Este documento discute el derecho a la identidad y la interdicción según la Constitución de Venezuela y la jurisprudencia. Explica que la Constitución garantiza el derecho a un nombre, los apellidos de los padres y conocer su identidad biológica. También analiza las diferentes acciones legales relacionadas con la filiación matrimonial vs extramatrimonial y quién puede iniciar una acción de desconocimiento de paternidad.

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD YACAMBÚ UNY
PROGRAMA: DERECHO
U.C.: DERECHO Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
El Derecho a Identidad (Nombre Propio) y la Interdicción
Profesor: Realizado por:
MEY-LING ARAUJO
RICHARD A. MEDINA
C.I.: V-15.236.664
Cod. CJP-152-00186V
Santa Ana de Coro; Marzo 2016.-

2. 6 JURISPRUDENCIAS (UNIDAD III).
La presunción legal pater is est quem nuptiae demonstrant (padre
es aquel a quien señala el matrimonio), por lo tanto se tiene al marido
como padre del hijo
Párrafo introductorio
Se considera pertinente para abordar temas sobre el derecho a nombre
propio y a la interdicción ubicarnos dentro de la doctrina respecto a
definiciones de instituciones que las origina, porque estos derechos surgen de
lazos legales que vinculan filiaciones, así, señalar que la doctrina y la
jurisprudencia patria han sido contestes en afirmar -reiterada y pacíficamente-
que la calificación adecuada de las acciones de estado relacionadas con la
maternidad y la paternidad depende del elemento matrimonio, es decir, de si
los hijos nacen dentro de una relación matrimonial o fuera de ésta, pues de
ello estriba que pueda estarse en presencia de una filiación matrimonial o extra
matrimonial.
A pesar de esta disquisición, es necesario aclarar que
independientemente del hecho cierto de haber nacido dentro de una
relación matrimonial o no matrimonial, no se permite discriminación
alguna de los hijos e hijas como antes se hacía y se categorizaban, pues
todos los niños, niñas y adolescentes gozan de igualdad jurídica como
sujetos plenos de derecho (Vid. art. 78 CRBV) y la misma condición (Vid.
art. 234 Código Civil); pero de esta diferencia deviene la calificación de
las acciones de estado.
Para la autora Isabel Grisanti Aveledo (2002, pág. 326) la filiación
matrimonial “es el vínculo jurídico simultáneo entre el hijo, su padre y su madre
porque estos últimos, los padres, están a su vez unidos entre ellos por el
matrimonio o lo estuvieron en el período de la concepción del hijo o para la
fecha de su nacimiento”; resultante de los siguientes elementos: el matrimonio
de los padres, la maternidad, la paternidad y la concepción dentro del
matrimonio, de cuya conjugación es resultado.

3. Por otra parte, del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas -Tribunal
Primero de Primera Instancia de Juicio -Maiquetía, 16-06-2015, ASUNTO:
WP21-V-2014-000012:
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma de
superior jerarquía y de data más reciente, cónsona con las más modernas
corrientes de las generaciones avanzadas de derechos humanos, en su
artículo 56 reza que:
“Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido
del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El
Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil
después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que
comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no
contendrán mención alguna que califique la filiación.
Evidentemente se le confiere valor preponderante a la filiación biológica
sobre la filiación legal, por considerar el derecho del hijo a conocer su
filiación biológica como un derecho humano fundamental inalienable,
imprescriptible, in diferible y obliga a los órganos del estado a garantizar
los medios para la determinación de la filiación biológica de las personas.
Por otra parte, una norma perfectamente concordante con la disposición
anterior, es la contenida en el artículo 8 de Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que textualmente establece
lo siguiente:
Artículo 8. Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de
interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio
cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los
niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute
pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y
adolescentes en una situación concreta se debe apreciar:
…d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas
y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente…
…Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas
y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de
los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Por lo tanto, este rfernte jurisprudncial ataca la institucionalidad para
favorecer términos. El artículo 56 consagra el derecho a la identidad de los
ciudadanos, derecho el cual se considera inherente a la persona humana y del
cual no se puede prescindir, lo cual genera paralelamente una obligación al

