mujeres valientes, estudiosas y luchadoras políticas y sociales

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Mujeres, participación politica, luchas sociales, periodismo.
Nota: corresponde a los apuntes para realizar trabajo de grado con la Trabajadora Social Silvia
María Hernández Cuevas (2004-2006). “Mujeres y Políticas Públicas en Bogotá D.C., a partir del
trabajo realizado por las educadoras comunitarias afiliadas a Fundac
Justificación: Este trabajo pretende una interacción plena entre dos aspectos. Uno tiene que ver
con la opción histórica en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública, entendida
como inserción en actividades políticas y sociales. Se resalta el hecho de que esta opción ha
estado cruzada por posiciones que obstaculizan, en desarrollo de ese acumulado cultural vigente
en nuestro País, el cual ha soportado (. y soporta aún) a acciones de discriminación y de sumisión.
El otro está atado a las implementaciones institucionales, que concretan normas precisas en
cuanto a la participación individual y colectiva, particularizando en la participación de las mujeres,
a partir de expresiones taxativas, en cuanto a derechos (este es el caso, a manera de ejemplo,
del artìculo 43 de la Constitución Política).
A partir de ahì, desemboca en una precisión, como quiera que extiende la indagación en términos
del rol asumido por las mujeres, en procesos organizativos de participación concretos, por la vía
de organizaciones comunitarias que actúan en condición de sujetos colectivos que desenvuelven
su actuación, en nexo con las políticas gubernamentales relacionadas con la familia y la población
infantil. Es tanto, la Investigación, como acceder a un seguimiento que permita auscultar por los
contenidos de ese tipo de participación de las mujeres, de su incidencia, de la calidad y el grado
de conciencia que ejerce como base. Por esto, entonces, se ve implicado un aspecto tan crucial
como subjetivo: ¿la intervención como proceso de transformación y de asunción de
responsabilidades autónomas, y consientes, está asociada, de por sí, a la participación
comunitaria? ...o, además, ¿es necesario el desarrollo de niveles de conciencia con respecto a lo
que se hace? Así planteado, el trabajo de investigación, no es una dicotomía irreversible. De lo
que se trata es de indagar, en ese quehacer cotidiano, acerca de esos contenidos, inclusive,
inclusive con un elemento conceptual adicional e importante: en el caso de Fundac (la
Organización de Mujeres analizada), su objeto, su razón de ser tiene que ver con la aplicación y
desarrollo de esas políticas gubernamentales en el Distrito Capital. Cabe, entonces, otro
interrogante: ¿la intervención de las mujeres que trabajan en Fundac, es simple réplica,
relacionada con la aplicación de un programa, sin que esto implique el desarrollo de propuestas
alternativas, en cotejación con la realidad?
Por lo tanto, visto ese espectro conceptual amplio (pero, a la vez, complejo y necesario); este
trabajo de investigación, precisa la construcción de variables igualmente complejas en lo
conceptual. A manera de ejemplo: en el entendido de participación comunitaria, e nexo con los
entornos sociales y políticos concretos, se originan opciones constitutivas de diferenciación. Tanto
en lo estrictamente instrumental, como en lo que concierne a la captación de imágenes y
referentes de actuación consientes, transformadoras de esos mismos entornos o de parte de
ellos. Ahora bien, esa participación, puede ser contextualizada a en términos del su significado,
a partir de los roles y, a su vez, esos roles, pueden ser precisados en términos de género. Es ahì,
en ese proceso de especialización del análisis, en donde aparece una connotación precisa en
cuanto permite inferir conclusiones, como insumos conceptuales hacia una determinada
generalización o hacia una determinada propuesta, manera de opción para la interpretación que
permita trazar una política o efectuar una aseveración circunstancial.
Ya, entonces, aparece, por lo menos, un elemento de justificación. Tiene que ver con una
cotejación precisa entre ese nivel de participación comunitaria, general, hasta cierto punto ajena
a verdaderos procesos de intervención conciente de los y las sujetos y un nivel de participación
comunitaria soportada en acciones consientes, transformadoras, en las cuales los y las sujetos,
no se diluyen, como activos impersonales. A su vez, esa misma cotejación, permite actuar sobre
las características que adquiere la participación comunitaria de un universo de la población,
concreto, definido, en su una diferenciación de género; en este caso particular, de las mujeres.

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Así las cosas cuando, en este trabajo, aparentemente se reduce es el espectro para la indagación,
en razón a que centra su atención en el caso de la participación comunitaria de un sector
específico de mujeres (..aquellas vinculadas a la Organización Fundac); esa reducción es
constitutiva de un proceso en el cual, previamente, se presupone la presencia de un análisis
acerca de la participación de la población, entendida como aquellos grupos humanos concretos,
que habitan un territorio preciso, con una organización social y política concreta (un Estado) y
con instancias gubernamentales que orientan y “controlan” su quehacer. Es algo así como asumir
y aplica, para el objeto de la investigación, categorías que actúan como insumos teóricos que van
a permitir el análisis de la información recaudada y las conclusiones inherentes.
Desde esta posición metodológica es apenas obvio, en consecuencia, hablar de un recorrido que
supone la aproximación a las actividades desarrolladas por parte de Fundac. Solo de esta manera
es posible establecer y precisar los ámbitos de intervención condicionada, habida cuenta de que
no le corresponde la elaboración de los programas de atención social para las franjas establecidas
de la población (las familias, los niños y las niñas). Este condicionamiento remite, necesariamente,
a una limitación tanto en lo colectivo, como también en la participación individual Esto traduce,
a su vez, una referencia en cuanto a la libertad, para la iniciativa. Supone un nivel de intervención
en donde la creatividad de los sujetos individuales, solo la pueden experimentar y aplicar, a partir
de las implementaciones del dìa, de la cotidianeidad. Lo anterior (...y esta aseveración no puede
ser entendida como un ejercicio que adelanta las conclusiones a que podemos arribar con la
Investigación), está fundamentado en el hecho del tipo de organización objeto del seguimiento.
No es un colectivo para la acción originada en la espontaneidad y si se quiere en la necesidad de
los pobladores, con objetivos definidos por ellos (as) en nexo con reivindicaciones propuestas y
construidas por ellos (as) mismos (as). Es, por el contrario, un colectivo que se origina a partir
de conocer los programas gubernamentales y postular una intervención a partir de ahì. Un
ejemplo puede coadyuvar a entender la diferenciación: La organización que agrupa a las Madres
de la Plaza de Mayo, en Argentina; agrupa a las Mujeres con hijos e hijas desaparecidos (as) por
el Régimen Militar, en la década 70 y 80. Su referente, entonces, se construyó por ellas mismas;
a partir de su condición de madres, que reclaman derechos, entre ellos el fundamental: el derecho
a la vida para ellas y para sus hijos e hijas. A su vez, esta reivindicación, para por confrontar a la
dictadura, con las opciones democráticas. No existe en esta organización, visto así, una yunta
jurídica que les impida actuar. Esto les permite una intervención plena, como quiera que
trascienden el condicionante reglamentario (...otra cosa es el condicionante propio de la represión
del Régimen Militar). En este tipo de organización, el rol de las mujeres es transformador,
subvertor, anclado en la búsqueda de la libertad política plena y de conocer lo sucedido con sus
hijos e hijas.
En el caso de Fundac, por el objeto mismo de su actividad y el soporte jurídico que la acompaña,
el análisis de su intervención, del horizonte de su participación como persona jurídica colectiva;
está centrado en el seguimiento de sus realizaciones derivadas de la ejecución de los Programas
del Gobierno Distrital, dirigidos a las familias, a los niños y a las niñas de recursos limitados y
como extensión y aplicación del mandato contenido en el artìculo 44 de la Constitución Política.
Es ahì, en ese escenario colectivo y ese tipo de intervención, en el cual se indaga y analiza el rol
asumido por las mujeres que participan como sujetos individuales activos (as). Además, propone
y desarrolla un seguimiento y análisis, de su rol en un escenario más amplio y que compromete
a su visión de participación comunitaria, superando los bordes de limitación inherentes a Fundac
Este otro nivel de la indagación es pertinente, por cuanto va a permitir el manejo de insumos
más complejos, como soporte para conclusiones, a su vez, más complejas, relacionadas con las
mujeres y su participación en procesos colectivos organizados. Es este tipo de opción
metodológica, la que puede situar el estudio, con un perfil trascendente y no solamente
instrumental y operativo.
Objetivo General Efectuar un seguimiento acerca del contenido y significado del proceso de
participación de las mujeres vinculadas a Fundac. El referente tiene que ver con la
implementación de los Programas Gubernamentales, en el Distrito Capital, de atención y

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protección a grupos poblacionales. Lo anterior en aplicación de los artículos 43(para el caso de
derechos y autonomía de las mujeres), 44, 45, 46, 47 y 48 (para el caso de la obligación del
Estado, en el sentido de desarrollar programas para la atención a grupos poblacionales
vulnerables). Este seguimiento debe conllevar al análisis que permita inferir insumos para la
caracterización de ese tipo de participación comunitaria, desde la perspectiva de género; de tal
manera que su lectura permita la cotejación y la valoración con respecto a opciones de mayor
compromiso, entendido este como posibilidad para concluir acerca de la incidencia del conciente
en los sujetos individuales y colectivos.
Objetivos específicos.
 Identificar y caracterizar los espacios institucionales y comunitarios, a partir de los cuales
se formulan, ejecutan y evalúan la política, programas y proyectos Distritales para la
atención y protección a grupos poblacionales. Asimismo, identificar aquellos a los cuales
las mujeres vinculadas a Fundac han tenido acceso en el período comprendido entre 1992
y 2004.
 Identificar el tipo de participación de las mujeres en los espacios institucionales y
comunales en los cuales realizan sus proyectos.
 Identificar las motivaciones e intereses individuales, sociales y políticos que las han
motivado a participar en dichos espacios.
 Explorar la injerencia de las mujeres vinculadas a Fundac, en ese proceso de participación
comunitaria, con respecto al Estado y la sociedad civil, en nexo con la política, los
programas y proyectos de atención y protección a grupos poblacionales, en ese mismo
período (1992-2004).
Ahora bien, señorita Silvia, a continuación, le propongo una redacción para el Marco Conceptual
(...prefiero este título). En razón a que yo no utilizo el método de las citas bibliográficas, sugiero
que usted mantenga las que aparecen en el texto original, ubicándolas según usted considere
pertinente.
MARCO CONCEPTUAL:
Para este trabajo se asumen como válidas algunas opciones en lo que hace relación al significado
que adquiere la participación colectiva, por parte de sectores de la población en los cuales actúan
sujetos (hombres y mujeres) no vinculados con el poder y los beneficios que otorga el control de
instancias estatales y gubernamentales. Asimismo, se asume una cotejación conceptual en lo que
respecta a tipos de Estado, como aquellas categorías que pueden definir una u otra posición con
respecto a la intervención en el espectro social, por la vía de políticas inherentes a la noción del
Estado Benefactor o de Estado centrado en la noción de la autonomía dinámica económica para
definir e imponer los términos en la intervención.
Presento, en consecuencia, algunos elementos teóricos que ya habían sido insinuados en la
Justificación del trabajo.
La noción de Política. Se entiende como la precisión, a la manera de directriz general, de una
sumatoria conceptual relacionada con una determina área en la cual el Estado o un Gobierno
debe intervenir. En este nivel de expresión se proponen programas que delinean la intervención,
con unos objetivos concretos; de tal manera que delimiten escenarios y el espectro mismo que
la origina. Esto presupone la preexistencia de opciones teóricas y prácticas en nexo con esa área
específica.
En términos de Estado, una política, debe proponerse de tal manera que se entienda como
derivación lógica y coherente, con respecto al soporte conceptual que lo acompaña; en cuanto a
cohesionador de las fuerzas que actúan como integrantes del País y de la Nación.

