Reglas de exclusión de la prueba COMPARITIVO SENTENCIAS T- 916/08, T-044/13, SU-132/02

REGLAS DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA
ANALISIS
SENTENCIA SU-132 DE 2002 / T- 916 DE 2008 / T-044 DE 2013
INTEGRANTES
ARCILA DUITAMA LUZ DAMARIS
COD. 201120074701
JIMENEZ JIMENEZ YUSELLY
COD. 201120020701
SANTANA KATHERINE
COD 201020114701
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
DERECHO PROBATORIO
BOGOTÁ COLOMBIA 2015

INTRODUCCIÓN
"La finalidad del proceso no es solamente la
búsqueda de la verdad; la finalidad del
proceso es algo más: es la justicia, de la cual
la determinación de la verdad es solamente
una premisa1."
Este análisis tiene como propósito hacer una comparación de los fallos que
giran en torno a la exclusión de la prueba donde se ha dispuesto una
distinción entre la prueba ilegal, entendida como aquella que afecta el
debido proceso desde el punto de vista procesal formal incompatibilidad con
las formas propias de cada juicio, y la prueba inconstitucional, que es
aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una
perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos
fundamentales.
En el presente escrito usted encontrará un análisis de la sentencias SU-132
de 2002, T- 916 de 2008 y por último T-044 de 2013, todas estas parte de
la jurisprudencia Colombiana. El presente análisis también pretende
identificar en casos concretos como se ha llevado a cabo la valoración de la
prueba, teniendo como principal medio la sana critica para lograr determinar
si en los casos nombrados dentro de estas sentencias se da o no dicha
valoración teniendo en cuenta los preceptos legales, toda vez que además
de los derechos presuntamente vulnerados, se presentan pruebas
procedentes de medios electrónicos y documentales, tal es el caso de
medios como el correo electrónico, aquí será determinante la obtención de
la prueba, pues de lo contrario la prueba no podrá ser tenida en cuenta.
Finalmente después de dicha identificación se podrá determinar cuáles son
las características de la valoración de la prueba tenidas en cuenta y que se
cumplen teniendo en cuenta la ley y cuales definitivamente vulneran
derechos fundamentales y han sido obtenidas de forma tal que no pueden
ser valoradas.
1 CALAMANDREI, PIERO. Derecho procesal Civil,Vol.I,Ediciones JurídicasEuropa América,Buenos
Aires, 1973.Pg. 21

MARCO TEORICO
PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL2
Principio fundamental del derecho procesal es el de la igualdad de las
partes en el proceso, lo que significa que quienes a él concurren de manera
voluntaria o por haber sido citados en forma oficiosa, deben tener las
mismas oportunidades procesales para la realización plena de sus garantías
a la bilateralidad de la audiencia. En desarrollo de ese postulado esencial al
debido proceso, se tiene que (i) a la presentación de la demanda
corresponde la oportunidad de darle contestación dentro del término legal y
previo traslado de la misma; (ii) a la oportunidad de pedir pruebas de cargo,
corresponde la de pedir pruebas de descargo por la parte demandada; (iii) a
la oportunidad de alegar por una de las partes, le corresponde también la
misma a la otra parte, del mismo modo que sucede con el derecho a la
impugnación de las providencias proferidas por el juzgador en el curso del
proceso, de tal manera que siempre exista para la parte a la cual le es
desfavorable lo resuelto la oportunidad de impugnar la decisión respectiva.
PRUEBA3
Es la realidad que puede ser demostrada en el proceso y la cual genera
certeza a al hora del juez dictar sentencia, es decir ”Son las realidades que
en general pueden ser probadas, con lo que se incluye todo lo que las
normas jurídicas pueden establecer como supuesto fáctico, del que se
deriva una consecuencia también jurídica”.
Cabe ciertamente distinguir entre los juicios de hecho de los de puro
derecho. Los primeros dan lugar a la prueba; los segundos, no.
El derecho no es objeto de prueba; sólo lo es el hecho o conjunto de hechos
alegados por las partes en el juicio.
MEDIOS DE PRUEBA
La expresión fuente de prueba se refiere a un concepto extrajurídico, a una
realidad anterior al proceso: los medios de prueba aluden a conceptos
jurídicos, y sólo existen en el proceso, en cuanto en él nacen y se
desarrollan.
Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, y los
medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para
incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existen
independientemente de él, el medio se forma durante el proceso y
2 C-690/08 tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-690-08.htm 22 de mayo de
2015 hora 2:37 P.M.
3 Leer más:http://www.monografias.com/trabajos71/teoria-general-prueba/teoria-general-
prueba2.shtml#ixzz3b5F0QJhS 22 DE MAYO 2015 Hora 2:45 p.m

pertenece a él. La fuente es lo sustancial y material: el medio, lo adjetivo y
formal.
PRUEBA DOCUMENTAL
Documento es toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible
con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta
y representativa de un hecho cualquiera. Puede ser declarativo-
representativo cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o
simplemente lo suscribe, como en el caso de los escritos públicos o
privados, pero puede ser solamente representativo (no declarativo), cuando
no contenga ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros o
fotografías; de ahí que el documento no es siempre un escrito. La raíz
etimológica ratifica su carácter representativo, porque la voz documento
deriva del vocablo docere que significa enseñar o hacer conocer. Por lo que
la prueba documental es aquel medio de convicción por el cual una de las
partes en litigio se sirve para demostrar un hecho que se encuentra
vinculado a las cuestiones controvertidas en el procedimiento de referencia.
El Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), determina que se
entienden por documentos, para los efectos de este código, los siguientes:
1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.
2. Las grabaciones magnetofónicas.
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.
4. Grabaciones fonópticas o videos.
5. Películas cinematográficas.
6. Grabaciones computacionales.
7. Mensajes de datos.
8. El télex, telefax y similares.
9. Fotografías.
10. Radiografías.
11. Ecografías.
12. Tomografías.
13. Electroencefalogramas.
14. Electrocardiogramas.
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.
No es documento, por lo tanto, el medio que sirve para escribir o para
imprimir, pero queno contiene declaración o representación, como puede
ser una hoja de papel en blanco.
PRUEBA DOCUMENTAL- Copia de documentos autenticadas
La certeza de los hechos invocados como fundamento fáctico de las
pretensiones de la demanda, a través de una prueba documental
constitutiva de copias de documentos, está en relación directa con esa
autenticidad. Dicha certeza configura un sustento de la eficacia de la
administración de justicia y de la garantía de los derechos reconocidos en la
ley sustancial. De manera que, conforme a la regulación legal, la
autenticidad de las copias en el caso que se revisa, no puede ser
desconocida como lo pretendió el actor en la tutela.

PRUEBA TESTIMONIAL
El testimonio es la declaración que realiza un tercero, ajeno a la
controversia, sobre algo que ha percibido, de manera directa, por cualquiera
de sus cinco sentidos.
Es testigo quien no tiene relación jurídica procesal con las partes. Se dice
testigo a quien le consta. Por lo tanto, no es testigo quien no tuvo
percepción directa del hecho que se busca verificar.
TESTIGO TECNICO
Es aquel que, habiendo presenciado un hecho, posee conocimientos
especiales de una ciencia o arte que le permiten calificarlo (C.P.C. Art. 227).
Es una persona que declara sobre hechos de los cuales tiene conocimiento
(circunstancias de tiempo, modo y lugar), y además emite juicios de valor
sobre aquello que percibió219
Son ejemplos de testigos técnicos: El médico que presencia una muerte; el
abogado que presencia una captura; el artista que presencia la realización
de una obra; el físico que presencia un accidente de tránsito.
Un testigo técnico no se distingue por su vocabulario, sino por el verdadero
conocimiento sobre la ciencia o el arte de su declaración. Por ello, al testigo
técnico se le debe interrogar acerca de sus cualidades, sus especialidades y
su capacidad de observación
DEBIDO PROCESO
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el
cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle
tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas
frente al juez.
El debido proceso es un derecho, no un principio. Y es de carácter
sustancial. Es, además, fundamental, de rango constitucional y por lo tanto
de aplicación inmediata (art. 85 C.N.).
Ha sido definido por afirmación o por negación: “toda persona tiene derecho
a un proceso justo” o bien “toda persona tiene derecho a no ser juzgada
sino conforme a las reglas preestablecidas”.
La Corte Constitucional ha definido el debido proceso como “la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las
garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que
ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos
señalados en la ley4
La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra el principio rector
del proceso judicial en su artículo 29, que reza literalmente:
4 Ver, entre otras,las Sentencias T - 467 de 1995, T - 238 de 1996 y T - 061 de 2002 y C - 641/02, proferidas
por la Corte Constitucional.

