTOS NO INCLUIDOS.
La enumeración del Art. 515, no es taxativo, existiendo otros supuestos
de obligaciones naturales:

22. - 22 -
- Obligaciones contraídas por incapaces dotados de discernimiento.
Con anterioridad a la ley 17.711 este supuesto estaba enunciado en el
inc. 1º del art. 515. No obstante la, supresión legal no tiene ninguna
incidencia sobre el particular.
- Pago de alimentos entre parientes en los casos en que la ley no los
impone.
- Pago de gratificaciones no exigibles legalmente.
- Quebrado o concursado que abona saldos impagos a pesar de haber
sido liberado legalmente.
- Deudor que paga una deuda que le fuera remitida total o
parcialmente.
EFECTOS.
El pago voluntario de una obligación natural trae como consecuencia
su irrepetibilidad.
Pago voluntario debe entenderse como “pago espontaneo”, o sea que
el deudor haya actuado sin ninguna coacción, lo que se ve fundado en el
hecho de que el art. 791 establece que en varios supuestos de
obligaciones naturales, a pesar de que el deudor actúe erróneamente,
no puede reclamar la repetición de lo dado en pago.
En síntesis, para que el pago sea válido debe reunir dos características:
1- ser espontaneo,
2- ser realizado por persona capaz.
Pago parcial.
El pago parcial de una obligación natural es irrepetible, pero no
transforma la obligación natural en civil, ni por lo tanto torna exigible el
saldo impago.
Pago en consignación:
El deudor de una obligación natural puede consignar judicialmente el
pago de dicha deuda ante la negativa de recibirlo por parte del

23. - 23 -
acreedor, o en caso de darse alguno de los demás supuestos de
procedencia del pago por consignación.
Conversión:
La obligación natural puede ser transformada por acuerdo de partes en
una obligación civil, por cuanto se cumple con el requisito establecido
por el artículo 802, respecto de la novación, ya que hay una verdadera
obligación que le sirve de causa.
Cabe destacar que el art. 2057 no permite que sean novadas las
deudas de juego no prohibidos (pero no tutelados).
Garantías:
El art. 518 contempla la posibilidad de garantizar por medio de terceros
el cumplimiento de una obligación natural, quienes, a tal efecto, podrán
constituir hipotecas, prendas, fianzas o cláusulas penales a favor del
acreedor.
La obligación debe ser natural al tiempo de constituirse tales garantías,
por cuanto se tiene virtualidad civil que luego resulta extinguida,
subsistiendo solo como natural, los accesorios siguen la suerte de la
principal y, por lo tanto pasan a ser inexigibles por ser accesorias de la
principal.
Es por ello que únicamente tiene sentido garantizar obligaciones que
ya son naturales. En este caso las obligaciones contraídas por terceros
no son accesoria sino que, al tener mayor vitualidad que la obligación
que respaldan, se transforman en principales subordinadas a la
condición de que no sea cumplida la obligación natural.
Transmisión de obligaciones naturales:
Las obligaciones naturales pueden ser transmitidas en forma activa y
pasiva, por actos entre vivos y de última voluntad.

24. - 24 -
DEUDA Y RESPONSABILIDAD.
La experiencia indica que las reglas de Derecho se cumplen de modo
espontáneo. Cumplir la obligación es una de esas reglas.
La razón ha de buscarse en un imperativo ético, sin perjuicio de la
incidencia de otros mecanismos del Derecho Positivo.
Las virtualidades de la relación de deuda pueden esquematizarse así:
1- El deudor tiene el deber jurídico de realizar la prestación (para lo
cual el acreedor ha de prestar la necesaria cooperación)
2- El acreedor tiene la expectativa de obtener la prestación, y está
investido de un título para ello, de manera que si el deudor realiza el
“pago” éste es “debido” y no corresponde su “repetición”.
En la relación de deuda la actitud del acreedor es esencialmente pasiva
pues aguarda el cumplimiento del deudor que, a su vez, juega un rol en
cierto modo activo, desde que debe realizar la prestación.
Esos papeles se truecan en la relación de responsabilidad: el acreedor
está investido de un poder de agresión que consiste en la facultad de
emplear las vías legales tendientes a obtener la ejecución específica de
lo debido o una equivalente indemnización.
Esquematización de las virtualidades de la responsabilidad:
1- El acreedor tiene poderes, dirigidos a obtener su satisfacción, que
recaen sobre el patrimonio del deudor.
2- El deudor, cuyo patrimonio está sujeto a dicho poder, tiene sin
embargo la facultad de liberarse de su obligación, aunque promedie su
incumplimiento, siempre que satisfaga íntegramente el interés del
acreedor.
CAUSA FUENTE. CONCEPTO. CLASIFICACIÓN.
Art. 499: No hay obligación sin causa, es decir, sin que sean derivada de uno de los
hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las
relaciones civiles.

25. - 25 -
Ésta norma expresa algo muy evidente: toda obligación deriva de un
hecho jurídico, “fuente de un derecho”. Dicho art. enuncia “hechos”,
pero debe ser tomado en el lenguaje jurídico en su sentido mas amplio,
como designando un suceso cualquiera que ocurra en el mundo de
nuestras percepciones.
Es por esto que no sean fuentes la voluntad (sino el hecho obrado), la
ley (sino el hecho al cual le asigna virtualidad generadora de una
obligación), etc.
Ciertos hechos son nominados como fuentes, es así que las fuentes se
clasifiquen en nominadas e innominadas.
Fuentes nominadas:
- el contrato, (arts. 1137 y 946)
- la voluntad unilateral, (art. 946)
- los hechos ilícitos (art. 1066 y ss.), comprensivos de los delitos y
cuasidelitos.
- el ejercicio abusivo de los derechos, que se da cuando se los actúa
de un modo irregular. (art. 1071)
- el enriquecimiento sin causa,
- la gestión de negocios, o sea cuando alguien se encarga, sin tener
mandato, de un negocio ajeno (art. 2288)
Fuentes innominadas:
Aquí quedan comprendidos todos los hechos generadores carentes de
una denominación especial. por eso se dice que la obligación nace “ex
lege”, implicando que nace de un hecho dotado por el ordenamiento
jurídico de energía bastante para generar una obligación.

26. - 26 -
CAUSA FIN. CONCEPTO. LA CAUSA EN LOS CONTRATOS. TEORÍAS (CLÁSICA, ANTICAUSALISTA Y
NEOCAUSALISTAS).
Según Alterini, los arts. 500, 501 y 501 regulan la causa fin. Esta causa
fin, o finalidad, consiste en la razón determinante del acto, pero está
sometida a tres requisitos:
1- debe referirse a un comportamiento de índole patrimonial, aunque
responda a un interés extrapatrimonial del sujeto,
2- la finalidad de una parte debe ser apreciada coherentemente con la
finalidad de las demás partes
3- debe ser conocida o haber sido conocible por la otra parte.
Sobre la causa final recae un arduo debate doctrinario acerca si es o no
un elemento de la obligación, o si lo es o no del acto jurídico generador.
Teoría clásica.
A partir de Domat, se separó la causa de las motivaciones individuales
de las partes. La causa estaba implicada por la naturaleza del contrato,
y era invariable cualesquiera fueren los intervinientes en el acto; los
motivos, esencialmente variables, eran referidos a las intenciones de
cada sujeto.
La obligación, para ser válida, debe tener una causa (final), a saber:
1- En los contratos bilaterales la obligación de uno de las partes es el
fundamento de la obligación de la otra,
2- En los préstamos de dinero la obligación del prestamista está
precedida por lo que el prestatario debe dar para realizar el contrato,
3- En las donaciones, la aceptación hace surgir el contrato, y la
obligación del que da tiene causa-fin si se funda en algún motivo
razonable y justo. (animus donandi)
Teoría anticausalista.
Sostiene que la que la noción de causa fin resulta superflua y que sus
problemas pueden resolverse a través de la regulación del objeto.

