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Seminario Subregional sobre “Políticas Públicas
para Mujeres Rurales”
San José, Costa Rica
13 y 14 de junio, 2013

AGENDAS PENDIENTES DE LAS
MUJERES RURALES DE LA REGION

Oneida C. Féliz Medina, MA
República Dominicana
En el año 2007, alrededor de 37 millones de mujeres rurales tenían
más de 15 años. De ellas, 17 millones formaban parte de la
población económicamente activa y unos 4 millones y medio eran
productoras agropecuarias. La mayoría del resto –unos 16 millones
de mujeres– forma parte de las familias de los agricultores y
constituyen una fuerza importante de apoyo a la producción
agrícola, aun cuando su trabajo y ellas en sí mismas son invisibles
para las estadísticas oficiales.
Se calcula que unos 9 millones de mujeres son indígenas, hablan su
propia lengua y están sujetas, en la mayoría de los casos, a una
doble discriminación (Parada, 2008). Discriminación que se produce
primero por ser mujeres indígenas y segundo por ser mujeres rurales.
► Ante

esta realidad se hace relativamente fácil hablar de
las “agendas pendientes para con las mujeres” y
muchísimo más fácil hacerlo cuando se trata de las
“mujeres rurales”.
Aspectos como la educación, el trabajo no
remunerado, la seguridad social, la tenencia de la tierra,
el acceso al crédito, el acceso a las nuevas tecnologías
de producción, a los programas de extensión, etc., son
aspectos de las agendas pendientes para con las
mujeres rurales.
►

En lo relativo a la educación, aspecto fundamental para lograr la
inclusión e incorporación de cualquier segmento poblacional en los
procesos de minimización de las brechas que separan a unos (as) y
otros (as), se sostiene que los bajos niveles educativos constituyen
una de las mayores restricciones para integrar a las mujeres rurales a
empleos mejores pagados; no obstante, aunque en los países del
área las jóvenes han llegado a tener mayores niveles de educación
que los hombres de las mismas edades, no han podido superar con
este avance de manera significativa las tasas de trabajo y mucho
menos que se mejoren sus salarios.
►

►

Los elevados niveles de analfabetismo constituyen uno de los
factores que limitan la participación de las mujeres en la
capacitación técnica, en los servicios de extensión agrícola y en
la adopción de nuevas tecnologías, tanto para el sector agrícola
como no agrícola, lo que provoca restricciones en el acceso a
una mejor inserción laboral.
Independientemente de esta situación, se hace preciso aumentar
las inversiones en una educación formal de calidad, orientada
hacia las necesidades del sector rural, sin descuidar la formación
integral, para evitar la migración de muchas jóvenes hacia los
espacios urbanos; desarrollar programas de capacitación
orientados hacia el trabajo en el marco de la educación
permanente y, en especial, organizar actividades educativas
para la gestión y administración empresarial.
►

En el medio rural, y para la población de más de quince años, la
educación debe considerar formas extraescolares de educación
básica y laboral que atiendan aspectos de salubridad, nutrición,
vivienda, cultura, trabajo y tecnología agropecuaria. Esta
formación deberá estimular la comprensión del propio medio y de
las soluciones de sus problemas, desarrollando en las educandas la
capacidad para interpretar objetiva y provechosamente su
mundo y el entorno globalizado en el que se desenvuelven
►

Los esfuerzos por proporcionar educación para las mujeres rurales
realizados en el ámbito de la educación no formal de adultos han
sido restringidos y realizados con muy poco financiamiento. Las
ofertas han tendido más a reforzar su papel tradicional, con cursos
cuyos contenidos consolidan su rol reproductivo. Existe una
tendencia a que la oferta de capacitación hacia la mujer rural esté
orientada, básicamente, a actividades asistenciales de salud,
nutrición, saneamiento ambiental, huertas caseras, mejoramiento
del hogar, costura, peluquería, repostería y artesanía, lo que tiende
a reforzar sus roles domésticos y no a desarrollar sus potencialidades
en proyectos productivos y sobre todo a su integración en empleos
rurales más especializados y mejor pagados, ya sean agrícolas o no
agrícolas (Indap, Chile; Orealc / UNESCO – Santiago, etc.)
►

►

En todos los estudios sobre brechas salariales en la región, las
mujeres rurales e indígenas presentan desventajas estructurales
debidas a las relaciones de inequidad de género en el acceso al
mercado de trabajo, al tipo de ocupaciones y a los ingresos.