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene Derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público
sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno Derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso”
VIA DE HECHO5
Es un concepto elaborado por la jurisprudencia para referir aquellas
actuaciones judiciales en las que el juez que decide un conflicto jurídico
asume una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento
vigente violando derechos fundamentales. Tal comportamiento puede
traducirse en (1.) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho
para un fin no previsto en las disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.)
en el ejercicio de una atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), (3.) en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los
hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas
(defecto fáctico), o (4.) en la actuación por fuera del procedimiento
establecido (defecto procedimental). Esta carencia sustancial de poder o de
desviación del otorgado por la ley, revelan (i.) una manifiesta desconexión
entre lo establecido en el ordenamiento y la voluntad del funcionario judicial
(que aparejará su descalificación como acto judicial) y (ii.) una clara
violación de los derechos fundamentales de quien sufre las consecuencias
del acto arbitrario.
DEFECTO FACTICO6
La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria
se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un
elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata
de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha
sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias
de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la
prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa
5 SU159/02 tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/SU159-02.htmmayo 23 de
2015 hora 1:30 pm
6 T-233/07 tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-233-07.htmMayo 23 de
2015 hora 2:35 pm

a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en
desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales.
PRUEBA ILICITA7:
Es aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las
personas bien haya sido para lograr la fuente de prueba o bien para lograr
el medio probatorio y su consecuencia de la posición preferente de los
derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afinada condición de
inviolables nos lleva a afirmar que existe diversidad sobre el tratamiento y
clasificación de la denominada pruebas ilícitas.
La prueba llicta en pocas palabras es aquella que viola los derechos
fundaméntale en la fuentes mismas de la prueba
PONDERACION8
En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez
llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante ésta, se busca un
equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos
enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios, elevó a rango constitucional la auto-
contención de la persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia
constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos
un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo
a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad.
PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL9
Principio fundamental del derecho procesal es el de la igualdad de las
partes en el proceso, lo que significa que quienes a él concurren de manera
voluntaria o por haber sido citados en forma oficiosa, deben tener las
mismas oportunidades procesales para la realización plena de sus garantías
a la bilateralidad de la audiencia. En desarrollo de ese postulado esencial al
debido proceso, se tiene que (i) a la presentación de la demanda
corresponde la oportunidad de darle contestación dentro del término legal y
previo traslado de la misma; (ii) a la oportunidad de pedir pruebas de cargo,
corresponde la de pedir pruebas de descargo por la parte demandada; (iii) a
la oportunidad de alegar por una de las partes, le corresponde también la
misma a la otra parte, del mismo modo que sucede con el derecho a la
impugnación de las providencias proferidas por el juzgador en el curso del
proceso, de tal manera que siempre exista para la parte a la cual le es
desfavorable lo resuelto la oportunidad de impugnar la decisión respectiva.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez
dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de
ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se
soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho
7 Tomado en líneade http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM69772012/06.CAPITULO%202.pdf mayo 23 de2015 hora3:30
pm.
8 T-425/95 tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-425-95.htm Mayo23 de2015 hora4:22 pm.
9 C-690/08 TOMADO DE http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-690-08.htmMARZO23 DE 2015 HORA 3:34
PM

para todas las personas presentar pruebas y controvertir las que se
presenten en su contra. La Corte manifestó que “...la negativa a la práctica
de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no
conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o
que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas
(arts. 178 C.P.C y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser
objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe
tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea
conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido
proceso”.
REGLA DE EXCLUSION
El artículo 29, inciso final, de la Carta consagra expresamente una regla de
exclusión de las pruebas practicadas con violación del debido proceso. Así
lo señala en su inciso final cuando afirma que “Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso”.
Dada la potestad de configuración de la cual goza el legislador para
desarrollar esa regla general, éste puede determinar las condiciones y
requisitos bajo los cuales pueden ser válidamente obtenidas las distintas
pruebas.
Esta regla constitucional contiene dos elementos: Las fuentes de exclusión.
El artículo 29 señala de manera general que la prueba obtenida con
violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Esta disposición ha
sido desarrollada por el legislador penal para indicar dos grandes fuentes
jurídicas de exclusión de las pruebas:
A. la prueba inconstitucional: se refiere a la que ha sido obtenida
violando derechos fundamentales
B. la prueba ilícita: Es adoptada mediante actuaciones ilícitas que
representan una violación de las garantías del investigado,
acusado o juzgado.
En cuanto al debido proceso, el legislador ha consagrado condiciones
particulares para la práctica de pruebas y requisitos sustanciales específicos
para cada tipo de prueba, cuyo cumplimiento debe ser examinado por el
funcionario judicial al momento de evaluar si una determinada prueba es o
no ilícita.
La nulidad sólo afecta la prueba, salvo que no existan, dentro del proceso,
otras pruebas válidas y determinantes con base en las cuales sea posible
dictar sentencia, caso en el cual habría que concluir que la sentencia se
fundó solamente, o principalmente, en la prueba que ha debido ser excluida.
EXCEPCION A LA REGLA DE EXCLUSION-Elementos
Se deben considerar los siguientes criterios:
Vinculo atenuado: si el vínculo entre la conducta ilícita y la prueba es
tenue la prueba es admisible.

Fuente independiente: según la cual la prueba proveniente de una
prueba primaria ilícita es admisible si fue obtenida por un medio legal
independiente, concurrente sin relación con la conducta originaria de la
prueba ilícita.
Descubrimiento inevitable: según el cual una prueba directamente
derivada de una prueba primaria ilícita, es admisible si se demuestra que
esa misma prueba hubiese sido obtenida por medios lícitos.
DERECHO A LA INTIMIDAD:
La jurisprudencia ha entendido el derecho a la intimidad como la facultad
que implica “exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que
incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones
privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes
personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben
legítimamente las intromisiones externas. Adicionalmente, puede decirse
que el derecho a la intimidad es un derecho disponible. Ciertas personas,
según su criterio, pueden hacer públicas conductas que otros optarían por
mantener reservadas.”
DERECHO A LA INTIMIDAD ENTRE CONYUGES O COMPAÑEROS
PERMANENTES-Alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD ENTRE
CONYUGES O COMPAÑEROS PERMANENTES-Maneras de vulneración
CORREO ELECTRONICO-Medio de comunicación privada
Uno de los medios de comunicación privada que cobra especial importancia
en la actualidad con el surgimiento de la informática es el correo electrónico,
sobre el cual, dada la complejidad de la realidad actual exige una
aproximación a la intimidad que tenga en cuenta los diversos aspectos que
la contempla, entre los cuales se halla el derecho a controlar la información
acerca de uno mismo. Por tratarse entonces de un dispositivo que tiene un
ámbito privado, es que la regla constitucional prevista en el artículo 15
Superior, referida a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas
de comunicación privada, tiene total aplicabilidad cuando se trata de correos
electrónicos, pues se trata de una forma de comunicación entre personas
determinadas, siendo solamente posible su interceptación o registro, (i)
mediante orden de autoridad judicial, (ii) en los eventos permitidos en la ley
y (iii) con observancia estricta de las formalidades que la misma establezca.

