Lecturas jurídicas número 16

Tabla de Contenido
7 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN
MÉXICO
Rosa María GUTIÉRREZ PIMIENTA
23 EL FIDECOMISO COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA DE
PENSIONES
Jesús VILLALOBOS JIÓN
39 EL ESTUDIO DEL DERECHO FISCAL A PARTIR DE NUEVOS
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Alicia RAMOS FLORES
Jaime A. CARAVEO VALDÉS
Octavio CARRETE MEZA
49 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CÉLULAS MADRE
Saúl Arnulfo MARTÍNEZ CAMPOS
57 LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN PAÍSES DE HABLA
HISPANA
María Aurora de la Concepción LACAVEX BERUMEN
Yolanda SOSA Y SILVA GARCÍA
Jesús RODRÍGUEZ CEBREROS
5

6
99 TRADICIONES JURÍDICAS ROMANISTA Y ANGLOSAJONA;
PILARES DE LA CULTURA OCCIDENTAL
Manuel Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ
115 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS GENERALES
DE LAS NORMAS DEL TRABAJO
César RODRÍGUEZ CHACÓN

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN
MÉXICO
Rosa María GUTIÉRREZ PIMIENTA1
SUMARIO: I. Introducción. II. Evolución del derecho de acceso
a la información. III. Antecedentes del derecho a la información
en México. IV. Contenido de la reforma constitucional del 20
de julio de 2007. V. La transparencia y su importancia. VI. Los
derechos fundamentales de derecho a la información y
protección de datos personales. VII. El derecho fundamental a
la protección de datos personales. VIII. Conclusiones. IX.
Fuentes de consulta
I. INTRODUCCIÓN
Las figuras de transparencia y acceso a la información pública
deben de contemplarse desde la perspectiva de la evolución histórica de
los derechos humanos, los cuales se definen, de acuerdo a diversas
filosofías jurídicas como “aquellas libertades, facultades e instituciones o
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a
toda persona por el simple hecho de su condición humana para la
garantía de una vida digna y se caracterizan por ser irrevocables,
inalienables, intransmisibles e irrenunciables”.
Los derechos humanos han sido clasificados como de primera,
segunda y tercera generación, siendo los derechos civiles y políticos, con
1
Profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
7

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO
base a esta jerarquía, los que se conocen como derechos de primera
generación. Dentro de esta categoría encontramos el derecho a la
información considerada como necesaria para la participación ciudadana
en los asuntos que interesan a la sociedad en su conjunto, dado que sin
la información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se
encuentra en condiciones para participar en la toma de decisiones
públicas.
II. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La primera ley de acceso a la información gubernamental aparece
en Suecia en 1776 con el nombre de Ley para la libertad de prensa y del
derecho de acceso a las actas públicas, esta se debe a la iniciativa del
sacerdote y diputado sueco finlandés de nombre Anders Chydenius,
quien se inspiró en el Buró de censura imperial, una institución de la
dinastía china que se encargaba de vigilar cuidadosamente al gobernante
y a sus funcionarios.
Fue hasta dos siglos después que la idea del acceso irrestricto a los
documentos públicos toma fuerza en diversos países como Finlandia
(1951), Estados Unidos de Norteamérica (1966), Dinamarca (1970) y
finalmente los últimos cinco años del siglo XX más de cuarenta países,
incluyendo México, tomaron su ejemplo e instituyeron sus propias leyes
de acceso a la información. A la fecha, este fenómeno se ha convertido
en un movimiento multiplicador de dimensiones universales.
8

III. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO
En nuestro país el derecho a la información se instituyó por primera
ocasión adicionando el último párrafo del artículo 6º constitucional,
mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, cuyo contenido
señala de forma breve: “El derecho a la información será garantizado por
el Estado”. Esta adición estaba limitada por la iniciativa de reformas en
los dictámenes legislativos correspondientes a constituir solamente una
garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época,
que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran
ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás
características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios
masivos de comunicación; el debate se concentró únicamente en la
vertiente relativa a la regulación de los medios de comunicación, sin
percatarse de la otra gran vertiente que la constituía el acceso a la
información gubernamental.
Con posterioridad a la reforma constitucional, y a partir del 2002,
todos los Estados de la República, la Federación, y el Distrito Federal, se
dieron a la tarea de legislar sobre la materia con resultados muy
heterogéneos. Los contenidos y la calidad de las leyes eran diversos,
generando como resultado según estudios realizados a la citada
legislación que el ejercicio del mismo derecho a la información respondía
a criterios distintos. Esta fue una de las razones que impulsaron a una
9

nueva reforma constitucional que hiciera congruente, coherente, y no
contradictorio el ejercicio de este derecho fundamental.2
IV. CONTENIDO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 20 DE
JULIO DE 2007
El 20 de julio de 2007 el artículo 6º constitucional tiene una segunda
reforma que viene a dotar de instrumentos jurídicos a la sociedad para
garantizar su derecho a conocer y tener acceso a información sobre las
actividades gubernamentales y a los actos que puedan afectar al conjunto
social, creando la infraestructura institucional necesaria para hacer
realidad en la práctica el derecho de acceso a la información. De esta
manera se introduce un segundo párrafo al citado artículo, quedando de
la siguiente manera:
Artículo 6o.-
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
2
Ver el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la Función Pública con proyecto de
decreto que reforma el artículo 6
to
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en gaceta
parlamentaria núm. 2207-II, Martes 6 de marzo de 2007.
10

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones que
fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustanciarán ante órganos u organismos especializados e
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los
medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los
recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos
que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan
las leyes.
A manera de comentario sobre la señalada reforma se realizan las
siguientes consideraciones:
A la par de la regla de carácter general que se contempla en la
fracción I del artículo 6º Constitucional que establece: “Toda la
información en posesión de las autoridades y entes del estado mexicano
es pública” se crea una excepción y esta se produce cuando existen
11

razones de interés público que justifiquen su reserva temporal, es decir,
que aun cuando está sujeta al principio de publicidad no puede darse a
conocer en el momento en que se genera o en el momento en que es
solicitada, pero tal y como lo señala la misma disposición, esta restricción
opera sólo en los términos que fijen las leyes, y con ello se garantiza que
es únicamente la ley la que determina qué debe entenderse por
información reservada y cuáles son los supuestos en que se puede
proceder a dicha clasificación.
Otra garantía que contempla el numeral en comento en su fracción
II, es la protección a la vida privada y a los datos personales que tanto el
legislador federal como los legisladores locales deberán regular con la
mayor extensión posible. Respecto a la fracción III se contemplan tres
cuestiones relevantes: a) La prohibición de exigir que se justifique algún
interés o la utilización que se le dará a cierta información; b) La gratuidad
en el acceso a la información pública y; c) La gratuidad al acceso de los
datos personales y en la rectificación de estos. Cabe precisar que en los
dos últimos casos se ha interpretado que se entiende por gratuito el
acceso a la información, pero no la reproducción de la misma; ya que si
hubiera necesidad de obtener fotocopias o entregar discos compactos
con información, si se podría desplazar el costo de esos materiales al
solicitante.
A efecto de crear los mecanismos de acceso a la información, la
fracción IV de este nuevo párrafo segundo del artículo 6º constitucional,
crea la infraestructura institucional necesaria para hacer realidad en la
práctica este derecho, es decir, se regulan procedimientos y se crean
órganos, en tanto que la fracción V establece para los sujetos obligados a
proporcionar información el deber de preservar sus documentos en
12

archivos administrativos actualizados. Al respecto debemos tener claro
que no se trata solo de proteger y ordenar documentos, ya que la
tecnología permite hoy en día guardar de formas diferentes a las
tradicionales las constancias de la actuación del Estado.
No podía pasarse por alto en esta reforma que con anterioridad a
ella con frecuencia se daba el manejo discrecional de la asignación de
recursos públicos ya fueran de carácter económico o de otro tipo, como
licencias, concesiones, privilegios preferencias de toda especie, y por
ello, en la fracción VI del nuevo párrafo segundo del artículo 6º
Constitucional, se establece que la información relativa a recursos
públicos entregados por el Estado a particulares también debe ser objeto
del derecho de acceso a la información. El propósito de esta fracción es
transparentar las relaciones entre los órganos públicos y los particulares
para evitar la posible comisión de conductas indebidas o de actos de
corrupción.
Para garantizar que los sujetos obligados cumplan debidamente con
el mandato de la norma, es decir, que eviten que se viole un derecho o
que reparen dicha violación una vez que se ha producido, se establece
en la fracción VII del ordenamiento que se comenta, un sistema de
sanciones que se pueden imponer a quienes violen la normatividad
aplicable, toda vez que una norma jurídica cuya violación no sea
sancionable, verá disminuido su potencial coactivo, en la medida en que
sus destinatarios podrán o no tomar en serio el mandato que contenga.
13

V. LA TRANSPARENCIA Y SU IMPORTANCIA
La relación Estado sociedad, se fundamenta en el desempeño del
gobierno como un conjunto de organizaciones que administran los
recursos públicos y diseñan alternativas de solución a los problemas que
la sociedad les demanda. Esta relación precisa del cumplimiento de un
pacto de gobernabilidad en el que la sociedad reconoce el legítimo
derecho del Estado para establecer y vigilar el cumplimiento del orden
jurídico, para administrar los recursos públicos y para crear las
instituciones necesarias en el diseño e implementación de políticas
públicas. Esta delegación de autoridad faculta al gobierno a actuar en
nombre de la sociedad, administrando los recursos públicos emitiendo
actos de autoridad, pero lo obliga también a rendirle cuentas de los actos
que en su nombre realiza.
En esta relación, la transparencia permite la evaluación ciudadana
del desempeño gubernamental, tanto en su conjunto como a nivel
dependencias, y evita que estas últimas sean desviadas de sus objetivos
para satisfacer los intereses personales de los servidores públicos,
además de propiciar que los políticos sean premiados o castigados
durante los procesos electorales debido a su desempeño.
Finalmente, la transparencia es una condición necesaria para que el
imperio de la ley y la rendición de cuentas sean una realidad, porque
ayuda a identificar por vía de la difusión de la información, si las
decisiones, acciones y políticas públicas se apegan puntualmente a las
normas legales correspondientes, y si los gobernantes responden ante
sus gobernados, es decir, si guían sus decisiones en función de las
14

necesidades de la población y de los compromisos que asumieron ante
ella al tomar posesión de sus cargos.
VI. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DERECHO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos
garantizados con jerarquía constitucional que se consideran esenciales
en el sistema político que la propia constitución establezca y que están
especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana.
En nuestro país, la Carta Magna otorga medios para la defensa de
los derechos fundamentales que le corresponden a todo ser humano por
el solo hecho de serlo, como lo son el derecho a la vida, a la libertad, a la
igualdad, a la propiedad, a la seguridad jurídica, así como a los derechos
político electorales, a la salud, a la educación y algunos otros que se
encuentran contemplados en el capítulo primero que versa sobre las
garantías individuales, además de algunos otros que se encuentran
dispersos en el propio texto constitucional.
El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido
en el artículo 6º de nuestra Constitución, y consiste en la garantía que
tiene toda persona para obtener información (noticias, datos, hechos,
opiniones e ideas), informar y ser informada de forma compatible con
otros derechos humanos, engloba tanto libertades individuales (libertades
de pensamiento, expresión e imprenta) como otras de carácter social (el
derecho de los lectores, escuchas o espectadores a recibir información
objetiva, oportuna y el acceso a la documentación pública).
15

Sin embargo, frente al derecho de información, existen restricciones
explicitas, contenidas tanto en la Constitución y leyes secundarias, como
en algunos instrumentos internacionales que incluyen de manera
esquemática las siguientes cuestiones:
a) La moral pública. Especialmente la protección de grupos
vulnerables (niños y jóvenes)
b) La seguridad nacional
c) La defensa del Estado democrático.
d) El orden y la seguridad públicos.
e) La salud pública.
Por otra parte, las libertades que se contienen en el derecho a la
información pueden entrar en conflicto con el derecho a la intimidad o
vida privada, definido como “aquello que se considera más propio y oculto
del ser humano”, entendiéndose por propio y oculto la información que
mantiene para sí mismo.
Actualmente estamos ante una sociedad donde la informática se ha
convertido en el signo emblemático de la cultura actual, el control
electrónico de los documentos de identificación, el proceso informatizado
de datos fiscales, los procedimientos administrativos, el registro de
créditos, etc., llevan al individuo a ser incluido en un banco de datos en
donde se halla expuesto a una vigilancia continua e inadvertida que
afecta potencialmente incluso los aspectos más sensibles de su vida
privada.
En consecuencia si el derecho a la intimidad en la vida del ser
humano ha sido posible; el tratamiento y almacenamiento tecnológico de
sus datos también lo puede ser. Por ende, un derecho a la protección de
sus datos personales en pleno siglo XXI debe implicar el reconocimiento
16

de este último como derecho fundamental en textos de carácter
constitucional.
VII. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Es una garantía que surge como consecuencia de la necesidad de
proteger al individuo de un manejo inadecuado de la información, que dé
lugar a injerencias ilegales de su vida privada y como un elemento
esencial para el desarrollo de la persona en las sociedades democráticas.
Se entiende como: “la facultad del individuo de decidir quien, cuando y
bajo qué circunstancias utiliza sus datos personales, tanto en el sector
público como en el privado”.
A nivel internacional se configura la existencia del derecho humano
a la vida privada, por el cual “ninguna persona puede ser objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando
del derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o
ataques”. Lo anterior se establece en los siguientes instrumentos
internacionales de los que México es parte, y que por virtud del Art. 133
de la Carta Magna, constituyen ley suprema de la unión. Los Tratados en
cuestión son los siguientes:
a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos
b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
c) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre
d) La Convención Americana Sobre Derechos Humanos
17

e) La Convención Sobre los Derechos del Niño
En nuestro sistema jurídico el derecho a la vida privada,
denominada también intimidad por la doctrina, se encuentra contemplada
como un límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona y se
establece en el Art. 16 de la Constitución que señala: “nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y
motive la causa legal del procedimiento”. De lo anterior se observan dos
facetas principales del derecho a la intimidad: una que tutela la
inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones y de las relaciones
familiares, y otra que consagra el derecho del individuo a desarrollarse
libremente como tal.
Algunos estudiosos del tema entre los que cabe destacar a Pedro
Salazar Ugarte y Paula S. Vázquez Sánchez3
señalan al respecto que el
tema de los datos personales es particularmente delicado porque si el
legislador así lo determina, su protección puede rebasar al ámbito de las
autoridades y obligar también a los particulares que cuentan con bases
de datos personales de diversa naturaleza. Fundamentalmente
consideran lo siguiente:
De hecho, si observamos lo que establece la Constitución, no existe
una limitante para el “ámbito personal” de la regulación de la
materia por lo que es posible extender la protección también frente
3
Salazar Ugarte, Pedro y Vásquez Sánchez, Paula. “La reforma al artículo 6to de la Constitución Mexicana:
Contexto normativo y alcance interpretativo” en El Derecho de acceso a la información en la Constitución
Mexicana: Razones, significados y consecuencias. IFAI-UNAM México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie
doctrinas jurídicas, 2008, núm. 426, p. 57.

18

a los particulares. Una interpretación en este sentido –que podría
ser confirmada por una eventual reforma al artículo 16 de la
constitución cuya iniciativa ya está en curso– tendría efectos muy
positivos porque si lo que se quiere es proteger el llamado “derecho
a la intimidad” de las personas, entonces es importante que dicha
protección opere ante los poderes públicos, pero también ante los
poderes privados. De lo contrario, se tratará de una protección
insuficiente que dejará la protección relativa a la vida privada y a los
datos personales a disposición de entidades privadas que suelen
utilizarlas sin escrúpulos en aras de sus intereses (normalmente
comerciales).4
Por otra parte, los artículos 6° y 7° del mismo ordenamiento
establecen como limite a la manifestación de las ideas y a la libertad de
imprenta respectivamente, el ataque a los derechos de tercero y el
respeto a la vida privada, con ello la libertad de expresar o publicar
pensamientos encuentra una restricción cuando con ello se menoscabe a
la persona.
Asimismo, el ya señalado artículo 6° consagra el derecho a la
información, el cual deberá ser garantizado por el Estado, interpretándose
como el derecho del individuo a tener acceso a la información sobre sí
mismo, y que obra en bancos de datos y a que sus datos no sean
manejados indebidamente, es por ello que en nuestro marco jurídico
vigente existen diversas disposiciones que regulan las consecuencias de
los ataques o invasiones a la vida privada de las personas en el orden
administrativo, civil , penal y de responsabilidad patrimonial del Estado.
4
Ídem.
19

Actualmente se han reformado las Constituciones de los Estados a
efecto de estar conformes con lo dispuesto en la Constitución Federal,
específicamente en su artículo 6º, y se ha legislado tanto a nivel federal
como estatal una serie de leyes de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental que garantizan una verdadera
democracia participativa, además de los mecanismos de gobernabilidad
que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contempla como obligatorios.
VIII. CONCLUSIONES
Nuestro país en las últimas décadas ha sido objeto de
transformaciones que han dado origen a un rediseño institucional que
aunque imperfecto, contiene elementos esenciales para el
establecimiento de un sistema democrático moderno. Sin embargo, el
régimen jurídico de la información es una tarea pendiente a realizar ya
que a pesar de los debates de los que ha sido objeto permanece como
uno de los sectores más reacios a una reforma integral en la cual se
defina los sujetos informativos, sus prerrogativas, responsabilidades y
obligaciones. Como bien señala Sergio López-Ayllón: “El vacío jurídico
existente particularmente en las condiciones de cambio tecnológico, solo
fomentan la impresión de un caos y favorece los intereses creados.”
Es por ello que resulta imperativo estructurar de forma coherente al
régimen jurídico de la información y una formulación dogmática rigurosa
de las libertades en esta materia. Para lograr lo anterior se requiere de un
consenso político que incluya al Estado, los medios de comunicación, y la
sociedad civil, en el que se precisen los objetivos, la función, los medios y
20

las garantías de información tomando en cuenta los factores económicos
y las tecnologías de la información, así como la existencia de redes de
información a escala global.
Este consenso deberá traducirse en las medidas reglamentarias
correspondientes y en la creación de las instituciones apropiadas
encargadas de la aplicación y evolución del marco jurídico.
IX. FUENTES DE CONSULTA
A. Bibliográficas
ACKERMAN, John M., y SANDOVAL, Irma E., Leyes de acceso a la
información en el mundo. IFAI, México, 2005, Cuadernos de
Transparencia núm. 7.
AGUILAR RIVERA, José Antonio, Transparencia y democracia: claves
para un concierto, IFAI, México, 2006, Cuadernos de
Transparencia, núm. 10.
ALEXY, Robert, Teoría de los Derechos fundamentales, trad. de Ernesto
Garzón Valdez, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1977.
CARBONELL, Miguel, El régimen constitucional de la transparencia,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie ensayos
jurídicos, 2008, núm. 33.
CARBONELL, Miguel (coord.), Derecho a La Información y Derechos
Humanos: Estudios en homenaje al maestro Mario de la
Cueva, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2000.
LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio. El derecho de la información, México, McGraw
Hill-UNAM, 1977.
21

22
SALAZAR UGARTE, Pedro (coord.), El derecho al acceso de la
información en la Constitución Mexicana: Razones, significados y
consecuencias, IFAI-UNAM México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2008, serie doctrinas jurídicas, núm. 426.
B. Normativas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente,
última reforma publicada DOF al 10 de junio de 2011.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ consultada el 20 de Junio
del 2011.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
http://www.diputados.gob.mx/leyes/transparencia.html consultada el
10 de junio de 2011.
C. Electrónicas
CASTELLANOS, Mariano y ROSY, Laura, El Derecho a la Información en
México: una perspectiva ciudadana. http://portal.sre.gob.mx-
pcdh/libreria/libro9/20 consultada el 3 de mayo de 2011.
LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, El Derecho a la Información como derecho
fundamental. www.bibliojuridica.org-libros/1/7/5pdf consultada el 23
de mayo de 2011.
CARBONELL, Miguel, El Derecho de Acceso a la Información como
derecho fundamental. www.bibliojuridica.org-libros/5/2251/4pdf
consultada el 23 de mayo de 2011.