4. Estado, consistente en el deber de asegurar una identidad legal, la cual
debería coincidir con la identidad biológica, todo ello con la finalidad de otorgar
a todo ciudadano un elemento diferenciador con respecto a los integrantes de
una sociedad, el cual se interrelaciona y se desarrolla con el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad … derecho éste, el cual no se agota en
su relación con los demás ciudadanos, sino que aún se internaliza más en el
desarrollo y conocimiento de cada hombre, constituyéndose en un
presupuesto indispensable del aseguramiento del derecho a la vida, sin el cual
no puede concebirse al hombre. Así pues, la identidad personal es ser uno
mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones,
constituyendo la misma verdad de la persona … Conviene destacar en tal
sentido, que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo, su persona y la consagración de sus derechos intrínsecos y
personalísimos son inviolables. Ello así los derechos de la personalidad,
dentro de los cuales debe incluirse el derecho a la identidad, son esenciales
para ese respeto de la condición humana …
La maternidad y la paternidad depende del elemento matrimonio
Vinculación institucional
Así pues, es importante resaltar que el artículo 56 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela consagra: ‘Toda persona tiene derecho
a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la
identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la
maternidad y la paternidad’ (subrayado agregado).
Del contenido de esta norma constitucional, se debe destacar la mención
‘El Estado garantizará el derecho a investigar la paternidad’, cuyo alcance, a
criterio de este Sentenciador, debe ser interpretado desde dos (2) puntos de
vista:
-El primero, el derecho que tiene la persona que alega ser el progenitor
biológico de un niño, niña o adolescente a que se investigue la paternidad que

5. dice tener, con la finalidad de que ésta sea reconocida o declarada por el
Órgano Jurisdiccional; y,
-El segundo, el derecho que tiene todo ciudadano, incluidos los niños,
niñas o adolescentes, de llevar el apellido de su padre y su madre y a conocer
la identidad de éstos.
En consecuencia, no sólo están involucrados los derechos del progenitor
y el derecho que tiene el niño, niña o adolescente de llevar el apellido del padre
y a conocer la identidad de los mismos (Vid. art. 56 CRBV), sino también el
derecho a conocer a su padre y a ser cuidados por ellos (Vid. art. 25 LOPNNA,
2007); pues resulta lógico pensar que únicamente si se conoce a los
progenitores, luego se puede ejercer de manera plena y efectiva el derecho a
ser cuidado por ellos, que además está íntimamente relacionado con el
derecho a ser criado en una familia, según el cual ‘todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en
el seno de su familia de origen’ (Vid. arts. 75 CRBV y 26 LOPNNA, 2007).
Acciones judiciales
Esta filiación matrimonial puede ser atacada a través de diversas
acciones judiciales, a saber: a) la ejercida en relación con el elemento
matrimonio: acción de impugnación del carácter matrimonial de la filiación o
acción de impugnación a la legitimidad; b) las ejercidas en relación con la
maternidad: acción de reclamación de estado, acción de impugnación de
estado, acción de impugnación del reconocimiento materno y la acción de
nulidad del reconocimiento materno; y, c) la ejercida en relación con la
paternidad: acción de desconocimiento.
Entre las acciones relacionadas con la filiación extramatrimonial, que -se
insiste- es aquella que se deriva de padres que no son esposos entre sí,
están: a) la impugnación del reconocimiento voluntario; b) la nulidad del
reconocimiento; y, c) la inquisición de la filiación extramatrimonial, y son
dos: una relativa a la maternidad y otra a la paternidad, cuyo objeto es
establecer legalmente el vínculo filial entre una persona (hijo) y la mujer
o el hombre que pretende tener como madre o como padre.

