El documento discute la autonomía procesal constitucional. Explica que el derecho procesal constitucional tiene una naturaleza particular dada su función de concretizar la Constitución. También analiza los principios que sustentan la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, como su potestad de crear normas procesales constitucionales para llenar vacíos normativos de acuerdo a los fines de los procesos constitucionales. Finalmente, revisa algunos casos en los que el Tribunal ha ejercido su autonomía procesal.

1. LA AUTONOMIA
PROCESAL
CONSTITUCIONAL

2.  ALGUNAS CONSIDERACIONES
PREVIAS

3. NATURALEZA Y PARTICULARIDAD DEL
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
• Que el derecho procesal constitucional
constituye un ordenamiento complejo de
naturaleza adjetiva, debe ser interpretado e
integrado atendiendo a la singularidad que
este presenta respecto al resto del
ordenamiento jurídicola “particularidad del
proceso constitucional. Significa ello que el
derecho procesal constitucional “(...) implica
necesariamente un cierto distanciamiento del
resto de regulaciones procesales

4. • El C.P.Const. tiene que ser entendido como
un “derecho constitucional concretizado Esto
es, al servicio de la “concretización” de la
Constitución. Por ende, opera en beneficio
de la interpretación de la Constitución en
cada uno de los procesos constitucionales
que el juez y el Tribunal Constitucional
conocen con motivo de responder a una
concreta controversia constitucional
planteada.
• EXP. N.° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC

5.  LA PARTICULARIDAD DEL DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
 El derecho procesal constitucional, esto es, el conjunto
de normas procesales contitucionales, detenta según
Häberle una particularidad o singularidad
Eigenständigkeit) frente al resto de normas procesales
ordinarias97. Tal particularidad reside en la naturaleza
instrumental que el proceso constitucional tiene con
respecto a la Constitución, es decir, en su función de
“concretización” de la Constitución. Se trata de un
derecho concretizante de la Constitución

6.  Es aquí donde se da la necesidad de crear normas procesales
constitucionales distantes o diferentes a las ordinarias, conforme a
una específica orientación: que el contenido de la norma, instituto o
principio procesal constitucional creado contribuya a la mejor
realización de los fines del proceso constitucional.
 Desde esta perspectiva, la singularidad o particularidad del proceso
constitucional fundamenta que toda actuación procesal del Tribunal
Constitucional sea conducente a la realización de los fines del
proceso constitucional

7. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL
• Que de conformidad con el C.P.Const., “Son fines esenciales de los
procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la
vigencia de los derechos constitucionales” (Art. II, Título Preliminar). Esta
naturaleza instrumental del derecho procesal constitucional respecto a
estos principios tiene como consecuencia que la aplicación del Código
adquiera una particularidad tanto en la interpretación de sus normas como
en su integración:
•
• a) La interpretación de las disposiciones del C.P.Const. debe efectuarse
orientándose hacia una optimización o realización de los citados principios
constitucionales materiales; en particular, cuando se está ante una
pluralidad de interpretaciones se debe preferir aquélla que los optimice de
mejor forma.
• b) La integración de los vacíos normativos del C.P.Const. debe
efectuarse en atención a la finalidad de los procesos constitucionales
enunciada en el art. II del Título Preliminar y los arts. 1 º y 75º, de dicho
Código. Desde esta perspectiva es que debe interpretarse el art. X del
mismo cuerpo normativo.

8.  PRINCIPIOS
QUE SUSTENTAN LA
AUTONOMIA PROCESAL

9.  El art. IX del CPConst ha establecido:
 “En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de
aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la
materia discutida, siempre que no contradigan los fines
de los procesos constitucionales y los ayuden a su
mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias
citadas, el Juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los
principios generales del derecho procesal y a la
doctrina.”

10. EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE QUEJA
DEFICIENTE
 La suplencia de queja es una facultad otorgada a todo juez que
conoce procesos de tutela de derechos, pero que ha sido
intensamente empleada por el Tribunal Constitucional. Aun cuando
esta facultad se advierte también en los procesos de control
 normativo y puede también proyectarse al proceso de conflicto
competencial, nos limitaremos a ejercicio en los procesos de tutela
de derechos. La suplencia de queja constituye un deber del juez
constitucional de enmendar o corregir los actos procesales del
demandante que adolecen de un deficiencia o de una omisi ón, ya
sea sobre el petitum, la causa petendi –el derecho- o el acto lesivo.

