La extradición del Chapo: razones políticas, jurídicas y estratégicas

Año 14 • Número 471 • $30
Del 18 al 24 de enero de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

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La Casa de los Derechos
de los Periodistas
(CDP), AC, exige a
las autoridades de
procuración de justicia
de Michoacán investi-
gue de manera eficaz y
expedita la agresión de
la cual fue víctima el
periodista Jorge Martínez
Castañeda, director del
sitio web de noticias www.
rotativodigital.com.mx, en el
municipio de Tacámbaro,
el pasado 6 de enero,
por parte de Manuel
García Barragán, hijo
del conocido empresario
gasolinero Enrique
García.
Las y los periodistas
que conforman esta
asociación se solidarizan
con el colega Martínez
Castañeda y con los
más de 26 periodistas
agredidos en esa entidad
de 2010 a la fecha, de
acuerdo con estadísticas
de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
(CEDH). En su mayoría,
los casos se encuentran
en la impunidad porque
no se ha investigado
y sancionado a los
responsables.
Ante el clima
de impunidad que
existe en Michoacán,
particularmente en casos
de agravios a periodistas, la
CDP solicita a la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos exigir medidas
cautelares a favor de
Martínez Castañeda, para
garantizar su integridad
física y sicológica, como la
de su familia.
A más de 1 semana
de la agresión física que
originó que el periodista
recibiera atención médica
de emergencia por la
gravedad de los golpes, las
autoridades encargadas
de investigar los hechos
no han informado
sobre avances de las
investigaciones.
Con la finalidad de
combatir la impunidad,
se debe investigar a
los servidores públicos
municipales que
autorizaron la liberación
del agresor, luego de que
elementos de la Policía Vial
lo entregaron a la Policía
Municipal de Tacámbaro,
Michoacán, al mando
del presidente municipal
Mauricio Acosta Almanza.
Los hechos se
registraron el pasado 6 de
enero, cuando Manuel
García se encontró al
periodista en un lugar
público de Tacámbaro
y empezó a golpearlo,
presuntamente por
estar inconforme con
publicaciones periodísticas
en las cuales cuestiona las
actividades empresariales y
de tráfico de influencias de
su padre.
Ante estos
acontecimientos, la
Casa de los Derechos de
Periodistas, AC, condena
enérgicamente que no se
brinde al profesional de la
comunicación garantías
para salvaguardar
su integridad física y
seguridad jurídica.
Casa de los Derechos
de Periodistas
Si funcionarios
tienen bono de
riesgo, ciudadanos
también…
Muy interesante el ar-
tículo “La maniobra de
los comisionados del
Inai”. Efectivamente,
vivir en México es vivir
en zozobra, en riesgo
permanente. Usuarios
obligados de transporte
público, sin guaruras, sin
vehículos blindados, exi-
gimos también un “bono
de riesgo”; pero también
otro de ajuste salarial, otro
de desempleo, subempleo
o autoempleo; otro, por
falta de servicios públicos
municipales; otro por de-
lincuentes con uniforme y
placa oficializados… ¿Nos
lo darán? Cualquier canti-
dad es bienvenida.
Leonardo Moctezuma
Solicita más
investigaciones
Muy buen reportaje el
titulado “En PGR, 52
averiguaciones contra
casinos”. Hay que ha-
cer equipo para tener
un enorme impacto en
nuestra sociedad. Sugiero
indagar a cuánto asciende
el lavado de dinero en los
casinos; a cuánto asciende
el flujo monetario total
del narcotráfico y armas,
y en dónde se invierte, lo
lavado, tanto a nivel local
–México– como externa-
mente.
José Goti
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
INVESTIGAR AGRESIÓN A
PERIODISTA EN TACÁMBARO
EXIGEN A FISCALÍA DE MICHOACÁN

4 18 de enero de 2016
CONTENIDO
26
PORTADA
Organizaciones civiles impugnan dos recomen-
daciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal. La responsable de velar por
el cumplimiento de estos derechos en la capital
habría discriminado a población vulnerable
CDHDF VIOLA DERECHOS
HUMANOS DE POBLACIÓN
VULNERABLE: ONG
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL LA EXTRADICIÓN Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA AMENAZAS CUMPLIDAS DEL NARCO-
TRÁFICO CONTRA LAS LIBERTADES DE PRENSA Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EL LAVADO DE DINERO, KATE
DEL CASTILLO Y SEAN PENN Nancy Flores
ZONA CERO EL CHAPO, ¿MISIÓN CUMPLIDA? Zósimo Camacho
ARTÍCULOS
2016, EL AÑO EN QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PODRÍA
PRIVATIZARSE Lev Moujahid Velázquez/CSS
¿QUIÉNES Y POR QUÉ PROTEGEN A ANAYA EN LA UACM? José
Enrique González Ruiz
PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD: FRACASO MUNDIAL
Martín Esparza Flores
CORRUPCIÓN Y TERROR Víctor Lapuente Giné/CSS
EL PODER DE LA PLUMA May Carolan/IPS
3
6
8
10
12
14
18
20
22
24
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número
471, del 18 al 24 de enero de 2016- es una publicación semanal edi-
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CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO Pemex: una muerte cruel, injusta y definitiva Marcos Chávez
INTERNACIONAL La OTAN, implicada en el suministro de drogas y armas al
terrorismo Thierry Meyssan/Red Voltaire
52
60
INVESTIGACIÓN
PORTADA Acusan a CDHDF de violar derechos humanos de población vulnerable
Elva Mendoza
SOCIEDAD Privatizan tramo de Carretera Transpeninsular en Los Cabos José Réyez
LÍNEA GLOBAL Indígenas resisten imposición de hidroeléctrica brasileña Fabiana
Frayssinet/IPS
LÍNEA GLOBAL Colonialismo, vigente en 2016 Waldo Mendiluza/Prensa Latina
26
34
42
46
MISCELÁNEO
EX LIBRIS #YoSoy132, democracia, redes sociales y movimientos-red Álvaro
Cepeda Neri
PASO A DESNIVEL El show debe continuar Miguel Galindo
64
66
Fotografía de portada: Diego Simón
Sánchez/Cuartoscuro
46
52 60
34
42

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
S
on muchos los motivos y las razones para
extraditar o no a Estados Unidos a Joaquín
Guzmán Loera, alias el Chapo. Hay moti-
vos políticos, razones jurídicas, presiones socia-
les, intereses extranjeros, ambiciones económi-
cas y hasta opiniones nacionalistas y morales, en
donde algunos se inclinan porque se envíe a este
peligroso jefe del narcotráfico a una prisión esta-
dunidense y otros porque se le juzgue en México
y el gobierno federal priísta se obligue a mante-
nerlo encarcelado por muchos años.
Sin duda que en las razones jurídicas las le-
yes mexicanas permiten la extradición, esto se
ha hecho desde hace tiempo con muchos otros
narcotraficantes que se envían a Estados Uni-
dos para ser juzgados allá, circunstancia que ha
sido aprovechada por las autoridades de ese país
para obtener información de la operación de los
cárteles de la droga mexicanos y sus relaciones
económicas y de seguridad con funcionarios de
los tres niveles de gobierno, así como sus inver-
siones en empresas privadas en todas las ramas
de la economía. Además, el gobierno estaduni-
dense les exige a los narcotraficantes mexicanos
presos la devolución de parte de sus fortunas
acumuladas por el tráfico de estupefacientes y a
cambio de esa información y dinero las autori-
dades negocian la reducción de sus condenas en
prisión, algo que los narcotraficantes valoran y,
bajo presión, terminan por aceptar. Así ocurrió
con Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera jefe
del Cártel del Golfo: éste narcotraficante entre-
gó 50 millones de dólares a la administración
estadunidense.
En el terreno político, al gobierno de Barack
Obama le interesa mucho procesar a Guzmán
Loera y meterlo a prisión en su país, con lo cual
consolida su estado policiaco que ha implanta-
do en todo el mundo y envía un mensaje a los
mexicanos que es Estados Unidos el que manda
en este país, por si alguien tuviera todavía algu-
na duda. Al mismo tiempo demuestra la debili-
dad de las instituciones mexicanas y su incapa-
cidad como país tercermundista para mantener
preso a un peligroso delincuente que cometió
múltiples delitos en el territorio en donde la co-
rrupción de la justicia impide cumplir con la ley.
En las presiones sociales hay una clara divi-
sión. Unos, en su mayoría de derecha, exigen
su extradición, mientras que otra parte de la
sociedad, muchos de ellos de izquierda o sim-
plemente nacionalistas, piden que el Chapo se
quede en el país y enfrente a la justicia mexica-
na, para después meterlo en un penal con la se-
guridad de que no volverá a fugarse. Pero como
esto nadie puede prometerlo en este país, dada
la corrupción judicial y política, el gobierno de
Enrique Peña Nieto está dispuesto a entregarlo
lo más pronto posible a los gringos, como una
forma de deshacerse de un problema que le que-
ma las manos y para evitar un nuevo ridículo de
otra fuga.
Por lo pronto los abogados de Guzmán Loe-
ra han informado que darán la batalla legal para
impedir la extradición de su cliente al vecino
país, y los mismos funcionarios de la Procuradu-
ría General de la República reconocen que, de
acuerdo con los tiempos que tarda la lenta jus-
LA EXTRADICIÓN
MIGUEL BADILLO

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
ticia mexicana, pasará no menos de 1 año para
poder extraditar al Chapo a Estados Unidos.
Mi consideración es que este narcotraficante
debe permanecer en México y el sistema carce-
lario y de seguridad nacional deben obligarse a
mantenerlo preso y con vida el tiempo que aún le
quede, pues entregarlo a las autoridades estaduni-
denses sería un acto más de sumisión del gobier-
no a ese país y la renuncia de México para que
sus connacionales cumplan las leyes y quien no lo
haga que enfrente a la justicia. Renunciar a ésta
sólo por las presiones del gobierno de Obama
hace parecer a nuestras autoridades tan o más dé-
biles que otros gobiernos latinoamericanos que se
han sometido a los designios de Estados Unidos,
como ocurrió con Colombia cuando extraditaba
a los narcotraficantes más peligrosos y permitía
con toda libertad la operación de las agencias
estadunidenses en su territorio. Esto también ya
pasa en México.
Otra razón para
mantenerlo preso en
nuestro país es que la
fortuna que ha acumu-
lado producto de la in-
dustria del narcotráfico
y el crimen debe ser
incautada en estos mo-
mentos que nuestra economía atraviesa por una
severa crisis, así como investigar los bienes y las ac-
ciones que sin duda Guzmán Loera ha adquirido
en grupos corporativos que se manejan como ne-
gocios lícitos, pero que en realidad son centros de
lavado de dinero. Por un lado permitiría al gobierno
mexicano hacerse de recursos y por el otro abrir
líneas de investigaciones contra empresas e insti-
tuciones financieras que han sido utilizadas por
el narcotráfico para blanquear estos capitales sucios,
lo cual también obligaría a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores aplicar cuantiosas multas
que mucho servirían a las finanzas públicas.
Pero lo más delicado es lo que este jefe del
narcotráfico pueda decir de todas las áreas gu-
bernamentales y privadas que infiltró con base
en su poder económico corruptor, en donde sin
duda habrá funcionarios de alto nivel como ex-
presidentes, secretarios de Estado, gobernadores,
alcaldes, jefes policiales, militares de alto rango,
prominentes empresarios, líderes sindicales, legis-
ladores y uno que otro periodista o artista, como
ahora aparecen la mexicana Kate del Castillo y el
estadunidense Sean Penn.
Esta información es la que el gobierno mexi-
cano debería estar interesado en obtener y por
primera vez aplicar la justicia en el tema del
narcotráfico, pues hasta ahora sabemos sólo de
capturas de narcotraficantes que no merman en
nada su operación, pero nunca se encuentra el di-
nero que han acumulado y tampoco las redes de
complicidades que los cárteles del crimen organi-
zado han tejido a lo largo del país con políticos,
empresarios y servidores públicos. Éstos nunca
aparecen en las historias del crimen, a pesar de
que son los más beneficiados.
Puntos suspensivos... En respuesta a las reu-
niones y entrevistas que el Chapo concedió a los
actores Kate del Castillo y Sean Penn, una con
propósitos de hacer
negocios fílmicos y
otro con supuestos fi-
nes periodísticos para
la revista Rolling Stone,
información que vino
a estropear el festejo
gubernamental por la
captura del máximo traficante de drogas en el
mundo, como él mismo se autodefinió, los go-
biernos de México y de Estados Unidos abrieron
investigaciones en contra de la actriz y el actor
por considerarlos colaboradores del narcotráfico.
Según cómo avance este proceso judicial en los
dos países, se sabrá si Del Castillo y Penn fueron
utilizados –previo acuerdo– por alguna corpo-
ración estadunidense, como la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) o la oficina antinarcóticos
estadunidense (DEA), por ejemplo, para atrapar
al jefe del Cártel de Sinaloa. De lo contrario, si
las autoridades fiscales mexicanas no logran pro-
bar que el Chapo entregó dinero a los dos acto-
res como adelanto para el proyecto de la película
autobiográfica, será muy difícil que en el caso de
México se pueda enviar a prisión a Kate del Cas-
tillo, porque de Sean Penn la justicia mexicana no
podrá hacer nada.
Extraditar al Chapo sería un acto más
de sumisión del gobierno mexicano hacia
el de Estados Unidos y la renuncia de que
los connacionales cumplan las leyes
Extraditar al
los connacionales cumplan las leyes

