Este documento discute los problemas estructurales del sistema educativo chileno, incluyendo baja calidad, baja pertinencia social y alta inequidad. Identifica los pilares de la crisis como las leyes constitucionales, el modelo de administración, y el sistema de financiamiento basado en subsidios por alumno. Finalmente, plantea la necesidad de fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones laborales de los profesores, pero señala que se requiere unidad entre los actores sociales para lograr cambios concretos.