6. Sobre esta última, es importante destacar que la acción de inquisición de
paternidad es una de las acciones de estado relacionadas con la filiación
extramatrimonial, cuyo objeto es ‘…establecer el vínculo de filiación no
matrimonial que existe entre una persona y el hombre que pretende tener
por padre, cuando éste no la ha reconocido voluntariamente’ (Francisco
López Herrera, 2006, pág. 443). Esta acción, que tiene su fundamento
legal en el artículo 210 del Código Civil, está dada al sediciente hijo
extramatrimonial que pretende la investigación y demostración de su
paternidad extramatrimonial, es decir ‘…persigue lograr un
reconocimiento forzoso, a falta de reconocimiento voluntario’ (Isabel
Grisanti Aveledo, 2002, pág. 332).
Una vez precisado lo anterior, se tiene que dentro de las acciones de
estado relacionadas con la filiación matrimonial, una se refiere
exclusivamente al elemento paternidad, ergo: la acción de
desconocimiento, cuya finalidad es desvirtuar y anular el funcionamiento
de la presunción legal prevista en el artículo 201 del Código Civil, que
atribuye al marido la paternidad del hijo nacido o concebido durante el
matrimonio, en aquellos casos en los que falla el fundamento de tal
presunción, ya sea por la no cohabitación de los cónyuges, por infidelidad
de la mujer o porque esta última haya concebido al hijo antes de la
celebración del matrimonio, de allí que esta presunción de paternidad no
es absoluta (iuris et de jure), sino que admite prueba en contrario (iuris
tantum).
Entretanto, para la citada autora, filiación extra matrimonial ‘es el vínculo
jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y su madre cuando
los progenitores no estaban casados ni para el periodo de la concepción del
hijo ni para la fecha de su nacimiento’ (2000, pág. 326); en donde el elemento
determinante es la falta de matrimonio entre los padres, por lo que el
parentesco del hijo con su padre es absolutamente independiente del que
existe entre el hijo y su madre.
La normativa del Código Civil y la doctrina patria es clara en concebir a la
acción de desconocimiento como una acción personalísima,
intransmisible -en principio-, indisponible y sujeta a término de caducidad
prevista en el artículo 206 del Código Civil.
Se dice que es personalísima porque ‘en términos generales, únicamente
al marido de la madre corresponde la titularidad de la acción de
desconocimiento del hijo de ella, como resulta perfectamente claro de la
normativa contenida desde el ap. del art. 201 hasta el 207’ (López

7. Herrera, 2006: pág. 367), por lo tanto sólo el esposo está legitimado para
intentarla.
Es intransferible, en principio, pues ni siquiera el tutor del marido
entredicho puede hacerlo en su nombre, al punto que ni los herederos del
marido pueden ejercerla una vez fallecido su causante. Sin embargo, los
artículos 202 y 207 del Código Civil establecen la excepción a este
principio, al legitimar a los herederos del marido muerto, pero sólo en
precisas circunstancias. Además, el autor Francisco López Herrera
(2006, pág. 368) admite otra excepción que, si bien no está expresamente
establecida en la ley, afirma que por razones de lógica resulta coherente
reconocer: en el caso de que el marido de la madre muera después de
haber demandado el desconocimiento, pero antes de que haya sido
dictada la sentencia definitiva, el juicio pueda ser continuado por los
herederos del actor.
Con respecto al carácter indisponible, éste no sólo reviste la acción de
desconocimiento sino todas aquellas acciones relativas a la filiación, pues
el artículo 212 del Código Civil establece: ‘La declaración de la madre no
basta para excluir la paternidad’.
En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, en la sentencia N° 2207, de fecha 01 de noviembre
de 2007, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, sobre la
acción de desconocimiento de paternidad ha señalado:
‘Respecto a las acciones que inciden sobre la paternidad el Código Civil
establece de manera perfectamente diferenciada, según se trate de hijos
nacidos dentro o fuera del matrimonio, varias acciones, a saber:
La acción de desconocimiento de paternidad, dirigida a desvirtuar o
enervar el funcionamiento de la presunción pater is est, consagrada en el
artículo 201 del Código Civil, que atribuye la paternidad del hijo concebido
o nacido durante el matrimonio de la madre al marido de ella, por tanto,
esta es una acción relativa a la filiación matrimonial.
En principio, únicamente al marido de la madre corresponde la titularidad
de la acción de desconocimiento del hijo de ella; excepcionalmente
pueden los herederos del marido ser titulares de dicha acción, esto es,
cuando el titular de la acción fallece sin haberla propuesto, pero antes de
que la misma haya caducado; y cuando el marido de la madre muere
después de haber demandado el desconocimiento, pero antes de que
haya sido dictada sentencia definitivamente firme en el juicio respectivo,
en este caso el juicio puede ser continuado por los herederos del actor.
La acción de desconocimiento es la única de las acciones relativas a la
filiación matrimonial que se refiere exclusivamente al elemento
paternidad’ (negritas agregadas).
De esta cita jurisprudencial se debe destacar que el titular de la acción de
desconocimiento de paternidad únicamente es el marido (carácter