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
E
l periódico El Mañana se publica y a muy
duras penas circula por Tamaulipas, una
de las madrigueras del narcotráfico con sus
sicarios matando a diestra y siniestra; en uno más
de los hechos de violencia extrema que acontecen
en México contra los medios de comunicación. Y
así, no solamente los funcionarios, como en Vera-
cruz (con 11 periodistas asesinados), sino también
los matones han entrado –criminales al fin–, para
que juntos impongan la censura previa y/o las eje-
cuciones tras la publicación de la información sobre
los hechos de los capos de las drogas que no tole-
ran las libertades de prensa; y cuando esa infor-
mación se ocupa de la sangrienta inseguridad que
lleva 18 años enseñoreándose del país para tratar
de impedir las liberta-
des de pensar, hablar y
escribir. El caso es que
el diario estadunidense
The Washington Post ha
dado a conocer que
el periódico El Maña-
na ha sido la principal
víctima de Tamaulipas y de todo el territorio que
ha estado sufriendo las embestidas, arrojando ya
cuatro de sus periodistas asesinados.
El pasado 12 de diciembre, para evitar repre-
salias del narco, firma el staﬀ del diario Reforma la
información publicada por el matutino estaduni-
dense, respecto a cómo El Mañana sigue siendo ob-
jeto de toda clase de amenazas de los matones de
los capos, para que este periódico se autocensure
y no publique información sobre el narcotráfico.
Tienen sometido al diario tamaulipeco a constan-
tes advertencias que, casi siempre, son de asesinar
a sus reporteros y analistas que se ocupen de los
hechos criminales de los cárteles de las drogas.
Someterse a los mensajes de los narcos es la úni-
ca opción. No hay de otra. Y en caso de que sus
editores se resuelvan por publicar la información
sobre las delincuencias, equivale a firmar la sen-
tencia de muerte de periodistas, atentados contra
los edificios y un rosario de venganzas criminales.
Parecidos casos se han dado en Sonora, Vera-
cruz, Guerrero, Oaxaca, etcétera; pero ese terro-
rismo en Tamaulipas ha llegado a su máxima
expresión. Se ha dicho con sobrada verdad que
México es un espacio donde es muy peligroso
ejercer la tarea de periodista, acosado por dos
frentes: el más criminal de los narcotraficantes y
de los funcionarios gu-
bernamentales, como
el desgobernador veracru-
zano Javier Duarte de
Ochoa o cuando estaba
Guillermo Padrés en
Sonora, o ahora mismo
en Puebla con Rafael
Moreno Valle; o en Morelos con Graco Ramírez
o en Oaxaca con Gabino Cué o en Chiapas con
Manuel Velasco, etcétera. La sangrienta inseguri-
dad que no para con su factor común, el narco-
tráfico, tiene al país en una guerra militar que no
puede con ellos, para que la población en general
sufra las consecuencias.
El matutino El Mañana ha padecido más ata-
quesqueningúnotrodiario,enelentendidodeque
la prensa escrita de todo el país es blanco constan-
te de las amenazas cumplidas de las delincuencias.
Se trata de silenciar a los medios de comunicación
AMENAZAS CUMPLIDAS DEL NARCOTRÁFICO
CONTRA LAS LIBERTADES DE PRENSA
ÁLVARO CEPEDA NERI
El periódico El Mañana ha sido la
principal víctima del narcotráﬁco en
Tamaulipas y en todo el país. Cuatro de
sus periodistas han sido asesinados
El periódico
sus periodistas han sido asesinados

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
impresos, sin que permanezcan al margen los de
radio, televisión e internet. Es una astuta campa-
ña para limar el filo de las libertades ciudadanas,
empezando por los periodistas para suprimir el
derecho a recibir información. The Washington Post
hizo bien en difundir en sus páginas la informa-
ción de los ataques que está sufriendo El Mañana,
y de paso exhibir el peligroso, sangriento y homi-
cida trance de la prensa mexicana. Sobreviven
los trabajadores de los medios, sobre todo escri-
tos, a las venganzas criminales y a las amenazas
de los narcos que no quieren que
se publiquen los hechos que, a
sangre y fuego, consuman todos
los días de Norte a Sur y de Este
a Oeste, en todas las direcciones
de la rosa de los vientos de nuestro
pobre y desvalido país.
Desde Miguel de la Madrid
(1982-1988) a Carlos Salinas
pasando por Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y
ahora Enrique Peña, el narco-
tráfico ha ido adquiriendo un
poder descomunal, logrando
con la corrupción-complicidad
de funcionarios federales la fuga
del [ya recapturado] Chapo, Joa-
quín Guzmán –multimillonario
en la lista de Forbes que encabe-
zó Carlos Slim–, para reforzar
los cárteles de la droga. Con su
insolencia y retadora actitud a
los poderes del Estado, éstos han
empeorado la inseguridad cri-
minal que vulnera las libertades
de los derechos humanos. No
hay garantías para hacerlos va-
ler en tanto los narcos encabecen
a las delincuencias, que cada
vez son más sanguinarias. Más
despiadadas. Y más dispuestas a
todo, creando una atmósfera de
miedo entre los mexicanos que
no saben para dónde hacerse.
El Mañana es un periódico
sitiado que, empero, hace todo
lo que puede para cumplir con su deber de reca-
bar información y ofrecerla a sus lectores. Contra
viento y marea se abre paso entre la negligencia de
los gobernantes tamaulipecos y las amenazas y
fuego del narcotráfico con las demás delincuen-
cias. Desde que el narcotráfico se adueñó del país
en 1982, hace ya 33 años que las libertades de los
mexicanos han estado en la mira de la pavorosa
inseguridad. Y tras 9 años de combatirla a sangre
y fuego militar-policiaco, aún no se ve para cuán-
do termine ese infierno sangriento.
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
L
a relación entre la actriz Kate del Casti-
llo, el actor estadunidense Sean Penn y el
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,
el Chapo, podría derivar en una trama de lavado
de dinero, si las autoridades mexicanas logran com-
probar que los dos primeros (o alguno de ellos)
recibieron financiamientos del líder del Cártel de
Sinaloa para la producción de una película y la
edición de un libro.
Pero para ello, deben existir documentos y evi-
dencias en los que conste que parte del producto
de la venta de drogas o demás ilícitos en los que
ha incurrido el Chapo y su grupo criminal fueron a
parar a las finanzas de los actores.
De acuerdo con
el Código Penal Fe-
deral, es el artículo
400 Bis el que san-
ciona las operacio-
nes con recursos de
procedencia ilícita.
Al respecto, éste in-
dica que se impondrá de 5 a 15 años de prisión
y de 1 mil a 5 mil días multa al que, por sí o por
interpósita persona, realice cualquiera de las si-
guientes conductas:
“I. Adquiera, enajene, administre, custodie,
posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o
reciba por cualquier motivo, invierta, traspase,
transporte o transfiera, dentro del territorio nacio-
nal, de éste hacia el extranjero o a la inversa, re-
cursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, o
“II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o
encubrir la naturaleza, origen, ubicación, des-
tino, movimiento, propiedad o titularidad de
recursos, derechos o bienes, cuando tenga cono-
cimiento de que proceden o representan el pro-
ducto de una actividad ilícita.
“[…] se entenderá que son producto de una
actividad ilícita los recursos, derechos o bienes
de cualquier naturaleza, cuando existan indicios
fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias de-
rivadas de la comisión de algún delito y no pue-
da acreditarse su legítima procedencia […].”
En el caso de los actores, ambos parecen es-
tar bastante enterados de
las actividades criminales
del líder del Cártel de Si-
naloa y de que sus finan-
zas se fundamentan en
éstas. Pero hasta ahora lo
único comprobable de su
relación con él es la entre-
vista que le hacen para la revista Rolling Stone.
Todo lo relacionado con una supuesta socie-
dad para realizar un filme y un libro autobiográ-
ficos son trascendidos que, aunque basados en
comunicaciones escritas, no son evidencias de
lavado, y las autoridades sólo pueden dar crédito
a hechos comprobables. Por ello, serán las auto-
ridades hacendarias, en particular la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, quienes encabecen esta
línea de investigación, pero con la colaboración
de Estados Unidos, pues Kate del Castillo tam-
EL LAVADO DE DINERO,
KATE DEL CASTILLO Y SEAN PENN
NANCY FLORES
Si la PGR quiere imputar el delito de
lavado a Del Castillo y Penn tendría que
demostrar que los actores fueron contra-
tados y pagados por el Chapo Guzmán
Si la PGR quiere imputar el delito de
Guzmán

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
bién radica en ese país.
El asunto resulta bastante complejo: si las au-
toridades quieren imputar este ilícito tendrían
que demostrar que los actores fueron contrata-
dos y pagados por el capo de las drogas. Pero
hay que recordar que los criminales recurren al
dinero efectivo, no firman contratos y suelen ser
expertos en ocultar sus finanzas.
Tan sólo en 2015, el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos estimó que los cárteles
mexicanos lograron legalizar al año entre 6 mil
millones y 39 mil millones de dólares; es decir,
entre 102 mil millones y 663 mil millones de pe-
sos, a un tipo de cambio de 17 pesos
por dólar (informe National money laun-
dering risk assessment 2015).
Dinero que, por supuesto, pasó
directo a sus arcas sin ser decomisa-
do por las autoridades, pues para este
delito existe una gran impunidad.
Ejemplo de ello son los resultados pu-
blicados por el Tercer informe de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, en
el que se destaca que la Procuraduría
General de la República (PGR) sólo
logró asegurar 966.9 millones de pe-
sos, frente a los miles de millones de
pesos lavados por los narcotraficantes.
En el caso de las averiguaciones
previas, tampoco hay grandes golpes al
narcotráfico: el informe indica que se
iniciaron 202 averiguaciones previas;
se despacharon 135 averiguaciones; se
consignaron 56; se declararon 17 incom-
petencias; se declaró el no ejercicio de
la acción penal en 24 casos; la reserva en otros
16; se acumularon 21; se libraron 35 órdenes de
aprehensión; se iniciaron 15 procesos penales; se
ejercitó acción penal contra 189 personas; se dic-
taron 14 sentencias condenatorias; se detuvieron
a 15 personas y se desarticuló, según la informa-
ción oficial, a una organización delictiva.
Así que la “amenaza” de la investigación
abierta en la PGR en contra de los dos acto-
res podría quedar sólo en eso, como quedan la
mayoría de los casos que investiga en torno a la
delincuencia organizada. Y es que como lo he
documentado, entre diciembre de 2012 y enero
de 2015, la Procuraduría sólo integró 2 mil 803
averiguaciones previas por delitos del crimen
organizado (Contralínea 455, http://contralinea.
com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/20/cri-
men-organizado-impune/).
De éstas, sólo 84 correspondieron a delitos
contra la salud o narcotráfico, refiere la informa-
ción de la PGR, obtenida por medio de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental.
Respecto del combate al lavado de dinero, la UIF
tampoco tiene grandes logros. Del 11 de octubre
de 2012 al 14 de mayo de 2015, ésta presentó
202 denuncias ante la PGR por el presunto de-
lito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita. De éstas, refiere Hacienda en la respuesta
a la solicitud 0000600216115, 190 derivaron en
averiguaciones previas; sólo 11 casos fueron con-
signados y en uno se determinó el no ejercicio de
la acción penal.
Así que tanto Kate del Castillo como Sean
Penn pueden estar tranquilos. Sería una verdade-
ra sorpresa que la Procuraduría pueda fincarles
este delito.
CECILIAMARTÍNEZ

