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ADOLFO ALVARADO VELLOSO
LECCIONES DE
DERECHO PROCESAL CIVIL
Compendio del libro
SISTEMA PROCESAL: GARANTÍA DE LA LIBERTAD
adaptado a la legislación procesal del Perú
por
GUIDO AGUILA GRADOS
“…La justicia es todo sabiduría,
y la sabiduría es todo orden,
y el orden es todo razón,
y la razón es todo procedimiento,
y el procedimiento es todo lógica…”
(JACINTO BENAVENTE,
“Los intereses creados”,
Acto II, Cuadro II, Escena VIII)
PRESENTACIÓN
Este año que transcurre cumplimos 25 años en la enseñanza. Una activi-
dad que llegó de manera fortuita y sin proponérnosla, para quedarse por
siempre y que hoy constituye el motor de nuestro diario vivir. Nuestra
realización personal y profesional. Un inesperado primer lugar en el exa-
men de admisión de la universidad del pueblo nos dio la llave de la puer-
ta de la enseñanza: primero de la Historia y ante un público adolescente.
Más tarde, del Derecho y ante bachilleres, abogados y magistrados.
En este cuarto de siglo, una montaña de anécdotas, alegrías, tristezas y vi-
vencias en general asoman a la ventana de la nostalgia. Sin embargo, po-
cos momentos dejan una marca indeleble en la línea de vida profesional
de un profesional. Y menos aún son las que quedan tatuadas en la mente y
en el alma. Con nuestro ruego de indulgencia a los lectores, quiero hacer
de este espacio un retrato vivencial de gratitud.
Cuando aún no salíamos de la adolescencia, ya frecuentábamos las aulas
preuniversitarias como docentes con singular aceptación. Nuestra forma
de enseñanza de la historia, si bien estaba marcada por un estilo muy pro-
pio –amena, vivencial, traviesa, envolvente–, era de perfil oficialista. Fa-
raón, emperador, rey o presidente, sus obras, batallas ganadas, construc-
ciones. El primer gobernante que hizo esto, el más joven, el más anciano.
Hasta que un buen día, cuando el ensoberbecimiento propio de la inma-
durez nos hacía caminar sobre algodones, nos dimos de narices contra el
muro de la realidad. Un poema del alemán BERTOLD BRECHT nos mostró
nuestra equivocada línea de docencia. Se rotulaba “Preguntas de un obrero
ante un libro de historia” y me hizo renegar de lo hasta ese momento ense-
ñado.
Como si fuera un método socrático, dos docenas de interrogantes derriba-
ron nuestro ego de barro:
x “Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quien la construyó? En los li-
bros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los
grandes bloques de piedra?
x Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién volvió a construirla
otras tantas?
X ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
x ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la cons-
truyeron?
x La noche en que fue terminada la muralla China, ¿a dónde fue-
ron los albañiles?
x Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los eri-
gió?
x ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
x Bizancio tan cantada, ¿tenía sólo palacios para sus habitantes?
x Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tra-
gaba, ¿los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos?
x El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo?
x Cesar venció a los galos. ¿No llevaba consigo siquiera un coci-
nero?
x Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más?
x Felipe II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién la ven-
ció además?
x Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de
la victoria?
x Un gran hombre cada diez años. ¿Quién pagaba sus gastos?
x Una pregunta para cada historia”.
Quedamos perplejos desde antes de llegar a la última línea. Nos dimos
cuenta de que enseñábamos cosas descriptivas, banales, anecdóticas, poco
científicas. No formábamos. Informábamos y deformábamos. Superada
esa etapa, prometimos no volver a caer en ese derrotero que conducía al
abismo intelectual.
Sin embargo, algunos años más tarde ocurría lo mismo en el ámbito del
Derecho. Replicábamos como docentes lo oído como discentes. Lo que
habíamos leído y escuchado de nuestros profesores lo repetíamos como
una letanía: “El juez debe hacer justicia, debe ser solidario, debe estar
comprometido con su tiempo, el criterio sabio del juez, etc.”. Sin más ra-
zones que las de autoridad: “Si lo dice tal… ¿quién soy yo para desdecir-
lo?” Y lo más grave es que nos solazábamos en el error. Creíamos que
hacíamos ciencia.
Mi padre, que toda su vida fue conductor de taxi y a quien también este
2011 le cae una catarata de efemérides (75 años de vida, 50 años en el Perú,
25 años de su nacionalización), es un frecuente compañero de asistencia a
Congresos y encuentros académicos de Derecho Procesal. “Me gusta escu-
charte hablar”, me dice con su ternura de padre grande y de gran padre. Y
se ha recorrido medio América conmigo. Ha caminado, como yo, entre gi-
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XI
gantes del Derecho Procesal. Y a pesar de haber sido toda su vida conduc-
tor profesional, escucha las ponencias de los procesalistas con la atención
de un niño ante la programación de Discovery Kid’s. Hasta que un buen
día hizo un comentario espontáneo: “Todos hablan cosas muy bonitas del
Derecho Procesal. Igualmente, todos parecen tener la fórmula ideal de la
solución a las peripecias, vicisitudes y desgracias de los justiciables, pero –
continuó con una interrogante– ¿por qué, entonces, el Derecho está tan
mal?”
Sentí lo mismo cuando mis hijas me preguntaron sobre cómo llegan los
bebitos al vientre de mamá: sabía la respuesta, pero me ruborizaba el con-
testarla. En esa corta pregunta entendí que, por segunda vez, me encon-
traba ante una poesía de interrogantes que podría titularse “Preguntas de
un conductor ante un libro de Derecho Procesal”. Y, palabras más, palabras
menos, debían tener el siguiente tenor:
x “Si el conflicto existe entre dos partes con marcados intereses
contrapuestos, ¿por qué el juez se solidariza con una de ellas? Al
hacerlo, ¿no se pone en contra de la otra?
x “En los Códigos siempre se resalta la imparcialidad del juez; en-
tonces, ¿por qué su papel paternalista y tuitivo en determinados
asuntos?
x “Y si es obligatoria la defensa de un letrado, como garantía jurí-
dica, ¿por qué se establece el iura novit curiae?
x “Si las partes llegan al indeseado proceso cuando ya han agotado
todas las posibilidades de solución entre ellos, ¿por qué se exige su
buena fe en el litigio?
x Si la etapa de alegatos es fundamental para la decisión final, ¿tie-
ne sentido su ausencia en el Código Procesal Civil?
x Los Códigos están llenos de principios, pero ¿de dónde surgen?
¿Cuál es su justificación?
x Si las normas procesales las hacen los mejores juristas, ¿por qué
tanto descontento?
x Si a los magistrados del Poder Judicial se les exige estar al mar-
gen de la política, ¿cómo es que los del Tribunal Constitucional son
elegidos por un órgano político como es el Congreso?
x Si la cautela es unilateral, ¿por qué se insiste en llamarla proceso?
x ¿Alguien entiende por qué en el proceso penal se apuesta por un
sistema acusatorio y en lo civil por un sistema inquisitorial? ¿No
son sistemas contrapuestos?
XII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
x Cada nueva norma o sentencia trascendente, un cuestionamien-
to. Una promesa incumplida del Derecho”.
Esta vez, la poesía de preguntas –a diferencia de los tiempos de profesor
de historia– nos encontró bautizados.
Ya llevábamos cinco años bebiendo de las fuentes científicas del Derecho
Procesal. Un lustro colocando la Constitución por encima de la ley proce-
sal. Un quinquenio buscando que el hombre y la mujer de Derecho en el
Perú entiendan que el rol del juez es juzgar y no suplir ni las carencias, ni
la negligencia ni la ignorancia de las partes. Al igual que en las economías
sanas, el subsidio en el proceso es nocivo para los ciudadanos.
¿Cuándo se produjo este giro diametral en nuestra concepción procesal?
A mediados del año 2005 conocimos a ADOLFO ALVARADO VELLOSO y, en-
tonces, se produjo el cambio de piel. “He sido juez durante treinta y cinco
años de mi vida…”, fue su primera frase y pensé entonces que iba a escu-
char el mismo tañido de campana que me acompañó toda la vida ligada al
Derecho. Sin embargo, el asombro se apoderó de todos los asistentes
cuando la confesión realizada al inicio era el punto de partida para co-
menzar a demostrar su teoría, con la autoridad que confiere el haber esta-
do a ambos lados del mostrador.
Esta vez, las razones para demostrar el sistema procesal que propugna no
eran meras declaraciones de esperanza en la capacidad emocional e inte-
lectual de la autoridad y en el accionar cuasi santo de las partes, sino que
su punto de apoyo era la lógica y la objetividad. Era como si nuevamente
el fantasma de BERTOLD BRECHT apareciera pero bajo el rótulo de “Pregun-
tas de un científico ante un libro de Derecho Procesal”.
Conforme transcurrió la tríada de charlas que nos brindó en aquel otoño
de mediados de década, iba creciendo ilimitadamente nuestro asombro,
no sólo porque a puro razonamiento se traía abajo toda la estantería de la
doctrina instalada en el Perú y América, sino porque además sospechá-
bamos que la doctrina imperante se esforzaba en mantener estas ideas ba-
jo la sombra.
Estábamos ante un sistema que exige a cada actor del drama procesal re-
presentar su papel genuino. El que le otorga el libreto que hicieron UL-
PIANO y PAPINIANO. Algo tan simple y maravilloso como eso. Un juez cu-
ya grandeza esté en sentenciar. No en suplir, proteger o amamantar a las
partes o alguna de esas falacias o eufemismos que utilizan los legisladores
para cargarle al juez hijos ajenos. Y, por otro lado, las partes que se enfren-
ten jurídicamente con igualdad de armas; si por diferentes circunstancias
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XIII
alguna de ellas requiere asistencia, ésta no puede provenir del juzgador.
Se siente una subvaluación del abogado. Una desconfianza de su capaci-
dad y, entonces, los procesos se diagraman con un juez tuitivo.
A todo este fárrago de inexactitudes y yerros, suele pasar inadvertido un
hecho que no es menor: el lenguaje jurídico. ALVARADO VELLOSO busca
acercar el Derecho procesal a la cientificidad no sólo con el fondo, sino con
la forma. Resulta paradójico que hablemos de “letrados” como una sinó-
nima usual de abogado y que la realidad muestre una situación distinta.
Estas líneas, entonces, son la continuación de esta faena por realizar un
auténtico proceso de un Estado Constitucional de Derecho.
ALVARADO VELLOSO le ha dado el nombre de garantismo procesal y desde
hace trece años lo difunde como un evangelio desde la Maestría que dirige
en su natal Rosario. Y como si esto no fuera suficiente, peregrina por todo
el longilíneo territorio argentino y el accidentado mapa sudamericano con
su mensaje.
Él y el garantismo procesal son sinónimos, se han fundido en una sola
pieza. Y todo el Derecho Procesal ha salido ganando en esa asociación.
Casi dos docenas de peruanos hemos asimilado sus ideas en Argentina.
Otro centenar lo ha hecho en las diversas presentaciones del maestro rosa-
rino en el Perú. Unos miles han recibido el impacto de esta escuela en
nuestras sesiones en EGACAL. Y, sin embargo, sentimos que aún falta. La
doctrina oficialista trata siempre de esconder sus ideas. Saben que cuando
ALVARADO VELLOSO las expone y explica, hay pánico en el parque. Luego
de cada presentación aglutina adjetivos calificativos superlativos. Cada
exposición es sabrosa. No sólo le da al Derecho Procesal el rigor de estricta
ciencia, sino que lo matiza con anécdotas, hipérboles y paradojas que le
colocan la canela al pisco sour. Es la más perfecta simbiosis de forma y
fondo.
Y, con todo, no basta. Aún existen páramos de incertidumbre e inseguri-
dad procesal. Por ello, creemos que la mejor forma de extender aún más la
doctrina procesal garantista es mediante el medio que Vd., lector, tiene en-
tre manos.
Bajo el sencillo título de “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, se esconde un
auténtico tratado ajeno a la dogmática y cercano a la reflexión y el debate.
Es un toque de genialidad disimulado en un envase de sencillez. Es la
propuesta de un sistema procesal soportado en la garantía de la libertad.
Ya circula por toda Centro y Sudamérica, así como por numerosas provin-
cias argentinas, adaptado a la legislación de cada lugar.
XIV ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Por ello, el privilegio-carga que nos entrega el maestro ADOLFO ALVARA-
DO VELLOSO con la adaptación de su opera magna a la legislación peruana.
Privilegio, porque nos enaltece con la responsabilidad y coloca zancos a
nuestra estatura académica. Y carga, pues si por nosotros fuere, al libro lo
tocaríamos con guantes y no agregaríamos una coma, por el riesgo de alte-
rar su diáfana línea argumentativa.
A decir verdad, la legislación nacional debería adaptarse al sistema pro-
puesto. En un cuarto de siglo de vida laboral nunca estuvimos ante un de-
safío así. Sólo la generosidad propia de los maestros hacen posible esta
ilógica: que los discípulos presentemos los libros de los mentores.
Pero el lector no debe preocuparse. En sangrado y cuerpo más pequeño
encontrará nuestros comentarios respecto de algunas figuras. Entre parén-
tesis hemos colocado, dentro del texto principal, los artículos de nuestra
normatividad con respecto a las figuras tratadas.
Lo más importante es que el sistema procesal de la libertad, subyace intacto.
Está inmunizado contra el paso del tiempo. Si en algún momento cambia
o se modifica la normatividad, la filosofía, razonamiento e ideología del
portaestandarte del garantismo se mantendrá en la cima del Himalaya
procesal.
GUIDO C. AGUILA GRADOS
OTOÑO DE 2011
PRÓLOGO
La edición peruana de estas Lecciones de Derecho Procesal Civil ha sido pre-
sentada por mi discípulo y amigo GUIDO AGUILA GRADOS, que tanto ha
hecho ya en pro del buen Derecho en su país.
Por mi parte, nada debo agregar a sus tan afectuosas y emotivas líneas. De
ahí que sólo hago constar acá mi gratitud por el esfuerzo realizado y por
el excelente resultado obtenido en sus atinadas anotaciones.
No obstante, a fin de que el lector pueda conocer cómo se gestó el conte-
nido de este libro, agrego a continuación lo que escribí como Presentación
de la obra original que dio motivo a ésta: Sistema Procesal: Garantía de la Li-
bertad que Ediciones Rubinzal-Culzoni (Santa Fe, Argentina) publicó en el
año de 2008 en dos tomos de 1300 páginas.
Dije allí:
Deseo comenzar esta Presentación con una suerte de confiden-
cia intimista que intentará explicar el origen, el método y la fi-
nalidad de esta obra.
A tal fin, recordaré dos circunstancias que marcaron a fuego
las ideas que aquí expongo.
La primera: enseño Derecho Procesal desde el año de 1967 (llevo
más de cuarenta años en esa tarea) y lo he hecho —y hago—
en muchos lugares y con diferentes auditorios.
En esa experiencia, y al cabo de los primeros años, descubrí
que los tradicionales métodos docentes con los cuales yo estu-
dié mi carrera de abogacía y repetí luego en la tarea de enseñar
—a partir de la mera descripción y posterior explicación de la
norma— eran insuficientes para lograr que el alumnado capta-
ra íntegra y adecuadamente los conceptos que con mucho es-
fuerzo y vocación exponía ante él.
Al advertir el problema, me decidí a aconsejar la lectura de bi-
bliografía diferente a la utilizada hasta entonces. Pero poco fue
el cambio que se logró...
XVI ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Gran desilusión me provocaban los resultados de exámenes en
los cuales reprobaba la mayoría de los examinandos que, a mi
juicio, no lograban comprender los vericuetos de las abstrac-
ciones procesales...
La reiteración de esa situación hizo que pusiera en tela de jui-
cio mi propia capacidad de enseñar y, obviamente, la de cómo
lo hacía.
En un primer cambio metodológico me incliné por la conver-
sación intimista —cual lo hago aquí y ahora— tratando de su-
perar lo simplemente académico y mostrando la asignatura en
situaciones activas de la vida diaria y conflictiva.
Luego, privilegié la comensalidad por sobre la congresalidad
propia del aula y, no obstante, seguí sin encontrar los resulta-
dos anhelados.
En ese momento de la vida me encontré con la obra de HUM-
BERTO BRISEÑO SIERRA y con su método descriptivo de la acti-
vidad que se cumple en la realidad de la vida jurídica y, parti-
cularmente, de la tribunalicia.
Y me deslumbró la lógica del pensamiento del maestro y la fa-
cilidad con la cual se puede enseñar cada una de todas las ins-
tituciones del proceso a partir de un simple giro en su explica-
ción.
Se trata, simplemente, de cambiar la mera glosa de la norma —
que cualquiera puede leer y aun comprender— por la de la si-
tuación de vida en conflicto que la ley pretende regular, pre-
sentada como un fenómeno de convivencia que requiere de tu-
tela legal para lograr una solución pronta y pacífica.
A partir de allí, y comprendida por el alumno la necesidad de
la normación, describirle ahora las posibles alternativas de re-
gulación legal y lograr que él mismo las encuadre en diferen-
tes tiempos y lugares dados.
Recién entonces se puede comenzar la puntual explicación de
la norma vigente para hacer luego un juicio de valor acerca de
ella respecto de la realidad de este tiempo y de este lugar.
Con ello logré la plena comprensión que yo buscaba que tu-
vieran los alumnos respecto de los temas así enseñados, y ad-
vertí que no sólo disminuyó drásticamente el número de apla-
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XVII
zados sino que descubrí —con sorpresa y alegría— que todos
ellos habían asumido la entusiasta tarea de pensar el Derecho
(sin repetirlo con absurda y pertinaz incomprensión de mu-
chos y variopintos argumentos de autoridad) y tenían una des-
tacada y preocupada participación en la búsqueda de solucio-
nes a los muchos problemas de toda índole que genera la con-
vivencia.
Descubrí también que, con tal método, el estudiante gana no-
tablemente en su hasta ahora cuasi nula capacidad para hacer
abstracciones. Y eso lo sorprende y lo motiva para adelantar
sus estudios.
Pasa con él algo similar a lo que ocurrió en la humanidad con
la idea de número: se tardó milenios en pasar desde la cantidad
hasta la abstracción pura del número, lo que posibilitó descubrir
un mundo diferente, perfecto y sistémico: el de las matemáticas.
Por esa época decidí escribir un libro a base de ese método y a
partir de las ideas de BRISEÑO SIERRA, que ya pregonaba como
propias después de haber añadido algunas pocas de mi cose-
cha.
Cuando lo terminé tuve algunos tropiezos en la elección del
nombre con el cual la presentaría y, después de descartar va-
rios, terminé eligiendo el de Introducción al estudio del Derecho
Procesal que publicó Rubinzal Culzoni Editores, de Santa Fe (Ar-
gentina) en el año de 1989 y la dediqué, como correspondía,
A HUMBERTO BRISEÑO SIERRa. Mi maestro.
Con admiración y afecto.
Y a mi MANINA, nuevamente.
La obra fue planeada para contener un total de treinta Leccio-
nes —precisamente, ése fue uno de los nombres pensados al
efecto— y en ese tomo aparecieron sólo las quince primeras,
elaboradas sencillamente para alumnos pero destinadas de
verdad a los docentes de la asignatura, con quienes aspiraba a
confrontar ideas y discutir puntos de vista que presenté como
claramente polémicos y, por supuesto, tomando en todo caso
partido por alguna de las posibles soluciones.
XVIII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
No tuve la suerte de que alguien se presentara a polemizar.
Creo que, en el fondo, no hubo muchos docentes que leyeran
mi libro.
Pero descarto que algunos pocos aceptaron estoicamente hacer
su lectura pues hoy, varios años después, es texto obligado de
estudio en muchas Facultades de Derecho de Universidades
de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Pa-
namá, Paraguay y Perú.
En la Presentación que acompañó su publicación dije textual-
mente:
Esta obra pretende ser distinta de las demás que se hallan publicadas
acerca de la materia procesal.
Como se trata de una simple Introducción a su estudio, no puede —
ni debe— contar con la extensión de un Tratado pero, al mismo
tiempo, tiene que mostrar un desarrollo completo de los temas que
aborda.
Para hacerla, he partido del método ideado por HUMBERTO BRISEÑO
SIERRA, con cuyas ideas me hallo tan consustanciado que ya no sé —
honestamente— qué es lo que pertenece a él y qué es lo que le agregué
o modifiqué.
Reconozco que estas dos actitudes mías —agregar y modificar— son
un verdadero pecado pues hacen perder de vista la genialidad de su
talento.
Pero existe solución sencilla para deslindar responsabilidades: si lo
expuesto muestra un carácter de excelencia, pertenece a BRISEÑO
SIERRA. Si no es así, no me queda otro camino que asumir la pater-
nidad de las ideas.
Simples razones editoriales determinan que esta obra se presente en
dos partes, la primera de las cuales ya está en manos del Lector. La
segunda es de próxima aparición y su índice puede ser visto al final
de este ejemplar.
Por cierto, anhelaba publicar las quince Lecciones finales en un
segundo tomo que presentaría a la mayor brevedad.
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XIX
Pero las circunstancias de la vida me impidieron cumplir con
ese propósito y el final de la obra vio postergada su aparición
por muchos años.
Fue recién en el año de 1998 cuando pude ver un segundo to-
mo publicado —otra vez—- por la misma editorial. Sin embar-
go, no alcancé a terminar el total de Lecciones que me había
impuesto presentar allí, por lo que sólo llegué hasta la Lección
23.
Cuando presenté ese segundo tomo, dedicado ahora a los
amigos que gané en todas partes durante los muchos años que
traté de enseñar el Derecho Procesal, dije:
Varios años han pasado desde la edición del Tomo I de esta Introduc-
ción, durante el transcurso de los cuales me fue imposible terminar
de escribir las Lecciones que restaban.
Paradójicamente, el tema no me preocupó: el ejercicio de una abogac-
ía intensa me alejó de la docencia universitaria durante varios años,
absorbió todo mi tiempo disponible e hizo que añorara la actividad
judicial que permitía una adecuada programación de las tareas a
cumplir (en particular, de las académicas).
Al comenzar el año de 1997 asumí un nuevo —y desconocido hasta
entonces— compromiso con la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional de Rosario: dar clases de Derecho Procesal exclusiva-
mente para graduados en el Curso de Especialización en Magistratu-
ra Judicial, en el cual un nutrido grupo de magistrados, funcionarios
judiciales y aspirantes a ingresar a la judicatura mostró alto y reno-
vado interés por el estudio de la materia. Esto logró motivar una
nueva militancia académica, que creía perdida.
El éxito de tal Curso —mérito de todos los profesores que integraron
su planta docente— excedió el límite geográfico de la provincia. A tal
punto que, por convenio de la Universidad Nacional de Rosario con
la Universidad del Centro (provincia de Buenos Aires), hoy funciona
en la ciudad de Azul, bajo mi dirección y con el mismo resultado ini-
cial.
Al comenzar este año de 1998 inauguré la dirección de la Maestría de
Derecho Procesal en la misma Facultad de Derecho de la Universidad
XX ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
de Rosario, donde cursan maestrandos de varias provincias argenti-
nas y del Paraguay.
Tanto interés por el estudio de la ciencia del Derecho Procesal y, par-
ticularmente, por el enfoque de libertad —y no de autoridad— que
está presente en todas mis clases, me decidió a continuar la obra in-
conclusa y terminar la tarea largamente postergada.