EL FIDECOMISO COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA DE
PENSIONES
SUMARIO: I. Introducción. II. Fideicomiso complementario.
III.Beneficios de los fideicomisos complementarios. IV. Objeto del contrato
de fideicomiso. V. Funcionamiento del fideicomiso complementario. VI.
Conclusiones. VII. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
El derecho a la seguridad social ocupa un lugar privilegiado en el
desarrollo de la sociedad actual porque tiene una naturaleza obligatoria,
integra, solidaria, redistributiva y subsidiaria.
A fin de poder cumplimentar esta función que originalmente tiene el
estado, se crearon diversos sistemas de pensiones tienen como
propósito que los trabajadores tengan, al momento del retiro, recursos
que les permitan alcanzar cierto nivel de estabilidad manteniendo el
estatus económico que se tiene cuando se está en activo.
El retiro puede darse por invalidez, vejez o cesantía en edad
avanzada. Los planes, generalmente, también protegen a los
dependientes económicos del trabajador en caso de que este muera.
En México, existen diversos sistemas de pensiones: públicos,
privados y de tipo ocupacional y personal. Los sistemas públicos son
ofrecidos por sistemas de seguridad social a nivel federal y estatal. Los
planes ocupacionales son ofrecidos por algunas empresas públicas y
23

EL FIDECOMISO COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA DE PENSIONES
privadas a sus trabajadores, y los personales son aquellos en que los
trabajadores se adhieren de manera voluntaria a través de algún
intermediario financiero.
Existe una gran variedad de planes de pensiones en cuanto a
beneficios, acceso, financiamiento y forma de administración. Los
principales planes, en términos de la población cubierta, son los
administrados por los sistemas de seguridad social a nivel federal, así
como privados por medio de instituciones financieras.
El déficit actuarial que presentan algunos sistemas de pensiones
constituye una deuda pública implícita creciente en el tiempo de los
gobiernos estatales y del Gobierno Federal. Además, la coexistencia de
múltiples sistemas con diferentes características trae como consecuencia
una pérdida de beneficios para aquellos trabajadores que durante su vida
laboral realizan actividades en diferentes sectores. (Portabilidad).
Por lo que debe adecuarse el marco regulatorio que delimita el
marco de acción de las afores, aseguradores de renta vitalicias,
principalmente en lo que respecta ala canalización de recursos a través
del sistema financiero al financiamiento de la inversión pública y privada.
II.FIDECOMISO COMPLEMENTARIO
Los sistemas de pensiones tienen como objetivo proteger el flujo de
ingresos de un trabajador y su familia. El flujo de ingresos presente o
futuro de una familia puede verse interrumpido por la materialización de
los siguientes riesgos: la edad avanzada, la cesantía en edad avanzada,
24

la muerte prematura y los accidentes y las enfermedades que causan la
invalidez o incapacidad de seguir trabajando.1
En el diseño de cualquier sistema de pensiones se consideran, desde la
perspectiva de un trabajador, dos etapas: una de acumulación y otra de
desacumulación. Durante la etapa de acumulación, el trabajador y/o el
empleador y/o el gobierno (en caso de planes públicos), realizan
contribuciones al sistema, generalmente, de acuerdo a un porcentaje del
salario. Durante la etapa de desacumulación, el trabajador o sus
beneficiarios reciben una pensión.
El objetivo de un plan de pensiones es que los miembros alcancen
cierta tasa de reemplazo, que se define como el porcentaje que
representa la pensión del último salario del trabajador.
La rápida transición demográfica y el aumento en expectativa de
vida, son sólo algunos de los elementos que han afectado la viabilidad
financiera de los tradicionales sistemas del seguro social. Estas son una
de las principales razones de que muchos de los regímenes de los
seguros sociales dependan de grandes subsidios gubernamentales, a los
cuales contribuimos todos para la insuficiencia de las cuotas y
aportaciones, debido, entre otras razones, principalmente a la jubilación
en edad temprana de las personas beneficiarias de esta prestación.2
A fin de cumplir con el objetivo de que se obtenga una pensión
decorosa, nos encontramos que en diversas partes de nuestro país se ha
recurrido a la figura del Fideicomiso, en sus diversas acepciones, ya que
1
Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, Los sistemas de pensiones de los universidades públicas en México, Porrúa,
México, 2005.
2
Gustman, Alan L. y Thomas L. Steinmeier, ”Imperfect knowledge of social security and pensions” en Industrial
Relations, abril de 2005, vol. 44 No. 2 pp. 373 y sigs. Citado por Izar Landeta, Juan Manuel “Los Retos del Retiro”.
25

es una figura jurídica que permite su aplicación en muy diversas
circunstancias, tenemos que los hay respondiendo por la totalidad de las
prestaciones de seguridad Social, otros solo son instrumentos de
inversión para los trabajadores y patrones, para que una vez que se llega
el momento de pensionar o jubilar a un trabajador, se le ordena al
fideicomiso contrate una seguro de renta vitalicia para cubrir la
prestación.
Otro de los fideicomisos es el complementario, se parte de la base
de que los trabajadores ya tiene un sistema de seguridad social el que
cubre las prestaciones de servicios médicos, pensiones de invalidez y
cesantía y vejez, así como las jubilaciones, el objetivo de este fideicomiso
es solo el de complementar la pensión que el sistema regular otorga,
constituyendo la pensión en dos partes la que paga la institución oficial y
la que cubre el fideicomiso.
Vemos que en la práctica este sistema ha tenido éxito, porque viene
a resolver un viejo vicio tanto de los patrones como de los trabajadores,
de no manifestar a los sistemas pensionarios las percepciones que
devengan realmente, es común que la inscripción en el sistema
pensionario sea por una cantidad menor a la que realmente percibe como
pago a la prestación de sus servicios, nos encontramos que en el caso de
los patrones privados hay prestaciones que no están incluidas en la cuota
que se paga al Seguro Social, en el caso de la Federación, Estado,
Municipio, patrón, ISSSTE, Pensiones Estatales , Pensiones
Municipales, creando un estado de injusticia para los trabajadores ya que,
al pretender retirarse, pensionarse, jubilarse, solo lo podrán hacer con el
monto de lo cotizado, afirmamos que es un problema de los trabajadores
26

también, ya que ellos son cómplices de esta argucia, porque como esas
prestaciones no cotizaron en el sistema tampoco pagaron impuestos .
Desde el punto de vista de las instituciones que pensionan, estas
están en lo correcto al otorgar la pensión solo por lo cotizado, es aquí
donde se genera el problema que ha sido motivo de juicios laborales, con
muy diversas resoluciones, de acuerdo en cada caso concreto. Decimos
que es una complicidad ya que ambos disfrutaron de ventajas, el patrón
no pago los impuestos ni las cargas de la seguridad social de manera
correcta, el trabajador recibió integro su salario sin el descuento de
impuestos y cuotas de seguridad social.
El sistema de pensiones derivado de los fideicomisos pensionarios,
se caracteriza por ser un sistema abierto, esto quiere decir que los
fideicomisarios entran y salen del contrato de fideicomiso, esta situación
hace especial en cuanto a la planeación del fideicomiso, ya que las
antigüedades, edades, salarios siempre están cambiando. En la
normalidad los fideicomitentes tienen un número determinado de
fideicomisarios así como los beneficios que se les cubren.
II. BENEFICIOS DE LOS FIDEICOMISOS COMPLEMENTARIOS
Las principales razones para constituir un Fideicomiso
complementario, se derivan de la negativa de las instituciones de
seguridad social de asumir los costos de las pensiones en los montos
totales de salario, aun cuando los trabajadores y en su caso los patrones
quisieran pagar los capitales constitutivos, situación que motiva a buscar
una forma para poder obtener una pensión decorosa de acuerdo con el
nivel de vida que se tiene generado por el ingreso del trabajador, antes
27

esta realidad consideró que la forma adecuada para poder garantizar el
pago de las diferencias de las pensiones es el Fidecomiso
complementario, que reúne las siguientes características mismas que se
derivan de la naturaleza jurídica del mismo, siendo las siguientes:
Seguridad Jurídica: Esto se genera debido a que el fiduciario es un
administrador de bienes, el cual es ajeno a la relación jurídica de las
partes y es imparcial, por lo que custodia el patrimonio sin tener interés
alguno, vigilando que el destino de los recursos sea aplicado a los fines
para los que se constituyó el contrato.
Perpetuidad: El Fideicomiso es un contrato que se constituye hasta el
total cumplimiento de sus fines, por lo que no importa lo que suceda
durante el tiempo, el contrato sigue siendo administrado y respaldado por
la Institución de Crédito, independientemente de las personas que hayan
intervenido en su constitución.
Irrevocabilidad: Una vez constituido el contrato éste no podrá ser
revocado por cualquier causa, si no por las que señala el artículo 392 de
la ley de Títulos Y Operaciones de Crédito.
Custodia: El Fiduciario como consecuencia de la recepción de los
recursos en Fideicomiso crea un Fondo propio que queda fuera del
Patrimonio de cada una de las partes, dejándolo a salvo de cualquier
embargo, reclamación, etc. Dado que esos recursos pasan a ser
propiedad fiduciaria de la Institución; Esto quiere decir que quedan
custodiados y administrados por la Institución de Crédito.
Vigilancia: El Fiduciario siempre que recibe una instrucción del comité
técnico verifica que la solicitud de los recursos esté íntegramente
relacionada a los fines del contrato, por lo que si los recursos son
28

requeridos con otros fines o no existe justificación, El Fiduciario rechazara
la entrega de los mismos.
Estados de Cuenta Formales: Como consecuencia de la que la
Institución de Crédito es Fiduciario, los documentos que este emite en
calidad de estados de cuenta, son documentos con validez, mismos que
respaldan los movimientos que en el contrato se pactaron y que pueden
ser revisados por cada uno de los trabajadores, con la confianza de que
el Fiduciario tendrá todos los fundamentos para justificar los movimientos
que ahí se muestran.
Administración: El Fiduciario cuenta con un sistema operativo que le
permite llevar registros individuales y disponibles para consulta, así
mismo podrá emitir estados de cuenta con la periodicidad que se le
señale, el personal capacitado, por lo que los costos de operación
disminuyen.
Inversión: Los recursos patrimonio del Fideicomiso, serán invertidos
siempre en instrumentos de renta fija, es decir que no ofrezcan ningún
riesgo a la inversión del cliente, esto por disposición de la ley. (Artículo
391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito “La Institución
Fiduciaria deberá obrar siempre como buen padre de familia, siendo
responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su
culpa)
IV. OBJETO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
Como consecuencia de la relación contractual de trabajo, en la que
no se ha cubierto de manera total el pago de las cuotas para pensionarse
los trabajadores con la totalidad del salarios que están devengando, es
necesario a fin de que el monto de la pensión a recibir sea por la
29

cantidad total que devenga el trabajador al momento de pensionarse
previendo además la actualización de las pensiones de acuerdo a las
reglas que se pacten, que en la mayoría de los casos son aplicados los
aumentos de los trabajadores activos, lo que se conoce como la pensión
dinámica, al ser una omisión en la que ya con anterioridad señalamos de
responsabilidad compartida, se busca por medio de la celebración del
contrato de fideicomiso, a fin de subsanarla, siendo esta situación el
principal objeto de dicho contrato, en virtud de que el mismo cumple con
los requisitos de ley, ya que es física y jurídicamente posible, este objeto
participa de una naturaleza mixta, de derecho privado en cuanto al
régimen mercantil del fideicomiso3
, en el cual los principios de autonomía
de la voluntad, del derecho privado prevalecen, en la constitución y
funcionamiento así como su terminación del mismo, y el contenido del
objeto dentro del derecho social por atender la necesidad de obtener una
pensión decorosa.
La finalidad social que atiende esta figura, al procurar el desarrollo
de manera decorosa el grupo de personas que concluyeron su ciclo de
vida activa productiva es de justicia y equidad, lograr la seguridad social
de manera completa y decorosa, utilizando las figuras jurídicas existentes
para obtener como fin último el bien común, la Justicia social, la equidad,
proteger el bienestar de la familia con dignidad en la vejez, generando un
sano desarrollo, la etapa final del ser humano.
Producir la estabilidad social, dentro de los principios de la
seguridad Jurídica, para lograr la armonía social, este es el más
importante de los objetivos del fideicomiso, ya que si aseguramos que en
3
Dávalos Mejía, L. Carlos Felipe Títulos y operaciones de crédito, editorial, Oxford, Tercera Edición, México. pp.
595 y sigs.
30

la vejez las personas tendrán los recursos suficientes para poder vivir,
llevara al seno de la familia la seguridad y posibilidad de convivencia sin
sobresaltos económicos.
En lo especifico, se busca como objeto del fideicomiso
complementario que los trabajadores reciban el pago proporcional a fin
de integrar una pensión igual al salario integrado que están percibiendo
en activo, ya el que sistema normal al cual está afiliado pagara la pensión
correspondiente al salario registrado, además el monto de la pensión será
dinámica, actualizándose cada año según sean los aumento salariales,
por Ley o bien por contrato, lo que garantizará a los trabajadores un
ingreso adecuado a las circunstancias, ya que el monto de la pensión no
quedará fijo.
V. FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO COMPLEMENTARIO
El Fiduciario recibirá las aportaciones que efectúen los
Fideicomitentes y las invierta en los términos establecidos en el contrato,
así mismo tomará en cuenta las instrucciones del Comité técnico
El Fiduciario, invertirá el patrimonio fideicomitido en valores de renta
fija de mayor rendimiento y seguridad y que permitan a su vez la liquidez
necesaria para cumplir los fines del Fideicomiso, de acuerdo a las
instrucciones que reciba del Comité Técnico que se constituye, en la
inteligencia de que en caso de no recibirlas, el Fiduciario estará facultado
para invertir en los plazos que libremente determine, pero en los términos
arriba señalados.
El Fiduciario por instrucciones del Comité Técnico, entregue
mensualmente a los miembros que en las propias instrucciones se le
31

indique y que se hubieren pensionado o jubilado, las cantidades que el
propio Comité le señale y que sean necesarias para cumplimentar la
diferencia entre la percepción, por esos conceptos y el sueldo integrado
de debieran recibir como si estuvieran en servicio activo.
Que el Fiduciario en caso de verificarse alguna de las causas, y los
que señala la Ley para la extinción del presente Fideicomiso, entregue a
los fideicomitentes, el total del saldo del patrimonio fideicomitido, para su
aplicación al cumplimiento de las finalidades del mismo.
Así al considerarse como servicio Bancario por medio del cual una
persona denominada fideicomitente, destina ciertos bienes o derechos a
un fin lícito determinado, encomendando la realización de este fin a una
Institución fiduciaria.4
Se denomina fideicomisario a la o a las personas señaladas para
recibir el provecho que este fin implica.
Este se formaliza mediante un contrato irrevocable
Fideicomitente.-
Es la persona física o moral que teniendo la capacidad legal afecta
la propiedad o titularidad de ciertos bienes o derechos al fiduciario para
constituir el fideicomiso, a fin de que se realicen con ellos los fines para lo
que éste se constituye.5
En el fideicomiso complementario asume el papel más importante,
ya que además de ser uno de los fideicomitentes, es también el
fideicomisario, ya que es el beneficiario en el fideicomiso.
4
Acosta Romero, Miguel, y Almazán Alaniz, Pablo Roberto, Tratado teórico práctico de fidecomiso, Editorial
Porrúa, México 1997, pp. 221 y sigs.
5
De Pina, Rafael, Diccionario de derecho, 11ª. Edición. Editorial Porrúa, Mexico.1976, p.220.
32

Los que hacen las aportaciones, son a la vez beneficiarios, el patrón
también aporta, pero él no recibe el beneficio.
Los fideicomisarios.
Es la persona o personas que reciben los beneficios derivados de
los fines del fideicomiso.
Lo anterior se refiere a los fidecomisos en general, analizando el
que nos ocupa, fideicomiso complementario, como se señaló
anteriormente, este tiene la particularidad de que los sujetos
fideicomitentes y fideicomisarias asumen diversas modalidades, ya que
en resumen viene a ser la misma persona, porque las aportaciones son a
cargo también de los trabajadores quienes en un momento cuando llegan
a tener el derecho para jubilarse se convierten de fideicomitentes a
fideicomisarios.6
Los fideicomitentes serán el patrón y los trabajadores, quienes se
obligaran aportar las cuotas, y una vez llegado el momento, de acuerdo
con la ley del IMSS, Pensiones Civiles Estatales, Municipales, en el caso
de laborar para una entidad federativa o municipio, o bien en caso de la
federación el ISSSTE, que en el pacto del fideicomiso se establece que
se sujetaran a las reglas de estas instituciones de seguridad social.
Las reglas para poder ser fideicomisarios dependen del derecho
para pensionarse o jubilarse, una vez que se haya dado cumplimiento a
los requisitos que las diversas legislaciones señalan, se analizará las
reglas que se pactaron para poder tener derecho a el pago
complementario, dependiendo de la cantidad cotizada y el tiempo de
aportación.
6
Batiza Rodolfo, Luján Marcial. El Fidecomiso teoría y práctica, Editorial Porrúa, Universidad Panamericana,
México 2009, pp.346 y sigs.
33

Al ser un fideicomiso complementario este está sujeto a un
supuesto principal, que el fideicomitente este en un sistema de seguridad
social inscrito, y que de acuerdo a este sistema tenga derecho a una
pensión o jubilación y a las reglas del propio fideicomiso, ya que deberá
cotizar en el fideicomiso por lo menos 15 años para tener derecho a la
pensión , términos de la ley que regule la institución de seguridad social a
la que está inscrito, así puede ser que ante esta perciba un 100% de
pensión registrada y por parte del fidecomiso un 50% si solo cotizó la
mitad del tiempo, esto porque si la constitución del fideicomiso es
posterior, se tomarán en cuenta solo a los miembros fundadores del
mismo, porque sus edades y antigüedades están consideradas en el
momento de constitución y contempladas en el fondo de jubilación, pero
los de posterior ingreso deberán cotizar por el plazo pactado.
En el Estado de Chihuahua la institución que tiene los mayores
problemas por las pensiones y jubilaciones es el Gobierno del Estado de
Chihuahua, en los tres poderes así como los organismos públicos
descentralizados, incluyendo la Universidad Autónoma de Chihuahua, los
trabajadores a los que se les debería otorgar el servicio de pensiones no
lo hace si no que los contrató bajo el esquema de contratos temporales,
encontrándonos con trabajadores que tiene antigüedades de 15 años, sin
posibilidad de poder pensionarse o jubilarse según sea el caso, tiene un
gran número bajo contrato, por no encontrarse registrados en el sistema
de seguridad social, denominado Pensiones Civiles del Estado, otros solo
cotizan por un salario tabulado que asciende a la 3ª. parte de lo que
realmente reciben como contraprestación de su trabajo, la diferencia del
ingreso se conoce como la compensación, lógicamente, está fuera de
todo contexto legal ya que sobre ella no se paga impuestos de ninguna
34

clase, ni es base para aportar al fondo de pensiones, ni al servicio
médico, violentando los principios de estabilidad de la Institución
Pensionaria, ya que el servicio médico tiene como base la universalidad,
porque todos tienen derecho al mismo servicio médico, en consecuencia
los costos, son los mismos sin hacer distinción de la aportación por parte
de los trabajadores, así, si el que más percibe aportara con el mismo
porcentaje, los ingresos de la institución aumentarían, generando más
recurso, en cuanto a las pensiones, al tener registrados a los trabajadores
con un salario, y pagarles otro más alto, es una situación cómoda para el
trabajador, ya que no paga impuestos, no paga el porcentaje de
seguridad social, siendo esta una conducta ilícita por parte del patrón y
trabajador.
La institución de seguridad social solo podrá responder por la
cantidad con la que se cotizo, cuando el trabajador solicita su pensión por
haber cumplido el plazo señalado (30 años los hombres, 29 las mujeres),
o bien en los supuesto de llegar a la edad prevista en la ley, solo tendrá
derecho a recibir de la institución que lo tiene registrado el monto de la
pensión correspondiente de acuerdo a lo que ha cotizado, más las
compensaciones quedan fuera del monto de la pensión, la consecuencia
es para todos los trabajadores y los patrones ya que existen demandas
laborales exigiendo el pago de los salarios completos, como
anteriormente se señaló, la complicidad entre el patrón y el trabajador
generó este problema, desde el punto de vista del derecho laboral el
patrón deberá cumplir con el pago omitido, por el tutelaje de las leyes
laborales a los trabajadores, pero dentro del derecho privado, en este
caso la rama mercantil, se estará a lo pactado en los contratos de
fideicomiso, solo los que aportaron tendrán derecho al pago.
35

VI. CONCLUSIONES
En conclusión, los sistemas pensionarios tradicionales basados en
la seguridad social, han sido rebasados, ya sea por el crecimiento de las
personas acreedoras, puesto que el avance de la medicina ha generado
mayor permanencia, la mala administración ya que, ni se sujetan al
principio de la solidaridad social, la base del triángulo sostiene a la
cúspide formando cuentas generales, y el sistema de cuenta individual
tampoco se cumple ya que en ambos sistemas se omite pagar la
contribución de las pensiones con los salarios reales, de común acuerdo
trabajadores y patrones, llegado el momento la pensión solo será por la
cantidad que se haya cotizado, con sus limitantes, la propuesta de crear
una institución basada en el derecho mercantil, como lo es el Fideicomiso
tiene su sustento legal, social, en el acuerdo de las partes de buscar un
ingreso decoroso, con aportaciones administradas por la fiduciaria, tal vez
sea oneroso para ambas partes pero el resultado es satisfactorio.
36

VII. BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA ROMERO Miguel, ALMAZÁN ALANIZ, Pablo Roberto, Tratado
teórico práctico de fidecomiso, Editorial Porrúa, México 1997
BATIZA RODOLFO, Marcial Luján. El Fidecomiso teoría y práctica,
Editorial Porrúa, Universidad Panamericana, México 2009
DÁVALOS MEJÍA, L. Carlos Felipe Títulos y operaciones de crédito,
Editorial, Oxford, Tercera Edición, México.
DE PINA, Rafael, Diccionario de derecho, 11ª. Edición. Editorial Porrúa,
Mexico.1976
IZAR LANDETA, Juan Manuel “Los retos del retiro”
RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, Los sistemas de pensiones de las
universidades públicas en México
37

