nota de periodico

1. TEMA DE LA SEMANA
La nueva ley de educación y el desafío de garantizar el derecho a una
educación de calidad para todos
El 14 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación aprobó la
nueva Ley Nacional de Educación, que reemplaza el marco jurídico
que rige en nuestro país desde 1993. Muchas son las expectativas
que la sanción de la nueva ley genera. Las políticas implementadas
en los ’90 –que profundizaron la fragmentación entre las
jurisdicciones y crearon condiciones de extrema desigualdad
educativa– condujeron al sistema a una situación crítica. En un
contexto político renovado, la nueva ley aparece como el principal
referente de un proyecto nacional que busca fortalecer los principios
básicos sobre los que se sustenta la educación pública: la equidad, la justicia, la solidaridad, el bien común. Sin
embargo, ¿alcanza una ley para revertir la situación de escolarización degradada en la que se encuentran
muchísimos argentinos? Una propuesta para empezar el año reflexionando y debatiendo en el aula sobre la
escuela que necesitamos.
La herencia de los ’90
La llamada Ley Federal de Educación rigió las políticas públicas en la materia desde su promulgación en 1993.
Acorde a los principios que orientaron las políticas del gobierno argentino en la década de 1990, la Ley Federal
tuvo entre sus principales características una transferencia de las responsabilidades de las políticas educativas
y de su financiamiento de la nación a las provincias. Esto implicó una notable multiplicación y fragmentación de
los modelos educativos en el país y acentuó las desigualdades ya existentes en el sistema educativo nacional.
La modificación de la estructura de la educación básica y media llevó a que la mayoría de las jurisdicciones (con
excepción de la Ciudad de Buenos Aires) reemplazaran la antigua escolaridad primaria de siete años por un
ciclo de Educación General Básica de nueve (que sumado al nivel inicial, conformaba un bloque obligatorio de
diez años) y agregaran un ciclo Polimodal opcional de tres años, el antiguo último trienio de la vieja escolaridad
secundaria de cinco. Con el paso del tiempo, las controversias se desataron en diversos frentes. El trasfondo de
la ley denotaba una preocupación primordial por incluir a la escuela en una lógica de mercado que privilegiaba
la eficacia en el gerenciamiento, la competitividad, la organización de rankings basados en modelos evaluativos
ajenos a la realidad de las provincias. Por otro lado, la ausencia de una política clara respecto de la capacitación
docente; la falta de articulación entre los niveles; la ausencia de recursos financieros que, en muchas provincias,
imposibilitaron la implementación del tercer ciclo; contribuyeron a conducir al sistema a una aguda crisis. A trece
años de la puesta en vigencia de la ley y en un contexto político nacional diferente, se hizo evidente la
necesidad de discutir una nueva legislación que pusiera marco a las políticas educativas nacionales.
Los proyectos
En esas circunstancias, a comienzos de 2006 el Ministerio de Educación de la
Nación lanzó una consulta pública que invitaba a debatir en torno a las
problemáticas que guiarían la confección de la nueva ley en sus principios
fundamentales. Tras el período estipulado y luego de un debate que involucró
a gran parte de la comunidad educativa y logró visibilidad en los medios, el
gobierno nacional presentó su proyecto de Ley Nacional de Educación en el
Congreso.

