El documento resume los principales aspectos de las medidas cautelares en el derecho administrativo costarricense. Explica que la investigación preliminar es una etapa para determinar si existe mérito para iniciar un proceso y garantiza el derecho de defensa del investigado. También diferencia entre la decisión de inicio y el acto de inicio formal de un procedimiento, y describe los pasos de la audiencia oral y privada donde se presenta prueba y alegatos.
Este documento discute el concepto de constitucionalización del derecho. Explica que implica un proceso de transformación del ordenamiento jurídico en el que la constitución se vuelve invasora y condiciona la legislación, la jurisprudencia y las relaciones sociales. Identifica varios elementos que contribuyen a este proceso como la rigidez y garantía jurisdiccional de la constitución, la fuerza vinculante de sus normas, su sobreinterpretación y aplicación directa, así como su influencia sobre las relaciones políticas. Finalmente, señala que el objetivo
EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU CLASIFICACIONMaría Varga
1) El documento define y clasifica los actos administrativos según su efecto, destinatario, naturaleza, contenido y manifestación de voluntad. 2) Los actos se clasifican en de efectos generales o particulares, normativos o no normativos, jurídicos o materiales, de trámite o definitivos, creadores de derechos u obligaciones. 3) Los actos deben cumplir ciertos requisitos formales como su expresión escrita y firma para ser válidos.
EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD E INDUBIO PRO REO DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO...Presley Zapata Acuña
En el presente ensayo hemos citado las opiniones de ilustres tratadistas, consideraciones que por ser disímiles en muchos casos, han enriquecido el tratamiento del problema planteado como es el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD E INDUBIO PRO REO DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO ECUATORIANO, donde hemos hecho un recorrido a otros principios limitadores del derecho penal como el de legalidad, juicio previo y el estado de inocencia de las personas, comulgando plenamente nuestras opiniones frente a nuestra realidad jurídica ecuatoriana y coincidimos que en nuestro país debe de aplicarse de manera inmediata, directa en el procedimiento en las resoluciones, los tratados y convenios internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni de las garantías constitucionales, debiendo recordar que los derechos y garantías establecidas en la actual Constitución e instrumentos internacionales deben de ser de inmediata aplicación por los servidores públicos, administrativos en especial los judiciales sea de oficio o a petición de parte, es decir las normas supranacionales son de directa aplicación.
Este documento describe los conceptos y reglas fundamentales sobre la prueba en los procesos judiciales. Define la prueba como la actividad procesal tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Solo pueden ser objeto de prueba los hechos controvertidos y conducentes afirmados por las partes. Cada parte debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que al demandado le corresponde probar los hechos impeditivos o extintivos. El juez puede ordenar
Este documento describe las causales de improcedencia del juicio de amparo en México. Identifica 12 causales de improcedencia establecidas en la ley, como juicios contra resoluciones de la Suprema Corte, contra actos de particulares, o cuando no existe afectación a los intereses jurídicos del quejoso. También incluye causales como actos consentidos, ya consumados de modo irreparable, o cuando existe jurisprudencia que impide estudiar los conceptos de violación. La improcedencia busca proteger principios como la seguridad jurídica y
Mapa conceptual procesal civil l Maria G Marmolejo MgMarmolejo
Este documento presenta un resumen de conceptos clave del derecho procesal civil como la acción, jurisdicción, competencia, proceso, excepciones y reconvención. Define la acción como el derecho de perseguir un derecho ante los tribunales, y distingue entre las teorías de la acción según diferentes escuelas. Explica la diferencia entre jurisdicción y competencia, y presenta las características de la competencia. Además, ofrece definiciones de otros conceptos como proceso, excepciones y reconvención.
El documento habla sobre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho. Explica los deberes primordiales del Estado peruano como la defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. También define conceptos como Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho e introduce los métodos de interpretación constitucional como la teleológica, histórica y sistemática. Finalmente, discute sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad que deben ejercer los jueces.
Este documento habla sobre los recursos administrativos. Define el recurso administrativo y lo clasifica en clásico, tradicional y fiscal. Explica que es un medio de defensa para los particulares afectados por actos administrativos y que busca que la autoridad revise y potencialmente revoque dichos actos. También establece los requisitos para interponer un recurso y las posibles resoluciones.
Este documento discute el concepto de constitucionalización del derecho. Explica que implica un proceso de transformación del ordenamiento jurídico en el que la constitución se vuelve invasora y condiciona la legislación, la jurisprudencia y las relaciones sociales. Identifica varios elementos que contribuyen a este proceso como la rigidez y garantía jurisdiccional de la constitución, la fuerza vinculante de sus normas, su sobreinterpretación y aplicación directa, así como su influencia sobre las relaciones políticas. Finalmente, señala que el objetivo
EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU CLASIFICACIONMaría Varga
1) El documento define y clasifica los actos administrativos según su efecto, destinatario, naturaleza, contenido y manifestación de voluntad. 2) Los actos se clasifican en de efectos generales o particulares, normativos o no normativos, jurídicos o materiales, de trámite o definitivos, creadores de derechos u obligaciones. 3) Los actos deben cumplir ciertos requisitos formales como su expresión escrita y firma para ser válidos.
EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD E INDUBIO PRO REO DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO...Presley Zapata Acuña
En el presente ensayo hemos citado las opiniones de ilustres tratadistas, consideraciones que por ser disímiles en muchos casos, han enriquecido el tratamiento del problema planteado como es el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD E INDUBIO PRO REO DENTRO DEL CONSTITUCIONALISMO ECUATORIANO, donde hemos hecho un recorrido a otros principios limitadores del derecho penal como el de legalidad, juicio previo y el estado de inocencia de las personas, comulgando plenamente nuestras opiniones frente a nuestra realidad jurídica ecuatoriana y coincidimos que en nuestro país debe de aplicarse de manera inmediata, directa en el procedimiento en las resoluciones, los tratados y convenios internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni de las garantías constitucionales, debiendo recordar que los derechos y garantías establecidas en la actual Constitución e instrumentos internacionales deben de ser de inmediata aplicación por los servidores públicos, administrativos en especial los judiciales sea de oficio o a petición de parte, es decir las normas supranacionales son de directa aplicación.
Este documento describe los conceptos y reglas fundamentales sobre la prueba en los procesos judiciales. Define la prueba como la actividad procesal tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Solo pueden ser objeto de prueba los hechos controvertidos y conducentes afirmados por las partes. Cada parte debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que al demandado le corresponde probar los hechos impeditivos o extintivos. El juez puede ordenar
Este documento describe las causales de improcedencia del juicio de amparo en México. Identifica 12 causales de improcedencia establecidas en la ley, como juicios contra resoluciones de la Suprema Corte, contra actos de particulares, o cuando no existe afectación a los intereses jurídicos del quejoso. También incluye causales como actos consentidos, ya consumados de modo irreparable, o cuando existe jurisprudencia que impide estudiar los conceptos de violación. La improcedencia busca proteger principios como la seguridad jurídica y
Mapa conceptual procesal civil l Maria G Marmolejo MgMarmolejo
Este documento presenta un resumen de conceptos clave del derecho procesal civil como la acción, jurisdicción, competencia, proceso, excepciones y reconvención. Define la acción como el derecho de perseguir un derecho ante los tribunales, y distingue entre las teorías de la acción según diferentes escuelas. Explica la diferencia entre jurisdicción y competencia, y presenta las características de la competencia. Además, ofrece definiciones de otros conceptos como proceso, excepciones y reconvención.