38

EL ESTUDIO DEL DERECHO FISCAL A PARTIR DE
NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Alicia RAMOS FLORES
SUMARIO: I. Nota introductoria. II El estudio del Derecho Fiscal. III.
Bibliografía.
I. NOTA INTRODUCTORIA
El conocimiento jurídico al igual que todo el conocimiento humano
no es algo estático, sino dinámico que constantemente va evolucionando
en la medida de que el ser humano va comprendiendo mejor su realidad
y es indudable que uno de los factores que actualmente tienen más
incidencia en el acelerado avance de la ciencia es la creciente
globalización la cual como bien lo dice OfriedHöffen1
va mucho más allá
del ámbito de la economía y las finanzas, y más complejo resulta cuando
traspasa no solo fronteras nacionales sino también socioculturales, y en
ese sentido es importante analizar cómo impacta en cuanto al avance en
los métodos y técnicas de la investigación jurídica y sus nexos con la
enseñanza del derecho, en éste orden de ideas el derecho como ciencia
social en un carácter universal tiene por objeto el regular los diversos
1
HöffeOtfried, Derecho intercultural, Editorial Gedisa, S.A., Barcelona España, 2008.
39

EL ESTUDIO DEL DERECHO FISCAL A PARTIR DENUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA
ordenes de convivencia humana, y resultan distintas las bases que
pueden tener un valor pragmático, para alcanzar este objetivo si
entendemos que debemos que son distintas las premisas europeas a las
que el orden social de nuestra cultura es más comprensible a las de un
etnocentrismo distinto a esa moral jurídica de influencia europea ya que
este elemento del orden social que se compone inseparablemente de
usos, costumbres y religión se direcciona hacia el ámbito político y militar
de una sociedad determinada, de ahí que en ese ámbito el tema de los
derechos humanos resulta como un tercer componente trascendente en
la formación de una teoría de un derecho intercultural.
En ese orden de ideas el Derecho Mexicano cuyo origen se
encuentra definitivamente ligado a la época colonial y por tanto a
premisas del Derecho Europeo, hasta la fecha ha evolucionado también
en el ámbito de los métodos y técnicas de investigación jurídica bajo ese
parámetro, de tal suerte que todavía en la actualidad una herramienta de
interpretación es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, sin embargo
es a partir de 1968 que el Derecho se analiza ya a la luz de otras ópticas,
como es la Teoría General de los Sistemas y el derecho fiscal como parte
de un sistema económico y como parte de éste sistema general del
derecho es que también debe ser estudiado a través de una nueva visión.
II. EL ESTUDIO DEL DERECHO FISCAL
A PARTIR DE NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS
DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA.
Inicialmente se analizará la actividad financiera del Estado en un
sistema económico social democrático, republicano compuesto por tres
40

Alicia RAMOS FLORES
órdenes de gobierno, en base a los principios que regulan el derecho
financiero en sus tres actividades que son la obtención, administración y
erogación del gasto público y que conforman el derecho fiscal, el derecho
patrimonial y el derecho presupuestario.
A. El sistema financiero en el estado mexicano
El Estado tiene que aplicar una serie de políticas encaminadas al
bienestar social, sustentadas en la regulación de los sistemas sociales,
para que estos sirvan como medios eficaces para elevar el nivel de vida
de sus ciudadanos, buscar una mejor distribución de la riqueza y permitir
la educación, la seguridad pública, la salud, el trabajo, la recreación, la
cultura, el deporte para mejorar las condiciones de vida del ser humano,
eliminando desigualdades y en este contexto tenemos que el derecho
fiscal forma parte de un sistema económico social, donde el Estado
utiliza los recursos de que dispone una sociedad determinada para
asegurar el cumplimiento de sus fines, de conformidad a un conjunto de
reglas y principios establecidos, así como las formas organizadas con
que cuenta la sociedad para responder a sus retos, por lo que como
puede apreciarse el derecho fiscal dentro de ese esquema, por un lado
requiere de la captación de recursos y por otra parte, regular el gasto de
esos recursos y en el primer plano encontramos el derecho fiscal y en el
segundo el derecho presupuestal como parte del sistema económico del
Estado.
A partir de este punto tenemos que están los sistemas Jurídicos
como conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos,
41

procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un
lugar y tiempo determinado.2
La palabra systema deriva del griego que significa reunir por lo que
cada sociedad en relación a los problemas de su tiempo y en función de
sus necesidades ha desarrollado un Sistema Jurídico, ya que en forma
general la palabra sistema significa conjunto de reglas o principios sobre
una materia, enlazados entre sí,3
por lo que cada Estado ha desarrollado
su sistema jurídico económico conforme a sus ideales políticos, sociales y
económicos y los ha instituido con una marcada interacción de los
diversos sistemas que a lo largo de la historia los han influido, de tal
forma que cualquier sistema jurídico contemporáneo que se analice se
verá siempre conformado con contenidos de otros sistemas, mediante la
adopción voluntaria de elementos teóricos y prácticos.
Cabe señalar que si bien es cierto desde la antigüedad el ser
humano ha establecido de acuerdo con su forma de gobierno, economía,
e incluso religión, sistemas jurídicos, que evidentemente se pueden
clasificar desde el punto de vista ideológico que los nutre, así pues
tenemos el derecho anglosajón, los sistemas socialistas, el derecho
musulmán, o como en nuestro país que es un sistema de derecho
democrático, republicano, con una acentuada herencia del derecho
romano y francés,4
aunque por otra parte también es importante destacar
2
González González, Manuel B. Sistemas jurídicos contemporáneos, Ediciones del Azar, A.C. Chihuahua, México,
2004. pp. 18 -19.
3
Sirvent Gutiérrez, Consuelo y Villanueva Colin, Margarita. Sistemas jurídicos contemporáneos, Editorial Oxford
University Press Harla, México 1996. p. 4
4
González González, Manuel B. Sistemas jurídicos contemporáneos, Ediciones del Azar, A.C. Chihuahua, México,
2004.
42

Alicia RAMOS FLORES
que debido al gran avance de la tecnología y de los sistemas de
comunicación, se ha globalizado el conocimiento, además de la
economía y de las interrelaciones humanas desarrollándose una
comunidad global en donde encontraremos el manejo de elementos tales
como la imposición de modelos fiscales en una marcada competencia de
ámbitos no únicamente nacionales sino también regionales, generándose
de esta manera no solo un conocimiento intercultural, sino también un
derecho intercultural5
como es el caso de la comunidad europea, por tal
razón hoy en día se hace todavía más importante el estudio del derecho
fiscal sin perder de vista estos procesos de globalización de nuestros
días.
El derecho fiscal como parte de un sistema económico también
debe ser estudiado a través de una nueva visión integral y para tal efecto
es conveniente apoyarse en el análisis de sistemas, que como ciencia es
una disciplina reciente y más en el campo del Derecho ya que la primera
obra en su género es la Teoría General de Sistema editada en 1968 por
Ludwig Von Bertalanffy6
, que introduce este nuevo concepto mismo que
es aplicado en diversos campos de la ciencia, del cual no podía estar
exento el Derecho, ya que por sistema se entiende el todo que se
conforma con cada uno de sus elementos, sus interacciones, las
influencias que tienen entre si y sus consecuentes modificaciones, para la
obtención de un resultado, ya que el todo no es más que la suma de
todas las partes, por lo que el estudio, análisis y comprensión de estos
tiene la finalidad que ese producto llamado toma de decisiones, sea el
5
HôffeOtfried, Derecho intercultural, Editorial Gedisa, S. A., Barcelona (España), 2008.
6
Véase Ludwig, Von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas México F.C.E. 1991
43

más eficiente y eficaz, como tal cada sistema tiene uno o varios
propósitos u objetivos, en el caso del Sistema Económico del Estado, es
la regulación de su actividad económica por tal razón, en el presente libro
desarrollaremos los temas partiendo desde ese punto de análisis e
iniciaremos por ver los cimientos que conforman todo ese sistema
económico, en nuestro país, a partir de que es un Estado democrático,
federal constituido como una República representativa en el cual uno de
sus fines esenciales es la observancia y protección de los derechos
humanos, por tal razón nuestro derecho fiscal se guía por los principios
de legalidad, proporcionalidad y equidad, aunque cabe señalar que
analizado desde este punto de vista nuestro sistema fiscal para algunos
autores resulta desarticulado y requiere de una profunda reforma, ya que
como acertadamente lo señala el Dr. Luis Ponce de León Armenta, el
desarrollo integral sustentable de México incluye entre sus rubros
fundamentales el desarrollo económico, industrial, comercial y financiero
y sobre todo el de la economía familiar el cual debe darse mediante una
estrategia participativa de todos y para todos los mexicanos con el fin de
lograr una economía fuerte que genere el desarrollo que se requiere para
que la calidad de vida sea una realidad, y el desarrollo económico se
vincula estrechamente con la necesidad de una planeación que aborde
en forma complementada el desarrollo fiscal, rural, ecológico y urbano 7
y
dentro de este contexto, este autor incluso propone la elaboración de un
nuevo modelo del Derecho y del Estado como instrumento científico para
resolver los problemas de la convivencia, a través del denominado
modelo trans-universal del Derecho y del Estado a partir de la
7
Ponce de León Armenta, Luis, Nuevo pacto nacional, Editorial Porrúa, México D. F. 2005. p. 285
44

Alicia RAMOS FLORES
investigación científica del derecho, de la política, de la economía y
demás ciencias sociales para la creación de nuevos contenidos
funcionales y científicos congruentes con la verdad, la justicia y demás
valores humanos, ya que los existentes señala este autor por lo general
están limitados en el subjetivismo, en el liberalismo, el individualismo y en
visiones parciales de la realidad, provocando en consecuencia políticas
deficientes y la insatisfacción de las necesidades de justicia, seguridad y
autorrealización entre otras.8
B. Su realización
Esta se realiza a través de la conjunción del Derecho Fiscal o
Tributario, el Derecho Patrimonial y el Derecho Presupuestario. Estas tres
ramas conforman el Derecho Financiero.
El Derecho Fiscal aporta los medios económicos para sufragar los
gastos públicos.
El Derecho Patrimonial contribuye con el producto de la explotación
y regulación de los recursos patrimoniales del Estado.
El Derecho Presupuestario hace la derrama de lo recaudado en las
diferentes actividades económicas, políticas y sociales según la
planeación nacional que hace la administración que plasma anualmente
en el documento denominado Presupuesto de Egresos.
Las tres anteriores ramas del derecho integran el Derecho
Financiero Mexicano.
C. Definiciones de Derecho Financiero y Derecho Fiscal
8
Ponce de León Armenta, Luis, Modelo trans-universal del derecho y el estado, Editorial Porrúa, México D.F.
2006. p. XXXIV
45

El Derecho Financiero es el conjunto de normas jurídicas que
regulan la actividad del Estado en tres momentos: la obtención de
tributos, el cuidado y explotación de sus bienes patrimoniales y la
erogación de recursos monetarios para los gastos públicos.
El Derecho Fiscal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la
relación estado-contribuyente respecto al nacimiento, determinación,
cobro y litigio de las contribuciones.
Estas definiciones encuadran en el concepto tradicional de
interpretación del Derecho y del Estado, y que tiene su referencia en las
teorías de Hans Kelsen y su doctrina positivista sin embargo hoy en día
esta construcción doctrinal está en revisión a partir de la realidad actual,
ya que mucho ha cambiado la realidad social de la época en que se
formuló esta teoría a la actual en la que encontramos diferentes
condiciones sociales, económicas y políticas y un mundo más
globalizado. De ahí la construcción de nuevos conceptos de derecho,
como es el caso de la definición que propone el Dr. Luis Ponce de León
Armenta, quien lo define como la ciencia que se manifiesta como un
sistema de valores, de principios, doctrinas, legislación, jurisprudencia,
resoluciones jurisdiccionales y convenios que tienen por objeto regir y
armonizar las relaciones humanas e institucionales y su entorno natural
con el fin de realizar la justicia y la seguridad jurídica y dentro de esa
definición el Derecho Financiero es el que rige, regula y armoniza las
relaciones humanas e institucionales y su entorno natural con motivo de
las finanzas públicas y privadas, el mercado de valores y de dinero y la
aplicación de recursos financieros en el marco de la justicia y la seguridad
jurídica, en tanto que el Derecho Fiscal, es el que rige y armoniza las
relaciones humanas y su entorno natural cuando se generan con motivo
46

Alicia RAMOS FLORES
de la contribución equitativa y proporcional del gobernado con el gasto
público de la organización política en el marco de la justicia y la seguridad
jurídica.9
Como podemos observar estamos en presencia de un sistema
financiero que se compone de dos conjuntos de normas, sobre las cuales
desarrollaremos las diferentes teorías del conocimiento jurídico que las
construye, ya que el alumno deberá comprender que cuando se habla de
normas no solo estamos hablando del derecho positivo, sino también los
conceptos jurídicos fundamentales que las nutren, su contexto histórico
social y la realidad a la cual aspira la comunidad, es decir el reflejo de las
políticas económico sociales del Estado.10
9
Ponce de León Armenta, Luis, Modelo trans-universal del derecho y el estado, Editorial Porrúa, México D.F.
2006. p. 8-9.
10
Muñoz Rocha, Carlos I., Teoría del derecho, Editorial Oxford university press, México, 2006.
47

48
III. BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel B. Sistemas jurídicos contemporáneos,
Ediciones del Azar, A.C. Chihuahua, México, 2004.
HÖFFE, Otfried, Derecho intercultural, Editorial Gedisa, S.A., Barcelona
España, 2008.
VON BERTALANFFY, Ludwig, Teoría general de los sistemas, México
F.C.E. 1991.
MUÑOZ ROCHA, Carlos I., Teoría del derecho, Editorial Oxford university
press, México, 2006.
PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, Nuevo pacto nacional, editorial
Porrúa, México D. F. 2005.
PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, Modelo trans-universal del derecho y
el estado, Editorial Porrúa, México D.F. 2006.
SIRVENT GUTIÉRREZ, Consuelo y VILLANUEVA COLIN, Margarita.
Sistemas jurídicos contemporáneos, Editorial Oxford University
Press Harla, México 1996.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CÉLULAS MADRE
“Las cosas que antes estaban en manos de dios y de la naturaleza,
pasan cada vez más a manos de los hombres. Dios nos daba los
hijos y se llevaba nuestros abuelos. Hoy tenemos que decidir sobre
cuándo, cómo, con quién, de qué sexo queremos nuestros hijos y
cuándo desconectamos nuestros abuelos”
Anónimo.
I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CÉLULAS MADRE
En la turbulenta sociedad de riesgo en que vivimos, jalonada por el
desarrollo científico y tecnológico que se ha venido incrementando a
partir de la segunda mitad del siglo próximo-pasado, tiempo en el que sin
duda la tecnociencia ha corrido cada vez más las fronteras del
conocimiento acerca del mundo y del hombre. Dicho conocimiento en
sana lógica a lo que tiende es a mejorar la calidad de vida de la
humanidad y por lo mismo a asegurar su supervivencia. En contrapartida,
también los saberes histórico-hermenéuticos, propios de las ciencias
humanas deben de correr las mojoneras que parcelan, el concepto de
persona y de sociedad deseables.
No nos cabe duda sobre el poder del conocimiento, del cual nos
advirtió suficientemente Francis Bacon desde 1620 y luego Descartes, en
1637. “El saber es la medida del poder”, decía Bacon. Dicha advertencia
se concretó progresivamente en la industrialización del siglo XIX y se ha
49

desarrollado a sus anchas con el advenimiento de las grandes
tecnologías jalonadas por la física atómica y del estado sólido, la biología
molecular, la informática y las telecomunicaciones. Estas tres áreas
tecnológicas se combinan estratégicamente y dan lugar a un espectro
muy amplio de mediaciones tecnocientíficas que permean los orificios de
la actividad humana en la sociedad del conocimiento.1
El conocimiento
científico-tecnológico ya se está configurando como la matriz de una
nueva sociedad que será la predominante en el tercer milenio. Su fuerza
radica en el hallazgo sorprendente -¡aunque antiquísimo!- del
conocimiento como fuente de riqueza, al cual se le han adherido en
matrimonio indisoluble el capital internacional y las ansias de poder
político.
Nuestro siglo estará marcado por el desarrollo incontenible y veloz
de esa tecnociencia. Sin embargo, no está exenta de eventuales
desvíos, en particular por no existir identidad universal respecto a
lopermisible y lo vedado moralmente. La falta de esa identidad ha
generado serios desencuentros entre científicos y humanistas.
Afortunadamente, un prestigiado médico oncólogo de los Estados
Unidos de América, de nombre Van Rensselaer Potter2
, tuvo la intuición
de crear un puente de unión entre las ciencias y las humanidades para
salirle al paso a los riesgos que corre todo tipo de vida en la faz de la
tierra, incluyendo al hombre, riesgos que se presentan cuando el ser
humano accede a un conocimiento tan profundo acerca del misterio de la
vida que le permite intervenirla, poniendo entre paréntesis los
1
Quintanilla, M. A., Tecnología, un enfoque filosófico, Madrid, 1988.
2
Potter, Van Reensselaer, Bioethics: bridge to the future, 1971
50

miramientos éticos. A este neologismo creado por Potter, y que sirvió
para unir las ciencias con las humanidades, en un constructo nuevo que
él llama bioética y que servirá para garantizarnos la supervivencia futura.
Desde que Prometeo robó el fuego a los dioses para dárselo a los
hombres, esa osadía ha venido repitiéndose de modo tal que, mientras
nos ilumina generosamente el camino vital, simultáneamente va
quemando nuestras manos, con la antorcha de la tecnociencia. Ya el
hombre se llena de tanta capacidad para resolver sus necesidades, que
prescinde de los dioses y alcanza su propio perfeccionamiento.
La suerte de la sociedad del tercer milenio, dependerá
fundamentalmente de la forma en que se construya el conocimiento
desde el punto de vista de la ética, lo que significa, el gran reto y
compromiso que tienen los constructores del conocimiento científico y
tecnológico con el tejido social que es precisamente el que da lugar a la
tecnociencia. Tomando en consideración que lo que está en juego, o en
riesgo, es la vida, deberá existir una explícita coherencia entre lo que
quiere por una parte la sociedad y por la otra, los investigadores
científicos, pero siempre regulados por la Bioética y por supuesto por el
Derecho.
La modernidad ha cambiado nuestra comprensión de la naturaleza.
Hemos pasado de una actitud contemplativa a otra pragmática e
instrumental, que se propone el control y explotación de la naturaleza,
permaneciendo a la base de las dos actitudes un duelo a muerte entre el
hombre y la naturaleza a modo de lucha por la supervivencia.3
3
Delibes, M., Un mundo que agoniza, Plaza y Janés, Madrid, 1990
51

En esa actitud pragmática, el hombre viene trabajando desde hace
tiempo para controlar y dominar a la naturaleza en alianza ineludible con
la economía, construyendo velozmente el mundo de lo posible. En ese
proceso, el ser humano no solo ve en la naturaleza su eterno adversario
al que pretende dominar para ponerla a su servicio, en función de una
vida mejor, sino que se topa con la trágica situación existencial de una
lucha también con el interior de sí mismo, pues el hombre es naturaleza y
no otra cosa, que lo vincula inexorablemente con todo su entorno.
Sin embargo, como sabemos, la racionalidad con arreglo a fines,
propia de la ciencia, no termina necesariamente en resultados útiles para
todos. También la ciencia puede estar al servicio de la guerra, de la
destrucción, de la injusticia, y de parte de los más fuertes en detrimento
de los débiles. En cuanto la ciencia representa un instrumento de control
del mundo puede ser manipulada de acuerdo con diversos intereses que,
repito, no son necesariamente democráticos ni de emancipación.
En ese duelo con la naturaleza, el hombre apuntó hacia la conquista
del cosmos con los viajes espaciales, apuntó también hacia la conquista
del microcosmos, con la intervención manipuladora de todo tipo de
organismos vivientes, y hacia la conquista de la intimidad en los espacios
propios de la conciencia individual con el bombardeo de los mensajes
telecomunicados.
Sin pretender desconocer por ningún motivo, la importancia de la
conquista del espacio realizada por el hombre, intentaré abordar de
manera muy superficial la conquista del microcosmos, lograda por la
ciencia, a través de la cual manipulan todo tipo de células. Sin embargo,
es necesario reconocer que la manipulación de material biológico, en
52

especial las células madre, tiene una serie de inconveniencias éticas y
por supuesto jurídicas que vale la pena ponderar.
Valdría la pena preguntarnos qué tan ética y que tan lícita es esa
manipulación a la que me estoy refiriendo, esto es ¿Es lícita la
clonación?; ¿Es legal escudriñar la biografía genética del individuo?; ¿Es
legítima la manipulación de células troncales?; ¿Se puede disponer de
los órganos de una persona que ha fallecido?, etc. En fin, podemos
plantearnos una serie de interrogantes, cuyas respuestas
irremediablemente nos llevarían al callejón de las inconveniencias éticas
y jurídicas a que me he referido.
Hagamos algunas breves consideraciones sobre este punto.
A principios de 1997, el mundo entero se estremeció con la noticia
científica del nacimiento de la oveja Dolly, sucedido el 05 de julio de
1996. Este fue el primer mamífero logrado por clonación de célula
somática diferenciada, en el Instituto Roslin de Escocia. Algunos medios
de comunicación consideraron el caso Dolly, como el evento científico
más portentoso después de la primera explosión atómica. Otros afirmaron
“Si hoy se puede clonar a la oveja, mañana se podrá clonar al Pastor”.
Las noticias sobre Dolly abrían un debate internacional sobre las
posibilidades tecnocientíficas de clonar a otro mamífero, el hombre.
Lo que pareciera ser literatura de ciencia ficción, para el ciudadano
común, en el ámbito científico cobra gran importancia, ya que los
hombres de ciencia, son capaces de moverse en todo el espectro del
bien y del mal.
El ser humano es la única fábrica incesante de deseos que existe
en el mundo, en búsqueda de hacerse cada vez más dueño y señor de su
destino. Las frustraciones humanas, con todas sus neurosis individuales y
53

colectivas, provienen en gran parte de la no satisfacción de los deseos y
de los reveses lesionantes de aquellos deseos que se hicieron realidad
para nuestra desgracia. Por esta razón, la ética práctica advierte acerca
de las consecuencias previsibles de nuestros deseos, ante la inminente
posibilidad de realizarlos con la ayuda de la tecnociencia en la acelerada
sociedad del conocimiento útil.
El asunto de la ciencia ficción, hay que tomarlo muy en serio cada
vez más. Puesto que con los avances vertiginosos del conocimiento
empírico contemporáneo, “Lo que hoy por la mañana es ficción, por la
tarde es ciencia y al llegar la noche es una realización tecnocientífica.” Y
para tomarlo en serio hay que mantenerse en alerta bioética,
respondiendo sin cesar las preguntas claves acerca de la conveniencia
ética del desarrollo de la investigación científica y técnica, no solo para el
hombre sino también para su hábitat, cuidando muy bien la moralidad de
las intencionalidades, de los medios, de los métodos, de los procesos y
de las posibles consecuencias.
Los dilemas bioéticos, no son dilemas científicos, sino encrucijadas
éticas. Las células madre, junto con el aborto, la clonación, la eutanasia,
la fecundación in Vitro, el suicidio, podrían servir de ejemplo.
La fuente de las células madre, es el embrión y el mismo individuo
adulto y estas son células que se dividen casi indefinidamente y, por
multiplicación se pueden perpetuar casi indefinidamente.
Los problemas bioéticos que plantean las células madre, son
especialmente graves:
En el caso del embrión ¿qué es un embrión humano?
Si fueran simples células sin vida, o bien un tejido desgajado de una
mujer, o chatarra biológica que se puede reciclar para ciertos usos
54

médicos, creo que no habría mayores problemas. Pero sin embargo, el
embrión es un ser vivo, lo que hace que al usarlo como filón de células
madre, se considere que es el equivalente a lesionar brutalmente a la
humanidad.
Está comprobado que al unirse los gametos, una nueva vida
empieza a escribir su historia. El embrión es persona, pero es persona sin
tiempo, o despojada de tiempo como dice Leonardo Polo, y ese tiempo es
lo que le arrebatamos, cuando paramos en seco, abortándolo o
rompiéndolo para obtener células madre o bien otros menesteres.
Démosle pues, tiempo al tiempo, no expoliemos al embrión de su rico
patrimonio y hará soberbias acciones y conformará el futuro.
Para terminar, es importante señalar que existen una serie de
principios universales básicos que se deben de respetar en el ámbito de
la bioética, los cuales están plasmados en la “Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos”, aprobados por la Conferencia
General de la UNESCO:
- La dignidad humana y los derechos humanos
- El consentimiento y la autonomía de las personas
- El respeto a la vulnerabilidad humana e integridad personal
- La privacidad y confidencialidad de las personas
- La igualdad, la justicia y la equidad en las personas
- La No discriminación y No estigmatización
- El respeto a la diversidad cultural y del pluralismo
- La solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional
- La responsabilidad social y la salud de los pueblos
- El aprovechamiento compartido de los beneficios de la investigación
científica
55