ZONA CEROOPINIÓN
¿A
qué salió Joaquín Guzmán Loera, el
Chapo, de la prisión de máxima segu-
ridad hace 6 meses? ¿A reunirse con
artistas que viven en Estados Unidos y darles in-
formación de sus actividades y, acaso, sus relacio-
nes políticas? Eso mismo se habrán preguntado en
las altas esferas del gobierno mexicano. Así que
fueron por él y lo regresaron al Centro Federal de
Readaptación Social 1, El Altiplano.
Desde la primera vez que este gobierno lo cap-
turó (el 22 de febrero de 2014), el Chapo ya era
el criminal más poderoso del país y, formalmente,
el más buscando tanto por las autoridades mexi-
canas como por las estadunidenses. Entonces el
hecho fue, como ahora, aprovechado con encen-
didos discursos para promover la “confianza”, la
“honestidad” y el “profesionalismo” de las fuerzas
castrenses y policiacas mexicanas. Pero hasta ahí.
De la más reciente detención, ocurrida el pasa-
do 8 de enero, no sólo están las arengas: también
hay un cambio en el discurso general en el que
Guzmán Loera es ahora sí un execrable criminal,
y hasta un video editado de 15 minutos fue difun-
dido por la Secretaría de Marina para que queda-
ran claras dos cosas. La primera, la preparación
de los cuerpos de elite de infantería de la Armada
de México. La segunda, que en la Operación Cis-
ne Negro no participaron agentes estadunidenses
ni como “observadores”. Es decir, los mexicanos
lo soltaron y los mexicanos lo vuelven a detener.
No hubo “agradecimientos” a la “colaboración”
de las agencias estadunidenses como en la deten-
ción pasada. De hecho, todo el discurso de esta
nueva detención destaca la “estrecha” y exclusiva
colaboración entre las fuerzas federales mexica-
nas, tanto operativas como de inteligencia. De esta
detención nada hay que agradecer a los gringos.
Y es que, según el análisis del doctor Guiller-
mo Garduño –del que dimos cuenta en estas pá-
ginas– la fuga del Chapo Guzmán del 11 de julio
de 2014 sólo pudo haber sido concertada en los
más altos niveles del gobierno mexicano. El espe-
cialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas
considera que la liberación del Chapo, como la de
Rafael Caro Quintero (el 9 de agosto de 2013, a
menos de 1 año de que Enrique Peña Nieto hubie-
ra asumido la Presidencia de la República), tenía
la intención de apaciguar las formas del negocio
del narcotráfico.
La misión del Chapo y de Caro Quintero (pri-
mer organizador de lo que hoy es el Cártel de Si-
naloa) era someter o exterminar a la amplia gama
de organizaciones traficantes de drogas. Con ello,
reorganizar el negocio para que fuera como todo
el siglo pasado: silencioso, controlado y con bajos
niveles de violencia (aun con sus periodos de rea-
comodos que implicaban de vez en vez disputas
con ejecuciones y desapariciones).
Mientras el Chapo estuvo libre, del 11 de ju-
lio de 2015 al 8 de enero pasado, no bajaron los
niveles de violencia. Y, si bien algunos pequeños
cárteles se sometieron, la mayoría hasta la fecha
están vigentes. Encima, Guzmán Loera relajó sus
medidas, se dejó ver por ciudades de Sinaloa y, lo
peor, comenzó a hablar con posibles enlaces del
gobierno de Estados Unidos. Nunca sabremos si
lo que ha publicado Rolling Stone (tanto en su pá-
gina web como en la revista impresa) fue lo único
que el talentoso actor, director y político estadu-
nidense trató con Joaquín Guzmán. Recordemos
ZÓSIMO CAMACHO
EL CHAPO
¿MISIÓN CUMPLIDA?

ZONA CERO OPINIÓN
que según el propio Sean tuvieron una reunión
de más de 7 horas. Tampoco, si Penn y Kate del
Castillo fueron los únicos residentes de Estados
Unidos con los que habló. El gobierno mexicano
se encargó de condenar la reunión de los actores y
señalar a este hecho como el más importante para
concretar la captura.
Al parecer quien no cumplió con su parte fue
Guzmán Loera. Y ahora sí ha caído en desgracia
porque difícilmente el gobierno federal actual de-
jará que se le escape de nuevo.
Apenas fue detenido, se especulaba en los me-
dios de comunicación que en los próximos días
podría estar en una
cárcel de Estados
Unidos. Los pro-
pios estadunidenses
han señalado que,
luego de la fuga, el
gobierno mexicano
había quedado tan
mal parado que una
vez recapturado se
lo enviarían inme-
diatamente. El 9 de
enero la Procuradu-
ría General de la Re-
pública incluso dijo
que estaba dispuesta
a dar celeridad a los
procesos solicitados
por las autoridades
estadunidenses. Dos
días después se infor-
mó que, por los amparos ganados en tribunales,
Guzmán Loera podría demorar la extradición 1
año. Al día siguiente se dijo que tales procesos po-
drían alargarse 5 años… o más.
Si algo no quiere el gobierno de Peña Nieto
es otorgarle a los estadunidenses un mecanismo
de presión más. Y si el Chapo hoy no está libre es
porque no cumplió con su misión.
Fragmentos
Las extradiciones de presos mexicanos a Es-
tados Unidos comenzaron tibiamente en 1995, el
primer año de gobierno de Ernesto Zedillo. En
aquel año, y bajo fuertes críticas por la tutela que
se le otorgaba a los extranjeros, se enviaron cuatro
presos. Cada año subsiguiente se extraditaron 13,
13, 12, 14 y 12, respectivamente. Para 2001, pri-
mer año de gobierno panista, la administración
de Vicente Fox envió a 17 connacionales, luego
enviaría 25, 31, 34, 41 y 63. Y ya en uno de los se-
xenios más subordinados a los gringos, el de Felipe
Calderón, se enviaron cada año 83, 95, 107, 94,
93 y 115. Para 2013, ya en el gobierno de Peña
Nieto, se enviaron 54; se extraditaron 66 en 2014,
y según información de la periodista Nidia Marín,
publicada en El Sol
de México el pasado 4
de octubre, al menos
49 presos mexicanos
fueron extraditados
a Estados Unidos el
año pasado… Ayer
dos caravanas de pa-
dres de familia de los
43 estudiantes desa-
parecidos en los he-
chos de Iguala salie-
ron a recorrer el país.
Hasta el jueves 28
concluirá este nue-
vo recorrido de bús-
queda y de reunión
con organizaciones
sociales para que se
sumen y no decaigan
la exigencias de pre-
sentación con vida de los muchachos y castigo a
los responsables que por comisión y omisión están
involucrados en ese crimen de Estado. La carava-
na Norte saldrá de la Escuela Normal Rural de
Saucillo, Chihuahua, y recorrerá regiones de este
mismo estado y de Coahuila, Durango, San Luis
Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán.
La caravana Sur saldrá de la Escuela Normal Ru-
ral de Mactumactzá, Chiapas, y además de zonas
de esta entidad, también andará de Oaxaca, Pue-
bla, Tlaxcala, Morelos, el Distrito Federal y Que-
rétaro. Admirable la tenacidad y fortaleza de estas
familias pobres.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l sistema mundo que estamos viviendo en
la actualidad es producto de varios siglos
de acumulación de capital y transferencia
de valores; los medios e instrumentos de produc-
ción con los que se realiza cada mercancía se van
sofisticando cada vez más, como también las for-
mas de organización y explotación de la fuerza
de trabajo. La revolución industrial no hubiese
sido posible sin el previo despojo del territorio de
América, sin el saqueo de sus recursos naturales
y materias primas, sin la explotación humana en
diversas formas de servidumbre y esclavitud.
Del mismo modo, la hipertecnologización del
capitalismo contemporáneo es parte de este lar-
go proceso de acumu-
lación y transferencia
de valores que ha he-
cho posible la revolu-
ción de las tecnologías
en la información, la
comunicación y la ro-
bótica, pero que tam-
bién demanda formas
nuevas de organización del trabajo, habilidades,
destrezas y conocimientos que deben portar los
trabajadores para reproducir el capital a partir
de estos mismos contextos y avances tecnológi-
cos.
Hoy las grandes empresas que controlan la
economía mundial y supeditan la política a sus
intereses particulares han encontrado en el uso
y producción de nuevas tecnologías digitales –no
sólo aplicadas en herramientas para la comuni-
cación y el conocimiento, también en los auto-
móviles, sistemas de lavado de ropa o hasta en los
servicios privados de escaneo de “fotomultas”,
por citar algunos ejemplos concretos– una vía rá-
pida para acrecentar sus descomunales fortunas.
La innovación, la información y el conoci-
miento se han convertido en elementos funda-
mentales para dinamizar los procesos producti-
vos, pero también han acelerado el ﬂujo vertigi-
noso de las mercancías. La lógica inducida en la
sociedad es el hiperconsumo: ya no se les concibe
como algo acumulable, sino desechable; ahora
induce a comprar y cambiar el teléfono celular
o la tableta digital en el menor tiempo posible.
Es en este contexto del capitalismo mundial
donde se sitúan las re-
formas educativas de
la globalización eco-
nómica, no es para
nada fortuito que en
México, después de 3
años de la modifica-
ción constitucional al
Artículo 3 y la ausen-
cia de un modelo educativo como resultado, re-
aparezca la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para anun-
ciar en voz del secretario de educación Aurelio
Nuño, ahora sí, el nuevo proyecto de educación
para nuestro país.
Lejos de atender el interés público de la na-
ción, el anunciado proyecto de educación res-
ponde a las necesidades de los grandes consor-
cios económicos que plasmaron sus intereses en
la Ley de Competitividad publicada en enero
LEV MOUJAHIDVELÁZQUEZ BARRIGA, DOCTOR EN PEDAGOGÍA CRÍTICAY EDUCACIÓN
POPULAR; MIEMBRO DE LA COORDINADORA NACIONAL DETRABAJADORES DE LA EDUCA-
CIÓN EN MICHOACÁN
2016, EL AÑO
EN QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PODRÍA PRIVATIZARSE
Lejos de atender el interés público,
el proyecto de educación que promue-
ve Nuño responde a las necesidades de
los grandes consorcios económicos
Lejos de atender el interés público,
los grandes consorcios económicos

