La menor fue brutalmente violada por un interno mientras distribuía material religioso en la cárcel. Tanto el interno como los funcionarios de la prisión deben responder ante la justicia, ya que existe responsabilidad penal por acción u omisión. La ley establece que las autoridades públicas y sus funcionarios son responsables de los daños causados por actuaciones u omisiones administrativas antijurídicas. El director de prisiones debe suspender al personal a cargo e iniciar una investigación para determinar responsabilidades.