Las mujeres han tendido a ocupar puestos de trabajo precarios, lo
que ha dado origen al fenómeno denominado feminización de la
precarización laboral2, fenómeno que también se constata entre
las mujeres rurales. Sin embargo, en el caso del sector rural, la
situación es más grave porque ingresan en forma deficiente a un
mercado de trabajo en que el empleo es de muy mala calidad
para todas las personas: y los ingresos en la agricultura, actividad
en la que sustenta en un mayor nivel la zona rural, son los más bajos
de todas las actividades económicas.
►

►

La incorporación de las mujeres rurales al empleo no ha significado la
eliminación de los mecanismos de discriminación, especialmente en el acceso
al empleo y el acortamiento de la brecha salarial. La discriminación salarial
asume rasgos propios, tales como la utilización de mano de obra femenina no
calificada, de bajo costo, para un conjunto de actividades como la agricultura
de exportación, entre otras. En muchos casos pareciera que el abaratamiento
de los costos de producción es realizado sobre la base de la extensión de la
jornada de trabajo femenino y de los bajos salarios.
La existencia de desigualdades y discriminaciones en el trabajo ha motivado
que organismos internacionales, organizaciones de mujeres, cooperación
internacional e instituciones académicas realicen notables esfuerzos por recoger
y elaborar indicadores de género que permitan poner de relieve las
desigualdades y discriminaciones de género en las tasas de participación en la
actividad económica, las tasas de desocupación, las medidas de segregación
ocupacional, la distribución desigual de los ingresos y la calidad de los empleos.
►

►

►

Entre las mujeres rurales ocupadas es mayor la presencia de jefas de hogar que
entre las inactivas, esto significa que las mujeres jefas de hogar son el único sostén
de sus familias, dado que los estudios demuestran que ellas encabezan el hogar
cuando no está presente su pareja u otro varón.
Es preciso mencionar que las mujeres, además del trabajo captado por las
estadísticas oficiales, desarrollan una porción significativa de labores en el
cuidado a las personas dependientes (padres, ancianos, hijos, etc.). Se trata de
un trabajo no remunerado, invisible y cuyo papel fundamental en la economía es
ignorado.
En el 2007, según estimaciones de la CEPAL, el 33.2% de la población total en
América Latina y el Caribe vivía en la pobreza (182 millones de personas). La
pobreza rural –en proporción sustancialmente mayor que la urbana– alcanzaba,
en el año 2007, a 62.9 millones de personas, las que representan el 54% de la
población rural.
►

►

Un estudio realizado por Köbrich, Villanueva y Dirven (2001) identifica la falta
de acceso a activos y la disparidad en su control como un factor crítico
asociado con la pobreza rural en América Latina. Los autores destacan que la
pobreza impacta especialmente a las mujeres, los/las jóvenes, los/las
ancianos/as y las comunidades étnicas/grupos originarios pues son grupos
que tradicionalmente han tenido limitado acceso y control a la tierra y el
capital.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida - 2001) considera la
pobreza rural como el resultado de procesos humanos expresados en términos
históricos, sociales, políticos y económicos. Es “un proceso dinámico de
relaciones e interacciones humanas, más que un atributo de determinados
individuos y grupos, perdiendo así su caracterización abstracta y numérica
clásica, basada únicamente en parámetros cuantitativos de tipo económico
y social”.
►

►

Las mujeres, en general, acceden a la tierra gracias a la
herencia, los procesos de Reforma Agraria y el mercado de
tierras, así como también gracias a ocupaciones y arriendos.
Varios estudios indican que los patrones culturales predominantes
impiden el acceso a la tierra a las mujeres, lo que ha traído como
resultado que ellas sean dueñas de predios de extensión
pequeña, de no más de cinco hectáreas y que las productoras,
en general, sean mayores de 50 años.