ARTÍCULO OPINIÓN
de 2015 y que tiene como uno de sus objetivos
primordiales “dinamizar la inversión pública,
privada y social en infraestructura, capital hu-
mano, capacitación laboral, formación de com-
petencias de emprendedores y trabajadores y el
establecimiento de mecanismos que fomenten
la productividad laboral; el impulso al empren-
dimiento y escalamiento productivo y tecnológi-
co de empresas; la investigación y desarrollo, así
como la innovación aplicada”.
Es aquí donde el sistema educativo adquiere
sentido para los grandes empresarios, de modo
que lo que se presentará este 2016, será lo mis-
mo que están impulsando los organismos finan-
cieros internacionales en materia educativa y
que han llamado modelo STEM, por sus siglas
en inglés o CTIM en español, y que se refiere
al desarrollo de la ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas aplicadas al mejoramiento
de la productividad y el aumento de las ventas,
respondiendo precisamente a lo que demandan
las empresas inmersas en el capitalismo de base
cognitiva y que advierten en el conocimiento, la
información y la innovación el derrotero para su
rápida expansión y crecimiento económico.
Según las proyecciones de la OCDE en “Po-
líticas prioritarias para fomentar las habilidades
y conocimientos de los mexicanos para la pro-
ductividad y la innovación”, emitido en mayo de
2015, lo que llevará a México por el camino del
crecimiento a la par de los países más desarrolla-
dos es el impulso de economías de valor agregado,
como la economía digital, para lo cual se nece-
sita transferir tecnologías a través de la inversión
extranjera en la industria de los electrónicos, las
comunicaciones y los transportes, eso explica la
cantidad tan considerable que han destinado
para estos dos últimos sectores en el presupuesto
aprobado para 2016.
Advierten un gran potencial de consumidores
de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, dado que México está entre sus países
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
miembros con menor penetración de banda an-
cha y fija, así como de adultos que usan internet,
pero también de menor proporción de empresas
involucradas en ventas electrónicas; sin embargo,
éste es un campo abierto que tiene dificultades
para encontrar mano de obra con las competen-
cias necesarias.
En medio de este escenario económico, lo
previsible para el futuro de la educación, al me-
nos en el discurso exacerbado de la elite surrea-
lista que dibuja un México siempre glorioso, en-
filado irreversiblemente al progreso de la globa-
lización, es que los maestros del entreguismo dispon-
gan de nuestro sistema educativo, sobre todo en
educación media y superior, para la formación y
capacitación de mano de obra tecnificada.
Hablamos de competencias digitales, organi-
zacionales, comunicativas, lógico matemáticas,
innovadoras y emocionales, que conjuntamente
componen lo que se concibe como “capital hu-
mano”; no es un gasto,
sino una inversión en
conocimientos, habili-
dades y destrezas que
para el empresario se
traducirán en mayor
competitividad; inno-
vación en la produc-
ción, mercadotécnica y venta rápida de las mer-
cancías.
Las expectativas, sin embargo, podrían ser
peores para los estudiantes: la OCDE reconoce
que no toda la demanda de empleo requiere de
altas competencias, la verdad es que las empresas
mexicanas tienen entre su top ten de reclutamien-
to de empleados las siguientes categorías: repre-
sentantes de ventas, secretarias, asistentes, perso-
nal administrativo, obreros y recepcionistas, que
se refieren a empleos casi siempre precarizados
y que tendrán que capacitarse en conocimien-
tos mínimos desde la escuela pública, de ahí la
necesidad de monitorear competencias escuetas
desde la educación básica, a través de exámenes
estandarizados.
El renovado proyecto educativo que se presen-
tará este 2016 reforzará los mecanismos de pri-
vatización. Aunado a la “autonomía de gestión”,
es decir, la descentralización del financiamiento
educativo hasta llegar a la base del núcleo fami-
liar y de cada centro escolar, seguirán embargán-
dose por décadas los presupuestos educativos de
la federación por endeudamiento público, a tra-
vés de los bonos de infraestructura que, junto a la
compra de tabletas digitales sin programa peda-
gógico, implican de facto el tránsito de recursos
públicos hacia el sector privado y no nos extrañe
ver entre los beneficiarios de las licitaciones a las
empresas constructoras y de las telecomunicacio-
nes predilectas del peñanietismo.
No descartemos otras desviaciones para la ca-
nalización de recursos públicos so pretexto de la
educación digital, como la renta de plataformas
virtuales al estilo de los convenios ya realizados
para la capacitación laboral con el magnate de las
comunicaciones Carlos Slim, así como la inversión
en I+D, investigación y desarrollo, para transferir
ciencia y tecnología producida en instituciones
públicas, pero aplicada
en las empresas priva-
das; otras opciones son
el pago condicionado
de las becas de Pros-
pera a la culminación
de estudios relaciona-
dos con el CTIM o las
becas-crédito a través de préstamos de bancos
particulares que cobrarán por sus intereses media
vida laboral del trabajador profesionista.
En estos momentos, demandar una consulta
nacional incluyente sobre la educación que ne-
cesita el pueblo mexicano parecería contradic-
torio, porque sabemos que no es el diálogo sino
la represión el rostro que el Estado y los empre-
sarios han mostrado para imponer la reforma
educativa. Sin embargo, también es cierto que
es necesario porque detonaría la movilización de
la conciencia crítica organizada, evidenciando la
ausencia de un proyecto nacional de educación
emanado desde la ciudadanía, cohesionaría la
pluralidad de posturas antagónicas al proyecto
neoliberal y fortalecería las experiencias alterna-
tivas, que sin reconocimiento oficial, construyen
desde abajo la escuela para la emancipación so-
cial.
La autonomía de gestión es en rea-
lidad la descentralización del ﬁnancia-
miento educativo hasta llegar a la base
del núcleo familiar y de cada escuela
La autonomía de gestión es en rea-
del núcleo familiar y de cada escuela

ARTÍCULOOPINIÓN
N
os llegó por internet una carta que el
12 de julio de 2009 presentó Federico
Anaya Gallardo al Consejo de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de San Luis
Potosí (CEDH-SLP), en la que renunció a la Se-
cretaría Técnica de ese organismo. Como siem-
pre, utilizó un subterfugio al pedir: “[Se me ]
releve de mi cargo por estar imposibilitado para
cumplir mis obligaciones legales…”, en lugar de
renunciar lisa y llanamente. Ya ponía en sus es-
critos, antes de su nombre, la frase “Salud y Re-
pública” (que después impuso en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México –UACM– , al
ser nombrado encargado de la Oficina del Abo-
gado General), junto
con un sello particular.
Destaca de inme-
diato que la dirigió al
Consejo de la CEDH-
SLP y no a su presi-
dente. Y no se piense
que fue un error, pues
en el texto de la misiva se advierte que dicho
funcionario realmente lo despidió por haber-
le perdido la confianza. Y es que el ciudadano
Anaya distribuía información en las sesiones del
Consejo, desacatando las indicaciones del pre-
sidente de la Comisión y atendiendo a lo que le
sugerían algunos consejeros (parecido a lo que
ahora hace con el rector en la UACM). Por ello,
fue acusado de falta de lealtad e invitado a re-
nunciar. Da la impresión de que grillaba al pre-
sidente en complicidad con algunos consejeros.
Claro que él no aceptó que estaba actuando
mal, sino que culpó al presidente y al Consejo de
no colaborar respetuosamente “y siguiendo de
buena fe el marco legal”. Como secretario téc-
nico, se atribuyó la facultad de juzgar a quienes
tenían responsabilidades de fondo en la CEDH-
SLP. Y por eso se movió a discreción.
Un laudo que cuesta
casi 8 millones
Recientemente, y después de que los intere-
sados tramitaron un juicio de amparo, la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje dictó un lau-
do en el que condenó a la UACM a pagar casi
8 millones de pesos
como indemnización
por el despido injusti-
ficado de tres trabaja-
dores del área jurídica,
que es precisamente la
que dirige el ciudada-
no Federico Anaya. Es
mucho dinero para una institución pública de
educación superior.
¿Cómo es que creció tanto el monto de esa
condena? Seguramente por acciones de alarga-
miento del juicio, atribuibles a las partes litigan-
tes. Casi con seguridad puede afirmarse que fue
la parte patronal –o sea el encargado general
de la Oficina del Abogado– quien se dedicó a
chicanear el asunto para fatigar y/o aburrir a su
contraparte. Porque no es normal que los traba-
jadores prolonguen sus propios juicios.
Hay quienes piensan que hay gato encerrado y
que las autoridades de la Junta Laboral tienen la
¿QUIÉNES Y POR QUÉ
PROTEGEN A ANAYA EN LA UACM?
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje condenó a la UACM a pagar casi
8 millones por el despido injustificado
de tres trabajadores del área jurídica
La Junta Local de Conciliación y Ar-
de tres trabajadores del área jurídica