27. - 27 -
Además la noción clásica de causa fin se confundiría:
1º- con el objeto, en los contratos bilaterales,
2º- con la causa eficiente (fuente), en lo unilaterales,
3º- con el consentimiento en los gratuitos.
Neocausalismo.
Se pretende restablecer el distingo racional que existe entre causa fin y
objeto.
Causa fin: integra el fenómeno de la volición. (¿por qué debo?)
Objeto: se refiere a la materia obligacional. (¿qué debo?)
Los motivos individuales adquieren importancia para esta corriente.
MÉTODO DEL CÓDIGO.
Art. 500: Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe,
mientras el deudor no pruebe lo contrario.
Art. 501: La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se
funda en otra causa verdadera.
Art. 502: La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa, es
ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.
Distintas opiniones:
Para los anticausalistas todos los artículos precedentes, sumándole el
art. 499, se refieren a la causa fuente; así opinan Salvat, Galli, Risolía,
Spota, Llambías, y otros.
Para los causalistas los arts. 500, 501 y 502 se refieren a la causa fin;
así lo sostienen Machado, Borda, Alterini, De Gásperi, y otros.
PRESUNCIÓN DE CAUSA. ART. 500
“Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que
existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.”

28. - 28 -
Aquí, indudablemente, el sustantivo obligación refiere al documento
donde consta.
La razón de ser de tal presunción es que debe suponerse que los
hechos ocurren como normalmente suceden, es decir, los hombres
normales ejercen su voluntad en forma razonables. “Nadie hace algo,
nada más que por hacerlo.”
Quien aparece como deudor puede probar que no tiene la deuda,
porque justamente lo contrario es siempre, el objeto de prueba.
Cabe agregar que la presunción de causa fin existe cualquiera sea la
causa fuente de la obligación.
FALSA CAUSA. ART. 501
“La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa,
si se funda en otra causa verdadera”.
Se implica así la causa-fin simulada, siempre que al simulación sea
relativa y, además lícita.
El precepto no se refiere a la causa errónea, pues tal situación,
contemplada por el art. 926, genera la invalidez del acto.
La prueba de que la causa fin expresada es falsa, incumbe a quien lo
alega.
En suma, el deudor puede demostrar que la causa-fin exteriorizada no
es real, pero el acreedor, a su vez puede probar todavía que subyace en
verdad una causa verdadera.
CAUSA ILÍCITA. ART. 502
“La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún valor. La
causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.”
Este precepto cubre un área semejante a la del art. 953 referido al
objeto del acto jurídico.

29. - 29 -
Se presume que la causa fin del acto es lícita, pues de ordinario el
ejercicio de la libertad individual adecua a las pautas del ordenamiento
jurídico. No obstante s puede invalidar el acto probando la ilícitud de la
finalidad.
La causa fin es ilícita:
- si es contraria a una disposición legal imperativa,
- si es contraria al orden público, aunque no exista una disposición
expresa en la ley,
- si es contraria a la moral y las buenas costumbres.
LA INTERDEPENDENCIA DE LAS OBLIGACIONES. OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.
Generalmente las obligaciones tienen vida propia e independiente,
fundándose sólo en la causa que las origina; pero en algunos supuestos
excepcionales la razón de ser de una obligación está dada por la
existencia de otra de la cual depende.
Art. 523: De dos obligaciones, una es principal y la otra es accesoria, cuando la una es
la razón de la existencia de la otra.
Art. 524: Las obligaciones son principales o accesorias con relación a su objeto, o con
relación a las personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de
ellas, cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, como
son las cláusulas penales. Las obligaciones son accesorias a las personas obligadas, cuando
éstas las contrajeren como garantes o fiadores. Accesorios de la obligación vienen a ser, no
solo todas las obligaciones accesorias, sino también los derecho accesorios del acreedor,
como la prenda o hipoteca.
Art. 525: Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria,
pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal.
Art. 526: Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con
apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de
ningún valor la obligación principal.
De la normativa legal surge la distinción entre:
1º- Los accesorios de la obligación, y
2º- las cláusulas accesorias de la obligación.
A su vez, los accesorios comprenden dos categorías:

30. - 30 -
a) obligaciones accesorias, (con relación al objeto y con relación al
sujeto).
b) derechos accesorios del acreedor (prenda, hipoteca, etc.)
Para los accesorios de la obligación rige la regla de que “lo accesorio
sigue la suerte de lo principal”.
En otra categoría separada se encuentran las llamadas (o mal
llamadas) “cláusulas accesorias de la obligación”, y para éstas, no rige
la regla precedente, por lo que se infiere que nada tienen de
accesoriedad.
Obligaciones accesorias:
Una obligación es accesoria cuando depende de la existencia y validez
de la obligación principal que le sirve de fundamento. (Art. 523)
Las obligaciones accesorias tienen su origen en la voluntad de las
partes, o en la ley.
El art. 524 menciona enunciativamente, obligaciones accesorias de
genesis convencional: la cláusula penal, y la fianza. También la
accesoriedad puede ser de genesis legal: la obligación de indemnizar los
daños como consecuencia del incumplimiento d ela obligación principal
contraída.
Éste mismo artículo, al referirse a las obligaciones accesorias,
distingue las que son contraídas con relación al objeto y con relación a
los deudores de otra obligación considerada principal.
Ej: De obligación accesoria con relación al objeto de la principal; la
cláusula penal que se establece para asegurar el cumplimiento de
aquella. De obligación accesoria con relación a las personas obligadas
principalmente, a la contraída por garantes o fiadores.

31. - 31 -
EFECTOS.
Cabe distinguir en substanciales o procesales.
Substanciales:
Se encuentran regidos por el principio de que la obligación accesoria
sigue a la obligación principal. La extinción o invalidez de ésta,
consiguientemente, arrastra a la obligación que la accede.
Ej: - El pago de la deuda afianzada extingue la deuda contraída por el
fiador,
- La nulidad de la obligación principal extingue la cláusula penal.
Por regla, no sucede a la inversa; la extinción o invalidez de la
obligación accesoria no afecta a la obligación principal.
Procesales:
Se destacan los atinentes a la competencia, que corresponde al
Tribunal llamado a conocer en acciones derivadas de la obligación
principal.
Exepciones al principio de que la suerte de la obligación accesoria
sigue a la suerte de la principal:
- la cláusula penal puede ser exigible sin que la obligación principal sea
coercible,
- el plazo de prescripción de la obligación accesoria difiere del que
corresponde a la obligación principal: la deuda por intereses prescribe a
los 5 años, mientras que la obligación de restituir el capital que los
produce prescribe a los 10 años
- la nulidad d ela obligación principal, por razón de una incapacidad
relativa del deudor, no afecta a la fianza que la garantiza.

32. - 32 -
CLÁUSULA ACCESORIA DE LA OBLIGACIÓN.
El art. 526 menciona como ejemplo las condiciones suspensivas
imposibles, y las condiciones prohibidas.
No existen en el supuesto contemplado dos obligaciones (una principal
y una accesoria) sino que, por lo contrario, tiene vigencia solo una pero
con la característica de que es condicional; la condición no importa
accesoriedad, si es nula por ser contraria a la moral o las buenas
costumbres, o ser prohibida por la ley, acarrea la nulidad de todo el
acto, que por lo tanto no origina obligación alguna.