56
- La protección de las generaciones futuras
- La protección y cuidado del medio ambiente, la biosfera y la
biodiversidad
II. BIBLIOGRAFÍA
CELY GALINDO, Gilberto, La bioética en la sociedad del conocimiento,
3R Editores, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999.
LA CADENA, Juán Ramón, Genética y condición humana, Alambra,
Madrid, 1983.
HOTTOIS, Gilbert, El paradigma bioético, una ética para la tecnociencia,
Ed. Anthropos, Barcelona, 1991.
LA CADENA, Juán Ramón, Genética y condición humana, Alambra,
Madrid, 1983.
MATEO, Ramón Martín, El Hombre: Una especie en peligro,
Compomanes, Libros, Madrid, 1993.
QUINTAÑILLA, M. A., Tecnología, un enfoque filosófico, Madrid, 1988.
VAN RENSSELAER, Potter, Bioethics: bridge to the future,1971
ROXIN, Claus, La protección de la vida humana mediante el derecho
penal, Universidad Ludwig Maximilians de Munich, 2001.

LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN PAÍSES DE HABLA HISPANA
María Aurora de la Concepción LACAVEX BERUMEN*
Yolanda SOSA Y SILVA GARCÍA**
Jesús RODRÍGUEZ CEBREROS***
SUMARIO: I. Nota introductoria. II. Regulación de la formación para el
trabajo en los países de habla hispana. III. Bibliografía.
I. NOTA INTRODUCTORIA
Las necesidades básicas de los seres humanos son: alimentación
diaria suficiente para producir la energía requerida para vivir y trabajar;
vestido, ropa y calzado adecuados y limpios para protegerlos contra la
intemperie; alojamiento, que dé abrigo en condiciones saludables, dotado
de los servicios básicos; seguridad, protección contra la violencia, el
desempleo, la vejez y las enfermedades, servicios como agua potable,
saneamiento, energía eléctrica, medios de transporte y educación.1
*
PTC. Facultad de Derecho, Mexicali. Universidad Autónoma de Baja California. Cuerpo Académico “Estudios
Jurídicos”.
** PTC. Facultad de Derecho, Mexicali. Universidad Autónoma de Baja California. Cuerpo Académico “Estudios
Jurídicos”.
*** PTC. Facultad de Derecho, Mexicali. Universidad Autónoma de Baja California. Cuerpo Académico “Estudios
Jurídicos”.
1
Kanawaty, George. Introducción al estudio del trabajo. Organización Internacional del Trabajo. México. Noriega
Editores. 2006. p.3.
57

El disfrute de esos satisfactores representa calidad de vida y si
estos mejoran, la calidad de vida mejora también.
Para elevar la calidad de vida de una comunidad, ésta tiene que
realizar un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos, tendiente a
maximizar el rendimiento sustentable de sus recursos. Entre los factores
que deben estar presentes, es el trabajo, representado en el empleo
digno.
La productividad es la relación entre producción e insumos. La
productividad en un centro de trabajo se ve afectada por factores
externos e internos. Entre los factores externos se cuenta la
disponibilidad de materias primas, políticas fiscales, infraestructura
existente. Por lo general están fuera del control de los patrones. Entre los
factores internos son de considerarse las instalaciones, el equipamiento,
la organización, la mano de obra.
Es derecho del patrón lograr que el tiempo de trabajo se aproveche
adecuadamente y se reduzca al máximo el tiempo improductivo, si se
considera que jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a
disposición del patrón para realizar el trabajo para el cual fue contratado.
Para alcanzar el mejor de los resultados e incrementar la productividad
de los centros de trabajo, resulta fundamental, la capacitación y el
adiestramiento que los trabajadores reciben, es decir, la formación para el
trabajo.
58

II.- REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN LOS
PAÍSES DE HABLA HISPANA
A. Antecedentes
Los romanos organizaron el aprendizaje como un convenio entre el
padre del aprendiz y el maestro que enseñaría un oficio. De igual forma,
los dueños de los esclavos acostumbraron entregarlos a una persona,
durante cierto tiempo, a fin de que los adiestrara en un oficio o arte,
debiendo aquellos prestar sus servicios a quien le proporcionaba la
instrucción. Esta costumbre se extendió hasta la época del Justiniano. El
Digesto y Fuero Juzgo se referían al aprendizaje, atenuando la
responsabilidad de aquel patrono que solía castigar con dureza a un
aprendiz. Las Partidas y los Estatutos de las antiguas corporaciones de
oficios regulaban las obligaciones y derechos de los aprendices y el
número de éstos. En España el contrato de aprendizaje fue obligatorio
hasta 1813. También la Novísima Recopilación contenía disposiciones
sobre esta materia. 2
Los gremios de la Edad Media lo fueron de comerciantes y de
artesanos. Los gremios de comerciantes, llamados gildas o hansa en los
países de habla germana, y caritas o fraternitas en los países latinos,
originalmente se agruparon para protegerse mutuamente en sus viajes
por diversos países. Posteriormente ejercieron ciertos derechos y
poderes sobre el comercio en sus propias ciudades, que les eran
conferidos por el señor feudal.
2
Enciclopedia jurídica omeba. Tomo 1 A. Buenos Aires. Argentina. Bibliográfica Omeba. Driskill. 1979. p. 745. Voz:
Aprendiz
59

Los gremios de artesanos, conocidos en Francia como Corporation
de Métier; Arte en Italia y Zünff o Innung, en Alemania, surgieron a
principios del siglo XII. Este tipo de gremios apareció cuando un grupo de
artesanos pertenecientes a un mismo oficio se agruparon para defender
sus intereses. En algunos casos tuvieron una motivación religiosa como
la creación de cofradías para venerar a otro patrón. Los miembros se
dividían en tres clases: maestros, oficiales y aprendices. El maestro era
un pequeño propietario: poseía las materias primas, las herramientas
necesarias y vendía los productos para su propio beneficio. Los oficiales
y aprendices vivían en la casa del maestro. Los aprendices, que estaban
iniciándose en su profesión, aprendían con el maestro y recibían por su
trabajo sólo comida y alojamiento. Cuando un aprendiz había concluido
su aprendizaje se convertía en oficial y pasaba a recibir sueldo fijo. Con
el tiempo, el oficial podía convertirse, a su vez, en maestro, tras realizar
un trabajo concreto que le servía para superar el examen que los
maestros le proponían y demostrar su capacidad. El trabajo se
denominaba obra maestra. Pero los maestros preferían no aumentar la
competencia, por lo que las condiciones para convertirse en maestro eran
cada vez más difíciles de conseguir, reduciéndose el ingreso a miembros
de pocas familias.
A partir del siglo XIV las condiciones se hicieron tan estrictas que
era casi imposible acceder al rango de maestro.
El aprendizaje fue una de las instituciones fundamentales del
sistema gremial medieval. En el sistema corporativo gremial medieval las
relaciones entre aprendiz y el maestro tenían casi como la única
preocupación la formación profesional. Suponía la convivencia de
maestros y pupilos e involucraba una delegación de poderes
60

comprendidos en la patria potestad. El aprendizaje era el modo de
transmitir, de generación en generación, los secretos que guardaba cada
manualidad.
El aprendiz tenía la seguridad de que adquiriría los conocimientos
necesarios y de que llegaría a compañero y a maestro; además por regla
general, el aprendiz sustituía al maestro en el taller, lo que era una
seguridad para el futuro. Fue práctica común hasta el Siglo XVIII y la
Revolución Industrial, cuando fue reemplazado por el sistema fabril. Con
la decadencia de las corporaciones se agravó la situación de los
aprendices y de los compañeros, los años de aprendizaje y de
compañerismo crecieron y la corporación negaba el permiso para la
apertura de nuevos talleres.
La Ley Chapelier de 1791 suprimió y prohibió en Francia la
sindicalización obrera y el Código Penal francés de 1810 estableció el
delito de coalición3
tuvieron como consecuencia que los trabajadores, que
fueron declarados libres e iguales en terreno político, se encontraran
desamparados y solos frente a un capitalismo que cada vez se hacía más
poderoso. Miles de trabajadores cayeron en la miseria, ante la impasible
mirada del Estado, bajo el principio de laissez faire, laissez passer. El
maquinismo permitió que en los centros de trabajo se diera cabida a la
mano de obra no calificada, lo que tuvo como consecuencia, que debido
a los raquíticos salarios de los jefes de familia, ingresaran a laborar los
demás integrantes de la misma, percibiendo salarios todavía inferiores y
3
Cfr. Enciclopedia universal ilustrada europea americana. Tomo V. Madrid. Espasa-Calpe, S.A. 1973. p. 1082.
Cázares García, Gustavo. Derecho de la seguridad social. México. Editorial Porrúa, S.A. 2001. p. 10.
61

teniendo que renunciar al natural deseo y necesidad de una educación
completa.
Este liberalismo surgido con la Revolución Francesa, proclamó la
libertad de trabajo – libertad de oferta y demanda – y suprimió la escala
gremial. Así, se operó una transformación, convirtiéndose el aprendiz en
obrero. Esto llevó a que se cometieran excesos de toda índole, hasta que
los obreros, unidos bajo el denominador común del proletariado,
comenzaran a organizarse sindicalmente y a luchar por derechos y
mejoras.
Lo anterior llevó a que, muchos años después, cuando empezaron
a surgir las legislaciones del trabajo, se regulara el trabajo de las mujeres
y de los menores y el aprendizaje, bajo la óptica moderna.
La Constitución de Weimar, de junio de 1919, imponía la asistencia
obligatoria a cursos profesionales complementarios hasta la edad de 18
años.
En 1939, en La Habana, en la Segunda Conferencia de los Estados
Americanos, miembros de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), se destacó la necesidad de que las empresas de los países que no
disponían de un número suficiente de escuelas profesionales, asumieran
los gastos de formación profesional de cierta cantidad de trabajadores
jóvenes, en proporción al número de personal.
Actualmente, la formación profesional, que anteriormente se
desarrollaba por medio del aprendizaje, se logra en los de centros
docentes e impartiendo cursos especiales de capacitación y
perfeccionamiento.
La mecanización ya no requiere una habilidad manual adquirida por
medio de una enseñanza larga y penosa.
62

La industria, el comercio y los servicios modernos necesitan una
inteligencia despierta y conocimientos más extensos y generales que
permitan al obrero comprender los procedimientos de fabricación cada
vez más complejos.
En España y en Latinoamérica se regulan diversas formas para
poder contar con mano de obra debidamente capacitada.
Los beneficios para el trabajador son que supera sus niveles de
habilitación, con el interés de mejorar su ingreso y para el patrón son que
dispone de trabajadores que realizan su trabajo de forma adecuada lo
que se refleja en sus utilidades, al igual que en los bienes producidos o
en los servicios prestados. Su propósito es que el patrón cuente con
trabajadores debidamente capacitados, así como también para facilitar la
inserción laboral de los jóvenes, cuya falta de formación específica o
inexperiencia laboral constituye un obstáculo para su acceso al empleo.
“Ocupación laboral y formación son… los objetivos simultáneos que
persigue la regulación de estos tipos contractuales; en ellos se pretende
ajustar la remuneración al valor de la prestación del trabajador en
formación, por principio inferior a la del trabajador formado”.4
B. Contrato de trabajo en prácticas.
Se dirige especialmente a estudiantes de reciente egreso de
instituciones de educación técnica o superior a efecto de que se
introduzcan en el mercado de trabajo y practiquen los conocimientos
adquiridos.
4
Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del trabajo. Madrid. Tecnos. 2002. p. 585.
63

En España5
es aquel en virtud del cual un trabajador con titulación
reciente se obliga a cambio de retribución, a prestar servicios adecuados
al nivel de estudios cursados que le faciliten, al mismo tiempo, la práctica
de sus conocimientos académicos, según dispone el artículo 11.1 del
Estatuto de los Trabajadores (ET).
Son títulos válidos para la celebración del contrato de prácticas los
universitarios de grado medio o superior, los de formación profesional de
grado medio o superior. Se puede celebrar en el plazo de los cuatro años
inmediatamente siguientes a la terminación de los estudios
correspondientes. En caso de los minusválidos se eleva a seis.
Deben celebrarse por escrito, con sujeción a un modelo oficial
aprobado por el Instituto Nacional del Empleo (INEM). La falta de forma
escrita conlleva su conversión en indefinido, si se hubiere pactado a
tiempo parcial, se presumirá a tiempo completo. Por regla general, su
duración no puede ser inferior a seis meses, ni exceder de dos años.
Se admite el período de prueba en la contratación en prácticas,
que será de hasta un mes para los titulados de grado medio y de hasta
dos meses para los titulados de grado superior.
En Argentina6
el empleo de práctica laboral para jóvenes, tiene una
duración de un año. Finalizado este lapso, el trabajador no devenga
indemnización. Mientras el trabajador ingresa el 100% de su aporte, al
empleador se exime de las contribuciones destinadas a las cajas de
jubilaciones, al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
5
Cfr.: Martín Valverde, Antonio, et al..Derecho del trabajo. Madrid. Tecnos. 2003. p.p. 507 y s.s; Montoya Melgar,
Alfredo. Op.cit. p.p. 585-586; Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel. Derecho del
trabajo. Madrid. Editorial Centro de Estudios, Ramón Areces, S.A. 2003. Colección Ceura p.p. 831 – 832.
6
Capón Filas, Rodolfo.Derecho del trabajo. La Plata. Librería Editorial Platense. 1998. p. 180.
64

Pensionados y a las cajas de subsidios familiares. Las contribuciones
destinadas a obras sociales y al Fondo Nacional de Empleo, no
experimentan reducción.
El empleo de formación para jóvenes difiere con el empleo de
práctica laboral en la duración, que en este caso es de cuatro meses a
dos años.
En Perú7
la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, Ley No.
28518, del 23 de mayo de 2005, establece que práctica profesional es la
modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de
la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una
situación real de trabajo.
El tiempo de duración no puede ser mayor de doce meses, salvo
que el Centro de Formación Profesional o Universidad, por reglamento o
norma similar, determine una extensión mayor. La institución educativa
debe llevar el registro correspondiente.
También se regula la pasantía en la empresa, conceptualizándola
como la modalidad formativa que se realiza en las unidades productivas
de las empresas y que busca relacionar al beneficiario con el mundo del
trabajo y la empresa, en la cual implementa, actualiza, contrasta lo
aprendido en el centro de formación y se informa de las posibilidades de
empleo existentes, y de la dinámica de los procesos productivos de
bienes y servicios.
El Código del Trabajo de la República Dominicana8
señala que las
prácticas profesionales realizadas por estudiantes, de conformidad con la
7
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivoprodlab/ley28518.pdf Consultado: 7 de marzo de 2009.
8http://www.suprema,gov.do/cidigos/codigo_trabajo.pdf Consultado: 28 de septiembre de 2009.
65

legislación educativa aplicable, como estudios académicos, no suponen
obligaciones laborales para el empresario. La institución educativa deberá
llevar el registro correspondiente.
C.Contrato para la formación.
Su objeto es capacitar a trabajadores que no tienen una titulación
de educación técnica o superior.
En España9
es aquel por el que un empresario y un trabajador se
obligan, respectivamente a proporcionar y a recibir la formación teórica y
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o un puesto
de trabajo cualificado, según determina el artículo 11.2 del Estatuto de los
Trabajadores (ET).
Está previsto para trabajadores que no tengan titulación suficiente
para celebrar contrato en prácticas. El trabajador debe ser mayor de 16
años y menor de 21. Este límite superior no rige para los desempleados,
minusválidos y extranjeros, durante los dos primeros años de su
permiso de trabajo. Ha de celebrarse por escrito, en el modelo oficial. La
duración será de seis meses a dos años. Su contenido, de acuerdo a su
naturaleza, es doble: formativo-teórico y formativo-laboral.
La formación teórica puede impartirse alternando con el trabajo o
concentrándose en períodos específicos de tiempo, pero no podrá
destinársele menos del 15% de la jornada. Se imparte fuera del centro
de trabajo, es decir, en instalaciones de la propia empresa, en centros de
formación, creados por organizaciones empresariales o sindicales y en
centros públicos o privados, previamente autorizados.
9Cfr.: Martín Valverde, Antonio et al., op.cit.nota 5.p.p. 507 y ss; Montoya Melgar, Alfredo. op.cit.nota 4. p.p. 585-
586; Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel. op.cit. nota 4. p.p. 833-838.
66