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Tratándose de un Gobierno, entendido como expresión circunstancial y transitoria, las políticas
ejercen como concreción a través de Planes específicos que orientan la actividad económica,
política, social, etc.; de ese Gobierno, por un periodo definido.
Tanto en lo que respecta al Estado, como a los Gobiernos; se entiende que debe existir una
concatenación, también lógica y coherente, a partir de la Norma General (Constitución Política)
que orienta el quehacer del Estado y otorga a los asociados unidos determinados beneficios e
impone unas determinadas obligaciones.
Visto así, entonces, se introduce una diferenciación necesaria, derivada del tipo de Estado
instaurado para una sociedad específica. Esto traduce que no es lo mismo diseñar una política de
asistencia social, a manera de ejemplo, por parte de un Estado soportado en una opción hacia el
bienestar general; que esa misma política por parte de un Estado anclado en la ortodoxia con
respecto al desarrollo de los mecanismos del mercado; los cuales pueden establecer (por sí
mismos) un equilibrio.
Para el caso que nos ocupa en este trabajo, asumimos la existencia de una definición
Constitucional, que reivindica la vigencia de un Estado Social de Derecho, obligado a proponer y
desarrollar una política pública de beneficio general, con énfasis en la protección de los sectores
más vulnerables de la población.
Tanto es así que, en la Constitución Política, se expresa el hilo conductor para las intervenciones
del Estado. Veamos:
Artìculo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 1
Artìculo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.2
En consecuencia, el diseño e implementación de las políticas públicas para el bienestar de los
habitantes, deben estar orientados por ese mandato Constitucional. La reglamentación de esas
políticas (. o de una de ellas en particular), debe tener en consideración el escenario y los
grupos sociales a los cuales están dirigidas. Lo anterior está definido, de manera taxativa, en la
Norma Constitucional, así:
Artìculo 339: Habrá Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional
y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
1 Constitución Política de Colombia 1991, segunda edición ESAP, febrero 1992
2 Ibíd.

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Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno
nacional, planeas de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan
de inversiones de mediano y corto plazo.3
Artìculo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son
finalidades sociales de Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.4
En aplicación de esta noción de política, particularmente de política pública, el presente trabajo,
desenvuelve el seguimiento con respecto al rol de las mujeres vinculadas a Fundac, en lo que
concierne a al desarrollo de los programas y proyectos del Gobierno Distrital para la protección y
atención a los grupos poblacionales vulnerables.
La noción de participación.
El trabajo se sitúa en un entendido de partición, definido a partir de del significado que adquiere
el quehacer de grupos sociales no vinculados con el poder político y económico. Es tanto como
recorrer el acumulado de experiencias presentadas en diferentes momentos y en relación con
acciones que reivindican derechos, tanto en lo que concierne a la calidad de vida, como también
a aquellos que hacen referencia a su relación con el Estado, en lo que esta tiene de
manifestaciones por alcanzar beneficios puntuales que ejercen como colaterales indispensables
para alcanzarla.
Visto lo anterior, entonces, aparece una posición en términos de fundamentar la intervención,
soportada en definiciones, tanto teóricas como prácticas, que han orientado los procesos hacia
la adquisición de lo consciente, como condición indispensable para trascender la espontaneidad
y la visión reduccionista que no permite diseñar estrategias para el mediano y largo plazo.
En una publicación del Centro de Estudios del Hábitat Popular – Cehap, adscrito a la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, se recopilaron documentos presentados en
el 4º Seminario Internacional CEHA – PEVAL, realizado en la ciudad de Medellín entre el 7 y el 11
de abril de 1986, en el cual se analizaron las experiencias en América Latina, bajo el título: Los
pobladores, protagonistas urbanos en América Latina.
En una de las ponencias titulada Aproximación a los Movimientos Sociales Urbanos en América
Latina, el investigador Etienne Henry, adscrito al Institut National de Recherche sur les Transports
et leur Segurite-INRETS, Francia; dice, en uno de los apartes referido a los Movimientos
Regionales y Nacionales:
“. Finalmente, los movimientos sociales se despliegan alrededor de los principales polos urbano-
industriales. Tienen una connotación más obrera y, las organizaciones sindicales son aquí las que
incentivan la formación de frentes regionales. Pero sus evoluciones dependen de su capacidad
en aglomerar a las masas urbanas y a sus organizaciones representativas. Los bloques de clases
son aquí menos policlasistas y esos movimientos pueden derivar hacia meras huelgas obreras o
revueltas de protesta popular.
Tales movimientos regionales no se reducen a una oposición al poder central y una afirmación
del poder regional. Hay que buscar en la configuración de los segmentos locales de clases, su
dominación y su depresión socioeconómica, las razones de la vitalidad de su movilización y las
perspectivas de los bloques regionales. No constituyen duraderas alianzas de clases ni son
portadoras de proyectos históricos específicos; pero si corresponden a una fuerza social capaz de
imponer modificaciones parciales en los esquemas administrativos y redistributivos. En la medida
3 Ibíd.
4 Ibíd.

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en que las masas pauperizadas concentradas en los núcleos urbanos participan de esos
movimientos en forma importante – y a veces mayoritaria – es legítimo ver aquí una expresión
de los movimientos urbanos...” (sic)5
De otra parte, el investigador Emilio Pradilla Cobos, presentó un escrito titulado “Mitos y
realidades de los llamados Movimientos Sociales Urbanos “, publicado en diciembre de 1984 por
la Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, Méjico D.F., Méjico.,
como ponencia en ese mismo evento. Destaco un aparte que considero pertinente, veamos:
“. Este análisis se inició poco tiempo después de que el movimiento real se hubiera manifestado.
De un lado, por parte de los investigadores y técnicos al servicio del Estado y las clases
dominantes, en busca de respuestas que permitieran mediatizarlo, controlarlo, articularlo o
reprimirlo, a fin de mantener “el orden y la paz social” necesarios al desarrollo del capitalismo y
para evitar la formación de un nuevo componente perturbador en la ya convulsa situación social.
De otro lado, los investigadores comprometidos, en una u otra forma, desde una u otra vertiente
ideológico-política, con las luchas de los explotados y los militantes de las organizaciones políticas
de izquierda, para entender su potencial revolucionario, sus contradicciones internas, sus límites,
y encontrar las alternativas correctas para su vinculación con las otras formas de lucha de las
clases explotada...”. (sic).6
El punto, en consecuencia, tiene que ver con desarrollar una interpretación asertiva, en lo que
hace alusión a la participación. Aquí, lo asertivo, no supone una actitud de simple extensión de
esa participación, hacia aplicaciones acrìticas, en las cuales, simplemente, se replican esquemas,
al margen de una construcción teórica, derivada del análisis del objeto de esa participación, de
los mecanismos para desarrollarla y de las transformaciones que la misma pueda propiciar.
En consideración a la anterior aseveración, es importante conocer la propuesta de Amartya Sen,
Premio Nóbel de Economía en 1998., con respecto al sentido que adquiere lo humano en el marco
de las políticas de desarrollo del capital. Veamos:
En el artìculo “Las Teorías del Desarrollo A Principios del Siglo XXI”, Amartya Sen dice, entre otras
cosas,” El alcance de este planteamiento no se limita a una fundamentación teórica del desarrollo;
sus connotaciones prácticas han de plasmarse en el terreno de la política estatal. Si bien la
prosperidad económica y la situación demográfica favorable fomentan el bienestar y la libertad
de una sociedad, no es menos cierto que la mayor educación, prevención y atención sanitaria y
otros factores similares afectan las auténticas libertades de que disfruta la población. Estos
`avances sociales’ deben considerarse como parte del ‘desarrollo’, puesto que proporcionan una
existencia más prolongada, libre y fructífera, además de que estimulan la productividad o el
crecimiento económico.
La concepción tradicional del concepto de ‘capital humano’ tiende a concentrarse en la segunda
función de la ampliación de las capacidades del ser humano, es decir, la de generar ingresos. Y
aunque este aspecto no deja de ser importante, a los ingresos hemos de añadir los beneficios y
ventajas de tipo ‘director’ o primario. Esta ampliación es de carácter adicional y acumulativo y no
una alternativa a la noción actual de ‘capital humano’. El proceso de desarrollo no es
independiente de la ampliación de las capacidades del ser humano, dada la importancia intrínseca
e instrumental de esta ampliación.” (sic)7
5 Texto citado, página 37
6 Ibìdem
7 Publicado en Cuadernos de Economía No. 29, Departamento de Teoría y Política Económica, páginas
89-90.

7. 7
7
Esto implica, para el caso de este trabajo de investigación, que asumo una posición que trasciende
la mera expectativa generada a partir de la participación comunitaria, como acompañamiento
pasivo en el proceso de aplicación de una determinada política gubernamental en lo que hace al
bienestar de la población. Supone, en consecuencia, definir un entendido, en la perspectiva de
localizar los elementos agregados, como valores que cualifican esa participación, en función de
interpretar esas políticas y proponer, a partir de ahì, la posibilidad de una intervención conciente
de los y las sujetos que la promueven.
La política social y el Estado. Ya he señalado arriba acerca del nexo lógico entre concepto, teoría
y aplicación de un modelo determinado de Estado, con respecto a la implementación de políticas
gubernamentales siendo este (el gobierno) una expresión transitoria, fundamentada en
estrategias, programas, políticas y acciones. De todas maneras, es preciso discernir en torno a la
incidencia que adquiere la envoltura conceptual y práctica del Estado como guía para cualquier
desarrollo estratégico y/o circunstancial de políticas gubernamentales. Algo así como entender la
presencia de una dinámica en la cual se expresan condicionantes propios de ese modelo.
En términos de soporte teórico fundamental, no es lo mismo la construcción de una opción de
Estado, a partir (a manera de ejemplo) de la propuesta planteada por Juan Jacobo Rousseau en
“El Contrato Social”; a una opción de Estado construida a partir de la propuesta de Tomas Hobbes
en “El Leviatán”. Inclusive, situándome en un escenario mucho más próximo (como quiera que
se asume como inherente al horizonte teórico que ha acompañado a la definición y aplicación
política y económica en Occidente); es relevante proponer un ejercicio de análisis a partir de la
confrontación entre la doctrina de Adam Smith y la de John Maynard Keynes. Porque, entre otras
razones, permite precisar aspectos relacionados con la economía política, en el contexto del
capitalismo, como sistema económico y como oferente de las condiciones para la construcción de
Estado, como ordenador y como aglutinante de las fuerzas que actúan al interior de las
sociedades y de las naciones.
En mi disquisición, aunque no aparece como centro, es conveniente resaltar la propuesta de
Estado que se deriva de la doctrina del Marxismo ortodoxo; entendido como el concepto político
y económico que cuestiona los principios éticos, económicos y políticos en los cuales se
fundamenta el Capitalismo. En este sentido y con el propósito de insinuar (. a futuro) una
profundización con respecto a las opciones para su interpretación; me parece conveniente citar
(. en extenso) la expresión alcanzada por la profesora Consuelo Corredor en su texto “Los Límites
de la Modernización “. Veamos:
“1.1. El doble ideario de la sociedad moderna
Digamos entonces, a manera de hipótesis, que el advenimiento de la sociedad moderna recoge
un doble ideario: el de transformar el entorno material, y el de transformar al hombre como
centro del mismo. Mientras el primero alude a la modernización, el segundo a la modernidad.