33. - 33 -
FUENTES DE LA OBLIGACIÓN
EL CONTRATO. CONCEPTO, NOCIONES GENERALES.
Según art. 1137, “Hay contrato cuando varias personas se ponen de
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar
sus derechos”.
La definición que da el C.C. de lo que es contrato, se asimilaría con el
de convención jurídica, conceptos que no son sinónimos.
- Llambías sostiene que “acto jurídico, convención y contrato, son
expresiones de la voluntad que están en una línea progresiva de
particularización. El concepto más amplio es el de acto jurídico. Dentro
de ese género, la convención abarca los actos jurídicos bilaterales, y
dentro de éstos son contratos lo que tienen contenido obligaiconal, es
decir las que crean, modifican o extinguen obligaciones.”
- Alterini sostiene que el contrato a que alude el Lº II, Sección 3ª del
C.C. (“De los contratos en general”) es el generador de obligaciones. Las
figuras que allí aparecen son fuente de obligaciones, con la sola
excepción de la sociedad conyugal.
ELEMENTOS.
Se pueden clasificar en:
1- Esenciales.
Son indispensables para la formación de cualquier contrato. Admiten
una subclasificación en genéricos (capacidad, consentimiento, objeto,
causa, y en los solemnes, la formalidad) y específicos de ciertos
contratos (precio, aporte, etc)

34. - 34 -
2- Naturales.
Se hallan implícitos en la ley, pero pueden ser suprimidos o modificados
por voluntad de las partes
3- Accidentales.
Son aquellos que pueden ser establecidos por los contratantes sin que
la ley se oponga; por ejemplo, las modalidades de los actos jurídicos.
POSTURA MODERNA.
Una visión más moderna distingue presupuestos, elementos y
circunstancias del contrato.
1- Los presupuestos son requisitos extrínsecos al contrato, pero que
constituyen su antecedente necesario: la voluntad jurídica, la capacidad
del sujeto, la idoneidad del objeto.
2- Los elementos, o “cláusulas”, son componentes intrínsecos del
contrato. Pueden ser esenciales, naturales o accidentales. De más está
decir que cada contrato tiene sus elementos propios, que lo definen
como tal.
3- Las circunstancias del contrato, son extrínsecas y definen su clima:
tal es el caso de las circunstancias económicas, que sirven para
interpretarlo, o para argüir la teoría de la imprevisión.
LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. CONCEPCIÓN TRADICIONAL Y EVOLUCIÓN.
La “Autonomía de la voluntad” es la potestad de las partes de reglar a
su libre arbitrio sus derechos y obligaciones. Las partes pueden realizar
todas los acuerdos que consideren convenientes para el mejor
desenvolvimiento de los actos, siempre que esto no vaya en contra de la
ley, la moral y las buenas costumbres.

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El contrato en el S. XIX venía a ser la gran palanca para acelerar la
circulación de bienes y la figura flexible, que brindaba vestidura propicia
para modelar todo lo imaginable.
El contrato clásico presuponía la libre discusión de sus cláusulas, y se
veía en él el ejercicio de la libertad plena de contratar. Lo querido no
podía causar injusticia, y la limitación de la libertad provocada por las
obligaciones nacidas del contrato era consecuencia de un acto libre de
todo constreñimiento.
Pero, en seguida, se pone de manifiesto las injusticias que acarrea la
libertad de contratación, en un régimen de desigualdad económica.
Las nuevas modalidades asumidas por el contrato han provocado la
llamada “crisis del contrato”, ésta alcanza tanto a su formación, como a
sus efectos, y repercute en los dos grandes principios que rigen la
institución en los Códigos individualistas: la libertad contractual y la
fuerza obligatoria del vínculo.
Lo que a veces se denomina crisis del contrato, no es nada más que
una crisis de la autonomía de la voluntad.
Limitaciones a la autonomía de la voluntad:
El dogma de la autonomía de la voluntad se halla consagrado en el art.
1197; “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes
una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. Dicho
principio se ha manifestado tradicionalmente en dos aspectos: 1- La
libertad de contratar o no (autodecisión) y 2- La libertad de establecer el
contenidos del contrato (autorregulación).
Ambos han sido cersorados en el Derecho moderno.
La autodecisión: Son casos de contratos forzosos que pasan por alto
la autodecisión:
- la obligación de pagar una obra pública;

36. - 36 -
- la obligación de prestar el servicio público que incumbe al
concesionario;
La autorregulación: El derecho moderno pone cortapisas a la
facultad de establecer libremente el contenido del contrato. Es decir, el
sujeto puede contratar o no; pero si contrata, se somete a cierta
preceptiva que le es impuesta.
Casos de contratos reglamentados:
- los que precisan autorización (venta de inmuebles en zonas
fronterizas),
- contratos normativos, (convenios colectivos de trabajo)
- contratos tipo, en los cuales las cláusulas son prefijados por el Estado
La noción de autonomía de la voluntad descansa sobre la de libertad;
supone la igualdad jurídica de todos; termina por entender que todo lo
libremente querido es obligatorio.
Pero la observación de la realidad muestra que, frente a la igualdad
formal, están las desigualdades reales: están los débiles frente al
Derecho, así es que también está el plan de Estado, el cual se propone
cumplir. Es así que interviene en la autodecisión y en la autorregulación.
Esto no significa la destrucción de la libertad de contratar, sino la
afirmación del verdadero concepto de libertad:
“Poder obrar como se quiere, queriendo obrar como se
debe; y ser libres de contratar sin distorsiones o presiones
derivadas de la desigualdad económica.”
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR.
Noción conceptual de consumidor.
Deben distinguirse dos cuestiones:

37. - 37 -
a- La noción doctrinaria sobre qué debe entenderse por consumidor.
b- La noción legal de consumidor.
La importancia radica en que el ámbito de aplicación (protección) solo
está referido a la categoría de personas a las cuales haga referencia la
ley.
Doctrinariamente, no se duda que el carácter de consumidores,
indistintamente lo portan las personas físicas y las jurídicas.
Sin embargo, distinta es la cuestión cuando se examina la extensión
del amparo que suministra una ley específica.
Noción del consumidor en la ley argentina (ley 24.240).
a- Personas físicas y jurídicas: dicha ley establece en su art. 1º “... Se
consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas...”
b- Destinatario final: consumidor es la persona individual o jurídica,
ubicada al agotarse el circuito económico, ya que pone fin, a través del
consumo o del uso, a la vida económica del bien o servicio.
c- Restricciones: el art. 1º acota estrictamente la noción legal de
consumidor, a quien contrata a título oneroso, para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social:
- la adquisición o locación de cosas muebles;
- la prestación de servicios;
- la adquisición de inmuebles nuevos, destinados a viviendo,
cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminada.
La restricción pasa, en primer lugar, por la referencia excluyente a
“quien contrata”. Quedando fuera del ámbito de aplicación de la ley, las
relaciones extracontractuales entre empresarios y consumidores.
En segundo termino, la limitación del concepto legal, radica en el
acotamiento a los contratos onerosos. Asimismo, en los contratos sobre
cosas muebles, se refiere solo a adquisición o locación dejando al
margen otros contratos típicos o atípicos de consumo.