8. personalísimo) y excepcionalmente los herederos del marido están
legitimados para intentar esta acción.
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio
Sentencia No.: 1.
Asunto No.: VI32-V-2015-000009
Por ello, la filiación paterna del hijo nacido o concebido entre padres no
casados entre sí se demuestra por el reconocimiento voluntario del padre (o
después de su muerte, de sus ascendientes) o por sentencia judicial que lo
declare.
Derecho a la identidad: identidad biológica
Consagra el derecho a la identidad de los ciudadanos en el Art. 56
(CRBV), derecho el cual se considera inherente a la persona humana y del
cual no se puede prescindir, lo cual genera paralelamente una obligación al
Estado, consistente en el deber de asegurar una identidad legal, la cual
debería coincidir con la identidad biológica, todo ello con la finalidad de otorgar
a todo ciudadano un elemento diferenciador con respecto a los integrantes de
una sociedad, el cual se interrelaciona y se desarrolla con el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad.
Derecho éste, el cual no se agota en su relación con los demás
ciudadanos, sino que aun se internaliza más en el desarrollo y
conocimiento de cada hombre, constituyéndose en un presupuesto
indispensable del aseguramiento del derecho a la vida, sin el cual no
puede concebirse al hombre. Así pues, la identidad personal es ser uno
mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones,
constituyendo la misma verdad de la persona (...)
En este sentido, este derecho -identidad- lleva aparejado el derecho al
nombre el cual se encuentra configurado por dos elementos, el nombre
de pila y el apellido de los padres, el primero es disponible por sus
representantes, ya que son éstos los que establecen el nombre ante las
autoridades civiles correspondientes, no obstante, el nombre de familia o
apellido, es el que tiene un arraigo histórico y generacional, ya que éste
es el único que legalmente se transmite sucesivamente a sus
descendientes, siendo el mismo únicamente mutable por vía de
declaración judicial (...)
Exp. N° 14-0662 -Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

9. En tal sentido, se aprecia que la comprobación científica y real de la
identidad biológica, tiene relevancia en dos escenarios, el primero se verifica
en el interés social, en el que está involucrado el orden público, y tiene como
objetivo esencial la averiguación de la verdad biológica; y el segundo en el
interés privado de conocer su identidad genética y tener derecho a dicho
conocimiento.
En consecuencia, se advierte que el artículo 56 del Texto Constitucional
tiene como finalidad de propender el conocimiento y certificación de la verdad
biológica independientemente del estado civil de los ascendientes, por cuanto
el enclaustramiento o reserva del origen es lo que se tiende a evitar y lo que
se trata de dilucidar con esta prueba médica (ADN).
Así pues, debe concluirse que por identidad biológica debe entenderse
el patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, es decir, su
genoma. El patrimonio genético heredado a través de los cromosomas, que
son portadores de los miles de genes con que cuenta el ser humano, establece
la identidad propia e irrepetible de la persona.
Conclusiones y aportes al tema Derecho a la Identidad
Puede suceder que exista una relación y concurrencia de filiaciones entre
la legal y la biológica, vinculantes, no obstante, ello no constituye una
afirmación absoluta, por cuanto puede suceder que no haya una concurrencia
de identidades en un determinado ciudadano, ante lo cual, habrá que
preguntarse, como efectivamente fue planteado anteriormente, cuál de las
identidades debe prevalecer ante un conflicto de identidades -real o biológica
y legal- y, en segundo lugar, sobre si debe permitirse pura y simplemente el
reconocimiento de la identidad biológica sobre la legal ante los órganos
administrativos -Registro Civil- o deben ser los órganos jurisdiccionales los
encargados de resolver dicha controversia y, por ende, determinar en cada
caso concreto a quién corresponde la filiación de un determinado ciudadano.
En otro orden de ideas, se aprecia que siempre y cuando exista una
dualidad de identidades, es decir una contradicción entre la identidad
biológica y la legal y, sea posible el conocimiento cierto de la identidad

