Las desamortizaciones en España durante el siglo XIX tuvieron como objetivos acabar con la gran cantidad de tierras amortizadas, consolidar la propiedad privada, y aumentar la producción agrícola. Esto se logró mediante la desamortización eclesiástica de 1836 y la desamortización general de 1855, las cuales pusieron en venta las tierras y bienes de la Iglesia, municipios y otros para crear una nueva clase de propietarios privados y atender a los problemas de la Hacienda pública.