Este documento describe la pena y la acción penal en el derecho penal. Explica que la pena es el castigo impuesto por una autoridad competente a quien comete un delito, y restringe los derechos y libertades de esa persona. También busca rehabilitar al delincuente. La acción penal es la facultad de perseguir responsabilidades por un delito, y puede ser pública, ejercida por fiscales, o privada, ejercida por la víctima. Finalmente, discute definiciones de acción penal como el requerimiento del Ministerio Públic

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6.4 PENA Y ACCIÓN PENAL, FIGURAS QUE LAS RELACIONAN.
En el ámbito del derecho, la pena es el castigo que una autoridad competente
le impone a aquel individuo que ha cometido un delito o ha inobservado una norma.
Básicamente, la pena en este sentido es la principal herramienta que dispone una
nación para poder contrarrestar el delito.
Cuando la autoridad impone una pena, inmediatamente después resultan
restringidos los derechos individuales y libertades de aquel que comete el delito. Por
ejemplo, una persona asesina a otra y como consecuencia es sometido a juicio. Si la
autoridad lo encuentra culpable del hecho será sentenciado a prisión por x cantidad
de años lo cual supone la pérdida de la libertad.
Además del castigo, se procura que la pena sirva como rehabilitación de la
persona, generando un mecanismo de inhibición de acciones delictuales, una vez que
se haya reinsertado en la sociedad o comunidad.
Se entiende por acción penal la facultad de perseguir o hacer perseguir las
responsabilidades por un delito. En nuestro país la acción penal puede ser pública o
privada. La acción penal pública es aquélla que puede ser ejercida de oficio - es decir,

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de propia iniciativa, sin necesidad de petición previa - por los órganos estatales
encargados de la persecución penal, esto es, por los fiscales del Ministerio Público;
es más, los fiscales del Ministerio Público están obligados a ejercerla, en virtud del
principio de legalidad, salvo en los casos expresamente previstos por la ley (véase
principio de oportunidad, archivo provisional , suspensión condicional del
procedimiento, etc).
Los delitos de acción pública constituyen la regla absolutamente general en
nuestro sistema. En algunos pocos casos, el ejercicio de la acción penal pública está
supeditado en su inicio a que la víctima del delito al menos denuncie el mismo a los
tribunales, a los fiscales del Ministerio Público o a la policía; éstos son los llamados
delitos de acción pública previa instancia particular, y son, entre otros, los de lesiones
menos graves, violación de domicilio, etc. Por último, la acción penal privada puede
ser ejercida exclusivamente por la víctima del delito, quien, además, puede ponerle
término cuando quiera; son muy pocos los delitos de acción privada, destacándose
entre ellos los de calumnia e injurias. En estos casos el Ministerio Público no juega
ningún papel
Entonces la acción penal es un acto procesal que se genera por la violación de
un bien jurídico tutelado por la Ley Penal. Proviene del latín actio-onios, que

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significa toda actividad o movimiento que se encamina a determinado fin”. Es una
de las formas que tiene el Estado para restablecer la paz social que fue alterada por
la comisión de un delito. La promoción de una acción penal puede ser ejercida tanto
por el poder estatal como por particulares. Jorge Zavala considera que la Acción
Penal es el Poder Jurídico concedido por el Estado a las personas y/o al Ministerio
Público, con el fin de solicitar al órgano jurisdiccional que inicie el proceso penal
cuando se ha violado una norma jurídica penal protegida.
Cesar Augusto Osorio y Nieto la define como la atribución constitucional
exclusiva del Ministerio Público, por la cual pide al órgano jurisdiccional competente
aplique la ley penal a un caso concreto. Leone Giovanni define a la acción penal
“como el requerimiento del Ministerio Público de una decisión del juez sobre una
noticia criminis, que tiene como contenido un hecho determinado correspondiente a
una hipótesis penal” y agrega, que a fin de intentar un nuevo camino que represente
la confluencia de las dos distintas concepciones de la acción como derecho subjetivo
y potestativo, cree preciso fijar ciertas premisas, como son:
1. La acción penal es obligatoria.
2. La acción penal determina la obligación del juez de emitir la requerida decisión
sobre la deducida noticia criminis.