2. No era, por cierto, el único proyecto disponible: existían otros seis, surgidos de diferentes bancadas
parlamentarias, que eran tan disímiles como quienes los propugnaban. Salvo por un punto compartido: todos
proponían la derogación de la vieja Ley Federal y no su reforma. Entre los distintos proyectos, el de la Red de
Encuentro Social sugería la disolución del Ministerio de Educación; el del diputado Jorge Vanossi (del PRO), el
retorno liso y llano a la Ley 1420 de 1884, pero con una escolaridad obligatoria de 14 años, y el del ARI optaba
por una dotación presupuestaria para educación igual al 6% del PBI y una propuesta de erradicación del
analfabetismo en dos años. A pesar de todo, el Senado sólo trató el proyecto oficial y lo aprobó velozmente,
dando paso a un trámite semejante en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 34 votos en contra.
¿Qué establece la nueva ley?
La nueva Ley Nacional de Educación, que de acuerdo con el ministro Daniel Filmus es “un primer paso para
construir la escuela que soñamos, aunque no resuelve todos los problemas de inmediato”, busca, en general,
restablecer las obligaciones del Estado nacional respecto de la educación primaria y media y paliar la
fragmentación resultante de la vieja Ley Federal.
En primer lugar, la nueva ley aumenta la educación obligatoria de 10 a 13 años y restablece el antiguo formato
de primaria y secundaria, aunque deja en manos de las provincias la decisión respecto de si la primaria tendrá
seis o siete años. En segundo lugar, aumenta las exigencias para la carrera docente, que se extenderá a cuatro
años con residencia obligatoria para la formación de docentes del nivel inicial y primario, y promueve la creación
de una política unificada de actualización profesional a través de un Instituto Nacional de Formación Docente.
En tercer término, la ley garantiza la enseñanza de un segundo idioma y el acceso de los alumnos a las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información, junto con una “formación integral para una sexualidad
responsable”. Además, impone como principio el respeto de la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e
intimidad de los padres y alumnos; y deja sentada una preocupación por el espacio educativo, en disposiciones
como la garantía de la existencia de salas de lactancia en escuelas donde haya madres. Un dato fundamental:
según el nuevo ordenamiento jurídico, el Estado se compromete a garantizar en 2010 un mínimo del 6% del PBI
anual para invertir en educación (hoy el presupuesto educativo no alcanza el 5%).
¿Diferentes o parecidos? Críticas y apoyos al nuevo marco jurídico
Durante el trámite legislativo, la ley cosechó apoyos de diversos
sectores. Al oficialismo, se sumaron gremios educativos, como la
CTERA, que apoyaron con movilizaciones tanto a la ley como al
mecanismo de su concepción a partir de una consulta pública. Sin
embargo, el consenso no fue absoluto. Algunos diputados
opositores plantearon cuestionamientos de diverso tipo. Jorge
Vanossi sostuvo que “la nueva ley reproduce los defectos de la
anterior y no incorpora algunas virtudes”, mientras que los
tucumanos Ricardo Bussi y Delia Pinchetti reclamaron porque “la
familia debería estar en primer lugar entre los responsables de la educación de los niños y la ley no incluye la
religiosidad y la espiritualidad”. El gobierno no fue ajeno al uso político de la ley: cuando el presidente Kirchner
firmó su promulgación, afirmó que lo hacía “ante el futuro jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, en
referencia al candidato del oficialismo en las próximas elecciones, el ministro Filmus.
Pero más allá del debate político cotidiano, hubo apoyos y objeciones que denotan oposiciones más profundas.
La directora general de Educación bonaerense, Adriana Puiggrós, consideró que la nueva ley “garantiza el
compromiso del Estado en la educación e impone principios que permitirán reconstruir el nivel inicial, primario y

3. secundario”. Las críticas más fuertes de un lado del espectro ideológico procedieron de la Iglesia, que en un
documento titulado “Ante la nueva Ley de Educación Nacional” hizo hincapié en dos cuestiones. Por una parte,
demandó que el Estado financiara no sólo la educación pública, sino también la privada. Por otro lado, no
conformes con el respeto a la libertad de conciencia garantizado por la ley, los obispos exigieron “un nuevo
instrumento legal para todos los argentinos, que dé la posibilidad a cada alumno de conocer, amar y creer en
Dios, Creador y Padre de todos”. Tiempo después, el Episcopado criticó la inclusión de protocolos de
planificación familiar en la ley y cuestionó la “excesiva centralización del sistema educativo” que sería
consecuencia del nuevo marco legal.
Por su parte, pedagogos y educadores de diversa extracción, como Nélida Baigorria y Mariano Narodowsky,
propusieron críticas en un sentido diferente. Observaron, por un lado, que la ley no modifica algunos parámetros
de fondo de la vieja Ley Federal, entre ellos la “transformación de los alumnos en clientes” (Narodowsky) y una
permisividad excesiva con la educación privada, que coloca al Estado en un rol subsidiario: cumplirá una función
supletoria “en aquellos casos en los cuales la demanda no satisfaga los objetivos económicos o ideológicos de
la oferta privada” (Baigorria). Baigorria consideró a este último punto una subordinación de las políticas
educativas al mercado. Como se ve, la nueva ley, con logros evidentes y críticas variopintas, no clausuró el
debate sobre la educación en Argentina.
Lo que resta por hacer
La persistencia de ese debate se vincula con las particularidades de
la educación en el país, que ninguna ley puede resolver
inmediatamente o por sí sola. Entre estos temas están el cada vez
mayor desinterés que presentan los jóvenes argentinos por iniciarse
en la docencia, algo evidente en las estadísticas de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que muestran un leve
pero constante decaimiento de la matrícula en los Institutos de
Formación Docente porteños desde 2003. Este problema surge en
gran medida de las condiciones laborales de los docentes en el país.
Pero también de cierto descrédito del que ha sido objeto el sector educativo en los últimos tiempos. Es
consecuencia, además, del juicio crítico que los propios docentes expresan acerca de las instituciones que
integran.
Por otra parte, el nuevo marco normativo del sector educativo argentino no estará completo hasta que se revea
la Ley de Educación Superior, también herencia de la década de 1990, un debate que el ministro Filmus y la
comunidad universitaria propusieron para este año. De todas maneras, no se trata de un problema
exclusivamente argentino: en el último tiempo, en contextos diversos, España también sancionó una reforma de
la ley educativa de los ’90 (mayo de 2006) y el gobierno venezolano planteó la necesidad de una nueva ley. En
ambos casos, el debate es muy profundo y revela diferentes concepciones de la educación, el Estado y lo que
es dable esperar para el futuro