Sin embargo, al llenar el mínimo necesario de páginas descubrí que
era conveniente presentar ya mismo este Tomo II conteniendo sólo
siete de las quince Lecciones restantes, por lo cual lo entrego hoy al
editor asumiendo el compromiso de finalizar la obra en breve plazo.
Decidido finalmente a terminar la obra cuanto antes (pues ya
puedo mostrar ¡once promociones! con un total de casi 600
maestrandos de casi todas las provincias argentinas y de Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que me
lo exigen insistentemente), me surgió nuevo problema: no es-
taba convencido de la bondad del contenido de lo que debía
escribir por la simple razón de que ya no pensaba como ante-
s....
Para comprender este sorpresivo giro autoral que recién hoy
confieso, es imprescindible que relate antes la segunda cir-
cunstancia apuntada al comenzar estas líneas.
Sucedió que, al tiempo que cumplía mi tarea docente, ejercí la
magistratura judicial en el Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, en el cual revisté durante exactos treinta y cinco
años, ejerciendo una Vocalía en la Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Rosario durante los últimos
veintitrés de todos esos años...
En todo ese lapso fui lo que puede considerarse un buen
ejemplo de juez autoritario, manejando a veces a voluntad el
procedimiento, intentando conciliaciones intraprocesales a to-
do trance, imponiendo novedades jurisprudenciales buscadas
en la equidad y no en el texto de la ley, haciendo muchas veces
un juzgamiento interno acerca de su bondad, oportunidad y
justicia y, por tanto, de su aplicabilidad, etcétera.
Todo lo que pensaba en esa larga época lo expuse detenida-
mente en un libro que publicó Ediciones Roque Depalma (Bue-
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXI
nos Aires) en el año de 1982 y que tuvo el único mérito de ser
el primero en encarar ese tema en el país: El Juez: sus deberes y
facultades, que todavía alguien me recuerda impertinentemente
cuando expongo mis ideas en la actualidad...
En el año de 1989 me retiré del Poder Judicial y comencé a
ejercer una activa profesión de abogado.
Descubrí allí la exactitud del siempre vigente aforismo del
Martín Fierro, nuestro máximo poema épico: la ley es como el cu-
chillo, pues nunca lastima al que lo maneja....
Esto lo aprendí al poco tiempo: más allá de sufrir ahora en
carne propia el autoritarismo de algún juez —tal vez inspirado
en lo que fue mi propio autoritarismo y que descarto habrá
dado mucho que hablar en el foro de entonces— comencé a
advertir desde el otro lado del mostrador, que es donde duele
verdaderamente la injusticia, la existencia de numerosas sen-
tencias adversas al buen sentido judicial en pleitos que fueron
fallados en equidad y, por cierto, en contra del texto expreso
de la ley, o sin la previa audiencia del interesado o definitiva-
mente terminados con incomprensibles medidas cautelares ca-
rentes de un proceso principal que les diera sustento.
Todo, en pos de una difusa meta justiciera que había que lo-
grar al amparo de nuevas ideas filosóficas presentadas prego-
nando la existencia de un posmodernismo aplicado al proceso
judicial.
Y ello, en un país que desde hace años reza laicamente la pala-
bra democracia (que en definitiva sirve sólo para marcar el ori-
gen del poder) sin advertir que lo importante es la república,
donde existe intercontrol de poderes y que se encuentra tan
olvidada en este rincón del continente..!
SI bien se mira el fenómeno señalado, se trataba —en rigor, se
trata, pues es la moda actualmente reinante en materia juris-
prudencial— de invertir la fórmula de privilegio que JOHN
RAWLS mostró en su Teoría de la Justicia, al preguntarse acerca
de qué debe prevalecer en una sociedad bien ordenada: si la
búsqueda de lo bueno (lo good) o la del derecho (lo right). Él se
decidió por lo right entendiendo que, en tal tipo de sociedad, el
derecho debe prevalecer sobre lo que se considera el bien
común.
XXII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Glosando el tema en su columna editorial, MARIANO GRON-
DONA tomaba idéntico partido en abril de 2002, sosteniendo:
Parece absurdo dejar de hacer algo que se percibe como bueno, como
conveniente, sólo porque lo prohíbe una regla.
Pero esta primera impresión ignora la naturaleza de las reglas, sean
ellas morales o jurídicas, porque ¿cuándo adquiere su plena vigencia
una regla? Sólo cuando no conviene cumplirla.
Supongamos que alguien se ha impuesto como regla el despertarse a
las seis de la mañana. Cuando se despierta naturalmente diez minu-
tos antes de las seis, esa regla resulta redundante. Ella se pone a
prueba, en cambio, cuando después de una larga noche en vela el
sueño lo invita a seguir descansando. Cuando es duro cumplirla.
Por eso los romanos, que inventaron el Derecho, decían dura lex,
sed lex.
Más aún: sólo es verdadera ley cuando es dura.
Imaginemos ahora una nación que en lugar de seguir la tablas de va-
lores de RAWLS adhiere a la primacía de lo bueno (o de lo que gusta)
por sobre las reglas. Hará en cada caso lo que más le convenga. Pero
al comportarse así vivirá, en los hechos, sin reglas.
Cuando ellas convengan, las cumplirá, pero no porque sean rectas
(right) sino porque son buenas (good).
Pero cuando las perciba como inconvenientes, como malas, no las
cumplirá.
Al proceder así, esa nación creerá que optimiza lo que más conviene
al bien común pero, al hacerlo, se volverá impredecible: sI aprueba un
contrato o emite una ley, los violará cada vez que no convengan. De
esta manera destruirá la confianza de los demás en sus promesas, en
sus contratos, en sus leyes...
Y es que hay dos ideas del bien: los pequeños bienes, con minúscula,
a los que desestima RAWLS, se obtienen con las reglas.
El Bien con mayúscula resulta —al contrario— de renunciar a los
pequeños bienes cuando lo exige una regla vigente. Olvidar las reglas
por atender a los pequeños bienes con minúscula destruye el Bien con
mayúscula.
Ese bien es, en definitiva, la confianza de los demás.
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXIII
Este es el bien que la Argentina ha perdido. Y que Dios quiera que no
sea para siempre...
Y todo esto sucede, claro está, en un mundo cuyos habitantes
no desean cumplir la ley y que se encuentra gobernado por
una execrable oclocracia.
Esto es ya antigua costumbre en la Argentina, donde desde
siempre se practica el autoritarismo, el desprecio al otro, el fa-
cilismo, la igualación hacia abajo, la frustración impuesta por
el gobernante de turno, etcétera, en recurrencia histórica que
ha hecho decir a importante pensador del país que aquí nos
preocupamos por acatar lo que dice la ley con minúscula para
desconocer olímpicamente, con alegría y despreocupación, lo
que manda la Ley con mayúscula...
Y en esa tónica, nos han formado desde la propia Universidad
y en todos los estudios posteriores o paralelos, mostrándonos
una cultura que enseña que la ley no sirve para adecuar la
convivencia a una auténtica pacificación social sino al indivi-
dual y egoísta interés particular, que debe ser privilegiado por
sobre toda otra cosa.
Se trata, en definitiva y perversamente, de apañar la práctica
de una suerte de autoritarismo pasivo que nos prepara para
aceptar subconscientemente la existencia del verdadero autori-
tarismo y de no cuestionar a quienes lo practican desde antaño
y en claro beneficio personal o de unos pocos, aunque lo
hagan al margen de la Constitución y de las leyes.
Marginalmente: sin esta cultura sería imposible aceptar el
método de enjuiciamiento inquisitivo, que ya lleva rigiendo
más de quinientos años en estas tierras sin que la minoría polí-
tica dominante —a quien, por cierto, ello sirve— haya acepta-
do erradicarlo.
Así, hay abogados —no todos, afortunadamente— que aconse-
jan de modo habitual —a no asustarse pues ésa es, en definiti-
va, su cultura— incumplir la ley, evitar sus efectos, evadir el
pago de los impuestos, incoar un concurso para no pagar a los
acreedores, etcétera, para lo cual interpretan, o malinterpretan,
o desinterpretan, o acomodan, o desacomodan o desconocen la
ley. En sus dos versiones: con y sin mayúscula.
XXIV ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
En los últimos años la jurisprudencia argentina mostró ese
rumbo, que rápidamente están adoptando otros países veci-
nos.
Pues bien: cuando esta actitud se generalizó y numerosos tri-
bunales superiores se plegaron a esa interpretación (¿?) seudo-
realista y refundadora de la ley —afortunadamente no fueron
todos los que se enrolaron en esta línea de pensamiento— la
Justicia, como institución de poder y cogobierno, dejó de ser pre-
decible y la jurisprudencia —que por decenas de años fue
muestra cabal del estudio, la dedicación, el sosiego, la mesura,
la prudencia y la mansedumbre de los jueces argentinos— se
tornó de golpe en algo auténtica e incomprensiblemente caóti-
co.
De verdad, se ha logrado con ello una Justicia que actúa ilegí-
timamente en procura de obtener una vaga, difusa y cada más
incomprensible justicia particular... que, además, es un con-
cepto diferente para cada uno de los miles de jueces que act-
úan contemporáneamente!
Lo que pasó en los primeros seis meses del año de 2002 en la
Argentina con motivo de la crisis financiera aquí vivida, no
tiene parangón en la historia jurídica del país y el tenor del
promedio de las resoluciones judiciales muestra ejemplarmen-
te la existencia de lo recién afirmado.
Cuando esto se generaliza y autorizadas voces de lo que habi-
tualmente se acepta como la mejor doctrina nacional defienden
con entusiasmo la violación del sistema de legitimidad im-
puesto por la Constitución —es más: a veces la prohíjan— la
sorpresa inicial se convierte en preocupación.
En rigor, en gravísima preocupación, pues lo que primero apa-
reció como simple impredecibilidad ahora se muestra como des-
orden definitivo similar al que ya se vivió en el mundo de los ´40
como producto del nihilismo nazi.
Y no hay sociedad alguna que logre sobrevivir en medio del
caos...
Una aclaración se impone. No es que yo trate aquí de desme-
recer la interpretación legítima los hechos y las conductas so-
metidas a juzgamiento ni la interpretación —también legíti-
ma— de la norma jurídica oscura que los jueces deben aplicar.
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXV
Critico, sí, la interpretación contra legem, la falta de aplicación
de la ley positiva que expresamente resuelve un caso determi-
nado, privilegiando así —otra vez— lo good por sobre lo right,
sin que nadie atine a recordar que el fallar en contra del texto
expreso de la ley en la Argentina configura el tipo delictual
denominado prevaricato...
Ataco también la interpretación que se pretende dar al propio
método de enjuiciamiento toda vez que él no puede admitirla
en modo alguno. Mucho menos dentro de un sistema de fuen-
tes, como el argentino, del que se apartan cada día más mu-
chos jueces inspirados en criterios subjetivos de conveniencia
u oportunidad de aplicación o no de la ley vigente....
En efecto: un método debe ser siempre cosa neutra pues, como
tal, no admite valoraciones subjetivas.
La tarea de multiplicar según un cierto método, por ejemplo,
no puede ser variada a voluntad de quien realiza la operación
aritmética. Igual ocurre, v.gr.: si se desea hacer un análisis
químico de composición del agua.
En el proceso debe ocurrir otro tanto pues la justicia está en el
resultado, en la meta: la sentencia.
Pero, adviértase bien, jamás en el método que se utiliza para bus-
carla o procurarla: el proceso.
Igual que en la operación de multiplicación, cuya corrección se
ve en el resultado.
Por eso es que no comprendo cómo se puede hablar de la exis-
tencia de un proceso justo cuando tal proceso es puro método....
El proceso no es ni puede ser lógicamente justo o injusto. Pero
sí es legítimo (y es proceso) o ilegítimo (que no es proceso). Lo
que, por cierto, es cosa bien diferente.
Buscando un proceso que se enmarcara siempre en criterios ob-
jetivos de legitimidad, he logrado con los años hacer un giro de
ciento ochenta grados respecto de lo que pensaba en cuanto a
cómo debían actuar los jueces en las tareas de procesar y de sen-
tenciar.
Y creo que esa legitimidad se encuentra sólo dentro de un sis-
tema en el cual quepan todas las soluciones posibles. Aun las
XXVI ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
no previstas pero hallables siempre mediante mecanismos que
el mismo sistema proporciona.
En los últimos años —con filosofía posmodernista mediante—
ha habido una clara reacción generalizada en el procesalismo
civil hacia estas ideas que aquí sostengo, proclamándose desde
autorizada y recurrente doctrina que el sistema no es bueno
como tal porque no siempre conlleva el resultado de justicia al
cual los jueces deben aspirar por sobre todo otro pensamiento
en la superior tarea que les asigna la Constitución en el siste-
ma legal argentino vigente. Con lo cual se busca privilegiar la
meta por sobre el método, dando con ello razón postrera a MA-
QUIAVELO: el fin justifica los medios…
De ahí que actualmente se propone con insistencia abandonar-
lo para siempre y, confiando en la sagacidad, sapiencia, dedi-
cación y honestidad de la persona del juez, entregarle toda la
potestad de lograr esa justicia dentro de los márgenes de su
pura y absoluta subjetividad. Igual a lo que hacían el pretor y el
cadí... por bueno, sabio y justo que sean un pretor o un cadí de-
terminado, toda vez que en la sociedad moderna hay muchos
pretores o cadíes y que pueden no ser iguales entre sí.
Creo que con esto se logrará más inseguridad, más impredeci-
bilidad, más jurisprudencia contradictoria, mayor alejamiento
de la idea del debido proceso, mayor anarquía judicial...
Porque aspiro a que esto no ocurra —sería absurdo que dejá-
remos todo eso como incomprensible herencia a nuestros hijos,
que no la merecen— es que decidí añadir al texto originario de
mi Introducción toda la explicación histórica que considero ne-
cesaria para que el lector comprenda de dónde provienen los
sistemas de enjuiciamiento conocidos y por qué uno es bueno
y el otro malo.
En realidad, no es malo. Es perverso.
Pero, además, cambié y mucho la exposición de algunos temas
para poder mostrar en definitiva que el proceso —en cuanto
método— es y debe ser sistémico.
De ahí que este libro aparezca con el titulo de Sistema procesal y
que, en rigor de verdad, es otro libro aunque se repitan en éste
muchos conceptos vertidos en las Lecciones ya conocidas desde
antes. Máxime cuando a éste le he añadido alrededor de dos-
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXVII
cientas páginas de notas, la mayoría de ellas de sociología ju-
dicial.
Algo más: como se verá en el texto, en los últimos años ha sur-
gido un movimiento filosófico —en rigor, ideológico— que se
contrapone con el denominado solidarismo procesal, generador
de un decisionismo judicial que ha logrado el desorden que he
criticado líneas atrás.
A partir del subtítulo que acompaña la obra Derecho y razón de
LUIGI FERRAJOLI, ese movimiento que se acrecienta cada día
más ha dado en autodenominarse garantismo procesal.
A partir de las ideas que lo sustentan, no se procura hacer una
normación más permisiva con el delincuente ni poner puertas
giratorias en las cárceles y comisarías, como cree cuasi genera-
lizadamente el periodismo amarillo y la gente no advertida.
Se trata, en cambio y simplemente, de mantener un irrestricto
acatamiento a las normas constitucionales cuando las conteni-
das en la ley –de clara jerarquía menor– toman caminos diver-
gentes de ellas, que parten de un valor implícito reconocido
hoy como el más importante en diversas constituciones del
continente: el de la libertad.
Y como este libro contiene ideas claramente enroladas en ese
movimiento, es que decidí completar su título: Sistema procesal
con el aditamento de la palabra libertad.
Dado que, como se verá detenidamente en esta obra, la Consti-
tución nacional es de esencial raíz libertaria, creo que en el con-
cepto de proceso se subsumen todas las garantías en ella asegu-
radas para hacer valer todos los derechos prometidos.
De ahí el nombre final de este libro: Sistema Procesal: garantía de
la Libertad.
Si bien se piensa el tema y se extraen conclusiones acertadas a
partir de su lectura, procuro que los sustantivistas dejen de
pregonar la adjetividad, accesoriedad, pobreza y falta de im-
portancia jurídica del derecho procesal cuando es sabido que
Ɇpor regular un puro métodoɆ es la única rama del derecho
que admite cabal y certeramente la calificación de científica.
XXVIII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Sin perjuicio de ello, recuerdo que más de las dos terceras par-
tes de los pleitos radicados en los tribunales del país se ganan
y se pierden por razones puramente procesales.
Y no es que el proceso sea la tumba del derecho.
Por lo contrario, es el método que permite reponer el orden
jurídico cuando ha sido violado o desconocido por los particu-
lares o por el propio Estado. Y esto no es poca cosa.
De ahí que su cabal comprensión exige conocimiento claro del
desarrollo de ese método, de sus fases y posibles secuencias,
etcétera. A consecuencia de ello, presento ahora lo que aspiro
sea una explicación sistémica de ese método que es el proceso.
Como se colige de lo expuesto hasta aquí, el Sistema… se con-
virtió de hecho en una segunda edición, actualizada y muy
cambiada, del texto contenido en los tomos de mi Introducción
al Estudio del Derecho Procesal.
En tazón de estos antecedentes y para que la nueva obra pueda ser utili-
zada con adecuado provecho y mejor sentido docente, por sugerencia de
varios discípulos que, a la postre, posibilitaron la aparición del libro que
ahora prologo, le quité muchas páginas y casi todas las notas de contenido
sociológico que había agregado en el Sistema… y logré que varios egresa-
dos de mi Carrera de Maestría adecuaran su contenido a las normativas
locales de sus respectivos países para ser publicadas con el nombre de Lec-
ciones de Derecho Procesal Civil.
Hasta hoy y en la Argentina, gracias al esfuerzo de mis discípulos en la
Maestría, he editado tales Lecciones… adecuadas a la legislación procesal
de las Provincias de Santa Fe (por ANDREA A. MEROI), Buenos Aires y Ca-
pital Federal (por GUSTAVO CALVINHO), Neuquén (por JORGE PASCUARE-
LLI), Río Negro (por RICHAR FERNANDO GALLEGO), Santiago del Estero
(por FERNANDO DRUBE y VÍCTOR ROTONDO), Córdoba (por MANUEL
GONZÁLEZ CASTRO), Catamarca (por RAMÓN PORFIRIO ACUÑA) y Salta
(por JUAN CASABELLA DÁVALOS). Además, en Chile (por HUGO BOTTO
OAKLEY), Costa Rica (por CARLOS PICADO VARGAS), Paraguay (por SEBAS-
TIÁN IRÚN CROSKEY) y Uruguay (por GABRIEL VALENTÍN).
Se presenta así una obra que creo novedosa: en lugar de explicar la norma
a partir de su propio texto, cual ocurre habitualmente, se desarrolla sisté-
micamente cada tema y se lo anota de acuerdo con la legislación local en
ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS XXIX
tipo de letra de cuerpo menor y con párrafos que lucen con mayor mar-
gen, en los cuales el adaptador hace constar si ello se aplica o no en la res-
pectiva legislación y da opinión acerca de las bondades o no de su inclu-
sión. Finalmente, cuando se hace una simple mención de la normativa vi-
gente, se coloca el número del respectivo artículo local entre paréntesis.
Aspiro a que todo esto sea útil al abogado, viejo o joven, que desee com-
prender los por qué y los para qué de cada institución vinculada a la idea
de proceso, concebido como método sistémico y pacífico de discusión dia-
logal y argumentativa, realizado por desiguales actuando en libertad y
con igualdad jurídica asegurada por la imparcialidad del juzgador.
Me gustará conocer la opinión del lector acerca de ello. Para eso consigno
mi dirección electrónica al pie de este Prólogo.
ADOLFO ALVARADO VELLOSO
aav@alvarado-abogados.com
ABREVIATURAS
CADH Convención Americana de Derechos Humanos
CC Código Civil
CN Constitución de 1993
CN79 Constitución de 1979
CP Código Penal
CPC Código Procesal Civil
CPCo Código Procesal Constitucional
CPCs Código de Procedimientos Civiles
CPP Código Procesal Penal de 2004
CPP91 Código Procesal Penal de 1991
CS Corte Suprema
LA Ley de Arbitraje
LHCA Ley de Habeas Corpus y Amparo
LC Ley de Conciliación
LCJ Ley de Carrera Judicial
LGPA Ley General de Procedimientos Administrativos
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
PI Proceso de Inconstitucionalidad
PJ Pleno Jurisdiccional
RNTC Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional
TC Tribunal Constitucional
v. véase
v.gr. Verbi gratia
XX, 000 Número seguido a una abreviatura refiere el artículo
de la referida norma
(v.gr.: CPC, 424 menciona al artículo 424 del Códi-
go Procesal Civil)
XXXII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
XX, 000, 0º Número ordinal, seguido a un número cardinal y
éste a su vez seguido a una abreviatura, refiere el in-
ciso del artículo de la referida norma.
(v.gr.: CPC, 424, 5º menciona el inciso 5 del artículo
424 del Código Procesal Civil)
LECCIÓN 1
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO
Y
UNA APROXIMACIÓN A SU IDEA LÓGICA
SUMARIO
1. Causa del proceso: el conflicto de intereses
2. Posibles soluciones del conflicto de intereses
2.1. Autodefensa
2.2. Autocomposición
2.2.1. Medios directos
2.2.1.1. Desistimiento
2.2.1.2. Allanamiento
2.2.1.3. Transacción
2.2.2. Medios indirectos
2.2.2.1. Mediación
2.2.2.2. Conciliación
2.2.2.3. Arbitraje
2.3. Heterocomposición pública
3. Razón de ser del proceso
4. Aproximación a la idea lógica de proceso
4.1. Funciones del proceso
4.2. Nociones de conflicto, litigio y controversia
4.3. Descripción del método de debate
4.4. Objeto del proceso
1. LA CAUSA DEL PROCESO: EL CONFLICTO DE INTERESES
Toda explicación habitual de la asignatura de Derecho Procesal pasa por
una obligada referencia inicial a la ley que rige la materia, con prescinden-
cia del problema de la vida que generó su creación y vigencia, que es lo
que verdaderamente importa pues permite comprender cabalmente el
fenómeno del proceso judicial.
En el Perú, la postal más frecuente en las aulas de las Facultades de De-
recho es la del docente premunido de la norma y dando una lectura ce-
remoniosa de cada artículo para que, a partir de ella, se comience a tejer
la comprensión de la ciencia jurídica. Si se trata de encontrar la raíz más
profunda de la crisis de la abogacía en el Perú, no parece ser muy com-
plejo dar con ella.
Creo que tal método no es correcto pues impide vincular adecuadamente
los dos extremos que se presentan en la aplicación de toda y cualquiera
norma: la aparición del problema de convivencia y la solución que a ese
problema le otorga la ley.
De ahí que comienzo la explicación de este Manual con una primaria y
obligada referencia a la causa del proceso: el conflicto intersubjetivo de inter-
eses.
En esa tarea, considero que es fácil imaginar que un hombre viviendo en
absoluta soledad (Robinson Crusoe en su isla, por ejemplo) –no importa al
efecto el tiempo en el cual esto ocurra– tiene al alcance de la mano y a su
absoluta y discrecional disposición todo bien de la vida suficiente para
satisfacer sus necesidades de existencia y sus apetitos de subsistencia.