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La configuración histórica de la sociedad moderna ha puesto al descubierto que esta
diferenciación no es meramente teórica, sino que se trata de un proceso real que ha tenido lugar,
con mayor o menor fuerza y nitidez, es distintas regiones y países. Por lo tanto, partiendo de la
posibilidad analítica de diferenciar los dos procesos se ha llegado a constatar y padecer su
disociación real.
Durante el proceso, la modernización se ha convertido en el abecé del progreso, colocándose
como un fin en sí mismo y no como un medio, imprescindible, por cierto, para dotar a la sociedad
de unas mejores condiciones materiales. Lo paradójico es que, si bien no sería concebible una
sociedad moderna carente de un proceso de modernización, este último no requiere
ineluctablemente de la modernidad y aún menos conduce por sí mismo a ella.
Este es el conflicto no resuelto por muchas sociedades actuales: la tensión entre modernidad y
modernización. Marx lo puso claramente al desnudo a través de la crítica a la sociedad burguesa
moderna, que, a lo largo de su obra, desde el Manifiesto del Partido Comunista hasta El Capital,
está presente como núcleo de reflexión central. Así lo podemos apreciar en el siguiente pasaje:
La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado
desplazamiento de la producción, por la conmoción interrumpida de todas las relaciones sociales,
por una inquietud y una dinámica incesantes. Todo lo que se creía permanente y perenne se
esfuma, lo santo es profanado y, al fin, el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a
contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. (C. Marx y F. Engels –1848.
El Manifiesto Comunista, Editorial Ayuso, Madrid, 1974, p. 76.).
La profunda crítica de Marx pone de manifiesto la potencialidad que encierran las fuerzas
productivas, pero también, y principalmente, su interdependencia e interacción con las relaciones
sociales entre los hombres. Mutua y compleja interacción que lejos de ser reductible a un
problema de causa – efecto, como en forma equivocada se interpretó por algunos, es un proceso
profundamente conflictivo de construcción, destrucción y reconstrucción del orden social”.8
La pertinencia de la cita, obedece a la necesidad de introducir un insumo teórico que permita
concretar elementos de diferenciación, al momento de proponer una interpretación, respecto a
la intervención estatal, por vía de planes y programas de política social, en una sociedad como la
nuestra. Inclusive, con la posibilidad ubicarla en el contexto de América Latina, habida cuenta de
los elementos comunes que la cruzan; en una transversalidad que se hace evidente, a partir de
la cotejación de posiciones e implementaciones.
Visto así, entonces, me atrevo a aseverar lo siguiente: En Colombia, las políticas sociales de
sucesivos gobiernos, asumiendo como base el mandato presente en la Constitución Política de
1991, particularmente en su artìculo número 366; se suponen ancladas en el principio de
intervención estatal, en términos de asimilados a lo propuesto por Rousseau en El Contrato Social
y a los lineamientos Keynesianos acerca de la redistribución social de la renta nacional. Queda
claro que no pretendo establecer una relación de causalidad absoluta, entre los principios
ortodoxos de la teoría de John Maynard Keynes y la norma Constitucional en lo que respecta al
nexo entre el Estado como garante y dador de bienestar en la noción de política social que
subyace al artículo 366 de la Constitución Política. Se trata, simplemente, de utilizar ese referente
teórico (. el de Keynes), como horizonte conceptual para construir un análisis que me permite
acceder a una valoración pertinente de la política social implementada en el Plan Nacional de
Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Distrital.
Otro de los aspectos que convoca mi atención, tiene que ver con el análisis y seguimiento del rol
que ha desempeñado el Estado en América Latina. Se trata de una cotejación, que permita
encontrar los elementos de coincidencia en cuanto que representan la incidencia de programas
gubernamentales; pero también los insumos conceptuales y prácticos, originados en la
intervención de los Movimientos Sociales, en cuanto ejercicios de movilización y confrontación
8 Corredor, Consuelo. Los Límites de la Modernización, Cinep-Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, segunda edición, 1997, páginas 37-38.

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que “obligan” a modificaciones puntuales y estratégicas, a los gobiernos que actúan como
mandatarios de ese “equilibrio” que se supone pleno en la configuración de las políticas de Estado.
Lo que, desde mi interpretación, conlleva a una construcción compleja en la cual confluyen
diferentes énfasis relacionados con teorías y postulados disímiles. Algo así como un
entrelazamiento entre posiciones autoritarias y despóticas (. a la manera de Thomas Hobbes, en
el Leviatán), posiciones de “equilibrio” entre intereses diferenciados (. a la manera de Rousseau,
en su Contrato Social) y una fuerte intervención estatal (. una figura cercana a la combinatoria
entre Marx y Keynes), que adquiere matices. Desde opciones estrictamente populistas, hasta
aquellas que encontraron su mayor expresión en el programa liderado por Salvador Allende, en
Chile.
En una ponencia presentada ante el Cuarto Seminario Internacional Cehap – Peval “Los
Movimientos de los Pobladores en los Barrios Populares de las Ciudades Latinoamérica” (realizado
en la ciudad de Medellín-Colombia, entre el 7 y el 11 de abril de 1986); Marta Baliero (de los
Movimientos de Favelados en Brasil), presentó una ponencia (Caracterización del concepto
urbano en Brasil). Destaco el siguiente aparte:
El Estado Brasileño y su Manejo de lo Urbano.
“Es innegable que el modelo de Capitalismo Monopolista viene gestándose desde los años 30,
marco histórico de la industrialización en el Brasil. Dicho paradigma posee una característica
notable. Habría en él, un cierto papel de Estado que lo hace invisible. Esto quiere decir que el
Estado no aparece ni se manifiesta bajo la forma de inversiones y ese no dejarse ver ocurre
exactamente en el lugar focal de la determinación de la tasa de ganancia del conjunto oligopolista.
Esto quiere decir, según plantea el sociólogo Francisco de Oliveira (Oliveira, Francisco de /O
Estado e o Urbano no Brasil Estudos do Cebrap, a ser publicado). Que por fenómenos inherentes
a dicho modelo, los cuales se colocan en contraposición al Capitalismo de Libre Competencia,
dicho Capitalismo Monopolista (no competitivo y salvaje de cualquier país subdesarrollado)
politiza las relaciones económicas al máximo en el sentido inequívoco de que el Estado (a través
de los hombres de empresa ) pasa a ser, en cierta medida, el lugar en donde la tasa de ganancia
– cuota que cada conjunto oligopolìsrtico tiene en la masa excedente de excedente social
producido en el país- se determina por el acceso empresarial a los aparatos del Estado”,.9
Me queda la sensación (...o la reafirmación), en el sentido de que, en nuestra América Latina, el
Estado (...o, quienes actúan y ejercen como sus portavoces y/o beneficiarios directos)
Ha actuado, en la intención de incidir en las relaciones sociales, con un estilo y mecanismos de
intervención como híbrido teórico y político, bien sea circunstancial o programático.
Ahora bien, desde la pretensión de este trabajo, se trata de reivindicar, también, el asunto
relacionado con la incidencia efectiva de este tipo de participación estatal. Porque, entre otras
razones, la caracterización y seguimiento dela misma; permite cierta aproximación a una teoría
general de la intervención estatal y sus verdaderas repercusiones, en cuanto políticas de
contenido social que son asumidas por la población, como “evidencia” y como “resultado” del
mandato Constitucional. O, en otra opción de interpretación, como expresión obligada por parte
de un determinado gobierno; a partir del desarrollo de movimientos sociales, tanto urbanos como
rurales (. en otras palabras: como reivindicación alcanzada, mediante la realización de
movimientos populares que “obligan”, por la vía de la fuerza, a modificaciones absolutas o
transitorias, de programas gubernamentales originales. Un ejemplo de este tipo de intervenciones
y su efecto colateral, tienen que ver con la agitación y movilización en contra de la propuesta
original inmersa en la modificación del régimen de transferencias, adjunto al Plan Nacional de
Desarrollo, tanto en el gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango, como también el
gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es significativo, en la medida en que
9 Baliero, Marta, “Caracterización del Concepto Urbano en Brasil, Seminario Los pobladores:
protagonistas urbanos en América Latina, Memorias Editorial Lealon, marzo de 1988.