La formación práctica se instrumenta mediante la realización del
trabajo correspondiente al oficio, puesto o nivel objeto de la contratación.
La retribución la deja la ley a la negociación colectiva sin que, en su
defecto, pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en
proporción al tiempo de trabajo efectivo.
En Argentina10
la implementación de las políticas de capacitación
laboral a jóvenes, enmarcadas en la Ley Nacional de Empleo, No.
24.013, de 1991, se implementó, de 1993 a 2001, el “Proyecto Joven”,
que tenía como objetivo general, el mejorar las posibilidades de inversión
en el mercado laboral de jóvenes mayores de 16 años, procedentes de
hogares pobres, mediante su capacitación para el desempeño de
ocupaciones en relación de dependencias y la orientación hacia la
búsqueda de empleo.
Se caracterizaba porque el empleador estaba liberado de toda
obligación de otorgar pago o compensación alguna al pasante; el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debía contratar un seguro que
cubriera los accidentes que pudiere sufrir el pasante como consecuencia
de las actividades de capacitación que desarrollara en la empresa; la
empresa no firmaba contrato alguno con el pasante, sino que suscribía
una carta intención de aceptación de pasantías y un convenio de
aceptación de pasantías con la entidad gremial que lo representa, quien
tenía a su cargo la capacitación del pasante; la empresa, debía permitir
la superación de las actividades del pasante por parte de la entidad
gremial y del Ministerio, además de mantener al pasante desempeñando
10
Gallo,Gustavo J. Compendio de derecho del trabajo y de la seguridad social. Buenos Aires. Abeledo-Perrot
2001. p.p. 100-101.
67

las tareas comprometidas a avalar los certificados que posteriormente
extendía el sindicato.
El Estatuto de Capacitación y Empleo de 1977, de Chile11
, regula el
contrato de capacitación y la capacitación post relación laboral.
El contrato de capacitación es aquel celebrado entre un eventual
empleador y un eventual trabajador, en virtud del cual se obligan
recíproca y exclusivamente, el primero a entregar a través de un
organismo capacitador las competencias y destrezas laborales para
desempeñar una actividad laboral determinada en la empresa, según un
programa de capacitación debidamente autorizado, y el segundo a
cumplir dicho programa en las condiciones establecidas.
La vigencia de este contrato y su prórroga no pueden exceder, en
conjunto, de un total de dos meses. Si puede celebrarse entre las mismas
partes más de una vez dentro del mismo año calendario.
El programa de capacitación puede incluir un módulo práctico a
desarrollarse en la empresa, sólo en cuanto fuese necesario para la
habilitación laboral, no constituyendo por tanto una prestación de
servicios personales. Este contrato de capacitación es gratuito y no debe
confundirse con el contrato de aprendizaje.
En Nicaragua12
el Código del Trabajo establece que las empresas
en coordinación con las organizaciones de trabajadores fomentarán y
realizarán actividades y programas periódicos de capacitación para
ampliar los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores, y
11
Walker Errázurriz, Francisco. Derecho de las relaciones laborales. Santiago de Chile. Editorial Universitaria.
2003. p.p. 174, 175.
12
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45784/65050/596N1C01.htm Consultado: 28 de septiembre de
2009
68

en los mismos se garantizará la participación de varones y mujeres. La
capacitación sistemática debe garantizarse al trabajador en casos de
cierre temporal del centro de trabajo motivado por cambios tecnologías
de los mismos.
La Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud13
, del 9
de mayo de 2001, tiene por objeto promover el desarrollo de los jóvenes
para garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones, establecer
políticas institucionales y movilizar recursos del Estado y de la sociedad
civil para la juventud. Este ordenamiento establece que entre las políticas
educativas se encuentra la de mejorar las oportunidades de formación
integral de la juventud a través de la oferta de distintas modalidades de
educación formal, no formal y extraescolar.
En la República Dominicana, en el Código del Trabajo14
se
establece que contrato para la formación es aquel por el cual el
trabajador se obliga, simultáneamente, a prestar un trabajo y a recibir
formación, y el empresario a retribuir el trabajo y, al mismo tiempo, a
proporcionar a aquél una formación que le permita desempeñar un
puesto de trabajo.
D. Contrato de aprendizaje
De orígenes remotos...el aprendizaje se entronca con una milenaria
tradición, que vendría desde el antigua Egipto, había pasado luego a
través de los colegios de la época imperial romana, y más tarde a las
corporaciones y las “escuelas” creadas en la Edad Media, en las cuales
13
http://legislacion.asamblea.gob.ne/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a62065005d21f9/94deaa82ec6b67780
Consultado: 21 de octubre de 2009.
14
http://www.set.gor.do/descargas/download/cod001.pdf Consultado: 7 de julio de 2009.
69

los novicios recibían adecuada instrucción por los maestros hasta que
conseguían el grado de operario... hasta llegar a los ordenamientos
modernos.15
La Recomendación 60, de 1939, de la OIT, estable que el término
“aprendizaje” se aplica a todo sistema en virtud, del cual el empleador se
obliga, por contrato, a emplear a un joven trabajador y a enseñarle o
hacer que se le enseñe metódicamente un oficio, mediante un período
previamente fijado, en el transcurso del cual el aprendiz está obligado a
trabajar al servicio de dicho empleador.
En Argentina16
, el contrato de aprendizaje se regula en la Ley
25.013. Su objeto es la enseñanza de una especialidad laboral,
acentuando la exigencia del requisito de la formación teórica. El contrato
debe celebrarse por escrito y debe registrarse ante los organismos de
seguridad social y tributaria.
Está destinado a jóvenes sin empleo de 15 a 28 años. Supone un
programa formativo. Se otorga un certificado. Tiene una duración de
tres meses a un año. La jornada de trabajo de los aprendices no puede
superar las cuarenta horas semanales, incluidas las correspondientes a la
formación teórica, atendiendo a los límites fijados nota 6.para cada tipo
de jornada, según sea diurna, nocturna, insalubre o mixta.17
15
Gnecco, Lorenzo P. Contrato de formación y derecho del trabajo. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2002. p. 111.
16
Cfr. Capón Filas, Rodolfo. op.cit. nota 6. p. 185; Gallo, Gustavo J. op.cit.nota 10. p. 99; Rubio, Valentín. Derecho
laboral. Tomo I. Buenos Aires. Rubinzal-Culzoni Editores. 1999. p.p. 132 y ss.
17
Murray, Cecilia M. y Piropo, Miguel Ángel. “Limitaciones la las que está sujeta la jornada de trabajo. las horas
extra”, en Revista de derecho laboral. jornada y descansos. Buenos Aires. Rubinzal-Culzoni, Editores. 2006-1.
p.125.
70

La Ley General del Trabajo de Bolivia, del 8 de diciembre de
194218
, regula en el Capítulo III, del Título II, del Contrato de Trabajo, el
Contrato de Aprendizaje.
Establece que es aquel en virtud del cual el patrono se obliga a
enseñar prácticamente, por sí o por otro, oficio o industria, utilizando el
trabajo del que aprende con o sin retribución, y por tiempo fijo que no
podrá exceder de dos años. Se comprende el aprendizaje de comercio y
de las faenas que utilicen motores mecánicos. Debe celebrarse por
escrito. El patrón debe conceder al aprendiz autorización para asistir a la
escuela, organizando el horario para tal efecto.
En Colombia19
el contrato de aprendizaje se regula de conformidad
con lo establecido en la Ley No. 188, del 30 de diciembre de 1959.
Se entiende por contrato de aprendizaje aquel por el cual un
empleado se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que
éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional
metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño hubiere sido
contratado, por un tiempo determinado, y cubriendo el salario acordado.
Los contratos de aprendizaje pueden celebrarse por personas mayores
de 14 años que hubieran concluido los estudios primarios o que
demuestren poseer conocimiento equivalente a ellos. Deben celebrarse
por escrito.
18
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_General_Trabajo.pdf Consultado: 2 de marzo
de 2010.
19
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103813_aechivo_pdf.pdf Consultado: 29 de enero de 2010.
71

El salario de los aprendices no puede ser inferior al 50% del mínimo
convencional o del que rija en el centro de trabajo de que se trate para
trabajadores que desempeñen el mismo oficio.
En Costa Rica, de conformidad con la Ley de Aprendizaje20
, la edad
para el ingreso al aprendizaje no puede ser menor de quince ni mayor de
veinte años. Adolescentes entre trece y dieciocho años de edad, pueden
ser contratados en calidad de “trabajadores principiantes” en ocupaciones
semicalificados. De igual manera pueden ser contratados, como
trabajadores principiantes, adolescentes entre quince y veinte años de
edad en ocupaciones calificadas que no sean objeto de aprendizaje.
El aprendizaje puede organizarse tanto en forma alterna como en
forma práctica en las empresas. Es el caso de la forma alterna, se
combinan períodos de formación en centros o etapas lectivas con
períodos de aplicación práctica o de etapas productivas en las empresas.
En el caso de la forma práctica, ésta se realiza directamente en los
centros de trabajo.
El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, en cuatro
tantos, uno para cada contratante, otro para el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y el cuarto para el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social.
El salario será cubierto por el patrón al aprendiz: la primera,
segunda y tercera etapa, el equivalente al 50%, 75% y 100%,
respectivamente, del salario mínimo que comprenda a la ocupación o
especialidad objeto del aprendizaje. El contrato de aprendizaje se
20
http://asamblea.racsa.co.cr/ley/leyes/4000/4903.doc Consultado: 16 de noviembre de 2009.
72

considera como contrato de trabajo a plazo fijo. El período de prueba es
de un mes.
El Código del Trabajo de Chile21
, en los artículos 78 a 86, regula, el
Título correspondiente a los Contratos Especiales, el Contrato de
Aprendizaje.
Se define como la convención en virtud de la cual un empleador se
obliga a impartir a un aprendiz, por sí o a través de un tercero, en un
tiempo y en condiciones determinadas, los conocimientos y habilidades
de un oficio calificado, según un programa establecido, y el aprendiz a
cumplirlo y a trabajar mediante una remuneración convenida. Esta
remuneración no puede ser regulada a través de convenios o contratos
colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva, y
debe ser convenida libremente por las partes.
Solamente pueden celebrar contrato de aprendizaje los
trabajadores menores de 21 años de edad. Al aprendiz22
se le puede
pagar, como remuneración, un monto inferior al ingreso mínimo exigido
por la ley; las remuneraciones y condiciones de trabajo de los aprendices,
no pueden regularse por ninguna especie de negociación colectiva.
El empleado tiene algunas obligaciones especiales: ocupar al
aprendiz solamente en los trabajos propios del programa de aprendizaje,
proporcionándole los elementos de trabajo adecuados; permitir los
controles que al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo le
corresponden; designar un trabajador para que, como maestro guía del
21
http://www.todoelderecho.com/seccionInternacional/Codigos.Chile/CODIGO DEL TRABAJO-chile.htm
22
Walker Errázuriz, Francisco. Op.cit. nota 11. p.p. 349-350.
73

aprendiz, lo conduzca en este proceso. El contrato tiene vigencia hasta la
terminación del plan de aprendizaje y no puede exceder de dos años.
El porcentaje de aprendices no puede superar el 10% del total de
los trabajadores ocupados a jornada completa en la respectiva empresa.
Los empleadores que contraten aprendices tienen derecho a
recibir23
, con cargo a recursos determinados en la Ley de Presupuesto al
Fondo Nacional de Capacitación, una bonificación mensual de un 40% de
un ingreso mínimo mensual por aprendiz durante los primeros doce
meses de vigencia del contrato, tendientes a compensar los gastos de
formación en la empresa, y por una sola vez, una bonificación adicional
de hasta diez unidades tributarias mensuales24
por aprendiz, destinadas
a financiar los costos de enseñanza relacionada.
El Código del Trabajo de Ecuador regula en el Capítulo VIII25
el
contrato de aprendizaje.
Se define como aquel en virtud del cual una persona se
compromete a prestar a otra, por tiempo determinado, sus servicios
personales, percibiendo, a cambio, la enseñanza de un arte, oficio, o
cualquier forma de trabajo manual y el salario convenido.
23
Ibidem. p. 183.
24
De acuerdo con el artículo 8 del DL 830 publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1974, se definió la
Unidad Tributaria como la cantidad de dinero cuyo monto, determinado por ley y permanentemente actualizado,
sirve como medida o punto de referencia tributaria. Por unidad tributaria anual, se entiende aquella vigente en el
último mes del año comercial respectivo multiplicada por doce o por el número de meses que comprenda el citado
año comercial. La unidad tributaria mensual o anual se expresará siempre en pesos, despreciándose las cifras
inferiores a cincuenta centavos y elevándose las iguales o mayores a esta suma al entero superior.
25
http://www.slideshare.net/guest6e2cc50/codigo-del-trabajo-de-ecuador-presentation Consultado: 5 de enero de
2010.
74

En toda empresa industrial, manufacturera, fabril o textil, debe
admitirse, por lo menos, el 5% de aprendices y cuando más el 15% del
total de trabajadores. Tratándose de un centro de trabajo en el cual
laboren menos de 20 obreros, existe obligación de admitir por lo menos
un aprendiz. Para el caso de que el empleador no pudiera dirigir
personalmente el aprendizaje, señalará quien será la persona que asuma
el papel de maestro.
El aprendiz puede, en cualquier tiempo, obtener la categoría de
operario de obrero calificado. Si el empleador no estuviera de acuerdo, el
trabajador puede solicitar al Juez del Trabajo que se la sujete a examen.
El Código del Trabajo de El Salvador26
se regula en el Título
Segundo el trabajo sujeto a regímenes especiales y en el Capítulo I del
mismo se establecen las disposiciones referentes al trabajo de los
aprendices.
Se entiende por contrato de aprendizaje el convenio escrito en
virtud del cual una persona, natural o jurídica, se obliga por sí o por
tercero, a enseñar a otra persona natural, la práctica y preparación
técnica de un oficio, arte u ocupación, y a pagarle una retribución
equitativa. Como requisito indispensable para la existencia de este
contrato, se establece la aprobación del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, así como su inscripción en el registro correspondiente. Los
aprendices no pueden ser ocupados ni en trabajos o labores
incompatibles con su desarrollo físico, ni ajenos al oficio, arte u ocupación
para los que sean contratados.
26
http://www.conamype.gob.sv/cajadeherramientas/pimymes/leyes/trabajo.pdf Consultado: 5 de octubre de 2009.
75

En Guatemala, el Código del Trabajo27
regula en el Título Cuarto,
Trabajo sujeto a Regímenes Especiales, en el Capítulo Sexto, el Trabajo
de Aprendizaje.
Se define como aprendices a los que se comprometen a trabajar
para su patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un
arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les
dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo.
El contrato de aprendizaje puede, únicamente, estipularse a plazo
fijo, determinándose la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual,
así como el monto de la retribución que corresponda.
La Inspección General del Trabajo es la autoridad competente para
vigilar que los contratos de aprendizaje tengan la duración que, a su
juicio, sea necesaria para que el proceso de enseñanza sea el adecuado,
según la edad del aprendiz, así como la naturaleza del trabajo.
El Código del Trabajo de Honduras28
, de junio de 1959, estipula
que contrato de aprendizaje es aquel en que el empresario se obliga a
enseñar prácticamente a su trabajador, por sí o por otro, un oficio, arte o
industria, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, por tiempo
determinado, mediante una retribución, que puede ser inferior al salario
mínimo.
Este contrato debe celebrarse por escrito, y en su caso de no
hacerlo así, se entiende regulado por las disposiciones del contrato de
trabajo.
27
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/gua/ct.pdf Consultado: 13 de octubre de 2009.
28
http://www.honduraslegal.com/legislacion/legi266.htm Consultado: 16 de julio de 2009.
76

El contrato de aprendizaje no puede exceder de un año; la
autoridad del trabajo competente puede autorizar, por escrito, la
ampliación de dicho plazo, pero en ningún caso puede exceder de tres
años. Al concluir el contrato de aprendizaje el patrón debe entregar al
aprendiz un certificado en que conste la circunstancia de haber aprendido
el oficio, arte o industria que corresponda. Cualquiera de las partes puede
dar por terminado el contrato con previo aviso de siete días. El patrón
puede prescindir del mismo, pagando igual periodo. El aprendiz puede
justificadamente separarse del trabajo, sin aviso previo, por violación a
las obligaciones del patrón.
En Panamá29
el Decreto Ley No. 4 del 7 de enero de 1997,
reformado en 2006, por el que se regula el Sistema de Formación
Profesional Dual, tiene como objetivos brindar formación profesional
integral primordialmente dirigida a aprendices de 14 a 20 años de edad y
facilitar el desarrollo de programas especiales de aprendizaje para
personas mayores de 20 años según los requerimientos de la mano de
obra calificada y las necesidades del desarrollo nacional.
La formación profesional dual puede ser con predominio empresa o
con predominio centro. La formación profesional dual predominio
empresa, es aquella en la que el aprendiz pasa la mayor parte del tiempo
recibiendo formación profesional básicamente práctica, directamente
relacionada con la ocupación que quiere aprender. El resto del tiempo lo
pasa en el centro de formación donde es complementada teórica y
tecnológicamente. La formación dual predominio centro se inicia en el
29
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/pan/vii_a.htm#dec4 Consultado: 25 de julio
de 2009.
77

centro de formación donde el aprendiz pasará la mayor parte de su
tiempo recibiendo una formación profesional básicamente técnica y
tecnológica y el resto del tiempo lo realiza en la empresa donde recibe
una formación profesional complementaria preponderantemente práctica.
El programa de aprendizaje debe tener una duración mínima de un
año y hasta un máximo de dos años y medio. Si una ocupación requiere
de un plazo mayor de formación, puede extenderse a más de dos años y
medio, pero en ningún caso podrá ser mayor a tres años. El aprendizaje
impartido debe ser evaluado periódicamente mediante pruebas
intermedias y un examen final con normas establecidas a nivel nacional.
En Paraguay, es la Ley Número 213, del 29 de octubre de 1999, la
que crea el Código del Trabajo30
. En el Título III, “De los Contratos
Especiales de Trabajo”, en el Capítulo I, regula el contrato de
Aprendizaje.
Establece que éste es aquel por el cual un aprendiz se obliga a
prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le enseñe
prácticamente, por sí o por otro, una profesión, arte u oficio, durante un
tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional,
pero que el pago en efectivo no puede ser inferior al 60% del salario
mínimo. El aprendizaje puede realizarse en el lugar de trabajo o en una
institución especializada por cuenta del empleador, o bajo el régimen de
aprendizaje dual.
Los trabajadores mayores de 18 años pueden celebrar contrato de
aprendizaje. Debe hacerse por escrito y, en caso contrario, los servicios
se entenderán regulados por las normas comunes del contrato de trabajo.
30
http://www.noraruoti.com.py/v2/emprendimientos/base/Otrasleyes/Ley21393.htm Consultado: 19 de agosto de
2009.
78

Se extiende por triplicado, una copia queda en poder de cada una de las
partes y la tercera se entrega a la autoridad competente para su
homologación y registro.
Los aprendices de oficios calificados deben ser examinados dentro
del año en la forma que se establezca en los contratos colectivos. En su
defecto por una comisión tripartita integrada por un representante del
empleador, un perito trabajador y un representante de la Dirección
General de Recursos Humanos.
Es obligatorio para los empleadores admitir en cada empresa con
más de diez trabajadores, un aprendiz como mínimo. Los hijos de los
trabajadores que presten servicios en dichos centro de trabajo, tendrán
preferencia para ser admitidos como aprendices.
En Perú31
, la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, Ley No.
28518, del 23 de mayo de 2005, regula, entre otras, el aprendizaje, por el
que se entiende la modalidad que se caracteriza por realizar parte del
proceso formativo en las unidades productivas de la empresa, previa
formación inicial y complementación en un Centro de Formación
Profesional autorizado para desarrollar la actividad de formación
profesional.
Se regula el aprendizaje con predominio en la empresa y el
aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional. Se
entiende por aprendizaje con predominio en la empresa el que se
caracteriza por realizar mayoritariamente el proceso formativo en la
empresa, con espacios definidos y programados de aprendizaje en el
Centro de Formación Profesional. El aprendizaje con predominio en el
31
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/ley28518.pdf Consultado: 9 de octubre de 2009.
79

Centro de Formación Profesional es la modalidad que permite a la
persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus
conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una
situación real de trabajo.
También se regula la capacitación laboral juvenil, por la que se
entiende aquella que se caracteriza por realizar el proceso formativo en
las unidades productivas de las empresas, permitiendo a los beneficiarios
ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. Se busca que el
joven entre 16 y 23 años, que no hubiera concluido la educación básica o
que habiéndola concluido no continúa estudios posteriores, adquiera los
conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo a fin de incorporarlos a la
actividad económica en una ocupación específica.
En la República Dominicana por resolución no. 20/95 del 19 de abril
de 1995, se expide el Reglamento sobre el Contrato de Aprendizaje32
.
Éste es aquel por virtud del cual una de las partes se compromete a
prestar sus servicios personales a la otra, para recibir en cambio, además
de la remuneración convenida, una formación profesional metódica,
sistemática y completa.
El aprendizaje está destinado a jóvenes de ambos sexos, mayores
de 14 y menores de 22 años de edad. El empleador sólo puede contratar
aprendices para su formación en los oficios y ocupaciones calificadas que
requieran aprendizaje, contenidos en la resolución correspondiente que
aprueba y publica la Secretaría de Estado de Trabajo.
El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito; antes de su
ejecución debe ser depositado en el Instituto Nacional de Formación
32
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/rep_dom/vii.htm#res2095
Consultado: 9 de febrero de 2010
80

Técnico Profesional, que después de la evaluación técnica
correspondiente, lo remite a la Secretaría de Estado del Trabajo, para
que proceda a su aprobación y registro.
La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela33
regula en el Título V
los Regímenes Especiales y en el Capítulo I del Trabajo de los Menores y
de los Aprendices.
Se consideran aprendices los menores sometidos a formación
profesional sistemática del oficio en el cual trabajen y sin que
previamente a su colocación hubieren egresado de cursos de formación
para dicho oficio.
Los patrones que empleen aprendices deben notificarlo a la
Inspectoría del Trabajo, con señalamiento de sus nombres, edades,
ocupaciones, horario de trabajo, salario que devenguen y demás datos
pertinentes. Se considera como parte de la jornada de trabajo de los
aprendices el tiempo requerido para el aprendizaje correspondiente.
E. Instituciones
Se han constituido diversas instituciones cuyo objetivo es diseñar,
organizar, instrumentar, vigilar y evaluar las actividades de formación que
se realizar, tanto por el sector público como por entidades particulares.
En Bolivia34
, el Instituto Nacional de Formación, Capacitación
Laboral fue creado el 29 de diciembre de 1988.
Corresponde a la Dirección Nacional de Formación Profesional
Técnica y Capacitación Laboral, dependiente de la Subsecretaría de
33
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp Consultado: 3 de febrero de 2010
34
http://www.ilo.org/publuc/spanish/region/ampro/cinterfor/conf/2001/emplead/infocal/ii.htm Consultado: 10 de
marzo de 2010.
81