Si bien es cierto en los últimos años más mujeres han accedido a
la tierra, como es el caso de Chile, las extensiones que poseen
suelen ser muy pequeñas como para generar empleo,
permitiendo apenas la subsistencia de la familia.
►

La titulación de tierras a nombre de las mujeres no es suficiente para garantizar
un empleo en el ámbito rural. El binomio tierra–mano de obra campesina no es
suficiente para hacer producir la tierra, la cual sin semilla, insumos, crédito,
asistencia técnica, capacitación, ni caminos para sacar la producción, no
garantiza que la tierra sea trabajada y que las mujeres rurales produzcan sus
cosechas, tengan seguridad alimentaria, puedan comercializar los excedentes,
mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. Esto, sumando al
envejecimiento de la población rural, no proporciona las condiciones para la
creación de nuevos empleos.
►

►

En conclusión, para superar la pobreza, que aún persiste en las mujeres rurales
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es necesario preparar
el capital humano de este sector para enfrentar nuevos desafíos,
implementando estrategias a corto plazo y redes que impulsen programas de
capacitación en apoyo a la empleabilidad de estas, junto con políticas que
promuevan una eficiente utilización de los recursos humanos, atrayendo nuevas
tecnologías, capital, infraestructura y desarrollando una mejor gestión pública
en beneficio de la población rural en general y de las mujeres rurales, en
particular.
En América Latina, entre 1990 y 2005, las mujeres rurales aumentaron su
participación en la población económicamente activa. Sin embargo, ésta
participación continúa siendo sensiblemente inferior a la de los hombres rurales
y a las mujeres urbanas.
►

►

►

Las mujeres rurales ocupadas están lejos de contar con mecanismos de protección y
seguridad social, la inserción de las mujeres rurales en la población económicamente activa
ha tenido como resultado que su trabajo sea clave para la subsistencia de los hogares. Sin
embargo, la precariedad que lo caracteriza lo hace insuficiente para disminuir
significativamente la pobreza rural.
En suma, un desarrollo rural inclusivo debe considerar necesariamente medidas especiales
para facilitar el empleo de las mujeres de esta área lo que, junto con planes especiales de
capacitación para ellas, incrementarían su empleabilidad. Medidas de este tipo, por lo
demás, representarían una contribución importante a la ampliación de la autonomía de las
mujeres, al bienestar de sus familias y al desarrollo de la región.
La igualdad debe entonces contemplar estas diferencias, y requiere ser reflexionada desde
un contexto de género, en la que entra en juego el poder, y por lo tanto el imperativo de
erradicar los privilegios tradicionales masculinos aceptados como naturales y hasta el
momento legitimados por el Derecho androcéntrico, de modo que se consolida un sistema
construido alrededor de sus características sociales y físicas.
►

La discriminación a veces es directa, pero la mayoría de las veces
es indirecta lo que la hace más difícil de ver y, más aún, de probar
legalmente. La discriminación directa es bastante obvia y se da
cuando una norma o práctica trata en forma distinta a personas
con las mismas cualidades pero de distinto sexo, o raza, o edad, o
cualquier otra condición que históricamente se ha usado para
discriminar a ciertos grupos. La indirecta es menos obvia y a veces
parece hasta no discriminatoria, pero desde la perspectiva de
género si no es razonable, es discriminatoria. Una discriminación
indirecta se da por ejemplo cuando las mujeres no pueden o les es
más difícil cumplir con ciertas reglas o requerimientos por no ser el
modelo referencial humano para quien se hizo la regla.
►En

este sentido, el cuestionamiento a la igualdad por
su sesgo androcéntrico, es uno de los grandes
aportes de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y
marca un hito, al establecer una ruptura con esta
tendencia interpretativa de la igualdad sostenida
tanto en el derecho internacional como en el
derecho interno de nuestros países y la presenta
como un derecho humano de primer nivel.
GRACIAS

