La Constitución es la fuente más importante del derecho administrativo venezolano, estableciendo la separación de poderes y los derechos fundamentales. Las leyes, que derivan de la Constitución, son la siguiente fuente principal, proporcionando la base legal para los actos administrativos. Tratados internacionales, reglamentos, resoluciones, instrucciones, instructivos presidenciales, costumbres, jurisprudencia y doctrina son fuentes secundarias de menor rango.