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compromete, entre otros aspectos, la participación de las regiones en el diseño y aplicación del
gasto público, a partir de las regiones y con énfasis en rubros tan importantes como la salud y la
educación
Para el caso del Distrito Capital, se presenta un efecto de traslación, si entiende como tal el
hecho de que las regiones, simplemente extienden la aplicación de los conceptos y postulados
generales inmersos en la doctrina estatal que orienta a la gestión social, a la manera de políticas
que la desarrollan.
Cabe, entonces, enfatizar acerca de los contenidos en cuanto a la noción de política social en
un universo de aplicación en el cual está demostrado la vigencia de un modelo de producción
capitalista; acompañado (..por simple derivación doctrinaria) de un modelo de Estado que navega
entre el intervencionismo, como “árbitro imparcial” por parte del Estado que convoca al equilibrio
institucional necesario para poder desarrollar políticas de beneficio común y el dejar hacer
entendido como la libertad ortodoxa derivada de los mecanismo del mercado que actúan como
agentes abstractos y prácticos para el equilibrio. De todas maneras, en uno u otro punto de
referencia, se asume como fundamento y como soporte económico el asunto relacionado con el
excedente económico global, como sujeto plusválico, derivado del desarrollo propio del
capitalismo. Entonces, la política social, tiene razón de ser (en términos de su viabilidad
económica) en la figura de la plusvalía presentada por Marx, a través de mecanismos coercitivos
implementados desde el Estado, por la vía de imposiciones que permiten captar recursos (. a
manera de impuestos). Es decir, ¡otra vez ¡la figura del equilibrio actúa como soporte para la
conversión del beneficio plusválico, en beneficio social, como aplicación de una política de
redistribución; en la cual el entendido de beneficio social adquiere características diferenciadas,
dependiendo de las estrategias y programas inherentes a los Panes de Desarrollo
gubernamentales.
La Política Social y los derechos Las variables trabajadas (en lo que concierne a la noción de
política social), hasta ahora, suponen la vigencia de un determinado modelo de Estado,
fundamentado en conceptos y/o teorías que implican, tanto a la economía política, como también
a las categorías de la filosofía y la ética; como implicación universal; hasta cierto punto abstractas.
En la intención de precisar y concretar la vigencia de opciones, en esa perspectiva, he citado
(para nuestro caso, en Colombia); la figura del artìculo 366 de la Constitución Política. Se
entiende, por aplicación, la vigencia y la pertinencia de unos derechos consignados; de tal manera
que su implementación no es otra cosa que el cumplimiento de un mandato perentorio; como
quiera que la Constitución Política norma mayor.
Sin embargo, vale la pena resaltar un hecho que, si bien es cierto, pudiera estar relacionado o en
nexo con ese mandato, adquiere connotación propia y, hasta cierto punto, independiente. Se
trata del derecho (...o derechos) que se promueven y ejercen como consecuencia de acciones y
movilizaciones que involucran a aquellos sectores no beneficiarios directos del excedente
plusválico y/o de la tasa de ganancia derivada del ejercicio económico Capitalista. Es, en otras
palabras, la confrontación entre el poder, como posibilidad y como práctica relacionada con el
control de los medios de producción (. en el lenguaje Marxista) y de la superestructura en el
Estado Capitalista; y los hombres y la franja (.la mayoría) de la sociedad no beneficiaria y/o
excluida de los beneficios que se derivan del acumulado plusválico.
Así las cosas, entonces, cabe una expresión asumida como hipótesis lógica: las modificaciones y
las transformaciones en lo que respecta a la utilización del acumulado plusválico(-..o del
excedente originado en la porción de la tasa de ganancia absorbida por el Estado, a través de
las reglamentaciones impositivas y sus agentes retenedores), en muchas ocasiones, ha estado
(..y estarán) condicionadas por la realización de acciones de confrontación, por parte de las
organizaciones y/o movimientos de los no beneficiario0s directos; a la manera de acciones y
movilizaciones de masas que reclaman el redireccionamiento de estos beneficios, que se
concretan por la vía de políticas de beneficio social en ámbitos diferenciados; pero que, en fin de
cuentes, remiten a opciones relacionadas con la calidad de vida, más allá de la simple
reproducción de la fuerza de trabajo.

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Se configura, a partir de esta hipótesis y para el caso que me ocupa, una posición que involucra
al concepto de derecho al beneficio social; como quiera que se entiende en nexo con esa porción
de la riqueza, construida a partir de la intervención de los sectores sociales que actúan en el
espacio geográfico entendido como país y/o como Nación. Para no hablar de la aplicación, en
este tiempo, de la figura cercana a la internacionalización o interacción global de los factores
(humanos y materiales) que ejercen como soportes para el desarrollo. La acumulación, entonces,
se asume como inherente a la intervención de esos(as) actores8as) y recursos materiales; en los
términos que ya había advertido Rosa Luxemburgo en su obra “La Acumulación del Capital. Es
conveniente resaltar esta expresión:
La segunda condición previa fundamental, tanto para la adquisición de medios de producción,
como para la realización de la plusvalía, es la ampliación de la acción del capitalismo a las
sociedades de economía natural. El capital necesita que todas las capas y sociedades no
capitalistas se conviertan en compradores de mercancías y que le vendan sus productos. Parece
como si aquí, al menos, comenzase la paz y la igualdad, el do ut des, la reciprocidad de los
intereses, la competencia pacífica y los influjos civilizadores.”10
Está, en mi interpretación, involucrada una noción similar al entendió de “calidad de vida”, aún
el universo del Capitalismo. Luego, por deducción, se infiere que estoy hablando de políticas
sociales con una elaboración que presupone la presencia de índices para ser medidas y
cuantificadas en lo que respecta a la calidad y a la cobertura. Es decir, entendidas como derechos
propuestos y asumidos, no como dádivas tangenciales; sino como inmersos en la misma dinámica
que propone y desarrolla la propuesta de bienestar social, como aplicación lógica prevista en la
teoría de la “reproducción” de las condiciones necesarias para la ampliación de las fuerzas
productivas. Algo así, como condición necesaria para que el capital pueda reproducirse y
ampliarse, con la intervención de los agentes necesarios para ello.
Lo anterior traduce, en consecuencia, que el seguimiento propuesto (en lo que compromete a la
participación e intervención de las mujeres) relacionado con la política de bienestar social
implementada por el gobierno del Distrito Capital, supone la presencia de una opción para su
interpretación; desde una perspectiva que involucra al significado de calidad de vida y, por esto
mismo, al concepto de redistribución del acumulado plusválico, entendido como aquella porción
“apropiada” por parte del Estado (..incluidos los entes territoriales) de la tasa general de ganancia
originada en el ejercicio inherente al modo de producción capitalista.
El concepto de bienestar y el Neoliberalismo. Ya había expresado antes un criterio para la
interpretación del concepto relacionado con el bienestar, en el contexto de la intervención del
Estado, como institución que aglutina (en los términos del Contrato Social) los intereses de los
habitantes del territorio nacional; inclusive como garante de la concreción que adquiere el
concepto de Nación. En esa aseveración presentada, se expresa una interpretación acerca del
“equilibrio” de los sectores sociales, incluido lo étnico y lo racial, como variables que reclaman y
adquieren una presencia efectiva, a partir de la cual se originan conflictos no resueltos;
precisamente en razón a la orientación y a la lógica que subyacen a esa misma institución estatal.
Retomo, entonces, la cotejación entre la opción del Estado Benefactor anclado en el beneficio
social general a partir de su intervención con políticas precisas, en las cuales se incluye el
direccionamiento de la redistribución de la porción recaudada de la tasa general de ganancia, al
margen de las leyes del mercado capitalista; y la opción del Estado orientado hacia la aplicación
de políticas fundamentadas en el curso general de esas leyes del mercado y las cuales se asume
la posibilidad efectiva de que estas, por sí mismas, conducen al equilibrio social, sin que esté
implicada la intervención estatal en su direccionamiento.
10 LUXEMBURGO, Rosa, “La Acumulación del Capital”, página 298, editorial Grijalbo, edición 1967

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En otras palabras, hice precisión respecto a la metodología propuesta por Amartya Senn, en mi
entendido, como desarrollo de la opción del Estado interventor, profundizando una línea de
interpretación del desarrollo, como agregados en los cuales queda involucrada la teoría del
bienestar general de la población; a partir de introducir el concepto de nivel de vida digna, más
allá de la simple sobrevivencia.
Me corresponde ahora, insistir en los aspectos de contradicción entre los postulados
fundamentales de la Constitución Política, expresados en sus artículos 1 y 2, de un lado y las
aplicaciones de sucesivos gobiernos que contrarían esos mismos postulados, incluyendo agendas
de reformas a la Constitución, con el objeto de facilitar la implementación de esas políticas. Es el
caso, a manera de ejemplo, de los Actos Legislativos a través de los cuales han modificado
aspectos como el Régimen de Transferencias y de los insumos sociales que orientan la elaboración
e implementación del Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo que, originalmente, había sido
establecido en los artículos 150, 200, 339 y 341.
Asumo, en extensión de los criterios que he venido reivindicado como válidos, que el punto de
comienzo para el quiebre de los postulado Constitucionales señalados, tuvo que ver con la política
desarrollada por parte del doctor César Gaviria Trujillo, en cuyo mandato presidencial se configuró
la propuesta de “Apertura Económica”; la que a su vez, estuvo soportada en la opción de
intervención estatal, anclada en la presunción de que las condicione de libre mercado y libre
competencia derivaban, por sí mismas, en escenarios de equilibrio para el bienestar general de
la población; puesto que (..en su interpretación) el obstáculo para el crecimiento y desarrollo ,
tiene que ver con el excesivo intervencionismo que se manifestaba, fundamentalmente, en el
sobredimensionamiento del paradigma relacionado con esa intervención, al momento de definir
acerca del bienestar social colectivo y de la calidad de vida. A partir de ahì, se explica todo el
ejercicio relativo a trabajar por “un bajo perfil” de la presencia del Estado y el consecuente
desmonte acelerado de esa incidencia. En este contexto es representativa la expedición de la Ley
100 de 1993, proyecto que fue liderado (“coincidencialmente”) por el doctor Álvaro Uribe Vélez,
actual presidente y que, antes, había liderado el proyecto que concluyó con la expedición de la
Ley 50 de 1990. en el gobierno del doctor Virgilio Barco Vargas. Se trata de un hilo conductor
que se mantiene y que se ha profundizado.
La expresión Neoliberalismo, en consecuencia, no tiene una connotación peyorativa. Define,
simplemente, esa postura política y económica que le atribuye a la intervención estatal hacia el
beneficio social general y hacia las consecuencias calamitosas del libre juego del mercado,
consecuencias ajenas y en contravía del desarrollo económico; le atribuye, algo así como una
posición de asfixia y de obsolescencia, respecto al paradigma del crecimiento económico. Cabe
resaltar, entonces, la esencia de su perspectiva estratégica: el énfasis hacia el crecimiento
económico y la modernización, no puede ser obstaculizado por la implementación de una
intervención estatal en términos del beneficio social, a no ser que retracemos nuestra inserción
en la dinámica de los mercados globalizados, competitivos.
. De la participación
Como consecuencia de este tipo de orientación política, económica y social, por parte de los
teóricos y usufructuarios fundamentales del modelo neoliberal; el Estado adquiere una
connotación que desvirtúa su razón de ser como garante del beneficio social y como propiciador
de ese equilibrio dinámico entre los sectores sociales, con énfasis en la implementación y
desarrollo de políticas sociales y económicos en las cuales la predistribución de esa franja de la
tasa de ganancia que le corresponde (..por la vía de la política y las normativas tributarias), se
asume como recurso efectivo para concretar procesos plenos para el impulso y aplicación de
modelos de intervención en áreas fundamentales como la salud, la educación, los servicios
públicos de alcantarillado, acueducto, energía; en una posición que reivindique la calidad de vida.
Asimismo, como colateral indispensable, este modelo (neoliberal) propone un entendido de
intervención de los asociados (ciudadanos (as), campesinos (as), grupos étnicos, mujeres, etc.),
en el cual, el ejercicio de derechos (por ejemplo, la participación), se erige como insumo, bien de
formalidad y/o como objeto extraño que, hasta cierto punto, es necesario restringir. Esto explica,