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la vigilancia profesional
técnica y capacitación laboral.
En Costa Rica35
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Ley No. 1860 del 18 de febrero de 1963, establece que
la oficina de Capacitación Social y Aprendizaje tiene entre sus funciones
principales la capacitación de patronos y trabajadores en sus aspectos
legal y del trabajo y el control efectivo sobre el contrato de aprendizaje.
Por Decreto Ejecutivo no. 1821, del 10 de septiembre de 2001 se
crea el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, como
órgano regulador y coordinador para impulsar y facilitar las actividades de
capacitación y formación profesional. Se trata de una entidad de derecho
público, con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio.
Este Consejo, en atención a la demanda del sector productivo
formula políticas, normas y procedimientos, define estrategias y ejecuta
acciones que regulan, facilitan, impulsan y fortalecen la capacitación y la
formación profesional.
El Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de
Chile36
, mantiene un registro nacional de los organismos habilitados para
ejecutar las acciones de capacitación contempladas legalmente a
informar sobre los organismos técnicos de capacitación según sus
características y el desempeño que exhiban al interior del sistema.
Solamente los organismos técnicos de capacitación inscritos en el
registro pueden ejecutar acciones de capacitación para empresas que
tienen derecho a beneficios tributarios o financiados por el Fondo
35
http://www.leylaboral.com/costarica/Normas,aspx?item=10523&bd=18 Consultado: 10 de noviembre de 2009.
36
Walker Errázuriz, Francisco. Op. cit.Nota 11. p.p. 185 a 189.
82

Nacional de Capacitación. Para impartir capacitación, los organismos
técnicos deben solicitar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo la
aprobación previa de aquellos.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo decide las áreas o
especialidades de los cursos que se ajustan a los objetivos de la entidad
postulante. Estos criterios no son aplicables respecto de cursos cuya
aprobación solicitan las universidades, institutos profesionales o centros
de formación técnica.
Esta autorización es sólo para los efectos de que los usuarios del
sistema puedan optar por las franquicias tributarias que les corresponda.
Según Ley No. 2.928 del 6 de octubre de 1978, se crea el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)37
. Se trata de una
persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa y
financiera, con patrimonio y recursos propios, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social.
Su objetivo es la capacitación profesional intensiva y acelerada de
la mano de obra y de los mandos medios para las actividades
industriales, comerciales y de servicio.
En Guatemala38
, por disposición de la Ley Orgánica del Instituto
Tecnológico de Capacitación y Productividad, decreto 17-72, se declara
de beneficio social, interés nacional, necesidad y utilidad pública, la
capacitación de los recursos humanos y el incremento de la
productividad, en los campos agropecuario, industrial, comercial,
37
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/ecu/vii_b.htm#1 Consultado: 28 de
septiembre de 2009.
38
http://intercap.info/public/manuales/gerencia/GGGE01E1.pdf Consultado: 13 de julio de 2009.
83

servicios, artesanal y, en general. En todos los campos de las actividades
económicas, en todos los niveles ocupacionales.
Este instituto tiene entre sus principales funciones: colaborar con los
planes de desarrollo gubernamentales; promover y fomentar el
incremento de la productividad.
En Nicaragua, el Instituto Nacional Tecnológico39
, fue creado por
decreto presidencial 3-91 de 1° de enero de 1991 y se regula por su Ley
Orgánica del 13 de septiembre de 1994. Tiene, entre otros, como fines y
objetivos: definir las políticas nacionales de formación profesional;
administrar, organizar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades del Subsistema de Formación Profesional; desarrollar la
formación profesional en relación directa con los requerimientos de los
sectores económicos nacionales y los intereses individuales de las
personas.
En Paraguay40
se crea por Ley No. 253/71, el Servicio Nacional de
Promoción Profesional, ley que es modificada por Ley No. 1.265/87., que
se califica como un ente dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Su finalidad es promover y desarrollar la formación profesional de
los trabajadores, en todos los niveles y sectores de la economía,
atendiendo fundamentalmente a la política ocupacional del gobierno al
proceso del desarrollo nacional.
En Uruguay41
se crea la Universidad del Trabajo, por Ley 10.225 del
9 de septiembre de 1942. A esta Universidad le compete: la enseñanza
39
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/nic/vii_b.htm Consultado: 19 de octubre de
2009.
40
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_253_71.php Consultado: 5 de diciembre
de 2009.
84

cultural destinada a la evaluación intelectual de los trabajadores y su
formación técnica; la enseñanza completa de los conocimientos técnicos
manuales e industriales; en especial los relacionados con las industrias
extractivas y de transformación de las materias primas; la enseñanza
complementaria para obreros; la enseñanza de las artes aplicadas:
contribuir al perfeccionamiento de las industrias existentes, fomento y
colaboración de las que puedan organizarse; informar respecto a la
estructura y funcionamiento de las industrias nacionales; aplicar el
examen de aptitudes técnicas.
También se crea el Consejo de Capacitación Profesional, por Ley
No. 14.869 del 23 de febrero de 1979.
Entre las atribuciones se cuentan: establecer, organizar y
administrar los servicios de capacitación técnica profesional; celebrar
convenios con instituciones públicas o privadas a fin de lograr un
cumplimiento de sus cometidos; expedir constancias a aquellas personas
que aprueben los cursos de capacitación que corresponda.
En la República Dominicana se crea el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional, por Ley 116 del 20 de enero de 1980.42
Es una organización autónoma, de carácter no lucrativo y
patrimonio propio, que rige el sistema de capacitación,
perfeccionamiento, especialización y reconversión de los trabajadores.
F. México
41
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesotextoLey.asp?Ley=10225&Anchor Consultado: 6 de octubre de 2009.
42
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/rep_dom/vii_a.htm Consultado: 4 de
enero de 2010.
85

La formación de recursos humanos en México ha pasado por
diversas etapas. La primera, en la que la responsabilidad quedaba
totalmente en los trabajadores, porque no existía normatividad al
respecto. La segunda que se identifica con la Ley Federal del Trabajo de
1931 y la tercera, que corresponde a la Ley Federal del Trabajo de 1970.
1. Ley Federal del Trabajo de 1931
La Ley Federal del Trabajo de 1931 reguló el Titulo Tercero,
artículos 218 a 231, el contrato de aprendizaje.43
Este capítulo se ubicó
en la parte correspondiente a los trabajos especiales a los que, por
disposición de la propia ley, a falta de reglas particulares, se regían por
las generales del contrato laboral, lo que hacía concluir, sin lugar a
dudas, que se trata de un contrato de trabajo.
Se entendía por contrato de aprendizaje “… aquel en virtud del cual
una de las partes se compromete a prestar sus servicios personales a
otra, recibiendo en cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribución
convenida”.
Los sujetos en esta relación contractual eran el trabajador
(aprendiz) y el patrón (maestro). El propósito de la relación era que el
primero le prestase al segundo servicios profesionales a cambio de que el
segundo le proporcionara enseñanza de un arte u oficio y, además, una
retribución previamente convenida.
El contrato de aprendizaje debía contener la escala y tiempo de
enseñanza del arte, oficio o profesión objeto del contrato y la retribución
que corresponda al aprendiz por sus servicios en cada uno de los
periodos de aprendizaje, al igual que el tiempo de duración del mismo y si
43
Cueva, Mario de la. Derecho mexicano del trabajo. México. Editorial Porrúa, S.A 1961. pp. 875-886.
86

así procedía, qué fases se comprendían y la retribución que durante cada
una le correspondía al aprendiz.
Era obligatorio para patrones admitir en cada empresa aprendices
en número no menor del 5% de la totalidad de los trabajadores de cada
profesión u oficio que en ella prestan sus servicios.
La ley regulaba los límites en horario a la jornada extraordinaria de
naturaleza económica y, en su caso, de emergencia; así como la
prohibición a la de los menores.
Se establecían las obligaciones del aprendiz, destacando aquella en
la que se regulaba la subordinación al maestro, característica ésta de
una relación de trabajo, y cuya limitación a la facultad de mando y
obligación de obediencia es el trabajo contratado, en este caso “del
trabajo que esté aprendiendo”.
El aprendiz tenía preferencia para ocupar una vacante en el centro
de trabajo donde realizó el aprendizaje, pero no era obligación del patrón
contratarlo y mucho menos crear para aquél una plaza.
Los aprendices de oficios calificados debían ser examinados cada
año en cualquier tiempo en que lo soliciten, por un jurado mixto de
peritos, obreros y patrones, presidido por un representante que designe el
Inspector del Trabajo. Tratándose de aprendizaje marítimo, presidirá el
Capitán del Puerto. El jurado resolvía por mayoría de votos, y, en su
caso, certificaba por escrito que el examinando tenía la aptitud necesaria
para trabajar en la rama de su aprendizaje.
2. Ley Federal del Trabajo de1970
La nueva Ley Federal del Trabajo se expidió en 1970, entrando en
vigor el 1 de mayo. Se suprimió el contrato de aprendizaje y se incluyó la
87

obligación patronal de otorgar a sus trabajadores capacitación y
adiestramiento.
Se entiende por capacitación la acción y efecto de capacitar o
capacitarse; capacitar es hacer a uno apto, habilitado para alguna cosa.44
Adiestramiento se define como la acción y efecto de adiestrar o
adiestrarse; adiestrar es hacer diestro, enseñar, instruir, guiar,
encaminar.45
“La capacitación ha sido tradicionalmente definida como el
aprendizaje que lleva a cabo una persona para superar el nivel de
conocimientos, mejorar su aptitud técnica o ambas, en actividades útiles
o adquirir un grado profesional en una ciencia u arte… se pretende que
con la capacitación el trabajador mejore sus ingresos y alcance un nivel
de vida más elevado.”46
“… la capacitación prepara al trabajador para el desempeño de una
actividad de nivel más alto de la que constituye su trabajo habitual [o uno
diferente o nuevo]. El adiestramiento, en cambio, perfecciona al
trabajador en el desempeño de las tareas que normalmente tiene
encomendadas.”47
La capacitación y adiestramiento48
se fundamenta en las fracciones
XIII y XXXI, último párrafo, del apartado A, del Artículo 123
44
Diccionario de la lengua española. Editorial Espasa Calpe, S.A. Tomo II. Madrid. 1970. p. 252
45
Diccionario de la lengua española. Editorial Espasa Calpe, S.A. Tomo I. Madrid. 1970. p. 26.
46
Lastra Lastra, José Manuel (coord.) Diccionario de derecho del trabajo. México. Editorial Porrúa, S.A. UNAM.
2001. pp. 29-30.
47
Buen, Néstor, Derecho del trabajo. Tomo Primero. México. Editorial Porrúa, S.A. 1974. p. 295.
48
Cfr.: Barajas Montes de Oca, Santiago. “Capacitación y adiestramiento”, en diccionario de derecho del trabajo.
México. Editorial Porrúa, SA – UNAM. 2001. p. 29-32; Bermúdez Cisneros, Miguel. Derecho del trabajo. México.
88

Constitucional, así como en los artículos 132, fracción XV y 153-A a 153-
X.
El artículo 132, que regula las obligaciones patronales, establece en
la fracción XIV, que el patrón, cuando se emplee más de 100 y menos de
mil trabajadores debe cubrir los gastos para sostener los estudios
técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o
extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, si
son más de mil, deberá sostener 3 becarios. La designación se hará en
función de las aptitudes, cualidades y dedicación de los interesados, por
los mismos trabajadores y el patrón. El patrón puede cancelar la beca si
el becario observa mala conducta o si reprueba en el curso de un año.
Los becarios que concluyan sus estudios deben presentar al patrón sus
servicios por lo menos durante un año.
Este capítulo regula el derecho de los trabajadores a recibir
una capacitación y adiestramiento en el trabajo para, de conformidad con
el artículo 153-F, actualizar y perfeccionar sus conocimientos y
habilidades en su actividad, así como proporcionarle información sobre la
aplicación de una nueva tecnología, prepararlo para ocupar una vacante
o puesto de nueva creación; prevenir riesgos de trabajo; incrementar la
productividad; y, en general, mejorar sus aptitudes.
Los trabajadores, sindicatos y patrones deben formular de común
acuerdo planes y programas de enseñanza práctica, mismos que se
revisan y aprueban por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con
duración no mayor de cuatro años.
El patrón debe disponer que la capacitación y adiestramiento que se
otorguen por instructores dentro del centro de trabajo o en instituciones
89

educativas adecuadas. Tanto los instructores como las instituciones
deben estar registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
a fin de comprobar sus aptitudes docentes, que sus enseñanzas sean
válidas y se puedan extender las constancias de estudio expedidas por
autoridades educativas en sus distintos niveles, grados y tipos.
Las constancias de habilidades laborales deben estar autentificadas
por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la empresa,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153-T y los puestos y
categorías de que se trate deben figurar en el Catálogo Nacional de
Ocupaciones.
La capacitación y adiestramiento se imparten dentro de la jornada
de trabajo, según lo dispone el numeral 153-E, a menos que se refieran a
un área de conocimiento, teórica o práctica distinta a aquella en la que se
desempeña el trabajador.
El acatamiento al numeral 153-I, en cada centro de trabajo se
deben constituir Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento,
integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del
patrón, las cuales vigilarán la operación del sistema y sugerirán medidas
tendientes a perfeccionarlo.
En los contratos colectivos de trabajo deben incluirse cláusulas
relativas a la obligación patronal de proporcionar a sus trabajadores
capacitación y adiestramiento, según lo dispone el artículo 153-M.
En caso de conflicto, los trabajadores y los patrones tienen derecho
de ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones
individuales y colectivas, que consideren procedentes. Lo anterior se
preceptúa en el artículo 153-X.
90

La capacitación y el adiestramiento guardan en el fondo afinidad
con el contrato de aprendizaje. Las dos instituciones parten del concepto
social de la empresa, que le impone deberes comunitarios en beneficio
de los trabajadores. En las dos se requiere un acuerdo previo entre
patrones y trabajadores, las dos tienen como propósito que el trabajador
adquiera conocimientos y habilidades para desempeñar un trabajo
determinado o para hacerlo con mejores resultados.
El Artículo 123 Constitucional, Apartado A, Fracción XXXI, último
párrafo, establece que la aplicación de las disposiciones relativas a las
obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento
de sus trabajadores, es de competencia exclusiva de las autoridades
federales.
De conformidad con el artículo 37, fracción III, en relación con el
153-M de la Ley Federal del Trabajo, existe contrato de trabajo por
tiempo determinado, cuando éste se realiza para capacitar y adiestrar al
personal que pretende ingresar a laborar en la empresa.49
La disposición contenida en el artículo 25, fracción VIII, de la Ley
Federal del Trabajo, consistente en la indicación de que el trabajador será
capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas que
establezca la empresa conforme a la ley, es una obligación formal que
debe estar contenida expresamente en el contrato individual, por ser éste
el documento en el que constan las condiciones de trabajo, pues el hecho
de que una de sus cláusulas remita a las normas legales y reglamentarias
respectivas, no basta para dar cumplimiento a esta obligación, ya que es
49
Tesis aislada No. de registro 225,568. Semanario judicial de la federación y su gaceta, Octava Época. Segunda
Parte-1, enero a junio de 1990. p. 148.
91

obvio que el legislador quiso que constara expresamente dicha indicación
en el contrato en el que se establecen las condiciones de trabajo, pues
utiliza la frase “debe indicar”, la cual no es potestativa.
Por falta de probidad u honradez, se entiende el no proceder
rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de
ánimo, es decir apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo
procediendo en contra de las mismas, dejando de hacer lo que se tiene
encomendado, o haciéndolo en contra. Por tanto, si en términos del
artículo 132, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo vigente, el patrón
tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores capacitación y
adiestramiento, es claro que al negarse a dar cumplimiento a dicha
obligación legal, incurre en una falta de probidad, con lo que se actualiza
la causal de rescisión laboral por causas imputables al patrón, prevista en
la fracción IX del artículo 51 de la ley de la materia.
La inasistencia del trabajador a unos cursos de capacitación no
implica una desobediencia sin causa justificada al trabajo contratado, si
no existe constancia de que el trabajador tenía que asistir a dichos cursos
como una obligación inherente a su trabajo, además de que la
capacitación y adiestramiento constituye un derecho para el trabajador y
no una obligación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 153 A de la
Ley Federal del Trabajo, que debe impartirse durante las horas de su
jornada de trabajo, salvo convenio para impartirse a otra hora, por lo que
tal inasistencia no encuadra dentro de los supuestos previstos por la
fracción XI del artículo 47 de dicha ley, como causa de rescisión de la
relación de trabajo.
G. Conclusiones
92

1. La formación para el trabajo es un factor que permite el
desarrollo de los seres humanos como trabajadores y como ciudadanos,
contribuyendo al avance económico del país.
2. La educación técnica y el mundo laboral deben acercarse,
trabajar en equipo. Desafortunadamente en la mayoría de los centros de
trabajo no se cumple con la constitución de las comisiones mixtas de
capacitación y adiestramiento, ni tampoco con la elaboración de los
planes y programas correspondientes.
3. Por lo anterior, lo que se hace, para resolver el problema o
cumplir con la obligación es organizar cursos en el propio centro de
trabajo, o celebrar convenios con instituciones educativas y enviar a los
trabajadores a cursarlos. Por lo general estos cursos no se seleccionan
en base a los requerimientos de capacitación y adiestramiento de la
empresa y de los trabajadores, sino en función de la disponibilidad de los
instructores, los horarios en que se ofertan o, incluso, el costo que
representan.
H. Propuesta
Con fundamento en el Convenio 142 de la OIT y el análisis
normativo hispanoamericano referente a capacitación y adiestramiento,
se propone la creación en México de un organismo rector de la formación
de mano de obra capacitadas en el país.
Deberá ser un organismo descentralizado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal, sectorizado a la
Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social, constituido como
organismo fiscal autónomo.
93

El régimen de financiamiento de este organismo deberá ser,
siguiendo el modelo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los
Trabajadores, al continuar siendo la capacitación y adiestramiento una
obligación patronal, que se cumplirá mediante la aportación que hagan
los patrones a un fondo nacional del 1 % del salario base de cotización al
Instituto Mexicano del Seguro Social, que estará a cargo del organismo
antes referido y cuya función será organizar, instrumentar, coordinar,
validar, establecer requisitos de ingreso, permanencia y egreso,
determinar equivalencias, expedir certificados, todo relacionado con la
capacitación y adiestramiento a nivel nacional.
II. BIBLIOGRAFÍA
BERMUDEZ CISNEROS, Miguel. Derecho del trabajo. University Press.
México. 2000.
BUEN L., Néstor, de. Derecho del trabajo. Tomo Primero. Editorial
Porrúa. S.A. México. 1974.
CAPÓN FILAS, Rodolfo. Derecho del trabajo. Librería Editorial Platense.
La Plata. 1998.
CÁZARES GARCÍA, Gustavo. Derecho de la seguridad social. Editorial
Porrúa, S.A. México. 2001.
CUEVA, Mario de la. Derecho mexicano del trabajo, Editorial Porrúa, S.A.
México, 1961.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Espasa Calpe,
S.A. Madrid. 1970.
ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I.A, Buenos Aires, Argentina,
Bibliográfica Omeba, Driskill. 1979.
94

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEA AMERICANA,
Tomo V, Madrid, Espasa Calpe, S.A., 1973.
GNECCO, Lorenzo P. Contrato de formación y derecho del trabajo.
Editorial Astrea. Buenos Aires. 2002.
GALLO, Gustavo J. Compendio de derecho del trabajo y de la seguridad
social. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2001.
LASTRA LASTRA, José Manuel (coord.) Diccionario de derecho del
trabajo México. Editorial Porrúa, S.A. UNAM. 2001.
KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. Organización
Internacional del Trabajo. Noriega Editores. México. 2006.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO de 1931.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO de 1970.
MARTÍN VALVERDE, Antonio et al. Derecho del trabajo. Tecnos. Madrid.
2003.
MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del trabajo. Tecnos. Madrid.
2002.
MURRAY, Cecilia M. y PIROPO, Miguel Ángel. “Limitaciones legales a las
que está sujeta la jornada de trabajo. las horas extra.”, en revista de
derecho laboral. jornada y descansos. Buenos Aires. Rubinzal-
Culzoni, Editores. 2006-1.
PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel.
Derecho del trabajo, Colección Ceura. Centro de estudios Ramón
Areces, S.A. Madrid, 2003.
PATIÑO CAMARENA, E. Javier. Instituciones de derecho del trabajo y
de la seguridad social. Oxford University Press. México.1999.
95

RUBIO, Valentín. Derecho laboral. Tomo I. Rubinzal-Culzoni Editores.
Buenos Aires. 1999.
WALKER ERRÁZURIZ, Francisco. Derecho de las relaciones laborales.
Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 2003.
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivoprodlab/ley28518.pdf
Consultado: 7 de agosto de 2009.
http://www.suprema,gov.do/cidigos/codigo_trabajo.pdf Consultado: 28
de septiembre de 2009.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45784/65050/596N1C01.ht
m Consultado: 28 de septiembre de 2009.
http://legislacion.asamblea.gob.ne/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a62065
005d21f9/94deaa82ec6b67780 Consultado: 21 de octubre de 2009.
http://www.set.gor.do/descargas/download/cod001.pdf Consultado: 7 de
julio de 2009.
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_General_
Trabajo.pdf Consultado: 2 de marzo de 2010.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103813_aechivo_pdf.pdf
Consultado: 29 de enero de 2010.
http://asamblea.racsa.co.cr/ley/leyes/4000/4903.doc Consultado: 16 de
noviembre de 2009.
http://www.todoelderecho.com/seccionInternacional/Codigos.Chile/CODI
GO DEL TRABAJO-chile.htm Consultado: 17 de octubre de 2009,
http://www.slideshare.net/guest6e2cc50/codigo-del-trabajo-de-ecuador-
presentation Consultado: 5 de enero de 2010.
http://www.conamype.gob.sv/cajadeherramientas/pimymes/leyes/trabajo.
pdf Consultado: 5 de octubre de 2009.
96

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/gua/ct.pdf Consultado: 13
de octubre de 2009.
http://www.honduraslegal.com/legislacion/legi266.htm Consultado: 16 de
julio de 2009.
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/pan/vii
_a.htm#dec4 Consultado: 25 de julio de 2009.
http://www.noraruoti.com.py/v2/emprendimientos/base/Otrasleyes/Ley21
393.htm Consultado: 19 de agosto de 2009.
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/ley28518.pdf
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/le
gis/rep_dom/vii.htm#res2095 Consultado: 9 de febrero de 2010.
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp
Consultado: 3 de febrero de 2010.
http://www.ilo.org/publuc/spanish/region/ampro/cinterfor/conf/2001/emple
ad/infocal/ii.htm Consultado: 10 de marzo de 2010.
http://www.leylaboral.com/costarica/Normas,aspx?item=10523&bd=18
Consultado: 10 de noviembre de 2009.
gis/ecu/vii_b.htm#1 Consultado: 28 de septiembre de 2009.
http://intercap.info/public/manuales/gerencia/GGGE01E1.pdfConsultado:
13 de julio de 2009.
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/nic/vii
_b.htm Consultado: 19 de octubre de 2009.
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_
253_71.php Consultado: 5 de diciembre de 2009.
97

98
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesotextoLey.asp?Ley=10225&An
chor Consultado: 6 de octubre de 2009.
gis/rep_dom/vii_a.htm Consultado: 4 de enero de 2010.

