1. El rescate de la Banca Española.
Manfred Nolte
La página web del ministerio de Economía y Competitividad recoge la versión
en castellano del ‘Memorando de entendimiento sobre condiciones de política
sectorial financiera’(MdE), aprobado por el Eurogrupo el 20 de julio pasado que
se instrumentará a través del Fondo europeo de rescate transitorio(FEEF) o
definitivo(MEDE), de forma sucesiva. Su actualidad está asegurada durante los
próximos 16 meses, plazo previsto para el calendario de reestructuración del
sector bancario español, que finaliza en diciembre de 2013.
El hecho de que el próximo Consejo de Ministros haya de acometer algunas de
las 32 condiciones ‘urgentes’ dictadas en el MdE –entre ellas el diseño de un
‘banco malo’-invita a reflexionar de nuevo sobre un tópico que sin duda
desatará reacciones encontradas. No en vano el memorando representa un
auténtico hito en el dispar camino de nuestra democracia y llega con vocación
de corregir la desatinada gestión de la crisis bancaria, cuya responsabilidad
corresponde mancomunadamente a los máximos gestores de las entidades, a
un Banco de España permisivo y pusilánime y a la miopía de los sucesivos
gobiernos de la nación. Se asume, además, el acuerdo con el paso cambiado,
cruzando España la divisoria de los periféricos ‘buenos’ para situarse en el de los
‘malos’, atributos que Italia parece encarar en sentido contrario.
Tras el episodio letal llamado ‘Bankia’, el convenio ratifica la cruda evidencia de
que el pulmón financiero de la economía española se encuentra próximo al
colapso y de que el contagio de balances público y privado, -el bucle diabólico
entre banca y deuda soberana-, junto a la creciente sequía de las fuentes de
financiación de ambos, solo encuentran en la asistencia exterior, en el marco de
la Eurozona, la solución a sus graves problemas.
La impresión capital, tras la lectura del documento que articula el rescate
bancario español atañe a la sensibilidad jurídica del lector aunque se utilicen
lentes de economista. A glosarlo dedicaremos las líneas que siguen.
La academia de la lengua nos recuerda que un memorando es “cosa que debe
recordarse”, una “comunicación, por lo común no firmada, en que se
recapitulan hechos y razones para que se tengan presentes en un asunto grave”
y ciertamente el contenido del texto hace honor a la definición.
Y es que por vía de vehículos jurídicos ‘blandos’ y basados aparentemente en el
lenguaje del acuerdo y de la persuasión, se está produciendo en los países
periféricos intervenidos, donde -con matices- se inscribe España, una ladina
superación del principio de representación y legitimidad democrática. Para ser
un memorando sorprende por su precisión conceptual que deja poco o nulo
margen a la interpretación.
Es claro que a diferencia de los ‘Reglamentos’, de efecto directo e inmediato, o
de las ‘Directivas’ que precisan de una trasposición a la normativa nacional, los
pactos o ‘condiciones’ que albergan aquel tipo de instrumentos contractuales se
remiten desde Bruselas al legislador nacional. Es cierto que será el Gobierno
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2. ordinario de España quien en cumplimiento, por ejemplo, del epígrafe 23 del
MdE deberá preparar para finales de noviembre de 2012, “normas que aclaren
la función de las Cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de
crédito, para, en último término reducir su participación en las mismas hasta un
nivel no mayoritario”. Lo que en términos del sentido común constituye un
infame expolio, podrá revestirse de normalidad jurídica si, salvadas las
alegaciones correspondientes, finalmente se expropiase a determinadas Cajas
de trayectoria intachable de su legítima titularidad en marcas de notoria
solvencia como es el caso de Kutxabank, patrimonio de las tres Cajas de Ahorro
vascas. Todo ello, aun en el caso de la catalogación de los bancos en cuestión
como pertenecientes a los no conflictivos, grupo 0 ó 3 de la clasificación.
De esta manera, bajo la lógica secular de que ‘quien paga manda’, y ante el
imperativo de la salvaguarda de bienes mayores entre los que se sitúa la
continuidad en el área Euro, los Estados harán cesiones históricas a Bruselas
impensables en otro tiempo y lugar, eso sí, a cambio de financiación subsidiada
y preferente.
No es el único dictado. Por citar alguno más señalaremos la creación de un
‘Banco malo’ para segregar los activos tóxicos, la imposición al sector de duras
exigencias de capital, los planes de reestructuración y/o liquidación de las
entidades nacionalizadas o el reparto del coste de la reestructuración entre los
propietarios de participaciones preferentes o deuda subordinada. Recordemos
que el saldo vivo de estos instrumentos, comercializados como productos de
ahorro a inversores minoristas, suma 67.000 millones de euros.
Asistimos, probablemente, al comienzo de un nuevo modelo de ‘gobernanza’,
que busca – a su modo- sin la certeza de la evidencia, recoger los restos del
naufragio Institucional europeo, de cuyas limitaciones y carencias no duda ni la
mismísima Sra. Merkel.
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