ARTÍCULO OPINIÓN
consigna de dañar a la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México. Esto no es creíble, pues
no aportan elementos de juicio para apoyar esa
aseveración.
Un extraño acuerdo
en debate
El Consejo Univer-
sitario de la UACM
decidió analizar en
una sesión próxima la
permanencia de un ex-
traño acuerdo: el que
dictó el Tercer Conse-
jo ordenando que no
se remueva a Federico Anaya de la Encargaduría
General de la Oﬁcina del Abogado hasta que se
realicen otras hipótesis que nada tienen que ver
con el tema de su designación. De facto, le dieron
inamovilidad y un poder que le permite actuar
sin tomar en cuenta al rector. Eso coincidiría con
lo que hacía en la CEDH-SLP.
El debate va a ser interesante, porque por
ﬁn sabremos quién propuso ese extraño acuer-
do y cuáles fueron sus razones (tan poderosas,
que convenció al Tercer Consejo de aceptarlas).
También nos enteraremos si hubo o no voces
discordantes en aquella ocasión.
El proyecto académico-político de la UACM
es sumamente avanzado, pero requiere ajustes.
No es lógico ni razonable que el rector no pueda
designar o proponer si-
quiera a sus colabora-
dores más inmediatos.
Eso atenta contra el
trabajo en equipo que
debe haber en los ór-
ganos administrativos
e impide la construc-
ción de un sólido liderazgo académico que lleve
a la institución a buen puerto. Hoy la adminis-
tración de la UACM se asemeja a una orquesta
sin director.
Un buen comienzo sería la abrogación del
acuerdo que declara inamovible a Federico Ana-
ya Gallardo.
El proyecto académico-político de la
UACM requiere ajustes: no es razonable
que el rector no pueda designar o pro-
poner siquiera a sus colaboradores
El proyecto académico-político de la
poner siquiera a sus colaboradores
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
A
2 décadas de haberse iniciado en todo
el mundo el proceso de privatización de
las empresas públicas de electricidad, los
resultados difieren con las promesas hechas a mi-
llones de personas, sobre todo de escasos recur-
sos: salvo contadas excepciones, las tarifas no han
bajado ni el servicio ha mostrado mejorías y, por
el contrario, como sucedió en octubre pasado en
Buenos Aires, Argentina, las fallas en el suministro
por la baja calidad en el servicio ocasionada por
la disminución de costos sumió en el caos a más
de 250 mil usuarios, como ya había ocurrido con
el colapso eléctrico registrado entre octubre y di-
ciembre de 2001, en California, Estados Unidos,
por la firma Enron que ocasionó racionamientos y
costosos apagones a miles de consumidores.
Todos los procesos tienen como directriz glo-
bal las políticas impuestas de manera unilateral
por organismos como el Banco Mundial (BM) y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues en
ningún país donde se han echado a andar tales
reformas los ciudadanos han podido expresar su
opinión o al menos han sido consultados. Sus go-
biernos han actuado inclusive al margen de sus
propias leyes para imponer un modelo que ahora
debe revisarse a fondo por los altos costos sociales
y económicos que ha implicado para decenas de
naciones, pues los ganadores han sido unas cuan-
tas empresas trasnacionales que, amparadas en la
ausencia de mecanismos de regulación, han im-
puesto las reglas del mercado a su conveniencia.
Por todo el orbe, esta ola privatizadora de
un servicio tan básico y elemental como lo es la
electricidad es la muestra de que los intereses de
las mayorías que debían ser salvaguardados por
los gobiernos han sido desplazados por el interés
comercial de los particulares, las multinacionales,
que no conformes con causar un grave quebran-
to a la economía de los que menos tienen han
atentado contra los derechos laborales de miles
y miles de trabajadores de este sector que a nivel
mundial han perdido derechos, como la estabili-
dad en el empleo y otras prestaciones más, al ser
desplazados por personal sin experiencia técni-
ca ni sindical, avasallados además por la ilegal
autorización de contratos laborales más flexibles
como las tercerizaciones.
Países como Estados Unidos, Inglaterra o
Australia, que forman parte de la lista de nacio-
nes desarrolladas que echaron a andar la privati-
zación de sus corporaciones públicas de electrici-
dad, son hoy el claro ejemplo de que la realidad
actual dista mucho de la bonanza esperada, sur-
giendo en algunos casos, como en la unión ame-
ricana, un verdadero caos en el mercado mino-
rista que se dedica a vender electricidad sin con-
trol alguno en perjuicio de millones de personas.
Y si bien en Inglaterra como en otras naciones
se han registrado algunas disminuciones en las ta-
rifas, éstas han sido en beneficio de los grandes
consumidores pero no así para los usuarios do-
mésticos y pequeños comerciantes o empresarios,
además de que tales reducciones han obedecido
no a un mejor funcionamiento del sector en
manos de particulares sino a factores como la dis-
minución en los precios de los combustibles con
FRACASO MUNDIAL
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
que funcionan diversas plantas de generación.
La imposición del modelo de privatización de
la electricidad ha tenido efectos por demás
desastrosos en países como Brasil, claro ejemplo
de cómo las empresas privadas terminaron devas-
tando un sistema eficaz y confiable que operaba
plantas hidroeléctricas de bajo costo en manos
del Estado, pero que al pasar a manos extranjeras
derivaron en la prestación de un servicio precario
pero costoso sobre todo por la falta de inversión
en nuevas infraestructuras, lo que ha colocado los
precios de la electricidad en la nación suramerica-
na por encima de los que aplican en los países del
primer mundo.
Otro fracaso evidente es el que se registró en
la India, donde el Banco Mundial impuso la crea-
ción de la figura de los productores independien-
tes de electricidad (PIES), muy similar a la que
por cierto ha operado en México desde hace más
de 1 década. Esquema bajo el cual empresarios
privados llegaron a un
acuerdo con el gobier-
no de aquel país para
construir una nueva
central, misma que al
quedar bajo control
y libre albedrio de los
particulares impuso al-
tas tarifas que una población mayoritariamente
pobre no pudo pagar.
Debido a los desventajosos contratos firmados
por las autoridades de la India, al Estado no le que-
dó de otra que comprarles la energía generada a
precios elevados y en cantidades muy por encima
de los requerimientos de la sociedad, llegándose a
tal insolvencia que la planta terminó cerrándose,
derivando en una demanda del consorcio por el
incumplimiento del gobierno de aquel país. La re-
ceta impositiva del Banco Mundial le trajo así más
perjuicios que beneficios a la expoliada nación.
En Estados Unidos abundan también los
ejemplos del fracaso de la privatización de la elec-
tricidad, donde los precios tampoco han repre-
sentado un beneficio directo para sus habitantes.
Por mencionar un caso, en Texas, en los primeros
años de la desregulación en 2002, el precio resi-
dencial de la electricidad subió siete veces por en-
cima del precio anterior a la implementación de
la medida, llegándose al extremo que de 2002 a
2004 los usuarios enfrentaron un incremento del
43 por ciento.
En la unión americana se está registrando
un fenómeno surgido al amparo de la falta de
regulación donde las llamadas empresas mino-
ristas, que a final de cuentas compran la energía
a las firmas mayoristas, están defraudando a mi-
llones de usuarios al venderles falsas promesas
de mejor servicio y baja de tarifas mediante la
utilización del telemarketing. Enganchados por
la publicidad, los consumidores aceptan firmar
con estas empresas, abandonando sus contratos
con las contadas empresas púbicas para llevarse
después sendos chascos al corroborar notorios
incrementos en sus recibos.
A diferencia de las compañías públicas, las
privadas no tienen que justificar ante los consu-
midores la necesidad de incrementar sus tarifas;
es decir, que la des-
regulación les otorga
manga ancha para hacer
cuanto les venga en
gana con las necesida-
des de sus clientes. Y
todo gracias a la uti-
lización de los trucos
publicitarios. ¿Sucederá algo similar en México
en los años por venir?
Esta creciente captación del mercado de con-
sumidores por estas empresas estadunidenses ya
ha creado un franco desconcierto en las propias
autoridades al grado de que en 2013 el fiscal ge-
neral de Nueva York debió informar a la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos que el 91.5 por
ciento de los consumidores de bajos ingresos del
Norte del estado se había cambiado a empresas
privadas pagando tarifas muy superiores a las que
debían sufragar con una corporación pública tra-
dicional.
Ante tal escenario global es momento de que
en todo el mundo se dé un análisis de lo negativa
que ha sido la ola privatizadora del sector eléctri-
co, pues no hay un sólo caso que hable en defensa
del modelo impuesto tanto por el BM como por
el FMI.
En Estados Unidos ya fracasó la pri-
vatización de la electricidad. Tan sólo en
Texas, los usuarios enfrentaron un incre-
mento del 43 por ciento en las tarifas
En Estados Unidos ya fracasó la pri-
mento del 43 por ciento en las tarifas

ARTÍCULOOPINIÓN
CORRUPCIÓN
D
ecía Dostoievski que no hay nada más
fácil que condenar al malhechor, pero
nada más difícil que comprenderlo. Y en
pocas ocasiones esta afirmación resulta más acer-
tada que en el caso del terrorismo yihadista. A las
elites culturales occidentales nos consuela pensar
que el motor del terror son la pobreza y la falta de
educación. Nos hemos hartado de oír sobre cómo
combatir las causas “socioeconómicas de fondo”
del terrorismo. Sin embargo, los estudios que han
investigado la relación entre pobreza y (poca) edu-
cación con terrorismo no ofrecen resultados con-
cluyentes.
Los terroristas no
suelen ser más pobres
ni tener menos estudios
que los ciudadanos de
su entorno. A veces, es
al contrario: son me-
nos pobres y están más
educados. Sin duda, la
pobreza y la incultura
no ayudan a la moderación. Sin duda, hay que
combatirlas por motivos humanitarios. Pero no
son causa necesaria ni suficiente de la radicaliza-
ción extremista.
Tiene que haber algo más. Ésa es la teoría de
Sarah Chayes, autora de Thieves of State: why corrup-
tion threatens global security (Ladrones de Estado: por qué la
corrupción amenaza la seguridad global). A través de sus
conocimientos históricos y de su experiencia en
Afganistán y en otros focos de radicalización, de
su contacto directo con ciudadanos y empleados
públicos a todos los niveles, Chayes capta lo que
se le escapa al complejo militar-intelectual encar-
gado de la lucha antiterrorista: cómo se transmite el
veneno extremista.
La corrupción como mal menor ha sido una
actitud tradicionalmente compartida en determi-
nados círculos de poder y sostenida por reputados
teóricos. Para Samuel Huntington, por ejemplo, la
corrupción podía ser un “lubricante” que facilitara
la modernización de una sociedad en transición.
Chayes narra cómo funciona ese lubricante en la
realidad. Ofrece detalles sobre cómo funcionaba
el gobierno de Karzai en Afganistán, donde no
sólo millones de dólares destinados a la recons-
trucción del país aca-
baron en los bolsillos
de unos cuantos ami-
gos, sino que el aparato
estatal acabó reprodu-
ciendo los esquemas de
una organización cri-
minal verticalmente in-
tegrada. Chayes narra
las semejanzas de Afganistán con otras “cleptocra-
cias” también aceptadas, o apuntaladas, durante
décadas, por la comunidad internacional, como
Egipto, Túnez, Uzbekistán o Nigeria. En todas es-
tas sociedades se reprodujo una fractura entre un
grupo reducido de ciudadanos de primera, con acceso
a todo tipo de privilegios, licencias y prebendas, y
una mayoría que se sentían ciudadanos de segunda.
El gobierno estadunidense sabía que gran par-
te del inmenso dinero invertido en Afganistán se
desviaba para beneficio privado de unos pocos,
pero aplicaba la lógica del economista académi-
Y TERROR
VÍCTOR LAPUENTE GINÉ, PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GOTEMBURGO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
Lo que fomenta el extremismo no
es la pobreza per se, sino la impotencia
que sienten muchos afganos ante un
gobierno corrupto, parcial e injusto
Lo que fomenta el extremismo no
gobierno corrupto, parcial e injusto

