El documento habla sobre la necesidad de una nueva Ley de Minería en Bolivia que busque el bien común. Propone que se incluya a todos los actores involucrados como gobiernos locales, sociedad civil y organizaciones sociales en las discusiones sobre la ley para encontrar acuerdos consensuados. También pide que la nueva ley vele por el uso adecuado de los recursos naturales y el incremento del bienestar general de forma sostenible y equilibrada con el medio ambiente.

1. LEY DE MINERÍA
EL BIEN COMÚN Y LOS INTERESES SECTORIALES
Como en el pasado, todavía persiste en nuestro país una situación política donde los actores
corporativos, con intereses sectoriales específicos, promueven acciones o iniciativas legislativas sin
considerar los intereses generales de la población.
Cuando el debate ingresa a espacios democráticos e institucionales donde están representados los
intereses colectivos, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se establecen mecanismos de
concertación y acuerdos; por lo tanto, se generan situaciones conflictivas que afectan las bases de la
institucionalidad democrática.
Por todo ello, buscar consensos, a través de la participación ciudadana en su conjunto, confirma una
vez más que es el mecanismo más acertado para encontrar acuerdos consistentes que busquen el
bien común entre todos los bolivianos y bolivianas, considerando además que en el Art. 241 de la
Constitución Política del Estado se establece que “el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil
organizada, participará en el diseño de las políticas públicas…”
Tomando en cuenta que la renta extractiva representa la tercera parte de los ingresos que genera el
Estado; y que el sector hidrocarburos generó muchos más recursos para el Estado con la Ley aprobada
el 2005, por la creación del IDH, que se sumó a la regalía existente; consideramos importante analizar
de manera integral al sector minero, el cual a pesar del incremento del valor de la producción en estos
últimos años, su aporte al Estado sigue siendo muy reducido.
Por lo expuesto, la plataforma “Pacto por el Bien Común” manifiesta lo siguiente:
Primero, hacemos un llamado a las autoridades de gobierno para que en el tratamiento de la Ley Minera
incluyan en sus reuniones de concertación a todos los actores involucrados, los diferentes niveles de
gobierno, la sociedad civil, instituciones y organizaciones sociales, indígenas, sectoriales, y otras en
sus diversas formas y representaciones, y no se limite sólo a reuniones con el sector cooperativista.
Segundo, demandamos una mirada más integral, donde no sólo velemos por un buen uso y adecuada
explotación de nuestros recursos naturales, sino también busquemos el incremento del bienestar
común en un contexto equilibrado con el medio ambiente, reduciendo los riesgos socio-ambientales
que se generan.
Tercero, enfatizamos en la importancia y necesidad que tiene el país, de ir logrando acuerdos
consensuados, más allá de intereses sectoriales que busquen un desarrollo equitativo y sostenible del
país en el marco de un Pacto Fiscal participativo, integral, sostenible y a largo plazo.
Cuarto, evitar el riesgo que supone que las demandas sectoriales defiendan intereses parciales en
desmedro de nuestros recursos naturales y los intereses generales de todos los bolivianos y bolivianas.
La Paz, 23 de abril de 2014
Federación de Profesionales de Santa Cruz
FEDEMAR-SC
“La Educación es tarea de todos”
FUNDEVIDA