11.  La premisa es la adopción de un concepto de
Constitución, concretamente, el concepto plural
y abierto de Constitución postulado por Peter
Häberle. Correlativamente esto implica una
concepción pluralista y abierta de la
interpretación constitucional que “debe
proyectarse a la comprensión y configuración
del proceso de inconstitucionalidad”2

12. SUPUESTO DE CREACION DE
NORMAS
 La creación de normas procesales constitucionales se
presenta cuando un vacío legislativo es integrado a
través de la creación de una norma procesal valiéndose
al efecto de cualquier recurso diferente a la aplicación
analógica de normas procesales ordinarias. Es aquí
donde tiene lugar la creación normativa en mérito al
principio de autonomía procesal constitucional.

13. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROCESAL DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
•
• Según él, este Tribunal detenta en la resolución de cada
caso concreto la potestad de establecer, a través de su
jurisprudencia, normas que regulen el proceso constitucional,
a través del precedente vinculante del artículo VII del
CPConst, en aquellos aspectos donde la regulación procesal
constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe
ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso
constitucional. La norma así establecida está orientada a
resolver el concreto problema –vacío o imperfección de
norma- que el caso ha planteado y, sin embargo, lo
trascenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a
que se incorpora, desde entonces, en la regulación procesal
constitucional vigente.

14. CONCEPTO
 La autonomía procesal constitucional denota la potestad
de creación judicial del derecho, específicamente, la
potestad de creación judicial del derecho procesal
constitucional. Se trata de la creación de derecho
procesal constitucional, pero no derecho constitucional
sustantivo. En tanto se trata de creación judicial, ella
viene a ser el producto del ejercicio de función
jurisdiccional

15. • Autonomía procesal
• Caso Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura
•
Sumilla El Tribunal Constitucional, de conformidad con el
principio de autonomía, reconocido en el artículo 201º de la
Constitutiene la potestad de modular, procesalmente, el
contenido y los efectos de sus sentencias en todos los
procesos constitucionales, ción, en general, y en el proceso
de amparo, en particular (FJ 62).
• : http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-
AI%2000026-2005-AI%20Admisibilidad.html
•

16. • Caso
• Manuel Anicama Hernández
• Sumilla El Tribunal Constitucional conforme al
principio de autonomía procesal, dentro del marco
normativo de las reglas procesales que le resultan
aplicables, goza de un margen razonable de
flexibilidad en su aplicación, de manera que toda
formalidad resulta finalmente supeditada a la finalidad
de los procesos constitucionales: la efectividad del
principio de supremacía de la Constitución y la
vigencia de los derechos fundamentales (FJ 38).
• URL:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.h

17.  ALGUNAS EXPERIENCIAS
JURISPRUDENCIALES

18.  Caso Arrellano Serquen
 Se introdujo el instituto procesal del “estado de cosas
inconstitucionales”, consideró que el título bajo el cual realizaba tal
incorporación era su titularidad de la competencia para tal efecto.
Afirmó, en tal sentido, que: “dado que este Tribunal es c ompetente
para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y
derechos constitucionales, Como se aprecia, el Tribunal no invoca
ningún principio conforme al cual se le atribuya la potestad de
creación de normas procesales constitucionales.“es competente
para fijas las reglas procesales que mejor protejan los principios y
derechos constitucionales

19.  Caso Hoja de Coca
 El caso Hoja de Coca, con auto de 8 de agosto de 2005, el Tribunal
Constitucional afirma que en su condición de “máximo intérprete de
la Constitución” y en tanto “órgano supremo de control de la
constitucionalidad”, él “es titular de una autonomía procesal para
desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional a
través de su urisprudencia”12. La autonomía deriva aquí
directamente de su condición de órgano de control de
constitucionalidad

20.  CASO NORMAS DEROGADAS
 Las normas objeto de control son normas que están en vigencia. El
Tribunal ha entendido que las normas derogadas también pueden
ser objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad en tres
supuestos: a) cuando sean susceptible de ser aplicada a hechos,
situaciones y relaciones jurídicas acaecidas durante el tiempo en
que estuvo vigente; b) cuando es aplicada ultractivamente; y,
finalmente, c), en los supuestos de normas penales o tributarias,
cuya declaración de inconstitucionalidad despliega efectos
retroactivos absolutos

21.  NORMAS INFRALEGALES
 El Tribunal ha extendido su competencia sobre las normas objeto
de control al ámbito de las normas de jerarquía infralegal34. Para
tal efecto ha empleado la facultad habilitada por el CPConst (art.
78º) de declarar la inconstitucionalidad de normas no impugnadas,
 pero vinculadas por “conexión o consecuencia” a la declarada
nconstitucional. El Tribunal parte de la constatación de la
indeterminación de dicha disposición en tanto ella no precisa que la
norma inconstitucional por extensión tenga que formar parte del
 mismo cuerpo normativo como tampoco que ella tenga que ser de
la misma jerarquía a la declarada inconstitucional.