ARTÍCULO OPINIÓN
co: damos 100 millones y, aunque 80 se pierdan
en corruptelas varias, los 20 restantes llegarán a la
comunidad local en forma de, por ejemplo, pozo
de agua, escuela u hospital. Si la población es fría-
mente racional, preferirán esas infraestructuras a
nada. Con lo que acabarán agradeciendo y co-
laborando con las fuerzas ocupantes y el proceso
de democratización del país. Pero, en realidad, ni
los afganos ni nadie somos fríamente racionales.
Diversos experimentos muestran que los hu-
manos somos como los monos capuchinos que
rechazan un trozo de pepino si su compañero re-
cibe un grano de uva por hacer la misma tarea.
Tiramos las migajas que nos dan si percibimos
que otros, sin un motivo justo, se apropian de la
barra de pan.
Su experiencia de la vida cotidiana afgana le
indica a Chayes que lo que fomenta el extremis-
mo es la impotencia que sienten muchos afganos
ante un gobierno corrupto, parcial e injusto. No
es la pobreza per se, sino ver a los hijos de las fa-
milias influyentes paseándose en lujosos automó-
viles todoterreno lo que indigna a los afganos. Y
ahí es donde entran los extremistas religiosos, que
ofrecen pureza espiritual como contrapunto a una
sociedad sucia. Orden eterno frente a un mundo
injusto.
Chayes cita un estudio en el que se interrogó
a prisioneros talibanes sobre las causas que los lle-
varon al extremismo. Las motivaciones étnicas o
religiosas, incluyendo la falta de respeto al Islam, o
políticas como la ocupación estadunidense desem-
peñaban un papel secundario. El principal motivo
para muchos talibanes era la percepción de que el
gobierno afgano era corrupto.
Un sentimiento paralelo puede estar impul-
sando a muchos jóvenes a combatir por el Estado
Islámico, de Siria a las calles de París. No, los jó-
venes de las banlieues no se enfrentan a un Estado
corrupto en Francia y quizás tienen más oportu-
nidades objetivas para progresar socialmente que
los jóvenes de otros muchos países. Pero, en tér-
minos relativos (que son los que nos motivan a los
primates), se sienten ciudadanos de segunda.
Es esa percepción de injusticia, de discrimi-
nación, la que alienta la búsqueda de una pureza
espiritual. De una justicia divina. Y del infierno
terrenal que tan frecuentemente se deriva de ella.
CECILIAMARTÍNEZY123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
“¿A
usted le gustaría si alguien lo mete
en la cárcel sólo por expresar sus
sentimientos?”. De esta mane-
ra, un escolar estadunidense de 8 años le pidió al
rey Salmán, de Arabia Saudita, que no flagele al
bloguero Raif Badawi, condenado a 10 años de
prisión y a recibir 1 mil latigazos.
El delito de Badawi fue haber creado una pá-
gina en internet llamada “Liberales sauditas” que
permitía discusiones políticas y sociales de forma
anónima.
Ése fue uno de los millones de mensajes envia-
dos en nombre de Badawi en 2014 como parte
de la campaña Escribe por los Derechos, que la
organización de derechos humanos Amnistía In-
ternacional realiza todos los años.
Las cartas, correos electrónicos, mensajes de
texto, faxes y tuits enviados por cientos de miles
de personas de todo el mundo expresan su apo-
yo a las víctimas de abusos de derechos humanos,
como Badawi, y piden a las autoridades que corri-
jan sus errores.
El pasado diciembre, simpatizantes de Amnis-
tía Internacional enviaron sus mensajes de apoyo
a 12 campañas por casos de abusos contra los de-
rechos humanos. Varios de ellos ilustran el grado
al que llegan los gobiernos para reprimir la liber-
tad de expresión.
El caricaturista Anwar Zulkiflee Ulhaque, co-
nocido como Zunar, puede ir a la cárcel en Ma-
lasia por tuits que envió. En Birmania, el dirigen-
te estudiantil Phyoe Phyoe Aung está detenido y
podría ir a prisión por participar en una protesta
pacífica. Los activistas congoleños Fred Bauma e
Yves Makwambala pueden terminar tras las rejas
y hasta sufrir la pena de muerte por alentar a la
juventud a involucrarse en la política.
En todo el mundo, los gobiernos toman medi-
das enérgicas contra los disidentes y la represión
apunta cada vez más a las personas que defienden
o protegen los derechos humanos y les hacen fren-
te a los abusos.
Pero esa represión revela el miedo a la libertad
de expresión. Las palabras tienen el poder para
asustar a los gobiernos más represivos y llevar con-
suelo a las víctimas de los abusos e injusticias más
atroces.
La campaña ayuda a aquellos como Zunar,
Phyoe, Fred e Yves mediante un arma secreta que
los gobiernos temen: las voces de la gente.
El cambio no sucede de un día para el otro. Se
necesita trabajo constante para mantener la cade-
na de pequeños actos de solidaridad y de cartas a
las autoridades que generan la presión. A menudo
comenzamos por pequeñas victorias, como mejo-
res condiciones para un prisionero, el acceso a la
atención médica o la posibilidad de recibir visitas
de sus familiares.
Procuramos que el caso no caiga en el olvido,
les pedimos a nuestros simpatizantes que escriban
a las autoridades, nos ponemos en contacto con
periodistas. Cualquier cosa para asegurarnos de
que el caso siga llamando la atención. Recorda-
mos sus cumpleaños y los aniversarios de su arres-
to o condena.
Reproducimos las voces de sus familiares,
que piden justicia. Cuando los gobernantes que
pueden incidir en el caso realizan visitas extran-
jeras de alto nivel, los activistas están allí para
que no se olviden de los presos de conciencia que
languidecen en la cárcel.
Y mientras arrojamos luz sobre la injusticia,
MAY CAROLAN, ACTIVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL/IPS*
EL PODER
DE LA PLUMA

ARTÍCULO OPINIÓN
trabajamos para ayudar a que los detenidos sobre-
vivan a la oscuridad de sus celdas. En las escuelas,
en los centros comunitarios y en las calles, la gente
común y corriente se toma un momento del día
para informarse sobre los casos de abusos y escribir
un mensaje personal a alguien que no conocen.
Los resultados son un testimonio del poder que
tiene una historia personal para movilizar la soli-
daridad entre las fronteras y las sociedades.
Una y otra vez los presos de conciencia nos di-
cen cuánto significa para ellos el apoyo del mundo
exterior.
El activista por los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI)
Ihar Tsikchanyuk, de Bielorrusia, dice que las car-
tas que recibió de niños y niñas escolares tuvieron
un desenlace inesperado.
Cuando les mostró las cartas a sus vecinos
ellos pudieron comprobar que en otras partes
del mundo los niños
aprenden sobre la ho-
mosexualidad y que
el tema no es motivo
de miedo ni un delito.
Esto llevó a que un ve-
cino creara un grupo
de apoyo para padres
con el fin de que entiendan que la homosexuali-
dad no es algo que temer.
En un buen día, las autoridades de mayor ran-
go se ven obligadas, por compasión o vergüenza,
a volver a investigar un caso o permitir que un pri-
sionero vea a su familia. En un día excepcional, las
autoridades –bombardeadas por decenas y hasta
cientos de miles de mensajes– se aplacan y liberan
a prisionero de conciencia.
Esos son los días que nos recuerdan por qué
luchamos por los derechos humanos.
En noviembre, Filep Karma fue liberado tras
haber pasado más de 10 años en prisión injus-
tamente, simplemente por haber levantado una
bandera de la independencia de Papúa en un
acto político en Indonesia. Los simpatizantes de
Amnistía Internacional le enviaron más de 65 mil
mensajes de apoyo y pidieron a las autoridades
que lo pusieran en libertad durante la campaña
Escribe por los Derechos de 2011.
Al principio su familia nos dijo que sus condi-
ciones de detención habían mejorado y que tenían
mejor acceso a él. Incluso se le permitió asistir a la
boda de su hija. “Eso nos dio esperanza y ánimo”,
contó Filep.
“Todavía necesito el apoyo de Amnistía Inter-
nacional porque la lucha por los derechos huma-
nos en Papúa aún no ha terminado. La liberación
es sólo el comienzo”, aseguró.
Filep es uno de muchos que recibieron una
ayuda inmensa gracias al poder de la pluma.
Los descreídos dirán que estas victorias indi-
viduales no bastan para cambiar el rumbo de la
represión. Pero no podemos dejar que la gente
se abandone a la desesperación. Cada victoria le
brinda la esperanza a otros presos de que llegará
el día en que se haga justicia y quedarán libres.
Al final, se trata de asegurar que las víctimas
no están solas. De la solidaridad internacional,
de que las personas co-
munes estén listas para
entrar en acción cuan-
do los dirigentes y los
gobiernos no respetan
los derechos humanos.
Ninguna víctima de la
injusticia tiene por qué
estar completamente sola, aun si su único aliado
es un escolar del otro lado del mundo que escribe
una carta en su nombre.
Si usted quiere hacer algo por los derechos hu-
manos, utilice el arma más poderosa por la justicia
que esté a su disposición: su voz. No es demasiado
tarde para que pueda incidir. Todavía tiene tiem-
po para agregar su voz a los millones de mensa-
jes enviados este año. Vaya a internet o tome un
bolígrafo y escriba una carta como si la vida de
alguien dependiera de ella.
Muchas veces, así es.
Todavía está a tiempo de enviar mensajes de
apoyo a las víctimas de abusos de derechos huma-
nos o de pedir medidas de los gobiernos median-
te la participación en la campaña Escribe por los
Derechos, la maratón anual de cartas de Amnistía
Internacional.
*Traducido por Álvaro Queiruga
Un buen día, las autoridades se ven
obligadas, por compasión o vergüenza,
a volver a investigar un caso o a permitir
que un prisionero vea a su familia
Un buen día, las autoridades se ven
que un prisionero vea a su familia

INVESTIGACIÓN PORTADA
ACUSAN A CDHDF
DE VIOLAR DERECHOS
HUMANOS DE POBLACIÓN
VULNERABLE

INVESTIGACIÓNPORTADA
Organizaciones civiles
impugnan dos
recomendaciones de la
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito
Federal. La responsable de
velar por el cumplimiento
de estos derechos en
la capital del país habría
discriminado a población
vulnerable, consideran
P
or considerar que no se señala a las de-
pendencias del Gobierno del Distrito
Federal como responsables de violar los
derechos humanos por usar lenguaje discrimi-
natorio, entre otras deficiencias, organizaciones
no gubernamentales y centros de derechos hu-
manos impugnan las recomendaciones 7/2015 y
8/2015 emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, que preside Per-
la Gómez Gallardo. Ambas documentan viola-
ciones a derechos humanos de las poblaciones
callejeras
En una acción conjunta, El Caracol, AC; la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, AC, y el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
interpusieron un recurso de impugnación ante
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos en contra de las dos recomendaciones dadas
a conocer en agosto de 2015.
Ambas documentan y acreditan violaciones
ELVA MENDOZA, @elva_contra
ENRIQUEORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

al derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad,
a la integridad, a la no discriminación, a la segu-
ridad jurídica, el derecho a la honra y a la digni-
dad, el derecho a la vida, y el derecho a la salud
de las poblaciones que sobreviven en el espacio
público capitalino.
Las recomendaciones
La CDHDF identifica en la Recomenda-
ción 7/2015 a 115 víctimas directas. Los 12
expedientes que la integran fueron agrupados
en cinco casos divididos por punto de pernocta:
estación Candelaria del Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STCM), bajopuente de Tax-
queña, Calle Artículo 123, estación Pino Suárez
del STCM y el cruce de Eje 1 Norte con Ave-
nida del Trabajo.
La CDHDF habría
discriminado a la
población de calle:
sus recomendaciones
no atendieron la
protección de la
población por grupos
de edad, cuando
involucran a niños,
niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos
Ello, por actos de limpieza
social y criminalización de la
población de calle ocurridos
durante 2011, 2012, 2013 y
2014, y ejecutados por servi-
dores públicos adscritos a las
delegaciones Coyoacán, Cuau-
htémoc, Venustiano Carranza,
la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, la Secretaría
de Seguridad Pública del Dis-
trito Federal y el Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
En dos de esos expedientes,
la CDHDF inició investiga-
ciones de oficio en virtud de
notas periodísticas publicadas
en medios de comunicación;
dos más se iniciaron a solici-
tud de personas de calle; cin-
co a solicitud de la institución
de asistencia privada Ednica
(acrónimo de Educación con
Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes en Situación de Calle)
y tres a solicitud de la asocia-
ción civil El Caracol.
Y únicamente como “au-
toridades colaboradoras”: la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Fe-
deral y la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.
De la Recomendación sobresalen los casos
de 11 jóvenes que habitaban la banqueta de las
calles Artículo 123 y Humboldt, colonia Cen-
tro, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México.
Acusados de robo agravado y delitos contra
la salud en modalidad de narcomenudeo, se les
inició proceso el 22 de abril de 2014. “Delitos
que les fueron fabricados”, aseguran Sayuri He-
rrera Román,coordinadora del Área Jurídica del
Centro Vitoria, y Johana Sánchez, también in-
tegrante de dicho centro de derechos humanos.
“El antecedente que deja este caso es que se
puede criminalizar y sentenciar la pobreza y la
ELVAMENDOZA

vida en la calle”, dice a Contralínea Luis Enri-
que Hernández, director de El Caracol, AC.
La mañana del 22 de abril de 2014,alrededor
de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal (SSPDF), acompa-
ñados por el camión recolector de basura con
número económico 1489, se apersonaron en
las calles Artículo 123 y Humboldt. Golpearon
niños, mujeres y jóvenes, los despojaron de sus
pertenencias. Ropa, zapatos, carriolas, dinero,
trastes, cobijas, juguetes y documentos de iden-
tidad fueron arrojados al camión de basura.
Luego del “operativo” ejecutado a “petición
de los vecinos”, los elementos detuvieron a 16
personas en situación de calle, entre ellas a un
menor de edad, sin que fueran puestos a dispo-
sición inmediata del Ministerio Público.
Según versiones de los propios detenidos, el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria y la organización civil El Caracol,
fueron llevados a la Alameda Central.
Ahí los retuvieron por alrededor de 2 horas,
tal como lo corroboran los videos que presentó
la defensa, encabezada por una abogada de ofi-
cio con el acompañamiento del Centro Vitoria,
a través de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Al momento de ser privados de su libertad
no se les informó el motivo real de su deten-
ción, ni se les presentó una orden de desalojo.
Los elementos de Seguridad Pública sólo les
comentaron que tenían órdenes de desalojar-
los.
No estuvieron privados de libertad por me-
dio de mecanismos físicos, como esposas, pero
se les pidió “esperar” mientras desalojaban sus
“casas”.
Durante ese lapso, señala el Centro Vitoria,
se buscó encuadrar actos que se les pudieran im-
putar posteriormente, entre otras cosas la fabri-
cación de delitos que no cometieron y que ahora
son la causa principal de la sentencia condena-
toria.
Fue en la Alameda Central donde una pareja
se presentó para acusar de robo a seis de los jó-
venes, una de ellas, policía de la SSPDF vestida
de civil que se identificó como ama de casa.