FICHAS SENTENCIAS
ANALISIS JURISPRUDENCIAL SU.132/02
Sentencia : SU.132/02
Descripto : Acción de tutela contra providencias judiciales
Consejero Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Demandante: Pablo Eduardo Victoria Wilches
Demandado: la Sección Quinta del Consejo de Estado
DEMANDA
El señor Pablo Eduardo Victoria Wilches se inscribió como candidato al
Senado de la República para las elecciones del 8 de marzo de 1998. Le
correspondió el número 695 del tarjetón electoral. Según el reporte oficial de
la Registraduría Nacional del Estado Civil obtiene 18.452 votos en todo el
país, lo que le impidió alcanzar la curul de Senador de la República.
Inconforme con esos resultados, el señor Victoria presenta demanda en
ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, ante la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, solicitando se declarare la nulidad de los artículos 6o. y 8o. de la
Resolución No. 218 del 15 de abril de 1998, proferida por el Consejo
Nacional Electoral,
En su opinión, los resultados reportados en su caso no se ajustan a la
realidad, pues a su oficina fueron enviadas unas actas correspondientes al
formulario E-26 para las circunscripciones electorales de Santafé de Bogotá,
Cundinamarca y Valle del Cauca, en las que se registran votaciones
diferentes a las aparecidas en las actas de esas mismas circunscripciones,
divulgadas oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Adicionalmente, el señor Pablo Victoria afirma que le hicieron entrega en su
oficina de 14 copias de diskettes de computador que contienen el resumen
de la votación por departamentos, elaborados el 21 de marzo.
HECHOS
1. A su oficina fueron enviadas unas actas correspondientes al formulario E-
26 para las circunscripciones electorales de Santafé de Bogotá,
Cundinamarca y Valle del Cauca, en las que se registran votaciones
diferentes a las aparecidas en las actas de esas mismas
circunscripciones, divulgadas oficialmente por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
2. el señor Victoria solicita como pruebas unas actas de escrutinio las
cuales fueron decretadas en su oportunidad.
3. Le hicieron entrega también de 14 copias de diskettes de computador
que contienen el resumen de la votación por departamentos.

4. La contraparte solo allegan los originales de las actas E-14 enviadas por
la Registraduría Nacional, correspondientes a las circunscripciones
electorales del Santafé de Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca.
Quedaron pendientes las actas E-14 de 9 municipios del Valle del
Cauca, así como las solicitadas a la Registraduría Delegada del mismo
departamento, pertenecientes a 310 mesas de Cali.
5. Por lo tanto, estima que con toda la votación encontrada en las restantes
actas daba suficiente votación para que el Consejo de Estado decretara
la restitución de la curul de senador.
PRETENSIONES
1. Solicitando se declarare la nulidad de los artículos 6o. y 8o. de la
Resolución No. 218 del 15 de abril de 1998, proferida por el Consejo
Nacional Electoral.
2. Que se decrete la restitución del curul del senador.
3. Que se valoren los documentos como fieles copias tomados del
original
4. Que se haga una clara investigación de lo que resultados aportados y
de los obtenidos en los diskettes y las actas E-14
DECISION DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, mediante fallo del 19 de enero de 2001, declara
improcedente la tutela solicitada por Pablo Eduardo Victoria Wilches,
coadyuvada por Enrique Parejo González, de la manera que pasa a
explicarse que la decisión adoptada de desechar la prueba documental
aportada por el demandante, se funda en precisas normas procesales
(C.P.C., art. 254, particularmente) y en la jurisprudencia de esa
Corporación. Además, puntualiza que la misma adelantó una labor de
verificación de la información de los escrutinios generales con los distritales,
municipales y zonales allegados por las autoridades competentes.
Adicionalmente, el a quo considera que la entidad accionada garantiza en
su fallo el debido proceso y que la forma como valora los medios de prueba
no constituye un acto arbitrario o voluntarioso “y mucho menos un hecho
susceptible de examen por parte del juez de tutela”. La diferencia de
criterios entre dicha autoridad y el peticionario, en cuanto a la valoración de
esos medios de prueba, escapa a la órbita de competencia del juez de
tutela, máxime cuando la sentencia cuestionada ha hecho tránsito a cosa
juzgada y el recurso de súplica que el demandante impetró fue denegado
por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo estos presupuestos, la Sala Electoral del Consejo de Estado profiere
sentencia, el 24 de noviembre de 1999, denegando las pretensiones de la

demanda, principalmente, debido a una falta de autenticidad de los medios
probatorios aportados por el actor.
DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante fallo del 1o. de marzo del año anterior, confirma la sentencia
proferida por el a quo, por las razones que se exponen enseguida:
Sostiene que una vez examinada la providencia cuestionada se evidencia
un detallado análisis de los documentos aportados por el accionante en la
demanda de nulidad, mediante los cuales pretendía demostrar que las
copias de las actas de escrutinio por él adjuntadas tenían fuerza probatoria
por hallarse autenticadas ante notario público. Tal análisis controvierte el
valor probatorio de dichos documentos, citando jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado del 14 de marzo de 1978, respecto
de la autenticación de documentos.
Por consiguiente, concluye que no es posible alegar una vía de hecho por
defecto fáctico en la sentencia impugnada, toda vez que en la actuación de
la entidad demandada se observa tanto un análisis que desvirtuó el valor
probatorio de los documentos aportadas por el demandante, como
suficiente fundamento para rechazar las pruebas solicitadas por una de las
partes, ante la ausencia del pretendido valor.
2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DERECHOS, PRINCIPIOS Y VALORES
Violación de los derechos fundamentales invocados por aquellos, dada la
falta de valoración probatoria en el proceso de nulidad. Sobre el particular
indica que el a quo en la tutela la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, en su condición de juez constitucional
dentro del proceso de la referencia incurrió en una presunta falsedad
ideológica por haber descartado la ocurrencia de una vía de hecho en la
sentencia del Consejo de Estado
DERECHOS TALES COMO:
Sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido (CP,
arts. 29 y 40),
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho
puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que
establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los
casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS CONCRETOS DEL TEXTO DE LA
SENTENCIA
El problema jurídico radica en que si la entidad demandada le correspondía
analizar las Actas aportadas por él demandante y las autorizadas por la
Registraduría, cotejando los datos de unas y otras, con los datos recogidos
en las actas E-14, con el fin de establecer cuales reflejaban la realidad
electoral y cuales se hallaban afectadas de nulidad.
4. CRITERIOS JURIDICOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Decide rechazar las pruebas de una de las partes si éstas no tienen el valor
pretendido. Por el contrario, es claro como luego del estudio pertinente de la
prueba, el juez, revestido de autonomía funcional y de la libre formación del

convencimiento, atendiendo el artículo 187 del Código de Procedimiento
Civil, decide que no asiste verdad al accionante en la aseveración de que
las Actas de escrutinio por él adjuntadas como pruebas son veraces y
tienen el mismo valor probatorio que los originales lo que obligó a la Sala
Electoral a rechazar las aspiraciones de Pablo Victoria.
Las copias aportadas no pueden considerarse como documentos
auténticos, como lo plantea la apoderada del actor, pues como se afirma en
la demanda, aquellas llegaron al Señor Pablo Victoria sin indicar y precisar
la forma como le llegaron, ni hacer alusión al funcionario de la organización
electoral en la cual debían reposar los originales que autorizó la expedición
de las mismas. Es decir que esos documentos se aportaron sin cumplir las
exigencias de ley, para que sean apreciadas con pleno valor probatorio y,
por tanto no es posible darles el valor que afirma la demanda.
5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA JURIDICO
1. ¿Se debe acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad?
Interpuesta por el actor, en contra de los artículos 6o. y 8o. de la Resolución
No. 218 del 15 de abril de 1998 “por la cual se declara la elección de
Senadores de la República para el período 1998-2002 y se ordena expedir
las respectivas credenciales
2. ¿Se les debe dar el valor probatorio a la pruebas aportadas por el señor
victoria y tener en cuenta en el proceso interpuesto?
6. TESIS DEL DEMANDANTE
Las decisiones arbitrarias y caprichosas sin fundamento objetivo y
razonable contradicen los parámetros constitucionales y legales, y así
mismo vulneran principios y derechos constitucionalmente reconocidos,
constituye un atentado contra un Estado social de derecho como el nuestro.
La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez
dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de
ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se
soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho
para todas las personas presentar pruebas y controvertir las que se
presenten en su contra
En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un defecto
fáctico, da lugar a una violación del derecho al debido proceso, el de
igualdad de las partes ante la ley procesal, el de acceso a la administración
de justicia, así como a obtener un trato imparcial por quien dirige el proceso
(C.P., art. 29, 13, 228 y 229).
7. TESIS y DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