22.  CASO MODULACION DE SENTENCIAS
 La técnica del prospective overruling en la sentencia del caso
Gallegari Herazo en julio de 2004. A través de ella se efectúa una
modulación de los efectos en el tiempo de un cambio
jurisprudencial. En principio, normalmente, una variación de la
jurisprudencia tendría que operar de inmediato sobre el caso, sin
embargo, con esta técnica, aun cuando se procede a efectuar el
cambio jurisprudencial, él “no adquiere eficacia para el caso
decidido, sino sólo en relación a hechos verificados con
posterioridad al nuevo precedente sentado en el overruling”

23.  SOBRELAS SENTENCIAS
NORMATIVAS

24.  CONCEPTO
 Se trata de un conjunto de sentencias a través de las
cuales el organismo jurisdiccional constitucional ha
establecido normas jurídicas o mandatos generales de
obligatorio cumplimiento, como medida adicional o
alternativa a la declaración de inconstitucionalidad de
una ley, con el objeto de evitar que el vacío jurídico
originado por la expulsión del ordenamiento jurídico de
la norma cuestionada, genere una afectación mayor al
ordenamiento constitucional.

25.  El Tribunal Constitucional se refiere al conjunto de estas
sentencias como sentencias interpretativas-
manipulativas o normativas. Y agrupa a las sentencias
interpretativas, aditivas, sustitutivas, de mera
incompatibilidad y exhortativas.

26. ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL
 En el Exp. Nº 010-2002-AI, seguidos por Marcelino
Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos, sobre acción de
inconstitucionalidad interpuesta contra los Decretos
Leyes Nº 25475, 25659, 25708 y 25880(2), así como
contra sus normas complementarias y conexas, el
Tribunal Constitucional, por vez primera, dejó sentada
su posición en relación con los tipos de sentencias que
puede emitir.
En el numeral 33 de los fundamentos de la referida
sentencia, se menciona que esta es una “sentencia
estipulativa”, puesto que expone los conceptos, alcances
y efectos de ella,

27. JUSTIFICACION

Todos esos tipos de sentencias se sustentan en
la necesidad de no crear vacíos legislativos o
generar peores efectos que los que se podrían
producir con la declaración de la
inconstitucionalidad de una disposición legal.
Asimismo, al igual que cualquier sentencia
constitucional, ellas vinculan a los poderes
públicos, y si bien no determinan un plazo
concreto o determinado dentro del cual deba
subsanarse la omisión, transcurrido un plazo
razonable

28.  Este tipo de sentencias se justifican porque
tienen como finalidad orientar a los jueces con
criterios que puedan utilizar en la interpretación
constitucional que realicen en los procesos a su
cargo y, además, porque contribuye a que los
ciudadanos ejerciten mejor sus derechos.

29.  Las sentencias interpretativas-manipulativas (normativas)

 En este caso el órgano de control constitucional detecta y
determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional
dentro de una ley o norma con rango de ley. La elaboración de
dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos
tipos de operaciones: la ablativa y la reconstructiva.

 La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances
normativos de la ley impugnada “eliminando” del proceso
interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya significación
colisiona con la Constitución. Para tal efecto,

30.  Clases de sentencias manipulativo-interpretativas;
Las sentencias reductoras:
 Son aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas,
etc.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución, y ha
generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva
y desmesurada.
 la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión”
del contenido normativo de la ley impugnada.
 Ello implica que la referida inaplicación abarca a determinadas
situaciones, hechos, acontecimientos o conductas originalmente
previstas en la ley; o se dirige hacia algunos derechos, beneficios,
sanciones o deberes primicialmente previstos.

31.  Las sentencias aditivas:
 Son aquellas en donde el órgano de control determina la existencia
de una inconstitucionalidad por omisión legislativa.
 En ese contexto procede a “añadir” algo al texto incompleto, para
transformarlo en plenamente constitucional. En puridad, se expiden
para completar leyes cuya redacción róñica presenta un contenido
normativo “menor” respecto al exigible constitucionalmente.
 De allí que el órgano de control considere necesario “ampliar” o
“extender” su contenido normativo, permitiendo su aplicación a
supuestos inicialmente no contemplados, o ensanchando sus
consecuencias jurídicas.