10. biológica de los ascendientes, ésta debe prevalecer sobre la identidad
legal, por cuanto es aquella la que le otorga identidad genética y del
conocimiento del ser al hijo respecto a sus ascendientes biológicos’
De allí que sea el artículo 210 del Código Civil el que establece: “A falta de
reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido fuera del
matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de
pruebas, incluido los exámenes y las experticias hematológicas y heredo-
biológicas que hayan sido consentidos por el demandado…”
Sobre la acción de Inquisición de Paternidad la autora patria Isabel Grisanti
Aveledo, en su obra “Lecciones de Derecho de Familia” define la acción de
inquisición de paternidad extramatrimonial, como aquella cuya “...finalidad
es establecer legalmente el vínculo de filiación entre el hijo
extramatrimonial y su pretendido padre, cuando éste no lo ha reconocido
voluntariamente. Se persigue lograr un reconocimiento forzoso, a falta de
reconocimiento voluntario”.
Así mismo, en relación con el objeto de esa acción, la referida autora patria
refiere:
El objeto de la acción de inquisición de paternidad es lograr una decisión
judicial en la que se establezca legalmente la filiación paterna entre el hijo
concebido y nacido fuera del matrimonio y el hombre que pretende tener
por padre, cuando éste no lo ha reconocido espontáneamente. Asunto No.:
VI32-V-2015-000009
TEMA INTERDICCIÓN
Párrafo introductorio
Es importante señalar, que conforme lo establecido en el artículo 735 del
Código de Procedimiento Civil, referido a regular los juicios de interdicción e
inhabilitación civil, la competencia para conocer de la solicitud corresponde al
“…juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia y, en su
defecto, el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el
competente en estos juicios, pero los de Departamento o de Distrito o los de
Parroquia o Municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas
a aquél, sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional…”.
Vinculación institucional
JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÀREA
METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 14-12-2015- EXP.: AP71-R-
2015-0001079.

11. En cuanto al trámite procedimiental que debe dispensarse a la
inhabilitación civil, el artículo 740 del Código de Procedimiento Civil, ordena
seguir el mismo procedimiento que la ley establece para la interdicción civil,
salvo que no podrá procederse de oficio ni decretarse inhabilitación
provisional… en tal sentido, antes de decretar la interdicción provisional del
notado de demencia, el Juez abrirá una averiguación sumaria sobre los
hechos imputados, en la cual deberá interrogarlo, oír a cuatro (04) de sus
parientes inmediatos o en defecto de éstos, amigos de la familia, designar
a dos (02) facultativos para que lo examinen y emitan juicio respecto a su
estado intelectual…
Sin embargo, observa este Tribunal que conforme a las reglas
procedimentales pautadas en el Código de Procedimiento Civil,
específicamente el artículo 735, normas estas destinadas a regular los
juicios de interdicción e inhabilitación, la competencia para conocer de la
solicitud corresponde al “… juez que ejerza la jurisdicción especial de los
asuntos de familia y, en su defecto, el de primera instancia que ejerza la
plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios, pero los de
Departamento o de Distrito o los de Parroquia o Municipio pueden practicar
las diligencias sumariales y remitirlas a aquél, sin decretar la formación del
proceso ni la interdicción provisional…”…
Asimismo, Cabrera Mercado, citado por Dominguez Guillen en la obra
antes referida, considera lo siguiente: “… En la incapacitación de las personas
físicas entran a colación consideraciones muy importantes que afectan
directamente, no sólo a intereses personales sino a un interés público que
justifican la asunción de principios propios, que implican a su vez que algunos
conceptos procesales que en el proceso ordinario son claros, se oscurecen
sensiblemente…”
De todo lo anteriormente citado, considera quien suscribe que el
procedimiento de interdicción civil consiste en un proceso de interés público y
no regido por los principios formales de carácter dispositivo de otros procesos.
Del mismo modo, se concluye que por imperativo del artículo 735 del
Código de Procedimiento Civil, los Tribunales de Municipio sólo son
competentes para practicar las diligencias sumariales sin decretar la
interdicción provisional, debiendo posteriormente remitir el expediente al
Tribunal de Primera Instancia que ejerza la jurisdicción especial en los asuntos
de familia, y en su defecto, al de primera instancia que ejerza la plena
jurisdicción ordinaria, quien en definitiva es el que decretara si hubiere lugar a