De manera que, para dicha Corporación, la copia de un documento original
tiene valor si ha sido autorizada por el jefe de la oficina donde se encuentra
dicho documento o si ha sido tomada de una fotocopia autenticada por el
mismo jefe
Las actas de escrutinio acompañadas con la demanda no cumplen
con dicho requisito, pues ninguna de las referidas autenticaciones las
hizo alguno de los Jefes de las oficinas en donde, de acuerdo con la
ley, se encuentran los originales de esos documentos”.
En el caso de estudio aparece que las autenticaciones de las fotocopias
tomadas del original las hicieron los notarios antes mencionados y no los
funcionarios en donde se encuentran dichos originales. Por consiguiente,
las autenticaciones carecen de validez”.
En efecto, en el concepto emitido ante ese Consejo, ella declara que las
copias aportadas por el actor no constituyen documentos públicos
auténticos, de conformidad con lo establecido en las normas procesales
civiles y, mucho menos, se puede decir que son reproducciones exactas de
documentos originales, pues se desconoce su procedencia.
Ninguno de los documentos aportados por el actor permite inferir su
condición de documentos públicos auténticos, ni mucho menos se puede
aducir que son reproducción exacta de documentos originales. En efecto,
conforme a las reglas contenidas en los artículos 253 y 254 del Código de
Procedimiento Civil, tratándose de documentos públicos, las copias, ya sean
transcripción o reproducción mecánica, tendrán el mismo valor probatorio
del original cuando han sido autorizadas por un funcionario público en cuya
oficina se encuentre el original.
De manera que como no se aportó documento que lleve a la convicción de
que el allegado es el auténtico y reproduce el contenido del documento
original supuestamente alterado en forma posterior, se concluye que no
existe tal adulteración y que los datos consignados por el Consejo Nacional
Electoral en la Resolución número 218 son el reflejo fiel de los consignados
en los originales de los formularios E-26, pues la presunción de legalidad no
está desvirtuada.
9. CONCLUSIONES
En esta sentencia de unificación podemos ver claro como es el trato de la
máxima autoridad frente al derecho probatorio que deben cumplir con los
requisitos exigidos por la ley y que sin poder llegar a demostrar si se viola o
no un derecho fundamental de una persona como es el caso del señor
victoria donde se le está vulnerando su derecho al debido proceso y elegir y
ser elegido.
Lo que sucede en este caso en particular es mirar detalladamente no la
vulneración como tal de los derechos de la persona si no como trata el
señor victoria de demostrar esa verdad ese indicio, esa alteración de los
resultados como logra incluir esas pruebas que logro obtener como son los
diskettes y las actas de una manera que salta el conducto regular y viola
cualquier garantía procesal.

Pero por otro lado hay que mirar que pesa más ante la ley que se violen un
conducto procesal es decir el camino del iter probatorio o/y como se deben
obtener las pruebas en este caso. Ya que la ley me dice que en caso de
necesitar documentos públicos se pueden aportar copias pero estas tienen
que ser expedidas por el director o persona que esté a cargo de dicha
documentación.
En mi concepto debe precisarse más en los derechos que se violan de la
persona porque a simple vista se le están violando derechos de rango
constitucional que no se tiene en cuenta a la hora del fallo. Es esto una
justicia no quiero decir que el fallo este mal sino que es un fallo en Derecho
que puede pasar por encima de la persona. En ocasiones como esta
deberían prevalecer los derechos de las personas y no como se obtenga la
prueba.
Finalmente si hablamos de un fallo apegado a la ley se dice que la manera
como se allegue la prueba debe ser cumpliendo los requisitos exigidos por
la ley para que sea una prueba veraz de peso que no genere duda alguna
que genere certeza de los hechos, en este caso lo que dijo la corte fue que
genero duda todas la pruebas aportadas por el señor Victoria.
ANALISIS JURISPRUDENCIAL
Sentencia :T-916/08
Descriptor : Vulneración por anexarse al proceso de divorcio
correos electrónicos sin el consentimiento del actor.
Consejero Ponente : CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Demandante : Cesar Augusto Henao Vásquez
Demandado : Juzgado Once de Familia de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala de Familia.
DEMANDA
El apoderado Cesar Augusto Henao Vásquez presentó acción de tutela
contra el Juzgado Once de Familia de Medellín y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la intimidad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la vía de hecho que en su sentir
se configuró, en la diligencia de interrogatorio de parte, efectuada el 30 de
julio de 2007, dentro del proceso verbal de cesación de los efectos civiles
de matrimonio católico, adelantado por Margarita María Silva Gaviria, en su
contra. La solicitud de tutela presentada, se apoya en los siguientes

HECHOS
1. Señala el actor, que el 30 de julio de 2007, a las 9:00 a. m., el Juzgado
Once de Familia de Medellín, inició la diligencia correspondiente, con el
fin de efectuarle interrogatorio de parte, dentro del proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, radicado bajo el
N° 2006-00690, prueba que fue solicitada por el apoderado de la parte
demandante.
2. Aduce que el togado de la parte demandante, contrariando lo previsto en
el Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, y sin que obraran en el
expediente los documentos correspondientes, presentó como prueba
documental, algunos mensajes de datos de su correo electrónico “y le
hace preguntas con base en dichos correos”.
3. Asevera que su apoderado, objetó la pregunta efectuada, disenso que
no fue aceptado por la jueza demandada, razón por la cual interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación.
4. En relación con el primer recurso, la jueza no repuso la decisión objeto
de reproche, y respecto de la apelación, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Sala de Familia, declaró la inadmisión, “pero si (sic)
le insinúa a la juez que decrete esos documentos aducidos por el
apoderado de la parte demandante, como prueba documental en virtud
de lo dispuesto en el art. 180 del C. de P. Civil.”
5. A su juicio, solamente el absolvente y el testigo, pueden aducir prueba
documental en esta audiencia, posibilidad que no tiene el interrogador,
pues “estaría violando el debido proceso al no tener la otra parte la
oportunidad de controvertir o contradecir esa prueba documental que se
está aduciendo en ese momento procesal.”
6. Enfatiza en que el numeral 7° del Art. 228 del Código de Procedimiento
Civil, permite que el testigo presente prueba documental en la
declaración, estableciendo adicionalmente los parámetros
correspondientes, para hacer uso del derecho de contradicción de la
prueba, posibilidad con la que no cuenta la parte que efectúa el
interrogatorio, a partir de lo previsto en el inciso 5° del Art. 208 de la
misma normativa. Con todo, indicó que permitir al interrogador allegar
pruebas documentales en la diligencia de interrogatorio de parte, cuando
el ordenamiento jurídico no lo autoriza, se constituye en una situación
que vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
7. Estima que en las altas Cortes, existe consenso sobre el alcance de la
prueba ilícita, y que la Constitución Política establece que la prueba
obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho,
mandato que recientemente fue reiterado por la Corte Suprema de
Justicia, considerando adicionalmente, que no solamente cuando esté
comprometida esta garantía constitucional, la prueba es ilícita, sino
también cuando se trate de “cualquier derecho fundamental consagrado
en la Carta.”
8. Sostiene el accionante que los documentos de su correo electrónico,
allegados por el apoderado de la parte demandante en la diligencia de
interrogatorio de parte, son pruebas ilícitas porque fueron obtenidas
vulnerando el derecho fundamental a la intimidad “y no pueden ser
aducidas al proceso de divorcio y con esos documentos no se le pueden
formular preguntas a mi mandante.”

