El documento describe las funciones de varias instituciones del Estado chileno encargadas de controlar los poderes públicos. La Contraloría General controla la legalidad de los actos de la administración y fiscaliza los fondos públicos. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. El Congreso puede acusar constitucionalmente a altos funcionarios.