El documento habla sobre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho. Explica los deberes primordiales del Estado peruano como la defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. También define conceptos como Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho e introduce los métodos de interpretación constitucional como la teleológica, histórica y sistemática. Finalmente, discute sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad que deben ejercer los jueces.
Este documento habla sobre los recursos administrativos. Define el recurso administrativo y lo clasifica en clásico, tradicional y fiscal. Explica que es un medio de defensa para los particulares afectados por actos administrativos y que busca que la autoridad revise y potencialmente revoque dichos actos. También establece los requisitos para interponer un recurso y las posibles resoluciones.
Este documento discute el derecho procesal constitucional como una disciplina jurídica autónoma. Explica que aunque comparte principios con el derecho procesal y constitucional, existen parámetros para considerar su autonomía, incluyendo legislación, magistrados especializados, doctrina y sentido común. También describe los orígenes del estudio sistemático de esta disciplina y algunos de sus desarrollos recientes en México, como la ampliación del alcance del juicio de amparo y la incorporación del interés legítimo.
Este documento presenta información sobre el juicio de amparo indirecto en México. Explica que el juicio de amparo indirecto es un proceso que se tramita en dos instancias para proteger los derechos humanos y garantías individuales cuando son violados por normas o actos de autoridad. Detalla los requisitos para presentar una demanda de amparo indirecto, los plazos, las partes involucradas, y los posibles resultados como conceder la suspensión provisional o definitiva del acto impugnado, amparar y proteger los derechos del quejos
Los actos procesales son manifestaciones de voluntad con relevancia jurídica dentro de un proceso legal. Pueden ser realizados por órganos judiciales, fiscales o las partes involucradas. Se clasifican según su autor, tipo y efecto. Deben llevarse a cabo dentro de ciertos plazos, lugares y formas establecidas por la ley para ser válidos y poder resolver el caso.
Este documento resume un tema de derecho civil sobre medios de prueba en el proceso civil hondureño. Explica que la prueba es esencial para el proceso y que el código procesal civil regula los medios de prueba permitidos como interrogatorios, documentos, peritajes, etc. También diferencia entre fuentes y medios de prueba, y describe los pasos del proceso de valoración de pruebas.
El documento describe los procedimientos legales para la expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. El INTI inicia el proceso mediante la publicación de edictos y la negociación con los propietarios. Si no hay acuerdo, el INTI solicita la expropiación forzosa ante un tribunal agrario. El tribunal notifica a los propietarios y puede dictar medidas cautelares.
El documento presenta información sobre el derecho procesal, definiéndolo como la rama del derecho que regula la organización de los tribunales y la actuación de las personas involucradas en procesos judiciales. Explica conceptos básicos como jurisdicción, acción, proceso y objeto del proceso, e introduce los principios procesales como debido proceso, cosa juzgada y preclusión. Finalmente, distingue entre las diferentes ramas del derecho procesal como civil, penal, administrativo y laboral.
El documento trata sobre la figura jurídica del "Silencio Administrativo". Explica que cuando una autoridad administrativa no resuelve una petición dentro de cierto plazo establecido por la ley, se entiende que la resolvió de manera negativa (silencio negativo) o positiva (silencio positivo), dependiendo de lo solicitado. Esto con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y obligar a las autoridades a resolver las peticiones de manera oportuna.
Este documento describe el proceso de juicio ordinario mercantil en México. Explica que una demanda debe indicar la identidad de las partes, los hechos del caso, las pruebas y los fundamentos legales. También permite solicitar medidas cautelares como embargo o arraigo si existe riesgo de daño. Si la demanda no se fundamenta en los casos del Código de Comercio, se pueden aplicar medidas de aseguramiento del Código Federal de Procedimientos Civiles para mantener la situación existente.
El documento contiene definiciones y explicaciones de varios conceptos legales relacionados con el juicio de amparo en México. En resumen, define acto de amparo, amparo directo, amparo indirecto, autoridad responsable, conceptos de violación, informe justificado, interés jurídico e interés legítimo. También explica principios como el de agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho, instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias. Por último, define los roles de quejoso, suplencia de queja y ter
Este documento define el acto administrativo como una declaración de una entidad pública dentro del marco legal que tiene el objetivo de producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los ciudadanos. Explica que los actos administrativos se rigen por principios como la ejecutividad, impugnabilidad y discrecionalidad limitada. También cubre temas como la nulidad, validez, eficacia y notificación de los actos administrativos.
Este documento describe los diferentes elementos y efectos de las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional. Explica conceptos como precedente vinculante, los fines de las sentencias constitucionales, y los efectos retroactivos e irretroactivos que pueden tener. También analiza los presupuestos y condiciones para establecer y cambiar un precedente vinculante.
Tema # 1 (introducción al derecho procesal constitucional)Policía Boliviana
El documento presenta una introducción al derecho procesal constitucional. Explica que este campo estudia los procedimientos y jurisprudencia constitucional para defender los derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes. Incluye definiciones de derecho procesal constitucional de varios autores y explica los orígenes y desarrollo de esta disciplina, particularmente en Latinoamérica y Bolivia desde la creación del Tribunal Constitucional.
Este documento presenta un mapa conceptual sobre derecho procesal civil I. Explica algunos conceptos fundamentales como la acción, que puede ser un derecho potestativo, abstracto u objetivo de obtener tutela jurídica. También describe elementos clave del proceso como las partes, el juez y la jurisdicción. Por último, define el proceso como una serie de actos coordinados para lograr un fin jurídico y explica que tiene elementos subjetivos y objetivos.
La inspección judicial consiste en la verificación que hace el juez de hechos o circunstancias mediante sus sentidos. Puede ser solicitada por las partes o ordenada de oficio por el juez. Se levanta un acta detallando lo observado, la cual debe ser clara y precisa. Sirve para probar hechos materiales perceptibles que sean pertinentes al caso.
El documento describe el procedimiento para la extradición en Venezuela de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal. La extradición es el proceso por el cual una persona acusada o condenada por un delito en un estado es detenida en otro estado y devuelta para ser juzgada o cumplir su condena. El proceso de extradición activa ocurre cuando Venezuela solicita la extradición de una persona desde otro país, mientras que la extradición pasiva ocurre cuando otro país solicita la extradición de una persona desde Venezuela. El documento establece los principios
La demanda es el acto por el cual una persona inicia un proceso judicial formulando su pretensión ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Debe contener el nombre y domicilio del actor y demandado, los hechos en los que se fundamenta la petición, la pretensión concreta del actor, y puede acompañarse de documentos y ofrecimiento de pruebas. Existen requisitos formales para la demanda y puede ser simple, compleja, declarativa, constitutiva u otras clasificaciones. Los defectos pueden ser subsanables o insubsanables.
Medios de comunicación de autoridades judiciales a los particularesSAM CORR
Este documento describe varios medios de comunicación utilizados en procesos judiciales entre autoridades y particulares. Explica el emplazamiento, que es cuando un juez llama a un demandado a responder una demanda, y la notificación, que informa a las partes sobre actos procesales sin requerir su comparecencia. También cubre la citación para comparecer ante el tribunal, el requerimiento para cumplir órdenes, y el apercibimiento para aquellos que no cumplan. Finalmente, describe medios como el exhorto y despacho entre
Este documento resume los principales conceptos y fuentes del Derecho Internacional Privado, incluyendo tratados, convenciones y fuentes supranacionales. Explica que los tratados son acuerdos entre estados u organismos internacionales que establecen obligaciones y derechos. Las fuentes supranacionales como la ONU actúan con independencia de los gobiernos nacionales. El documento también analiza las características del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado y su legislación, incluyendo el Código Bustamante y los principios generales
Este documento describe las diferentes etapas del proceso administrativo en Costa Rica, incluyendo medidas cautelares, investigación preliminar, decisión de inicio, audiencia oral y prueba. Explica cada etapa, su importancia, objetivos y los fundamentos jurídicos que las respaldan según las leyes costarricenses. Incluye imágenes que ilustran cada etapa y citas de expertos en derecho administrativo.