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Agendaspendientesdelasmujeresruralesenlaregin 130717081257-phpapp01

  • 1. Seminario Subregional sobre “Políticas Públicas para Mujeres Rurales” San José, Costa Rica 13 y 14 de junio, 2013 AGENDAS PENDIENTES DE LAS MUJERES RURALES DE LA REGION Oneida C. Féliz Medina, MA República Dominicana
  • 2. En el año 2007, alrededor de 37 millones de mujeres rurales tenían más de 15 años. De ellas, 17 millones formaban parte de la población económicamente activa y unos 4 millones y medio eran productoras agropecuarias. La mayoría del resto –unos 16 millones de mujeres– forma parte de las familias de los agricultores y constituyen una fuerza importante de apoyo a la producción agrícola, aun cuando su trabajo y ellas en sí mismas son invisibles para las estadísticas oficiales. Se calcula que unos 9 millones de mujeres son indígenas, hablan su propia lengua y están sujetas, en la mayoría de los casos, a una doble discriminación (Parada, 2008). Discriminación que se produce primero por ser mujeres indígenas y segundo por ser mujeres rurales.
  • 3. ► Ante esta realidad se hace relativamente fácil hablar de las “agendas pendientes para con las mujeres” y muchísimo más fácil hacerlo cuando se trata de las “mujeres rurales”. Aspectos como la educación, el trabajo no remunerado, la seguridad social, la tenencia de la tierra, el acceso al crédito, el acceso a las nuevas tecnologías de producción, a los programas de extensión, etc., son aspectos de las agendas pendientes para con las mujeres rurales.
  • 4. ► En lo relativo a la educación, aspecto fundamental para lograr la inclusión e incorporación de cualquier segmento poblacional en los procesos de minimización de las brechas que separan a unos (as) y otros (as), se sostiene que los bajos niveles educativos constituyen una de las mayores restricciones para integrar a las mujeres rurales a empleos mejores pagados; no obstante, aunque en los países del área las jóvenes han llegado a tener mayores niveles de educación que los hombres de las mismas edades, no han podido superar con este avance de manera significativa las tasas de trabajo y mucho menos que se mejoren sus salarios.
  • 5. ► ► Los elevados niveles de analfabetismo constituyen uno de los factores que limitan la participación de las mujeres en la capacitación técnica, en los servicios de extensión agrícola y en la adopción de nuevas tecnologías, tanto para el sector agrícola como no agrícola, lo que provoca restricciones en el acceso a una mejor inserción laboral. Independientemente de esta situación, se hace preciso aumentar las inversiones en una educación formal de calidad, orientada hacia las necesidades del sector rural, sin descuidar la formación integral, para evitar la migración de muchas jóvenes hacia los espacios urbanos; desarrollar programas de capacitación orientados hacia el trabajo en el marco de la educación permanente y, en especial, organizar actividades educativas para la gestión y administración empresarial.
  • 6. ► En el medio rural, y para la población de más de quince años, la educación debe considerar formas extraescolares de educación básica y laboral que atiendan aspectos de salubridad, nutrición, vivienda, cultura, trabajo y tecnología agropecuaria. Esta formación deberá estimular la comprensión del propio medio y de las soluciones de sus problemas, desarrollando en las educandas la capacidad para interpretar objetiva y provechosamente su mundo y el entorno globalizado en el que se desenvuelven
  • 7. ► Los esfuerzos por proporcionar educación para las mujeres rurales realizados en el ámbito de la educación no formal de adultos han sido restringidos y realizados con muy poco financiamiento. Las ofertas han tendido más a reforzar su papel tradicional, con cursos cuyos contenidos consolidan su rol reproductivo. Existe una tendencia a que la oferta de capacitación hacia la mujer rural esté orientada, básicamente, a actividades asistenciales de salud, nutrición, saneamiento ambiental, huertas caseras, mejoramiento del hogar, costura, peluquería, repostería y artesanía, lo que tiende a reforzar sus roles domésticos y no a desarrollar sus potencialidades en proyectos productivos y sobre todo a su integración en empleos rurales más especializados y mejor pagados, ya sean agrícolas o no agrícolas (Indap, Chile; Orealc / UNESCO – Santiago, etc.)