En estas condiciones es imposible que él pueda, siquiera, concebir la idea
que actualmente se tiene del Derecho.
Fácil es también de colegir que este estado de cosas no se presenta perma-
nentemente en el curso de la historia; cuando el hombre supera su estado
de soledad y comienza a vivir en sociedad (en rigor, cuando deja simple-
mente de vivir para comenzar a convivir), aparece ante él la idea de conflic-
4 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
to: un mismo bien de la vida, que no puede o no quiere compartir, sirve
para satisfacer el interés de otro u otros de los convivientes y, de tal modo,
varios lo quieren contemporánea y excluyentemente para sí (comida,
agua, techo, etc.) con demérito de los apetitos o aspiraciones de alguno de
ellos.
Surge de esto una noción primaria: cuando un individuo (coasociado)
quiere para sí y con exclusividad un bien determinado, intenta implícita o
expresamente someter a su propia voluntad una o varias voluntades aje-
nas (de otro u otros coasociados): a esto le asigno el nombre de pretensión.
Si una pretensión es inicialmente satisfecha (porque frente al requerimien-
to "¡dame!" se recibe como respuesta "te doy"), el estado de convivencia
armónica y pacífica que debe imperar en la sociedad permanece incólume.
Y en este supuesto no se necesita el Derecho.
Pero si no se satisface (porque frente al requerimiento "¡dame!" la respues-
ta es "no te doy") resulta que a la pretensión se le opone una resistencia,
que puede consistir tanto en un discutir como en un no acatar o en un no
cumplir un mandato vigente.
Al fenómeno de coexistencia de una pretensión y de una resistencia acerca de
un mismo bien en el plano de la realidad social, le doy la denominación de
conflicto intersubjetivo de intereses.
Hasta aquí he contemplado la idea de un pequeño e incipiente grupo so-
cial, en el cual los problemas de convivencia parecen ser acotados.
Pero cuando el grupo se agranda, cuando la sociedad se convierte en na-
ción, también se amplía –y notablemente– el campo conflictual.
Si se continúa con la hipótesis anterior, ya no se tratará de imaginar en
este terreno la simple exigencia de un "dame" con la respuesta "no te doy"
sino, por ejemplo, de determinar si existe una desinteligencia contractual y
de saber, tal vez, si hay incumplimiento de una parte, si ello ha sido pro-
ducto de la mala fe, si es dañoso y, en su caso, cómo debe medirse el per-
juicio, etc. El concepto sirve también para el campo delictual: ya se verá
oportunamente el porqué de esta afirmación.
Como es obvio, el estado de conflicto genera variados y graves problemas
de convivencia que es imprescindible superar para resguardar la subsis-
tencia misma del grupo. De ahí que seguidamente pase a esbozar sus so-
luciones.
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 5
2. LAS POSIBLES SOLUCIONES DEL CONFLICTO INTERSUBJETIVO DE INTERESES
Planteada elementalmente la noción de conflicto como la de un fenómeno
inherente a la convivencia, parece razonable imaginar que en los primeros
tiempos se terminaba sólo por el uso de la fuerza: el más fuerte, el que os-
tentaba armas, el más veloz, hacía prevalecer su voluntad sobre el débil, el
indefenso, el lento.
Y esto se presenta como claramente disvalioso pues el uso indiscriminado
de la fuerza no asistida por la razón genera destrucción. Por eso parece
obvio que la fuerza debe ser erradicada de modo imprescindible para lo-
grar la sobrevivencia de la sociedad misma como tal.
No creo que haya posibilidad histórica cierta de saber cómo se hizo para
que la fuerza de la razón sustituyera a la razón de la fuerza, reemplazando el
brazo armado por la palabra, que ostenta –como medio de discusión– la
innegable ventaja de igualar a los contendientes.
Pero cuando ello ocurrió, se aceptó por todos los coasociados la posibili-
dad de dialogar para intentar lograr la autocomposición pacífica de los
conflictos, sin uso de armas o de fuerza.
Utilizando exclusivamente el razonamiento lógico y conforme con lo re-
cién visto, puede colegirse que cuando se desencadena un conflicto inter-
subjetivo de intereses, en definitiva termina por una de dos vías: a) se di-
suelve por los propios interesados, directa o indirectamente o b) se resuelve
por acto de autoridad, legal o convencional. Y no hay otra posibilidad,
como luego se advertirá.
Veamos ahora los medios por los cuales un conflicto puede disolverse. Ellos
son: la autodefensa y la autocomposición.
2.1. LA AUTODEFENSA
Es un medio de autocomposición directa y unilateral mediante el cual la
parte afectada por el conflicto no acepta el sacrificio del propio interés y
hace uso de la fuerza cuando el proceso llegaría tarde para evitar la con-
sumación del daño que teme o sufre.
En el derecho peruano se encuentra regulada la autodefensa: la legítima
defensa autorizada en el CP, 20, 3º; el derecho a proteger extrajudicial-
mente la posesión (CC, 920); el derecho de retención (CC, 1123), cuando
se declara que un acreedor puede retener en su poder el bien de su deu-
6 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
dor si su crédito no está suficientemente garantizado; el derecho a la
huelga (CN, 28, 3º), el cual debe entenderse como el abandono temporal
con suspensión colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de
determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley.
2.2. LA AUTOCOMPOSICIÓN
Es un medio que puede presentarse unilateral o bilateralmente y operar en
forma directa (por los propios interesados y sin la ayuda de nadie) o indire-
cta (con la ayuda de un tercero).
Veamos cuáles son:
2.2.1. LOS MEDIOS DE AUTOCOMPOSICIÓN DIRECTA
(OPERAN SIN LA AYUDA DE NADIE)
Las propias partes son quienes llegan espontáneamente a la composición
del conflicto, haciendo que éste se disuelva a base de uno de tres posibles
medios dependientes en forma exclusiva de la voluntad de ellas mismas:
2.2.1.1. EL DESISTIMIENTO
El pretendiente renuncia unilateralmente al total de su pretensión. A raíz
de ello, deja de pretender y abdica de reclamar en el futuro el objeto hoy
pretendido. Oportunamente se verá su regulación legal.
2.2.1.2. EL ALLANAMIENTO
El resistente renuncia unilateralmente al total de su resistencia. A raíz de
ello, acata la pretensión esgrimida en su contra por el pretendiente y otor-
ga lo pretendido. Oportunamente se verá su regulación legal.
2.2.1.3. LA TRANSACCIÓN
Ambos contendientes renuncian en forma bilateral, simultánea y recípro-
ca, a parte de sus posiciones encontradas. Y la pérdida de uno se compensa
con la del otro de modo tal que los dos terminan ganando.
Y los tres medios enunciados hasta aquí constituyen distintas formas me-
diante las cuales las partes pueden conciliar sus intereses. Oportunamente
se verá la regulación legal de todo ello.
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 7
2.2.2. LOS MEDIOS DE AUTOCOMPOSICIÓN INDIRECTA
(OPERAN CON LA AYUDA DE OTRO)
Sin disolver el conflicto planteado, pero con la obvia intención de lograr
su disolución, las partes llegan bilateralmente a un acuerdo mediante el
cual permiten que un tercero efectúe actividad conciliadora con el fin de
acercar los intereses contrapuestos y lograr que ellas mismas puedan lo-
grar la anhelada disolución mediante uno de los medios directos ya vistos
precedentemente: desistimiento, allanamiento o transacción.
Esta actividad puede presentarse con tres distintas gradaciones que gene-
ran otras tantas denominaciones: mediación, conciliación y arbitraje.
2.2.2.1. LA MEDIACIÓN (O SIMPLE INTENTO DE ACERCAMIENTO)
El tercero, actuando espontáneamente con plena aceptación de ambos
interesados o acatando expreso pedido de ellos, se limita a intentar su
conciliación, dando consejo y haciendo ver los inconvenientes que puede
engendrar el litigio, pero sin proponer soluciones que, de haberlas, surgirán de
las mismas partes en conflicto, quienes lo disolverán así por una de las mo-
dalidades ya conocidas: desistimiento, allanamiento o transacción.
En este caso, como resulta obvio, la actividad que cumple el tercero consti-
tuye sólo un medio de acercamiento para que los interesados lleguen por sí
mismos al resultado de la autocomposición (el conflicto se disuelve sin que nadie
lo resuelva).
Curiosamente, este mecanismo no está regulado legalmente en el Perú,
pero sí en otros países latinoamericanos, experiencia que podría tomarse
como punto de partida para una futura implementación:
En Paraguay se han desarrollado programas de mediación comunitaria
en la Municipalidad de Asunción y en el interior del país. En el sector ju-
dicial se ha realizado un entrenamiento en mediación para funcionar
anexo a los tribunales y se ha diseñado una experiencia piloto que se en-
cuentra pendiente de implementación. En este sector se ha creado la Ofi-
cina de Conciliación Penal para dar cumplimiento con las nuevas normas
procesales en materia penal. La Cámara de Comercio cuenta con un Cen-
tro de Arbitraje, Conciliación y Mediación. Actualmente esta institución se
encuentra regulada por la Ley de Arbitraje y Mediación Nº 1.879/02.
En Ecuador se dictó el 4 de septiembre de 1997 la Ley RO/145 que regula
el arbitraje doméstico, el internacional y la mediación. Pero ya con ante-
rioridad la nueva Constitución ecuatoriana (aprobada el 05 de junio de
1998) consagró definitivamente como principio constitucional a los pro-
cedimientos alternativos para la solución de conflictos, de la siguiente
8 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
manera: “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alter-
nativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”.
En Bolivia se dictó la Ley Nº 1.770 con fecha 03/10/97 llamada de Arbi-
traje y Conciliación, en cuyo artículo 94º (en sus Disposiciones Finales) se
reguló a la mediación como un medio alternativo para la solución de común
acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, podrá adoptarse
por las personas naturales o jurídicas, como procedimiento independiente o inte-
grado a una iniciativa de conciliación. Asimismo, también regula la media-
ción que puede ser pedida voluntariamente por las partes en los Centros
que se creen para la prestación de esos servicios.
En Costa Rica se promulgó la Ley Nº 7.727 que regula tres formas alter-
nativas de RAD: conciliación, mediación y arbitraje. Dentro de los proce-
sos -dice la ley- el juez podrá proponer a las partes una audiencia de con-
ciliación, la que estará a su cargo o a cargo de un juez conciliador nom-
brado para el caso concreto (art. 74). Se consagra el derecho de los habi-
tantes a ser educados en paz y para la paz, por lo cual los métodos RAD -
inclusive la negociación- deben ser contenido de los planes de educación.
Otro perfil tuvo el desarrollo de la mediación en la República Oriental
del Uruguay, país en que el primer programa fue impulsado por la Corte
Suprema de Justicia, que habilitó Centros de Mediación en áreas del Minis-
terio de Salud en 1995. Con posterioridad la Bolsa y Cámara de Comercio
creó un Centro de Arbitraje y Conciliación y, desde allí, se formaron conci-
liadores/mediadores, con apoyo del Banco Interamericano de Desarro-
llo. En este país, la mediación estuvo desarrollándose gradualmente y en
forma paralela a la conciliación y casi sin regulación legal, pues en su
comienzo se observó una mayor difusión en materia de conflictos vecina-
les, familiares, etc. y ahora se extendió en otras áreas tales como la co-
mercial, de la salud, etc.
2.2.2.2. LA CONCILIACIÓN
El tercero, acatando pedido expreso de ambas partes, asume un papel
preponderante en las tratativas y, por ende, diferente del caso anterior: ya
no se limita a acercar amigablemente a los interesados sino que asume la
dirección de las tratativas y hace proposiciones que, nótese bien, ellos tienen
plena libertad para aceptar o rechazar.
De lograrse el acuerdo, se trasuntará otra vez en un desistimiento, un
allanamiento o una transacción.
Y al igual que en el supuesto anterior, se ve claro que la actividad desple-
gada por el tercero sólo es un medio para que los contendientes lleguen por
sí mismos al resultado de la composición (nuevamente, el conflicto se di-
suelve sin que nadie lo resuelva).
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 9
En el Perú la conciliación prejudicial o extrajudicial, de acuerdo a la Ley
26872 (LC) y sus modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº
1070, es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el
cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin
que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto
(LC, 5). Asimismo, esta conciliación es de carácter obligatoria, toda vez
que constituye un requisito de procedibilidad previo a la interposición
de una demanda judicial (LC, 6). No obstante, se determinó que no es
exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos (LC, 9):
x en los procesos de ejecución;
x en los procesos de tercería;
x en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio;
x en el retracto;
x cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asocia-
dos;
x en los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General
de accionista señalados en el artículo 139º de la Ley General de Socieda-
des, así como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artícu-
lo 150 de la misma Ley;
x en los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y
faltas y los provenientes de daños en materia ambiental;
x en los procesos contencioso administrativos.
En estos casos, la conciliación es facultativa.
Hasta aquí he presentado dos medios autocompositivos indirectos, mos-
trando en todos los casos que las partes se ponen de acuerdo para aceptar
la presencia de un tercero que las ayude a disolver el conflicto.
La última actitud posible de ser ejercida por el tercero –la de decidir el
conflicto mediante un acto propio– no puede presentarse lógicamente co-
mo un caso de autocomposición toda vez que, mediante el acto del tercero el
conflicto se resuelve, no se disuelve.
Sin embargo, y con esta salvedad recién hecha, incluyo en esta explicación
la siguiente actitud –de decisión– por cuanto si bien ella opera como una
verdadera heterocomposición –y no como autocomposición– parece claro
que para llegar a esta posibilidad, los interesados han debido ponerse de
acuerdo en varias cosas: primero y más importante, en aceptar que un
tercero particular defina el conflicto; segundo, en convenir que el tercero
sea una determinada persona, con nombre y apellido, que ambos respetan
10 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
y en quien ambos confían y cuya decisión se comprometen a acatar de
consuno. Y creo que aquí hay, al menos, un principio de autocomposición.
Veamos ahora la última posibilidad de actuación del tercero.
2.2.2.3. EL ARBITRAJE
El tercero, a pedido de las partes y dentro de los límites que ellas expre-
samente fijen al efecto, asume un papel aún más preponderante: no sólo
intenta el acercamiento (cual lo hace el mediador); no sólo brinda propues-
tas de soluciones (cual lo hace el conciliador) sino que, luego de escucharlas
en pie de perfecta igualdad, emite decisión que resuelve definitivamente el
conflicto, pues las partes se han comprometido en forma previa a acatarla.
Como se ve, el caso es por completo diferente de los anteriores: aquí, la
actividad del tercero –al igual que la del juez en el proceso judicial– mues-
tra una verdadera composición, sólo que privada, que deja de ser medio para
convertirse en resultado: el arbitraje. En otras palabras: no se trata ya de
autocomposición sino de heterocomposición privada.
Cuando no media acuerdo de las partes interesadas y, por tanto, se des-
carta la autocomposición (directa o indirecta) la solución del conflicto pasa
exclusivamente y como alternativa final por el proceso judicial. Y ello mues-
tra el otro medio posible de heterocomponer el conflicto.
El primero es de carácter privado (arbitraje).
El arbitraje en el Perú está regulado por el Decreto Legislativo N° 1071
vigente a partir del 1º de septiembre de 2008, el cual reemplaza a la ante-
rior Ley General de Arbitraje, Ley 26572 de 1996. La actual ley fortalece la
independencia de esta heterocomposición privada frente a cualquier po-
sibilidad de recurrir a la vía judicial. En este sentido, el árbitro puede eje-
cutar sus medidas cautelares y si las partes lo convienen, este mismo ár-
bitro puede ejecutar el laudo.
Otros cambios que introduce la norma actual son: una regulación uni-
forme del arbitraje nacional e internacional; el convenio arbitral, acuerdo
voluntario por el que las partes deciden someterse a arbitraje, se extiende
a terceros, que sin haber suscrito dicho convenio, su consentimiento de
someterse al arbitraje se desprende de su participación activa en la nego-
ciación, celebración y ejecución del contrato; la presunción de que el arbi-
traje es de derecho, es decir, que la decisión va a ser con arreglo a un de-
terminado marco legal (antes se presumía, salvo convenio expreso, que el
arbitraje era de conciencia, es decir que aquel tercero que iba a componer
el conflicto lo haría según su raciocinio); se establece que el único medio
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 11
impugnatorio contra el laudo arbitral es el recurso de anulación, el cual
únicamente se puede interpone de acuerdo a causales taxativas que esta-
blece la propia ley. Dicho recurso se interpone ante la Corte Superior y el
juez no se puede pronunciar sobre el fondo de dicha decisión.
Por otro lado, en nuestro país se ha sostenido un permanente debate so-
bre su naturaleza jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ha puesto fin
a este tema en su resolución N° 6167-2005-PHC/TC Lima, caso Fernando
Cantuarias Salaverry: (…) “Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbi-
traje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las con-
troversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponi-
ble (artículo 1º de la Ley General de Arbitraje), con independencia juris-
diccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, adminis-
trativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser
ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y
anulación del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje. Por su par-
te, el control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas
establecidas en el Código Procesal Constitucional; vale decir que tratán-
dose de materias de su competencia, de conformidad con el artículo 5°,
numeral 4 del precitado código, no proceden los procesos constituciona-
les cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que
se cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter
disponible, de manera previa a la interposición de un proceso constitu-
cional, el presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que la
Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo (…)”.
2.3. LA HETEROCOMPOSICIÓN PÚBLICA (PURA O NO CONCILIATIVA)
Es éste un medio unilateral cuya iniciación depende sólo de la voluntad
del pretendiente: ante la falta de satisfacción de su pretensión por parte
del resistente, el pretendiente ocurre ante el órgano de justicia pública
requiriendo de él la sustanciación de un proceso susceptible de terminar
en sentencia que acoja su pretensión. Ya se verá oportunamente cómo
queda vinculado el resistente al proceso y a sus efectos. De tal modo, su
decisión opera como resultado.
Por las razones recién explicadas, éste es el único supuesto de resolución
que escapa al concepto genérico de conciliación. Y ello se obtiene exclusi-
vamente como resultado de un proceso.
Al final de esta Lección presento un cuadro sinóptico conteniendo las dis-
tintas formas de componer el conflicto y el litigio a fin de facilitar al lector
una más rápida fijación del tema.
12 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
3. LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO
Si la idea de proceso se vincula histórica y lógicamente con la necesidad de
organizar un método de debate dialogal y se recuerda por qué fue menes-
ter ello, surge claro que la razón de ser del proceso no puede ser otra que la
erradicación de la fuerza en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de
la paz y de normas adecuadas de convivencia1.
De tal modo, y a fin de completar la idea inicialmente esbozada, ya puede
afirmarse que la razón de ser del proceso es la erradicación de toda fuerza ilegí-
tima dentro de una sociedad dada para mantener un estado perpetuo de paz.
No importa al efecto la corriente doctrinal que se considere: en todo caso
es imprescindible precisar que la razón de ser del proceso permanece inal-
terable: se trata de mantener la paz social, evitando que los particulares se
hagan justicia por mano propia.
4. UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA LÓGICA DE PROCESO
En un primer intento de acercar al lector a la lógica de proceso que aspiro
a presentar sistémicamente en esta obra, referiré ahora cuáles son las fun-
ciones que le asigna la doctrina y las diferencias existentes entre las nocio-
nes de conflicto, litigio y controversia, haré luego una somera descripción del
método de debate y finalizaré adelantando cuál es su objeto.
4.1. LAS FUNCIONES DEL PROCESO
Ya he mostrado al proceso como un medio pacífico de debate mediante el
cual los antagonistas dialogan para lograr la solución ïmediante resolución
de la autoridadï de los conflictos intersubjetivos de intereses que mantie-
nen y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ile-
gítima en una determinada sociedad para mantener en ella un estado de
paz.
Así contemplado, el proceso cumple una doble función:
a) privada: es el instrumento que tiene todo individuo en conflicto para
lograr una solución (en rigor, resolución) del Estado, al cual debe ocurrir
1 Quede claro desde ahora que el fin principal del proceso no es la búsqueda de la verdad,
como habitualmente se afirma. Ya volveré recurrentemente sobre el tema.
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 13
necesariamente ïcomo alternativa finalï si es que no ha logrado disolver-
lo mediante una de las posibles formas de autocomposición;
b) pública: es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en
contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso de la fuerza
privada. Para efectivizar esta garantía, el Estado organiza su Poder Judi-
cial y describe a priori en la ley el método de debate así como las posibles
formas de ejecución de lo resuelto acerca de un conflicto determinado.
4.2. LAS NOCIONES DE CONFLICTO, LITIGIO Y CONTROVERSIA
Hasta ahora, he presentado de modo lato la noción de conflicto, que puede
existir en la realidad social con distintos contenidos: moral, religioso, filo-
sófico, político, jurídico, económico, etc.
Debo limitar ahora el concepto al de contenido exclusivamente jurídico y
que se presenta en la vida social cuando existe un choque intersubjetivo
de intereses por desconocimiento o violación de un precepto que preorde-
na una conducta que en los hechos no se cumple: por ejemplo, el compra-
dor no paga el precio de la cosa adquirida, no obstante ser ésa la conducta
que el precepto legal ordena expresamente; a raíz de ello, el vendedor
pretende cobrar dicho precio y el comprador se resiste a pagarlo.
Ya se sabe que este conflicto puede tener diversas soluciones autocompo-
sitivas; pero si éstas no pueden ser logradas, al vendedor - pretendiente
que no puede hacer uso de la fuerza, no le queda otro camino que incoar
un proceso mediante una demanda en la cual debe afirmar necesariamente
la existencia del conflicto en el plano de la realidad social (lo mismo ocu-
rre cuando se efectiviza una conducta tipificada como delito por la ley).
Esa necesaria afirmación convierte al simple diálogo en algo similar a una
dialéctica, en la cual el pretendiente afirma un hecho (tesis), el resistente lo
niega (antítesis) y, eventualmente, el juez produce la conclusión (síntesis)
en su sentencia dando o no por demostrada la tesis en orden a los medios
de confirmación que alguno de los interesados haya acercado en función
de claras reglas que establecen a quién le compete la tarea de confirmar.
El cumplimiento de esta tarea se efectúa en un plano estrictamente jurídico
(el del proceso), obviamente diferente del plano de la realidad social, pudien-
do ocurrir que entre ambos exista o no plena coincidencia.
14 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Y es que salvo raras y contadas excepciones, la garantía estatal de resolu-
ción de conflictos es amplísima, por lo que en general no se veda ni se
limita la posibilidad jurídica de demandar que tiene todo particular.
De ahí que pueda hacerlo quien sabe que no tiene razón o quien cree que la
tiene aun cuando así no sea.
Aunque es improbable que en estas condiciones se otorgue satisfacción
judicial a tal pretensión, la existencia de la simple posibilidad de deman-
dar por quien carece de toda razón hace necesario distinguir la noción de
conflicto de otra que he de usar a menudo en esta obra: la de litigio.
Si conflicto es la coexistencia de una pretensión y de una resistencia en el
plano de la realidad social, litigio es la simple afirmación, en el plano jurídi-
co del proceso, de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad
social, aun cuando de hecho no exista o no haya existido tal conflicto.