Las inconsistencias en los tiempos son clave
para el caso, explican las abogadas del Centro
Vitoria; sin embargo, la juez ignoró ese elemen-
to. Cinco de los 16 detenidos ese día –incluido
el menor de edad– fueron presentados ante el
Juzgado Cívico CUH-2 por supuestos ultrajes
a la autoridad y posteriormente salieron en li-
bertad. Once fueron enviados a la Agencia del
Ministerio Público 2 de la delegación Cuauhté-
moc, acusados de daños a la salud y robo agra-
vado.
El miércoles 23 de abril, los 11 llegaron al
Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Cinco
permanecieron ahí hasta el viernes 25 de abril.
Acusados de delitos contra la salud en moda-
lidad de narcomenudeo, causa penal 128/2014,
continuaron su proceso en libertad –un particu-
lar pagó una fianza de 5 mil pesos por cada de-
tenido a través del Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación de la Ciudad de Méxi-
co– y en diciembre de 2014 fueron encontrados
culpables sin que el abogado de oficio apelara la
sentencia, por lo que se le abrió proceso penal y
administrativo.
Tras 11 meses privados de su libertad en
el Reclusorio Norte, a los seis restantes, causa
penal 84/2014, acusados de robo agravado en
pandilla –y quienes fueron señalados por la po-
licía Érika Gabriela y su hermano–, el Juzgado
Cuarto de lo Penal les dictó sentencia condena-
toria el 20 de marzo de 2015.
Los jóvenes, con edades que van de los 20
a los 31 años, fueron encontrados culpables y
condenados a 4 años 9 meses de prisión. Sin
antecedentes penales, cuatro de ellos salieron la
madrugada del 8 de abril de 2015 para conti-
nuar el proceso en libertad.
“Las pruebas generaban una duda razona-
ble del derecho de probabilidad de inocencia, el
cual no fue tomado en cuenta a la hora de de-
terminar su sentencia”, dicen las defensoras en
entrevista con Contralínea.
Ante eso, las organizaciones que impugnan
la recomendación, objetan que a la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales sólo se le señale
como “autoridad colaboradora” y no como di-
rectamente responsable de violar los derechos

Las autoridades
delegacionales
emplean pipas de
agua para mojar tres
veces por semana
a quienes duermen
sobre las aceras o los
parques, así como a
sus pertenencias
ELVAMENDOZA
humanos de quienes fueron
condenados.
A lo largo de las 80 cuarti-
llas que integran la Recomen-
dación, se revelan los atrope-
llos cometidos contra la pobla-
ción de calle: autoridades dele-
gacionales que emplean pipas
de agua para mojar tres veces
por semana a quienes duermen
sobre las aceras o los parques,
así como a sus pertenencias.
Cuando los callejeros inten-
tan impedir la limpieza, son
levantados con uso de la fuerza
o agredidos con el método del
chorro de agua a presión de
una pipa para retirarlos.
La constante presencia de
camiones de basura recogien-
do sus humildes pertenencias
es una práctica común ya en la
Ciudad. Así como la destruc-
ción de viviendas de cartón,
plástico y madera en los bajo
puentes.
Los operativos se ejecutan
en las madrugadas, revela la
Recomendación, e involucran
el uso excesivo de la fuerza pública, el elemento
sorpresa, los golpes, los levantones, las detencio-
nes arbitrarias, la fabricación de delitos, intimi-
daciones y amenazas de muerte.
“Personal de Protección Civil del Metro
agrede verbalmente y les pide a los agraviados
que se retiraren porque obstruyen el paso, o de
los contrario los amenaza con enviarles a las pa-
trullas […]. Policías preventivos de la SSPDF,
adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana
Revolución, mediante golpes y patadas, realiza-
ron el retiro de las personas.”
El trabajo en la calle también es criminaliza-
do. Relata la CDHDF que el 22 de septiembre
de 2014, policías de la SSPDF le solicitaron a
Fabian su permiso para limpiar parabrisas en la
esquina de Victoria y avenida Balderas.
Le pidieron abordar la autopatrulla P2215
y lo trasladaron al Juzgado Cívico de la Coor-
dinación Territorial de Seguridad Pública y
Administración de Justicia CUH-4, donde fue
puesto a disposición y, posteriormente, puesto
en libertad tras pagar una multa de 67 pesos por
usar “las áreas y vías públicas sin contar con au-
torización”.
José Luis Jiménez Ruiz fue detenido mien-
tras se encontraba sentado, comiendo; Bryan
Omar Camacho Quiroz y Diego fueron dete-
nidos cuando rociaban aromatizantes a los au-
tos por elementos de la Unidad de Protección
Ciudadana Morelos de la SSPDF en las inme-
diaciones del Parque Recreativo Ramón López
Velarde, también conocido como Parque las
Águilas, ubicado en las calles de Eje 1 Norte y
Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, de
la Delegación Cuauhtémoc.

Los subieron a la camioneta Pick Up P-20-
014 y a una patrulla, porque las cámaras que
monitoreaban la vía pública habían detectado
que se encontraban limpiando parabrisas. “Si
los volvemos a ver, les vamos a meter unos gra-
mos de piedra o de mota y los vamos a clavar”,
advirtieron.
La supervisora de la Zona Escolar 343 diri-
gió, el 21 de enero de 2014, un oficio al enton-
ces jefe delegacional en Venustiano Carranza
José Manuel Ballesteros López, para solicitar la
reubicación de quienes habitaban en el puente
peatonal ubicado en Avenida del Trabajo y Eje
1 Norte de la colonia Morelos, porque “obs-
taculizaban el paso a los alumnos y padres de
familia” de la Escuela Primaria General Miguel
Alemán.
Tras diversas gestiones entre autoridades,
el 6 de febrero de ese año fueron desalojados
y mojados con mangueras. Durante el desalojo,
los elementos de la SSP los empujaron, golpea-
ron, insultaron y amenazaron de muerte.
Cuando el 23 de septiembre de 2014 José
Luis Jiménez Ruiz y su esposa trataban de con-
seguir alimento en la lechería Liconsa, ubicada
en Avenida del Trabajo y Manuel Doblado de
la colonia Morelos, se presentaron policías pre-
ventivos de la SSPDF. A él lo obligaron a subir a
la patrulla P2005 UPC Morelos, “de todos mo-
dos te vamos a chingar”, le dijeron. La patrulla
avanzó y momentos después se detuvo para que
uno de los policías subiera una bolsa de basura.
Lo trasladaron al juez cívico de la Coordinación
Territorial de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia CUH-3, donde lo pusieron a disposi-
ción, acusado de arrojado basura a la vía pública.
Al día siguiente Luis fue nuevamente hosti-
gado por policías. Alrededor de las 16:00 horas,
mientras dormía, su compañero Daniel aplica-
ba aromatizante al interior de los vehículos que
transitaban sobre Avenida del Trabajo esquina
con la calle Caridad, en la colonia Ampliación
Discriminación, una
constante en la vida
de la población de
la calle
ELVAMENDOZA

Morelos, delegación Cuauhtémoc.
Sin mediar explicación, policías preventi-
vos, adscritos a la Unidad de Protección Ciu-
dadana Morelos SSPDF, los trasladaron en la
patrulla P-20-08 a la Fiscalía Desconcentrada
de Investigación en Delitos Ambientales y en
Materia de Protección Urbana de la PGJDF
“por depositar cascajo en la vía pública”. Se ini-
ció la averiguación previa FEDAPUR/DA-1/
T1/00748/14-09.
La persona agravia-
da, mientras observaba
una obra de teatro en
el parque, fue deteni-
da por supuestamente
obstruir el tránsito en
las calles y pedirle dine-
ro a la gente.La persona
agraviada dormía y un
policía intentó quitarle
sus cobijas, lo detuvo
y lo acusó de estar in-
giriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
El certificado de estado físico determinó que
se presentó con aliento sin olor característico y
clínicamente no ebrio, se lee en el documento.
La Recomendación 8/2015 se encuentra
relacionada con tres casos de deficiencia en la
atención a la salud de la población callejera, lo
que ocasionó el fallecimiento de dos personas;
así como con el retardo en el acceso a los medi-
camentos e instrumentos necesarios para aten-
der la fractura de otra. Los casos se registraron
durante 2010, 2013 y 2014.
La impugnación
De acuerdo con el Reglamento Interno de la
CNDH, ésta cuenta con facultades para recibir
y dar trámite a los recursos de impugnación en
contra de recomendaciones dictadas por organis-
mos locales. Establece también que las resolucio-
nes que podrá adoptar respecto de los recursos de
impugnación es la confirmación de la resolución
del organismo local de derechos humanos o la
modificación de la propia Recomendación (en
este caso, formulará, a su vez, una recomenda-
ción al organismo local).
De acuerdo con los promoventes, la Comi-
sión aglutinó en dos recomendaciones 15 casos
que merecen, por sí mismos, atención indivi-
dualizada. “Son expedientes muy viejos que la
CDHDF acumuló por años sin darles oportuna
salida”, dice en entrevista Luis Enrique Her-
nández, director de El Caracol, AC.
Explica el defensor de derechos humanos
que los instrumentos no atienden la protección
de la población por gru-
pos de edad, cuando in-
volucran a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
adultos. “No se atiende
la reparación del daño.
No se reconocen como
víctimas a quienes aún
siguen presos. La CD-
HDF no se pronuncia
por su libertad pese a
las pruebas con las que
cuenta. La Recomendación tampoco contempla
la responsabilidad jurídica de la Consejería,y no
se atiende el derecho a la propiedad de la pobla-
ción”, enumera tajante.
Agrega que constantemente el texto alude
a las “personas en situación de calle”, lenguaje
que, a decir de las organizaciones, resulta dis-
criminatorio. La “población de calle” es un con-
cepto reconocido años atrás por la CDHDF y
responde a la pluralidad de la gente que vive en
la calle.
El instrumento tampoco alude a recomen-
daciones pasadas donde ya se había recomenda-
do la capacitación de personal para atender a la
población de calle. “Policías, paramédicos, mé-
dicos, enfermeras, personal de hospitales, etcé-
tera, que supuestamente ya recibieron capacita-
ción y continúan violando derechos humanos”.
Y en general, concluye, se continúa sin atender
estructuralmente el fenómeno.
Para este trabajo se solicitaron entrevistas con
el GDF; la CDHDF, a través de Mónica Díaz y
Luis Linares; y con la CNDH,a través de Lázaro
Serranía y Silvia Esparza.Al cierre de edición,no
se obtuvo respuesta.
La Recomendación
8/2015, por tres casos de
deﬁciencia en la atención
a la salud de la población
callejera, lo que ocasionó
dos fallecimientosdos fallecimientos