12. la interdicción provisional, y la prosecución del juicio en fase plenaria y en el
caso de que surja algún recurso conocerá el Juzgado Superior, en atención
del principio de la doble instancia.
El anterior criterio jurisdiccional apunta que en los procedimientos de
inhabilitación e interdicción, los Tribunales de Municipio se encuentran
plenamente facultados legislativamente para practicar las diligencias
sumariales, las cuales, una vez evacuadas, deberán remitirse al Juzgado
de Primera Instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, mutatis
mutandi, en caso de que el procedimiento sea iniciado ante éstos,
conforme a la facultad otorgada por el artículo 234 del Código de
Procedimiento Civil, podrán comisionar al Tribunal de Municipio, a fin de
que por vía de delegación lleve a cabo la fase preparatoria…
Al respecto de lo antes expuesto, la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia Nº 521, de fecha 09 de agosto de 2013, con
Ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, expediente Nº 2013-
407, estableció lo siguiente:
“… Según la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Civil, el
procedimiento tanto de interdicción como de inhabilitación, consta de dos
fases, una sumaria y otra plenaria. La fase sumaria es propia de la
jurisdicción voluntaria en razón que el proceso es simple y sencillo, y
conformado por tres etapas, a saber, 1) admisión de la solicitud,
conocimiento del asunto, 2) personas que deben ser oídas, y 3) resolución
que corresponda sobre la solicitud. Mientras que la segunda etapa del
procedimiento, es la plenaria, caso en el cual el proceso se vuelve
contencioso, y ello se denota por la apertura del procedimiento ordinario.
Ello ha quedado evidenciado entre otras en sentencia N° RH-183,
expediente N° 13-089, del 18/4/2013, caso: Zenaida de Jesús Sucre López,
en la que se dijo lo siguiente: “… En tal sentido, esta Máxima Jurisdicción
considera pertinente hacer mención al criterio sentado en decisión N° 346 de
fecha 23 de mayo de 2012, caso: Guadalupe Cubillán de Campos y otros,
contra Arsenio José Cubillán Faría y otra, el cual estableció, lo siguiente:
“…De las normas precedentemente transcritas se desprende que la
inhabilitación y la interdicción son juicios que tienen dos etapas, una
sumaria que es propia de la jurisdicción voluntaria, por cuanto el proceso
es llevado de manera simple y sencilla, ya que sólo comprende tres fases:
1) admisión de la solicitud, conocimiento del asunto, 2) personas que
deben ser oídas, y 3) resolución que corresponda sobre la solicitud. La

13. segunda etapa en el procedimiento de inhabilitación, es la plenaria, que es
cuando el proceso se vuelve contencioso con la apertura del procedimiento
ordinario.
En la inhabilitación, la fase sumaria inicia con la admisión de la solicitud
de interdicción; la notificación al Fiscal de Ministerio Público, por cuanto este
interviene cuando se trata de procesos que tienen que ver con estado y
capacidad de las personas; la orden de averiguación sumaria, que comprende
el interrogatorio a cuatro (4) parientes del “notado de demencia”, y en su
defecto a los amigos de la familia, dichas actas que deben dirigirse al indiciado,
expresarán siempre las preguntas hechas y las respuestas dadas; el
nombramiento de dos (2) expertos médicos psiquiátricos para que examinen
al accionado, siendo la experticia la prueba de mayor importancia en este
proceso.
Una vez practicados los interrogatorios y la prueba de experticia médica
psiquiátrica, el juez decretará terminado el proceso si no encuentra motivos
reales y suficientes para declarar inhabilitado al indiciado, pero si encuentra
motivos suficientes ordenará que se continúe juicio por el procedimiento
ordinario, quedando la causa abierta a pruebas, pasándose de la fase sumaria
del juicio a la plenaria.
En la fase plenaria, es cuando surge contención entre el solicitante o
demandante de la inhabilitación y el “notado de demencia”, indicado,
accionado o demandado, el procedimiento queda abierto a pruebas, y el juez
ordenará de nuevo la práctica de experticia médica, así como toda prueba que
considere necesaria; el demandante aportará al juicio todas aquellas pruebas
que consideren conducente en defensa de sus intereses, como testimoniales,
documentales, informes; por su parte, el accionado traerá al proceso aquellas
pruebas que defiendan su capacidad, más (sic) no recae en él la carga de la
prueba, por cuanto no es quien debe probar su capacidad…”

14. Conclusiones y aportes al tema Interdicción
Únicamente al marido de la madre corresponde la titularidad de la acción
de desconocimiento del hijo de ella…’ (Vid. sentencia N° 2207 supra citada),
corresponde a este Sentenciador verificar si el demandante puede ser titular
de la acción, ya que por tratarse de un hijo concebido y nacido dentro de una
unión matrimonial, el legitimado activo para ejercer la acción de
desconocimiento solamente es el marido de la madre, según está previsto en
el artículo 201 del Código Civil que establece:
‘El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o
dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación.
Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que
le ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de
la concepción de aquél, o que en ese mismo momento vivía separado de ella’.
En esta norma, al igual que en los artículos 202, 203, 204, 205 y 207
ejusdem, se aprecia claramente que el titular de la acción de desconocimiento
es el marido -y excepcionalmente sus herederos- pero en la presente causa -
como se dijo-, quien accionó es un tercero que alega ser el padre biológico del
niño de autos, invocando en la demanda el artículo 56 de la CRBV, norma que
consagra el deber del Estado de garantizar la investigación de la paternidad,
en el marco del derecho a llevar el apellido del padre y a conocer su identidad;
y que por ser constitucional debe aplicarse con preferencia, tal como lo ordena
el artículo 334
Para cerrar este tema tan importante, se trae a colación de la Sala de
Despacho del Juzgado Superior 2do en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 07-04-2015.
JUEZ, ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ -Exp-Nº AP71-H-2015-000003
Cabe decir que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia, en relación al trámite y procedimiento judicial de incapacitación
(interdicción e inhabilitación), ha señalado, que:
“…Ahora bien, en virtud de las consecuencias que denotan tanto la
interdicción como la inhabilitación, lo cual constituye una disminución total
o parcial de la capacidad de obrar, según sea el caso, el legislador ha

