2. •SOBERANÍA ALIMENTARIA
Casi diez años después de la definición de seguridad alimentaria acordada por los países en la Cumbre
Mundial de 1996, en 2007 otros actores tales como Organizaciones de la Sociedad Civil y
Organizaciones No Gubernamentales ampliaron el concepto y acuñaron el término Soberanía
Alimentaria, el cual se basa en seis pilares (The Six Pillars of Food Sovereignity, Nyéleni, Mali). Estos
pueden sintetizarse en elementos como: se prioriza a los alimentos como una necesidad y un derecho;
se pone énfasis en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida; también se remarca
la importancia de que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y
acortando distancias entre productor y consumidor; se reconocen los conocimientos y la preparación
de alimentos tradicionales, se rechaza el ‘dumping’ y la ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente,
se asume más compatible con la naturaleza, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y
reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción. En 2012, el Parlamento Latino acordó
precisar la soberanía alimentaria como “el derecho de un país a definir sus propias políticas y
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el
derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la
diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.
3. • Sin embargo, el término soberanía alimentaria suele confundirse o interpretarse como un
concepto de autonomía y autosuficiencia, bajo un esquema de economía cerrada a los
mercados, lo cual provoca polémica en varios sectores. Del mismo modo, en ocasiones el
término de seguridad alimentaria suele acotarse a la disponibilidad y al acceso de alimentos
sin importar ni su procedencia, ni el grado de dependencia alimentaria del exterior, ni las
preferencias y la utilización de éstos.
Hay dos diferencias remarcables entre los dos términos: la primera es la concepción de la
alimentación como un derecho en el caso de soberanía y, la otra, es que en el caso de
seguridad alimentaria se aceptan tres tipos de agricultura: la agroindustrial y de gran
escala, la orgánica y la biológica, y éstas a su vez, pueden involucrar productores tanto
grandes, como medianos y pequeños, mientras que en el caso de soberanía alimentaria se
focaliza específicamente en la pequeña agricultura y se prioriza la producción orgánica.
A pesar de estas diferencias, hay que subrayar que los dos conceptos son complementarios
más que antagónicos. De este modo, la posición de la FAO es mantener el mandato central
bajo la seguridad alimentaria, articulando ésta al derecho a la alimentación.
4. • Resurgimiento de la agricultura familiar
Como resultado de la crisis alimentaria de 2008, muchos gobiernos volvieron a poner atención en las políticas nacionales y en el
apoyo al sector rural, por lo que la agricultura familiar comenzó a ser más reconocida como foco de atención, debido a que la
mayor cantidad de productores en el mundo es de este tipo, aunque en muchos casos no estén directamente insertados en los
mercados. Adicionalmente, los efectos del cambio climático han obligado a repensar las estrategias de producción agropecuaria y
reorientarlas a esquemas de productividad más sostenibles, los cuales también están siendo apreciados por un sector creciente de
consumidores que asumen la alimentación como una cultura más que una necesidad corporal. El fenómeno del ‘slow food’ es un
ejemplo de este cambio. De este modo, la reciente priorización a la agricultura familiar se deriva de restricciones económicas, de
condiciones ambientales y de las nuevas realidades y hábitos agroalimentarios. Tomando en cuenta este contexto, el Secretario
General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha decretado 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Algunos ejemplos de alternativas para la seguridad alimentaria en el campo colombiano
Tomando en cuenta todo lo anterior, y bajo un marco de construcción de paz, pasemos a un esbozo de lo que se puede hacer en
Colombia. A continuación se mencionan unos ejemplos de alternativas de acceso económico y otras de acceso físico a los
alimentos, así como oportunidades para ser aplicadas desde la política pública bajo un enfoque de desarrollo de los
territorios. Algunas podrán desarrollarse en áreas rurales ya conectadas a ciudades intermedias o zonas urbanas, otras
alternativas son más adecuadas para zonas de propiedad colectiva o uso común, otras más en cinturones
periurbanos y otras más en zonas poco pobladas pero con potencial agropecuario. Del mismo modo, habrá
alternativas más acordes a pequeños o medianos productores y otras para la agricultura de mayor escala.
