LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL PARLAMENT CATALAN SON ILEGALES. PERO ADEMÁS SON CONTRAPRODUCENTES PARA CATALUÑA EN EL ORDEN ECONOMICO.

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1-O: UN SALTO AL VACÍO ECONÓMICO.
Manfred Nolte
El imposible ‘procés’ catalán y el 1-O, que anuncian un duelo entre la ley y su
desprecio, es fruto de causas varias, la mayoría de índole sentimental, tejidas
sobre un sucesivo y mórbido rechazo de todo ‘lo español’. Ensueños identitarios
intolerantes, que han llegado a crear, a base de ser repetidos, una postiza
plataforma de convicciones inextricables, imposibles de desmontar con
argumentos y recursos de la razón.
Detrás de ellos, en segundo rango, figuran las quejas y reivindicaciones de orden
económico. ‘España nos roba’, ha ido ganando puestos en la escala dialéctica
independentista sobre todo desde la aparición de los resultados de las Balanzas
fiscales, una criatura mental de José Luis Rodríguez Zapatero, que tratan de
medir la solidaridad entre comunidades autónomas. "Más de la mitad de los
impuestos que pagamos van al Estado español y no vuelven por ningún sitio", se
ha quejado Carles Puigdemont .
Cataluña, al igual que las restantes comunidades de régimen común, carece de
autonomía fiscal. La mayoría de los impuestos son recaudados por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por lo que sus ingresos dependen de las
transferencias que recibe de esta. Las Balanzas fiscales son, sin embargo, una
herramienta muy estimativa, con criterios diversos de medición 1 . Tan
groseramente estimativa que cabe interrogarse si no es más lo que confunde que
lo que aclara y ayuda. Según la cúpula independentista, los fondos que Cataluña
recibe del Estado (10% de su PIB) son sensiblemente inferiores a los impuestos
1 Con la metodología flujo-monetario, los ingresos se imputan allí donde se ha registrado el
hecho imponible y el gasto se asigna donde se ha realizado. Es decir, el dinero destinado a una
base militar ubicada en Zaragoza se imputará con este enfoque como gasto en la Comunidad
autónoma de Aragón. En cambio, la Administración central es partidaria de la metodología
carga-beneficio, donde el gasto se asigna a los beneficiarios con independencia de donde
residan. En el caso de la base militar de Zaragoza, la imputación se distribuirá por todas las
Comunidades autónomas al entender que la defensa es un gasto que beneficia a todos los
ciudadanos.

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que el Fisco central recauda por las principales actividades lucrativas
desarrollados en suelo catalán (18% del PIB). Aplicando meros criterios
aritméticos, una Cataluña independiente, mejoraría, según los secesionistas, su
situación neta fiscal al desaparecer el actual expolio, lo que llevaría a una mayor
capacidad presupuestaria para acometer nuevos proyectos y elevar el PIB y el
bienestar general de la Comunidad autónoma de Cataluña. Así lo interpreta
Oriol Junqueras cuando dice que "si cada año no desapareciese de nuestro país
un 8% de nuestro producto interior bruto (unos 16.000 millones de euros), cada
10 años lo doblaríamos y cada 10 años seríamos el doble de ricos". Maticemos
aquí, cautelarmente, que estas cifras no coinciden con las de la administración
central del Estado. En un estudio más reciente la propia Generalitat habla de un
déficit del 7,5% y de 14.623 millones.
A pesar de ser contribuyente fiscal neto al resto de Comunidades, la situación
presente de Cataluña puede calificarse de pujante y excepcional. Con alrededor
de 7,4 millones de habitantes su PIB crece vigorosamente –en tasas superiores
al 3% anual- y supone el 20% -212.000 millones- del PIB español. En términos
per cápita ocupa con 28.000 euros/año el cuarto puesto del ranking español por
encima de la media nacional de 24.000 euros. Su tasa de desempleo -13,7% de
la población activa- se compara favorablemente con la media estatal y discurre
con una inflación ligeramente superior a la española. Cataluña es el primer
destino turístico de España y acoge a un 27% de los visitantes llegados a la
península cada año. Ello y una pujante actividad exportadora le confieren un
superávit comercial del 12% del PIB –incluidas sus ventas a otras regiones
españolas- más alto que el alemán y solo superado en Europa por Irlanda y
Luxemburgo. El superávit se reduce al 6% si nos referimos al resto del mundo
exclusivamente. En 2016 su deuda pública era de 75.098 millones de euros, la
mayor de entre las autonomías en cifra absoluta, aunque la cuarta en posición
relativa de la tabla representando un 35,4% de su PIB.
Cabe preguntarse –como ejercicio teórico- cuales resultarían las cifras netas que
acarrearía el lance separatista, esto es, cómo quedaría el escenario económico
posterior a un divorcio de Cataluña con España. La copiosa literatura disponible
al respecto, tanto la académica como la de divulgación periodística o partidaria
revela que las cuentas salen cruzadas, siendo extremadamente difícil –como ha
sido y aun es el caso del Brexit- el establecer un saldo económico del nuevo
marco independentista. Réditos y costes se mezclan sin criterios demostrables
por lo que reduciremos lo que resta del comentario a citar los puntos más
débiles que razonablemente definirían un hipotético escenario de desanexión
catalana. Frente a la nueva asunción de competencias, Cataluña partiría con el
crédito de los 16.000 millones que dejaría de contribuir a la agencia tributaria.
Pero, ¿sería este crédito suficiente para cubrir los gastos que configurarían un
nuevo estado catalán?
El principal pasivo de la independencia es la salida automática de la Unión
europea. En el plano monetario y financiero, el euro dejaría de ser la unidad de
cuenta catalana, perdiendo la tutela del Banco Central europeo, sus líneas de
liquidez y los beneficios de las políticas anticíclicas –relajación cuantitativa-
imprescindibles en épocas de crisis. Desaparecería la supervisión bancaria que
debería crearse de cero y previsiblemente Isidre Fainé, Gonzalo Gortázar y
Josep Oliú presentarían su dimisión antes de que sus respectivos Bancos,