ENJ-1-400-Visión Constitucional del Derecho LaboralENJ
1) El documento describe conceptos clave del proceso y la naturaleza jurídica como el proceso, sus características, finalidad y objetivo. 2) Explica que el derecho procesal laboral es un derecho público y social. 3) Resalta principios como el debido proceso, legalidad y el derecho a la defensa y acceso a la justicia.
Este documento discute el derecho procesal constitucional como una disciplina jurídica autónoma. Explica que aunque comparte principios con el derecho procesal y constitucional, existen parámetros para considerar su autonomía, incluyendo legislación, magistrados especializados, doctrina y sentido común. También describe los orígenes del estudio sistemático de esta disciplina y algunos de sus desarrollos recientes en México, como la ampliación del alcance del juicio de amparo y la incorporación del interés legítimo.
Este documento presenta información sobre el juicio de amparo indirecto en México. Explica que el juicio de amparo indirecto es un proceso que se tramita en dos instancias para proteger los derechos humanos y garantías individuales cuando son violados por normas o actos de autoridad. Detalla los requisitos para presentar una demanda de amparo indirecto, los plazos, las partes involucradas, y los posibles resultados como conceder la suspensión provisional o definitiva del acto impugnado, amparar y proteger los derechos del quejos
Los actos procesales son manifestaciones de voluntad con relevancia jurídica dentro de un proceso legal. Pueden ser realizados por órganos judiciales, fiscales o las partes involucradas. Se clasifican según su autor, tipo y efecto. Deben llevarse a cabo dentro de ciertos plazos, lugares y formas establecidas por la ley para ser válidos y poder resolver el caso.
Este documento resume un tema de derecho civil sobre medios de prueba en el proceso civil hondureño. Explica que la prueba es esencial para el proceso y que el código procesal civil regula los medios de prueba permitidos como interrogatorios, documentos, peritajes, etc. También diferencia entre fuentes y medios de prueba, y describe los pasos del proceso de valoración de pruebas.
El documento describe los procedimientos legales para la expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. El INTI inicia el proceso mediante la publicación de edictos y la negociación con los propietarios. Si no hay acuerdo, el INTI solicita la expropiación forzosa ante un tribunal agrario. El tribunal notifica a los propietarios y puede dictar medidas cautelares.
El documento presenta información sobre el derecho procesal, definiéndolo como la rama del derecho que regula la organización de los tribunales y la actuación de las personas involucradas en procesos judiciales. Explica conceptos básicos como jurisdicción, acción, proceso y objeto del proceso, e introduce los principios procesales como debido proceso, cosa juzgada y preclusión. Finalmente, distingue entre las diferentes ramas del derecho procesal como civil, penal, administrativo y laboral.
El documento trata sobre la figura jurídica del "Silencio Administrativo". Explica que cuando una autoridad administrativa no resuelve una petición dentro de cierto plazo establecido por la ley, se entiende que la resolvió de manera negativa (silencio negativo) o positiva (silencio positivo), dependiendo de lo solicitado. Esto con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y obligar a las autoridades a resolver las peticiones de manera oportuna.
Este documento describe el proceso de juicio ordinario mercantil en México. Explica que una demanda debe indicar la identidad de las partes, los hechos del caso, las pruebas y los fundamentos legales. También permite solicitar medidas cautelares como embargo o arraigo si existe riesgo de daño. Si la demanda no se fundamenta en los casos del Código de Comercio, se pueden aplicar medidas de aseguramiento del Código Federal de Procedimientos Civiles para mantener la situación existente.
El documento contiene definiciones y explicaciones de varios conceptos legales relacionados con el juicio de amparo en México. En resumen, define acto de amparo, amparo directo, amparo indirecto, autoridad responsable, conceptos de violación, informe justificado, interés jurídico e interés legítimo. También explica principios como el de agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho, instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias. Por último, define los roles de quejoso, suplencia de queja y ter
Este documento define el acto administrativo como una declaración de una entidad pública dentro del marco legal que tiene el objetivo de producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los ciudadanos. Explica que los actos administrativos se rigen por principios como la ejecutividad, impugnabilidad y discrecionalidad limitada. También cubre temas como la nulidad, validez, eficacia y notificación de los actos administrativos.
Este documento describe los diferentes elementos y efectos de las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional. Explica conceptos como precedente vinculante, los fines de las sentencias constitucionales, y los efectos retroactivos e irretroactivos que pueden tener. También analiza los presupuestos y condiciones para establecer y cambiar un precedente vinculante.
Tema # 1 (introducción al derecho procesal constitucional)Policía Boliviana
El documento presenta una introducción al derecho procesal constitucional. Explica que este campo estudia los procedimientos y jurisprudencia constitucional para defender los derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes. Incluye definiciones de derecho procesal constitucional de varios autores y explica los orígenes y desarrollo de esta disciplina, particularmente en Latinoamérica y Bolivia desde la creación del Tribunal Constitucional.
Este documento presenta un mapa conceptual sobre derecho procesal civil I. Explica algunos conceptos fundamentales como la acción, que puede ser un derecho potestativo, abstracto u objetivo de obtener tutela jurídica. También describe elementos clave del proceso como las partes, el juez y la jurisdicción. Por último, define el proceso como una serie de actos coordinados para lograr un fin jurídico y explica que tiene elementos subjetivos y objetivos.
La inspección judicial consiste en la verificación que hace el juez de hechos o circunstancias mediante sus sentidos. Puede ser solicitada por las partes o ordenada de oficio por el juez. Se levanta un acta detallando lo observado, la cual debe ser clara y precisa. Sirve para probar hechos materiales perceptibles que sean pertinentes al caso.
El documento describe el procedimiento para la extradición en Venezuela de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal. La extradición es el proceso por el cual una persona acusada o condenada por un delito en un estado es detenida en otro estado y devuelta para ser juzgada o cumplir su condena. El proceso de extradición activa ocurre cuando Venezuela solicita la extradición de una persona desde otro país, mientras que la extradición pasiva ocurre cuando otro país solicita la extradición de una persona desde Venezuela. El documento establece los principios
La demanda es el acto por el cual una persona inicia un proceso judicial formulando su pretensión ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Debe contener el nombre y domicilio del actor y demandado, los hechos en los que se fundamenta la petición, la pretensión concreta del actor, y puede acompañarse de documentos y ofrecimiento de pruebas. Existen requisitos formales para la demanda y puede ser simple, compleja, declarativa, constitutiva u otras clasificaciones. Los defectos pueden ser subsanables o insubsanables.
