Este documento describe las responsabilidades de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el uso de la fuerza. Estas responsabilidades incluyen salvaguardar la vida y derechos de los ciudadanos, respetar y cumplir la ley, no cometer actos de corrupción, y observar principios como legalidad y proporcionalidad. Los funcionarios con mando también deben capacitar en derechos humanos, ser ejemplos a seguir, y garantizar que se sigan códigos de conducta y se den seguimiento a denuncias ciudadanas.