El rescate del Banco Popular y su adquisición por un precio simbólico de un euros abren un capitulo de incógnitas

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LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL ‘BANCO POPULAR’.
Manfred Nolte
La noticia económica dominante de la semana pasada ha sido sin duda la de la
meteórica intervención pública, adjudicación y venta del Banco Popular al
Santander. Con el amanecer del miércoles, el rescate exprés de la entidad
pilotada por Emilio Saracho acaparó todos los titulares de los medios, que
posteriormente han destacado los principales rasgos de la operación financiera,
en algunos casos con puntualizaciones oportunas e inteligentes.
Atenuado el eco de la primera explosión mediática acerca del que, hasta hace
una semana, era el sexto banco en español en volumen de activos cerrando la
lista de los ‘seis grandes’, se abre un periodo indeterminado, en el que aquellos
sujetos o entidades que han visto perjudicados sus intereses agrupan fuerzas,
definen su estrategia y acometen acciones judiciales para recuperar, en cuanto
sea posible, el patrimonio perdido. Como en siniestros financieros anteriores,
bufetes especializados afilan sus armas para convertir los despojos de la batalla
en material servible para ellos mismos y para sus representados. No
necesitarán en esta ocasión estimular en exceso las iras de los perjudicados. Ya
sabemos que los ánimos están más que encrespados y que se está preparando
una auténtica avalancha de demandas, que tendrán un significado especial para
evaluar el éxito o el fracaso final de la resolución aplicada a la entidad extinta.
Los flancos jurídicos vulnerables existen. Los supervisores han asumido la
solvencia del Popular hasta el momento mismo de la intervención. Frente a ello
la nueva normativa comunitaria de resolución emplea certeramente la defensa
del bien común o del mal menor. Esta réplica vehemente abordada por la
comunidad de afectados que presta una indudable inseguridad al resultado final
de la intervención viene acompañada de algunos otros aspectos ambiguos que
plantean otras tantas incógnitas.
La primera de ellas es la asimetría del caso Popular en el concierto de Bancos
españoles, o dicho de otra manera la sobrerreacción acometida por los agentes
económicos –accionistas, depositantes y supervisores-, en relación a sus colegas
de la industria bancaria, en particular en relación a los seis grandes. Se ha

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repetido tanto por el FROB como por el BCE que la defunción de la entidad con
sede en la madrileña calle de Velázquez ha obedecido a un problema de liquidez,
a una estampida de clientes que han retirado sus depósitos en las últimas
semanas por importes que oscilan entre 16.ooo y 36.000 millones de euros, en
los dos días previos a la intervención. El martes 6, Emilio Saracho advirtió a
Luis de Guindos que Banco Popular había agotado las garantías colaterales para
obtener liquidez del sistema monetario europeo y que al día siguiente no podría
rembolsar más depósitos a sus clientes. La falta de liquidez no presume la
quiebra pero en el sistema financiero reviste tal gravedad cuando alcanza los
niveles descritos, que conduce inexorablemente a la misma. El Banco era
‘inviable’ y la intervención, en su consecuencia era adecuada y necesaria.
¿Por qué me refiero a una supuesta asimetría? Porque la solvencia del Popular
no difería esencialmente de la del resto de sus pares españoles. Ninguna entidad
financiera nacional ha cubierto a la fecha el cien por cien de las exigencias
dotacionales derivadas de la morosidad del ladrillo, oscilando sus coberturas
entre el 39% de Bankinter y Popular y el 52% del Santander, BBVA o
Kutxabank. Unicaja lidera la cobertura con un 57% de la morosidad
inmobiliaria. Si bien Popular era el banco que alcanzaba una mayor morosidad
sobre el total de créditos (27,8% frente a una media del 15% del sector) todas las
entidades españolas tienen un ‘agujero’ en los términos coloquiales aplicados
por los medios a las deficiencias en la calidad de los activos bancarios. Las
pérdidas de 3.600 millones de euros en 2.016 y la evaporación de la confianza –
un activo que se otorga más que se merece- precipitó la suspensión de pagos del
Popular, preámbulo de una quiebra anunciada que Bruselas con su Junta de
Resolución bancaria decidieron atajar. No había alternativa.
La segunda incógnita se refiere al presunto ‘agujero de 7.000 millones de euros’
que arrastraba el Banco Popular y que el Santander va a enjugar con la
correspondiente ampliación de capital. Veamos.
El reglamento de resolución exige que, antes de la adjudicación, un evaluador
experimentado realice una valoración de carácter económico-financiero, no una
mera valoración contable, del patrimonio de la entidad. En el caso que nos
ocupa el resultado fue negativo de 2.000 millones de euros en el escenario base
y de 8.000 millones en un escenario de stress. Resultaba congruente que, para
encontrar un comprador, el precio debería ser cero (ó 1 euro) una vez liberada la
entidad compradora de los compromisos de capital, obligaciones junior e
instrumentos contingentes de la liquidada- un colchón cercano a los 3.000
millones de euros-, adquiriendo gratis una entidad con patrimonio neto positivo
pero con ‘caché’ de compra inexistente.
La anunciada ampliación del Santander no se destinará, en consecuencia, a
cubrir dotaciones pendientes, que siguen su calendario a igual que en el resto de
Bancos españoles, sino para cumplir con los ratios de solvencia exigidos por el
Banco Central Europeo. Santander arriesga en lo que puede ser un buen negocio
y evita de paso la presencia pública en el capital del Banco ‘inviable’. Si el
Popular tenia un agujero también lo tiene el resto de sus colegas de la industria
financiera. Pero dados los calendarios previstos, lo del ‘agujero contable’ de
8.000 millones de euros del Banco Popular era una fantasía. La operación es

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provechosa para el comprador, si, como es el caso, una vez estabilizada la
máquina del Popular, puede este generar en los años venideros cash flow
suficiente como para enjugar el déficit de cobertura (el verdadero agujero) y
obtener beneficios. Es el mismo supuesto sobre el que opera la totalidad de la
industria bancaria española.
La tercera incógnita se cierne sobre la cascada de reclamaciones judiciales que
van a registrarse de forma masiva en las próximas semanas. La resolución
concreta aplicada por Bruselas al Banco Popular ha mantenido indemne el
patrimonio de los depositantes y no ha exigido ni un solo euro al erario publico,
esto es al contribuyente. Algunas acciones reclamatorias estarán llamadas a
prosperar. En la medida que ello implicase el recurso, por modesto que fuere, a
los fondos del Estado se habría quebrado la nueva filosofía del Mecanismo de
Resolución europea, con las graves consecuencias que ello acarrea.
Para terminar una sugerencia: ajusten sus expectativas accionistas y bonistas
subordinados de Liberbank.