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entre otras razones, el hecho de la implementación de propuestas y acciones modificatorias en
lo que respecta al marco conceptual que soporta a los derechos fundamentales y básicos. Para
el caso de nuestro País, es evidente la insistencia de objeciones al ejercicio de los derechos
otorgados por la Constitución Política. Es una dinámica que reivindica la contradicción entre la
teoría de “seguridad del Estado” y el ejercicio de esos derechos. Un elemento trascendental, del
último tiempo, ilustra esa perspectiva: El Estatuto de Seguridad Democrática y la propuesta hacia
la restricción de la Acción de Tutela prevista en la Constitución Política; con una argumentación
de doble vía: de un lado por sus efectos económicos y, de otra parte, en alusión a la inserción de
procedimientos que lesionan la unidad de mando en la aplicación de las normas básicas que
sustenta al Estado.
Se configuran, en ese contexto descrito, expresiones dicotómicas, de contradicción latente y
efectiva. Porque confrontan, de manera permanente, las visiones y opciones libertarias de
participación, con las visiones y las opciones de restricción propias del modelo neoliberal presente
en diferentes gobiernos de América Latina y, particularmente, en nuestro País. Es una
confrontación en la cual se exhiben las contradicciones, tanto en lo que respecta a los recursos
económicos y de infraestructura, al momento de proponer y aplicar acciones que involucran
reivindicaciones económicas y sociales. Adquiere significado, en ese horizonte, esa interpretación
que involucra a los sujetos (hombres y mujeres) en expresiones un tanto kafkianas, como quiera
que es como un “no reconocimiento”, un “extrañamiento” con respecto al entorno, a la “realidad”
a la que invita el modelo, que pretende imprimir y consolidar como “única verdad” y como “única
posibilidad” que tienen que ser asumidas, a no ser que se “pretenda, por parte de los quejosos,
desvertebrar al Estado y. sumirlo en la impotencia.”
El reto (...o lo retos) propuesto (para quienes ejercemos como no beneficiarios (as)
fundamentales), a partir de la implementación de ese estilo, de esa concepción, de. esa visión de
sociedad, de derechos y de futuro; supone la asunción de insumos para el cuestionamiento de
fondo; lo cual supone (. Por esto mismo) una cercanía al cuestionamiento político en profundidad.
Casi como reconocer que, la “simple” reivindicación de participación libertaria, por derechos
fundamentales y básicos en salud, educación, recreación…; ya de por sí, es constitutivo de herejía
y de “subversión”; como quiera que “ataca”, los cimientos mismos del modelo y de todos sus
efectos colaterales inherentes. Para situarnos en ejemplos recientes, llamo la atención acerca del
sentido que ha adquirido la confrontación a la propuesta del ALCA y de su símil regional el TLC...o,
en un terreno mucho más parroquial, el enfrentamiento a la propuesta del “peajito social”, en el
territorio Norte cercano en Antioquia (Copacabana, Girardota, Barbosa); propuesta que se
sustenta en (según el doctor Álvaro Uribe Vélez) “l necesidad de que los pobladores colaboren,
se metan la mano al dril, para ampliar y mejorar la Troncal de Norte..”
. De las mujeres, su participación. Una observación de superficie, evidencia la asunción de retos
importantes, en un universo de intervención que incluye diferentes aspectos. Es importante
resaltar, por ejemplo, el desarrollo de actividades relacionadas con la confrontación a los motivos
que sustentan al desplazamiento forzado y a las desapariciones. Es tanto como si las acciones de
movimientos como los de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, hubiera permeado a las
mujeres, como madres, como esposas, como compañera en unión libre; de tal manera que les
ha permitido alcanzar niveles de confrontación que han trascendido la formalidad de la denuncia.
Se han convertido, sus organizaciones y sus acciones, en insumos aleccionadores. Porque, entre
otros aspectos, han permitido dilucidar esos elementos ideológicos y políticos de profundidad,
que recorren transversalmente a los contenidos de la política de “contención a la subversión” que
está en la base la proclama gubernamental. Inclusive, ha permitido localizar el nexo “no visible”
entre la denominada “autoridad pública oficial, militar, de policía y.…todos sus afines al servicio
de la defensa del Estado”, cono aquellos actores que efectúan esa “contención”, por la vía de
castigar con la muerte, la desaparición, las torturas. Etc., a quienes suponen (...! ¡Ellos!, claro
está) que tienen nexos con la subversión armada y no armada. Porque, en mi opinión, se
mantiene el soporte conceptual básico originado en la didáctica de la “guerra de baja intensidad”,
auspiciada por los militares norteamericanos a través de la Escuela de las Amèricas; según la cual
la “contención” debe efectuarse, actuando sobre los sujetos (hombres y mujeres), que puedan
influencia acciones hacia la desestabilización; aún en escenarios de intervención política legal

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(como en el caso de la Unión Patriótica). Porque, aquí en esa didáctica ideológica, lo que cuenta
es el soporte teórico conciente que pueda originar acciones generalizadas.” Subversivas”.
Me parece relevante, presentar un aparte de lo expresado por el profesor Francisco Leal Buitrago,
en su texto “El Oficio de la Guerra”, a propósito de las realizaciones en la política de seguridad,
por parte del gobierno del doctor César Gaviria Trujillo, Es conveniente aclarar, eso sí, que la
investigación del profesor Leal, se efectúa en un contexto que supone (..Según los objetivos
mismos de la investigación), desagregar la información, de tal manera que pueda se pueda
acceder, de manera objetiva, a los insumos necesarios para balancear la política general de
seguridad nacional. Veamos:
Por otra parte, y eso es lo negativo, el Gobierno se dejó desbordar por la intransigencia guerrillera,
colocándose a su mismo nivel al dar prioridad a los medios militares sobre los políticos e incluso
violando los derechos humanos. El ejecutivo disimuló su actitud guerrerista escudándose con el
fortalecimiento de la justicia brindado por el uso del estado de excepción constitucional y el
manejo “eficientista” por parte de la Fiscalía de la política de sometimiento a la justicia. En tales
circunstancias, al debilitarse los recursos políticos oficiales, el Gobierno perdió la capacidad de
avanzar en la formulación de la política estatal de seguridad y, más grave aún, dio aliento a
militares y policías para continuar con la iniciativa del manejo armado del orden público, cuyo
subproducto es la constante violación de los derechos humanos. Los mayores recursos para la
seguridad y la ampliación de efectivos de la fuerza pública se convirtieron en la panacea para
sustituir la ausencia del Estado en las comarcas y los quehaceres ciudadanos.11
En esa intervención de madres, hijas, esposas, compañeras en unión libre, aparecen momentos
y signos que pueden interpretarse, con limitantes apenas obvias, como el acercamiento a
posiciones consientes; en donde la condición de sujeto autónoma, se exhibe, trascendiendo,
“superando” la dominación masculina. Porque, supone una mirada, un recorrido y una
interpretación de los hechos, con un método diferente. En el cual se descubren fortalezas, se
consolida una visión de lo sensible, como punto de comienzo para entender, en adelante, asuntos
de mayor complejidad; como quiera que el derecho a la vida, adquiere presencia y sentido, a
partir de establecer una contradicción entre este derecho inalienable y los postulados básicos de
la política de seguridad nacional. En este sentido es aleccionadora la experiencia y el nivel de
participación adquirido por organizaciones de mujeres como las que se han originado y
desarrollado en el Magdalena Medio, particularmente, en Barrancabermeja.
Quiero enfatizar, con esto, acerca de la significación particular que adquiere el concepto de
participación (...ya lo expresé arriba), en un escenario en el cual la doctrina de seguridad nacional,
promovido desde los gobiernos que se reclaman como portadores de esa teoría y prácticas
relacionadas con una intervención del Estado como agente que debe garantizar el libre juego del
mercado y, colateralmente, achicar su participación en las actividades susceptibles de ser
asumidas por la empresa privado.. o, al menos, con una visión gerencial, en donde la racionalidad
y la eficiencia son entendidas como garantía plena para avanzar en un diseño moderno del
Estado que propicia la injerencia de la metodología y los horizontes propuestos desde la
perspectiva reguladora en beneficio de esa política de expansión del capital; aún en países como
el nuestro (..y todos los dependientes) en donde el desarrollo de las denominadas fuerzas
productivas, ha sido atrofiado por el control y la división del trabajo impuesto por Estados Unidos
y Europa. Este énfasis supone colocar un insumo importante para proponer una reflexión en torno
a esa participación femenina en diferentes procesos. Porque, entre otros efectos colaterales, el
modelo impuesto, supone reivindicar prácticas económicas derivadas de ese estilo de gestión y
de nexo con organismos internacionales de financiación, que ejercen (a su vez) como
orientadores del rumbo que debe mantener el manejo económico gubernamental. Esto explica,
a manera de ejemplo, la intervención del Fondo Monetario Internacional en el diseño de las
11 LEAL BUITRAGO, Francisco. El Oficio de la Guerra, página 176, TM editores-Iepri, primera edición,
julio 1994.

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políticas fiscales, en la perspectiva de disminuir el componente relacionado con el gasto social,
en el diseño y aplicación presupuestal; a más de la definición de horizontes macroeconómicos
que deben ser mantenidos, independientemente de su incidencia en la pauperización
generalizada de la población.
Una de las consecuencias derivadas de la política económica desarrollada para mantener los
equilibrios macro necesarios; tiene que ver con el decrecimiento tendencial del gasto público
hacia el beneficio social. Esto, a su vez, se concreta en la profundización de las contradicciones
entre esa política y los postulados Constitucionales ya referenciados y que establecen la
obligatoriedad del Estado y de los gobiernos concretos, en el sentido de asumir la responsabilidad
de estrategias y programas de contenido social y económico que beneficien a la población
vulnerable. Recabar acerca de esa contradicción entre Derechos Constitucionales y el realismo
económico y político; permite entender ciertas dinámicas y características que adquieren la
participación de las mujeres, al momento de concretarse acciones inherentes a la defensa de
esos derechos, en áreas como la atención a los niños y a las niñas; así como su intervención en
actividades comunitarias generales, en las cuales adquiere un perfil alto e introduce elementos
de diferenciación con respecto a los hombres; sin que esta afirmación pueda entenderse como
aseveración, en el sentido de la plena conciencia de su rol, en la perspectiva de género, como se
proclama desde sectores de mujeres en la academia y/o en espacios en donde predomina la
reflexión con el soporte de insumos teóricos que no son visibles y concretos para muchas mujeres
que actúan en la cotidianidad, que las convoca a mantener referentes inmediatos y prácticos sin
ese “deslinde” entre simples acciones puntuales y lo conciente, en su condición de mujeres que
deben aspirar a ejercicios libertarios más allá de estas. Entender esta forma de dicotomía, va a
permitir una lectura crítica de los resultados obtenido en la investigación precisa, acerca del
significado que adquiere la participación de las mujeres adscritas a Fundac; de su visión e
interpretación de las políticas propuestas y desarrolladas por el Gobierno Distrital, hacia los niños
y las niñas y la población adulta vulnerable, en deferentes zonas de la geografía física y política
Distrital.
A manera de corolario transitorio: Esta indagación acerca de la participación de las mujeres, en
un escenario en el cual se aplica con todo rigor las diferentes políticas derivadas del modelo
neoliberal; me permiten llamar la atención en torno al contenido de esa intervención; entendido
este (...el contenido) como lo conciente que ejerce en condición de agregado no circunstancial
e inmediato; sino como agregado que trasciende a ese quehacer y lo sitúa en posición de
referente, un tanto como paradigma, en todo el proceso. Esto me permite establecer, como
posibilidad efectiva, una perspectiva política en la cual pueda hacer fusión esa disponibilidad
práctica, inmediata; con los insumos teóricos propuestos y desarrollados en aquellas actividades
en donde la condición de género, es reivindicada en términos de propuesta libertaria; en la cual
la diferenciación trasciende a lo estrictamente biológico y, por lo tanto, insinúa aspectos como la
vida afectiva, la equidad, la convivencia, la sexualidad, etc.
Las mujeres, su intervención. América Latina; Colombia. De los referentes teóricos.
He venido desarrollando una interpretación, en términos del significado que adquiere la
intervención de las mujeres en la realización de movimientos sociales y políticos. Tal vez el
aspecto exhibido con mayor énfasis, tiene que ver con la dicotomía entre aquellos roles asumidos
de manera simple y espontánea y aquellos que trascienden esa característica; en razón a que
suponen una posición conciente en la cual hace presencia esa figura denominada (...a veces de
manera peyorativa) identidad como sujeto para sí.
Lo anterior implica el manejo de expresiones relacionadas con el concepto de referentes teóricos,
en el proceso de participación. Uno de los elementos señalados arriba, tiene que ver con el
horizonte propuesto a manera de bitácora. Este es el caso, a manera de ejemplo, de la
intervención en escenarios en los cuales, si bien es cierto aparece con claridad el objetivo que se
pretende, este no puede ser entendió como la asunción de posiciones que trasgredan la posición
predominante, en lo que esta tiene de yunta que impide la reivindicación libertaria plena; al
menos en lo que hace referencia a desinhibir a las mujeres de aquellos agregados culturales que
minimizan su expresión como género y como sujeto.