Medios de comunicación de autoridades judiciales a los particularesSAM CORR
Este documento describe varios medios de comunicación utilizados en procesos judiciales entre autoridades y particulares. Explica el emplazamiento, que es cuando un juez llama a un demandado a responder una demanda, y la notificación, que informa a las partes sobre actos procesales sin requerir su comparecencia. También cubre la citación para comparecer ante el tribunal, el requerimiento para cumplir órdenes, y el apercibimiento para aquellos que no cumplan. Finalmente, describe medios como el exhorto y despacho entre
Este documento resume los principales conceptos y fuentes del Derecho Internacional Privado, incluyendo tratados, convenciones y fuentes supranacionales. Explica que los tratados son acuerdos entre estados u organismos internacionales que establecen obligaciones y derechos. Las fuentes supranacionales como la ONU actúan con independencia de los gobiernos nacionales. El documento también analiza las características del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado y su legislación, incluyendo el Código Bustamante y los principios generales
Este documento describe las diferentes etapas del proceso administrativo en Costa Rica, incluyendo medidas cautelares, investigación preliminar, decisión de inicio, audiencia oral y prueba. Explica cada etapa, su importancia, objetivos y los fundamentos jurídicos que las respaldan según las leyes costarricenses. Incluye imágenes que ilustran cada etapa y citas de expertos en derecho administrativo.
ENJ-1-400-Visión Constitucional del Derecho LaboralENJ
1) El documento describe conceptos clave del proceso y la naturaleza jurídica como el proceso, sus características, finalidad y objetivo. 2) Explica que el derecho procesal laboral es un derecho público y social. 3) Resalta principios como el debido proceso, legalidad y el derecho a la defensa y acceso a la justicia.
El documento describe las diferentes etapas de un procedimiento administrativo, incluyendo medidas cautelares, investigación preliminar, audiencia oral y prueba, acto final, y recursos. Explica que las medidas cautelares buscan garantizar los derechos fundamentales durante el procedimiento, y que la investigación preliminar recopila información sobre los hechos del caso. Luego presenta las distintas etapas como audiencia oral, acto final, y recursos disponibles si el administrado no está de acuerdo con el resultado.
Este documento trata sobre los conceptos de debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y derecho de defensa. Explica que el debido proceso protege tanto las garantías procesales como la prohibición de decisiones arbitrarias, y que la tutela jurisdiccional efectiva garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso. También define el derecho de defensa como una garantía aplicable a todo tipo de procesos que protege contra la indefensión.
Las medidas cautelares en el contencioso admi nistrativoHugo Araujo
Este documento habla sobre las medidas cautelares en el contencioso administrativo. Explica que las medidas cautelares derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y tienen como objetivo garantizar que los efectos de la sentencia definitiva puedan cumplirse. También describe las características del proceso cautelar, los tipos de medidas cautelares como la suspensión de efectos del acto administrativo, y las medidas cautelares especiales en diferentes materias.
LA FUENTE JURISPRUDENCIAL DEL DEBIDO PROCESO CIVIL EN BOLIVIA.pptxAlan Vargas Lima
Este trabajo describe la comprensión del debido proceso en la jurisprudencia comparada, y las principales líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional de Bolivia, acerca del debido proceso civil y sus dimensiones, con énfasis en la vertiente del derecho a la fundamentación y motivación de resoluciones.
El documento analiza el proceso contencioso-administrativo como una vía idónea para la protección de los derechos fundamentales. Explica que este proceso ofrece beneficios como una etapa probatoria y la posibilidad de transacciones, a diferencia de los procesos constitucionales. También puede tramitarse ante jueces especializados en lo contencioso-administrativo, lo civil o lo laboral. El documento concluye que el proceso contencioso-administrativo, por regla general, es la vía adecuada para defender los dere
Este documento resume un estudio sobre la suspensión judicial de los efectos de los actos administrativos según la doctrina jurisprudencial venezolana. Explica que esta medida cautelar temporal suspende los efectos de un acto administrativo cuyo nulidad se demanda, para evitar daños irreparables al demandante. Se analizaron decisiones judiciales para estudiar los requisitos y procedimientos para decretar esta medida. La jurisprudencia venezolana ha delineado esta medida desde su creación y continúa perfeccionando su interpretación y aplicación
Este documento presenta un análisis de la sentencia "Nutribras SA" del Tribunal Fiscal de la Nación sobre las facultades del fisco para imponer sanciones. Incluye los votos de tres jueces que discuten si la administración puede aplicar sanciones penales o si esto corresponde exclusivamente al poder judicial. Dos jueces concluyen que la administración puede sancionar infracciones siempre que existan controles judiciales, mientras que un juez considera que solo el poder judicial puede aplicar sanciones penales.
El documento define el derecho procesal como el conjunto de normas que regulan la función jurisdiccional del Estado y establecen el procedimiento para obtener la aplicación del derecho en casos concretos. Explica que el derecho procesal regula los requisitos, desarrollo y efectos de los procesos legales entre partes ante un tribunal imparcial. Además, identifica a los sujetos principales del proceso como el tribunal y las partes involucradas en el litigio.
Este documento discute la naturaleza jurídica de la oposición a una medida cautelar en el derecho peruano. Explica que la oposición es un medio impugnatorio que permite cuestionar y dejar sin efecto una medida cautelar otorgada. También analiza la distinción entre recursos e impugnaciones y cómo la oposición se ajusta a esta clasificación. Finalmente, argumenta que la oposición es un medio impugnatorio válido para defender al afectado por una medida cautelar.
Este documento describe los principios que rigen el sistema jurídico procesal civil en nuestro país. Menciona principios como el derecho a la tutela jurisdiccional, la dirección e impulso procesal por parte del juez, la integración de la norma procesal para lograr los fines del proceso, el principio de iniciativa de parte, y principios de celeridad, economía y concentración procesal. También describe otros principios como la socialización del proceso, el juez y derecho, la gratuidad en el acceso a la justicia, y
Este documento describe los principios que rigen el sistema jurídico procesal civil en nuestro país. Identifica 14 principios, entre ellos: (1) derecho a la tutela jurisdiccional, (2) dirección e impulso procesal por parte del juez, (3) fines del proceso e integración de la norma procesal. También describe conceptos como competencia, competencia facultativa, derecho de acción e incompetencia.
Este documento presenta una guía sobre derecho procesal penal que incluye la definición de derecho procesal del trabajo, la organización de los órganos jurisdiccionales que recoge el Código de Trabajo guatemalteco, y una descripción del juicio ordinario de trabajo. Además, define conceptos como proceso, procedimiento, clasificación de resoluciones judiciales, y describe etapas del proceso laboral como la interposición de la demanda, actitudes del demandado, y la sentencia. Finalmente, menciona tipos de juicio laboral
Este documento presenta una introducción al derecho procesal II impartido por el profesor Manuel Urzúa Urzúa en la Universidad Santo Tomás. Explica conceptos clave como proceso, parte, juez y conflicto jurídico, y distingue entre elementos constitutivos y presupuestos de validez de un proceso. También define litis consorcio y analiza quiénes pueden ser parte de un proceso y tener ius postulandi. El objetivo es resolver conflictos jurídicos de manera pacífica mediante una serie de actos que concl
Este documento resume las distintas etapas de un procedimiento administrativo según la legislación costarricense. Explica las etapas preliminares de investigación y medidas cautelares, el inicio formal del procedimiento, la audiencia oral y presentación de pruebas, el acto final, los posibles recursos y la naturaleza de los diferentes tipos de procedimientos administrativos. En total, el procedimiento administrativo consta de 6 etapas clave que garantizan el debido proceso y defensa de los derechos de los administrados.
