La ley establece la acción de amparo para proteger los derechos y garantías constitucionales contra actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades públicas. La acción puede ser presentada por cualquier persona afectada ante un juez federal o de primera instancia. El juez debe solicitar un informe a la autoridad demandada y dictar sentencia dentro de breves plazos, concediendo o denegando el amparo. La sentencia puede ser apelada en un plazo de 48 horas.