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Caixabank y Sabadell sufriesen una retirada masiva de fondos en las sucursales
exteriores a la comunidad catalana. También en el plano fiscal se cerraría el
grifo a los fondos europeos asignados a Cataluña, a las líneas del Banco Europeo
de Inversiones y al salvavidas del Mecanismo europeo de estabilidad.
En el plano comercial, la salida del mercado único establecería
automáticamente un arancel a los productos de exportación catalanes,
denominado ‘Tarifa exterior común’ que variarían entre el 6 y el y 20% (para
terceros países), introduciendo una pérdida de competitividad de las
exportaciones catalanas, que suponen en torno al 35% de su PIB (el 66%
incluyendo las destinadas a España). Ello incidiría en sus beneficios
empresariales e inducidamente en el empleo del sistema, producto asimismo de
un previsible movimiento de deslocalización de empresas y de una reducción de
los flujos exteriores de inversión directa.
Un interrogante no menor se abre en torno a la abultada deuda contraída por la
Generalitat: 75.000 millones de euros, en su mayoría debida al Fondo de
Financiación a Comunidades autónomas, (FF. y FLA.) o sea al Tesoro español.
¿La repudiaría? ¿La refinanciaría en los mercados internacionales, y entonces,
con que prestamistas y a qué coste? ¿Sufriría la deuda finalmente el mismo
expolio anunciado sobre el patrimonio actual del Estado en Cataluña?¿Con que
repercusiones para la reputación internacional de Cataluña en su nuevo
escenario independiente? Adicionalmente, si Cataluña se independizara y
asumiera una parte de la deuda pública del Estado español proporcional a su
peso relativo en la economía española (125.000 millones de euros o 12,5% del
PIB), la deuda del nuevo estado catalán alcanzaría el 100 % de su PIB, una losa
que asfixiaría literalmente la economía del nuevo estado.
La independencia acarrearía, finalmente, la asunción de nuevas competencias y,
como es obvio suponer, todas ellas tendrían que financiarse con ingresos
extraordinarios o con nuevos impuestos. La seguridad social catalana, por
ejemplo, como la del resto de comunidades autónomas, es deficitaria. Según
datos de la seguridad social de 2.016 el déficit anual asciende a 5.000 millones
de euros. Sus ingresos solo cubren el 78% de las pensiones y con la desanexión
dejaría de financiarse con la caja única de la administración central.
El coste de las interminables funciones de un estado independiente ha sido
evaluado por estudios de todas las inclinaciones políticas y aunque las cifras
difieran en todas ellas, resultan altamente significativas. Basta pasar revista a
los presupuestos de cualquier país y recordar los miles de distintas partidas
presupuestarias. Todas ellas cuestan mucho dinero. La propia Generalitat las ha
estimado en 40.000 millones de euros, en un estudio de 2.0132.
¿Todo lo anterior contra un ahorro fiscal de 16.000 millones de euros?
Los acuerdos votados el pasado miércoles 6 en el Parlamento catalán abren sin
duda un incierto periodo de discordia que perjudicará a Cataluña y perjudicará
a España. Cuan largo sea este ínterin dependerá de cuando y cómo las partes en
litigio se avengan finalmente a encontrar una salida ordenada y constitucional a
los graves momentos que vivimos. Lamentablemente, el restablecimiento del
2 GENERALITAT DE CATALUNYA, CONSELL ASSESOR PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL (2.013): ‘La
viabilidad fiscal y financiera de una Catalunya independiente.

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daño legal producido en el ‘Parlament’ junto al apuntalamiento moral de la
indivisibilidad de España, deben ser paso previo a cualquier negociación, por
imprescindible que esta última se presente.
El 25 de julio de 2012, la cámara catalana aprobó el llamado «pacto fiscal», que
pedía para Cataluña un sistema fiscal semejante al concierto económico vasco.
Dicho pacto se consideraba como la última posibilidad de entendimiento entre
Cataluña y España. Dos meses después Mariano Rajoy transmitió a Artur Más la
imposibilidad de negociar la propuesta.
Tengo para mí que es aquí, en un momento presumiblemente lejano, donde
debe retomarse el diálogo.