El problema del art. 40 inc. final de la ley 18.287 (Procedimiento Juzgados d...Sergio Arenas
Este documento analiza el problema jurídico de la imposibilidad de recurrir las decisiones del juez de policía local sobre la suspensión o cancelación de licencias de conducir por acumulación de infracciones, según el artículo 40 de la ley 18.287. Examina el debate sobre si el derecho a recurso es parte esencial del debido proceso y concluye que la jurisprudencia nacional no lo considera así, a diferencia de tratados internacionales. Finalmente, señala que la prohibición de recurrir en este caso va en contra de las garantías
La tutela cautelar en el derecho procesal administrativoHugo Araujo
Este documento discute la tutela cautelar en el derecho procesal administrativo venezolano. Explica que la tutela cautelar se desarrolló primero en el procedimiento administrativo para asegurar la eficacia de las resoluciones finales, y luego se expandió al proceso administrativo a través de la jurisprudencia para garantizar la tutela judicial efectiva. Finalmente, argumenta que se deben unificar los criterios para conceder la tutela cautelar en ambos ámbitos y actualizar las leyes para brindar mayor seguridad jurídica.
Este documento presenta un resumen de cuatro bloques temáticos sobre las medidas cautelares en materia laboral: 1) aspectos teóricos como su definición, finalidad y requisitos; 2) regulación legal; 3) proyectos legislativos; y 4) tratamiento jurisdiccional. En el primer bloque, explica que las medidas cautelares buscan evitar daños durante el proceso y requieren apariencia de derecho y peligro en la demora.
La motivación de la sentencia como garantía del debido procesoLuis Taveras Marte
El documento trata sobre la motivación de las sentencias como garantía del debido proceso. Explica que la motivación tiene rango constitucional según el artículo 69 de la Constitución y surge del principio de separación de poderes y sometimiento del juez a las normas. También analiza la historia del deber de motivar y su relación con el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
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El control financiero es el ejercicio del poder de policía que posee el Estado, mediante el cual debe equilibrar el respeto alderecho de libre empresa de los actores privados y la salvaguarda de los fines públicos.El ordenamiento jurídico costarricense posee un modelo de control financiero basado en la banca central. En donde la rectoría recae en el Banco Central de Costa Rica y la dirección del modelo está a cargo del CONASSIF.Posee en un segundo nivel, cuatro Superintendencias encargadas de ejercer el control específico para cada uno de los mercados más relevantes del sistema financiero nacional: entidades financieras, mercado de valores, mercado de seguros y mercado de pensiones.
En su conjunto: el BCCR, el CONASSIF y las Superintendencias. En su conjunto: el BCCR, el CONASSIF y las Superintendencias: SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN forman el modelo de control financiero costarricense con potestades de control y sanción.
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El contrato bancario es aquel acuerdo de voluntades en el cual participa una entidad bancaria y su objeto es una operación bancaria. En este texto se analiza la operativización de los contratos bancarios de mayor uso en el ámbito financiero, tales
como: contrato de cuenta corriente, cheque y transferencia electrónica de fondos, préstamo de dinero y línea de crédito, crédito documentario, fideicomiso bancario, underwriting, emisión de bonos y acciones, instrumentos hipotecarios, forfaiting y factoring y leasing financiero
El documento analiza la ética pública y su importancia para el desarrollo de la gestión pública en América Latina. Explica que la ética pública es fundamental para otros principios como la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Luego describe los avances y desafíos de la ética pública en la región, reconociendo tanto los esfuerzos implementados como las limitaciones existentes. Finalmente, identifica los desafíos pendientes para fortalecer los niveles éticos y así apoyar el sistema democrático en Amé
El presente documento aborda el estudio de las sociedades anónimas estatales y los distintos tipos que existen, sean de capital público o de capital mixto, generando situaciones en las cuales se cuestiona la potestad de fiscalización que sobre ellas poseen las Entidades de Fiscalización Superior. En consecuencia, el presente documento analiza dicha potestad desde las normas jurídicas, contables y de auditoría. En un siguiente acápite se hace referencia a la publicidad de los informes de auditoría y los papeles de trabajo según el tipo de sociedad anónima estatal que se trate, y finalmente, se analizan las normas de control interno aplicables para cada una. Concluye el texto, que las EFS poseen plenas potestades de control y acceso a la información de cualquier sociedad anónima estatal, no obstante, deberá considerar la participación privada cuando realice dicha labor.
La rendición de cuentas es uno de los pilares del Estado democrático de cara al nuevo paradigma centrado en la persona
ciudadana, por lo que este texto procura una definición de esta figura desde la perspectiva jurídica y administrativa.
En el ámbito jurídico, se define como principio constitucional, según la Constitución Política de Costa Rica; pero
también como un deber de la Administración y un derecho de la ciudadanía, además del marco jurídico necesario
para su adecuado desarrollo. Igualmente se vincula con otros institutos relevantes como el gobierno electrónico, el
gobierno abierto, el derecho a la buena administración, la transparencia, la participación ciudadana y los sistemas
contables públicos.
El documento procura realizar un abordaje integral de la rendición de cuentas más allá de lo que la norma jurídica
dispone, dado que se trata de un paradigma de mayor alcance.
Palabras clave: rendición de cuentas, Estado democrático, gestión pública.
El presente texto analiza el papel de los códigos de ética y códigos de conducta como promotores de la ética organizacional, dada su importancia para las empresas públicas y privadas, y su vinculación con el clima y la cultura organizacional. Figuras que se basan en los valores corporativos que rigen la entidad y que permitan consolidar una buena imagen, interna y externa, de respeto a la ética y reproche a conductas ilícitas e inadecuadas. Se explican los conceptos de código de ética y código de conducta, sus contenidos más frecuentes y el proceso de elaboración. Se diferencian ambas figuras entre sí, y con otros institutos afines como acuerdos
marcoglobales, reglamento interno de trabajo y código de buen gobierno corporativo. Finalmente, se destaca su papel en la promoción de la ética organizacional, aspecto que cada vez reviste de mayor importancia para las empresas públicas y privadas por las implicaciones negativas que posee en su imagen las actuaciones contrarias a la conducta ética que la sociedad demanda de ellas.
El presente texto empieza analizando el paradigma del gobierno abierto y su evolución ocurrida desde el 2009 con el memorando de Barack Obama, el impulso que tuvo en 2011 con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto y los esfuerzos realizados, por la doctrina, para delimitar su contenido. Explica sus cuatro pilares: transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y colaboración abierta, para enfocarse en el pilar de innovación abierta.
Inicia el abordaje definiendo innovación como la creación de nuevos productos y servicios que transforman el mercado, para abocarse al estudio de la innovación pública, como aquella innovación aplicada a mejorar los servicios y productos del sector público y, finalmente, en la innovación abierta, que corresponde a la innovación del sector público en la cual participa el ciudadano como copartícipe de esas nuevas formas de atención.
En el último acápite se analiza la vinculación de la innovación abierta con otros pilares como la apertura gubernamental como gobierno electrónico, participación ciudadana, colaboración, datos abiertos y similares, para
concluir que todos ellos, en su conjunto, fortalecen el sistema
democrático, al colocar como centro y tomador de decisiones a la ciudadanía a la cual va dirigido el servicio público que el Estado le debe brindar.
Centroamérica se caracteriza por ser una región marcada por la pobreza y la violencia, problemáticas íntimamente vinculadas entre sí: entre mayores niveles de pobreza y desigualdad existen, mayores los niveles de violencia social; situación que se agrava por el impacto de los desastres naturales, producidos, entre otros, por el cambio climático, que constantemente azotan la región, ya que pese a ser una de las regiones con menor impacto ambiental es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Ahora bien, ¿Qué relación existe entre estos tópicos y la energía? La respuesta es que existe una importante vinculación entre ellos. El cambio climático es un fenómeno producido por el ser humano, por su modo de vida consumista, que ha provocado desequilibrios en los recursos naturales alterando los ciclos normales del medio ambiente.