Por constituir dos conceptos cualitativamente diferentes, resulta convenien-
te distinguir acabadamente entre conflicto y litigio y tener presente que:
a) puede existir conflicto sin litigio: cuando se mantiene en el estricto plano
de la realidad, sin disolverse ni ser resuelto pues el pretendiente no de-
manda judicialmente y se contenta con continuar en su estado de insatis-
facción;
b) puede existir litigio sin conflicto: cuando el pretendiente demanda sabien-
do que no hubo conflicto en el plano de la realidad o creyendo que existió
aunque así no haya sido (ello explica el rechazo de una pretensión por
parte del juez);
c) puede existir litigio con conflicto (o, a la inversa, conflicto con litigio):
cuando éste es trasladado del plano de la realidad al jurídico del proceso, el pre-
tendiente demanda afirmando y pudiendo confirmar la razón que le asis-
te.
Resulta así que la noción de litigio ïy no la de conflictoï es inseparable de
la función judicial y una de las bases necesarias del concepto de proceso.
En rigor, y como luego se explicará, no puede darse lógicamente un proceso
sin litigio (aunque sí sin conflicto).
Por último, se entiende por controversia la efectiva discusión operada en
un proceso respecto del litigio que lo origina; cabe aquí acotar que puede
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 15
ocurrir que no haya tal controversia pues el resistente acepta liminarmen-
te los extremos de la pretensión del actor y, por ende, no presenta debate.
De ahí que pueda existir litigio con y sin controversia, según sea la actitud
que al respecto adopte el demandado.
4.3. UNA SUCINTA DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE DEBATE
La antigüedad remota concibió al proceso como un diálogo de corte estric-
tamente sacramental, con la utilización de fórmulas retóricas insoslayables
ante sacerdotes que, mediante sacrificios de animales u otros métodos
similares, daban una solución con inspiración divina.
Civilizaciones posteriores organizaron combates armados con invocación
a Dios, con la creencia de que triunfaría aquel que tuviera su protección
(Juicios de Dios) o, con una crueldad propia de la época, se sometía al indi-
viduo a ordalías tales como bañarlo en aceite hirviendo, sumergirlo en
agua durante tiempo prolongado, etc. Posteriormente, el debate perdió su
sentido místico y se racionalizó al punto de idearse una serie de actos para
realizar la discusión en diálogo efectuado ante el juez.
La serie de actos a cumplir debe guardar lógicamente un orden estricto,
que opera como modelo patrón de la discusión y que consiste en una serie
de etapas ideadas al efecto por el legislador.
Desde la más remota antigüedad, tales etapas son:
a) la primera, de carácter introductorio y constitutivo, está integrada por
una necesaria afirmación del pretendiente (ya en el proceso se lo denomina
actor o acusador) respecto de la existencia de un conflicto en el plano de la
realidad social y del pedido de solución o de sanción conforme con la
norma jurídica que ha sido desconocida en los hechos o en la cual éstos se
han encuadrado.
Como es fácil de imaginar, y por importante que sea la afirmación o la
persona del actor, el juez no puede resolver sin escuchar previamente la
versión de los hechos por parte del resistente, que puede ser por completo
diferente. Se trata, simplemente, de oír dos campanas antes de decidir por
cuál de ellas optar. Es por eso que esta etapa introductoria se completa con
b) una segunda, constituida por una posibilidad de negación del resistente
(ya en el proceso se lo denomina demandado o reo) respecto de la afirma-
ción efectuada por el actor o acusador.
16 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Por ejemplo, el actor Pedro asevera que el demandado Juan es su deudor
pues le vendió y entregó una mercadería cuyo precio en dinero no abonó
(litigio); por tanto, reclama (pretensión) que el juez lo condene (al senten-
ciar) a pagarle dicho precio. A su turno, e iniciado ya el proceso, el de-
mandado Juan sostiene que nada debe (resistencia) pues no existió la
compraventa de mercadería cuya existencia afirma el actor Pedro (contro-
versia).
Ante tan disímiles posiciones, el juez debe resolver dando la razón a uno o
a otro, en todo o en parte. De ello surge que, lógicamente, siempre hay un
ganador y un perdedor pues es imposible empatar en el resultado del pro-
ceso.
Obviamente, si ambos contendientes actúan en pie de igualdad y, por tan-
to, no sirve al efecto conocer cuál de los dos es más importante, o más rico,
o con más prestigio social, etc., pues nada de ello interesa dentro del pro-
ceso ïdonde la natural desigualdad que hay entre los hombres se iguala
jurídicamenteï el juzgador debe historiar en el pasado para conocer qué
fue lo realmente acaecido.
A efecto de contar con los elementos suficientes para hacerlo, posibilitará
la apertura de
c) una tercera etapa, de carácter confirmatorio (o probatorio), durante la
cual cada uno de los interesados (partes del proceso) ïmediante el cumpli-
miento de reglas técnicas claras y precisas que enunciaré oportunamenteï
allegará al juez los medios (numerosos y disímiles) confirmatorios de las
respectivas versiones.
Como el objeto de la confirmación es lograr el convencimiento del juez, debe
pensarse que ello no sea posible o fácil de conseguir sin la unión racional
de los diversos elementos aportados.
De ahí resulta necesario que, luego de presentado todo el material de con-
firmación, cada uno de los interesados tenga la posibilidad de unirlo lógi-
camente para que pueda cumplir su objeto. Ello origina
d) una cuarta etapa, de alegación, durante la cual cada parte hace una eva-
luación del aludido material, encuadrando los hechos acreditados en la
norma jurídica que rige el caso sometido a juzgamiento.
En síntesis, la serie se compone de los siguientes actos que deben concate-
narse en un orden lógico que no puede ser alterado: afirmación - negación
- confirmación - alegación.
LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 17
Sin la totalidad de los actos que componen la serie no existe proceso tal co-
mo estoy concibiéndolo. Ya volveré nueva y recurrentemente sobre este
tema.
Y la serie es idéntica para todos los supuestos justiciables: no interesa cuál
es la materia a decidir (civil, comercial, penal, etc.)2 ni quiénes son los con-
tendientes, ya que tal serie es la que hace que un proceso sea un proceso y no
otra cosa.
4.4. EL OBJETO DEL PROCESO
La serie de actos recién descritos ïafirmación, negación, confirmación y
alegaciónï constituye el proceso, entendido como medio de debate.
Toda la serie procesal tiende a su natural y único objeto: lograr una decla-
ración del juez ante quien se presenta el litigio aunque, de hecho, muchas
veces no se llegue a ello pues los interesados ïen algunos casosï prefieren
soluciones autocompositivas (ver supra) que evitan la heterocomposición.
Tal declaración se efectúa en la sentencia, que viene a constituirse así en el
objeto del proceso (es decir el punto hacia el cual tiende o su objetivo final).
2 Y esto es importante de subrayar en el caso peruano, en que pareciera que existe una
paranoia por crear procesos. Así, sólo en la tutela jurisdiccional ordinaria existen procesos
por cada materia:
- civil (Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768 del 4 de marzo de 1992);
- penal (en algunos distritos judiciales aún está vigente el Código de Procedimientos Pena-
les, Ley N° 9024 del 25 de agosto 1940 y en otros ya rige el Código Procesal Penal, Decreto
Legislativo N° 957 del 4 de julio de 2004) de donde puede derivarse el proceso de Pérdida
de Dominio (Decreto Legislativo N° 992);
- laboral (Únicamente en el distrito judicial de Tacna se encuentra vigente desde el 15 de
julio de 2010 la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 del 15 de enero de 2010. En el
resto de la república sigue rigiendo la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636 del
24 de junio de 1998);
- familiar (Título II, Capítulo segundo de la Ley N° 27337 del 21 de julio de 2000);
- de filiación extramatrimonial (Ley N° 28457 del 8 de enero de 2005);
- contencioso administrativo (el Texto Único Ordenado 013-2008-JUS de la Ley N° 27584 y la
modificatoria de la Ley N° 29364) y
- constitucional (Ley N° 28237 del 31 de mayo de 2004).
18 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Como es fácil de comprender luego de lo expresado, la sentencia es el acto
judicial que resuelve (heterocompositivamente) el litigio ya procesado, me-
diante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas posi-
ciones (tesis - antítesis) mantenidas por los antagonistas (pretendiente -
actor o acusador y resistente - demandado o reo) luego de evaluar (según
ciertas reglas precisas) los medios confirmatorios de las afirmaciones efec-
tuadas por el pretendiente (en función de las negativas del resistente res-
pecto de ellas) y de la aplicación particularizada al caso de una norma
jurídica que preexiste en abstracto y con carácter general.
Ya se verá en su momento qué es intrínsecamente la sentencia y cuál es su
importancia en el mundo jurídico.
AMIGABLE
COMPOSICION
MEDIACION
DE HECHO
DE DERECHO
MEDIO
PUEDE SER
CONDUCEN A UNA DE
LAS FORMAS DE
AUTOCOMPOSICION
COMO RESULTADO
RESULTADO ARBITRAJE
HETEROCOMPOSICION (PUBLICA): PROCESO JUDICIAL
DESATADO EL
CONFLICTO SE
SOLUCIONA
CON
AUTODEFENSA (USO DE LA FUERZA LEGITIMADA POR LA LEY)
CONCILIACION
SUPONE SIEMPRE
UNA
AUTOCOMPOSICION
QUE PUEDE OPERAR
COMO
RESULTADO:
SE TRADUCE
SIEMPRE EN
ALLANAMIENTO (RENUNCIA TOTAL DEL RESISTENTE
DESISTIMIENTO (RENUNCIA TOTAL DEL PRETENDIENTE)
TRANSACCION (RENUNCIAS RECIPROCAS PARCIALES)
MEDIO:
QUE CONDUCE
A UNA
HETEROCOMPOSICION
QUE ACTUA COMO
LECCIÓN 2
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Y SU CREACIÓN
*
EL DERECHO PROCESAL
SUMARIO
1. Materia del conocimiento jurídico
2. Normas jurídicas
2.1. Determinativas
2.2. Estáticas
2.3. Dinámicas
3. Concepto de instancia y su clasificación
3.1. Denuncia
3.2. Petición
3.3. Reacertamiento
3.4. Queja
3.5. Acción procesal
4. Diferencias entre proceso y procedimiento
5. Creación de la norma de procedimiento
5.1. Constituyente
5.2. Particular
5.3. Legislador
5.4. Juez
5.5. Sociedad
6. Derecho procesal
6.1. Concepto y contenido del derecho procesal
6.2. Carácter del derecho procesal
6.3. Codificación procesal
1. LA MATERIA DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO
Ya se ha dicho en la Lección anterior que, a los fines que interesan al Dere-
cho, un conflicto de contenido jurídico sólo puede darse entre dos personas,
nunca respecto de una con ella misma ni de ella con una cosa, pues todo el dere-
cho es producto ideal originado por la necesidad de regular de alguna
manera la convivencia.
Fácil es de inferir así que todo vínculo jurídico se materializa sólo entre
individuos y nunca con la cosa, pues los títulos de derecho sólo son inteligibles
para el hombre, ya sea que se presente en su naturaleza de gente o como
órgano representativo de un ente (recordar que la idea de lo mío frente a lo
tuyo puede ser entendida sólo por dos hombres...)
En un pasado remoto, aun antes de la aparición formal de lo que hoy se
conoce como derecho, las normas reguladoras de la convivencia tenían sus-
tancia exclusivamente religiosa: en los Mandamientos de la Ley de Dios y en
la Senda de los Ocho Pasos, por ejemplo, se consagran preceptos que per-
manecen inmutables en el tiempo y que, en esencia, son similares entre sí:
no matar, no robar, etc., y que hoy constituyen normas jurídicas implíci-
tas.
Cuando la normación pierde su origen divino y comienza a surgir del
propio quehacer e imaginación del hombre, los problemas se regulan a
medida que aparecen en la realidad de la vida; ello hace que, en definitiva
y todavía hoy, la norma sea esencialmente cambiante respecto del tiempo y del
lugar (por ejemplo, lo que es delito hoy y aquí, pudo no serlo ayer y puede
no serlo allá).
Por eso es que en el principio de las sociedades no existió una concepción
racional y unitaria de todo el Derecho.
Esta carencia llega hasta el día de hoy, cuando se continúa discutiendo el
carácter científico del Derecho: y en alguna medida tienen razón quienes
22 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
lo niegan pues –para referir a uno sólo de los problemas que justifican tal
postura– existe en la actualidad un vocabulario jurídico multívoco que
conduce inexorablemente al equívoco, toda vez que a una misma e idéntica
palabra se le asignan generalizadamente diversos significados y, a la in-
versa, se utilizan varias palabras con raíces diferentes para denominar a
un mismo e idéntico fenómeno jurídico.
Valga un ejemplo para confirmar lo dicho: si ante un grupo de personas
con determinado grado de cultura alguien pregunta en este país el signifi-
cado de la fórmula química "H2
O", seguramente que todas identificarán en
sus mentes el objeto agua.
Pero lo que verdaderamente importa en esta afirmación es que a idéntico
resultado se llegará con igual formulación en el Japón: aunque en otro
idioma, se identificará también el objeto agua.
Esta es la base mínima de todo conocimiento científico: mantener un len-
guaje universal unívoco para que sea inequívoco.
Propongo ahora hacer experimento similar en un mismo país (no en paí-
ses diferentes con idiomas distintos): si en una reunión de juristas con dis-
tinta especialización –no ya de personas con relativa cultura– se pregunta
el significado de la palabra acción, habrán de obtenerse por lo menos las
siguientes respuestas:
a) es el legitimo derecho que respalda a la pretensión del actor (así, se habla de
acción de alimentos, de acción de deslinde, de acción de divorcio, de acción
de filiación, etc.) (respuesta del civilista);
b) es el título de crédito representativo de cada una de las partes en que se divide
el capital de ciertas sociedades (respuesta del comercialista);
c) es el elemento físico o de ejecución material y externo del delito (respuesta del
penalista);
d) es el medio legal de pedir judicialmente lo que es nuestro o se nos debe (res-
puesta del procesalista).
¿Puede concebirse mayor confusión terminológica?
Parecería que todo este dislate semántico proviene de la simple circuns-
tancia de haber olvidado el legislador que el mundo del Derecho es un
mundo de palabras y, por ello, se apartó de los postulados mínimos de la
Lógica.
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 23
Para mayor complejidad del problema, también se utiliza la palabra acción
como sinónimo de derecho, de demanda y de facultad; y, además, usualmen-
te se la califica de acuerdo con el derecho: acción cambiaria, acción civil en
caso de delito, acción penal, etc.
Y este no es un fenómeno único en el Derecho; otro tanto ocurre con las
palabras abandono, absolución, apremio, carga, competencia, jurisdicción, prue-
ba, etc., etc.
Como puede apreciarse, todo lo contrario de un lenguaje científico: aquí, lo
multívoco conduce al equívoco.
Para evitar tanta disvalía –que genera notable confusión en el estudiante–
se hace imprescindible sistematizar genérica y adecuadamente la norma-
ción, sujetándola a cánones lógicos inmutables y no meramente contingen-
tes según sea el cuándo y/o el dónde ella ocurra.
Para esto, lo primero es ponerse de acuerdo en cuál es la materia propia del
conocimiento jurídico. Puesto en esa tarea, resulta claro para mí que es la
interacción humana: es decir la acción que se ejerce recíprocamente entre dos
agentes que, por ello, se convierten en los extremos de la relación respectiva.
Así es como en la mayoría de las interacciones no hay pretensión a la que
no corresponda una prestación; y porque ésta es exigible es que aquélla
existe (por ejemplo: si Juan es vendedor es porque Pedro es comprador
que, si no paga el precio adeudado, puede ser demandado para que lo
haga. Y viceversa). De la misma forma, no hay victimario sin víctima. Y
viceversa.
Si lo que cabe regular jurídicamente es la interacción, parece claro que
resulta factible determinar a priori y en un nivel absolutamente racional,
cuáles son las totales posibles interacciones humanas.
Esto, que a simple vista parece cosa imposible de realizar pues en aparien-
cia se presentan en número infinito, es factible de lograr con sólo pensar
adecuadamente en el problema. En esa tarea es fácil descubrir que no son
infinitas. Ni siquiera muchas. En rigor, apenas cuatro.
Veamos cuáles son:
a) la primera y más elemental interacción es la que se presenta entre una
persona, aisladamente considerada, y el resto de las personas; en otras
palabras, la de una persona con la sociedad en la cual convive (considerada
como un todo diferente a los individuos que la componen).
24 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
Más simple: la persona actúa ante y con el resto de las personas y éstas, a
su turno, hacen lo propio con la primera, como obvia consecuencia del
convivir.
Y es que cada una y todas las personas requieren ser individualizadas,
identificadas, gozar de una cierta capacidad, tener un domicilio en el cual
puedan ser halladas, etc. Y ello porque el estado de una persona es el con-
junto de cualidades que la ley tiene en cuenta para atribuirle efectos jurí-
dicos.
Por cierto, esta interacción está adecuadamente regulada en el Derecho
Civil. Pero no sólo allí ya que, por ejemplo, la capacidad procesal –que es
diferente a la capacidad civil, como se verá oportunamente– se halla nor-
mada en otro ordenamiento que, en la Argentina y para hacer más grande
la diferencia, es cambiante de una Provincia a otra. Cosa parecida ocurre
con la capacidad electoral, que difiere de las otras dos, etc.;
b) la segunda interacción posible es la que se da entre personas de diferen-
te sexo: un hombre y una mujer para y por el efecto de procrear: obviamente
distinta de la anterior, esta interacción tiene como consecuencia lógica la
formación de una familia, por lo que las normas que la regulan bien podrí-
an constituir un estatuto familiar, en el cual ingresarían todas las reglas re-
feridas al matrimonio, a la filiación, al régimen de alimentos, a las suce-
siones, etc.;
c) la tercera interacción que es posible imaginar es la de una persona ac-
tuando horizontalmente con otra persona, pactando algo (lo que bien podría
estar regulado en un estatuto de los pactos o estatuto convencional y en el cual
ingresarían todas las reglas referidas a las obligaciones y a sus diversas
fuentes contractuales y cuasicontractuales) o causándole daño (delictual o
cuasi delictualmente, regulado en un estatuto penal y en uno resarcitorio;
d) la cuarta interacción es consecuencia natural de la existencia del grupo:
alguien debe dirigirlo y el resto de sus componentes debe ser dirigido.
También diferente de las anteriores, se presenta aquí una interacción de
carácter vertical entre gobernantes y gobernados, por lo que las normas que
deben regularla bien podrían conocerse como estatuto gubernativo o estatuto
del poder, en el cual ingresarían todas las reglas que hoy integran el dere-
cho constitucional, el administrativo, el registral, el penal, el real, etc. Si
bien se piensa, más de la mitad de las normas que componen un ordena-
miento jurídico deben se integradas en este grupo.
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 25
Como se ve, son cuatro interacciones absolutamente diferentes entre sí,
imposible de ser confundidas una con otras y que, conforme con la lógica
racional, constituyen todas las que son factibles de imaginar.
En otras palabras: no existe otra interacción similar que permita ampliar el nú-
mero de las cuatro ya descritas. Invito al lector a meditar y repensar lo hasta
aquí expuesto. Verá que no logrará encontrar otra interacción posible de
existir.
Corresponde acotar ahora que de una misma interacción pueden emerger
diversas relaciones (que, en principio, no admiten un número que las limi-
te).
Un ejemplo permitirá comprender la afirmación: entre un hombre y una
mujer interaccionando, puede existir una relación de noviazgo, de matrimo-
nio, de concubinato o de esponsales. Algo similar ocurre dentro de la in-
teracción hombre pactando con hombre: aquí puede imaginarse que Juan en-
trega una cosa a Pedro y que, a su turno, Pedro entrega a cambio: a) dine-
ro; b) otra cosa; e) nada; d) el compromiso de devolverla después de
haberla usado; e) el compromiso de devolverla sin usarla; etc. Cada una
de estas hipótesis configura un fenómeno distinto de los demás y, por ello,
recibe una designación diferente y precisa:
a) compraventa cuando la relación se presenta como cosa a cambio de dinero;
b) permuta cuando es cosa a cambio de cosa; c) donación cuando es cosa a cam-
bio de nada; d) comodato cuando es cosa dada para usar y devolver; e) depósito
cuando es cosa dada para guardar y devolver en las mismas condiciones, etc.
Cada uno de los fenómenos enunciados es inconfundible e irrepetible en
el mundo jurídico: por ejemplo, siempre que Juan entregue en propiedad
una cosa a Pedro y éste le dé a cambio un precio cierto en dinero, habrá
compraventa y no otra figura jurídica.
Pongo especial énfasis en las palabras inconfundible e irrepetible pues las
usaré más adelante para mostrar de esa manera al proceso.
2. LAS NORMAS JURÍDICAS
Si juridizando cualquier fenómeno fáctico de la realidad social el legisla-
dor decide normar respecto de las posibles interacciones ya enunciadas,
inexorablemente producirá tres tipos de normas claramente diferenciadas
entre ellas: determinativas, estáticas y dinámicas.
26 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS
2.1. LAS NORMAS JURÍDICAS DETERMINATIVAS
Son las que el legislador emplea para definir sus términos básicos (establece,
por ejemplo, qué es o cómo se determina la competencia, quiénes son in-
capaces, cuáles actividades constituyen delitos etc.) o para prometer nuevas
normas (asegura un derecho que debe ser reglamentado luego por otra
norma que establece una garantía al efecto).
Dados su contenido y modalidad, ajenos a la asignatura procesal, no in-
teresa su análisis en esta obra.
2.2. LAS NORMAS JURÍDICAS ESTÁTICAS
Son las que ostentan en su contenido una estructura disyuntiva por normar:
a) una conducta que debe ser cumplida por sus destinatarios y, al mismo
tiempo, b) una sanción para aplicarles en caso de incumplimiento del
mandato. Con un ejemplo se comprenderá mejor cómo opera una norma
estática.
Para ello, elijo el mismo recién expuesto relativo a la compraventa: esta-
blece la ley que una vez recibida por el comprador la cosa adquirida al
vendedor, aquél debe pagar a éste el precio pactado.
Habitualmente, la norma es de cumplimiento espontáneo: concertada la
compraventa, el vendedor entrega la cosa y el comprador abona el precio;
ocurrido ello, la relación se agota y, lo más probable, es que carezca de
efectos jurídicos posteriores, pasando así al olvido.
Pero la realidad enseña que algunas veces el comprador no paga a pesar
de haber recibido ya la cosa. Por eso es que el legislador debe normar para
ambas hipótesis (que el deudor pague y que no pague): en el caso, se san-
cionará al deudor condenándolo a oblar los daños e intereses causados al
acreedor con motivo del incumplimiento.
De tal modo, toda norma reguladora de situaciones semejantes se presenta
siempre como una fórmula lógica disyuntiva:
x dado A (la compraventa), debe ser (imperativo de la normación) B (pres-
tación: el pago del precio);
x no dado B (el pago del precio), debe ser C (sanción o reparación: el pago
de daños e intereses).
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 27
Si bien se mira en la alternativa presentada, ella es excluyente porque dán-
dose A y B la relación se agota por completo y desaparece automáticamen-
te la posibilidad de existencia de C (no hay ni puede haber sanción).
También se ve que, para que C (sanción) opere, es menester que no se
haya dado B (prestación). Y que, cumpliéndose C, la relación también se
agota.
En suma: a partir de A se da la posibilidad ideal de que ocurra B o, en su
defecto, C. Y nada más.