15. otorgado legitimación activa al cónyuge, cualquier pariente del incapaz,
el síndico procurador municipal y cualquier persona a quien le interese,
pudiendo el juez promoverla de oficio (artículos 395 y 409 del Código
Civil).
Según la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Civil, el
procedimiento tanto de interdicción como de inhabilitación, consta de dos
fases, una sumaria y otra plenaria. La fase sumaria es propia de la
jurisdicción voluntaria en razón que el proceso es simple y sencillo, y
conformado por tres etapas, a saber, 1) admisión de la solicitud,
conocimiento del asunto, 2) personas que deben ser oídas, y 3)
resolución que corresponda sobre la solicitud. Mientras que la segunda
etapa del procedimiento, es la plenaria, caso en el cual el proceso se
vuelve contencioso, y ello se denota por la apertura del procedimiento
ordinario.
Ello ha quedado evidenciado entre otras en sentencia N° RH-183,
expediente N° 13-089, del 18/4/2013, caso: Zenaida de Jesús Sucre
López, en la que se dijo lo siguiente:
‘… En tal sentido, esta Máxima Jurisdicción considera pertinente hacer
mención al criterio sentado en decisión N° 346 de fecha 23 de mayo de
2012, caso: Guadalupe Cubillán de Campos y otros, contra Arsenio José
Cubillán Faría y otra, el cual estableció, lo siguiente:
‘…De las normas precedentemente transcritas se desprende que la
inhabilitación y la interdicción son juicios que tienen dos etapas, una
sumaria que es propia de la jurisdicción voluntaria, por cuanto el proceso
es llevado de manera simple y sencilla, ya que sólo comprende tres fases:
1) admisión de la solicitud, conocimiento del asunto, 2) personas que
deben ser oídas, y 3) resolución que corresponda sobre la solicitud. La
segunda etapa en el procedimiento de interdicción, es la plenaria, que es
cuando el proceso se vuelve contencioso con la apertura del
procedimiento ordinario.
En la interdicción, la fase sumaria inicia con la admisión de la solicitud de
interdicción; la notificación al Fiscal de Ministerio Público, por cuanto este
interviene cuando se trata de procesos que tienen que ver con estado y
capacidad de las personas; la orden de averiguación sumaria, que
comprende el interrogatorio a cuatro (4) parientes del “notado de
demencia”, y en su defecto a los amigos de la familia, dichas actas que
deben dirigirse al indiciado, expresarán siempre las preguntas hechas y
las respuestas dadas; el nombramiento de dos (2) expertos médicos
psiquiátricos para que examinen al accionado, siendo la experticia la
prueba de mayor importancia en este proceso.
Una vez practicados los interrogatorios y la prueba de experticia médica
psiquiátrica, el juez decretará terminado el proceso si no encuentra
motivos reales y suficientes para declarar entredicho al indiciado, pero si
encuentra motivos suficientes ordenará que se continúe juicio por el
procedimiento ordinario, quedando la causa abierta a pruebas,
pasándose de la fase sumaria del juicio a la plenaria.
En la fase plenaria, es cuando surge contención entre el solicitante o
demandante de la interdicción y el “notado de demencia”, indicado,
accionado o demandado, el procedimiento queda abierto a pruebas, y el