Dentro de las causas del cambio climático se destaca el uso de hidrocarburos como fuente de energía y, paradójicamente, la región centroamericana es dependiente del petróleo y sus derivados, de tal forma, que éste incide no solo en su economía sino en el daño ambiental, de allí que se promueva un mayor uso de energías renovables o energías limpias.
Se propone como objetivo del presente trabajo estudiar el derecho internacional del petróleo y la dependencia de este recurso de la región centroamericana de cara a los retos que posee esta área del derecho internacional en virtud del cambio climático, la legislación ambiental y las nuevas fuentes de energía renovables.
Como objetivos específicos se propone diagnosticar la situación actual de los hidrocarburos en cada uno de los países centroamericanos, estudiar las nuevas fuentes de energía renovables utilizadas en la región y su confrontación con el derecho internacional del petróleo para finalmente, identificar los retos que el derecho internacional posee de cara a esta nueva problemática de orden mundial.
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del artículo "Retos del derecho internacional del petróleo frente a la preocupación ambiental y las nuevas fuentes de energía en Centroamérica" de Jennifer Isabel Arroyo Chacón. El artículo analiza los desafíos legales del petróleo ante la preocupación ambiental y las energías renovables en Centroamérica, examinando casos en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. También explora iniciativas energéticas regionales y el futuro del derecho energético internacional ante las nue
El documento describe las principales tipologías utilizadas para legitimar capitales de origen ilícito, incluyendo el uso de mercados internacionales de préstamos y créditos, bienes raíces, movimientos especulativos de divisas, comercio internacional, transferencias monetarias físicas y electrónicas, seguros, campañas políticas y dinero electrónico. El objetivo es servir como guía para identificar estas prácticas y denunciarlas. Se explican las cuatro etapas del proceso de legitimación: recolección de
El presente documento analiza las distintas ramas del derecho que inciden en el mundo de los negocios. Comienza con las áreas más conocidas en la materia, como lo es el derecho comercial internacional y el derecho aduanero, haciendo referencia a los tratados más relevantes en la materia. Continúa con otras áreas relevantes, como derecho ambiental, propiedad intelectual, derecho laboral y derecho del consumo. Cada una cuenta con su normativa propia a nivel internacional que aplica en la región y existen varios casos reales en los que se evidencia el impacto que estas ramas del derecho pueden tener en el mundo de los negocios. Concluye el texto con la importancia y necesidad de considerar el impacto del derecho, más allá de las ramas más conocidas en el mundo de los negocios –como el derecho comercial, aduanero y similar–, al momento de emprender una actividad lucrativa con el objetivo de administrar adecuadamente el impacto que podría tener sobre los negocios que se estén desarrollando.
El proceso de auditoría incluye la etapa de comunicación de resultados y remisión del informe provisional como una obligación del auditor. Es un espacio que permite a la entidad auditada y al órgano auditor lograr consensuar los resultados y recomendaciones o disposiciones que serán incluidas en el informe definitivo. No obstante, cuando esta etapa resulta insuficiente para alcanzar dicho objetivo, la Ley General de Control Interno establece un procedimiento –tanto para los informes dirigidos al titular subordinado como los dirigidos al jerarca– en el cual la Administración y la Auditoría Interna puedan valorar alternativas para solucionar la controversia, siempre procurando que las recomendaciones propuestas satisfagan los intereses y objetivos perseguidos con el informe de auditoría. Finalmente, cuando estas etapas han resultado infructuosas, corresponderá a la Contraloría General de la República resolver de forma definitiva el asunto, lo cual deberá ser acatado de manera obligatoria por ambas partes, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa con las consecuentes sanciones que correspondan
La contratación administrativa es una de las actividades más relevantes que realiza la Administración para la consecución de los objetivos públicos perseguidos, dado que por medio de ella adquiere los insumos, productos o servicios que le permiten prestar de forma directa e indirecta los servicios públicos a la ciudadanía, de tal manera que ha sido ampliamente analizado desde diferentes perspectivas, máxime que es en ella en que se utilizan mayormente los fondos públicos.
No obstante, en esta ocasión interesa abocarse a los sistemas de valoración de las ofertas que procuran seleccionar al contratista más idóneo, en donde se destaca por su importancia la variable precio y los demás elementos vinculados como modificaciones de precios, descuentos, precios ruinosos, precios inaceptables y reajuste de precios, dado que frecuentemente se busca la oferta que posee el “menor precio” con el fin de ahorrarle recursos al Estado, todo ello haciendo especial mención a la normativa jurídica costarricense y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República de dicho país en su papel de rectoría en materia de compras públicas; no obstante, los hallazgos planteados pueden extrapolar a otras latitudes latinoamericanas que comparten inquietudes similares en la materia.
Presentación de la ponencia El derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos centroamericanos de parte de los organismos integrantes del SICA
Este documento analiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos centroamericanos ante los organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Examina el estado actual de este derecho en los países centroamericanos y en organismos regionales como la Unión Europea, Mercosur y Caricom. Finalmente, identifica retos pendientes para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública generada por los organismos del SICA.
Este documento analiza la primera condena penal en Costa Rica por delitos de corrupción tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Explica los antecedentes de la lucha contra la corrupción en Costa Rica, incluyendo instrumentos internacionales ratificados y las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Luego, analiza la sentencia de la Corte Suprema que condenó a funcionarios públicos y particulares por delitos de corrupción, siendo este un primer precedente importante. Finalmente, dest
El documento describe los esfuerzos de Costa Rica para combatir la corrupción a través de reformas a su marco jurídico, incluyendo la ratificación de convenciones internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También creó nuevas entidades como la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de Probidad para combatir la corrupción. Si bien Costa Rica ha avanzado en este tema, todavía quedan áreas por mejorar en su
La apertura de datos consiste en poner a disposición de la ciudadanía datos que le sean de su interés en formatos de licencia libre que sean fácilmente utilizados, lo cual se realiza por medio de la interoperabilidad, que es a su vez un presupuesto para la construcción de ciudades inteligentes, que se caracterizan por poseer sistemas y servicios plenamente integrados. De tal manera, que los datos abiertos son un presupuesto necesario para la construcción de Smart Cities.
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
Protección patrimonial. Personas con discapacidad..pdfJosé María
El objeto de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidades es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades
vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad.
3.1Prevencion de Riesgos-LaboratoriosTanatopraxia.pdf
Etapas del procedimiento administrativo
1. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
CÁTEDRA DE DERECHO
CENTRO UNIVERSITARIO: ___Alajuela______
Asignatura: Principios de derecho administrativo
para criminólogos.
Unidad 2
“Infografía”
NOMBRE DEL O LA ESTUDIANTE: Stephanie
Jiménez Izaguirre
NÚMERO DE CÉDULA:
1-1872-0496
NOMBRE DE DOCENTE:
Jennifer Arroyo Chacón.
GRUPO:
G01
2 CUATRIMESTRE
2. Administrativos
P r o c e d i mi e n t o s
Medidas Cautelares:
Son el instrumento necesario para
garantizar la efectividad de la tutela
judicial, o para garantizar el cumplimiento
de las sentencias, un cumplimiento que, en
principio, y con carácter general, ha de ser
integro.