  • 8. ► ► En todos los estudios sobre brechas salariales en la región, las mujeres rurales e indígenas presentan desventajas estructurales debidas a las relaciones de inequidad de género en el acceso al mercado de trabajo, al tipo de ocupaciones y a los ingresos. Las mujeres han tendido a ocupar puestos de trabajo precarios, lo que ha dado origen al fenómeno denominado feminización de la precarización laboral2, fenómeno que también se constata entre las mujeres rurales. Sin embargo, en el caso del sector rural, la situación es más grave porque ingresan en forma deficiente a un mercado de trabajo en que el empleo es de muy mala calidad para todas las personas: y los ingresos en la agricultura, actividad en la que sustenta en un mayor nivel la zona rural, son los más bajos de todas las actividades económicas.
  • 9. ► ► La incorporación de las mujeres rurales al empleo no ha significado la eliminación de los mecanismos de discriminación, especialmente en el acceso al empleo y el acortamiento de la brecha salarial. La discriminación salarial asume rasgos propios, tales como la utilización de mano de obra femenina no calificada, de bajo costo, para un conjunto de actividades como la agricultura de exportación, entre otras. En muchos casos pareciera que el abaratamiento de los costos de producción es realizado sobre la base de la extensión de la jornada de trabajo femenino y de los bajos salarios. La existencia de desigualdades y discriminaciones en el trabajo ha motivado que organismos internacionales, organizaciones de mujeres, cooperación internacional e instituciones académicas realicen notables esfuerzos por recoger y elaborar indicadores de género que permitan poner de relieve las desigualdades y discriminaciones de género en las tasas de participación en la actividad económica, las tasas de desocupación, las medidas de segregación ocupacional, la distribución desigual de los ingresos y la calidad de los empleos.
  • 10. ► ► ► Entre las mujeres rurales ocupadas es mayor la presencia de jefas de hogar que entre las inactivas, esto significa que las mujeres jefas de hogar son el único sostén de sus familias, dado que los estudios demuestran que ellas encabezan el hogar cuando no está presente su pareja u otro varón. Es preciso mencionar que las mujeres, además del trabajo captado por las estadísticas oficiales, desarrollan una porción significativa de labores en el cuidado a las personas dependientes (padres, ancianos, hijos, etc.). Se trata de un trabajo no remunerado, invisible y cuyo papel fundamental en la economía es ignorado. En el 2007, según estimaciones de la CEPAL, el 33.2% de la población total en América Latina y el Caribe vivía en la pobreza (182 millones de personas). La pobreza rural –en proporción sustancialmente mayor que la urbana– alcanzaba, en el año 2007, a 62.9 millones de personas, las que representan el 54% de la población rural.
  • 11. ► ► Un estudio realizado por Köbrich, Villanueva y Dirven (2001) identifica la falta de acceso a activos y la disparidad en su control como un factor crítico asociado con la pobreza rural en América Latina. Los autores destacan que la pobreza impacta especialmente a las mujeres, los/las jóvenes, los/las ancianos/as y las comunidades étnicas/grupos originarios pues son grupos que tradicionalmente han tenido limitado acceso y control a la tierra y el capital. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida - 2001) considera la pobreza rural como el resultado de procesos humanos expresados en términos históricos, sociales, políticos y económicos. Es “un proceso dinámico de relaciones e interacciones humanas, más que un atributo de determinados individuos y grupos, perdiendo así su caracterización abstracta y numérica clásica, basada únicamente en parámetros cuantitativos de tipo económico y social”.
  • 12. ► ► Las mujeres, en general, acceden a la tierra gracias a la herencia, los procesos de Reforma Agraria y el mercado de tierras, así como también gracias a ocupaciones y arriendos. Varios estudios indican que los patrones culturales predominantes impiden el acceso a la tierra a las mujeres, lo que ha traído como resultado que ellas sean dueñas de predios de extensión pequeña, de no más de cinco hectáreas y que las productoras, en general, sean mayores de 50 años. Si bien es cierto en los últimos años más mujeres han accedido a la tierra, como es el caso de Chile, las extensiones que poseen suelen ser muy pequeñas como para generar empleo, permitiendo apenas la subsistencia de la familia.