TRADICIONES JURÍDICAS ROMANISTA Y ANGLOSAJONA; PILARES
DE LA CULTURA OCCIDENTAL1
Manuel Benjamín GONZÁLEZ GONZÁLEZ2
SUMARIO: I. Planteamiento del tema II. Lo que debemos
entender por cultura occidental III. Inglaterra y la recepción
del derecho romano IV. Sistemas donde conviven los modelos
romanista y del common law V. Algunas instituciones
romanistas adoptadas por el common law VI. Lex mercatoria
VII. Conclusiones VIII. Bibliografía
I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
La celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
nos brindó la oportunidad histórica a los estudiosos del derecho
comparado de acabar con el mito de la supuesta división irreconciliable
entre las familias romanista a que pertenece México, con derecho
codificado, formalista, cuya fuente principal de derecho es la ley y del
common law a que pertenecen Estados Unidos y Canadá, con un
derecho pragmático cuya principal fuente de derecho es la sentencia del
juez. En efecto, los sistemas mexicano y estadounidense, considerados
como los dos grandes sistemas jurídicos de la cultura occidental son
sistemas jurídicos antagónicos solo en apariencia porque un estudio de
1
El presente artículo representa un avance de la tesis doctoral que se encuentra desarrollando el autor bajo la
Tutoría de la Doctora Nuria González Martín, Directora del Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
2
Profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UACH
99

TRADICIONES JURÍDICAS ROMANISTA Y ANGLOSAJONA; PILARES DE LA CULTURA
OCCIDENTAL1
la evolución histórica de las tradiciones jurídicas en el mundo nos
permite afirmar que, aunque el primero es un derecho dogmático y el
segundo de carácter histórico, la única diferencia es de método, ya que
las dos familias jurídicas han experimentado a través de su evolución
instituciones jurídicas semejantes como es el caso del dualismo equity –
ius honorarium, que vinieron a dar mayor flexibilidad a los rígidos
common law y ius civile, respectivamente, pero además, el sistema de
mandatos judiciales llamados writs, del derecho anglosajón, sin cuya
autorización real, ningún juzgador daría entrada a un asunto, resulta
similar al sistema formulario romano de acudir ante el pretor, in iure, antes
de pasar a la fase llamada iudicium, ante el Juez o jurado de ciudadanos;
además resultan similares el sistema de jurados que como garantía
constitucional se encuentra consagrado en el derecho estadounidense y
el diverso jurado que contemplaba el sistema procesal formulario del
derecho romano. Ambos sistemas, el romano-clásico y el common law
medieval aceptaron la primacía de lo procesal forense sobre lo
sustantivo, ambos fueron casuísticos.
El objetivo del presente trabajo consiste en demostrar utilizando un
método histórico comparativo que los países que forman parte de
América del Norte pertenecen a la cultura occidental y que, por tanto,
poseen muchos rasgos en común que pudieran ocasionar que en un
futuro estuviéramos hablando de un verdadero derecho común en
América del Norte, semejante al derecho supranacional que existe en la
Unión Europea que ha revivido el sueño de tener una Europa unida.
100

II. LO QUE DEBEMOS ENTENDER POR CULTURA OCCIDENTAL
Para estar en condiciones de poder explicar lo que implica la cultura
occidental debemos utilizar un método histórico y dirigir nuestra mente
hacia las raíces, a los orígenes, al análisis de los acontecimientos
socialmente relevantes que dieron origen a la cultura de occidente y las
tradiciones jurídicas que se han nutrido de ella. En efecto, no es
suficiente afirmar que lo occidental se refiera a todas aquellas
civilizaciones herederas de la antigua Grecia y de Roma en
contraposición a lo oriental constituido básicamente por el Islam, India y
el lejano Oriente toda vez que este criterio de lo occidental varió a partir
de la Segunda Guerra Mundial para diferenciar a los pueblos comunistas
orientales de los no comunistas de occidente.
Para adentrarnos un poco más en el origen de lo que el término
occidental significa, podemos afirmar, que la división del imperio romano
en oriente y occidente coincidió con el rompimiento de la iglesia católica y
la aparición de la iglesia ortodoxa en el imperio bizantino.
Sin embargo, siguiendo este criterio geográfico quedarían fuera de
occidente tanto Rusia, grandes porciones de España que eran
musulmanas e incluso las culturas romanas y griegas, que a partir de los
siglos XI y XII se occidentalizaron.3
Por tanto, siguiendo a Harold J. Berman, debemos aclarar que el
término occidental es un concepto cultural con una profunda dimensión
histórica más que geográfica, no es una simple idea sino que involucra a
3
Berman, Harold J. The formation of the western legal tradition. Harvard University Press, 1983 p.2
101

OCCIDENTAL1
toda una comunidad, se trata no solo de una estructura histórica sino de
una historia estructurada.4
A mayor abundamiento sobre el tema tenemos que René David
considera lo siguiente:
El criterio que se sostiene para considerar a estos dos sistemas
jurídicos, romanista y anglosajón como integrantes de la cultura
occidental estriba en la común ideología en el orden moral, político
y económico, al afirmar que comunes son las concepciones que
reinan en los países de habla inglesa y en los países latinos o
germánicos. Así, desde el punto de vista moral, los derechos de los
países que integran esta clasificación parten de postulados de la
religión cristiana. Desde el punto de vista político toman como
modelo al estado democrático de tipo liberal y desde el punto de
vista económico derivan del hecho de tener una sociedad con
estructura capitalista.5
III. INGLATERRA Y LA RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO
El famoso dualismo que se deja ver en el mundo occidental
moderno deriva de la poca influencia que en la isla británica tuvo la
tradición romanista a pesar de cuatro siglos de dominio romano; sin
embargo, resulta incorrecto afirmar que se trate de dos sistemas jurídicos
totalmente distintos e incompatibles en virtud de que en realidad son
4
Ídem.
5
David, René. Introducción al estudio de los derechos extranjeros y método comparativo, Madrid, 1953, p. 207,
citado por CASTÁN TOBEÑAS, José et al.
102

muchas materias e instituciones en las que se aplican normas y
procedimientos semejantes como es el caso del derecho mercantil o lex
mercatoria, y en algunas ramas del derecho administrativo.
De hecho ambos sistemas permiten, por su cercanía, toda clase de
mezclas, pensemos por ejemplo en Louisiana, Escocia, Québec, que
cuentan con sistemas jurídicos mixtos.6
Sin embargo, no debemos perder de vista que en la solución judicial
de las controversias, (subsunción del caso concreto bajo la norma
abstracta, o busca de jurisprudencia, en combinación con la técnica de
establecer distinctions, y de separar la tesis de los obiterdictum y en
muchas instituciones tales como el trust, el estoppel, el contempt of
court), encontramos grandes diferencias.
Pero también, ciertas instituciones, tales como el jurado popular se
encuentran de ambos lados de la mencionada división, y otras han sido
recibidas con adaptaciones, fideicomiso, trust, unjustenrichment,
adopción.
Ambos sistemas, el romano-clásico y el common law medieval
aceptaron la primacía de lo procesal forense sobre lo sustantivo.
Ambos desarrollaron en alguna fase de su evolución un nuevo
subsistema, como corrección al carácter, a menudo anticuado y áspero,
del sistema básico (ius civile-ius honorarium; common law-equity).
Continúa explicando Margadant lo siguiente:
En el romano clásico y en el anglosajón hasta la fecha, el legislador
quedó en un segundo término; ciertas fases del derecho romano, en
su larga evolución, se parecen a ciertas fases del derecho inglés;
entre ambos sistemas no existe una oposición como el fuego y el
6
Margadant, Guillermo F. La Segunda vida del derecho romano, Editorial Miguel Á. Porrúa, México, 1998, p. 25
103

OCCIDENTAL1
agua, de suerte tal que en el panorama comparado actual
encontramos varios sistemas híbridos en que elementos del uno y
el otro conviven armoniosamente.7
Observemos de paso que la terminología respectiva no es muy
satisfactoria ya que el vocablo common law sólo es un aspecto del
antiguo derecho inglés, al lado del equity y de las leyes y civil law para
designar a la familia de los derechos neorromanistas, se presta a
confusión con el término “derecho civil”, que dentro de esta familia
corresponde a una de sus múltiples ramas.
La sustitución de civil law por derecho continental también se presta
a confusiones por no tomar en cuenta al neorromanista latinoamericano,
ni tampoco la influencia de derechos no romanos en el continente
europeo.
IV. SISTEMAS DONDE CONVIVEN LOS MODELOS ROMANISTA Y
DEL COMMON LAW
Existen curiosos casos de sistemas jurídicos en el mundo, donde
conviven en un mismo territorio dos órdenes normativos distintos, uno
basado en el common law inglés y otro, basado en el derecho romano,
tales son los casos de la Provincia de Québec, en el Canadá, el estado
de Louisiana, en los Estados Unidos y Escocia, país que experimentó una
verdadera recepción del derecho romano y que pone de manifiesto que
ambos sistemas no son antagónicos y que pueden convivir sanamente y
compenetrarse uno del otro.
7
Ibidem, p. 27
104

A. Provincia de Québec, Canadá
Según la Constitución canadiense de 1867, todas las leyes y
reglamentos de Québec así como las leyes federales deben estar
redactados en francés y en inglés. Ambos idiomas deben ser utilizados
en los debates y en cualquier corte de Canadá, lo mismo que en las
cortes de Québec. 8
La dualidad lingüística de Canadá no es solamente derivada de un
mandato constitucional sino que es una realidad viviente. En efecto, el
inglés como idioma por excelencia del common law y el francés, propio
del derecho romano, continúan siendo leídos, entendidos, hablados y
escritos por legisladores, jueces, abogados y estudiantes de Québec.
Las resoluciones de los jueces de Québec, frecuentemente contienen
referencias de derecho romano en francés y de common law en inglés.
Los conceptos, terminología y método de razonamiento resultan
familiares al cada vez mayor círculo de juristas, cuya calidad como
litigantes en Québec y en cualquier otra provincia del Canadá, es
sobresaliente.
Todos estos factores hacen que los habitantes de Québec, estén
realmente conscientes del origen de sus tradiciones jurídicas, lo que los
compromete cada vez más a resaltar y robustecer dichas tradiciones sin
permitir que una herencia legal opaque a la otra.
8
Tetley, Q.C, William. Mixed jurisdictions, common law vs. civil law (codified and uncodified). Professor of Law,
Mc.Gill University, Montreal Canadá, p. 16.
105

OCCIDENTAL1
B. Estado de Louisiana, E.U.A.
La gran dificultad que tiene la tradición romanista para sobrevivir y
desarrollarse en Louisiana es precisamente la barrera del lenguaje en
virtud de la disminución del uso del francés en ese Estado.
La primera Constitución que data del año de 1812 de hecho fue
redactada en francés y solo un ejemplar traducido al inglés fue enviado a
Washington para cumplir los requisitos emitidos por el Congreso para
permitir que Louisiana ingresara a la Unión.9
Bajo la presente Constitución de 1974, a pesar de no haber
disposición sobre el idioma oficial de las legislaturas o las cortes, de
hecho el único idioma que prevalece en la actualidad es el inglés. No
existe necesidad alguna para legisladores, jueces, abogados, profesores
de derecho o estudiantes que dominen o estudien libros en francés para
efectos de completar su profesión o para el litigio.
Incluso algunos tratados de derecho civil francés han sido traducidos al
idioma inglés. Las publicaciones legales asimismo son en inglés, por lo
que todos estos factores considero que han contribuido al debilitamiento
de la tradición romanista en Louisiana.
C. Escocia
Una situación similar prevalece en Escocia, donde el idioma y la
cultura jugaron un papel importante en la recepción del derecho romano
en el derecho escocés durante los siglos dieciséis y diecisiete, y de
manera contraria, en la actualidad, donde existe cada vez más recepción
9
Ibídem, p. 19.
106

del common law inglés convirtiendo a Escocia en una jurisdicción mixta.
Robin Evans-Jones atribuye la primera recepción a la influencia de los
abogados escoceses quienes recibieron su educación legal en
universidades continentales europeas y luego regresaron a casa con una
preferencia intelectual y cultural hacia el derecho romano en el que
fueron entrenados.
En ese entonces, sus estudios fueron tomados en latín, francés u
holandés. Sin embargo durante el siglo diecinueve, como resultado del
enlace cultural con Inglaterra, los abogados escoceses dejaron de ser
educados en el continente y empezaron a verse como parte de una
comunidad de habla inglesa, compartiendo con abogados ingleses y
americanos una herencia legal asociada con la justicia y la libertad. El
resultado de esta transformación cultural ha representado una lenta
erosión de la herencia romanista del derecho escocés en favor del
common law.10
Sin embargo Escocia representa el caso típico de un
sistema jurídico que ha sido implantado por la vía de la recepción
pacífica.
V. ALGUNAS INSTITUCIONES ROMANISTAS ADOPTADAS POR EL
COMMON LAW
Para efectos de comprobar la hipótesis formulada por el suscrito en
el presente trabajo de investigación he de hacer referencia a continuación
de algunos principios e instituciones de corte romanista que han sido
10
Castán TOBEÑAS, José. et al., Sistemas jurídicos contemporáneos, Editorial Abeledo- Perrot, Argentina, p. 118.
107

OCCIDENTAL1
adoptados por el derecho estadounidense y con ello tener por
demostrado que el contacto entre dos sistemas jurídicos por más
antagónicos que parezcan, a lo largo de las relaciones comerciales,
humanas y políticas traen como consecuencia una compenetración de
rasgos culturales, incluyendo los jurídicos, que pueden acarrear en un
futuro la homologación de criterios jurídicos como lo ha demostrado en la
actualidad la unión europea, que ha revivido el ideal de un auténtico Ius
Commune.
A. Restitution (Derecho Indemnizatorio)
Es la nueva ciencia del common law que, en años recientes, ha
llenado los libros de texto, revistas y artículos jurídicos, exposiciones y
conferencias como nunca antes se había visto. Es una institución de
derecho romano que constituye una prueba fehaciente de que el common
law está vivo.11
“Se trata de una compensación por pérdida, daño o lesión de algún
bien ajeno”.
Gran parte del moderno derecho restitutorio se fundamenta en
principios romanistas de los cuasicontratos encontrados por años en el
derecho escocés.
La creación de estas teorías tanto en Inglaterra como en los
Estados Unidos de Norteamérica ha intrigado a los juristas de formación
romanista, particularmente de aquellos de derecho codificado.
Mientras el principio de enriquecimiento ilícito ahora unifica
demandas restitutorias en el common law, debo aclarar que en los
11
Lord Goffof Chieveley & G. Jones, The law of restitution, 4 Ed., Sweet & Maxwell, London, 1993 at 12 et seq.
108

sistemas romanistas existen dos formas de cuasicontratos, el
enriquecimiento ilegítimo y además la Gestio Negotiorum o gestión de
negocios, y además el pago de lo indebido que genera indemnización.
El common law solía ser estricto en relación a reclamaciones
distintas a aquellas que derivaran del enriquecimiento ilegítimo.12
Posteriormente se desarrolló el derecho a indemnización por
incumplimiento contractual y por algunas otras causas, que incluye entre
otras la Condictio Sine Causa y la Condictio Causa Data Causa Non
Secuta.
Resulta interesante que hoy en día, los tres requisitos para generar
indemnizaciones derivadas de enriquecimiento ilegítimo son tanto en los
sistemas romanistas como del common law los siguientes.
a.- Un enriquecimiento que se traduce en un beneficio patrimonial.
b.- Que ese enriquecimiento haya sido a expensas del demandante.
c.- Una falta de causa legal.
B. General Tort of Negligence (Responsabilidad por Negligencia)
La palabra tort significa daño o lesión y se diferencia del delito por
tratarse de una ofensa a intereses particulares, aunque habrá ocasiones
en que al afectar un bien jurídicamente tutelado como en el caso de
homicidio, se lesionarán también los ideales valorativos de la comunidad
estatal. En los casos de torts depende de la persona dañada o lesionada
interponer la querella correspondiente y en caso de acreditarse la
12
Ibídem, p. 11.
109

OCCIDENTAL1
responsabilidad correspondiente, el culpable será condenado únicamente
al pago de una sanción pecuniaria por concepto de daños y perjuicios.
Esta rama del derecho anglo-sajón deriva de tres grandes campos,
a saber, agresión intencional (intentional aggression), negligencia
(negligence) y en casos de obligación estricta (strictliabiliily).
Tratándose de tort of negligence, o responsabilidad derivada de un
acto y omisión negligente, resulta indispensable captar el sentido legal de
lo razonable y del hombre prudente. La conducta razonable se puede
definir como aquella conducta de cualquier hombre común en cualquier
evento o transacción incluyendo la obediencia en a indicaciones
especiales que pueda darle la ley. Se trata por supuesto, de una
abstracción. El hombre razonable, por otro lado, es aquel que nunca
desdeña las enseñanzas de la experiencia y se protege de la negligencia
ajena cuando la sabe generalizada; no tiene grandes cualidades ni es un
perfecto ciudadano. En el caso de que cuente con alguna profesión o
vocación, la sociedad espera que la ejerza con la habilidad y competencia
generalmente reconocidas en profesionistas.
Hasta años recientes, desde el caso DONAHUE VS. STEVENSON, el
common law no contemplaba el General Duty of Care, similar al derecho
romano. “Debemos tener un cuidado razonable para evitar actos u
omisiones que puedan preverse de manera razonable para evitar
lesiones a tu vecino”.13
A partir de ese sonado caso, la teoría general de las obligaciones se
enseña en las facultades de derecho y se han comenzado a escribir libros
en la materia.
13
Alabama State Department of Education. Our legal heritage, New Jersey, 1978, p. 139.
110

Asimismo se ha desarrollado la Teoría sobre la Culpa en sus
distintos grados y las consecuencias jurídicas que ello genera.
VI. LEX MERCATORIA
Durante la Europa Medieval, entre los siglos noveno y décimo
sexto, existió un “derecho común mercantil”, que estaba constituido por
un cuerpo uniforme de normas consuetudinarias, aplicables por cortes
comerciales en disputas entre comerciantes; se trataba de la Lex
Mercatoria o The Law Merchant, que incorporó un conjunto de normas de
derecho marítimo de características privadas y basadas en la costumbre
Lex Marítima.
La Lex Mercatoria, que incluyó a la Lex Marítima, estuvo
administrada por cortes locales, a menudo por cortes conocidas como
“cortes de pies descalzos” que se trasladaban a las “ferias medievales”.
The Law Merchant constituye un sistema legal con normas e
instituciones propias debidamente codificadas al estilo romanista.
Un sorprendente número de normas basadas en este derecho
común marítimo existen en las naciones modernas, incluyendo a los
Estados Unidos (ej. Intereses, faenus nauticum).
Pero además debemos hablar de un moderno Law Merchant, que
muchos estudiosos consideran está empezando a tomar forma en el
contexto del comercio internacional y que está formado por algunos
acuerdos, permitiéndome mencionar a los más importantes:
La UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)
publicado por la Cámara Internacional de Comercio en el año de 1993.
111