Existen varias medidas cautelares que
puede optar un juez y son las siguientes:
1-Derecho Fundamental a la Tutela
Cautelar:
A partir de una exégesis extensiva y progresiva del contenido
esencial de la garantía individual contenida en el ordinal 41 de la
Constitución Política, esto es, el derecho de los justiciables a obtener
una justicia pronta y cumplida resulta posible identificar el derecho
fundamental atípico de las partes de un proceso a obtener una tutela
cautelar (Arguedas et al.,2006, pág. 113).
2- Contenido del derecho a la tutela
cautelar:
El derecho a la tutela cautelar, en cuanto incardinado en el contenido
esencial del derecho más general a una justicia pronta y cumplida,
comprende el derecho de pedir y obtener del órgano jurisdiccional las
medidas cautelares necesarias, idóneas y pertinentes para garantizar la
eficacia de la sentencia de mérito –función esencial de la tutela cautelar-, si
se cumplen los presupuestos de ésta (apariencia de buen derecho -fumus
boni iuris- y el peligro en la mora -periculum in mora-) (Arguedas et al.,2006,
pág. 114).
3-Tutela Cautelar y función
jurisdiccional:
De conformidad con el texto constitucional (artículo 153 de la
Constitución Política), la función jurisdiccional, en un sentido
material, consiste en conocer de las causas, resolverlas
definitivamente –con autoridad de cosa juzgada, artículo 42 de la
Constitución Política- y ejecutar las resoluciones. Desde esta
perspectiva, la tutela cautelar se constituye en un poder
jurisdiccional implícito en el contenido del numeral 153 de la
Constitución Política, necesario para garantizar provisionalmente la
eficacia del pronunciamiento judicial contenido en la sentencia de
mérito y, por consiguiente, su ejecución (Arguedas et al.,2006, pág.
115).
4-Diseño Legislativo del sistema de
tutela cautelar en el proceso
contencioso administrativo:
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Nº
3667 del 12 de marzo de 1966).
La medida cautelar supone una necesidad y, consecuentemente, un fin.
En el caso concreto de la Administración, y dentro de lo que es el tema
de este Manual, tendríamos que precisar que el fin que persigue el
procedimiento administrativo lo es la búsqueda de la verdad real, y si
para alcanzar tal objetivo se requiere modificar, temporalmente, alguna
o algunas situaciones jurídicas de las partes de aquel procedimiento,
ello se revela como una necesidad atinente al fin(Arguedas et al.,2006,
pág. 116).
5- Sobre la naturaleza de las
medidas cautelares:
La tutela cautelar, flexible y expedita, es un componente esencial del
derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puesto
que, los órganos administrativos deben garantizar la eficacia de la
resolución definitiva en aras de proteger los intereses
públicos(Arguedas et al.,2006, pág. 118).
Anteriormente la Sala ha establecido que las medidas cautelares en el
procedimiento administrativo no tienen una naturaleza sancionadora
siempre que se respeten los límites de razonabilidad y de
instrumentalidad que las define (Arguedas et al.,2006, pág. 121).
Es decir, la Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene
como fin investigar la verdad real de los hechos que se denuncian,
puede de oficio imponer una serie de medidas de carácter temporal y
precautorio, para que durante la tramitación del proceso no se sigan
vulnerando las disposiciones legales que eventualmente podrían estar
siendo quebrantadas, o bien, no se siga presentando la situación
conflictiva que se haya denunciado (Arguedas et al.,2006, pág. 121).
La naturaleza de este tipo de medidas obedece a una razón de carácter
práctico, la cual es el aseguramiento y garantía de cumplimiento de la
decisión final que se adopte. De allí su carácter temporal, ya que se
impone mientras se desarrolla un procedimiento ordinario, es decir, sólo
sobrevive hasta que se tome una decisión definitiva; y, por otro lado, su
naturaleza instrumental, porque pretenden garantizar provisionalmente
la eficacia del acto final que se dicte.” (Sala Constitucional, Resolución
Nº 4420-2003 de las 09:21 horas del 23 de mayo del 2003) (Arguedas
et al.,2006, pág. 122).
5- Sobre la facultad fiscalizadora
de los colegios profesionales:
Esta Sala ha reconocido que los Colegios Profesiones cuentan con la
facultad de analizar el cumplimiento de los requisitos para la
incorporación de nuevos profesionales, no solo desde el punto de vista
formal, sino también de manera sustancial, colaborando con otras
dependencias creadas al efecto y en cumplimiento de la ley, ello con el
fin de evitar el grave perjuicio que podría causarse a la sociedad, por la
incorporación de profesionales no aptos académica y éticamente para
el ejercicio profesional (véase en este sentido la sentencia número
2002-06364) (Arguedas et al.,2006, pág. 131-132).
3. ¿Qué es l a i nvesti gaci ón prel i mi nar?
Según (Arguedas et al.,2006) afirma: "La
investigación preliminar es la labor
decisiva en la comprobación desplegada
de la administración pública sobre las
circunstancias esto se da con el d
comprobar la existencia una infracciona y
para identificar quien o quienes cometió
la infracción" (Arguedas et al.,2006, pág.
137).
Dato informativo:
La investigación es una fase
preliminar ya que servirá como base
del procedimiento ordinario. Inicio
constituye al órgano administrativo
competente, esto con el fin de
determinar si existe mérito o no
para iniciar
un proceso (Arguedas et al.,2006,
pág. 138).
Procesos:
La Sala Constitucional señala que no
hay violación al debido procedimiento, al
no exponer a los presuntos
responsables, por tratarse de una etapa
preliminar no se habla de un proceso
(Arguedas et al.,2006, pág. 138).
Decisión de inicio y acto de inicio:
De conformidad con el numeral
284 de la LGAP el
procedimiento administrativo
podrá iniciarse con motivo de
la denuncia o petición de un
particular o como producto de
una decisión oficiosa de la
Administración(Arguedas et
al.,2006, pág. 150). .
Diferencias:
No obstante, lo anterior, en la LGAP no se
establece de manera genérica en qué
casos puede iniciarse de oficio o a
instancia de parte, sino que dependerá “de
la clase de procedimiento de que se trate y
de la concreta situación jurídica en que se
encuentre el administrado respecto a su
eventual objeto y finalidad.” (Dictamen Nº
C-368-2003 del 20 de noviembre 2003)
(Arguedas et al.,2006, pág. 150).
Facultad del órgano administrativo competente a fin de
determinar si existe mérito o no para iniciar un proceso
que tienda a averiguar la verdad de los hechos, esto
con lo cual que el servido investigado si puede
manifestarse sobre los cargos que le son atribuidos y en
consecuencia tener derecho a un abogado y poder
presenciar la evacuación de la prueba testimonial y
cualquier otro orden y ante la cual pueda ejercer su
derecho de defensa (Arguedas et al.,2006, pág. 139).
Diferenciar entre la decisión de inicio y el inicio
del procedimiento, ya que éste último “se
produce, no con la designación del órgano
instructor, porque éste es un acto interno sin
efectos en la esfera de los administrados, sino
cuando el órgano designado así lo decreta,
convocando a las partes a una comparecencia
oral y privada enumerando brevemente y
poniendo a disposición la documentación que
obre en su poder, previniéndoles que aporten
toda la prueba antes o durante la
comparecencia” (Arguedas et al.,2006, pág.
150).
La fase preliminar Caso prototipo:
4. y prueba.