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
TRANSPENINSULAR
EN LOS CABOS
PRIVATIZAN TRAMO
DE CARRETERA

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Un grupo de empresarios
se han apoderado de un
tramo de la Carretera
Transpeninsular Benito
Juárez. Ya desarrollan un
lujoso proyecto turístico
exclusivo, denominado Zona
Dorada
L
os empresarios Eduardo Sánchez-Nava-
rro, dueño del grupo Questro y del Grupo
Aeroportuario del Pacífico, de Promotora
Cabo Real y de Constructora Bajacaliforniana,
SA de CV; Rubén Coppel, propietario del de-
sarrollo turístico Solaz y de las tiendas y alma-
cenes que llevan su apellido; Gustavo Lomelí,
del hotel Le Blanc, así como José María Pablos
González, de Quinta Tres, SA de CV, habrían
promovido la privatización de al menos 8 kiló-
metros de la Carretera Transpeninsular Benito
Juárez,que comunica a Cabo San Lucas con San
José del Cabo, denuncia un grupo de asociacio-
nes de profesionistas, prestadores de servicios,
ecologistas y habitantes del lugar.
En complicidad con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y el cabildo municipal
de San José del Cabo –que primero aprobó por
mayoría el cambio de uso de suelo de la zona ca-
rretera el pasado 10 de diciembre, y luego dio el
visto bueno al proyecto de “modernización” del
JOSÉ RÉYEZ, @reyez_contra
123RF

tramo actual, así como del nuevo trazo carrete-
ro–,el interés de los magnates se concretó en ha-
cerse de un preciado e histórico destino turístico
al privatizar el tramo carretero que comprende al
menos seis playas del Océano Pacífico: Buenos
Aires, Costa Brava, San Carlos, Cabo Real, El
Bledito, El Marquís y El Dorado, para remode-
lar la zona y convertirla en un exclusivo destino
turístico con lujosos hoteles con 8 mil cuartos,
tiendas, áreas de esparcimiento, a los que ya no
tendrían acceso los turistas nacionales ni los po-
bladores de la región.
“Ni venta, ni permuta ni privatización del
actual tramo carretero; no nos oponemos a la
inversión para impulsar el turismo en Baja Cali-
fornia Sur, sino que se haga bajo un nuevo con-
cepto de desarrollo turístico que respete el Plan
de Desarrollo Urbano Municipal, los intereses
de la comunidad y la ecología de la zona”, ad-
vierte Blanca Pedrín, presidenta de la Asocia-
ción del Centro Histórico de Los Cabos.
El representante del grupo ecologista Los
Cabos Coastkeeper, AC, Mateo Parr Bennett,
explica que se plantearon dos esquemas de via-
lidad diametralmente opuestos.El que establece
el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos de
tres vialidades lineales y paralelas a la costa del
Océano Pacífico: el libramiento carretero, el Eje
Interurbano y la Carretera Transpeninsular. “La
propuesta de los promoventes interrumpe este
esquema lineal, cambia la naturaleza unificada
del destino turístico y crea una zona excluyente
y exclusiva del gran turismo”, advierte.
Y es que desde su página en internet el Gru-
po Questro, de Sánchez-Navarro, desde hace
tiempo promueve el proyecto El Dorado como
“una íntima experiencia, exquisita comunidad
privada de playa, golf y desierto, con más de 1
milla de costa espectacular, diseñada para clien-
tes que buscan la privacidad absoluta y lo mejor
en atención al cliente”.
Es decir, señala Parr Bennett, con la aproba-
ción del cabildo del cambio de trazo carretero y
luego de modificar el uso del suelo se pretende
crear un esquema de subdestinos turísticos con
el cambio del trazo carretero, con lo cual se frac-
ciona el bien común económico más importante
de Los Cabos que es el turismo, para dar paso
a una zona exclusiva excluyente de lugareños y
turistas de bajo perfil económico.
Esta especie de zona aislada en beneficio
de los empresarios promoventes del proyecto
pretende controlar los accesos a las playas que
por ley son propiedad de la nación y de uso de
todos los mexicanos; limitar también a quienes
ellos consideren como foráneos, en una zona
que cuenta con una mayor extensión de áreas
de playa, lo que ocasiona además competencia
desleal con los hoteleros, restauranteros y pres-
tadores de servicios turísticos de otras zonas en
el destino que por décadas han desarrollado un
turismo tradicional e incluyente.
Advierte que el proyecto de Sánchez Nava-
rro, Coppel, Lomelí y otros empresarios no pro-
cede porque desplazaría a la población, además
de que tiene el agravante de que se viola la Ley
de Desarrollo Urbano de Baja California Sur,
que en su artículo 17 establece el proceso que
se debe realizar para modificar el Plan de De-
sarrollo Municipal, y es una consulta pública, la
cual no se hizo.
En medio de protestas, gritos y connatos de
violencia en los que tuvo que intervenir la Po-
licía Municipal para aplacar los ánimos incluso
de los regidores que se oponen al cambio de uso
del suelo de los partidos de la Revolución De-
mocrática, del Trabajo y el Movimiento Rege-
neración Nacional, denunciaron que el acuerdo
El tramo carretero
en disputa comprende
al menos seis playas del
Océano Pacífico: Buenos
Aires, Costa Brava, San
Carlos, Cabo Real, El
Bledito, El Marquís y El
DoradoDorado

viola la Constitución y el Plan de Desarrollo
Urbano Municipal.
Luego de la aprobación, los funcionarios pú-
blicos que se encontraban en la Sala de Cabildo,
y a quienes les gritaban “¡vendidos!”, salieron
resguardados por policías municipales, quienes
impidieron se pudieran registrar agresiones, se-
gún el reporte del sitio en internet del Colectivo
Pericú.
Casi al final de la sesión, la empresaria ho-
telera Blanca Pedrín salió a anunciarles que la
propuesta de nuevo trazo había sido aprobada.
Al concluir la sesión, los regidores salieron uno
a uno, a los que lanzaron toda clase de insultos,
improperios, mentadas de madre y algunos fue-
ron escupidos en el rostro “por traidores y ven-
didos”. La situación no pasó a mayores, agregó
el reporte del colectivo en su edición del 10 de
diciembre.
Antecedentes
Moreno Paz señala que dese 2008 se sabía de
la existencia de dos convenios firmados entre el
subsecretario de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cum-
mings, y los empresarios a espaldas de la pobla-
ción, “sin respetar el esfuerzo extraordinario de
la comunidad que aportó el 1.3 por ciento de
sus ingresos durante 10 años (1994-2004) para
ampliar la entonces peligrosa vía de dos carriles,
que había en 1994, a la de cuatro carriles que
tenemos hoy y que se puede ampliar a seis u
ocho carriles como establece el Plan de Desa-
rrollo Urbano. La SCT en Baja California Sur
no ha recibido a las asociaciones que no estamos
de acuerdo”, advierte.
El arquitecto da cuenta de los antecedentes
para modificar el tramo carretero, en los que la
SCT firmó sendos Convenios de Concertación
con empresarios hoteleros de la región,para “rea-
lizar acciones conjuntas para modificar el trazo
carretero de la Carretera Transpeninsular Beni-
to Juárez, en el subtramo Cabo San Lucas-San
José del Cabo, entre los kilómetros 12+100 al
24+100, con una longitud de 12 kilómetros”.
El primer Convenio de Concertación,fecha-
123RF
do el 10 de marzo de 2008, fue firmado por el
entonces y actual subsecretario de Infraestruc-
tura de la SCT, el mexiquense Raúl Murrieta
Cummings,y por John Anthony Vaughan Offer,
de Promotora Cabo Real, SA de CV (propiedad
de Sánchez-Navarro), a efecto de “establecer
ciertas adecuaciones para reducir la distancia del
tramo carretero originalmente autorizado; ello,
con el propósito de ajustarlo a su nueva longitud
y su nuevo entronque”.
El segundo convenio,signado el 2 de octubre
de 2012 por Carlos Alberto Lascuraín Ochoa,
director del centro SCT en Baja California Sur,
y por John Anthony Vaughan, como represen-
tante de la empresa Golfo de California Hoteles
y Fraccionamientos, SA de CV, se refiere a la
modificación de la actual Carretera Transpenin-
sular Benito Juárez,específicamente del kilóme-
tro 16+130 al 17+610.
Para el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, el proyecto no sólo
incumple la ley sino que afecta a la comunidad residente

Entre las organizaciones que se oponen a
que se modifique la carretera Transpeninsular
figuran: el Colegio de Ingenieros, el Colegio de
Arquitectos,la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias (Ammje) Los Cabos, la Asociación
de Centro Histórico de San José del Cabo, Los
Cabos Coast Keepers, la Asociación de Amigos
del Centro de Cabo San Lucas, Comerciantes
del Medano, la Asociación de Hoteles Boutique
de San José del Cabo, Raíces Cabeñas, la Ma-
roma, Equide, la Unión de Transportadores de
Los Cabos, la Asociación de Padres de Familia
de Los Cabos, Condóminos de Residencial el
Tule, y la Unión de Abarroteros.
Carlos Moreno señala que los empresarios
solicitan el cambio de uso de suelo de 550 hec-
táreas que se ubicarían entre el nuevo trazo y el
mar, así como la actualización de varios planes
maestros y proponen “construir con recursos
propios una nueva carretera de 8.5 kilómetros
para desviar el actual trazo a casi 2 kilómetros
más lejos del mar para el grueso de la población,
a cambio de la actual vía de 7 kilómetros que
modifican a su conveniencia reduciéndola de
cuatro a dos carriles con el argumento de que
es la única forma de eliminar cuatro peligrosos
cruces a nivel entre el Hotel Westin y el puente
del Tule (lo cual es falso) y así lograr mejorar la
seguridad en una zona dorada que, dicen, atrae-
ría más inversión y 10 mil empleos”.
Los promoventes aseguran que invertirían
500 millones de pesos, pero de acuerdo con el
director del Centro SCT de Baja California Sur,
Eleazar Gutiérrez Magaña, la inversión ascen-
dería a 100 millones de pesos para la realización
de las obras.
Destaca que al modificarse el tramo carrete-
ro se afectará al menos a 18 mil habitantes que
transitan a diario por esa vía y a millones de tu-
ristas, si se considera que el número de visitantes
aumentará cada año debido a los nuevos hoteles
que se construyen.
El presidente del Colegio de Arquitectos de
Baja California Sur,Sección Los Cabos,advierte
que el nuevo trazo propuesto por los empresarios
viola el objetivo esencial del apartado de movili-
dad del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040
que establece: “Disminuir los tiempos y costos
de traslado de la población, y hacer accesibles los
bienes y servicios” ya que aumenta 1.5 minutos
el tiempo y 1.5 kilómetros la distancia del trazo
actual.
De tal manera que, agrega, la propuesta no
cumple pues modifica el PDU, y esto no se
puede manejar como un simple cambio de uso
de suelo sin considerar el impacto en cuanto a
demanda de servicios que esta autorización im-
Los inconformes tienen un proyecto alterno al de los empresarios, con 20 acciones para el corre

plicaría.“Como ejemplo mostramos la demanda
que generarían 3 mil 400 cuartos de hotel más
en los tres polígonos menores que suman un área
de 34 hectáreas. Es por ello que para valorar la
autorización de un proyecto de 34 hectáreas o
más aun de 550 hectáreas, dada la magnitud, se
requiere presenten un Plan parcial, estudios e in-
formación adicional que no se entregó”.
Otros inconvenientes consisten en que tam-
poco garantiza mejores vistas al mar, como pro-
meten los empresarios a través de fotografías
manipuladas que han exhibido en distintos me-
dios, y respecto de la vialidad, tanto el nuevo tra-
zo como el nuevo bulevar turístico contemplan
más curvas y pendientes mayores y más peligro-
sas que las que existen en la carretera actual,ade-
más de que se necesitarían dos rutas de trans-
porte y no sólo una para atender la misma zona.
Respecto al acceso a las playas comprendidas
en el tramo carretero, Carlos Moreno dice que
es para el corredor turístico que resolverían los problemas de seguridad y fluidez del tráfico de la zona
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