38. - 38 -
Finalmente, en los contratos sobre inmuebles, la ley solo se aplica a
aquellos nuevos, destinados a vivienda y ofrecidos al público.
d- Exclusión del consumidor-empresario: el art. 2º de la ley dispone que
no tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran,
almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a
terceros. De ésta forma quedan excluidos del concepto, el consumidor
industrial o revendedor.
El consumidor que requiere protección es aquel que carece de
intenciones que apunten a que el bien o el servicio, continúen su vida
económica en actividades de fabricación, producción, distribución o
prestación.
e- Finalidad de consumo: el art. 1º plantea indistintamente la finalidad
del consumo final, o beneficio propio, o de su grupo familiar o social. Al
referirnos al consumo, uso o utilización de bienes o servicios, es
indistinto que se efectúe a título personal, familiar o social; en cambio sí
es relevante, que el propósito final no lo constituya disponer del bien o
del servicio con carácter profesional, o sea, para a su vez comercializarlo
tal como lo obtuvo o transformado.
f- Relaciones con empresarios: otro elemento caracterizante de la
figura del consumidor, es que la protección que merece, se aplica en el
ámbito de sus relaciones con productores de bines o de servicios, en
condición de agentes económicos que concurren al mercado con
carácter profesional.
Quedan excluidas del ámbito de la ley, las relaciones entre
consumidores, sobre cosas usadas.
Normas de fondo de la ley 24.240.
La ley 24.240 introduce en el sistema argentino de protección jurídica
del consumidor, una serie de normas de fondo, que arrojan soluciones

39. - 39 -
sustanciales novedosas y arraigadas en el derecho comparado, que
persiguen la tutela de la salud, seguridad e intereses económicos de los
consumidores y usuarios. Atañen a las diferentes problemáticas que se
despliegan en las distintas etapas que abarcan las relaciones de
consumo.
1- PERÍODO PRECONTRACTUAL:
a- Deber de información:
El derecho del consumidor a recibir una información adecuada, que le
permita realizar elecciones bien fundadas. La ley 24.240 impone a los
empresarios el deber de suministrar a los consumidores, en forma cierta
y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las
características esenciales de los productos o servicios. (art. 4º)
b- Deber de seguridad. Tutela de la salud:
La ley consagra expresamente el deber de seguridad, para la tutela de
la salud del consumidor. El art. 5º establece que los bines y servicios
deben ser provistos al consumidor de modo que en condiciones
previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para su salud
o integridad física.
La ley habilita la promoción de aciones judiciales preventivas,
tendientes a la evitación de daños al consumidor, cuando sus intereses
resulten amenazados. (art. 52)
c- Fuerza vinculante de la oferta al público y del contenido de la
publicidad comercial:
El art. 7º de la ley consagra el carácter vinculante de la oferta dirigida
a consumidores potenciales indeterminados.
El art. 8º asigna también, fuerza vinculante, a las precisiones
formuladas en la publicidad, que por ende se tienen por incluidas en el
contrato con el consumidor.
d- Técnica de comercialización:
Regula la ley, la ventas a domicilio y por correspondencia, autorizando
al consumidor a revocar su aceptación, sin responsabilidad alguna,

40. - 40 -
durante el plazo de 5 días corridos, a partir de la entrega de la cosa o
celebración del contrato. (arts. 32, 33 y 34)
Se prohibe efectuar cargos automáticos en cualquier sistema de débito
contra el consumidor por una cosa o servicio que no haya sido
previamente requerido por éste. Y si el consumidor recibió la cosa, no
está obligado a conservarla in restituirla. (art. 35)
2- PERÍODO DE FORMACIÓN DE CONTRATO:
a- Instrumentación y contenido:
El art. 10 exige la instrumentación y determinados contenidos mínimos,
respecto a la venta de cosas muebles:
- las empresas prestadores de servicios públicos a domicilio, deben
entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la
prestación, de los derechos y obligaciones de ambas partes
contratantes. (art. 25)
- respecto a las ventas a domicilio (art. 32) y a la ventas por
correspondencia, debe constar en el documento, el derecho del
consumidor a revocar su aceptación. (art. 34)
- en las operaciones de crédito deberá consignarse precio de contado,
saldo de la deuda, intereses, gastos, cantidad de pagos, periodicidad,
monto total financiado, etc. (art. 36)
b- Interpretación del contrato:
El art. 37 consagra la directiva pro-consumidor: “Se hará en el sentido
más favorable para el consumidor.”
Y cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a
la que sea menos gravosa.
c- Cláusulas abusivas:
El art. 37 establece la nulidad parcial de las cláusulas abusivas (se
tendrán por no convenidas sin perjuicio de la validez del contrato.)
- Las cláusulas que desnaturalizan el vínculo contractual;

41. - 41 -
Las cláusulas abusivas se caracterizan porque desnaturalizan el vínculo
obligacional, el que presupone dos centros de interés. La expresión
desnaturalización debe entenderse en el sentido que:
a- por aplicación de una o más cláusulas predispuestas, se amplíen los
derechos del predisponente,
b- o atribuyan en su favor, la posibilidad de alterar en algún sentido la
obligación o la carga comprometida,
c- o por las que se reduzcan o supriman sus cargas u obligaciones,
d- o desde la perspectiva inversa, cuando se amplíen las cargas u
obligaciones del adherente,
e- o se supriman o modifiquen en su contra, sus derechos,
Y de todo ello resulte un desequilibrio de los derecho y las obligaciones
de tal entidad.
- Cláusulas que importen renuncia o restricción a los derechos del
consumidor o amplíen los derechos del empresario.
- Limitaciones de responsabilidad e inversión de la carga probatoria.
Este último caso está expresado puntualmente en el texto legal. (art
37, inc. c y a )
d- Otros supuestos de nulidad del contrato:
El art. 37 de la ley, dispone la nulidad total o parcial del contrato, en
caso que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la
conclusión del contrato o en su celebración, o transgrede el deber de
información o la legislación de defensa de la competencia.
e- Nulidad parcial:
En cuanto a la reacción del ordenamiento jurídico frente a una cláusula
abusiva, se opta por la invalidez parcial del contrato. Se priva de sus
efectos propios solo a la cláusula abusiva. El resto del contrato conserva

42. - 42 -
su eficacia, y la cláusula nula podrá ser integrada por la norma legal
aplicable.
f- Control administrativo previo:
La ley de defensa del consumidor establece un sistema de control
administrativo previo, asignando a la autoridad de aplicación la
fiscalización de que los contratos por adhesión no contengan cláusulas
abusivas y la atribución de adoptar las medidas necesarias para
modificar consecuentemente los contratos- tipo. (arts. 38 y 39)
EL CUASI-CONTRATO, NOCIONES GENERALES.
Hechos voluntarios lícitos, que por efecto de la ley, producen efectos
análogos a los contratos, aunque no hay acuerdo de voluntad. Su
similitud con el contrato se encontraría, no en su nacimiento o fuente,
sino en sus efectos.
La idea de cuasi contrato está hoy en franco desprestigio. En la misma
esencia del contrato está el acuerdo de voluntades; si no lo hay, la
fuente de la obligación es distinta. Hay una diferencia de naturaleza, lo
que no obsta que exista cierta similitud con cierto tipo de contratos. Ej:
gestión de negocios. Pero no puede hablarse de cuasi-contrato: hay
acuerdo de voluntades o no; hay contrato o no.
El criterio prevaleciente actualmente es el de considerar que los
llamados causicontratos son simples obligaciones ex lege o bien
obligaciones nacidas de voluntad unilateral.
OBLIGACIONES EX-LEGE. CONCEPTO.
:Una obligación nace ex-lege cuando los hechos generadores carecen
de una denominación especial. Se acude a ésta fuente residual para
justificar el nacimiento de ciertas relaciones jurídicas obligacionales que
no pueden incluirse dentro de las fuentes nominadas.