Esta es la estructura íntima de toda norma que ordena conductas, expresa
(en lo civil, comercial, etc.) o implícitamente (en lo penal, donde no hay
norma que prohíba robar pero existe sanción para quien roba).
Diferente estructura tiene una norma dinámica, que explicaré seguidamen-
te.
2. 3. LAS NORMAS JURÍDICAS DINÁMICAS
Es habitual leer en las obras jurídicas la palabra dinamismo utilizada con
un sentido metafórico. Por ejemplo, se dice que el derecho del trabajo es
dinámico por la gran transformación de su legislación, permanentemente
cambiante para regular nuevas situaciones laborales. Y ello frente al rela-
tivo reposo de la norma propia del derecho civil.
Aquí no se utiliza la palabra en ese sentido sino que, tomándola de la me-
cánica, representa el significado de la parte de ella que trata de la fuerza
cuando produce movimiento o actividad.
En el lenguaje corriente, dinamismo es actividad, por lo cual se asigna carác-
ter dinámico a una norma procesal que genera actividades en cadena, en
razón de que su estructura no es disyuntiva (como la de la norma estática)
sino continuada consecuencialmente.
De tal modo una norma dinámica es aquella que, a partir de una conducta dada
de un sujeto, encadena imperativamente una secuencia de conductas de otro u
otros sujetos, presentando así una relación que avanza gradualmente y que
se desarrolla paso a paso.
La peculiaridad de lo expuesto radica en que el dinamismo está contenido en
la norma, sin necesidad de recurrir a la actividad material que se cumple
en cada caso concreto. En otras palabras: se actúa consecuencialmente no
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Derecho procesal civil alvaro velloso

  • 1. ADOLFO ALVARADO VELLOSO LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL Compendio del libro SISTEMA PROCESAL: GARANTÍA DE LA LIBERTAD adaptado a la legislación procesal del Perú por GUIDO AGUILA GRADOS
  • 2. “…La justicia es todo sabiduría, y la sabiduría es todo orden, y el orden es todo razón, y la razón es todo procedimiento, y el procedimiento es todo lógica…” (JACINTO BENAVENTE, “Los intereses creados”, Acto II, Cuadro II, Escena VIII)
  • 3. PRESENTACIÓN Este año que transcurre cumplimos 25 años en la enseñanza. Una activi- dad que llegó de manera fortuita y sin proponérnosla, para quedarse por siempre y que hoy constituye el motor de nuestro diario vivir. Nuestra realización personal y profesional. Un inesperado primer lugar en el exa- men de admisión de la universidad del pueblo nos dio la llave de la puer- ta de la enseñanza: primero de la Historia y ante un público adolescente. Más tarde, del Derecho y ante bachilleres, abogados y magistrados. En este cuarto de siglo, una montaña de anécdotas, alegrías, tristezas y vi- vencias en general asoman a la ventana de la nostalgia. Sin embargo, po- cos momentos dejan una marca indeleble en la línea de vida profesional de un profesional. Y menos aún son las que quedan tatuadas en la mente y en el alma. Con nuestro ruego de indulgencia a los lectores, quiero hacer de este espacio un retrato vivencial de gratitud. Cuando aún no salíamos de la adolescencia, ya frecuentábamos las aulas preuniversitarias como docentes con singular aceptación. Nuestra forma de enseñanza de la historia, si bien estaba marcada por un estilo muy pro- pio –amena, vivencial, traviesa, envolvente–, era de perfil oficialista. Fa- raón, emperador, rey o presidente, sus obras, batallas ganadas, construc- ciones. El primer gobernante que hizo esto, el más joven, el más anciano. Hasta que un buen día, cuando el ensoberbecimiento propio de la inma- durez nos hacía caminar sobre algodones, nos dimos de narices contra el muro de la realidad. Un poema del alemán BERTOLD BRECHT nos mostró nuestra equivocada línea de docencia. Se rotulaba “Preguntas de un obrero ante un libro de historia” y me hizo renegar de lo hasta ese momento ense- ñado. Como si fuera un método socrático, dos docenas de interrogantes derriba- ron nuestro ego de barro: x “Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quien la construyó? En los li- bros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? x Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién volvió a construirla otras tantas?
  • 4. X ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS x ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la cons- truyeron? x La noche en que fue terminada la muralla China, ¿a dónde fue- ron los albañiles? x Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los eri- gió? x ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? x Bizancio tan cantada, ¿tenía sólo palacios para sus habitantes? x Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tra- gaba, ¿los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos? x El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? x Cesar venció a los galos. ¿No llevaba consigo siquiera un coci- nero? x Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? x Felipe II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién la ven- ció además? x Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? x Un gran hombre cada diez años. ¿Quién pagaba sus gastos? x Una pregunta para cada historia”. Quedamos perplejos desde antes de llegar a la última línea. Nos dimos cuenta de que enseñábamos cosas descriptivas, banales, anecdóticas, poco científicas. No formábamos. Informábamos y deformábamos. Superada esa etapa, prometimos no volver a caer en ese derrotero que conducía al abismo intelectual. Sin embargo, algunos años más tarde ocurría lo mismo en el ámbito del Derecho. Replicábamos como docentes lo oído como discentes. Lo que habíamos leído y escuchado de nuestros profesores lo repetíamos como una letanía: “El juez debe hacer justicia, debe ser solidario, debe estar comprometido con su tiempo, el criterio sabio del juez, etc.”. Sin más ra- zones que las de autoridad: “Si lo dice tal… ¿quién soy yo para desdecir- lo?” Y lo más grave es que nos solazábamos en el error. Creíamos que hacíamos ciencia. Mi padre, que toda su vida fue conductor de taxi y a quien también este 2011 le cae una catarata de efemérides (75 años de vida, 50 años en el Perú, 25 años de su nacionalización), es un frecuente compañero de asistencia a Congresos y encuentros académicos de Derecho Procesal. “Me gusta escu- charte hablar”, me dice con su ternura de padre grande y de gran padre. Y se ha recorrido medio América conmigo. Ha caminado, como yo, entre gi-
  • 5. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XI gantes del Derecho Procesal. Y a pesar de haber sido toda su vida conduc- tor profesional, escucha las ponencias de los procesalistas con la atención de un niño ante la programación de Discovery Kid’s. Hasta que un buen día hizo un comentario espontáneo: “Todos hablan cosas muy bonitas del Derecho Procesal. Igualmente, todos parecen tener la fórmula ideal de la solución a las peripecias, vicisitudes y desgracias de los justiciables, pero – continuó con una interrogante– ¿por qué, entonces, el Derecho está tan mal?” Sentí lo mismo cuando mis hijas me preguntaron sobre cómo llegan los bebitos al vientre de mamá: sabía la respuesta, pero me ruborizaba el con- testarla. En esa corta pregunta entendí que, por segunda vez, me encon- traba ante una poesía de interrogantes que podría titularse “Preguntas de un conductor ante un libro de Derecho Procesal”. Y, palabras más, palabras menos, debían tener el siguiente tenor: x “Si el conflicto existe entre dos partes con marcados intereses contrapuestos, ¿por qué el juez se solidariza con una de ellas? Al hacerlo, ¿no se pone en contra de la otra? x “En los Códigos siempre se resalta la imparcialidad del juez; en- tonces, ¿por qué su papel paternalista y tuitivo en determinados asuntos? x “Y si es obligatoria la defensa de un letrado, como garantía jurí- dica, ¿por qué se establece el iura novit curiae? x “Si las partes llegan al indeseado proceso cuando ya han agotado todas las posibilidades de solución entre ellos, ¿por qué se exige su buena fe en el litigio? x Si la etapa de alegatos es fundamental para la decisión final, ¿tie- ne sentido su ausencia en el Código Procesal Civil? x Los Códigos están llenos de principios, pero ¿de dónde surgen? ¿Cuál es su justificación? x Si las normas procesales las hacen los mejores juristas, ¿por qué tanto descontento? x Si a los magistrados del Poder Judicial se les exige estar al mar- gen de la política, ¿cómo es que los del Tribunal Constitucional son elegidos por un órgano político como es el Congreso? x Si la cautela es unilateral, ¿por qué se insiste en llamarla proceso? x ¿Alguien entiende por qué en el proceso penal se apuesta por un sistema acusatorio y en lo civil por un sistema inquisitorial? ¿No son sistemas contrapuestos?
  • 6. XII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS x Cada nueva norma o sentencia trascendente, un cuestionamien- to. Una promesa incumplida del Derecho”. Esta vez, la poesía de preguntas –a diferencia de los tiempos de profesor de historia– nos encontró bautizados. Ya llevábamos cinco años bebiendo de las fuentes científicas del Derecho Procesal. Un lustro colocando la Constitución por encima de la ley proce- sal. Un quinquenio buscando que el hombre y la mujer de Derecho en el Perú entiendan que el rol del juez es juzgar y no suplir ni las carencias, ni la negligencia ni la ignorancia de las partes. Al igual que en las economías sanas, el subsidio en el proceso es nocivo para los ciudadanos. ¿Cuándo se produjo este giro diametral en nuestra concepción procesal? A mediados del año 2005 conocimos a ADOLFO ALVARADO VELLOSO y, en- tonces, se produjo el cambio de piel. “He sido juez durante treinta y cinco años de mi vida…”, fue su primera frase y pensé entonces que iba a escu- char el mismo tañido de campana que me acompañó toda la vida ligada al Derecho. Sin embargo, el asombro se apoderó de todos los asistentes cuando la confesión realizada al inicio era el punto de partida para co- menzar a demostrar su teoría, con la autoridad que confiere el haber esta- do a ambos lados del mostrador. Esta vez, las razones para demostrar el sistema procesal que propugna no eran meras declaraciones de esperanza en la capacidad emocional e inte- lectual de la autoridad y en el accionar cuasi santo de las partes, sino que su punto de apoyo era la lógica y la objetividad. Era como si nuevamente el fantasma de BERTOLD BRECHT apareciera pero bajo el rótulo de “Pregun- tas de un científico ante un libro de Derecho Procesal”. Conforme transcurrió la tríada de charlas que nos brindó en aquel otoño de mediados de década, iba creciendo ilimitadamente nuestro asombro, no sólo porque a puro razonamiento se traía abajo toda la estantería de la doctrina instalada en el Perú y América, sino porque además sospechá- bamos que la doctrina imperante se esforzaba en mantener estas ideas ba- jo la sombra. Estábamos ante un sistema que exige a cada actor del drama procesal re- presentar su papel genuino. El que le otorga el libreto que hicieron UL- PIANO y PAPINIANO. Algo tan simple y maravilloso como eso. Un juez cu- ya grandeza esté en sentenciar. No en suplir, proteger o amamantar a las partes o alguna de esas falacias o eufemismos que utilizan los legisladores para cargarle al juez hijos ajenos. Y, por otro lado, las partes que se enfren- ten jurídicamente con igualdad de armas; si por diferentes circunstancias
  • 7. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XIII alguna de ellas requiere asistencia, ésta no puede provenir del juzgador. Se siente una subvaluación del abogado. Una desconfianza de su capaci- dad y, entonces, los procesos se diagraman con un juez tuitivo. A todo este fárrago de inexactitudes y yerros, suele pasar inadvertido un hecho que no es menor: el lenguaje jurídico. ALVARADO VELLOSO busca acercar el Derecho procesal a la cientificidad no sólo con el fondo, sino con la forma. Resulta paradójico que hablemos de “letrados” como una sinó- nima usual de abogado y que la realidad muestre una situación distinta. Estas líneas, entonces, son la continuación de esta faena por realizar un auténtico proceso de un Estado Constitucional de Derecho. ALVARADO VELLOSO le ha dado el nombre de garantismo procesal y desde hace trece años lo difunde como un evangelio desde la Maestría que dirige en su natal Rosario. Y como si esto no fuera suficiente, peregrina por todo el longilíneo territorio argentino y el accidentado mapa sudamericano con su mensaje. Él y el garantismo procesal son sinónimos, se han fundido en una sola pieza. Y todo el Derecho Procesal ha salido ganando en esa asociación. Casi dos docenas de peruanos hemos asimilado sus ideas en Argentina. Otro centenar lo ha hecho en las diversas presentaciones del maestro rosa- rino en el Perú. Unos miles han recibido el impacto de esta escuela en nuestras sesiones en EGACAL. Y, sin embargo, sentimos que aún falta. La doctrina oficialista trata siempre de esconder sus ideas. Saben que cuando ALVARADO VELLOSO las expone y explica, hay pánico en el parque. Luego de cada presentación aglutina adjetivos calificativos superlativos. Cada exposición es sabrosa. No sólo le da al Derecho Procesal el rigor de estricta ciencia, sino que lo matiza con anécdotas, hipérboles y paradojas que le colocan la canela al pisco sour. Es la más perfecta simbiosis de forma y fondo. Y, con todo, no basta. Aún existen páramos de incertidumbre e inseguri- dad procesal. Por ello, creemos que la mejor forma de extender aún más la doctrina procesal garantista es mediante el medio que Vd., lector, tiene en- tre manos. Bajo el sencillo título de “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, se esconde un auténtico tratado ajeno a la dogmática y cercano a la reflexión y el debate. Es un toque de genialidad disimulado en un envase de sencillez. Es la propuesta de un sistema procesal soportado en la garantía de la libertad. Ya circula por toda Centro y Sudamérica, así como por numerosas provin- cias argentinas, adaptado a la legislación de cada lugar.
  • 8. XIV ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Por ello, el privilegio-carga que nos entrega el maestro ADOLFO ALVARA- DO VELLOSO con la adaptación de su opera magna a la legislación peruana. Privilegio, porque nos enaltece con la responsabilidad y coloca zancos a nuestra estatura académica. Y carga, pues si por nosotros fuere, al libro lo tocaríamos con guantes y no agregaríamos una coma, por el riesgo de alte- rar su diáfana línea argumentativa. A decir verdad, la legislación nacional debería adaptarse al sistema pro- puesto. En un cuarto de siglo de vida laboral nunca estuvimos ante un de- safío así. Sólo la generosidad propia de los maestros hacen posible esta ilógica: que los discípulos presentemos los libros de los mentores. Pero el lector no debe preocuparse. En sangrado y cuerpo más pequeño encontrará nuestros comentarios respecto de algunas figuras. Entre parén- tesis hemos colocado, dentro del texto principal, los artículos de nuestra normatividad con respecto a las figuras tratadas. Lo más importante es que el sistema procesal de la libertad, subyace intacto. Está inmunizado contra el paso del tiempo. Si en algún momento cambia o se modifica la normatividad, la filosofía, razonamiento e ideología del portaestandarte del garantismo se mantendrá en la cima del Himalaya procesal. GUIDO C. AGUILA GRADOS OTOÑO DE 2011
  • 9. PRÓLOGO La edición peruana de estas Lecciones de Derecho Procesal Civil ha sido pre- sentada por mi discípulo y amigo GUIDO AGUILA GRADOS, que tanto ha hecho ya en pro del buen Derecho en su país. Por mi parte, nada debo agregar a sus tan afectuosas y emotivas líneas. De ahí que sólo hago constar acá mi gratitud por el esfuerzo realizado y por el excelente resultado obtenido en sus atinadas anotaciones. No obstante, a fin de que el lector pueda conocer cómo se gestó el conte- nido de este libro, agrego a continuación lo que escribí como Presentación de la obra original que dio motivo a ésta: Sistema Procesal: Garantía de la Li- bertad que Ediciones Rubinzal-Culzoni (Santa Fe, Argentina) publicó en el año de 2008 en dos tomos de 1300 páginas. Dije allí: Deseo comenzar esta Presentación con una suerte de confiden- cia intimista que intentará explicar el origen, el método y la fi- nalidad de esta obra. A tal fin, recordaré dos circunstancias que marcaron a fuego las ideas que aquí expongo. La primera: enseño Derecho Procesal desde el año de 1967 (llevo más de cuarenta años en esa tarea) y lo he hecho —y hago— en muchos lugares y con diferentes auditorios. En esa experiencia, y al cabo de los primeros años, descubrí que los tradicionales métodos docentes con los cuales yo estu- dié mi carrera de abogacía y repetí luego en la tarea de enseñar —a partir de la mera descripción y posterior explicación de la norma— eran insuficientes para lograr que el alumnado capta- ra íntegra y adecuadamente los conceptos que con mucho es- fuerzo y vocación exponía ante él. Al advertir el problema, me decidí a aconsejar la lectura de bi- bliografía diferente a la utilizada hasta entonces. Pero poco fue el cambio que se logró...
  • 10. XVI ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Gran desilusión me provocaban los resultados de exámenes en los cuales reprobaba la mayoría de los examinandos que, a mi juicio, no lograban comprender los vericuetos de las abstrac- ciones procesales... La reiteración de esa situación hizo que pusiera en tela de jui- cio mi propia capacidad de enseñar y, obviamente, la de cómo lo hacía. En un primer cambio metodológico me incliné por la conver- sación intimista —cual lo hago aquí y ahora— tratando de su- perar lo simplemente académico y mostrando la asignatura en situaciones activas de la vida diaria y conflictiva. Luego, privilegié la comensalidad por sobre la congresalidad propia del aula y, no obstante, seguí sin encontrar los resulta- dos anhelados. En ese momento de la vida me encontré con la obra de HUM- BERTO BRISEÑO SIERRA y con su método descriptivo de la acti- vidad que se cumple en la realidad de la vida jurídica y, parti- cularmente, de la tribunalicia. Y me deslumbró la lógica del pensamiento del maestro y la fa- cilidad con la cual se puede enseñar cada una de todas las ins- tituciones del proceso a partir de un simple giro en su explica- ción. Se trata, simplemente, de cambiar la mera glosa de la norma — que cualquiera puede leer y aun comprender— por la de la si- tuación de vida en conflicto que la ley pretende regular, pre- sentada como un fenómeno de convivencia que requiere de tu- tela legal para lograr una solución pronta y pacífica. A partir de allí, y comprendida por el alumno la necesidad de la normación, describirle ahora las posibles alternativas de re- gulación legal y lograr que él mismo las encuadre en diferen- tes tiempos y lugares dados. Recién entonces se puede comenzar la puntual explicación de la norma vigente para hacer luego un juicio de valor acerca de ella respecto de la realidad de este tiempo y de este lugar. Con ello logré la plena comprensión que yo buscaba que tu- vieran los alumnos respecto de los temas así enseñados, y ad- vertí que no sólo disminuyó drásticamente el número de apla-
  • 11. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XVII zados sino que descubrí —con sorpresa y alegría— que todos ellos habían asumido la entusiasta tarea de pensar el Derecho (sin repetirlo con absurda y pertinaz incomprensión de mu- chos y variopintos argumentos de autoridad) y tenían una des- tacada y preocupada participación en la búsqueda de solucio- nes a los muchos problemas de toda índole que genera la con- vivencia. Descubrí también que, con tal método, el estudiante gana no- tablemente en su hasta ahora cuasi nula capacidad para hacer abstracciones. Y eso lo sorprende y lo motiva para adelantar sus estudios. Pasa con él algo similar a lo que ocurrió en la humanidad con la idea de número: se tardó milenios en pasar desde la cantidad hasta la abstracción pura del número, lo que posibilitó descubrir un mundo diferente, perfecto y sistémico: el de las matemáticas. Por esa época decidí escribir un libro a base de ese método y a partir de las ideas de BRISEÑO SIERRA, que ya pregonaba como propias después de haber añadido algunas pocas de mi cose- cha. Cuando lo terminé tuve algunos tropiezos en la elección del nombre con el cual la presentaría y, después de descartar va- rios, terminé eligiendo el de Introducción al estudio del Derecho Procesal que publicó Rubinzal Culzoni Editores, de Santa Fe (Ar- gentina) en el año de 1989 y la dediqué, como correspondía, A HUMBERTO BRISEÑO SIERRa. Mi maestro. Con admiración y afecto. Y a mi MANINA, nuevamente. La obra fue planeada para contener un total de treinta Leccio- nes —precisamente, ése fue uno de los nombres pensados al efecto— y en ese tomo aparecieron sólo las quince primeras, elaboradas sencillamente para alumnos pero destinadas de verdad a los docentes de la asignatura, con quienes aspiraba a confrontar ideas y discutir puntos de vista que presenté como claramente polémicos y, por supuesto, tomando en todo caso partido por alguna de las posibles soluciones.
  • 12. XVIII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS No tuve la suerte de que alguien se presentara a polemizar. Creo que, en el fondo, no hubo muchos docentes que leyeran mi libro. Pero descarto que algunos pocos aceptaron estoicamente hacer su lectura pues hoy, varios años después, es texto obligado de estudio en muchas Facultades de Derecho de Universidades de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Pa- namá, Paraguay y Perú. En la Presentación que acompañó su publicación dije textual- mente: Esta obra pretende ser distinta de las demás que se hallan publicadas acerca de la materia procesal. Como se trata de una simple Introducción a su estudio, no puede — ni debe— contar con la extensión de un Tratado pero, al mismo tiempo, tiene que mostrar un desarrollo completo de los temas que aborda. Para hacerla, he partido del método ideado por HUMBERTO BRISEÑO SIERRA, con cuyas ideas me hallo tan consustanciado que ya no sé — honestamente— qué es lo que pertenece a él y qué es lo que le agregué o modifiqué. Reconozco que estas dos actitudes mías —agregar y modificar— son un verdadero pecado pues hacen perder de vista la genialidad de su talento. Pero existe solución sencilla para deslindar responsabilidades: si lo expuesto muestra un carácter de excelencia, pertenece a BRISEÑO SIERRA. Si no es así, no me queda otro camino que asumir la pater- nidad de las ideas. Simples razones editoriales determinan que esta obra se presente en dos partes, la primera de las cuales ya está en manos del Lector. La segunda es de próxima aparición y su índice puede ser visto al final de este ejemplar. Por cierto, anhelaba publicar las quince Lecciones finales en un segundo tomo que presentaría a la mayor brevedad.