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Mi interpretación conlleva a establecer diferencias fundamentales, al momento de analizar e
interpretar la participación de las mujeres en el inicio y desarrollo de movimientos sociales y
políticos. Es tanto como entender que esta puede (...y de hecho se ha dado), sin que la misma
implique una acción conciente en lo que respecta a la identificación de su rol como sujeto pleno
en derechos, que puede y debe reclamar el reconocimiento de su autonomía. Algo así como
entender esa intervención como interacción plural, en cuanto los objetivos ejercen como
condicionantes. Esto traduce un tipo de participación condicionada por esos mismos objetivos y
en donde no existe lugar para la libertad, entendida como horizonte en sí mismo. En otras
palabras, es una figura asimilada ese tipo de acciones en las cuales el punto de comienzo y el
resultado aparecen como simple yuxtaposición de opciones diferentes que coinciden, de manera
transitoria, con respecto al objeto que origina la necesidad del movimiento.
Este es el caso, a manera de ilustración, de la participación de las mujeres en movimientos
sociales relacionados con la vivienda, la educación, la salud, etc. Inclusive, en procura de una
tipificación con respecto a movimientos originados en aspectos relacionados con los conflicto s
asociados a la guerra; aún en aquellos en los cuales la iniciativa y los objetivos, ha estado en
cabeza de mujeres (como el caso de los movimientos en contra de las desapariciones forzadas y
el desplazamiento); su rol no implica el reconocimiento de su condición autónoma, ni libertaria.
Sin embargo, no pretendo desconocer la participación cociente originada en determinadas franjas
de las mujeres, que proponen y desarrollan movimientos estrictamente relacionados con su
identidad de género, con repercusiones asociadas a la misma. De lo que se trata, para el caso
que me ocupa, es de precisar términos de referencia, en cuanto a significado y alcance; en la
aplicación de un método que introduce, insisto en esto, la diferenciación de los movimientos,
introduciendo una tipificación necesaria, al momento de evaluar perspectivas y resultados.
El caso de América Latina. En algunos de los casos presentados, en desarrollo de este trabajo,
he hecho referencia a algunos movimientos sociales en América Latina. Es el caso de las citas de
texto e interpretación efectuadas, a partir de algunos de los trabajos presentados en el Cuarto
Seminario Internacional de CEHAP – PEVAL, realizado en la ciudad de Medellín entre el 7 y el 11
de abril de 1986. Como se puede observar, revisando las acotaciones, es notoria la preocupación
en cuanto al nexo entre los objetivos de algunos movimientos y el alcance que adquiere la
ausencia de lo conciente como insumo necesario, al momento de promover transformaciones de
fondo que trasciendan a la sola expectativa y/o realización reivindicativa. Esto para no hablar de
que los sujetos protagónicos aparecen diluidos en esos mismos objetivos. Es relevante señalar,
en aplicación estricta del concepto de variación de las condiciones en el tiempo y en los
escenarios, que ha habido modificaciones relativas importantes, en cuanto al alcance, los
objetivos y los roles. Sin embargo, queda claro que persisten niveles (...tal vez los fundamentales)
de participación en los cuales se reafirman las condiciones de no-identidad que permiten la
permanencia de las condiciones de dominación las que, a su vez, profundizan la segregación.
Esta afirmación no es otra cosa que reconocer las limitaciones propias de los movimientos
sociales, en cuanto no implican, necesariamente, una opción de poder hacia la desarticulación y
eliminación de las condiciones de dominio prevalecientes.
Con ese mismo horizonte como referente se ha desarrollada la participación de las mujeres.
Inclusive, en el caso de Argentina, el movimiento liderado por las mujeres en denuncia de las
desapariciones durante la Dictadura Militar, a partir de 1976 (Madres de la Plaza de Mayo); a
pesar de promover y desarrollar expresiones en contra de las acciones represivas de los militares,
el hecho se circunscribe al espectro relacionado con las desapariciones forzadas, particularmente
de hijos e hijas. Es claro, eso sí, que el mismo implica la asunción de una posición política que
trasciende la simple intervención reivindicativa simple; en razón a que deriva en el
cuestionamiento del poder y, aún hoy, se convierte en referente para la defensa conciente y
consecuente de la democracia, y de los Derechos Humanos. A partir de los postulados originados
en ese movimiento, se han inspirado y desarrollado acciones similares. Es el caso de los
movimientos de mujeres en Guatemala, El Salvador (...en el tiempo anterior y posterior al
derrocamiento de Anastasio Somoza, por parte de Frente Sandinista de Liberación Nacional) y
Chile.

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El caso de Guatemala; así como en Méjico, adquiere una connotación adicional, habida cuenta de
las condiciones de profunda segregación hacia la población nativa (indígena). Además de las
características dramáticas relacionadas con la discriminación de las mujeres y de su utilización,
por parte de sectores gubernamentales y civiles, para proveer el mercado infame de jóvenes para
surtir prostíbulos y mano de obra en oficios emparentados con el esclavismo y el feudalismo.
Basta recordar, para el caso de Guatemala, la descripción realizada por Miguel Ángel Asturias en
“El Señor Presidente” y “El Papa Verde”, para efectuar análisis e interpolaciones con respecto a
la situación actual. Para el caso de Méjico, es ilustrativa la situación de las mujeres en Tijuana.
El caso Colombia. Antes he referenciado algunos ejemplos de participación de las mujeres en
movimientos sociales. Me permito recordar, asimismo, el análisis propuesto en términos de los
derechos Constitucionales relacionados con la participación ciudadana, particularmente con el
énfasis acerca de la reivindicación de derechos para las mujeres.
Me corresponde, ahora, enfatizar en torno a algunos aspectos que pueden ejercer como
referentes, en cuanto a la connotación teórica y política. Pretendo un seguimiento y análisis de
los diferentes movimientos organizados y dirigidos por mujeres, para enfrentar algunas de las
repercusiones más dramáticas del conflicto armado interno: el desplazamiento y las
desapariciones forzadas. En mi opinión, la cotejación de algunos elementos exhibidos en ese
proceso, con las variables relacionadas con la identidad y lo conciente; permiten extraer
conclusiones importantes que contextualizan el objeto de este estudio.
La intervención de las mujeres en la promoción y construcción de organizaciones, en algunas de
las zonas más afectadas por el conflicto armado, ha tenido un soporte preciso: denunciar el
desplazamiento forzado de que son objeto las comunidades de mujeres (incluidas las niñas), y
hombres (incluidos los niños), en los diferentes grupos etéreos; así como reclamar la intervención
gubernamental (nacional, departamental y municipal) en la solución de los problemas derivados
a partir de ahí y la restitución de las condiciones que permitan revertir el proceso de
desplazamiento. De otra parte, algunas de estas organizaciones, asumen también la denuncia de
las desapariciones forzadas y los asesinatos de mujeres, hombres, niños y niñas, como
consecuencia directa de ese mismo conflicto.
Me convoca, sin que esto implique el desconocimiento de otras organizaciones de mujeres, la
labor realizada por la organización que agrupa a las mujeres del Magdalena Medio,
particularmente en Barranbermeja. Tal vez por su itinerario, por los hechos que les ha
correspondido enfrentar y, como efecto colateral, por el proceso que han construido. Esto ha
permitido trascender la denuncia inmediata, para asumir posiciones de fondo, como quiera que
han ejercido como punta de lanza en el cuestionamiento de los beneficiarios directos de la guerra
y del poder. Todo esto, a partir de introducir aspectos de identificación y de análisis en torno a
su rol como víctimas directas o indirectas. Podría decirse, entonces, que se asumen como sujeto
individual y colectivo que reivindican su visión y caracterización del conflicto y, como derivación,
actúan en contra del mismo, por la vía de reclamar derechos asociados a los Derechos Humanos,
el Derecho Internacional Humanitario. Esto supone, a la vez, exigencias en cuanto a la eliminación
de las acciones y las condiciones que originan el desplazamiento y las desapariciones. Asimismo,
conlleva a reivindicar (en la lógica misma del sistema económico y político vigente) la concreción
de derechos como vivienda, trabajo, salud...plena y cumplida justicia.
En este caso, a pesar de avances en torno a la identidad en cuanto a la condición de género, se
inhibe de manera relativa su autonomía en lo que corresponde a su plena identidad, como sujeto,
que reclama libertad y equidad. Lo anterior, en razón a que opera en sus acciones, como dirigente
de un proceso que involucra diferentes opciones y objetivos; todos relacionados con los efectos
directos y colaterales del conflicto armado. Supone no trascender, en estricto, a esas acciones;
ni implicarse como sujeto con identidad de género, que pueda acceder a expresiones que
contraríen a la subyugación originada, inclusive, en aspectos diferentes al conflicto mismo.
Llama mi atención, también, organizaciones como la liderada por la señora María Eugenia Zabala
(ganadora del Premio Mujer Cafam 2004). Mi inquietud, sin dejar de lado el necesario

