El decreto de las Cortes de Cádiz de 1811 tenía como objetivo abolir los señoríos jurisdiccionales y el vasallaje para acabar con el feudalismo y establecer un estado liberal. El decreto incorporó todos los señoríos a la nación, abolió títulos como "vasallo" y prestaciones derivadas de la jurisdicción señorial, excepto aquellas procedentes de contratos privados. Asimismo, eliminó privilegios exclusivos sobre caza, pesca u hornos.