5. • Comencemos con aquellas alternativas no agroalimentarias pero que en Colombia representan oportunidades de
acceso económico a los alimentos. Podemos destacar tres: el turismo rural, la producción forestal, los servicios
ambientales y, en determinadas zonas, la producción de bioenergía. Las tres primeras representan una gran
vocación y medios de vida para generar ingreso y acceder a los alimentos económicamente. Vale la pena enfatizar
en los servicios ambientales, de captación de agua, de conservación de biodiversidad y de reducción de riesgo de
erosión y deslizamientos de tierra; estas opciones son aún más pertinentes en zonas de tierras colectivas de
poblaciones tanto indígenas como afro descendientes, y particularmente dirigidos a las mujeres como principales
prestadoras de esos servicios. Recordemos que en Colombia casi la tercera parte de la tierra (39 millones de
hectáreas, aproximadamente el 30%) está bajo regímenes de propiedad colectiva y en estas tierras se encuentran
grandes selvas y bosques, y estos servicios podrían ayudar a la reducción de la pobreza en esas zonas que suelen
ser distantes de los centros urbanos. El caso de la bioenergía representa también una muy buena alternativa sobre
todo si se generan encadenamientos tipo cluster en los que se procesen los productos y generen empleos, bienes y
servicios en una región. Es muy cierto que estas y otras estrategias solamente podrán ser funcionales en un
entorno de seguridad social y paz.
6. Vayamos ahora con las alternativas agroalimentarias. La primera gran oportunidad es disminuir los 30
millones de hectáreas de ganadería extensiva a sistemas más eficientes de ganadería sostenible que
promuevan los esquemas silvo-pastoriles (árboles y ganado) y con mejoramiento de pasturas. Se pueden
superar las 854.286 toneladas de carne de res al año y reducir el espacio con estrategias mixtas de cultivos
permanentes y producción de carne y leche. Para esto, se necesitará una estrategia muy fuerte de inversión y
crédito, pues los resultados se darán de manera gradual. La superficie que desocupe la ganadería (fácilmente
podría superar 6 millones de hectáreas) podrá ser utilizada en otras opciones como las siguientes. En cuanto a
investigación para el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles el CIPAV, COLCIENCIAS y CORPOICA están
trabajando bastante en estos temas.
Una propuesta de doble vía representa la producción de frutas y verduras. Tanto las frutas como las verduras
representan procesos de valor agregado y generación de empleo mucho más significativos que la producción
de granos básicos o commodities. Se dice de ‘doble vía’ porque además de los beneficios a las economías
locales, una estrategia es este tipo atendería un aspecto de salud, pues los colombianos consumen 235 gramos
diarios de frutas y verduras cuando lo recomendado por la OMS son 400 gramos. Por otro lado, en cuanto a la
producción de verduras no está de más recordar que prácticamente la totalidad de pasta de tomate
consumida por los colombianos es importada (de Chile y Perú, principalmente). Del mismo modo,
prácticamente toda la semilla de hortalizas es importada (sobre todo de Holanda y E.U.). Estas y otras
opciones, como el aguacate, incrementarían las escasas 366.738 hectáreas cultivadas de frutas y verduras en
el país, con su consecuente creación de empleos, producción de alimentos para la población y posible
generación de divisas por la exportación.
7. • ¿En dónde se producen nuestros alimentos?
• No obstante las limitaciones anotadas, la primera reflexión que puede hacerse gira en torno a la dedicación de las
tierras para agricultura. Como se observa en la figura 2, a finales de la década del 80 existia una subutilización de
los suelos con vocación agrícola en el país, ya que de las casi 14 millones de hectáreas que podrían dedicarse con
éxito a la agricultura, solo se utilizaban plenamente 5.3 millones (IGAC, 1985). Al contrario, las zonas en ganadería
alcanzaban casi 40 millones de hectáreas, generando una sobreexplotación de los suelos en casi 21 millones de
hectáreas ya que, de acuerdo con el mapa de uso de la tierra del IGAC (op.cit), Colombia solo posee alrededor de
19 millones de hectáreas aptas para uso ganadero. Por su parte, las tierras con vocación forestal que incluye
bosques primarios, intervenidos y plantados abarcan potencialmente un total aproximado de 67 millones de
hectáreas, en tanto que su existencia para 1985 se calculaba en casi 56 millones de hectáreas, generando un déficit
de casi 11 millones de hectáreas que deberían estar cubiertas de bosques.