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reconocimiento a su tenaz labor, está relacionada con el tipo de paradigma que se construye a
partir de su experiencia. Esto, a pesar de que sus acciones y la organización que lidera, se originan
en hechos similares a los que originaron las acciones y organización de las mujeres del Magdalena
Medio (veamos su relato: “... Mi hijo fue el primero en morir - sic -, porque esos hombres llegaron
pidiendo la cédula y él estaba con otro muchacho. Jorge les dijo que no tenía la cédula y ahí
mismo lo quemaron vivo. Al otro muchacho como que se le reflejó la muerte, estaba blanco,
cadavérico. Él fue la siguiente víctima.12 Sin embargo, en mi interpretación, los efectos de esas
acciones (...las de María Eugenia Zabala), derivan en opciones diferentes, en cuanto que es
evidente el manejo de los conceptos y la caracterización del conflicto suponen un entendido en
el cual los niveles de cuestionamiento y de identificación del soporte y componentes del mismo,
son diferenciados. De un lado, en el caso del Movimiento de Mujeres del Magdalena Medio, existe
la certeza de los factores que originan el conflicto y de los agregados posteriores que lo
profundizan. De otro lado, en el caso de la Organización liderada por María Eugenia Zabala (El
Valle Encantado), aparece una vivencia dramática, a partir de la cual surge la necesidad de
implementar acciones de reparación que permitan acceder a soluciones en términos de vivienda
y manutención.
No se trata, de mi parte, introducir el análisis y diferenciación teórica que remitan a la
minimización y/o desconocimiento de la opción propuesta por María Eugenia Zabala; simplemente
pretendo ubicar perspectivas derivadas de esa diferenciación, a partir de entender que postulan
y realizan dinámicas disímiles.
Lo cierto, de todas maneras, es la vigencia del método que permite asumir posición con respecto
al alcance y profundidad que adquieren los movimientos sociales. Esto, de por sí, permite
identificar y valorar la presencia de lo conciente, como agregado que introduce una u otra
perspectiva. Para el caso analizado aquí, cabe la aseveración: no todo movimiento social liderado
por mujeres tiene la connotación de género, en términos de su identidad y autonomía. Ese perfil
(en cuanto a reivindicar la identidad de género, en plena autonomía que permita la interacción,
sin perder su referente), se adquiere en razón a un agregado conciente. Acceder al mismo
supone, entonces, la presencia de elementos de análisis y reflexión, por medio de los cuales es
posible establecer la separación pertinente. Algo así como entender el proceso que compromete
a las mujeres en su condición de género, como resultado de una sumatoria compleja de
agregados conceptuales, adquiridos a partir de una abstracción relativa con respecto a la
experiencia inmediata; de tal manera que permiten una elaboración que trasciende a la
motivación originaria y se convierten en soporte para proponer y realizar opciones de mayor
profundidad, transformadoras. Esto supone rupturas con esquemas y paradigmas.
De lo que se trata, en consecuencia, es entender y contextualizar la participación. No toda
participación, individual y colectiva, origina insumos para modificar procesos, o escenarios, o
realidades transitorias asumidas como válidas. La transformación es una opción que requiere de
calidades especiales en el liderazgo y definición de objetivos. Requiere asumirse como sujeto
individual y/o colectivo, a partir de cierto ejercicio de abstracción que permita el análisis y
construcción de alternativas; en una lectura clara del entorno, de los objetivos propuestos y de
los condicionantes.
Para el caso de la Organización Fundac, mi trabajo permite localizar elementos de ambivalencia
conceptual. Las acciones se asumen como un ritual en el cual la intervención y la dinámica
alcanzada por parte de las mujeres vinculadas a la misma no se traducen en construcción de
opciones hacia la transformación de la política social orientada desde instancias Distritales, como
componente de la visión macro que sustenta a los Planes de Desarrollo. Podría. Podría
interpretarse, entonces, como una intervención ejecutoria de esas políticas en áreas específicas,
por la vía operativa. Inclusive, como puede cotejarse en la lectura e interpretación de las
entrevistas realizadas, aparecen expresiones que evidencian un profundo desconocimiento del
espectro social en el que se actúa y, mucho más, de las opciones que es posible construir a partir
de procesar esa intervención y de involucrar una variable como la condición de género; al
12 Entrevista a María Eugenia Zabala. Revista Cafamilia, edición No. 99, abril-mayo 2004, página 4

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momento de proponer alternativas, tanto desde el punto de vista de la familia, de los roles de
hombres y mujeres; de la noción de autoridad con respecto a los niños y a las niñas; de la
identidad y autonomía de las mujeres en todo ese proceso.
. La Política Social en Bogotá.
La modernidad aparece como un discurso que representa una alternativa de organización de la
sociedad y que tiene como objetivo construir el futuro; bajo una dirección predeterminada y
superpuesta a los acontecimientos reales. No obstante, el significado de la modernidad y la
posmodernidad, no se refiere a una elección que pueda asumirse a partir preferencias individuales
y colectivas. “Por el contrario, la transición de lo moderno a lo postmoderno es un imperativo
histórico. En este sentido la postmodernidad no se elige, simplemente sucede” (Rinaudo, 1992)
Las ciudades capitales hoy, en el caso particular de América Latina con sus acontecimientos
reales originados en su condición metrópolis y en las que confluyen el crecimiento económico
relativo y urbano; la crisis económica y social (expresada en el aumento de las tasas de violencia
, el desempleo, la caída del ingreso económico real familiar, la desconfianza para invertir por
parte de los inversionistas privados; a más del lento crecimiento económico inherente al modelo
económico vigente); exige “superar el marco de restricciones que impiden verla como un nuevo
espacio de relaciones sociales, y económicas; mediada por la implementación de procesos de
modernización recortada, que bien señala las diferencias presentes que se da en las metrópolis,
entre las fuerzas que están construyendo una genuina cultura urbana y aquellas que habitan la
ciudad en condiciones de extrema pobreza“ ( Gómez 1992)
La ciudad de Bogotá, en las últimas décadas, se ha transformado paulatinamente en un espacio
de modernidad y epicentro de la política social urbana. El concepto de modernidad incluye las
diferencias entre la ciudad de finales del siglo XIX; así como también las condiciones urbanísticas
y de habitabilidad en las que está inmersa en la actualidad. Hoy, los Bogotanos y las Bogotanas,
viven en una ciudad que ha adquirido características de metrópoli. Es decir, una ciudad en la cual
se expresan múltiples actividades industriales, comerciales y financieras. Además de ejercer
como centro en lo que corresponde a las decisiones políticas y de administración pública del nivel
nacional.
Como consecuencia del crecimiento relativo en los procesos de industrialización, financieros y de
servicios; pero también de los efectos colaterales asociados al conflicto armado interno que vive
el País; en Bogotá se presenta un aumento acelerado de la población, anclado en la migración
de personas en búsqueda de empleo y en el desplazamiento forzado.
Las acciones de las Administraciones Distritales, en la última década, han estado orientadas al
área social; en la intención superar las restricciones que impiden ver a la Ciudad como un nuevo
espacio de relaciones sociales. Estas restricciones pueden ser descritas así: a) el concepto,
vinculado a la figura residual, que ha considerado lo social como simple apéndice del crecimiento
económico; b) como derivación de lo anterior, la disminución progresiva del gasto social a cargo
del Estado, respecto al PIB; c) La inexistencia de un concepto real de Estado Social, en el cual el
proceso productivo industrial, financiero y de servicios; estén acompañados de una política social
que corrija los desequilibrios inherentes al modelo económico que sustenta ese proceso; por
último d) la desarticulación de la sociedad civil lo que, aunado a la ausencia de una política social
efectiva y a la ineficacia estatal en muchos ámbitos, hace mucho más difícil enfrentar con éxito
los problemas sociales y, al mismo tiempo, profundiza en la ciudadanía la no identificación con
las realizaciones de la Administración Pública.
Superar estas restricciones constituye condición sin la cual no es posible despejar el panorama
para desarrollar una política social integral, libre de esa visión residual o de una opción populista;
ha ejercido (con diferencias, apenas obvias en su implementación por parte de cada Alcalde

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Mayor)) como referente para las Administraciones Distritales, en la última década. Los énfasis se
han centrado en la generación de condiciones estructurales que permitan el diseño y aplicación
de programas para el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad;
entendida desde una perspectiva que incluye desde la satisfacción de necesidades básicas
(educación, salud y saneamiento; como requisito indispensable para el desarrollo humano); hasta
las necesidades axiológicas, para la interacción social y la realización personal de los ciudadanos
y las ciudadanas.
Otro aspecto relevante, en la asunción de ese reto, tiene que ver con la inclusión del concepto
de participación ciudadana. Porque la ruptura con la visión residual acerca del beneficio social;
supone un compromiso individual y colectivo.
En la última década, las políticas públicas en Bogotá, se han diseñado a partir de reconocer como
válida la reflexión en torno al significado que adquiere la modernidad y la postmodernidad; en
términos de espacio, de tejido social y de la participación ciudadana. Algo así como asumir una
dinámica en la cual sea posible la interacción de las variables calidad de vida, desarrollo urbano,
equidad, convivencia; sin que esto implique desembocar en puntos de ruptura entre las mismas.
Por lo tanto, con las diferencias vinculadas a soportes teóricos y a énfasis programáticos por
parte de cada administración particular, cabe la aseveración en el sentido de coherencia y
continuidad en aquellas áreas que le otorgan un perfil asociado a la visión de política social
pública adecuada para intervenir en el espectro originado en la condición de ciudad capital
compleja , que ejerce como centro de decisiones económicas y políticas; así como destino de
migraciones justificadas por diversos factores , entre ellos el conflicto armado interno. Esto
último, de por sí, introduce elementos de reflexión y de decisiones, habida cuenta de su incidencia
en el ensanchamiento de la franja marginal de la ciudad, con sus efectos colaterales de
pauperización y discriminación que vulnera a la población migratoria. La noción de integralidad
en el diseño de esa política pública se erige, entonces, como instrumento necesario, al momento
de precisar el manejo de las variables anotadas.
En la intención de retomar lo relacionado con la contextualización necesaria, en lo que respecta
al conflicto latente entre las propuestas programáticas inherentes a las políticas públicas efectivas
para Bogotá, y los soportes teóricos en los cuales están ancladas; es conveniente una precisión
en los siguientes términos:
La visión postmoderna privilegia lo que “es” sobre lo que “debe ser”; señalando que la dinámica
de los acontecimientos sociales está determinada, no por lo que sería deseable que ocurriera,
sino por lo que realmente ocurre en los ámbitos en los que se desenvuelven las contradicciones
propias del Estado, la sociedad y el mercado.
La evolución impredecible de los acontecimientos sociales y el incumplimiento de lo prometido
por parte de quienes pretendían un futuro mejor construido deliberadamente; hacen parte de la
crítica postmoderna al paradigma de la modernidad.
Esta crítica radical se manifiesta en el debate entre el intervencionismo del Estado y la lógica de
la desregularización, de privatización y eficiencia; con la que se anuncia el nuevo orden
institucional. En síntesis, el postmodernismo renuncia a toda pretensión de “dirigir” la dinámica
del desarrollo en una dirección predeterminada.
La visión postmoderna advierte sobre la inutilidad de la planificación del desarrollo que origina
una creciente participación de la pobreza en las ciudades; a pesar de los esfuerzos dirigidos para
reducirla. Por el contrario, la visión postmoderna exalta las cualidades del gerente que es sensible
a los cambios del entorno y administra en función de la contingencia, sin elementos apriorísticos.
Los atributos centrales de la buena gestión son la sensibilidad, las señales del mercado y la
flexibilidad de las respuestas.
El sentido constructivo de la posmodernidad tiene dos características fundamentales: es un
proceso que no se transa con la perpetuación de situaciones sin definición y, se construye sobre
procesos de una creciente interdependencia internacional en lo que respecta a la dinámica del