43. - 43 -
Dentro de las fuentes innominadas quedan comprendidos todos los
hechos generadores carentes de una denominación especial. por eso se
dice que la obligación nace “ex lege”, implicando que nace de un hecho
dotado por el ordenamiento jurídico de energía bastante para generar
una obligación.
Ej:
- la obligación alimentaria,
- las obligaciones tributarias que pesan sobre los contribuyentes,
- las obligaciones a cargo de los tutores o curadores, en razón de su
función.
VOLUNTAD UNILATERAL. CONCEPTO. DISCUSIÓN SOBRE SU ADMISIBILIDAD.
Se ha discutido si la voluntad unilateral del deudor constituye una
fuente autónoma d obligaciones. Si así fuese la obligación surgiría por la
sola existencia de la voluntad del obligado de satisfacer la prestación
que él ha comprometido, con independencia de la voluntad del acreedor
de aceptar la promesa.
Un sujeto, por un acto unilateral, y por su propia voluntad, puede
obligarse sin necesidad de que otro sujeto prestara su aceptación. Se
convertiría así en deudor, sin la conformidad de acreedor alguno.
Sabemos que la obligación es una relación jurídica que se constituye
entre partes; esas partes se denominan sujeto pasivo y sujeto activo.
En la tesis clásica no se podía hablar de la existencia de una obligación,
si no había desde el comienzo un deudor y un acreedor. En principio la
nota de bilateralidad, hace que no pueda existir obligación sin ambos
sujetos, es decir, sin alguien que tiene derecho a la satisfacción de un
crédito y alguien que debe satisfacer ese crédito con la prestación
estipulada.
Sin embargo, en el derecho moderno se cuestiona este enunciado,
sosteniéndose por un sector cada vez más importante de juristas, que

44. - 44 -
puede existir una obligación con la sola voluntad del deudor de
obligarse, estando indeterminado el acreedor. Es decir que una persona,
que declara su voluntad de obligarse, queda sujeta a un débito o deuda,
aún antes de existir acreedor (el acreedor aparece después y el deudor
es deudor desde que se obliga).
“Nadie puede avanzar sobre los derechos de los demás;
pero sí puede restringir su propia libertad.”
Este principio es rechazado por: Llambías, Busso, etc.; y aceptado por
Borda, Mosset, Iturraspe y otros. El Código, nada dise al respecto.
SUPUESTOS EN NUESTRO DERECHO.
Se han considerado casos particulares de funcionamiento de la
voluntad unilateral, sobre todo en el Código Civil y en el de Comercio.
Oferta a término.
Según art. 1150, al impedir la retractación de las ofertas en que se
“hubiese renunciado a la facultad de retirarlas”, o se hubiese asumido el
deber “al hacerlas, de permanecer en ellas hasta una época
determinada”, crea una obligación por el solo hecho de haber emitido la
oferta de dichas condiciones, y tiene su correlato en el art. 1156; “la
parte que hubiere aceptado la oferta ignorando la retractación del
proponente, su muerte o incapacidad sobreviniente, y que a
consecuencia de su aceptación hubiese hecho gastos, tendrá derecho a
reclamar pérdidas e intereses”. La responsabilidad que impone este
último artículo solo es concebible aceptado a la voluntad unilateral con
fuerza vinculante.

45. - 45 -
Promesa de recompensa.
“Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el hallazgo, el que la
halló (a la cosa) puede elegir entre el premio del hallazgo que el juez
regulase, y la recompensa ofrecida” Art. 2536.
Donaciones y legados para fundaciones.
“No puede hacerse donación a persona que no exista civil, o
naturalmente. Puede, sin embargo, hacerse a corporaciones que no
tengan el carácter de personas jurídicas, cuando se hiciere con el fin de
fundarlas, y requerir después la competente autorización” Art. 1806.
La donación o legado se realiza mediante un acto unilateral que tiene
por fin concretar una fundación. El art. 5, ley 19.836 (de Fundaciones),
dispone que “las promesas de donación hechas por los fundadores en el
acto constitutivo serán irrevocables...”
La constitución de una fundación por donación es solo nominal, puesto
que no existe quien la acepte; la asignación de los bines se realiza,
precisamente, para crear al ente, que una vez constituido “tendrá todas
las acciones legales para obtener el cumplimiento de tales promesas”.
Títulos al portador.
En el campo del Derecho comercial, se asigna carácter obligatorio a la
declaración emitida por el deudor. Aunque hay quienes sostienen que la
obligatoriedad de los documentos finca en el acuerdo entre el que los
emite y el primer tomador, lo cual los colocaría dentro del ámbito
contractual, que subsistiría en las sucesivas transferencias del título.
EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, COMO FUENTE DE OBLIGACIONES.
Concepto y Antecedentes.
El patrimonio de una persona puede variar en razón de todos los
medios permitidos por la ley para adquirir y obligarse. Si la
transformación operada en el patrimonio no reconoce una causa

46. - 46 -
permitida por la ley, nace a cargo del beneficiado el deber jurídico de
restituir en la medida que hubiera empobrecido a la otra parte.
En Roma encontramos un antecedente directo de la institución en el
Digesto: “según el Derecho natural y la equidad, nadie debe
enriquecerse en perjuicio de otro.” Ésta es la regla básica que rige la
materia, aunque incompleta ya que no contempla la totalidad de los
elementos.
Requisitos.
Los requisitos que deben reunirse para que la acción (denominada em
rem verso) proceda son:
1- Enriquecimiento del demandado. El enriquecimiento del demandado
ha de ser de tipo patrimonial, o extrapatrimonial susceptible de
valoración pecuniaria, reflejado en el patrimonio. El enriquecimiento
puede derivar de un lucro emergente, o de un daño cesante.
2- Empobrecimiento del demandante. El enriquecimiento debe
realizarse en detrimento del demandante; debe dar lugar a un
empobrecimiento correlativo en su patrimonio.
3- Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.
Debe mediar entre ambos una relación de causa a efecto. Lo más
corriente será que no haya estricta equivalencia entre el
enriquecimiento y el empobrecimiento; no obstante ello, y cualquiera se
la incidencia negativa en el patrimonio del empobrecido, éste debe
acreditar el nexo causal como recaudo para accionar.
4- Ausencia de causa. El desplazamiento patrimonial debe haberse
realizado sin causa que lo justifique.
5- Carencia de toda otra acción. La acción de in rem verso exige que no
se tenga a disposición ninguna otra acción, o vía de Derecho, por medio
de la cual pueda ser indemnizado del perjuicio sufrido.

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6- Que la ley no obste a la acción. Que no resulte prohibida la
restitución o no se atribuyan otros efectos al enriquecimiento.
Efectos.
El enriquecimiento sin causa, una vez configurado a través de los
requisitos analizados, genera una acción de restitución o reintegro a
favor del empobrecido y contra el enriquecido injustamente. Se trata de
una acción distinta y subsidiaria, no confundible con la acción ordinaria
de indemnización de daños.
Ésta especial acción tiene límites bien precisos,
1- No puede exceder del efectivo desmedro del empobrecido,
2- No puede ser mayor que el enriquecimiento logrado por el
accionado.
Si el empobrecimiento es superior al enriquecimiento, el que acciona
queda perjudicado, pues no puede obtener la restitución de todo lo que
fue materia del empobrecimiento sino hasta el concurso del
enriquecimiento del demandado.
EL ABUSO DEL DERECHO.
Concepto.
Art. 1071: El ejercicio regular de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación
legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. la ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al
reconocerlos o al que exceda los límites impuesto por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres.
Desde el enfoque de la responsabilidad civil, existe un acto ilícito que
da lugar a indemnización si hay daño y si concurren los demás
presupuestos de la responsabilidad civil. Pero no un acto ilícito típico
sino un acto ilícito “abusivo”, una especie dentro del género.
En el ejercicio abusivo de los derechos, la trasgresión es solapada: bajo
la máscara de una facultad.