• Tales cantidades relativas por supuesto que han cambiado, pero revelaban desde entonces serios problemas de
sobre o de subutilización de la tierra, aunque el grosor del análisis no permitía ubicar geográfica ni
ecosistémicamente las tierras dedicadas exclusivamente a la producción de alimentos. Para 1999 Forero (2001)
siguiendo estadísticas del DANE y del SISAC (Sistema de Información del Sector Agropecuario), indica que las tierras
dedicadas a la agricultura bajaron a 4.4 millones de hectáreas, las de pastos aumentaron a 41.2 y los bosques se
mantuvieron relativamente estables (68.6 millones de hectáreas) agravando aún más los conflictos de uso
señalados.
• A despecho de la actualidad de las cifras anteriores que datan de 1985 -1987, varios investigadores insisten en la
llamada potrerización del país, aludiendo a que cada día son más las tierras dedicadas al pastoreo extensivo,
actividad que en teoría ofrece mayor seguridad a los terratenientes, ya sean ellos ganaderos de tradición o
propietarios advenedizos al influjo de las ganancias ilícitas del narcotráfico y de la violencia que vive el país.
• Algunas personas afirman que varios millones de hectáreas han cambiado de actividad y de dueño en un proceso
que se conoce como la narcoreforma agraria. Para 1994 el gerente del INCORA calculó la cifra en 3 millones de
hectáreas ubicadas principalmente en los departamentos de Córdoba, Norte de Antioquia, Caquetá, Meta, Sucre,
Atlántico y Casanare (Ochoa et al, 1998).
8.
9. • ¿Cuántos son los productores de alimentos?
• En segundo lugar, las cifras sobre el número total de campesinos en Colombia también son inciertas.
Ochoa et al.(op.cit.) indican que en Colombia para el año 1938 el 70% de la población se encontraba
en el sector rural y sólo el 30% en las ciudades. Sesenta años después la situación se invierte: 70% en
los centros urbanos y 30% en el sector rural.
• De acuerdo con estos autores, la proporción absoluta de habitantes rurales ha ido en aumento: El
censo de 1938 mostraba que en el campo había 6 millones de habitantes mientras el de 1993
encontró 11.5 millones de habitantes rurales. En el período 1964 – 1993 aumentó el número de
campesinos de 700 a 800 mil y el de jornaleros pasó de poco menos de 1 millón a más de 1 millón
trescientos mil. Por su parte, la población rural económicamente activa (que incluye personas ligadas
a actividades no solo agropecuarias sino a actividades mineras, de construcción de infraestructura y
megaproyectos, entre otras) se ubica ligeramente por encima de los 3 millones de personas.
• Por otra parte, la Misión de Estudios Agropecuarios estimó que el número de campesinos aumentó de
971.000 a 1.388.000 entre 1951 y 1988, casi al mismo ritmo del aumento de la población rural que
pasó de 6.9 a 9.8 millones de personas en el mismo lapso. Zamocs (1992) estimó que el número de
campesinos en 1988 estaba entre 860.000 y 1.200.000, de los que dependían entre 4.3 y 6.9
millones de personas, cifra muy por encima de la señalada por la Misión (1990), que estimó la
población rural total en 3.5 millones de personas. Recientemente Valderrama y Mondragón (1.988)
han estimado, con base en el Censo de Minifundios y el Censo de Población del DANE en 890.000 el
número de campesinos (CEGA, 2.000 citado por Forero, 2001).
• Tales cifras siguen siendo aproximadas porque de todas maneras no se poseen datos
actualizados y porque el número de muertos y desplazados por la violencia no deja
de crecer.