9. Por último, estima que a partir de la abundante jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la acción de tutela procede contra decisiones
judiciales cuando se configura una vía de hecho.
PRETENSIONES
1. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, el actor pide al juez de
tutela, amparar los derechos fundamentales a la intimidad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, ordenando en
consecuencia a las autoridades judiciales demandadas, que no tengan
como pruebas los correos electrónicos allegados por el apoderado de la
parte demandante en la diligencia de interrogatorio de parte efectuada el
30 de julio de 2007, dentro del proceso verbal de cesación de los efectos
civiles de matrimonio católico, iniciado por Margarita María Silva Gaviria,
por considerar que son ilícitas y que fueron “obtenidas violando el
derecho a la intimidad de mi mandante y que no pueden ser aducidas al
proceso por no permitirlo el art. 208 del C. de P. Civil, (sic) NO PUEDEN
FORMULARSE PREGUNTAS A MI MANDANTE.”
1. CONCEPTOS JURIDICOS (glosario)
Albedrío: Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente.
Precluida: La preclusión es una figura jurídica que implica que por el
transcurso del tiempo o la finalización de algún término sea imposible o
ineficaz ejercer cierto derecho o realizar un acto.
Aducir: Exponer pruebas y argumentos para demostrar o justificar algo.
Morigerado: Mesurado, comedido, sobrio, parco, prudente, frugal,
moderado.
Acervo Probatorio: Es el conjunto de todos los medios de prueba que se
pretendan hacer valer dentro del proceso.
Ratio Decidendi
La Sala de Revisión, mediante proveído del 28 de abril de 2008, dispuso:
Primero.- ORDENAR de forma inmediata la suspensión provisional del
proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico por divorcio
promovido por Margarita María Silva Gaviria en contra de César Augusto
Henao Vásquez (Rad: 0690/2006), hasta tanto esta Corporación profiera el
fallo de revisión correspondiente.
Segundo.- ORDENAR que a través de la Secretaría General de esta
Corporación se oficie a la Secretaría del Juzgado 11 de Familia de Medellín
para que remita, con destino al asunto de la referencia y dentro de los cinco
(5) días siguientes a la recepción del oficio que así lo indique, copia de las
actuaciones surtidas con posterioridad al día 28 de septiembre de 2007
dentro del trámite del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio

católico por divorcio promovido por Margarita María Silva Gaviria en contra
de César Augusto Henao Vásquez (Rad: 0690/2006).
Tercero.- Suspender el término para fallar el presente asunto hasta tanto se
practiquen las pruebas señaladas.”
Vencido el término probatorio, sin haberse allegado al expediente de tutela
las piezas procesales faltantes del proceso verbal adelantado por Margarita
María Silva Gaviria, la Magistrada Sustanciadora por Auto del 3 de junio de
2008, resolvió requerir bajo los apremios legales al Juzgado Once de
Familia de Medellín “para que en el término perentorio de cinco (05) días
haga llegar las pruebas solicitadas mediante el oficio OPTB-151/2008 de
mayo 12 de 2008.”
Las pruebas solicitadas, fueron allegadas a esta Corporación mediante
oficios N° 620 y 828 de 2008.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN.
Decisión de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante sentencia
del 9 de octubre de 2007, luego de considerar que la jurisprudencia ha
establecido la viabilidad de que la acción de tutela proceda frente a
decisiones judiciales, como mecanismo excepcional y subsidiario, cuando
(i) exista una vía de hecho y (ii) haya ausencia de mecanismos legales para
proteger los derechos fundamentales, decidió negar la protección
constitucional solicitada, en consideración a que el trámite del proceso de
divorcio se encuentra “en un estado incipiente” , razón por la cual el
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr la
protección de los derechos fundamentales invocados, cuales son, la
solicitud de nulidad, alegatos de conclusión o recurso de apelación “que en
un momento dado puede interponer frente a la sentencia de primer grado, si
considera que no se ajusta a sus intereses.”
Por lo anterior, concluyó que lo que pretende el actor, es que el juez
constitucional verifique la legalidad de un aspecto que debe efectuarse “al
interior del proceso, a través de los mecanismos de defensa judicial
mencionados” , razón por la cual la acción tutelar incoada es improcedente
y contraria a los principios de seguridad jurídica y autonomía funcional de
los jueces.
Decisión de segunda instancia.
Impugnada oportunamente la sentencia, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, dispuso confirmar la decisión el 27 de
noviembre de 2007, por cuanto no le corresponde al juez de tutela
“inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, profiriendo
resoluciones o mandatos que interfieran la actuación ordenada por el juez

de conocimiento como conductor del proceso, no modificar o revocar las
providencias judiciales por él dictadas o indicar de que debe adoptar
determinada resolución”.
Con todo, y en la misma línea de argumentación del a quo, estimó que el
actor cuenta con mecanismos de defensa dentro del proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, razón por la cual en
virtud de la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela, no está
concebida para sustituir los medios de defensa establecidos en el
ordenamiento jurídico según el “libre albedrío de los interesados”.
PRINCIPIO DE IGUALDAD
1. DERECHO A LA INTIMIDAD:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación
de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada
son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Con el fin
de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará
la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con
fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la
correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden
judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y
control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al
iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso
sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que
abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta
gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia
e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la
ley.
2. DEBIDO PROCESO:
El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar
todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido
proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene
derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser
oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS CONCRETOS DEL TEXTO DE LA
SENTENCIA
1. El señor Cesar Augusto Henao Vásquez, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Once de
Familia de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad, Sala de Familia, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la intimidad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en consideración a que no accedieron a la
objeción formulada en la diligencia de interrogatorio de parte llevada a
cabo el 30 de julio de 2007, la cual en su sentir, estaba encaminada a
que las autoridades judiciales demandadas, no le dieran valor probatorio
a los correos electrónicos allegados por el apoderado de la parte
demandante, en tanto (i) el inciso 5° del artículo 208 del Código de
Procedimiento Civil, permite solamente a la parte que declara en el
interrogatorio, la presentación de documentos “relacionados con los
hechos sobre los cuales declara” ; (ii) la oportunidad procesal para pedir y
aportar pruebas al proceso, se encuentra precluida “y no es ésta la
oportunidad de aducir prueba documental al proceso” y (iii) se trata de
documentos allegados al proceso con violación del derecho a la
intimidad, pues obedecen a la interceptación ilegal de la cuenta de correo
electrónico privado del actor.
2. La Jueza Once de Familia de Medellín, a través de misiva del 2 de
octubre de 2007, luego de hacer un recuento de lo ocurrido en la
diligencia de interrogatorio de parte, dentro del proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, iniciado por
Margarita María Silva Gaviria, consideró que la decisión de no acceder a
la objeción formulada por el apoderado de la parte accionada, no
constituye una vía de hecho, pues no es arbitraria, caprichosa o abusiva,
razón por la cual los derechos fundamentales invocados por el actor, no
fueron vulnerados.
3. Los jueces de instancia en el trámite tutelar, con fundamento en
argumentos similares, no accedieron a la protección constitucional
solicitada, por considerar que dada la naturaleza residual y subsidiaria de
la acción de tutela, y en tanto el proceso declarativo aún se encuentra en
curso, el actor cuenta con un abanico de oportunidades procesales, para
que los derechos fundamentales que considera vulnerados, sean
restablecidos.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y causales generales y específicas definidas por el intérprete
constitucional para determinar su viabilidad. Reiteración de
jurisprudencia.
La jurisprudencia de la Corte ha advertido de manera reiterada, que la
acción de tutela en principio, no procede contra las decisiones proferidas
por las autoridades judiciales, en tanto (i) se trata de decisiones que
constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los
derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente

formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) el valor de cosa juzgada
de las decisiones que resuelven las controversias planteadas ante los
jueces y la garantía del principio de seguridad jurídica y (iii) la autonomía
e independencia que caracteriza el poder judicial, como principio
estructurante de los estados democráticos.
5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad especial de la acción de
amparo constitucional contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
Uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, es la garantía
efectiva y real de los principios y derechos fundamentales (Art. 2°
Superior), no siendo ajeno a este valor constitucional, el ámbito de los
procesos judiciales, pues es allí primordialmente en cada una de las
etapas procesales previstas por el legislador, donde deben realizarse de
manera cierta las garantías iusfundamentales.
6. Valoración defectuosa del acervo probatorio.
Esta situación tiene lugar, cuando el operador jurídico decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia
una prueba allegada al proceso que se encuentra viciada.
Así las cosas, esta Corporación ha entendido que solamente es posible
acudir a la acción de amparo constitucional, invocando la existencia de un
defecto fáctico, siempre y cuando el error en el juicio valorativo de la
prueba, sea de tal entidad “que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto,
según las reglas generales de competencia’.”
Con todo, el defecto fáctico se configura en primer término, cuando el juez
aprecia pruebas ilegítimas que han sido allegadas al proceso, ya sea por no
haber sido decretadas, practicadas o valoradas con sujeción a las formas
propias de cada juicio, o por tratarse de una prueba inconstitucional, es
decir que su obtención implicó la vulneración de derechos fundamentales.
4. ANALOGIAS
ANALOGIA: Sentencia No. T- 044/13
Ratio decidendi:
Para la Sala, la decisión adoptada por la Jueza Once de Familia de
Medellín, en la diligencia de interrogatorio de parte, llevada a cabo el 30 de
julio de 2007, en la que dispuso no aceptar la objeción formulada por el
apoderado de la parte accionada dentro del proceso declarativo, que
buscaba específicamente la exclusión de los correos electrónicos allegados

por el demandante, con los que pretendía demostrar la configuración de la
causal primera del artículo 154 del Código Civil , constituye un acto que
configura una vía de hecho por defecto fáctico en su dimensión positiva, por
tratarse de una prueba que vulnera los derechos fundamentales a la
intimidad, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia
de Cesar Augusto Henao Vásquez, lo cual exige para el juez de tutela, la
adopción de medidas encaminadas a su restablecimiento.
De igual forma y comoquiera que la Sala no vislumbra una actuación
vulneratoria de derechos fundamentales por parte del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en la providencia del 24 de
agosto de 2007, que resolvió el recurso de apelación presentado contra la
decisión del 30 de julio de 2007, se abstendrá de dictar cualquier tipo de
orden.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de noviembre de
2007, que a su vez confirmó la decisión dictada por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de octubre de 2007, que negó la
tutela incoada, y en su lugar, concederá el amparo de los derechos
fundamentales a la intimidad, debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, dentro de la acción de tutela presentada por
Cesar Augusto Henao Vásquez contra el Juzgado Once de Familia de
Medellín.
En consecuencia, la Jueza Once de Familia de Medellín, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
deberá excluir del proceso de cesación de los efectos civiles de matrimonio
católico, promovido por Margarita María Silva Gaviria (Rad. 2006-00690),
los correos electrónicos allegados por el apoderado de la parte
demandante, en la diligencia de interrogatorio de parte iniciada el 30 de julio
de 2007 a Cesar Augusto Henao Vásquez, con el fin de que no sean
apreciados al momento de adoptar la decisión correspondiente, debiendo
guardar las reservas debidas, para garantizar el derecho a la privacidad de
la información en ellos contenida.
Así mismo, ordenará a la Jueza Once de Familia de Medellín, que una vez
sean excluidos los documentos en mención, proceda inmediatamente a
efectuar el levantamiento de la medida provisional dispuesta por esta Sala
de Revisión, mediante Auto del 28 de abril de 2008, en el proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, adelantado por
Margarita María Silva Gaviria (Rad. 2006-00690), para que continúe su
curso.
Finalmente, ordenará a la misma autoridad judicial, que los demás correos
electrónicos allegados al proceso de cesación de los efectos civiles de
matrimonio católico (Rad. 2006-000690), por parte del apoderado judicial
del señor Cesar Augusto Henao Vásquez, en la diligencia de interrogatorio
de parte efectuada el 30 de abril de 2007, a la señora Silva Gaviria, deberán
ser igualmente excluidos, así como los que en el futuro se alleguen, por
tratarse de documentos que no tienen eficacia o validez probatoria, y por
cuanto lesionan la garantía constitucional prevista en el artículo 15 Superior.

Lo anterior, con el fin de garantizar el principio de igualdad procesal de las
partes.
A partir de la situación fáctica expuesta y de las decisiones adoptadas por
los jueces de instancia, le corresponde en esta oportunidad a la Sala de
revisión, resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Procede la acción de tutela para buscar el restablecimiento de los
derechos fundamentales a la intimidad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados el señor Cesar Augusto
Henao Vásquez, cuando aún se encuentra en curso el proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, iniciado por Margarita
María Silva Gaviria?
¿Vulnera los derechos fundamentales a la intimidad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, la decisión adoptada por la Jueza
Once de Familia de Medellín, el 30 de julio de 2007, que a su vez no fue
revisada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de
Familia, el 24 de agosto de 2007, por considerar inadmisible el recurso de
apelación interpuesto, y que dispuso no acceder a la objeción formulada por
el apoderado de la parte demandada, respecto de los correos electrónicos
allegados por el apoderado de la demandante, para demostrar la
configuración de la causal primera del artículo 154 del Código Civil , en el
proceso verbal de cesación de los efectos civiles de matrimonio católico,
adelantado por Margarita María Silva Gaviria?
Así las cosas, es necesario previamente hacer referencia a (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y causales generales y específicas definidas por el intérprete
constitucional para determinar su viabilidad; (ii) el defecto fáctico como
causal de procedibilidad especial de la acción de amparo constitucional
contra providencias judiciales; (iii) alcance dado por la jurisprudencia
constitucional a la regla de exclusión en materia probatoria y configuración
de una vía de hecho por defecto fáctico, cuando una prueba ha sido
admitida, decretada o practicada dentro de un proceso judicial, con violación
del debido proceso; (iv) el correo electrónico como medio de comunicación
privada y manifestación del derecho a la intimidad y (v) análisis y solución
del caso concreto.
El señor Cesar Augusto Henao Vásquez, actuando por intermedio de
apoderado judicial, impetró acción de tutela contra el Juzgado Once de
Familia de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
Sala de Familia, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la
intimidad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la vía de hecho que en su sentir se configuró, en la diligencia de
interrogatorio de parte, efectuada el 30 de julio de 2007, dentro del proceso

verbal de cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, adelantado
por Margarita María Silva Gaviria, en su contra.
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante
proveído del 28 de abril de 2008.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de noviembre de 2007, que
a su vez confirmó la decisión dictada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 9 de octubre de 2007, que negó la tutela
incoada, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la intimidad, debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, dentro de la acción de tutela presentada por
Cesar Augusto Henao Vásquez contra el Juzgado Once de Familia de
Medellín.
TERCERO.- ORDENAR a la Jueza Once de Familia de Medellín, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, deberá excluir del proceso de cesación de los efectos civiles de
matrimonio católico, promovido por Margarita María Silva Gaviria (Rad.
2006-00690), los correos electrónicos allegados por el apoderado de la
parte demandante, en la diligencia de interrogatorio de parte iniciada el 30
de julio de 2007 a Cesar Augusto Henao Vásquez, con el fin de que no
sean apreciados al momento de adoptar la decisión correspondiente,
debiendo guardar las reservas debidas, para garantizar el derecho a la
privacidad de la información en ellos contenida.
CUARTO.- ORDENAR a la Jueza Once de Familia de Medellín, que los
demás correos electrónicos allegados al proceso de cesación de los efectos
civiles de matrimonio católico (Rad. 2006-000690), por parte del apoderado
judicial del señor Cesar Augusto Henao Vásquez, en la diligencia de
interrogatorio de parte efectuada el 30 de abril de 2007, a la señora Silva
Gaviria, deberán ser igualmente excluidos, así como los que en el futuro se
alleguen, por tratarse de documentos que no tienen eficacia o validez
probatoria, y por cuanto lesionan la garantía constitucional prevista en el
artículo 15 Superior. Lo anterior, con el fin de garantizar el principio de
igualdad procesal de las partes.
QUINTO.- ORDENAR a la Jueza Once de Familia de Medellín, que una vez
sean excluidos los documentos en mención, proceda inmediatamente a
efectuar el levantamiento de la medida provisional dispuesta por esta Sala
de Revisión, mediante Auto del 28 de abril de 2008, en el proceso verbal de
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, adelantado por
Margarita María Silva Gaviria (Rad. 2006-00690), para que continúe su
curso.

