La descentralización del sistema educativo mexicano transfirió la responsabilidad de administrar la educación y los recursos a los estados, pero el gobierno federal mantuvo el control overall a través de evaluaciones. La descentralización buscó legitimar al gobierno y mantener el control, además de mejorar la eficiencia y las relaciones con el sindicato de maestros. Sin embargo, la autonomía de los estados siguió siendo limitada.