48. - 48 -
Por el principio de reserva, no hay ilícitud sin deber legal (art. 19 C.N.);
que establece que no hay hecho ilícito sin violación de la ley en sentido
material, de la norma general obligatoria. Esto surge de la lectura de la
1º parte del art. 1071; “solo es lícito el ejercicio regular de un derecho”,
de donde se ha de seguir que es ilícito el ejercicio irregular. La
irregularidad del ejercicio del derecho da el elemento objetivo de
trasgresión de la norma, que es el primer antecedente de la imputación
de responsabilidad cuando ocurre un daño.
Pero, además, se necesita un elemento subjetivo para que haya
responsabilidad: la ley dice no amparar el ejercicio abusivo o irregular de
los derechos, y agrega: se considerará tal, al que contraríe los fines
tenidos en mira por la ley o al que exceda los límites impuesto por la
buena fe, la moral y las buenas costumbres, pareciendo indicar, en ese
verbo de imputación, que el ejercicio contrario a los fines de la ley, a la
moral y a las buenas costumbres, demuestra un estado de culpa que
constituye el antecedente subjetivo de la responsabilidad jurídica que,
unido al daño ya a la relación causal, construye el diagrama completo de
la posibilidad de reclamar indemnización.
Antecedentes.
Producto de la colisión de dos máximas igualmente respetables:
- Quien usa de su derecho, a nadie lesiona.
- No hay que ser indulgentes con la maldad.
La teoría fue admitida en el Derecho romano a través de textos de
Gayo y de Paulo, también fue conocida y aplicada en el antiguo Derecho
francés.
En nuestro régimen, la ley 17.711 sustituyó el art. 1071 y, agregó el
calificativo de “regular” al ejercicio del derecho que para Vélez, no podía
constituir como ilícito ningún acto y aseverando, de modo expreso que

49. - 49 -
al ley no ampara el ejercicio abusivo de los derecho, incluyó pautas para
su caracterización.
Los principales efectos del acto abusivo son:
a- despojar de toda virtualidad al acto desviado,
b- impedir el ejercicio de una acción judicial que se funde en el abuso,
c- generar el derecho al resarcimiento de los daños.
LA EQUIDAD.
La equidad es la versión inmediata y directa del derecho natural, o
bien; “el derecho natural interpretado objetivamente por el juez.”
Según el art. 907, “Los jueces podrán disponer un resarcimiento en
favor de la víctima del daño fundados en razones de equidad, teniendo
en cuenta la importancia del patrimonio del deudor y la situación
personal de la víctima.”
La equidad llena una función principal como medio de expresión del
derecho, ya en un
aspecto positivo, ya en uno negativo.
En el aspecto positivo la equidad da origen a la obligación natural
(según art. 515). En este caso la equidad es una fuente de eficacia
jurídica restringida.
En el aspecto negativo la equidad impide que una prerrogativa
individual fundada en una norma de derecho positivo menoscabe una
facultad o atribución fundada en el derecho natural.
La ley 17.711 ha reconocido la penetración de la equidad en el derecho
positivo vigente.
Ejemplos:
1- por el art. 907, en caso de daño involuntario los jueces pueden
disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en
razones de equidad, y teniendo en cuenta la importancia del patrimonio
del autor del hecho y la situación personal de la víctima;

50. - 50 -
2- el art. 954 prevé que en los casos de vicio de lesión el perjudicado
puede demandar la nulidad del acto o un reajuste equitativo del
convenio; por su lado, el demandado por acción de nulidad puede
mantener la validez del acto ofreciendo un equitativo reajuste.
RELACIONES CONTRACTUALES DE HECHO.
Son relaciones jurídicas que tradicionalmente se han considerado como
contratos pero que no encajan en este concepto sino forzando la
realidad.
Se denominan contractuales de hecho por que tienen los mismos
efectos que un contrato celebrado con ese objeto y por que no se
originan en una convención sino en una situación fáctica. Ej: La
obligación del titular del comercio de pagar los daños y perjuicios
sufridos por un cliente que aún no ha comprado nada; el transporte de
favor, la situación jurídica resultante de un contrato de soc. que se
declara nulo.

51. - 51 -
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.
Los efectos son consecuencias. Surgen de la relación obligacional y se
proyectan con relación al acreedor en una serie de dispositivos
tendientes a que obtenga la satisfacción del interés suyo que la sustenta
y, con relación al deudor, como verdaderos derechos en torno de su
deber de cumplir.
Efectos inmediatos y diferidos.
Los efectos son inmediatos cundo las virtualidades de la relación
obligacional no están sometidas a modalidad alguna que las demore,
pues la obligación es pura y simple. (art. 527 C.C.)
Son diferidos si actúa un plazo inicial o una condición suspensiva, que
postergan, aunque por razones distintas, la exigibilidad de la obligación.
Efectos instantáneos y permanentes.
Se denominan efectos instantáneos, o de ejecución única, a los que se
agotan con una prestación unitaria. Se les oponen los efectos
permanentes o de duración, que son los que se prolongan en el tiempo.
A su vez, la permanencia de los efectos puede ser:
- continuada: el deber de custodia del depositario debe ser cumplido en
todo momento.
- periódica o de tracto sucesivo: obligación de pagar anualmente una
renta vitalicia.
LA BUENA FE.
Es el principio esencial en el cumplimiento de la prestación: “el deudor
debe cumplir sus obligaciones de buena fe.”

52. - 52 -
Ésta es una sana regla de conducta humana. El principio de buena fe
quiere que los contratos sean interpretados y cumplidos como lo haría
una persona honorable y correcta. Se trata de una pauta general, de la
que los jueces harán aplicación según las circunstancias de cada caso.
Hay en al vigencia del principio una cuestión de equidad y justicia. Las
consecuencias prácticas son fecundas:
a)- El deudor no sólo está obligado a lo que formalmente esté
expresado en los contratos, sino también a todas las consecuencias
virtualmente comprendidas en la obligación de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando
con cuidado y previsión.
Estos deberes de conducta recaen no sólo sobre el deudor, sino
también sobre el acreedor, que está obligado a abstenerse de
exigencias contrarias a la equidad y debe guardar respecto del deudor,
una razonable consideración humana.
b)- Si bien el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento estricto
de las obligaciones no debe llevar sus exigencias a extremos contrarios
a la equidad o la buena fe. Un mínimo de tolerancia está implícito en
toda relación humana.
c)- Igual fundamento tiene la doctrina de la imprevisión, en virtud de la
cual el acreedor debe moderar sus exigencias, cuando la prestación ha
devenido excesivamente onerosa en razón de una alteración
imprevisible de las circunstancias.
EFECTOS RESPECTO A LAS PARTES, SUCESORES Y TERCEROS.
El art. 503 sienta una regla de extrema obviedad: la relación
obligacional solo produce efecto entre las partes y sus sucesores, y no
puede ser opuesta ni perjudicar a terceros.
Los terceros resultan ajenos a la relación jurídica, y no son afectados
por la obligación. Inversamente, deben abstenerse de perturbar el

53. - 53 -
ejercicio de los derechos del acreedor, no obstante lo cual están
facultados para impugnar los actos fraudulentos y los simulados, y para
suplir la inacción del deudor en cobrar sus propios créditos.
OBLIGACIONES INHERENTES A LA PERSONA.
Solo tienen efecto entre las partes ya que no pueden pasar a sus
sucesores, ni ser cumplidas por otros. Ej: la obligación del artista de
pintar un cuadro.
EFECTOS PARA EL ACREEDOR.
El acreedor está dotado de una serie de poderes que son efectos de la
relación obligacional de la cual es titular activo, todos los cuales llevan a
la satisfacción del interés suyo que está involucrado en la obligación.
Tales efectos tienden a obtener que el acreedor se satisfaga en especie
(que obtenga exactamente el objeto debido), o por equivalente (que se
le dé en cambio algo de valor parejo con aquello). En éstos supuestos se
denominan: efectos principales.
O tienden a proteger la integridad del patrimonio del deudor en el cual,
habida cuenta del carácter patrimonial que tienen la prestación y la
indemnización, el acreedor va a satisfacer de una o de otra manera su
interés; en tal situación se los denomina: efectos auxiliares.
CUADRO SINÓPTICO.