  • 13. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XIX Pero las circunstancias de la vida me impidieron cumplir con ese propósito y el final de la obra vio postergada su aparición por muchos años. Fue recién en el año de 1998 cuando pude ver un segundo to- mo publicado —otra vez—- por la misma editorial. Sin embar- go, no alcancé a terminar el total de Lecciones que me había impuesto presentar allí, por lo que sólo llegué hasta la Lección 23. Cuando presenté ese segundo tomo, dedicado ahora a los amigos que gané en todas partes durante los muchos años que traté de enseñar el Derecho Procesal, dije: Varios años han pasado desde la edición del Tomo I de esta Introduc- ción, durante el transcurso de los cuales me fue imposible terminar de escribir las Lecciones que restaban. Paradójicamente, el tema no me preocupó: el ejercicio de una abogac- ía intensa me alejó de la docencia universitaria durante varios años, absorbió todo mi tiempo disponible e hizo que añorara la actividad judicial que permitía una adecuada programación de las tareas a cumplir (en particular, de las académicas). Al comenzar el año de 1997 asumí un nuevo —y desconocido hasta entonces— compromiso con la Facultad de Derecho de la Universi- dad Nacional de Rosario: dar clases de Derecho Procesal exclusiva- mente para graduados en el Curso de Especialización en Magistratu- ra Judicial, en el cual un nutrido grupo de magistrados, funcionarios judiciales y aspirantes a ingresar a la judicatura mostró alto y reno- vado interés por el estudio de la materia. Esto logró motivar una nueva militancia académica, que creía perdida. El éxito de tal Curso —mérito de todos los profesores que integraron su planta docente— excedió el límite geográfico de la provincia. A tal punto que, por convenio de la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad del Centro (provincia de Buenos Aires), hoy funciona en la ciudad de Azul, bajo mi dirección y con el mismo resultado ini- cial. Al comenzar este año de 1998 inauguré la dirección de la Maestría de Derecho Procesal en la misma Facultad de Derecho de la Universidad
  • 14. XX ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS de Rosario, donde cursan maestrandos de varias provincias argenti- nas y del Paraguay. Tanto interés por el estudio de la ciencia del Derecho Procesal y, par- ticularmente, por el enfoque de libertad —y no de autoridad— que está presente en todas mis clases, me decidió a continuar la obra in- conclusa y terminar la tarea largamente postergada. Sin embargo, al llenar el mínimo necesario de páginas descubrí que era conveniente presentar ya mismo este Tomo II conteniendo sólo siete de las quince Lecciones restantes, por lo cual lo entrego hoy al editor asumiendo el compromiso de finalizar la obra en breve plazo. Decidido finalmente a terminar la obra cuanto antes (pues ya puedo mostrar ¡once promociones! con un total de casi 600 maestrandos de casi todas las provincias argentinas y de Bra- sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate- mala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que me lo exigen insistentemente), me surgió nuevo problema: no es- taba convencido de la bondad del contenido de lo que debía escribir por la simple razón de que ya no pensaba como ante- s.... Para comprender este sorpresivo giro autoral que recién hoy confieso, es imprescindible que relate antes la segunda cir- cunstancia apuntada al comenzar estas líneas. Sucedió que, al tiempo que cumplía mi tarea docente, ejercí la magistratura judicial en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en el cual revisté durante exactos treinta y cinco años, ejerciendo una Vocalía en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario durante los últimos veintitrés de todos esos años... En todo ese lapso fui lo que puede considerarse un buen ejemplo de juez autoritario, manejando a veces a voluntad el procedimiento, intentando conciliaciones intraprocesales a to- do trance, imponiendo novedades jurisprudenciales buscadas en la equidad y no en el texto de la ley, haciendo muchas veces un juzgamiento interno acerca de su bondad, oportunidad y justicia y, por tanto, de su aplicabilidad, etcétera. Todo lo que pensaba en esa larga época lo expuse detenida- mente en un libro que publicó Ediciones Roque Depalma (Bue-
  • 15. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXI nos Aires) en el año de 1982 y que tuvo el único mérito de ser el primero en encarar ese tema en el país: El Juez: sus deberes y facultades, que todavía alguien me recuerda impertinentemente cuando expongo mis ideas en la actualidad... En el año de 1989 me retiré del Poder Judicial y comencé a ejercer una activa profesión de abogado. Descubrí allí la exactitud del siempre vigente aforismo del Martín Fierro, nuestro máximo poema épico: la ley es como el cu- chillo, pues nunca lastima al que lo maneja.... Esto lo aprendí al poco tiempo: más allá de sufrir ahora en carne propia el autoritarismo de algún juez —tal vez inspirado en lo que fue mi propio autoritarismo y que descarto habrá dado mucho que hablar en el foro de entonces— comencé a advertir desde el otro lado del mostrador, que es donde duele verdaderamente la injusticia, la existencia de numerosas sen- tencias adversas al buen sentido judicial en pleitos que fueron fallados en equidad y, por cierto, en contra del texto expreso de la ley, o sin la previa audiencia del interesado o definitiva- mente terminados con incomprensibles medidas cautelares ca- rentes de un proceso principal que les diera sustento. Todo, en pos de una difusa meta justiciera que había que lo- grar al amparo de nuevas ideas filosóficas presentadas prego- nando la existencia de un posmodernismo aplicado al proceso judicial. Y ello, en un país que desde hace años reza laicamente la pala- bra democracia (que en definitiva sirve sólo para marcar el ori- gen del poder) sin advertir que lo importante es la república, donde existe intercontrol de poderes y que se encuentra tan olvidada en este rincón del continente..! SI bien se mira el fenómeno señalado, se trataba —en rigor, se trata, pues es la moda actualmente reinante en materia juris- prudencial— de invertir la fórmula de privilegio que JOHN RAWLS mostró en su Teoría de la Justicia, al preguntarse acerca de qué debe prevalecer en una sociedad bien ordenada: si la búsqueda de lo bueno (lo good) o la del derecho (lo right). Él se decidió por lo right entendiendo que, en tal tipo de sociedad, el derecho debe prevalecer sobre lo que se considera el bien común.
  • 16. XXII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Glosando el tema en su columna editorial, MARIANO GRON- DONA tomaba idéntico partido en abril de 2002, sosteniendo: Parece absurdo dejar de hacer algo que se percibe como bueno, como conveniente, sólo porque lo prohíbe una regla. Pero esta primera impresión ignora la naturaleza de las reglas, sean ellas morales o jurídicas, porque ¿cuándo adquiere su plena vigencia una regla? Sólo cuando no conviene cumplirla. Supongamos que alguien se ha impuesto como regla el despertarse a las seis de la mañana. Cuando se despierta naturalmente diez minu- tos antes de las seis, esa regla resulta redundante. Ella se pone a prueba, en cambio, cuando después de una larga noche en vela el sueño lo invita a seguir descansando. Cuando es duro cumplirla. Por eso los romanos, que inventaron el Derecho, decían dura lex, sed lex. Más aún: sólo es verdadera ley cuando es dura. Imaginemos ahora una nación que en lugar de seguir la tablas de va- lores de RAWLS adhiere a la primacía de lo bueno (o de lo que gusta) por sobre las reglas. Hará en cada caso lo que más le convenga. Pero al comportarse así vivirá, en los hechos, sin reglas. Cuando ellas convengan, las cumplirá, pero no porque sean rectas (right) sino porque son buenas (good). Pero cuando las perciba como inconvenientes, como malas, no las cumplirá. Al proceder así, esa nación creerá que optimiza lo que más conviene al bien común pero, al hacerlo, se volverá impredecible: sI aprueba un contrato o emite una ley, los violará cada vez que no convengan. De esta manera destruirá la confianza de los demás en sus promesas, en sus contratos, en sus leyes... Y es que hay dos ideas del bien: los pequeños bienes, con minúscula, a los que desestima RAWLS, se obtienen con las reglas. El Bien con mayúscula resulta —al contrario— de renunciar a los pequeños bienes cuando lo exige una regla vigente. Olvidar las reglas por atender a los pequeños bienes con minúscula destruye el Bien con mayúscula. Ese bien es, en definitiva, la confianza de los demás.
  • 17. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXIII Este es el bien que la Argentina ha perdido. Y que Dios quiera que no sea para siempre... Y todo esto sucede, claro está, en un mundo cuyos habitantes no desean cumplir la ley y que se encuentra gobernado por una execrable oclocracia. Esto es ya antigua costumbre en la Argentina, donde desde siempre se practica el autoritarismo, el desprecio al otro, el fa- cilismo, la igualación hacia abajo, la frustración impuesta por el gobernante de turno, etcétera, en recurrencia histórica que ha hecho decir a importante pensador del país que aquí nos preocupamos por acatar lo que dice la ley con minúscula para desconocer olímpicamente, con alegría y despreocupación, lo que manda la Ley con mayúscula... Y en esa tónica, nos han formado desde la propia Universidad y en todos los estudios posteriores o paralelos, mostrándonos una cultura que enseña que la ley no sirve para adecuar la convivencia a una auténtica pacificación social sino al indivi- dual y egoísta interés particular, que debe ser privilegiado por sobre toda otra cosa. Se trata, en definitiva y perversamente, de apañar la práctica de una suerte de autoritarismo pasivo que nos prepara para aceptar subconscientemente la existencia del verdadero autori- tarismo y de no cuestionar a quienes lo practican desde antaño y en claro beneficio personal o de unos pocos, aunque lo hagan al margen de la Constitución y de las leyes. Marginalmente: sin esta cultura sería imposible aceptar el método de enjuiciamiento inquisitivo, que ya lleva rigiendo más de quinientos años en estas tierras sin que la minoría polí- tica dominante —a quien, por cierto, ello sirve— haya acepta- do erradicarlo. Así, hay abogados —no todos, afortunadamente— que aconse- jan de modo habitual —a no asustarse pues ésa es, en definiti- va, su cultura— incumplir la ley, evitar sus efectos, evadir el pago de los impuestos, incoar un concurso para no pagar a los acreedores, etcétera, para lo cual interpretan, o malinterpretan, o desinterpretan, o acomodan, o desacomodan o desconocen la ley. En sus dos versiones: con y sin mayúscula.
  • 18. XXIV ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS En los últimos años la jurisprudencia argentina mostró ese rumbo, que rápidamente están adoptando otros países veci- nos. Pues bien: cuando esta actitud se generalizó y numerosos tri- bunales superiores se plegaron a esa interpretación (¿?) seudo- realista y refundadora de la ley —afortunadamente no fueron todos los que se enrolaron en esta línea de pensamiento— la Justicia, como institución de poder y cogobierno, dejó de ser pre- decible y la jurisprudencia —que por decenas de años fue muestra cabal del estudio, la dedicación, el sosiego, la mesura, la prudencia y la mansedumbre de los jueces argentinos— se tornó de golpe en algo auténtica e incomprensiblemente caóti- co. De verdad, se ha logrado con ello una Justicia que actúa ilegí- timamente en procura de obtener una vaga, difusa y cada más incomprensible justicia particular... que, además, es un con- cepto diferente para cada uno de los miles de jueces que act- úan contemporáneamente! Lo que pasó en los primeros seis meses del año de 2002 en la Argentina con motivo de la crisis financiera aquí vivida, no tiene parangón en la historia jurídica del país y el tenor del promedio de las resoluciones judiciales muestra ejemplarmen- te la existencia de lo recién afirmado. Cuando esto se generaliza y autorizadas voces de lo que habi- tualmente se acepta como la mejor doctrina nacional defienden con entusiasmo la violación del sistema de legitimidad im- puesto por la Constitución —es más: a veces la prohíjan— la sorpresa inicial se convierte en preocupación. En rigor, en gravísima preocupación, pues lo que primero apa- reció como simple impredecibilidad ahora se muestra como des- orden definitivo similar al que ya se vivió en el mundo de los ´40 como producto del nihilismo nazi. Y no hay sociedad alguna que logre sobrevivir en medio del caos... Una aclaración se impone. No es que yo trate aquí de desme- recer la interpretación legítima los hechos y las conductas so- metidas a juzgamiento ni la interpretación —también legíti- ma— de la norma jurídica oscura que los jueces deben aplicar.
  • 19. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXV Critico, sí, la interpretación contra legem, la falta de aplicación de la ley positiva que expresamente resuelve un caso determi- nado, privilegiando así —otra vez— lo good por sobre lo right, sin que nadie atine a recordar que el fallar en contra del texto expreso de la ley en la Argentina configura el tipo delictual denominado prevaricato... Ataco también la interpretación que se pretende dar al propio método de enjuiciamiento toda vez que él no puede admitirla en modo alguno. Mucho menos dentro de un sistema de fuen- tes, como el argentino, del que se apartan cada día más mu- chos jueces inspirados en criterios subjetivos de conveniencia u oportunidad de aplicación o no de la ley vigente.... En efecto: un método debe ser siempre cosa neutra pues, como tal, no admite valoraciones subjetivas. La tarea de multiplicar según un cierto método, por ejemplo, no puede ser variada a voluntad de quien realiza la operación aritmética. Igual ocurre, v.gr.: si se desea hacer un análisis químico de composición del agua. En el proceso debe ocurrir otro tanto pues la justicia está en el resultado, en la meta: la sentencia. Pero, adviértase bien, jamás en el método que se utiliza para bus- carla o procurarla: el proceso. Igual que en la operación de multiplicación, cuya corrección se ve en el resultado. Por eso es que no comprendo cómo se puede hablar de la exis- tencia de un proceso justo cuando tal proceso es puro método.... El proceso no es ni puede ser lógicamente justo o injusto. Pero sí es legítimo (y es proceso) o ilegítimo (que no es proceso). Lo que, por cierto, es cosa bien diferente. Buscando un proceso que se enmarcara siempre en criterios ob- jetivos de legitimidad, he logrado con los años hacer un giro de ciento ochenta grados respecto de lo que pensaba en cuanto a cómo debían actuar los jueces en las tareas de procesar y de sen- tenciar. Y creo que esa legitimidad se encuentra sólo dentro de un sis- tema en el cual quepan todas las soluciones posibles. Aun las
  • 20. XXVI ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS no previstas pero hallables siempre mediante mecanismos que el mismo sistema proporciona. En los últimos años —con filosofía posmodernista mediante— ha habido una clara reacción generalizada en el procesalismo civil hacia estas ideas que aquí sostengo, proclamándose desde autorizada y recurrente doctrina que el sistema no es bueno como tal porque no siempre conlleva el resultado de justicia al cual los jueces deben aspirar por sobre todo otro pensamiento en la superior tarea que les asigna la Constitución en el siste- ma legal argentino vigente. Con lo cual se busca privilegiar la meta por sobre el método, dando con ello razón postrera a MA- QUIAVELO: el fin justifica los medios… De ahí que actualmente se propone con insistencia abandonar- lo para siempre y, confiando en la sagacidad, sapiencia, dedi- cación y honestidad de la persona del juez, entregarle toda la potestad de lograr esa justicia dentro de los márgenes de su pura y absoluta subjetividad. Igual a lo que hacían el pretor y el cadí... por bueno, sabio y justo que sean un pretor o un cadí de- terminado, toda vez que en la sociedad moderna hay muchos pretores o cadíes y que pueden no ser iguales entre sí. Creo que con esto se logrará más inseguridad, más impredeci- bilidad, más jurisprudencia contradictoria, mayor alejamiento de la idea del debido proceso, mayor anarquía judicial... Porque aspiro a que esto no ocurra —sería absurdo que dejá- remos todo eso como incomprensible herencia a nuestros hijos, que no la merecen— es que decidí añadir al texto originario de mi Introducción toda la explicación histórica que considero ne- cesaria para que el lector comprenda de dónde provienen los sistemas de enjuiciamiento conocidos y por qué uno es bueno y el otro malo. En realidad, no es malo. Es perverso. Pero, además, cambié y mucho la exposición de algunos temas para poder mostrar en definitiva que el proceso —en cuanto método— es y debe ser sistémico. De ahí que este libro aparezca con el titulo de Sistema procesal y que, en rigor de verdad, es otro libro aunque se repitan en éste muchos conceptos vertidos en las Lecciones ya conocidas desde antes. Máxime cuando a éste le he añadido alrededor de dos-
  • 21. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO ÁGUILA GRADOS XXVII cientas páginas de notas, la mayoría de ellas de sociología ju- dicial. Algo más: como se verá en el texto, en los últimos años ha sur- gido un movimiento filosófico —en rigor, ideológico— que se contrapone con el denominado solidarismo procesal, generador de un decisionismo judicial que ha logrado el desorden que he criticado líneas atrás. A partir del subtítulo que acompaña la obra Derecho y razón de LUIGI FERRAJOLI, ese movimiento que se acrecienta cada día más ha dado en autodenominarse garantismo procesal. A partir de las ideas que lo sustentan, no se procura hacer una normación más permisiva con el delincuente ni poner puertas giratorias en las cárceles y comisarías, como cree cuasi genera- lizadamente el periodismo amarillo y la gente no advertida. Se trata, en cambio y simplemente, de mantener un irrestricto acatamiento a las normas constitucionales cuando las conteni- das en la ley –de clara jerarquía menor– toman caminos diver- gentes de ellas, que parten de un valor implícito reconocido hoy como el más importante en diversas constituciones del continente: el de la libertad. Y como este libro contiene ideas claramente enroladas en ese movimiento, es que decidí completar su título: Sistema procesal con el aditamento de la palabra libertad. Dado que, como se verá detenidamente en esta obra, la Consti- tución nacional es de esencial raíz libertaria, creo que en el con- cepto de proceso se subsumen todas las garantías en ella asegu- radas para hacer valer todos los derechos prometidos. De ahí el nombre final de este libro: Sistema Procesal: garantía de la Libertad. Si bien se piensa el tema y se extraen conclusiones acertadas a partir de su lectura, procuro que los sustantivistas dejen de pregonar la adjetividad, accesoriedad, pobreza y falta de im- portancia jurídica del derecho procesal cuando es sabido que Ɇpor regular un puro métodoɆ es la única rama del derecho que admite cabal y certeramente la calificación de científica.
  • 22. XXVIII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Sin perjuicio de ello, recuerdo que más de las dos terceras par- tes de los pleitos radicados en los tribunales del país se ganan y se pierden por razones puramente procesales. Y no es que el proceso sea la tumba del derecho. Por lo contrario, es el método que permite reponer el orden jurídico cuando ha sido violado o desconocido por los particu- lares o por el propio Estado. Y esto no es poca cosa. De ahí que su cabal comprensión exige conocimiento claro del desarrollo de ese método, de sus fases y posibles secuencias, etcétera. A consecuencia de ello, presento ahora lo que aspiro sea una explicación sistémica de ese método que es el proceso. Como se colige de lo expuesto hasta aquí, el Sistema… se con- virtió de hecho en una segunda edición, actualizada y muy cambiada, del texto contenido en los tomos de mi Introducción al Estudio del Derecho Procesal. En tazón de estos antecedentes y para que la nueva obra pueda ser utili- zada con adecuado provecho y mejor sentido docente, por sugerencia de varios discípulos que, a la postre, posibilitaron la aparición del libro que ahora prologo, le quité muchas páginas y casi todas las notas de contenido sociológico que había agregado en el Sistema… y logré que varios egresa- dos de mi Carrera de Maestría adecuaran su contenido a las normativas locales de sus respectivos países para ser publicadas con el nombre de Lec- ciones de Derecho Procesal Civil. Hasta hoy y en la Argentina, gracias al esfuerzo de mis discípulos en la Maestría, he editado tales Lecciones… adecuadas a la legislación procesal de las Provincias de Santa Fe (por ANDREA A. MEROI), Buenos Aires y Ca- pital Federal (por GUSTAVO CALVINHO), Neuquén (por JORGE PASCUARE- LLI), Río Negro (por RICHAR FERNANDO GALLEGO), Santiago del Estero (por FERNANDO DRUBE y VÍCTOR ROTONDO), Córdoba (por MANUEL GONZÁLEZ CASTRO), Catamarca (por RAMÓN PORFIRIO ACUÑA) y Salta (por JUAN CASABELLA DÁVALOS). Además, en Chile (por HUGO BOTTO OAKLEY), Costa Rica (por CARLOS PICADO VARGAS), Paraguay (por SEBAS- TIÁN IRÚN CROSKEY) y Uruguay (por GABRIEL VALENTÍN). Se presenta así una obra que creo novedosa: en lugar de explicar la norma a partir de su propio texto, cual ocurre habitualmente, se desarrolla sisté- micamente cada tema y se lo anota de acuerdo con la legislación local en
  • 23. ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS XXIX tipo de letra de cuerpo menor y con párrafos que lucen con mayor mar- gen, en los cuales el adaptador hace constar si ello se aplica o no en la res- pectiva legislación y da opinión acerca de las bondades o no de su inclu- sión. Finalmente, cuando se hace una simple mención de la normativa vi- gente, se coloca el número del respectivo artículo local entre paréntesis. Aspiro a que todo esto sea útil al abogado, viejo o joven, que desee com- prender los por qué y los para qué de cada institución vinculada a la idea de proceso, concebido como método sistémico y pacífico de discusión dia- logal y argumentativa, realizado por desiguales actuando en libertad y con igualdad jurídica asegurada por la imparcialidad del juzgador. Me gustará conocer la opinión del lector acerca de ello. Para eso consigno mi dirección electrónica al pie de este Prólogo. ADOLFO ALVARADO VELLOSO aav@alvarado-abogados.com
  • 24.
  • 25. ABREVIATURAS CADH Convención Americana de Derechos Humanos CC Código Civil CN Constitución de 1993 CN79 Constitución de 1979 CP Código Penal CPC Código Procesal Civil CPCo Código Procesal Constitucional CPCs Código de Procedimientos Civiles CPP Código Procesal Penal de 2004 CPP91 Código Procesal Penal de 1991 CS Corte Suprema LA Ley de Arbitraje LHCA Ley de Habeas Corpus y Amparo LC Ley de Conciliación LCJ Ley de Carrera Judicial LGPA Ley General de Procedimientos Administrativos LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial PI Proceso de Inconstitucionalidad PJ Pleno Jurisdiccional RNTC Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional TC Tribunal Constitucional v. véase v.gr. Verbi gratia XX, 000 Número seguido a una abreviatura refiere el artículo de la referida norma (v.gr.: CPC, 424 menciona al artículo 424 del Códi- go Procesal Civil)
  • 26. XXXII ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS XX, 000, 0º Número ordinal, seguido a un número cardinal y éste a su vez seguido a una abreviatura, refiere el in- ciso del artículo de la referida norma. (v.gr.: CPC, 424, 5º menciona el inciso 5 del artículo 424 del Código Procesal Civil)
  • 27. LECCIÓN 1 LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO Y UNA APROXIMACIÓN A SU IDEA LÓGICA SUMARIO 1. Causa del proceso: el conflicto de intereses 2. Posibles soluciones del conflicto de intereses 2.1. Autodefensa 2.2. Autocomposición 2.2.1. Medios directos 2.2.1.1. Desistimiento 2.2.1.2. Allanamiento 2.2.1.3. Transacción 2.2.2. Medios indirectos 2.2.2.1. Mediación 2.2.2.2. Conciliación 2.2.2.3. Arbitraje 2.3. Heterocomposición pública 3. Razón de ser del proceso 4. Aproximación a la idea lógica de proceso 4.1. Funciones del proceso 4.2. Nociones de conflicto, litigio y controversia 4.3. Descripción del método de debate 4.4. Objeto del proceso
  • 28.