  • 13. ► La titulación de tierras a nombre de las mujeres no es suficiente para garantizar un empleo en el ámbito rural. El binomio tierra–mano de obra campesina no es suficiente para hacer producir la tierra, la cual sin semilla, insumos, crédito, asistencia técnica, capacitación, ni caminos para sacar la producción, no garantiza que la tierra sea trabajada y que las mujeres rurales produzcan sus cosechas, tengan seguridad alimentaria, puedan comercializar los excedentes, mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. Esto, sumando al envejecimiento de la población rural, no proporciona las condiciones para la creación de nuevos empleos.
  • 14. ► ► En conclusión, para superar la pobreza, que aún persiste en las mujeres rurales en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es necesario preparar el capital humano de este sector para enfrentar nuevos desafíos, implementando estrategias a corto plazo y redes que impulsen programas de capacitación en apoyo a la empleabilidad de estas, junto con políticas que promuevan una eficiente utilización de los recursos humanos, atrayendo nuevas tecnologías, capital, infraestructura y desarrollando una mejor gestión pública en beneficio de la población rural en general y de las mujeres rurales, en particular. En América Latina, entre 1990 y 2005, las mujeres rurales aumentaron su participación en la población económicamente activa. Sin embargo, ésta participación continúa siendo sensiblemente inferior a la de los hombres rurales y a las mujeres urbanas.
  • 15. ► ► ► Las mujeres rurales ocupadas están lejos de contar con mecanismos de protección y seguridad social, la inserción de las mujeres rurales en la población económicamente activa ha tenido como resultado que su trabajo sea clave para la subsistencia de los hogares. Sin embargo, la precariedad que lo caracteriza lo hace insuficiente para disminuir significativamente la pobreza rural. En suma, un desarrollo rural inclusivo debe considerar necesariamente medidas especiales para facilitar el empleo de las mujeres de esta área lo que, junto con planes especiales de capacitación para ellas, incrementarían su empleabilidad. Medidas de este tipo, por lo demás, representarían una contribución importante a la ampliación de la autonomía de las mujeres, al bienestar de sus familias y al desarrollo de la región. La igualdad debe entonces contemplar estas diferencias, y requiere ser reflexionada desde un contexto de género, en la que entra en juego el poder, y por lo tanto el imperativo de erradicar los privilegios tradicionales masculinos aceptados como naturales y hasta el momento legitimados por el Derecho androcéntrico, de modo que se consolida un sistema construido alrededor de sus características sociales y físicas.
  • 16. ► La discriminación a veces es directa, pero la mayoría de las veces es indirecta lo que la hace más difícil de ver y, más aún, de probar legalmente. La discriminación directa es bastante obvia y se da cuando una norma o práctica trata en forma distinta a personas con las mismas cualidades pero de distinto sexo, o raza, o edad, o cualquier otra condición que históricamente se ha usado para discriminar a ciertos grupos. La indirecta es menos obvia y a veces parece hasta no discriminatoria, pero desde la perspectiva de género si no es razonable, es discriminatoria. Una discriminación indirecta se da por ejemplo cuando las mujeres no pueden o les es más difícil cumplir con ciertas reglas o requerimientos por no ser el modelo referencial humano para quien se hizo la regla.
  • 17. ►En este sentido, el cuestionamiento a la igualdad por su sesgo androcéntrico, es uno de los grandes aportes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y marca un hito, al establecer una ruptura con esta tendencia interpretativa de la igualdad sostenida tanto en el derecho internacional como en el derecho interno de nuestros países y la presenta como un derecho humano de primer nivel.