54. - 54 -
Efectos con
relación al
acreedor
Principales
Auxiliares
Normales
Medidas precautorias
Acciones de
integración
y deslinde.
cumplimiento espóntaneo
ejecución directa o forzada (505-1º)
ejecución por otro (505- 2º)
Anormales:indemnización (505- 3º)
(embargo, inhibición de bienes)
acción de simulación
acción revocatoria
acción subrogatoria
acción de separación de patrimonio
EFECTOS PRINCIPALES.
Cuando el acreedor se satisface en especie, el efecto principal es
normal o necesario porque se da en todas las obligaciones civiles. Y
cuando lo hace por equivalente, mediante la indemnización, el efecto es
anormal, a la cual solo se acude exepcionalmente.
Efectos normales.
Se dan en tres niveles o posibilidades:
1- Por lo general el deudor cumple de modo “espontaneo”, esto es,
adecuándose al imperativo ético de acatar su deber respectivo, lo cual
no tiene regulación legal concreta, pues, el ordenamiento jurídico
permanece en estado latente cuando el deudor cumple sin precisar otro
incentivo que la moral. Esta modalidad se da por llamar cumplimiento
voluntario.
2- El acreedor puede “emplear los medios” legales a fin de que el
deudor le procure aquello a que se ha obligado. Ésta es la denominada
ejecución directa.
3- El acreedor tiene derecho “para hacérselo procurar por otro a costa
del deudor”. Aludiéndose así a la ejecución por otro.

55. - 55 -
Efecto anormal: El art. 505 inc. 3º, da también derecho al acreedor
para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Se
denomina anormal, pues solo mediante un equivalente de la prestación
debida e incumplida se restablece el equilibrio en el patrimonio de
aquél.
Efectos auxiliares.
Los efectos auxiliares tienden a mantener la incolumidad del
patrimonio del deudor.
Abarcan:
- las medidas precautorias o cautelares, que pueden ser solicitadas
antes o después de deducida la demanda judicial y presuponen la
verosimilitud del derecho invocado. Su finalidad es “asegurar
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia” que se vaya a dictar
más adelante. (embargo, inhibición de bienes, etc)
- las acciones de integración y deslinde del patrimonio, que tienden a
recomponer un patrimonio desintegrado por un acto simulado (acción de
simulación) o fraudulento (acción revocatoria), o a reemplazar al deudor
inactivo en la percepción de sus propios créditos (acción subrogatoria); o
-en el caso del deslinde- a evitar que se confunda dos patrimonios
distintos, con desmedro de los acreedores (acción de separación de
patrimonios).
Indemnizaciones.
Quien no cumple con su obligación, o la cumple mal o a destiempo,
debe indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicio que le haya
ocasionado la inejecución. La indemnización está integrada por dos
elementos:
a- El daño emergente: es decir, el daño efectivamente sufrido por el
acreedor con motivo del incumplimiento.

56. - 56 -
b- El lucro cesante: es decir, la ganancia o utilidad que ha dejado de
percibir el acreedor con motivo del incumplimiento.
El art. 519 llama a estos perjuicios daños e intereses, que es sinónimo
de la usual denominación de: “daños y perjuicios”. Ésta es una
expresión que alude a todos los daños derivados del incumplimiento
contractual o de un hecho ilícito.
MÉTODO DEL CÓDIGO.
El código ha tratado independientemente de los daños y perjuicios con
relación al incumplimiento de:
- las obligaciones contractuales (arts.519 / 522);
- incumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero (arts. 619
y ss.);
- la realización de un hecho ilícito. (arts. 901 y ss.)
DERECHOS QUE TIENE EL DEUDOR.
El deudor tiene ciertos derechos. Es obvio que se lo faculte a cumplir,
allanando los obstáculos que encuentre para ello y que, ulteriormente,
se lo libere definitivamente de la deuda cumplida.
1- Derechos previos al cumplimiento: está facultado para obtener la
recepción o la cooperación del acreedor. La falta de cooperación del
acreedor puede derivar en la figura denominada mora del acreedor.
2- Derechos al tiempo de intentar cumplir: está facultado para hacer el
pago por vía judicial, o pago por consignación.
3- Derechos al cumplir: el deudor que cumple efectivamente tiene
derecho a obtener la liberación correspondiente y como consecuencia de
ello exigir el recibo donde conste tal liberación.
4- Derechos ulteriores al cumplimiento: el cumplimiento exacto da
derecho al deudor para repeler las acciones del acreedor, lo que es
consecuencia de que, al haber cumplido, se liberó de la deuda, la cual se
halla extinguida

57. - 57 -
OBLIGACIONES DE DAR.
CONCEPTO.
Art. 574: La obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o
inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales o de transferir solamente el
uso o la tenencia o de restituirla a su dueño.
Según este art., la entrega de la cosa puede tener una de las
siguientes finalidades:
- Constituir sobre ella derechos reales; en nuestro derecho, el acreedor,
antes de la tradición de la cosa no adquiere ningún derecho real sobre
ella, salvo el caso de la hipoteca y la prenda.
- Transferir solamente su uso; es el caso del contrato de locación.
- Transferir su tenencia; el caso de la entrega de una cosa en prenda o
deposito.
- Restituir la cosa a su dueño; como la obligación del locatario o
depositario de devolver la cosa a su dueño al término del contrato.
De acuerdo a la determinación las obligaciones de dar se clasifican en:
1- De dar cosas ciertas: son aquellas en que el objeto debido, que no
es fungible, se encuentra individualizado ab initio, desde el mismo
nacimiento de la obligación.
2- De dar cosas inciertas no fungibles o de género: son las que
versan sobre objetos no individualizados, que se definen por el género a
que pertenecen, con caracteres diferenciales dentro del mismo genero,
que hacen que un individuo no pueda ser sustituido por otro.
3- De dar cantidades de cosas: son las obligaciones de dar cosas
inciertas fungibles, es decir que las unas puedan ser sustituidas por las
otras. (art. 2324), que consten de número, peso o medida, y que sea
conocida su especie y calidad.
4- De dar dinero: constituyen una especie de las obligaciones de
cantidades de cosas, y son aquellas que tienen por objeto el dinero,

58. - 58 -
cuya cantidad y calidad se encuentra determinada ab initio, desde el
mismo nacimiento de la obligación.
5- Deuda de valor: es aquella cuyo objeto consiste e un valor
abstracto, constituido por bienes que, a posteriori, será apreciable en
dinero y convertido en deuda dineraria.
OBLIGACIONES DE HACER.
REQUISITOS, INDEMNIZACIONES.
La obligación de hacer es aquella cuya prestación es un hecho positivo,
que consiste sustancialmente en una actividad mediante el suministro
de trabajo o energía; por ejemplo, la obligación de pintar un cuadro.
Comparaciones con las obligaciones de dar: A pesar de que ambas
importan una actividad, se diferencian en que las de hacer recaen
sustancialmente sobre esa actividad (realización de un hecho), lo cual
no ocurre con las de dar (entrega de una cosa).
Es frecuente que un mismo contrato genere obligaciones de dar y de
hacer, regulados por principios legales diferentes. Por ejemplo, en el
depósito regular, el depositario debe conservar la cosa y restituirla en su
momento al depositante, pudiendo existir la prohibición de usarla. La
primera es una obligación de hacer, la segunda de dar, y la tercera de
no hacer.
Especies:
1- Fungibles y no fungibles: Estas últimas son las llamadas intuitus
personae. La fungibilidad de la prestación de hacer interesa
especialmente respecto a sus efectos, la primera calidad autoriza el
pago por un tercero, mientras que la segunda hace que solo pueda ser
pagada por el deudor.
2- Instantáneas y permanentes: Las primeras se extinguen con una
actividad que significa el cumplimiento de la obligación de hacer. Las
segundas, “de tracto sucesivo”, tienen cierto grado de perdurabilidad;