  • 29. 1. LA CAUSA DEL PROCESO: EL CONFLICTO DE INTERESES Toda explicación habitual de la asignatura de Derecho Procesal pasa por una obligada referencia inicial a la ley que rige la materia, con prescinden- cia del problema de la vida que generó su creación y vigencia, que es lo que verdaderamente importa pues permite comprender cabalmente el fenómeno del proceso judicial. En el Perú, la postal más frecuente en las aulas de las Facultades de De- recho es la del docente premunido de la norma y dando una lectura ce- remoniosa de cada artículo para que, a partir de ella, se comience a tejer la comprensión de la ciencia jurídica. Si se trata de encontrar la raíz más profunda de la crisis de la abogacía en el Perú, no parece ser muy com- plejo dar con ella. Creo que tal método no es correcto pues impide vincular adecuadamente los dos extremos que se presentan en la aplicación de toda y cualquiera norma: la aparición del problema de convivencia y la solución que a ese problema le otorga la ley. De ahí que comienzo la explicación de este Manual con una primaria y obligada referencia a la causa del proceso: el conflicto intersubjetivo de inter- eses. En esa tarea, considero que es fácil imaginar que un hombre viviendo en absoluta soledad (Robinson Crusoe en su isla, por ejemplo) –no importa al efecto el tiempo en el cual esto ocurra– tiene al alcance de la mano y a su absoluta y discrecional disposición todo bien de la vida suficiente para satisfacer sus necesidades de existencia y sus apetitos de subsistencia. En estas condiciones es imposible que él pueda, siquiera, concebir la idea que actualmente se tiene del Derecho. Fácil es también de colegir que este estado de cosas no se presenta perma- nentemente en el curso de la historia; cuando el hombre supera su estado de soledad y comienza a vivir en sociedad (en rigor, cuando deja simple- mente de vivir para comenzar a convivir), aparece ante él la idea de conflic-
  • 30. 4 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS to: un mismo bien de la vida, que no puede o no quiere compartir, sirve para satisfacer el interés de otro u otros de los convivientes y, de tal modo, varios lo quieren contemporánea y excluyentemente para sí (comida, agua, techo, etc.) con demérito de los apetitos o aspiraciones de alguno de ellos. Surge de esto una noción primaria: cuando un individuo (coasociado) quiere para sí y con exclusividad un bien determinado, intenta implícita o expresamente someter a su propia voluntad una o varias voluntades aje- nas (de otro u otros coasociados): a esto le asigno el nombre de pretensión. Si una pretensión es inicialmente satisfecha (porque frente al requerimien- to "¡dame!" se recibe como respuesta "te doy"), el estado de convivencia armónica y pacífica que debe imperar en la sociedad permanece incólume. Y en este supuesto no se necesita el Derecho. Pero si no se satisface (porque frente al requerimiento "¡dame!" la respues- ta es "no te doy") resulta que a la pretensión se le opone una resistencia, que puede consistir tanto en un discutir como en un no acatar o en un no cumplir un mandato vigente. Al fenómeno de coexistencia de una pretensión y de una resistencia acerca de un mismo bien en el plano de la realidad social, le doy la denominación de conflicto intersubjetivo de intereses. Hasta aquí he contemplado la idea de un pequeño e incipiente grupo so- cial, en el cual los problemas de convivencia parecen ser acotados. Pero cuando el grupo se agranda, cuando la sociedad se convierte en na- ción, también se amplía –y notablemente– el campo conflictual. Si se continúa con la hipótesis anterior, ya no se tratará de imaginar en este terreno la simple exigencia de un "dame" con la respuesta "no te doy" sino, por ejemplo, de determinar si existe una desinteligencia contractual y de saber, tal vez, si hay incumplimiento de una parte, si ello ha sido pro- ducto de la mala fe, si es dañoso y, en su caso, cómo debe medirse el per- juicio, etc. El concepto sirve también para el campo delictual: ya se verá oportunamente el porqué de esta afirmación. Como es obvio, el estado de conflicto genera variados y graves problemas de convivencia que es imprescindible superar para resguardar la subsis- tencia misma del grupo. De ahí que seguidamente pase a esbozar sus so- luciones.
  • 31. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 5 2. LAS POSIBLES SOLUCIONES DEL CONFLICTO INTERSUBJETIVO DE INTERESES Planteada elementalmente la noción de conflicto como la de un fenómeno inherente a la convivencia, parece razonable imaginar que en los primeros tiempos se terminaba sólo por el uso de la fuerza: el más fuerte, el que os- tentaba armas, el más veloz, hacía prevalecer su voluntad sobre el débil, el indefenso, el lento. Y esto se presenta como claramente disvalioso pues el uso indiscriminado de la fuerza no asistida por la razón genera destrucción. Por eso parece obvio que la fuerza debe ser erradicada de modo imprescindible para lo- grar la sobrevivencia de la sociedad misma como tal. No creo que haya posibilidad histórica cierta de saber cómo se hizo para que la fuerza de la razón sustituyera a la razón de la fuerza, reemplazando el brazo armado por la palabra, que ostenta –como medio de discusión– la innegable ventaja de igualar a los contendientes. Pero cuando ello ocurrió, se aceptó por todos los coasociados la posibili- dad de dialogar para intentar lograr la autocomposición pacífica de los conflictos, sin uso de armas o de fuerza. Utilizando exclusivamente el razonamiento lógico y conforme con lo re- cién visto, puede colegirse que cuando se desencadena un conflicto inter- subjetivo de intereses, en definitiva termina por una de dos vías: a) se di- suelve por los propios interesados, directa o indirectamente o b) se resuelve por acto de autoridad, legal o convencional. Y no hay otra posibilidad, como luego se advertirá. Veamos ahora los medios por los cuales un conflicto puede disolverse. Ellos son: la autodefensa y la autocomposición. 2.1. LA AUTODEFENSA Es un medio de autocomposición directa y unilateral mediante el cual la parte afectada por el conflicto no acepta el sacrificio del propio interés y hace uso de la fuerza cuando el proceso llegaría tarde para evitar la con- sumación del daño que teme o sufre. En el derecho peruano se encuentra regulada la autodefensa: la legítima defensa autorizada en el CP, 20, 3º; el derecho a proteger extrajudicial- mente la posesión (CC, 920); el derecho de retención (CC, 1123), cuando se declara que un acreedor puede retener en su poder el bien de su deu-
  • 32. 6 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS dor si su crédito no está suficientemente garantizado; el derecho a la huelga (CN, 28, 3º), el cual debe entenderse como el abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley. 2.2. LA AUTOCOMPOSICIÓN Es un medio que puede presentarse unilateral o bilateralmente y operar en forma directa (por los propios interesados y sin la ayuda de nadie) o indire- cta (con la ayuda de un tercero). Veamos cuáles son: 2.2.1. LOS MEDIOS DE AUTOCOMPOSICIÓN DIRECTA (OPERAN SIN LA AYUDA DE NADIE) Las propias partes son quienes llegan espontáneamente a la composición del conflicto, haciendo que éste se disuelva a base de uno de tres posibles medios dependientes en forma exclusiva de la voluntad de ellas mismas: 2.2.1.1. EL DESISTIMIENTO El pretendiente renuncia unilateralmente al total de su pretensión. A raíz de ello, deja de pretender y abdica de reclamar en el futuro el objeto hoy pretendido. Oportunamente se verá su regulación legal. 2.2.1.2. EL ALLANAMIENTO El resistente renuncia unilateralmente al total de su resistencia. A raíz de ello, acata la pretensión esgrimida en su contra por el pretendiente y otor- ga lo pretendido. Oportunamente se verá su regulación legal. 2.2.1.3. LA TRANSACCIÓN Ambos contendientes renuncian en forma bilateral, simultánea y recípro- ca, a parte de sus posiciones encontradas. Y la pérdida de uno se compensa con la del otro de modo tal que los dos terminan ganando. Y los tres medios enunciados hasta aquí constituyen distintas formas me- diante las cuales las partes pueden conciliar sus intereses. Oportunamente se verá la regulación legal de todo ello.
  • 33. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 7 2.2.2. LOS MEDIOS DE AUTOCOMPOSICIÓN INDIRECTA (OPERAN CON LA AYUDA DE OTRO) Sin disolver el conflicto planteado, pero con la obvia intención de lograr su disolución, las partes llegan bilateralmente a un acuerdo mediante el cual permiten que un tercero efectúe actividad conciliadora con el fin de acercar los intereses contrapuestos y lograr que ellas mismas puedan lo- grar la anhelada disolución mediante uno de los medios directos ya vistos precedentemente: desistimiento, allanamiento o transacción. Esta actividad puede presentarse con tres distintas gradaciones que gene- ran otras tantas denominaciones: mediación, conciliación y arbitraje. 2.2.2.1. LA MEDIACIÓN (O SIMPLE INTENTO DE ACERCAMIENTO) El tercero, actuando espontáneamente con plena aceptación de ambos interesados o acatando expreso pedido de ellos, se limita a intentar su conciliación, dando consejo y haciendo ver los inconvenientes que puede engendrar el litigio, pero sin proponer soluciones que, de haberlas, surgirán de las mismas partes en conflicto, quienes lo disolverán así por una de las mo- dalidades ya conocidas: desistimiento, allanamiento o transacción. En este caso, como resulta obvio, la actividad que cumple el tercero consti- tuye sólo un medio de acercamiento para que los interesados lleguen por sí mismos al resultado de la autocomposición (el conflicto se disuelve sin que nadie lo resuelva). Curiosamente, este mecanismo no está regulado legalmente en el Perú, pero sí en otros países latinoamericanos, experiencia que podría tomarse como punto de partida para una futura implementación: En Paraguay se han desarrollado programas de mediación comunitaria en la Municipalidad de Asunción y en el interior del país. En el sector ju- dicial se ha realizado un entrenamiento en mediación para funcionar anexo a los tribunales y se ha diseñado una experiencia piloto que se en- cuentra pendiente de implementación. En este sector se ha creado la Ofi- cina de Conciliación Penal para dar cumplimiento con las nuevas normas procesales en materia penal. La Cámara de Comercio cuenta con un Cen- tro de Arbitraje, Conciliación y Mediación. Actualmente esta institución se encuentra regulada por la Ley de Arbitraje y Mediación Nº 1.879/02. En Ecuador se dictó el 4 de septiembre de 1997 la Ley RO/145 que regula el arbitraje doméstico, el internacional y la mediación. Pero ya con ante- rioridad la nueva Constitución ecuatoriana (aprobada el 05 de junio de 1998) consagró definitivamente como principio constitucional a los pro- cedimientos alternativos para la solución de conflictos, de la siguiente
  • 34. 8 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS manera: “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alter- nativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”. En Bolivia se dictó la Ley Nº 1.770 con fecha 03/10/97 llamada de Arbi- traje y Conciliación, en cuyo artículo 94º (en sus Disposiciones Finales) se reguló a la mediación como un medio alternativo para la solución de común acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, podrá adoptarse por las personas naturales o jurídicas, como procedimiento independiente o inte- grado a una iniciativa de conciliación. Asimismo, también regula la media- ción que puede ser pedida voluntariamente por las partes en los Centros que se creen para la prestación de esos servicios. En Costa Rica se promulgó la Ley Nº 7.727 que regula tres formas alter- nativas de RAD: conciliación, mediación y arbitraje. Dentro de los proce- sos -dice la ley- el juez podrá proponer a las partes una audiencia de con- ciliación, la que estará a su cargo o a cargo de un juez conciliador nom- brado para el caso concreto (art. 74). Se consagra el derecho de los habi- tantes a ser educados en paz y para la paz, por lo cual los métodos RAD - inclusive la negociación- deben ser contenido de los planes de educación. Otro perfil tuvo el desarrollo de la mediación en la República Oriental del Uruguay, país en que el primer programa fue impulsado por la Corte Suprema de Justicia, que habilitó Centros de Mediación en áreas del Minis- terio de Salud en 1995. Con posterioridad la Bolsa y Cámara de Comercio creó un Centro de Arbitraje y Conciliación y, desde allí, se formaron conci- liadores/mediadores, con apoyo del Banco Interamericano de Desarro- llo. En este país, la mediación estuvo desarrollándose gradualmente y en forma paralela a la conciliación y casi sin regulación legal, pues en su comienzo se observó una mayor difusión en materia de conflictos vecina- les, familiares, etc. y ahora se extendió en otras áreas tales como la co- mercial, de la salud, etc. 2.2.2.2. LA CONCILIACIÓN El tercero, acatando pedido expreso de ambas partes, asume un papel preponderante en las tratativas y, por ende, diferente del caso anterior: ya no se limita a acercar amigablemente a los interesados sino que asume la dirección de las tratativas y hace proposiciones que, nótese bien, ellos tienen plena libertad para aceptar o rechazar. De lograrse el acuerdo, se trasuntará otra vez en un desistimiento, un allanamiento o una transacción. Y al igual que en el supuesto anterior, se ve claro que la actividad desple- gada por el tercero sólo es un medio para que los contendientes lleguen por sí mismos al resultado de la composición (nuevamente, el conflicto se di- suelve sin que nadie lo resuelva).
  • 35. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 9 En el Perú la conciliación prejudicial o extrajudicial, de acuerdo a la Ley 26872 (LC) y sus modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1070, es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto (LC, 5). Asimismo, esta conciliación es de carácter obligatoria, toda vez que constituye un requisito de procedibilidad previo a la interposición de una demanda judicial (LC, 6). No obstante, se determinó que no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos (LC, 9): x en los procesos de ejecución; x en los procesos de tercería; x en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio; x en el retracto; x cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asocia- dos; x en los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General de accionista señalados en el artículo 139º de la Ley General de Socieda- des, así como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artícu- lo 150 de la misma Ley; x en los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los provenientes de daños en materia ambiental; x en los procesos contencioso administrativos. En estos casos, la conciliación es facultativa. Hasta aquí he presentado dos medios autocompositivos indirectos, mos- trando en todos los casos que las partes se ponen de acuerdo para aceptar la presencia de un tercero que las ayude a disolver el conflicto. La última actitud posible de ser ejercida por el tercero –la de decidir el conflicto mediante un acto propio– no puede presentarse lógicamente co- mo un caso de autocomposición toda vez que, mediante el acto del tercero el conflicto se resuelve, no se disuelve. Sin embargo, y con esta salvedad recién hecha, incluyo en esta explicación la siguiente actitud –de decisión– por cuanto si bien ella opera como una verdadera heterocomposición –y no como autocomposición– parece claro que para llegar a esta posibilidad, los interesados han debido ponerse de acuerdo en varias cosas: primero y más importante, en aceptar que un tercero particular defina el conflicto; segundo, en convenir que el tercero sea una determinada persona, con nombre y apellido, que ambos respetan
  • 36. 10 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS y en quien ambos confían y cuya decisión se comprometen a acatar de consuno. Y creo que aquí hay, al menos, un principio de autocomposición. Veamos ahora la última posibilidad de actuación del tercero. 2.2.2.3. EL ARBITRAJE El tercero, a pedido de las partes y dentro de los límites que ellas expre- samente fijen al efecto, asume un papel aún más preponderante: no sólo intenta el acercamiento (cual lo hace el mediador); no sólo brinda propues- tas de soluciones (cual lo hace el conciliador) sino que, luego de escucharlas en pie de perfecta igualdad, emite decisión que resuelve definitivamente el conflicto, pues las partes se han comprometido en forma previa a acatarla. Como se ve, el caso es por completo diferente de los anteriores: aquí, la actividad del tercero –al igual que la del juez en el proceso judicial– mues- tra una verdadera composición, sólo que privada, que deja de ser medio para convertirse en resultado: el arbitraje. En otras palabras: no se trata ya de autocomposición sino de heterocomposición privada. Cuando no media acuerdo de las partes interesadas y, por tanto, se des- carta la autocomposición (directa o indirecta) la solución del conflicto pasa exclusivamente y como alternativa final por el proceso judicial. Y ello mues- tra el otro medio posible de heterocomponer el conflicto. El primero es de carácter privado (arbitraje). El arbitraje en el Perú está regulado por el Decreto Legislativo N° 1071 vigente a partir del 1º de septiembre de 2008, el cual reemplaza a la ante- rior Ley General de Arbitraje, Ley 26572 de 1996. La actual ley fortalece la independencia de esta heterocomposición privada frente a cualquier po- sibilidad de recurrir a la vía judicial. En este sentido, el árbitro puede eje- cutar sus medidas cautelares y si las partes lo convienen, este mismo ár- bitro puede ejecutar el laudo. Otros cambios que introduce la norma actual son: una regulación uni- forme del arbitraje nacional e internacional; el convenio arbitral, acuerdo voluntario por el que las partes deciden someterse a arbitraje, se extiende a terceros, que sin haber suscrito dicho convenio, su consentimiento de someterse al arbitraje se desprende de su participación activa en la nego- ciación, celebración y ejecución del contrato; la presunción de que el arbi- traje es de derecho, es decir, que la decisión va a ser con arreglo a un de- terminado marco legal (antes se presumía, salvo convenio expreso, que el arbitraje era de conciencia, es decir que aquel tercero que iba a componer el conflicto lo haría según su raciocinio); se establece que el único medio
  • 37. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 11 impugnatorio contra el laudo arbitral es el recurso de anulación, el cual únicamente se puede interpone de acuerdo a causales taxativas que esta- blece la propia ley. Dicho recurso se interpone ante la Corte Superior y el juez no se puede pronunciar sobre el fondo de dicha decisión. Por otro lado, en nuestro país se ha sostenido un permanente debate so- bre su naturaleza jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ha puesto fin a este tema en su resolución N° 6167-2005-PHC/TC Lima, caso Fernando Cantuarias Salaverry: (…) “Este Tribunal reconoce la jurisdicción del arbi- traje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las con- troversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponi- ble (artículo 1º de la Ley General de Arbitraje), con independencia juris- diccional y, por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, adminis- trativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser ejercido ex post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje. Por su par- te, el control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional; vale decir que tratán- dose de materias de su competencia, de conformidad con el artículo 5°, numeral 4 del precitado código, no proceden los procesos constituciona- les cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que se cuestiona es un laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa a la interposición de un proceso constitu- cional, el presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo (…)”. 2.3. LA HETEROCOMPOSICIÓN PÚBLICA (PURA O NO CONCILIATIVA) Es éste un medio unilateral cuya iniciación depende sólo de la voluntad del pretendiente: ante la falta de satisfacción de su pretensión por parte del resistente, el pretendiente ocurre ante el órgano de justicia pública requiriendo de él la sustanciación de un proceso susceptible de terminar en sentencia que acoja su pretensión. Ya se verá oportunamente cómo queda vinculado el resistente al proceso y a sus efectos. De tal modo, su decisión opera como resultado. Por las razones recién explicadas, éste es el único supuesto de resolución que escapa al concepto genérico de conciliación. Y ello se obtiene exclusi- vamente como resultado de un proceso. Al final de esta Lección presento un cuadro sinóptico conteniendo las dis- tintas formas de componer el conflicto y el litigio a fin de facilitar al lector una más rápida fijación del tema.
  • 38. 12 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS 3. LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO Si la idea de proceso se vincula histórica y lógicamente con la necesidad de organizar un método de debate dialogal y se recuerda por qué fue menes- ter ello, surge claro que la razón de ser del proceso no puede ser otra que la erradicación de la fuerza en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de la paz y de normas adecuadas de convivencia1. De tal modo, y a fin de completar la idea inicialmente esbozada, ya puede afirmarse que la razón de ser del proceso es la erradicación de toda fuerza ilegí- tima dentro de una sociedad dada para mantener un estado perpetuo de paz. No importa al efecto la corriente doctrinal que se considere: en todo caso es imprescindible precisar que la razón de ser del proceso permanece inal- terable: se trata de mantener la paz social, evitando que los particulares se hagan justicia por mano propia. 4. UNA APROXIMACIÓN A LA IDEA LÓGICA DE PROCESO En un primer intento de acercar al lector a la lógica de proceso que aspiro a presentar sistémicamente en esta obra, referiré ahora cuáles son las fun- ciones que le asigna la doctrina y las diferencias existentes entre las nocio- nes de conflicto, litigio y controversia, haré luego una somera descripción del método de debate y finalizaré adelantando cuál es su objeto. 4.1. LAS FUNCIONES DEL PROCESO Ya he mostrado al proceso como un medio pacífico de debate mediante el cual los antagonistas dialogan para lograr la solución ïmediante resolución de la autoridadï de los conflictos intersubjetivos de intereses que mantie- nen y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ile- gítima en una determinada sociedad para mantener en ella un estado de paz. Así contemplado, el proceso cumple una doble función: a) privada: es el instrumento que tiene todo individuo en conflicto para lograr una solución (en rigor, resolución) del Estado, al cual debe ocurrir 1 Quede claro desde ahora que el fin principal del proceso no es la búsqueda de la verdad, como habitualmente se afirma. Ya volveré recurrentemente sobre el tema.
  • 39. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 13 necesariamente ïcomo alternativa finalï si es que no ha logrado disolver- lo mediante una de las posibles formas de autocomposición; b) pública: es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso de la fuerza privada. Para efectivizar esta garantía, el Estado organiza su Poder Judi- cial y describe a priori en la ley el método de debate así como las posibles formas de ejecución de lo resuelto acerca de un conflicto determinado. 4.2. LAS NOCIONES DE CONFLICTO, LITIGIO Y CONTROVERSIA Hasta ahora, he presentado de modo lato la noción de conflicto, que puede existir en la realidad social con distintos contenidos: moral, religioso, filo- sófico, político, jurídico, económico, etc. Debo limitar ahora el concepto al de contenido exclusivamente jurídico y que se presenta en la vida social cuando existe un choque intersubjetivo de intereses por desconocimiento o violación de un precepto que preorde- na una conducta que en los hechos no se cumple: por ejemplo, el compra- dor no paga el precio de la cosa adquirida, no obstante ser ésa la conducta que el precepto legal ordena expresamente; a raíz de ello, el vendedor pretende cobrar dicho precio y el comprador se resiste a pagarlo. Ya se sabe que este conflicto puede tener diversas soluciones autocompo- sitivas; pero si éstas no pueden ser logradas, al vendedor - pretendiente que no puede hacer uso de la fuerza, no le queda otro camino que incoar un proceso mediante una demanda en la cual debe afirmar necesariamente la existencia del conflicto en el plano de la realidad social (lo mismo ocu- rre cuando se efectiviza una conducta tipificada como delito por la ley). Esa necesaria afirmación convierte al simple diálogo en algo similar a una dialéctica, en la cual el pretendiente afirma un hecho (tesis), el resistente lo niega (antítesis) y, eventualmente, el juez produce la conclusión (síntesis) en su sentencia dando o no por demostrada la tesis en orden a los medios de confirmación que alguno de los interesados haya acercado en función de claras reglas que establecen a quién le compete la tarea de confirmar. El cumplimiento de esta tarea se efectúa en un plano estrictamente jurídico (el del proceso), obviamente diferente del plano de la realidad social, pudien- do ocurrir que entre ambos exista o no plena coincidencia.