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desarrollo en cada país.
En estricto, la postmodernidad, ofrece un arsenal critico muy poderoso para superar los errores
y las inconsecuencias del esquema autoritario del Estado asistencialista; pero no plantea una
propuesta para el futuro, diferente a permitir curso natural de los hechos.
Lo anterior traduce: el desenvolvimiento de los acontecimientos reclama, de por sí, tomar
decisiones, cuyas implicaciones sobre el devenir de la ciudad debe ser previsto, para poder así,
construir el futuro con las decisiones que se toman día a día. Así las cosas, desarrollo de la ciudad
ya no puede entenderse como una función simple y lineal de lo que hace la Administración Distrital
(para el caso que nos ocupa). Por el contrario, es la propia dinámica de los acontecimientos la
que impone al Gobierno Local, determinado tipo de acciones.
El diseño de la política social integral y el futuro de la ciudad, reúne elementos, tanto de la
concepción moderna como de la visión que privilegia la libertad de acción afín a la concepción de
posmodernidad. Por lo tanto, no es nítida la frontera entre las dos, al momento de analizarla.
Esta dualidad se extiende, también, al caso de la política social implementada a nivel nacional.
Planificando la Ciudad: La Planeación Estratégica
En las últimas dos décadas, desde la Administración Distrital, se ha ejercido la planeación de la
Ciudad administración; aplicando una opción en la cual interactúan aspectos como operatividad,
selectividad y estrategia. Se trata de un concepto de planeación clásico que permite direccionar
el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo; vinculándolo con la implementación de
proyectos de aplicación inmediata, originados en el consenso entre actores sociales, económicos
y políticos. Para decirlo en términos de la justificación institucional: “Gestionar un modelo de
ciudad que se transforme progresivamente en una concentración urbana, con una infraestructura
especializada en facilitar la circulación de información, mercancías y servicios… En la que sea
compatible la orientación del crecimiento urbano, con los deseos de transformación que albergan
los sectores activos de la sociedad civil”.
De todas maneras, la planeación estratégica urbana, como instrumento , debe estar
fundamentada, conceptual y teóricamente en lo siguiente a) “El proyecto compartido de ciudad,
capaz de movilizar voluntades y crear corrientes de pensamiento estratégico para tomar
decisiones sobre el futuro de la ciudad; en el cual esa la conciencia de futuro no este
exclusivamente en manos de los técnicos, ni de los funcionarios públicos nacionales o locales, ni
del sector privado; sino que depende del entorno económico y social del territorio, así como de
la capacidad de construir acuerdos que trasciendan el corto plazo.”
b) Privilegiar el espacio local como espacio susceptible de ser gestionado por las autoridades
legítimamente constituidas y la ciudadanía. c) La participación ciudadana, como componente
idóneo para afianzar los nuevos esquemas que permitan la construcción una ciudad con futuro
deseable. Ciudad competitiva y productiva. Ciudad en la cual es posible otorgar legitimidad y
gobernabilidad a las acciones públicas; a través de la participación y el control social por parte
de los diferentes sectores de la sociedad civil, en lo que concierne a los proyectos para el
desarrollo que se gestionen e implementen en la ciudad.
Así las cosas, es indispensable el compromiso, tanto por parte del Gobierno Nacional, del Gobierno
Distrital; pero también del sector privado, las organizaciones sociales, los ciudadanos y
ciudadanas; para trabajar en ese proyecto compartido de futuro para la ciudad. A partir de
implementar una opción de liderazgo que permita la recuperación de la credibilidad y la
solidaridad. Entonces, planear la ciudad con visión de futuro, constituye una sumatoria compleja
y dinámica; en la cual confluyen los aspectos antes señalado, al lado aquellos elementos técnicos
que permitan optimizar la inversión pública y privada, en proyectos estratégicos de interés común.
La planeación estratégica urbana que se ha venido implementando, como instrumento para el
desarrollo de la ciudad; tiene componentes asociados al concepto de ciudad equitativa;
entendido este como el conjunto de aspiraciones y percepciones orientadas a mejorar la calidad

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de vida; desde una perspectiva de desarrollo integral de la misma. En donde estén involucradas
las dimensiones urbanísticas, ambientales, sociales, económicas, culturales, políticas e
institucionales. A lo anterior se tiene que adicionar la democratización en la oferta de
oportunidades para los y las habitantes de la ciudad y la consecución de logros verificables en el
bienestar social integral.
Entonces, las Administraciones Distritales en las dos décadas precedentes, han trabajado en la
planeación de una ciudad, haciendo énfasis en dimensiones gruesas que pueden ser
jerarquizadas, en términos del análisis, así:
- Dimensión espacial: Está referida al reconocimiento de Bogotá como territorio con atributos
que soportan la producción cultural, la innovación social y la actividad económica; en estrecha
relación con el país y con el espectro internacional. A su vez, esta dimensión, tiene en
consideración los siguientes criterios: Garantía para la movilidad y el fortalecimiento de la
economía. Mitigar la segregación social, en términos de desigualdad, calidad de vida, de
oportunidad para acceder a servicios básicos. Creación de condiciones que permitan la
sostenibilidad ambiental y de condiciones para la habitabilidad.
- Dimensión institucional: Para responder a la construcción de una ciudad con los anteriores
atributos, se erige como necesaria la premisa de vincular al proceso, una nueva concepción de
institucionalidad; a partir de la cual pueda asumir el control y la regulación; además de la
descentralización administrativa. Esta dimensión supone asumir los siguientes criterios:
Legitimidad, transparencia y eficiencia como insumos para la gobernabilidad.
Intervención de la sociedad civil en los asuntos de interés general; a través de mecanismos viables
y seguros para participación. Descentralización administrativa en beneficio de las entidades
locales; privilegiando los espacios locales, como escenarios de gestión en los cuales sea posible
la intervención de instancias pertinentes adscritas a la Administración Distrital; así como del sector
privado. Flexibilidad para actuar en diferentes niveles. Reconocimiento del sector público y
privado. Creación de ventajas comparativas.
Dimensión social: Involucra a las personas que residen en la ciudad; su desarrollo individual; sus
formas de organización y asociación. Implica, además, a las instancias gubernamentales del
Distrito y al Estado. Esta dimensión, desarrolla los siguientes criterios:
Reconocimiento y promoción del capital humano. Favorecimiento de la autorregulación de las
fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales. Generación de mecanismos de presión social,
a través de la opinión pública. Apoyo a los procesos de comunicación y organización de las
personas. Apertura de espacios de cooperación con el Estado. Auspiciar la generación de
capacidades productivas, científicas y tecnológicas en la ciudad.
Los propósitos de la ciudad
Los grandes propósitos que se han planteado para Bogotá, están orientados a desarrollar acciones
para la promoción de estrategias de competitividad para la ciudad. Pueden desglosarse así:
Visión compartida de Futuro: Aprender a reconocer, en el presente, los asomos del futuro
deseado. “Describir los hechos positivos ilustra que la utopía es posible. Partir las fortalezas de lo
ya sucedido ayuda a inspirar la gestión”
Visión Global: Se define como conexión permanente entre Bogotá y el mundo
Visión Tecnológica: Innovación y tecnología vinculada al desarrollo económico de la ciudad.
Visión sin brechas: Significa trabajar por disminuir las diferencias sociales y productivas entre el
capital social y la capacidad empresarial de los ciudadanos.
Visión educada: Aumentar la calidad educativa, apropiando ciencia, tecnología y conocimiento.

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Visión equitativa: Aumentar en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de
bienestar básico, reivindican los criterios de la dignidad humana, la inclusión social y la
incorporación en la perspectiva de género.
Visión Sana: Aumentar, en términos de calidad y cobertura de los servicios. Generar impacto en
los perfiles de salud de la población, en términos de nutrición, acceso a servicios de salud y
saneamiento básico.
Visión Lúdica: Promover la recreación, el deporte y la expresión artística; como modos de vida y
de prevención de problemáticas sociales. Desde una opción para construcción y reconstrucción
de la ciudad, incluidos (as) sus habitantes con sus historias y formas organizativas.
Visión Metropolitana: Regular la gestión ambiental; la localización de actividades económicas; la
vivienda; la infraestructura vial y de transporte; servicios públicos y equipamientos urbanos. Todo
esto, de manera eficiente y competitiva.
Visión Verde y Azul: Valorar y recuperar los lechos de ríos, cuerpos de agua, y demás elementos
naturales.
Visión Agua para Bogotá: Asegurar el abastecimiento de agua para la totalidad de la población
de Bogotá (una meta: 2005).
Visión Ordenada y Respetuosa: Generar de políticas integrales mitigadoras de la inseguridad
propia de la ciudad, arraigando los principios respeto a las normas, la obediencia voluntaria, la
autoridad autorreguladora de la ciudadanía.
Visión Pacífica: Aumentar la capacidad para concertar y para resolver pacíficamente los conflictos.
Visión Competitiva y Productiva: Orientar y promover el desarrollo económico hacia la
competitividad en el mercado internacional.
Visión Cívica: Crear identidad urbana y metropolitana; en términos de pertenencia y compromiso
con la ciudad y del respeto a la diversidad.
Visión Eficaz y Descentralizada: Generar alta capacidad de gestión y legitimidad de las
instituciones públicas; en un entorno de fortalecimiento permanente de la cultura ciudadana.
Visión Participativa: Consolidar sistemas de información y mecanismos que hagan posible la
participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos de interés público; legitimar y
promover hábitos responsables para el ejercicio democrático, con el propósito de fortalecer la
cultura política y el control social sobre la gestión pública. Esto significa empoderar a los
ciudadanos y a las ciudadanas con respecto a su ciudad, localidad y barrio.
El escenario de la descentralización que ha venido desarrollándose en el país desde 1986, con la
elección popular de alcaldes; imprime una dinámica particular para el diseño de la política social.
Esa perspectiva descentraliza otorga parámetros, pero, ante todo, exige actitudes y cambios que
permitan la construcción de una nueva ciudad colombiana; en la cual se facilite el ejercicio
democrático de las comunidades locales y se asuma las nuevas responsabilidades que la nación
le transfiere. Lo anterior traduce la prestación de servicios públicos básicos; la realización de
obras en infraestructura física; la implementación de programas de beneficio social y el
fortalecimiento de la vida institucional urbana; en un en un contexto de reconciliación del estado
con la comunidad (Duque, 1992, citado en Misión siglo XXI, pág. 16.)
Lo anterior contrasta con la gran concentración de funciones en los entes nacionales y regionales
vigente antes; la cual fue creando grandes y múltiples vacíos en la organización territorial de la
ciudad. Ese hecho se empieza a revertir en las dos últimas décadas; a partir del proceso de
descentralización; comoquiera que ha permitido, en el caso particular de Bogotá, la aplicación de
programas como los Centros de Atención del Distrito Especial- CADE. El propósito de estos