16. juez ordenará de nuevo la práctica de experticia médica, así como toda
prueba que considere necesaria; el demandante aportará al juicio todas
aquellas pruebas que consideren conducente en defensa de sus
intereses, como testimoniales, documentales, informes; por su parte, el
accionado traerá al proceso aquellas pruebas que defiendan su
capacidad, más (sic) no recae en él la carga de la prueba, por cuanto no
es quien debe probar su capacidad.
La sentencia que se dicte en esta fase plenaria, podrá declarar: 1) que no
hay lugar al procedimiento, lo cual no impide que se abra nuevo
procedimiento si se presentaren nuevos hechos, ó 2) la interdicción del
demandado y nombramiento de tutor. La decisión que declare la
interdicción, podrá ser apelada o consultada con el Juez Superior, es de
acotar que la consulta procede cuando la parte no ha ejercido el
correspondiente recurso de apelación; y para que surta efecto la
sentencia definitivamente firme sobre la interdicción, según el contenido
de los artículos 414 y 507 del Código Civil, esta debe ser insertada en el
registro respectivo, además de ser publicada en la prensa, de
conformidad con la forma establecida en el artículo 415 del Código de
Procedimiento Civil.
Por último, cabe acotar que el fallo dictado en la etapa sumaria del
procedimiento de interdicción, no es recurrible en casación, dado que
esta fase es propia de la jurisdicción voluntaria, la cual se caracteriza por
ser meramente unilateral, inquisitiva y breve en la instrucción de los
hechos. Sin embargo, en la etapa Plenaria del procedimiento de
iinterdicción, la sentencia que se dicte sí es recurrible en casación, dado
que el juicio deje de ser propio de la jurisdicción voluntaria, para
convertirse en contencioso con la apertura del procedimiento ordinario,
donde por lo demás, la parte podrá emplear medios recursivos propios
de dicho proceso como el ordinario de apelación y el extraordinario de
casación; siendo excepción a esto, cuando la parte no haya apelado de
la sentencia, conformándose sólo con la consulta de la misma ante el
Juez Superior, que en este caso no podrá anunciar dicho recurso
extraordinario.
En relación con la apelación de la sentencia pronunciada en los procesos
de interdicción, esta Sala en sentencia de vieja data, que acoge en esta
oportunidad, de fecha 2 de agosto de 1989, en el expediente 88-687, caso
Teodora Sanz Agudo contra Isidro San Agudo, ha establecido, lo
siguiente:
‘…Por otra parte, el juez a-quo deberá consultar con el superior la
sentencia pronunciada en los procesos de interdicción e inhabilitación;
pero, ejercido por la parte el recurso de apelación, este se rige por las
normas generales que lo regulan, incluso en materia de costas; por tanto
no se infringió el artículo 281 al condenar en éstas a la parte apelante
perdidosa. No resulta, por lo demás cierta la afirmación de que omitida la
consulta, la única forma de subsanar el error fuese ejercer la apelación
con esa determinada sentencia. Basta, a esos efectos, que se señale al
juez el deber de consultar la sentencia y negar éste la consulta, tal
negativa sería apelada, seguramente con éxito, por ser mandato legal
expreso…’.

17. Como hemos anotado precedentemente, el legislador le ha otorgado
legitimación activa, al juez quien oficiosamente puede iniciar el
procedimiento, aperturando la averiguación sumaria, lo cual está
debidamente fundamentado en que, en virtud que estamos frente a la
limitación o privación intelectual de una persona, respecto a su capacidad
de obrar, lo cual viene justificado dado el propósito eminentemente
protector de esta institución al declarado incapaz, no hay duda que está
involucrado el interés público y por tanto el Estado, de allí el notado
carácter inquisitivo de este procedimiento.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
CRBV
Código Civil
Isabel Grisanti Aveledo (2002, pág. 326) la filiación matrimonial.
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del estado Vargas -Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio -Maiquetía, 16-06-2015, ASUNTO: WP21-V-2014-
000012:
LOPNNA
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio
Sentencia No.: 1.
Asunto No.: VI32-V-2015-000009
Exp. N° 14-0662 -Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Asunto No.: VI32-V-2015-000009
JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO y
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÀREA
METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 14-12-2015- EXP.: AP71-
R-2015-0001079.
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 521,
de fecha 09 de agosto de 2013, con Ponencia de la Magistrada Yris
Armenia Peña Espinoza, expediente Nº 2013-407
sentencia N° RH-183, expediente N° 13-089, del 18/4/2013, caso: Zenaida de
Jesús Sucre López
Sala de Despacho del Juzgado Superior 2do en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, 07-04-2015. JUEZ, ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ -Exp-Nº
AP71-H-2015-000003