Audi enci a Oral
El derecho de audiencia (comparecencia oral y privada a que
aluden los artículos 218 y 309 de la LGAP) tiene como
finalidad la evacuación de las pruebas (declaración de
testigos tanto del administrado como de la Administración), y
por tanto, el administrado y su abogado -si considera
pertinente contar con patrocinio letrado- pueden realizar las
alegaciones de hecho y de derecho que consideren
oportunas (incluso pueden aportar un escrito solicitando se
tenga por incorporado a ese acto), así como la posibilidad de
aportar la prueba que respalde sus afirmaciones, y la de
combatir los argumentos y pruebas de cargo. Si bien estos
temas habían sido desarrollados en apartes anteriores, se
retomarán aquí con el objeto de complementarlos (Arguedas
et al.,2006, pág. 154).
Dato importante:
También es importante destacar que la audiencia no sólo
es momento de evacuar prueba, sino de hacer los
alegatos y conclusiones pertinentes relacionados con el
objeto del procedimiento (Arguedas et al.,2006, pág. 155).
Audiencia oral y
privada
Es viable concluir que la audiencia oral y
privada es el medio idóneo que contempla la ley
para el ejercicio de la más amplia defensa de
las partes, que por su naturaleza puede ser
renunciada por ella - así como cualquier otro
aspecto del procedimiento, verbigracia la
interposición de recursos-, si lo estima
necesario para proteger sus derechos e
intereses, como derivación de la garantía
contenida en el artículo 39 de la Carta Magna
que señala que nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo (Arguedas et al.,2006,
pág. 155).
Final de la
audencia:
Finalizada la audiencia oral, y en el
supuesto que el procedimiento haya sido
instruido por un órgano director, éste
debe remitir el expediente al órgano
decisor para que emita el acto final. La
forma en que se hace esa comunicación
no está regulada en la LGAP, siendo que,
en la práctica, se estila que contenga un
listado de hechos probados, derecho
aplicable y en algunas ocasiones, hasta la
recomendación sobre el fondo
(Arguedas et al.,2006, pág. 176).
Acto Final:
Finalizada la etapa de la comparecencia, el asunto quedará listo
para que el órgano decisor dicte el acto final (que debe estar
debidamente motivado) dentro del plazo de quince días (artículo
319 L.G.A.P.). Dicho acto final deberá ser –obviamente-
comunicado al administrado, a fin de que, si no está de acuerdo
con la decisión tomada, ejerza su derecho de defensa a través
de los recursos ordinarios de revocatoria o reposición y el de
apelación, o, el extraordinario de revisión. Valga señalar, que no
basta comunicar sólo la parte resolutiva del acto final dictado,
sino que es preciso comunicar in integrum su contenido
(Arguedas et al.,2006, pág. 176).
Tiempo del Acto Final:
El procedimiento ordinario deberá
concluirse -en principio- en un plazo
de dos meses posteriores a su
iniciación o, en su caso a la
presentación de la petición del
administrado –artículo 261 L.G.A.P.-
En dictamen Nº C-165-96 del 8 de
octubre de 1996, indicó la PGR
5. Estos recursos sólo pueden ser interpuestos contra el acto
que lo inicia, el que deniega la comparecencia oral o
cualquier prueba, y contra el acto final (artículo 345). A su
vez, su interposición debe darse ante el órgano director del
proceso y dentro de tercer día tratándose del acto final, o
bien, dentro de veinticuatro horas en los demás casos, a
partir de la última comunicación del acto (artículos 346 y
349); además, no requieren de una redacción ni una
pretensión especiales, siendo suficiente para su formulación
que de su texto se infiera la petición del recurrente (artículo
348). (Arguedas et al.,2006, pág. 191).
Si el procedimiento administrativo
se realiza a petición de un
particular, el inicio de este se
cuenta a partir de esa petición
Recursos
Tanto en la fase de instrucción (aunque de manera tasada)
como con la emisión del acto final, la parte cuenta con una
serie de recursos para que la Administración pueda revisar
lo actuado, como una instancia previa a acudir a los
tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa (
Arguedas et al.,2006, pág. 185).
Dato
importante:
Como una instancia previa a acudir a
los tribunales de la jurisdicción
contencioso administrativa. Se trata de
un derecho, aunque no puede
conceptualizarse como fundamental en
el sentido de que siempre debe haber
un recurso en sede administrativa para
que se revise la decisión que perjudica
al administrado. Arguedas et al.,2006,
pág. 185).
¿Qué son los recursos
administrativos:
3 tipos de recursos:
Los artículos 342 a 352 de la Ley General de la
Administración Pública regulan lo relativo a los recursos
ordinarios admisibles en el procedimiento administrativo,
estableciendo dos tipos: revocatoria o reposición y
apelación. (Arguedas et al.,2006, pág. 191).
Si la decisión de realizar el
procedimiento administrativo es de
oficio, el plazo se cuenta a partir del
momento del dictado de la resolución
administrativa por el órgano director
que establece el inicio del
procedimiento y que normalmente
incluye el señalamiento de la hora y
fecha para la verificación de la
audiencia oral y privada.” (Arguedas
et al.,2006, pág. 176).
Son actos del administrado mediante los cuales
éste pide a la propia administración la
revocación o reforma de un acto suyo o de una
disposición de carácter general de rango inferior
a la Ley en base a un título jurídico específico” y
se constituyen en un presupuesto necesario
para la posterior impugnación en vía
jurisdiccional, pues deben haberse agotado
todas las instancias administrativas para poder
acceder a la vía judicial (Arguedas et al.,2006,
pág. 189).
los recursos ordinarios:
1.
2.los recursos extraordinarios de revisión:
El recurso que ahora nos ocupa tiene por objeto la
impugnación de aquellos actos administrativos finales
firmes que presentaren razonables dudas de su validez,
según los supuestos señalados taxativamente en el artículo
353 de la Ley General de la Administración Pública:
6. Cuando aparezcan documentos de valor esencial
para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la
resolución o de imposible aportación entonces al
expediente.
Cuando en el acto hayan influido esencialmente
documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme anterior o posterior del acto,
siempre que, en el primer caso, el interesado
desconociera la declaración de falsedad
Cuando el acto se hubiere dictado como consecuencia
de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación
fraudulenta y se haya declarado así en virtud de
sentencia firme.” (Arguedas et al.,2006, pág. 193).
3. El incidente de la nulidad:
Cabe hacer una breve mención acerca del tema
de los “incidentes de nulidad” que se plantean,
de forma generalizada, en el procedimiento
administrativo. No está regulada en la LGAP,
razón por la cual, de admitir su procedencia
dentro del procedimiento administrativo, debe
acudirse a las prescripciones que sobre este
tipo de gestión contiene el Código Procesal
Civil. (Arguedas et al.,2006, pág. 193).
El incidente de nulidad puede trastornar el
normal desenvolvimiento de las tareas
asignadas a los órganos directores. El
administrado vía el incidente de nulidad
alerta sobre la existencia de un vicio de
procedimiento que atenta contra los
derechos fundamentales que deben
guardarse en el procedimiento, lo cierto
pareciera que no existe una razón jurídica
de peso para denegar la procedencia de
estos “incidentes”. (Arguedas et al.,2006,
pág. 194).
Dato importante:
www.sitioincreible.com
Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en
manifiesto error de hecho que aparezca de los
propios documentos incorporados al
expediente.
Referencias:
Arguedas Chen Apuy , A. C., Brenes Esquivel , A. L., Vincenti Rojas , I., & Bonilla Herrera , L. G.
(2006 ). Manual de Procedimiento Administrativo . Obtenido de
https://aprende.uned.ac.cr/pluginfile.php/470916/mod_resource/content/1/Manual_de_
Procedimiento_Adm.pdf