SEXTO.- Por la Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

ANALISIS JURISPRUDENCIAL T-044/13
Sentencia : T-044/13
Descripto : Acción de tutela contra providencias judiciales
Consejero Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Demandante : Sandra Edith Pedraza Sánchez
Demandado : Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Familia
DEMANDA
La demandante, Sandra Edith Pedraza Sánchez, impetró la presente acción
de tutela contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Familia, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la integridad personal y a la vida digna y, los derechos
de las niñas, Sofía Camargo Pedraza e Isabela Camargo Pedraza, los
cuales considera vulnerados con ocasión de la vía de hecho que en su
sentir se configuró, en la providencia proferida por la autoridad judicial
accionada el 19 de abril de 2012, que decretó la ilicitud y negó la admisión
de unas pruebas por ella solicitadas, dentro del proceso verbal de divorcio,
adelantado contra Wilson Gonzalo Camargo Guio.
HECHOS
1. La actora, madre de dos menores de edad, por intermedio de apoderada
judicial, promovió proceso verbal de divorcio de matrimonio civil en
contrade Wilson Gonzalo Camargo Guio, por considerar configurada la
causal tercera del artículo 154 C.C.
2. El Juzgado Primero de Familia de Bogotá decretó la ilicitud y negó la
práctica de las siguientes pruebas solicitadas por la actora, al
considerarlas violatorias del derecho a la intimidad del señor Camargo
Guio:
3. La grabación magnetofónica original de las conversaciones sostenidas
entre los cónyuges los días 19 y 29 de agosto de 2011.
4. La inspección judicial con intervención de peritos al sitio de trabajo del
demandado para revisar su cuenta electrónica, identificada como
gonzalo.camargo@ericsson.com, con el fin de verificar los correos
dirigidos de esta a la cuenta de la demandante,
sandra.pedraza@oracle.com, los días cuatro de octubre de 2010,
dieciocho de febrero, once de marzo, dieciocho de marzo, seis de abril,
veintiocho de junio y ocho de julio de 2011.
5. accionante instauró recurso de reposición y en subsidio de apelación, al
estimar que las pruebas negadas no atentan contra la garantía
fundamental a la intimidad del señor Camargo Guio
PRETENSIONES

1. La demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean
protegidas sus garantías fundamentales al debido proceso, a la
integridad personal y a la vida digna, así como los derechos de sus hijas
menores de edad.
2. solicita se revoque la providencia proferida el 19 de abril de 2012, dentro
del trámite del proceso de divorcio de matrimonio civil contraído con
Wilson Gonzalo Camargo Guio y, en consecuencia, se declare la licitud y
práctica de las pruebas solicitadas,
3. que se decreten y se tengan en cuenta la práctica de las siguientes
pruebas.
1. la grabación magnetofónica de las conversaciones sostenidas entre
los cónyuges los días 19 y 29 de agosto de 2011
2. la inspección judicial a la cuenta de correo identificada con la
dirección gonzalo.camargo@ericsson.com
DECISION DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia proferida el 6 de junio de 2012, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo pretendido por la señora Sandra
Edith Pedraza Sánchez, al considerar que la decisión judicial que se cuestiona se
fundamentó en el razonado análisis de los supuestos fácticos del caso, en los
elementos de convicción aducidos por la demandante y en las normas aplicables.
Finalmente, expresó que el mecanismo tutelar no fue concebido para imponer al
juzgador una determinada hermenéutica de las disposiciones legales que debe
aplicar.
DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante sentencia proferida el 17 de julio de 2012, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, desestimó las razones de la alzada y confirmó
el fallo de primera instancia, al considerar que el mecanismo de amparo
constitucional en el presente caso resulta improcedente, por cuanto pretende
dejar sin efectos una providencia judicial, sin que de la revisión de la misma se
advierta que es una decisión caprichosa o arbitraria del juzgador de instancia,
pues fue debidamente sustentada con fundamento en la ley y en la jurisprudencia
aplicable.
PRINCIPIO DE IGUALDAD
ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Modificado por el art. 6, Ley
25 de 1992. El nuevo texto es el siguiente: Son causales de divorcio:
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

DERECHOS TALES COMO:
C.P. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.
DERECHO A LA ESTABILIDAD FAMILIAR Y DERECHO DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
INTERES SUPERIOR DEL MENOR E INTEGRIDAD FAMILIAR FRENTE
AL DERECHO A LA INTIMIDAD
Juicio de ponderación para ordenar práctica de pruebas tendientes a
demostrar trato cruel y ultrajes por parte del esposo en proceso de divorcio
3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS CONCRETOS DEL TEXTO DE LA
SENTENCIA
Determinar si se configura el defecto fáctico atribuido por la actora a la
providencia proferida el 19 de abril de 2012 por la autoridad judicial accionada,
que negó el decreto y práctica de las pruebas consistentes en una grabación
magnetofónica de conversaciones y la inspección judicial a la cuenta electrónica
de su cónyuge, por considerarlas vulneratorias del derecho a la intimidad.
El artículo 15 Superior, expresamente consagró que la correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables:
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.

En consecuencia, al ser la intimidad un espacio intangible, personalísimo, que no
hace parte de la esfera pública, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias,
so pena de sufrir una restricción injustificada de su autonomía y de sus
posibilidades de libre acción. Por ende, la intimidad solamente admite
intromisiones o limitaciones cuando estas sean constitucionalmente legítimas
Como quedó expuesto, la señora Sandra Edith Pedraza Sánchez solicita la
protección de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la integridad
personal y a la vida digna y, los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Alude que la garantía a la intimidad al no ser de carácter absoluto debe ceder
frente a una situación en la que estén en juego la integridad personal, la vida
digna y la armonía familiar, que la protección del núcleo familiar debe prevalecer
frente a la de un derecho personal además que las grabaciones de las
conversaciones fueron realizadas en un momento de terror e indefensión y que
las excepciones de la obtención de la prueba en situaciones de vulnerabilidad o
intimidación han sido aceptadas en el campo penal.
Finalmente, la actora considera que la providencia, proferida por la autoridad
judicial accionada, omitiendo decretar y practicar las pruebas que solicitó,
constituye una vía de hecho por defecto fáctico fundada en que los supuestos
que pretende acreditar difícilmente se pueden dar a conocer con otros medios de
convicción
En ese orden de ideas, esta Sala de Revisión estima que la cuestión que merece
mayor análisis constitucional en el caso de autos es la relativa a los intereses que
entran en colisión, para lo cual y, en aras de sopesar los principios y derechos en
pugna, considera imperioso acudir a la técnica de la ponderación, a objeto de
imprimirle a los mandatos implícitos la máxima optimización posible.
Al respecto, valga anotar que la técnica mencionada tiene como finalidad
determinar cuál de las garantías en juego tiene un peso mayor y, por ende, cuál
de ellas determina la solución del caso.
Como primera medida, cabe destacar que los intereses materia de ponderación
son, por un lado, el derecho a la intimidad del señor Wilson Gonzalo Camargo
Guio y, por el otro, la integridad personal de la demandante, la integridad de la
familia y su protección como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos
de los niños, niñas y adolescentes predicable en este caso de las menores Sofía
Camargo Pedraza e Isabela Camargo Pedraza, quienes, conforme a lo
manifestado por la accionante, se han visto forzadas a crecer en un ambiente
hostil y de violencia debido al maltrato psicológico, al irrespeto y al sosiego
doméstico que causa su padre.