  • 40. 14 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Y es que salvo raras y contadas excepciones, la garantía estatal de resolu- ción de conflictos es amplísima, por lo que en general no se veda ni se limita la posibilidad jurídica de demandar que tiene todo particular. De ahí que pueda hacerlo quien sabe que no tiene razón o quien cree que la tiene aun cuando así no sea. Aunque es improbable que en estas condiciones se otorgue satisfacción judicial a tal pretensión, la existencia de la simple posibilidad de deman- dar por quien carece de toda razón hace necesario distinguir la noción de conflicto de otra que he de usar a menudo en esta obra: la de litigio. Si conflicto es la coexistencia de una pretensión y de una resistencia en el plano de la realidad social, litigio es la simple afirmación, en el plano jurídi- co del proceso, de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad social, aun cuando de hecho no exista o no haya existido tal conflicto. Por constituir dos conceptos cualitativamente diferentes, resulta convenien- te distinguir acabadamente entre conflicto y litigio y tener presente que: a) puede existir conflicto sin litigio: cuando se mantiene en el estricto plano de la realidad, sin disolverse ni ser resuelto pues el pretendiente no de- manda judicialmente y se contenta con continuar en su estado de insatis- facción; b) puede existir litigio sin conflicto: cuando el pretendiente demanda sabien- do que no hubo conflicto en el plano de la realidad o creyendo que existió aunque así no haya sido (ello explica el rechazo de una pretensión por parte del juez); c) puede existir litigio con conflicto (o, a la inversa, conflicto con litigio): cuando éste es trasladado del plano de la realidad al jurídico del proceso, el pre- tendiente demanda afirmando y pudiendo confirmar la razón que le asis- te. Resulta así que la noción de litigio ïy no la de conflictoï es inseparable de la función judicial y una de las bases necesarias del concepto de proceso. En rigor, y como luego se explicará, no puede darse lógicamente un proceso sin litigio (aunque sí sin conflicto). Por último, se entiende por controversia la efectiva discusión operada en un proceso respecto del litigio que lo origina; cabe aquí acotar que puede
  • 41. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 15 ocurrir que no haya tal controversia pues el resistente acepta liminarmen- te los extremos de la pretensión del actor y, por ende, no presenta debate. De ahí que pueda existir litigio con y sin controversia, según sea la actitud que al respecto adopte el demandado. 4.3. UNA SUCINTA DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE DEBATE La antigüedad remota concibió al proceso como un diálogo de corte estric- tamente sacramental, con la utilización de fórmulas retóricas insoslayables ante sacerdotes que, mediante sacrificios de animales u otros métodos similares, daban una solución con inspiración divina. Civilizaciones posteriores organizaron combates armados con invocación a Dios, con la creencia de que triunfaría aquel que tuviera su protección (Juicios de Dios) o, con una crueldad propia de la época, se sometía al indi- viduo a ordalías tales como bañarlo en aceite hirviendo, sumergirlo en agua durante tiempo prolongado, etc. Posteriormente, el debate perdió su sentido místico y se racionalizó al punto de idearse una serie de actos para realizar la discusión en diálogo efectuado ante el juez. La serie de actos a cumplir debe guardar lógicamente un orden estricto, que opera como modelo patrón de la discusión y que consiste en una serie de etapas ideadas al efecto por el legislador. Desde la más remota antigüedad, tales etapas son: a) la primera, de carácter introductorio y constitutivo, está integrada por una necesaria afirmación del pretendiente (ya en el proceso se lo denomina actor o acusador) respecto de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad social y del pedido de solución o de sanción conforme con la norma jurídica que ha sido desconocida en los hechos o en la cual éstos se han encuadrado. Como es fácil de imaginar, y por importante que sea la afirmación o la persona del actor, el juez no puede resolver sin escuchar previamente la versión de los hechos por parte del resistente, que puede ser por completo diferente. Se trata, simplemente, de oír dos campanas antes de decidir por cuál de ellas optar. Es por eso que esta etapa introductoria se completa con b) una segunda, constituida por una posibilidad de negación del resistente (ya en el proceso se lo denomina demandado o reo) respecto de la afirma- ción efectuada por el actor o acusador.
  • 42. 16 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Por ejemplo, el actor Pedro asevera que el demandado Juan es su deudor pues le vendió y entregó una mercadería cuyo precio en dinero no abonó (litigio); por tanto, reclama (pretensión) que el juez lo condene (al senten- ciar) a pagarle dicho precio. A su turno, e iniciado ya el proceso, el de- mandado Juan sostiene que nada debe (resistencia) pues no existió la compraventa de mercadería cuya existencia afirma el actor Pedro (contro- versia). Ante tan disímiles posiciones, el juez debe resolver dando la razón a uno o a otro, en todo o en parte. De ello surge que, lógicamente, siempre hay un ganador y un perdedor pues es imposible empatar en el resultado del pro- ceso. Obviamente, si ambos contendientes actúan en pie de igualdad y, por tan- to, no sirve al efecto conocer cuál de los dos es más importante, o más rico, o con más prestigio social, etc., pues nada de ello interesa dentro del pro- ceso ïdonde la natural desigualdad que hay entre los hombres se iguala jurídicamenteï el juzgador debe historiar en el pasado para conocer qué fue lo realmente acaecido. A efecto de contar con los elementos suficientes para hacerlo, posibilitará la apertura de c) una tercera etapa, de carácter confirmatorio (o probatorio), durante la cual cada uno de los interesados (partes del proceso) ïmediante el cumpli- miento de reglas técnicas claras y precisas que enunciaré oportunamenteï allegará al juez los medios (numerosos y disímiles) confirmatorios de las respectivas versiones. Como el objeto de la confirmación es lograr el convencimiento del juez, debe pensarse que ello no sea posible o fácil de conseguir sin la unión racional de los diversos elementos aportados. De ahí resulta necesario que, luego de presentado todo el material de con- firmación, cada uno de los interesados tenga la posibilidad de unirlo lógi- camente para que pueda cumplir su objeto. Ello origina d) una cuarta etapa, de alegación, durante la cual cada parte hace una eva- luación del aludido material, encuadrando los hechos acreditados en la norma jurídica que rige el caso sometido a juzgamiento. En síntesis, la serie se compone de los siguientes actos que deben concate- narse en un orden lógico que no puede ser alterado: afirmación - negación - confirmación - alegación.
  • 43. LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO 17 Sin la totalidad de los actos que componen la serie no existe proceso tal co- mo estoy concibiéndolo. Ya volveré nueva y recurrentemente sobre este tema. Y la serie es idéntica para todos los supuestos justiciables: no interesa cuál es la materia a decidir (civil, comercial, penal, etc.)2 ni quiénes son los con- tendientes, ya que tal serie es la que hace que un proceso sea un proceso y no otra cosa. 4.4. EL OBJETO DEL PROCESO La serie de actos recién descritos ïafirmación, negación, confirmación y alegaciónï constituye el proceso, entendido como medio de debate. Toda la serie procesal tiende a su natural y único objeto: lograr una decla- ración del juez ante quien se presenta el litigio aunque, de hecho, muchas veces no se llegue a ello pues los interesados ïen algunos casosï prefieren soluciones autocompositivas (ver supra) que evitan la heterocomposición. Tal declaración se efectúa en la sentencia, que viene a constituirse así en el objeto del proceso (es decir el punto hacia el cual tiende o su objetivo final). 2 Y esto es importante de subrayar en el caso peruano, en que pareciera que existe una paranoia por crear procesos. Así, sólo en la tutela jurisdiccional ordinaria existen procesos por cada materia: - civil (Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768 del 4 de marzo de 1992); - penal (en algunos distritos judiciales aún está vigente el Código de Procedimientos Pena- les, Ley N° 9024 del 25 de agosto 1940 y en otros ya rige el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957 del 4 de julio de 2004) de donde puede derivarse el proceso de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo N° 992); - laboral (Únicamente en el distrito judicial de Tacna se encuentra vigente desde el 15 de julio de 2010 la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 del 15 de enero de 2010. En el resto de la república sigue rigiendo la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636 del 24 de junio de 1998); - familiar (Título II, Capítulo segundo de la Ley N° 27337 del 21 de julio de 2000); - de filiación extramatrimonial (Ley N° 28457 del 8 de enero de 2005); - contencioso administrativo (el Texto Único Ordenado 013-2008-JUS de la Ley N° 27584 y la modificatoria de la Ley N° 29364) y - constitucional (Ley N° 28237 del 31 de mayo de 2004).
  • 44. 18 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Como es fácil de comprender luego de lo expresado, la sentencia es el acto judicial que resuelve (heterocompositivamente) el litigio ya procesado, me- diante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas posi- ciones (tesis - antítesis) mantenidas por los antagonistas (pretendiente - actor o acusador y resistente - demandado o reo) luego de evaluar (según ciertas reglas precisas) los medios confirmatorios de las afirmaciones efec- tuadas por el pretendiente (en función de las negativas del resistente res- pecto de ellas) y de la aplicación particularizada al caso de una norma jurídica que preexiste en abstracto y con carácter general. Ya se verá en su momento qué es intrínsecamente la sentencia y cuál es su importancia en el mundo jurídico. AMIGABLE COMPOSICION MEDIACION DE HECHO DE DERECHO MEDIO PUEDE SER CONDUCEN A UNA DE LAS FORMAS DE AUTOCOMPOSICION COMO RESULTADO RESULTADO ARBITRAJE HETEROCOMPOSICION (PUBLICA): PROCESO JUDICIAL DESATADO EL CONFLICTO SE SOLUCIONA CON AUTODEFENSA (USO DE LA FUERZA LEGITIMADA POR LA LEY) CONCILIACION SUPONE SIEMPRE UNA AUTOCOMPOSICION QUE PUEDE OPERAR COMO RESULTADO: SE TRADUCE SIEMPRE EN ALLANAMIENTO (RENUNCIA TOTAL DEL RESISTENTE DESISTIMIENTO (RENUNCIA TOTAL DEL PRETENDIENTE) TRANSACCION (RENUNCIAS RECIPROCAS PARCIALES) MEDIO: QUE CONDUCE A UNA HETEROCOMPOSICION QUE ACTUA COMO
  • 45. LECCIÓN 2 LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y SU CREACIÓN * EL DERECHO PROCESAL SUMARIO 1. Materia del conocimiento jurídico 2. Normas jurídicas 2.1. Determinativas 2.2. Estáticas 2.3. Dinámicas 3. Concepto de instancia y su clasificación 3.1. Denuncia 3.2. Petición 3.3. Reacertamiento 3.4. Queja 3.5. Acción procesal 4. Diferencias entre proceso y procedimiento 5. Creación de la norma de procedimiento 5.1. Constituyente 5.2. Particular 5.3. Legislador 5.4. Juez 5.5. Sociedad 6. Derecho procesal 6.1. Concepto y contenido del derecho procesal 6.2. Carácter del derecho procesal 6.3. Codificación procesal
  • 46.
  • 47. 1. LA MATERIA DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO Ya se ha dicho en la Lección anterior que, a los fines que interesan al Dere- cho, un conflicto de contenido jurídico sólo puede darse entre dos personas, nunca respecto de una con ella misma ni de ella con una cosa, pues todo el dere- cho es producto ideal originado por la necesidad de regular de alguna manera la convivencia. Fácil es de inferir así que todo vínculo jurídico se materializa sólo entre individuos y nunca con la cosa, pues los títulos de derecho sólo son inteligibles para el hombre, ya sea que se presente en su naturaleza de gente o como órgano representativo de un ente (recordar que la idea de lo mío frente a lo tuyo puede ser entendida sólo por dos hombres...) En un pasado remoto, aun antes de la aparición formal de lo que hoy se conoce como derecho, las normas reguladoras de la convivencia tenían sus- tancia exclusivamente religiosa: en los Mandamientos de la Ley de Dios y en la Senda de los Ocho Pasos, por ejemplo, se consagran preceptos que per- manecen inmutables en el tiempo y que, en esencia, son similares entre sí: no matar, no robar, etc., y que hoy constituyen normas jurídicas implíci- tas. Cuando la normación pierde su origen divino y comienza a surgir del propio quehacer e imaginación del hombre, los problemas se regulan a medida que aparecen en la realidad de la vida; ello hace que, en definitiva y todavía hoy, la norma sea esencialmente cambiante respecto del tiempo y del lugar (por ejemplo, lo que es delito hoy y aquí, pudo no serlo ayer y puede no serlo allá). Por eso es que en el principio de las sociedades no existió una concepción racional y unitaria de todo el Derecho. Esta carencia llega hasta el día de hoy, cuando se continúa discutiendo el carácter científico del Derecho: y en alguna medida tienen razón quienes
  • 48. 22 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS lo niegan pues –para referir a uno sólo de los problemas que justifican tal postura– existe en la actualidad un vocabulario jurídico multívoco que conduce inexorablemente al equívoco, toda vez que a una misma e idéntica palabra se le asignan generalizadamente diversos significados y, a la in- versa, se utilizan varias palabras con raíces diferentes para denominar a un mismo e idéntico fenómeno jurídico. Valga un ejemplo para confirmar lo dicho: si ante un grupo de personas con determinado grado de cultura alguien pregunta en este país el signifi- cado de la fórmula química "H2 O", seguramente que todas identificarán en sus mentes el objeto agua. Pero lo que verdaderamente importa en esta afirmación es que a idéntico resultado se llegará con igual formulación en el Japón: aunque en otro idioma, se identificará también el objeto agua. Esta es la base mínima de todo conocimiento científico: mantener un len- guaje universal unívoco para que sea inequívoco. Propongo ahora hacer experimento similar en un mismo país (no en paí- ses diferentes con idiomas distintos): si en una reunión de juristas con dis- tinta especialización –no ya de personas con relativa cultura– se pregunta el significado de la palabra acción, habrán de obtenerse por lo menos las siguientes respuestas: a) es el legitimo derecho que respalda a la pretensión del actor (así, se habla de acción de alimentos, de acción de deslinde, de acción de divorcio, de acción de filiación, etc.) (respuesta del civilista); b) es el título de crédito representativo de cada una de las partes en que se divide el capital de ciertas sociedades (respuesta del comercialista); c) es el elemento físico o de ejecución material y externo del delito (respuesta del penalista); d) es el medio legal de pedir judicialmente lo que es nuestro o se nos debe (res- puesta del procesalista). ¿Puede concebirse mayor confusión terminológica? Parecería que todo este dislate semántico proviene de la simple circuns- tancia de haber olvidado el legislador que el mundo del Derecho es un mundo de palabras y, por ello, se apartó de los postulados mínimos de la Lógica.
  • 49. LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 23 Para mayor complejidad del problema, también se utiliza la palabra acción como sinónimo de derecho, de demanda y de facultad; y, además, usualmen- te se la califica de acuerdo con el derecho: acción cambiaria, acción civil en caso de delito, acción penal, etc. Y este no es un fenómeno único en el Derecho; otro tanto ocurre con las palabras abandono, absolución, apremio, carga, competencia, jurisdicción, prue- ba, etc., etc. Como puede apreciarse, todo lo contrario de un lenguaje científico: aquí, lo multívoco conduce al equívoco. Para evitar tanta disvalía –que genera notable confusión en el estudiante– se hace imprescindible sistematizar genérica y adecuadamente la norma- ción, sujetándola a cánones lógicos inmutables y no meramente contingen- tes según sea el cuándo y/o el dónde ella ocurra. Para esto, lo primero es ponerse de acuerdo en cuál es la materia propia del conocimiento jurídico. Puesto en esa tarea, resulta claro para mí que es la interacción humana: es decir la acción que se ejerce recíprocamente entre dos agentes que, por ello, se convierten en los extremos de la relación respectiva. Así es como en la mayoría de las interacciones no hay pretensión a la que no corresponda una prestación; y porque ésta es exigible es que aquélla existe (por ejemplo: si Juan es vendedor es porque Pedro es comprador que, si no paga el precio adeudado, puede ser demandado para que lo haga. Y viceversa). De la misma forma, no hay victimario sin víctima. Y viceversa. Si lo que cabe regular jurídicamente es la interacción, parece claro que resulta factible determinar a priori y en un nivel absolutamente racional, cuáles son las totales posibles interacciones humanas. Esto, que a simple vista parece cosa imposible de realizar pues en aparien- cia se presentan en número infinito, es factible de lograr con sólo pensar adecuadamente en el problema. En esa tarea es fácil descubrir que no son infinitas. Ni siquiera muchas. En rigor, apenas cuatro. Veamos cuáles son: a) la primera y más elemental interacción es la que se presenta entre una persona, aisladamente considerada, y el resto de las personas; en otras palabras, la de una persona con la sociedad en la cual convive (considerada como un todo diferente a los individuos que la componen).
  • 50. 24 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS Más simple: la persona actúa ante y con el resto de las personas y éstas, a su turno, hacen lo propio con la primera, como obvia consecuencia del convivir. Y es que cada una y todas las personas requieren ser individualizadas, identificadas, gozar de una cierta capacidad, tener un domicilio en el cual puedan ser halladas, etc. Y ello porque el estado de una persona es el con- junto de cualidades que la ley tiene en cuenta para atribuirle efectos jurí- dicos. Por cierto, esta interacción está adecuadamente regulada en el Derecho Civil. Pero no sólo allí ya que, por ejemplo, la capacidad procesal –que es diferente a la capacidad civil, como se verá oportunamente– se halla nor- mada en otro ordenamiento que, en la Argentina y para hacer más grande la diferencia, es cambiante de una Provincia a otra. Cosa parecida ocurre con la capacidad electoral, que difiere de las otras dos, etc.; b) la segunda interacción posible es la que se da entre personas de diferen- te sexo: un hombre y una mujer para y por el efecto de procrear: obviamente distinta de la anterior, esta interacción tiene como consecuencia lógica la formación de una familia, por lo que las normas que la regulan bien podrí- an constituir un estatuto familiar, en el cual ingresarían todas las reglas re- feridas al matrimonio, a la filiación, al régimen de alimentos, a las suce- siones, etc.; c) la tercera interacción que es posible imaginar es la de una persona ac- tuando horizontalmente con otra persona, pactando algo (lo que bien podría estar regulado en un estatuto de los pactos o estatuto convencional y en el cual ingresarían todas las reglas referidas a las obligaciones y a sus diversas fuentes contractuales y cuasicontractuales) o causándole daño (delictual o cuasi delictualmente, regulado en un estatuto penal y en uno resarcitorio; d) la cuarta interacción es consecuencia natural de la existencia del grupo: alguien debe dirigirlo y el resto de sus componentes debe ser dirigido. También diferente de las anteriores, se presenta aquí una interacción de carácter vertical entre gobernantes y gobernados, por lo que las normas que deben regularla bien podrían conocerse como estatuto gubernativo o estatuto del poder, en el cual ingresarían todas las reglas que hoy integran el dere- cho constitucional, el administrativo, el registral, el penal, el real, etc. Si bien se piensa, más de la mitad de las normas que componen un ordena- miento jurídico deben se integradas en este grupo.
  • 51. LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 25 Como se ve, son cuatro interacciones absolutamente diferentes entre sí, imposible de ser confundidas una con otras y que, conforme con la lógica racional, constituyen todas las que son factibles de imaginar. En otras palabras: no existe otra interacción similar que permita ampliar el nú- mero de las cuatro ya descritas. Invito al lector a meditar y repensar lo hasta aquí expuesto. Verá que no logrará encontrar otra interacción posible de existir. Corresponde acotar ahora que de una misma interacción pueden emerger diversas relaciones (que, en principio, no admiten un número que las limi- te). Un ejemplo permitirá comprender la afirmación: entre un hombre y una mujer interaccionando, puede existir una relación de noviazgo, de matrimo- nio, de concubinato o de esponsales. Algo similar ocurre dentro de la in- teracción hombre pactando con hombre: aquí puede imaginarse que Juan en- trega una cosa a Pedro y que, a su turno, Pedro entrega a cambio: a) dine- ro; b) otra cosa; e) nada; d) el compromiso de devolverla después de haberla usado; e) el compromiso de devolverla sin usarla; etc. Cada una de estas hipótesis configura un fenómeno distinto de los demás y, por ello, recibe una designación diferente y precisa: a) compraventa cuando la relación se presenta como cosa a cambio de dinero; b) permuta cuando es cosa a cambio de cosa; c) donación cuando es cosa a cam- bio de nada; d) comodato cuando es cosa dada para usar y devolver; e) depósito cuando es cosa dada para guardar y devolver en las mismas condiciones, etc. Cada uno de los fenómenos enunciados es inconfundible e irrepetible en el mundo jurídico: por ejemplo, siempre que Juan entregue en propiedad una cosa a Pedro y éste le dé a cambio un precio cierto en dinero, habrá compraventa y no otra figura jurídica. Pongo especial énfasis en las palabras inconfundible e irrepetible pues las usaré más adelante para mostrar de esa manera al proceso. 2. LAS NORMAS JURÍDICAS Si juridizando cualquier fenómeno fáctico de la realidad social el legisla- dor decide normar respecto de las posibles interacciones ya enunciadas, inexorablemente producirá tres tipos de normas claramente diferenciadas entre ellas: determinativas, estáticas y dinámicas.
  • 52. 26 ADOLFO ALVARADO VELLOSO – GUIDO AGUILA GRADOS 2.1. LAS NORMAS JURÍDICAS DETERMINATIVAS Son las que el legislador emplea para definir sus términos básicos (establece, por ejemplo, qué es o cómo se determina la competencia, quiénes son in- capaces, cuáles actividades constituyen delitos etc.) o para prometer nuevas normas (asegura un derecho que debe ser reglamentado luego por otra norma que establece una garantía al efecto). Dados su contenido y modalidad, ajenos a la asignatura procesal, no in- teresa su análisis en esta obra. 2.2. LAS NORMAS JURÍDICAS ESTÁTICAS Son las que ostentan en su contenido una estructura disyuntiva por normar: a) una conducta que debe ser cumplida por sus destinatarios y, al mismo tiempo, b) una sanción para aplicarles en caso de incumplimiento del mandato. Con un ejemplo se comprenderá mejor cómo opera una norma estática. Para ello, elijo el mismo recién expuesto relativo a la compraventa: esta- blece la ley que una vez recibida por el comprador la cosa adquirida al vendedor, aquél debe pagar a éste el precio pactado. Habitualmente, la norma es de cumplimiento espontáneo: concertada la compraventa, el vendedor entrega la cosa y el comprador abona el precio; ocurrido ello, la relación se agota y, lo más probable, es que carezca de efectos jurídicos posteriores, pasando así al olvido. Pero la realidad enseña que algunas veces el comprador no paga a pesar de haber recibido ya la cosa. Por eso es que el legislador debe normar para ambas hipótesis (que el deudor pague y que no pague): en el caso, se san- cionará al deudor condenándolo a oblar los daños e intereses causados al acreedor con motivo del incumplimiento. De tal modo, toda norma reguladora de situaciones semejantes se presenta siempre como una fórmula lógica disyuntiva: x dado A (la compraventa), debe ser (imperativo de la normación) B (pres- tación: el pago del precio); x no dado B (el pago del precio), debe ser C (sanción o reparación: el pago de daños e intereses).
  • 53. LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 27 Si bien se mira en la alternativa presentada, ella es excluyente porque dán- dose A y B la relación se agota por completo y desaparece automáticamen- te la posibilidad de existencia de C (no hay ni puede haber sanción). También se ve que, para que C (sanción) opere, es menester que no se haya dado B (prestación). Y que, cumpliéndose C, la relación también se agota. En suma: a partir de A se da la posibilidad ideal de que ocurra B o, en su defecto, C. Y nada más. Esta es la estructura íntima de toda norma que ordena conductas, expresa (en lo civil, comercial, etc.) o implícitamente (en lo penal, donde no hay norma que prohíba robar pero existe sanción para quien roba). Diferente estructura tiene una norma dinámica, que explicaré seguidamen- te. 2. 3. LAS NORMAS JURÍDICAS DINÁMICAS Es habitual leer en las obras jurídicas la palabra dinamismo utilizada con un sentido metafórico. Por ejemplo, se dice que el derecho del trabajo es dinámico por la gran transformación de su legislación, permanentemente cambiante para regular nuevas situaciones laborales. Y ello frente al rela- tivo reposo de la norma propia del derecho civil. Aquí no se utiliza la palabra en ese sentido sino que, tomándola de la me- cánica, representa el significado de la parte de ella que trata de la fuerza cuando produce movimiento o actividad. En el lenguaje corriente, dinamismo es actividad, por lo cual se asigna carác- ter dinámico a una norma procesal que genera actividades en cadena, en razón de que su estructura no es disyuntiva (como la de la norma estática) sino continuada consecuencialmente. De tal modo una norma dinámica es aquella que, a partir de una conducta dada de un sujeto, encadena imperativamente una secuencia de conductas de otro u otros sujetos, presentando así una relación que avanza gradualmente y que se desarrolla paso a paso. La peculiaridad de lo expuesto radica en que el dinamismo está contenido en la norma, sin necesidad de recurrir a la actividad material que se cumple en cada caso concreto. En otras palabras: se actúa consecuencialmente no