OCCIDENTAL1
La Convención de Viena de 1980, por su parte, tiende a mantener
un delicado balance entre conceptos romanistas y de common law,
armonizando el derecho en la venta de productos entre los Estados
participantes del Tratado.14
En materia de arbitraje internacional se signó el documento llamado
UNIDROIT en al año de 1994 referente a los principios de los contratos
comerciales internacionales, como resultado de catorce años de trabajo
de un grupo de experimentados especialistas en la materia de contratos y
de derecho internacional, tanto de formación romanista como del
common law y de sistemas socialistas de diversas partes del mundo.
Sus principios, en pocos años de acordados, han logrado una
impresionante síntesis del derecho de comercio internacional
reconciliando diversas tradiciones jurídicas en un modelo benéfico y
creativo en beneficio de la Comunidad Internacional.
VII. CONCLUSIONES
A. Las naciones de América del Norte a pesar de pertenecer a
familias jurídicas distintas y de tener diferencias epistemológicas en
cuanto a la creación y aplicación de la norma jurídica y de haber girado
en torno a distintas doctrinas jurídico-filosóficas, con tendencias de
razonamiento y pensamiento legal distintas, y con un conjunto de
metodologías y proposiciones en torno a la teoría del derecho,
constituyen verdaderos pilares de la cultura occidental, por tanto poseen
muchos rasgos en común que pudieran ocasionar que en un futuro
14
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (sometimes called the "CISG"),
adopted at Vienna, 11 April 1980 and in force 1 January 1988.
112

estemos hablando de un verdadero derecho común de América del
Norte.
B. Como resultado de las relaciones transfronterizas de los
diversos estados soberanos, ha habido una constante compenetración e
influencia recíprocas de las diversa familias jurídicas que ha traído como
consecuencia la recepción de instituciones propias de otro modelo
diverso, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo
sistema jurídico contempla algunas instituciones de origen romanista
sobre todo en materia de derecho privado tales como la teoría del
enriquecimiento ilegítimo y de los cuasicontratos, la responsabilidad civil
por negligencia y muy particularmente la lex mercatoria ya analizadas.
VIII. BIBLIOGRAFÍA
BERMAN Harold J. Law and Revolution. The formation of the western
legal tradition, Cambridge, Harvard University Press, 1983
MARGADANT, Guillermo F. La segunda vida del derecho romano,
Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2002
MERRYMAN, John Henry. The Civil Law Tradition. An Introduction to the
legal systems of western europe and latinamérica, 2nd
edition.,
Stanford CA, Stanford University Press, 1985
CASTÁN TOBEÑAS, José. et al., Sistemas jurídicos contemporáneos,
Editorial Abeledo- Perrot, Argentina
113

OCCIDENTAL1
114

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS GENERALES
DE LAS NORMAS DEL TRABAJO
César RODRÍGUEZ CHACÓN *
Si bien desde las Leyes de Indias en la época de la Colonia,
encontramos disposiciones sobre jornada de trabajo, salario mínimo,
pago del salario en efectivo y prohibición de las tiendas de raya, éstas
fueron letra muerta.1
La Constitución de 1857 consagró la declaración de derechos, que
establecía los que gozaban los hombres frente al estado y la
sociedad, imbuida de la filosofía liberal, con su sentido individualista
y la creencia de que el libre juego de las fuerzas productivas
excluye al poder público de toda intervención en este importante
campo de la actividad humana. Sin embargo, ya desde entonces
dos voces se elevaron en el seno de aquel Congreso subrayando
las injusticias sociales que tal régimen jurídico propiciaba; Ignacio
Luis Vallarta e Ignacio Ramírez, El Nigromante.2
*César Rodríguez Chacón, Maestro de Tiempo Completo (ATC) de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
1
Cueva, Mario de la, Derecho mexicano del trabajo, 9ª. ed., reimp., México, Porrúa, S.A., 1966, t. I, cap. V, 1966,
pp. 93 y ss.
2
Mexicano; esta es tu constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, XLVII Legislatura, México,
1968. p.11.
115

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, PRINCIPIOS Y
CONCEPTOS GENERALES DE LAS NORMAS DEL TRABAJO
El 30 de abril de 1904, fue votada una ley del Gobernador del
Estado de México, José Vicente Villada, inspirada en una ley de Leopoldo
II de Bélgica (1903), que consagró la teoría del riesgo profesional.
El 9 de noviembre de 1906, fue dictada la ley de Bernardo Reyes,
más importante que la anterior por ser más completa, que sirvió de
modelo al Gobernador Salvador R. Mercado para la Ley de Accidentes de
Trabajo de Chihuahua de 29 de julio de 1913 y a Gustavo Espinosa
Mireles en la elaboración de la Ley de Trabajo de Coahuila de 1916.
En el Estado de Jalisco se había decretado la ley de Manuel M.
Diéguez el 2 de septiembre de 1914, un mes antes que la ley de Manuel
Aguirre Berlanga del 7 de octubre de 1914 primera Ley del Trabajo de la
República Mexicana, que fue substituida por la de 28 de diciembre de
1915.
El 4 de octubre de 1914 el coronel Manuel Pérez Romero,
Gobernador del Estado de Veracruz estableció el descanso semanal en
todo el Estado, la Ley del Trabajo fue promulgada por Cándido Aguilar el
19 de octubre de ese mismo año.
El 12 de abril de 1915, siendo Secretario de Gobernación del
gobierno de Venustiano Carranza, el licenciado Rafael Zubarán
Capmany, formuló con la colaboración de los licenciados Santiago
Martínez Alomía y Julio Zapata, un Proyecto de Ley sobre Contrato de
Trabajo, aunque inferior a las legislaciones de Veracruz y Yucatán.
El 14 de mayo de 1915, se promulgaron en Mérida sendas leyes
importantes conocidas como la legislación del General Salvador
Alvarado: Una ley creando el Consejo de Conciliación y el Tribunal de
Arbitraje, y el 2 de diciembre del mismo año, la Ley del Trabajo, que
vinculadas con las leyes Agraria, la de Hacienda y la del Municipio Libre,
116

César Rodríguez Chacón
fueron llamadas Las Cinco Hermanas, cuyo propósito fue el mejoramiento
de las condiciones de vida del obrero y la modificación del régimen
individualista y liberal de su época, de ahí su enorme importancia y
trascendencia jurídicas, estimándose que de las mismas surgió la idea
del artículo 123 Constitucional actual.
El 6 de octubre de 1915, se promulgó por Agustín Millán,
nuevamente gobernador de Veracruz, la primera ley del estado sobre
Asociaciones Profesionales.
Ya en la época de la revolución, se dictaron leyes en Hidalgo, el 25
de diciembre de 1915 y en Zacatecas el 24 de julio de 1916, vigentes
hasta 1931.
El 17 de octubre de 1916, el gobernador de Coahuila, Manuel
Espinosa Mireles, promulgó una ley que reprodujo tanto el proyecto
Zubarán (contrato de trabajo) como la Ley sobre Accidentes de Trabajo
de Bernardo Reyes.
Así, se llega al Congreso Constituyente de Querétaro, que después
de enconados debates produce el texto del artículo 123
Constitucional, que si bien inspirado en los antecedentes mexicanos
antes enumerados, principalmente el de Yucatán y en las leyes de
diferentes países, representa para nuestro país el mérito
trascendente de consignar por primera vez en un texto
constitucional un mínimo de garantías en beneficio de una de las
clases económicamente más débiles.3
Así pues, la situación social, económica y política de fines del siglo
XIX y la primera década del XX, originó la Revolución Mexicana; las
3
Cueva, Mario de la, op. cit., nota 87, nota 3, pp. 92 y ss.
117

desigualdades entre las clases sociales eran cada vez más
profundas; los campesinos no eran dueños de la tierra que
trabajaban y los propietarios en lugar de explotar la tierra
explotaban al hombre y los obreros carecían de derechos, e
intolerables condiciones de trabajo pesaban sobre ellos. La
constitución de 1857 había cedido su vigencia a la dictadura de un
hombre (Porfirio Díaz) y el pueblo de México, por alcanzar la
democracia y la justicia, empuñó las armas en lo que puede
llamarse la primera revolución social del siglo XX. Resultado de ésa
lucha fue la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, que si
recogió lo mejor de la tradición nacional de máximo respeto al
hombre de la ley fundamental anterior, combinó el individualismo
con nuevas ideas sociales, consignando en su texto la primera
declaración de derechos sociales de la historia. Mientras las
garantías individuales exigen al Estado una actitud de respeto para
las libertades humanas, pues éstas forman un campo donde el
poder estatal no puede penetrar, las garantías sociales, por el
contrario, imponen a los gobernantes la obligación de asegurar el
bienestar de todas las clases integrantes de la comunidad.4
Los principios fundamentales del derecho del trabajo en México se
encuentran consagrados en el texto del Artículo 123 Constitucional, a
través de las diversas fracciones de sus apartados: "A", para los obreros,
jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general,
todo contrato de trabajo, y "B", para las relaciones entre los Poderes de
la Unión, los Gobiernos del Distrito Federal y sus trabajadores.
4
Mexicano; esta es tu constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, XLVII Legislatura, México,
1968. p.11.
118

La Ley Federal del Trabajo en vigor, reglamentaria del Apartado "A"
del mencionado precepto constitucional, contiene en su título primero los
principios y conceptos generales que deben servir de base a la
interpretación y aplicación de las normas de trabajo. En su exposición de
motivos se expresa:
El artículo 1º fija el campo de aplicación de la Ley, limitado al
mencionado primer apartado del artículo 123 de la Constitución.
Las finalidades de la legislación del trabajo señaladas en los
artículos 2º y 3º, se resumen en las siguientes: la finalidad suprema de
todo ordenamiento jurídico es la realización de la justicia en las relaciones
entre los hombres, y por tratarse del derecho del trabajo, se habla de la
justicia social, que es el ideario que forjaron los constituyentes de 1917
en el artículo 123. Con base en esa idea, se establece que el trabajo es
un derecho y deber sociales, que no es un artículo de comercio, porque
se trata de la energía humana de trabajo, que exige respeto para las
libertades y dignidad de quien lo presta y que debe efectuarse en
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso
para el trabajador y su familia.
El artículo 5º. Fija los caracteres formales del derecho de trabajo:
son normas de orden público, circunstancia que les otorga el carácter de
derecho imperativo, lo que excluye la renuncia, por parte de los
trabajadores, de sus derechos, beneficios y prerrogativas.
Los artículos 8º y 9º contienen los conceptos de trabajador en
general y de trabajador de confianza; el primero es la persona física que
presta a otra, física o jurídica, un trabajo personal subordinado. El
concepto de trabajador de confianza tiene una gran importancia para la
administración de las empresas, por esta razón y considerando la
119

imprecisión que existe en la legislación vigente, se analizaron los dos
sistemas que han sido propuestos por la doctrina: consiste el primero en
el señalamiento de los trabajadores de confianza típicos, colocando una
fracción final en la enumeración que se hiciere, que permitiera considerar
como trabajadores de confianza a los que tuvieren características
semejantes a las de los contemplados en el precepto respectivo. En el
anteproyecto que se entregó a los trabajadores y a los empresarios se
adoptó tentativamente esa solución, pero en las pláticas que se tuvieron
con los sectores interesados se observó que los trabajadores, además de
reducir las fracciones del respectivo artículo, rechazaban la idea de una
fracción final que pudiera aplicarse analógicamente. En cambio, los
empresarios querían que se ampliara la lista. Después de ese cambio de
impresiones se llegó a la conclusión de que una enumeración limitativa
podría dejar fuera de ella situaciones que debieron considerarse, así
como también que era imposible prever las nuevas situaciones que se
presentaran; y una enumeración ejemplificativa podría abrir las puertas a
una extensión inconveniente de la categoría del trabajador de confianza.
Ante la divergencia de opinión de los sectores trabajo y capital, se llegó a
la conclusión de que era preferible un concepto general, a cuyo fin se
adoptaron las ideas siguientes: los trabajadores de confianza son
trabajadores, según lo indica su nombre, lo que quiere decir que están
protegidos por la legislación del trabajo, con las modalidades que impone
su naturaleza. Una fórmula bastante difundida expresa que los
trabajadores de confianza son aquellos cuya actividad se relaciona en
forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas; con sus
intereses, con la realización de sus fines y con su dirección,
administración y vigilancia generales, esta fórmula y las disposiciones de
120

la ley vigente, interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia, permitieron
determinar las dos características siguientes: primeramente, la categoría
del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones; en
segundo lugar, las funciones de confianza son las de dirección,
inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y
las que se relacionan con trabajos personales del patrón.
El artículo 10 analiza el concepto de patrón, que es la persona
física o jurídica que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores y el
artículo 11 señala las personas que, para los efectos de la legislación del
trabajo, deben ser considerados representantes del patrón.
Los artículos 12 a 15 consideran el problema que tantas dificultades
ha suscitado en las relaciones obrero patronales, de los intermediarios;
después de la definición del artículo 12, el 13 dispone que serán
considerados intermediarios las empresas que contraten obras o
servicios en beneficio de una persona, si no disponen de elementos
propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores; cuando se dé esta circunstancia, el
beneficiario de las obras o servicios será solidariamente responsable con
la empresa contratante por las obligaciones contraías con los
trabajadores.
La economía contemporánea ha impuesto como una necesidad
técnica la especialización de las empresas subsidiarias para que ejecuten
obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra. Como esta
circunstancia ha redundado en perjuicio de los trabajadores, por cuanto
sus condiciones de trabajo son inferiores a las de la empresa principal y
porque las empresas filiales no siempre disponen de elementos
suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones de
121

trabajo, el artículo 15 establece la responsabilidad solidaria de las
empresas, y dispone que las condiciones de los trabajadores que prestan
sus servicios a la filial, deben ser iguales a las de los de la empresa que
aprovecha la actividad de la filial.
El crecimiento de la industria moderna obliga a numerosas
empresas a crear sucursales, agencias u otras unidades semejantes,
independientes las unas de las otras, pero sujetas todas a la
administración general. Esta división ha impuesto en la vida moderna la
necesidad de distinguir entre empresa y establecimiento. El proyecto
recogió estas ideas en el artículo dieciséis: La empresa es la unidad
económica de producción de bienes o servicios, la organización total del
trabajo y del capital bajo una sola dirección y para la realización de un fin,
en tanto el establecimiento es una unidad técnica que como sucursal,
agencia u otra semejante, disfruta de autonomía técnica, no obstante lo
cual forma parte y contribuye a la realización de los fines de la empresa,
considerada como la unidad superior.
El artículo 17 señala cuáles son las fuentes formales del derecho
del trabajo; el derecho del trabajo del siglo pasado era un capítulo del
derecho privado, civil y mercantil, pero el nuestro, desde el año en que se
promulgó la Constitución vigente, conquistó su autonomía como una
rama jurídica independiente. Por otra parte, como nuestro Derecho del
Trabajo tiene su fuente en el artículo 123 constitucional, ello le da el
rango de un ordenamiento reglamentario de la Constitución. Partiendo de
estas ideas, se reconocen como fuentes del derecho del trabajo: la
Constitución, los principios generales de justicia social que derivan del
artículo 123, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.
122

El artículo 16 no menciona el derecho común, en primer lugar,
porque este término es ambiguo, y segundo, porque cuando contenga
principios generales se aplicarán en la vida del derecho del trabajo de
conformidad con la ya citada fórmula del artículo 14 de la Constitución.
El artículo 18 consagra como norma general de interpretación la
realización de las finalidades del derecho del trabajo, señaladas en
los artículos 2º y 3º, que son la justicia social, la idea de la igualdad,
libertad y dignidad de los trabajadores y el propósito de asegurar a
los hombres que presten sus servicios un nivel decoroso de vida. El
artículo adoptó, además, un principio universalmente reconocido: en
caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al
trabajador.5
Por su parte, el artículo 19 establece que todos los actos y
actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo
no causarán impuesto alguno.
En torno a los principios y conceptos generales de las normas del
trabajo, no debemos olvidar que la Constitución Política Mexicana de
1917, es la primera constitución en el mundo que eleva al rango de
normas constitucionales los derechos protectores de la clase trabajadora,
como sostiene Arnaldo Córdova: “la cuestión obrera, de hecho… se
convertía así en una entidad que pasaba de lleno al campo del interés
público, dejando de ser una mera relación entre privados.”6
Lo que
constituye desde luego uno de los principios fundamentales de toda
5
Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 1º. de
abril de 1970.
6
Córdova, Arnaldo, La ideología de la revolución mexicana, México, Ediciones Era, 1973, p. 232.
123

norma, es decir su interés público; de hecho, no deben existir normas que
tutelen o protejan intereses privados, ése es el sentido del principio
general del derecho de que toda norma jurídica debe ser abstracta,
general e impersonal, y si se consagraron en el texto constitucional los
derechos protectores de la clase trabajadora, es precisamente, por un
lado, de preservarlos de su fácil modificación, derogación o abrogación, y
por otro, fundamentalmente para establecer esa protección como un
principio constitucional del cual habrán de derivar las leyes
reglamentarias que instrumenten debidamente su aplicación y la
mecánica de su funcionamiento.
Los anhelos de los revolucionarios mexicanos, cuya sangre
derramada dio origen a nuestro texto constitucional, se ven plasmados en
el, en aras de remediar la explotación de que eran objeto, ello justifica la
opinión generalizada en el sentido de que el Derecho del Trabajo es un
derecho de clase, cuya finalidad es la realización de la justicia social, y
sus fundamentos son distintos de lo que inspiraron el ordenamiento
jurídico tradicional, en opinión de muchos, excluyentes, individualistas y
deshumanizados.7
El trasfondo o supuesto sociológico del derecho social
del trabajo, es la cuestión social obrera, y su propia dinámica y
modernización lo ha llevado a enfrentar una evolución y perspectiva
frente a los retos del cambio y la globalización que lo han hecho alcanzar
su especialidad, como lo demuestran su amplio desarrollo cualitativo y
cuantitativo, así como su evolución jurisprudencial, legislativa y doctrinal,
que lo hace merecer un lugar especial en la cátedra universitaria de nivel
superior y de posgrado. De su origen de derecho del proletariado, ha
7
Walker Linares, Francisco y Walker Errázuris, Francisco, “Derecho del trabajo chileno”, en Derecho
latinoamericano del trabajo, México, UNAM, 1974, t. I, p. 567.
124

llegado a constituir un conjunto de normas que regulan en general la
prestación de servicios profesionales por cuenta ajena. Originado como
un estatuto protector del proletariado en sus relaciones con la clase
empresarial, la acción tutelar de muchas de sus instituciones se ha
venido extendiendo a grandes sectores de la clase media profesional,
que viven en dependencia económica de sus empleadores8
,
compensando la desigualdad económica entre patrones y trabajadores,
destronando como derecho de clase, el dogma económico clásico liberal,
habilitando y constituyendo un sistema de normas intervencionistas,
rompiendo la tradicional confianza del jurista en la autonomía absoluta de
la voluntad, rebasando así el laisser faire-laisser paser (dejar hacer-dejar
pasar) de los economistas, así como la libertad contractual sustentada
por los civilistas.
Bástenos recordar el texto de los siguientes artículos de la Ley
federal del Trabajo en vigor en la república mexicana:
Artículo 2o.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio
y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.
Artículo 3o.-El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es
artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de
quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la
vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su
familia.
8
Tissembaum, Mariano, Derecho del trabajo en la República Argentina, en Derecho latinoamericano del
trabajo, México, UNAM, 1974, t. I, p. 123.
125

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por
motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o
condición social.
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y
el adiestramiento de los trabajadores.
Artículo 20.-Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea
el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de
un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el
contrato celebrado producen los mismos efectos.
Por último, resulta de igual manera insoslayable, que las
necesidades y aspiraciones de los trabajadores, van cambiando con las
épocas, sobre todo en la actualidad, época post-moderna y globalizante,
en la medida en que nuevos grupos humanos, con diferentes
capacidades y habilidades laborales se van sumando al ritmo de los
avances tecnológicos en materia de producción de bienes y servicios, a la
prestación de su fuerza de trabajo, capacidades y habilidades, a nuevas
entidades patronales, muchas veces de carácter transnacional,
circunstancias que en nuestro concepto obligan al Estado a la adaptación
del ordenamiento positivo a la complejidad de las relaciones laborales
actuales, frente a una creciente intención de la clase empresarial a la
modificación de las normas y principios laborales, que han debido, y
deben, atemperar la desigualdad económica y social de los individuos
126

que conforman el conglomerado humano, pues si el fin último del derecho
en general, es lograr la armonía y desarrollo de todos ellos, lo que para
algunos se resume en el bien común, el derecho laboral en particular,
tiene como último fin el logro de la justicia social, pues como sostiene el
Maestro Roberto Rubio Unive: “Si el derecho en su acepción más amplia,
no podemos concebirlo fuera de la realidad social, menos aún lo
podríamos hacer del derecho social, que es la respuesta que la realidad
da a las condiciones precarias de vida de las clases sociales de mayor
marginación.”9
BIBILIOGRAFÍA
CÓRDOVA, Arnaldo, La ideología de la revolución mexicana, México,
Ediciones Era, 1973.
CUEVA, Mario de la, Derecho mexicano del trabajo, 9ª. ed., reimp.,
México, Porrúa, S.A., 1966, t. I, 1966.
Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el día 1º. de abril de 1970.
Mexicano; esta es tu constitución, Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión. XLVII Legislatura. México, 1968.
RUBIO UNIVE, Roberto, ¿Qué es el derecho social?, Revista Lecturas
Jurídicas, num. 10, Época V, julio de 2009, Facultad de Derecho,
Universidad Autónoma de Chihuahua.
TISSEMBAUM, Mariano, Derecho del trabajo en la República Argentina,
en: Derecho latinoamericano del trabajo, México, UNAM, 1974.
9
Rubio Unive, Roberto, “¿Qué es el derecho social?”, Revista Lecturas Jurídicas, Facultad de Derecho,
Universidad Autónoma de Chihuahua, México, Época V, número 10, julio de 2009, p. 108.
127

WALKER LINARES, Francisco y WALKER ERRÁZURIS Francisco,
Derecho del trabajo Chileno, en Derecho latinoamericano del
trabajo, México, UNAM, 1974.
128

132
LECTURAS JURÍDICAS
Época VI, Número 16
Se terminó de imprimir en los
Talleres Gráficos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Chihuahua,
A cargo de Isidro Díaz Tarango,
Durante el mes de septiembre de 2011.

Lecturas jurídicas número 16

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Destacado

Similar a Lecturas jurídicas número 16

Más de Lilia G. Torres Fernández

Último

Lecturas jurídicas número 16