Al confrontar las anteriores garantías y principios se tiene que en el caso sub
examine dicha dualidad desencadena una incompatibilidad normativa, que se
configura en razón a que del artículo 15 de la Constitución Política se deriva el
principio según el cual todas las personas tienen derecho a su intimidad personal
y familiar y a su buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar, mientras que de los artículos 42 y 44 se sigue que la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad, el Estado y la sociedad garantizan su
protección integral y que los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.
RESUELVE:
REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012)
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez,
confirmó la dictada el seis (6) de junio de dos mil doce (2012) por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la integridad personal y a la vida
digna de la señora Sandra Edith Pedraza Sánchez y, los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de sus hijas menores de edad, Sofía Camargo Pedraza e
Isabela Camargo Pedraza.
ORDENAR al Juzgado Primero de Familia de Bogotá que, con las precisiones,
aclaraciones, limitaciones y complementaciones que estime necesarias, decrete
y tenga como pruebas las mencionadas anteriormente dentro del proceso de
divorcio promovido por la señora Sandra Edith Pedraza Sánchez en contra del
señor Wilson Camargo Guio.
9. CONCLUSIONES
En esta acción de tutela vemos como es Los intereses materia de ponderación
son, por un lado, el derecho a la intimidad del demandado y, por el otro, la
integridad personal de la demandante, la integridad de la familia y su protección
como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de las niñas las
menores, quienes, conforme a lo manifestado por la accionante, se han visto
forzadas a crecer en un ambiente hostil y de violencia debido al maltrato
psicológico, al irrespeto y al sosiego doméstico, Pero la jurisprudencia ha
entendido el derecho a la intimidad como la facultad que implica “exigir de los
demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo,
aquellas conductas o actitudes personalísimas en el que no caben legítimamente
las intromisiones externas.
Adicionalmente, puede decirse que el derecho a la intimidad es un derecho
disponible. En consecuencia, al ser la intimidad un espacio intangible,
personalísimo, que no hace parte de la esfera pública, nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias, porque puede sufrir una restricción injustificada de su
autonomía y de sus posibilidades de libre acción. Por ende la ley y la
jurisprudencia nos dicen que la intimidad solamente admite intromisiones o
limitaciones cuando estas sean constitucionalmente legítimas y justificadas como
fue el caso de la señora Sandra, donde se entró a mirar y poner en una balanza
los derechos constitucionales de ambas partes si tiene más peso el derecho a la
intimidad o se le da más peso el derecho a integridad física y a una vida en
armonía, pues en este caso prevalecerán los derechos fundamentales que

atenten contra la vida de las personas y más aún si están involucrados menores
de edad.

CONCLUSIONES GENERALES
Este análisis tiene como propósito hacer una comparación de los fallos que
giran en torno a la exclusión de la prueba donde se ha dispuesto una
distinción entre la prueba ilegal, entendida como aquella que afecta el
debido proceso desde el punto de vista procesal formal incompatibilidad con
las formas propias de cada juicio, y la prueba inconstitucional, que es
aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una
perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos
fundamentales.
Dicho esto entraremos en materia de dar por concluido según la exclusión
de la prueba y lo que genera más preocupación en el Derecho Procesal
que ha sido el tratamiento que debe dársele a la institución de las nulidades
cuando estas afectan los actos del proceso y esto sucede en la etapa de las
pruebas, ya que constituye el acto de mayor importancia en la actuación, de
tal manera que requiere una particular atención la forma en que se regula el
tema de la nulidad y el efecto procesal que le sigue. Esto está estipulado en
la norma en nuestro sistema jurídico colombiano donde de ahí adquirió
particular interés, con. la incorporación del inciso final en el artículo 29, pilar
fundamental del debido proceso y por ello se busca realizar análisis, para
verificar la forma en que opera el mecanismo de exclusión tanto para el
caso de las pruebas principales afectadas de nulidad, como también de
aquellas pruebas derivadas de la principal, que devienen en ilícitas.
Cualquiera sea la naturaleza del proceso de que se trate, e
independientemente del sistema judicial que esté propiciando el
adelantamiento de la respectiva actuación procesal, resulta claro que la
prueba juega un papel importante dentro del proceso, íntimamente ligada a
la función pública que debe cumplir el Estado a través de los órganos
encargados de administrar justicia; por ello, la prueba entra a cumplir una
función de carácter pública, pues a través de ella se puede llegar a una
decisión de fondo que, consultando los intereses de la comunidad y de
quienes en el proceso intervienen es garante de la paz y la tranquilidad en
el seno de la comunidad.
Si la prueba es fundamental para adoptar una decisión de fondo, la doctrina
ha sido enfática en señalar que en su estructuración es menester la
concurrencia de una serie de requisitos que garantizan precisamente la
posibilidad de que la misma sea válida y correlativamente pueda producir
efectos jurídicos, y esos requisitos genéricamente podrán ser denominados
elementos del acto probatorio.
Si la prueba es fundamental para adoptar una decisión de fondo, la doctrina
ha sido enfática en señalar que en su estructuración es menester la
concurrencia de una serie de requisitos que garantizan precisamente la

posibilidad de que la misma sea válida y correlativamente pueda producir
efectos jurídicos, y esos requisitos genéricamente podrán ser denominados
Elementos del acto probatorio, los que, en la medida en que se pretermitan
y resulten ser esenciales en determinado medio de prueba, pueden conducir
a la ilicitud de la prueba. Pero para llegar a todo esto es necesario hacer
una ponderación y esto es el caso de colisión entre derechos
constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva
ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las
necesidades de los titulares de los derechos enfrentados. La consagración
positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios, elevó a rango constitucional la auto contención de la persona en el
ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en
consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable,
razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y
necesidades de las demás y de la colectividad.

BIBLIOGRAFIA
 PELAEZ HERNANDEZ, RAMON Revista de derecho y ciencias
sociales: Reflexiones en torno al tratamiento de la prueba ilícita en el
sistema jurídico colombiano
 CALAMANDREI, PIERO. Derecho procesal Civil, Vol. I, Ediciones
Jurídicas Europa América, Buenos
 TARUFFO. MICHELLE “la prueba, artículos y conferencias”.
Metropolitana
 NISIMBLAT. NATTAN “derecho probatorio principios y medios de
prueba”, Universidad Católica.
Jurisprudencia
 Sentencia No. T-425/95 tomado de
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-425-95.htm
 Sentencias T - 467 de 1995, T - 238 de 1996 y T - 061 de 2002 y C -
641/02, proferidas por la Corte Constitucional
 Sentencia C-690/08 tomado de
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-690-08.htm 22
de mayo de 2015 hora 2:37 P.M.
 Sentencia SU159/02 tomado de
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/SU159-02.htm
mayo 23 de 2015 hora 1:30 pm
 Sentencia T-233/07 tomado de
Mayo 23 de 2015 hora 2:35 pm
 Tomado en línea de http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-
ROM69772012/06.CAPITULO%202.pdf mayo 23 de 2015 hora 3:30
pm.
 Sentencia T-425/95 tomado de
Mayo 23 de 2015 hora 4:22 pm.
 Sentencia C-690/08 TOMADO DE
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-690-08.htm
MARZO 23 DE 2015 HORA 3:34 PM
 Teoría general de la prueba Leer más:
http://www.monografias.com/trabajos71/teoria-general-prueba/teoria-
general-prueba2.shtml#ixzz3b5F0QJhS 22 DE MAYO 2015 Hora 2:45
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