La competencia administrativa se define como el conjunto de atribuciones, funciones y potestades que la ley otorga a los órganos administrativos para actuar. Es irrenunciable y sólo pueden ejercerla los órganos a los que les fue otorgada, salvo excepciones como la delegación o avocación. Implica la planeación, administración y gestión de recursos para lograr los objetivos del Estado.