59. - 59 -
comprendiendo las continuadas, que son aquellas en las que el hacer
debido se prolonga ininterrumpidamente en el tiempo, y las periódicas,
que son aquellas que, a pesar de poder ser cumplida en un solo acto, su
realización se fracciona en el tiempo.
3- De servicio y de obra: Mientras las primeras recaen sobre una
prestación de actividad mensurable pero independientemente del
resultado, y se toma en cuenta el trabajo en sí, en las segundas se tiene
como finalidad la realización de un determinado resultado.
NORMATIVA.
Las obligaciones de hacer presentan los mismos efectos que hemos
visto para toda obligación; por ello podemos distinguir los que se dan
con respecto al acreedor de los que existen con relación al deudor.
Los efectos de las obligaciones de hacer con relación al acreedor
pueden clasificarse en principales y secundarios, siendo los primeros
comprensivos de los normales y de los anormales. (ver pag. 2, bol. IV)
Cumplimiento específico.
Todo acreedor de una actividad tiene derecho a que el deudor cumpla
específicamente esto es in natura.
Art. 625: El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un
tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara.
Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal
hecho.
El pago por tercero puede ser resistido por el acreedor “si hubiere
interés en que fuere ejecutado por el propio deudor” (art. 730)
Tiempo.
La prestación debe ser cumplida en tiempo propio, es decir en el
estipulado por las partes, ya sea expresa o tácitamente.
Modo.
La obligación debe ser cumplida en la forma establecida por las partes;
en su defecto, según la intención que tuvieron al contratar. (art. 1198)

60. - 60 -
El modo de cumplimiento tiene especial importancia en este tipo de
obligación, por cuanto puede ocurrir que en algunos casos ciertas
circunstancias del deudor hayan impulsado al acreedor a contratar.
MAL CUMPLIMIENTO.
El hecho debe ser realizado por el deudor en la forma debida, en caso
contrario el acreedor puede tenerlo por no hecho, o pedir la destrucción
de lo mal hecho.
No obstante no puede considerarse que ante cualquier falla en el
cumplimiento, el acreedor pueda ejercer ese derecho que le acuerda la
ley:
1- Cuando el cumplimiento es tardío, el acreedor no puede rechazar el pago
que el deudor quiera efectuar, si éste además resarce los daños
mortuorios que ocasiona su tardanza; solo podrá hacerlo cuando el
cumplimiento extemporáreo carezca de interés para él.
2- Si el cumplimiento es defectuoso por presentar fallas que no revisten
suficiente importancia, el acreedor no puede pretender el rechazo o la
destrucción de lo hecho, sino que su derecho se limita a solicitar que
sean subsanadas las deficiencias.
Cuando sea procedente la destrucción de lo mal hecho, será a exclusivo
cargo del deudor, no pudiendo el acreedor llevarla a cabo sin previa
autorización judicial.
EJECUCIÓN DIRECTA.
Si la obligación de hacer no es cumplida espontáneamente por el
deudor, el acreedor puede exigir su ejecución forzada a no ser que fuese
necesaria la violencia contra la persona del deudor; trátese de un hacer
fungible o no fungible. Ello no obsta a que el acreedor solicite la
imposición de astreintes, ni a que actúen los efectos normales previstos
a su favor.

61. - 61 -
EJECUCIÓN POR OTRO.
El acreedor tiene también la posibilidad de hacerla ejecutar por un
tercero a costa del deudor.
Art. 630: Si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a
ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o solicitar los perjuicios e
intereses por la inejecución de la obligación.
Este principio vale siempre y cuando no se hayan tenido en cuenta,
para la elección de la persona del deudor, sus cualidades personales,
industria o arte.
El acreedor tiene la facultad de hacer ejecutar el hecho por otro, ante
el incumplimiento del deudor, puede inclinarse por la ejecución forzada
de la obligación o, directamente, por la indemnización.
Salvo los casos de extrema urgencia, para hacer ejecutar el hecho por
otro el acreedor debe solicitar autorización judicial, con lo cual podrá
obtener del deudor el reembolso de lo que ha abonado al tercero, ya que
el juez determina el costo de la obra, sino solicitó la venia judicial, podrá
reclamar el reembolso de lo gastado, pero correrá el riesgo que el juez
dictamine menos de lo gastado por considerar el monto excesivo.
Además del reembolso de lo abonado al tercero, el acreedor puede
demandar al deudor por daños y perjuicios ocacionados por la demora
en el cumplimiento de la obligación.
IMPOSIBILIDAD.
En el supuesto de que el cumplimiento de la obligación de hacer sea
imposible sin culpa del deudor, “la obligación queda extinguida para
ambas partes y el deudor debe volver al acreedor lo que en razón de ella
hubiere recibido” (art. 627). Dicha imposibilidad debe ser sobreviniente
al nacimiento de la obligación.
Si el deudor se halla en estado de mora cuando se produce el evento
fortuito que torna imposible el pago de la obligación, debe resarcir
daños. Si el moroso es el acreedor, él responde por los daños causados
al deudor.

62. - 62 -
OBLIGACIONES DE NO HACER.
NORMATIVA, CASOS, IMPOSIBILIDAD, DESTRUCCIÓN, INDEMNIZACIONES.
Las obligaciones de no hacer son aquellas en las que la prestación
debida es un hecho negativo, consistente en una abstención.
Se encuentran reguladas en general, y siempre que les fueran
compatibles, por los principios que gobiernan las obligaciones de hacer.
Se pueden distinguir:
1- In no faciendo e in patiendo: (no haciendo y tolerando) Las primeras
significan una pura abstención; las segundas consisten en tolerar que
otro haga.
2- Instantáneas y permanentes: las instantáneas obligan a abstenerse
en un solo acto, mientras que las permanentes muestran cierta
perdurabilidad, pudiendo ser continuadas o periódicas.
Cumplimiento voluntario:
El deudor cumple espontáneamente la obligación de no hacer
absteniéndose de realizar el hecho en tiempo propio y del modo que fue
intención de las partes que se llavara a cabo la inactividad. (art. 625)
Distinción: 1) Si se trata de una obligación de no hacer “instantánea” y
el deudor hace lo que no debía, promedia inejecución absoluta y
definitiva y queda en mora automáticamente; pero 2) Si la obligación de
no hacer es “permanente”, la realización de uno de los actos que debió
omitir puede no comportar tal inejecución absoluta y definitiva.
(prometió suspender una actividad que venía realizando y, no obstante,
continuó con ella durante cierto tiempo para luego cesar)
Ejecución forzada.
En caso de que el deudor incumpla culposamente la obligación,
realizando el hecho del que debía abstenerse, el acreedor “tendrá
derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho” (art. 630)

63. - 63 -
Pero no siempre es viable el cumplimiento forzado, por cuanto también
rige el principio de que no es posible, para conseguirlo ejercer violencia
física sobre su persona. (No podría compeler a un acto, que
comprometió su actuación exclusiva en un teatro, a no realizar
presentaciones en otro, por cuanto para ello sería menester ejercer
violencia física sobre su persona; pero sí podría ejecutarse forzadamente
la obligación de no instalar un negocio en las inmediaciones, ya que si
ello ocurriera el acreedor podría obtener su cierre en forma compulsiva.)
Además la destrucción de lo hecho, a veces puede ser improcedente,
como cuando, el interés dela creedor no es suficientemente importante
como para que prevalezca sobre el interés social.
Ejecución por otro.
El acreedor tiene derecho a reclamar “que se le autorice para destruir lo
hecho a costa del deudor”.
Al igual de o que ocurre en la obligación de hacer el acreedor debe
pedir autorización al juez para llevar a cabo, por sí o por un tercero, la
destrucción de lo hecho, a costas del deudor.
Responsabilidad por incumplimiento.
En el supuesto de que no fuere posible destruir lo que se hubiese
hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que
le trajere la ejecución del hecho. (art. 634) No es otra variante que la
consagrada por el artículo 505, inc. 3º; dicho efecto anormal también se
presenta si la ejecución forzada de la obligación no es posible en razón
de que para ello habría que ejercer violencia física contra el deudor.
Imposibilidad,
Si el cumplimiento de la obligación se torna imposible sin culpa del
deudor, ella se extingue para ambas partes y aquél debe restituir al
acreedor lo que hubiese recibido en razón del contrato celebrado (arts.
627, 632 y 895).