32.  Las sentencias sustitutivas:
 Son aquellas en donde el órgano de control de la
constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de una ley
y, simultáneamente, incorpora un reemplazo o relevo del contenido
normativo expulsado del ordenamiento jurídico; vale decir, dispone
una modificación o alteración de una parte literal de la ley.

 Ahora bien, debe aclararse que la parte sustituyente no es otra que
una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico.

 Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la
consumación de efectos políticos, económicos, sociales o culturales
gravemente dañosos y derivados de la declaración de
inconstitucionalidad parcial.


33.  Las sentencias exhortativas:
 Son aquellas en donde el órgano de control
constitucional declara la incompatibilidad constitucional
de una parte o la totalidad de una ley o norma con rango
de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata expulsión
del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al
Parlamento para que, dentro de un plazo razonable,
expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las
normas, principios o valores constitucionales.
 Sobre las sentencias exhortativas, en la STC Nº 004-
2004-CC se especifica que la exhortación puede concluir
por alguna de las tres vías siguientes:

34.  UNA BREVE REFLEXION ACERCA DE
LAS SENTENCIAS CON Y SIN
PRECEDENTE

35. Código Procesal Constitucional
Artículo VII.- Precedente
Las sentencias del Tribunal Constitucional que
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vinculante cuando así lo exprese la
sentencia, precisando el extremo de su efecto
normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva
apartándose del precedente, debe expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la
sentencia y las razones por las cuales se aparta del
precedente.

36. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
CONSTITUCIONALES CON O SIN PRECEDENTE
VINCULANTE
 De manera genérica, debe precisarse que el cumplimiento y
ejecución de las reglas y decisiones contenidas en las
sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional pueden ser
observados en función a los efectos personales o temporales
que de ellos se derivan.
 En cuanto a los efectos personales, estos pueden ser directos o
indirectos.
 Los efectos directos de la sentencia se producen para las
partes vinculadas al proceso constitucional, frente al cual la
sentencia expedida pone fin a la litis.

37. LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE
VINCULANTE
 El uso de los efectos normativos y la obligación de
aplicación de un precedente vinculante depende de:
 a) La existencia de similitudes fácticas entre el caso a
resolver y aquél del que emana el precedente.
 b) La existencia de similitudes y diferencias fácticas; las
que en el caso de estas últimas no justifican un trato
jurídico distinto. Por ende, es factible que a través del
razonamiento analógico se extienda la regla del
precedente vinculante.

38. LIMITES DE LA AUTONOMIA
 La autonomía procesal supone una potestad cuasilegislativa del TC
para perfeccionar su Derecho Procesal por lo que es natural que
puedan darse puntos de conflicto con el Congreso de la República,
porque la Constitución (artículo 102º-1) establece que aquél tiene la
atribución de leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar,
modificar o derogar las ya existentes». Un primer límite, por tanto, a
 la autonomía procesal del TC viene a ser el principio de división del
poder

39. Segundo limite
 Un segundo límite vendría a ser el principio de prohibición de la
arbitrariedad. Este principio, como se sabe, no está recogido de
manera expresa en nuestra Constitución, pero se ha incorporado en
nuestro ordenamiento jurídico vía jurisprudencial, a partir de la
interpretación de su artículo 43º; reconociéndolo como un principio
inherente a los postulados esenciales de un Estado la interdicción
de la arbitrariedad comporta la obligación del TC a establecer
reglas procesales pero con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.

40. El tercer límite
 lo constituye el principio de seguridad jurídica no tiene un
reconocimiento expreso, lo que no ha impedido afirmar al TC que
forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho.
La predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes
públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el
Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico
y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. La seguridad
jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del
ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación
del Derecho.84 En nuestro caso, dicho principio impone al TC la
obligación de otorgar cierto grado de permanencia a las reglas
procesales establecidas.

41. Cuarto límite
 Los derechos fundamentales, como a la autonomía
procesal del TC, da lugar a una exigencia su mayor
protección. El TC ha reconocido que los derechos
Fundamentales son derechos subjetivos y al mismo
tiempo instituciones objetivas que comportan un valor
constitucional e informan el ordenamiento jurídico en su
totalidad.