Presentaciones que explican la sociedad conyugal en el matrimonio
Chile
1. DERECHO DE LOS TRATADOS Y POSICIONAMIENTO HEMISFÉRICO
LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ESTADO DE CHILE
JESSICA LORENA TIBATÁ MOLINA
DOCENTE DIEGO MAURICIO HIGUERA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES
DERECHO
2016
2. La Justicia Transicional en el Estado de Chile
Introducción
La justicia transicional hace referencia específicamente a las medidas y políticas que un estado
puede implementar con el fin de reparar a las victimas dentro de un conflicto interno cuando a
estos se les han violado los derechos humanos, estas medidas tienen como fin primordial
fomentar la confianza ciudadana, para que de esta manera exista justicia y se vean garantizados
todos los principios y en general la dignidad humana de cada una de las personas que por alguna
circunstancia son víctimas dentro de un conflicto interno, asimismo se busca fortalecer el estado
social de derecho mediante el cual las personas tienen la posibilidad de reclamar sus derechos y
que sean debidamente protegidos; la justicia transicional nace por la necesidad de superar o
remediar las graves violaciones a derechos humanos por las fuertes conflictos surgidos de
regímenes totalitarios y así llegar a asegurar la paz y estabilidad social, para dar paso a la debida
aplicación del régimen democrático y claramente impartir justica frente a tales violaciones
mediante mecanismos y medidas que los estados deben adoptar para reparar a las víctimas y
castigar a los responsables.
Las medidas que primordialmente se toman van encaminadas a encontrar y castigar a los
responsables de tales violaciones según sea el caso particular de cada Estado, a que cada una de
las víctimas del conflicto conozcan la verdad y como consecuencia de todo esto reciban los
diferentes tipos u opciones de reparación a víctimas que se les puedan otorgar teniendo
claramente en cuenta las circunstancias de cada una de ellas. Todo esto debe asegurarse por parte
del Estado en donde se cometieron las violaciones y también deben asegurar que lo sucedido
durante un conflicto no vuelva a ocurrir.
3. Atendiendo a la realidad por la que muchos Estados han tenido que pasar, debido a las
circunstancias y particularidades históricas de cada uno de ellos, se han cometido graves
violaciones a derechos humanos como consecuencia de conflictos internos en ciertos periodos de
tiempo. Uno de estos tantos casos es el que tuvo que vivir la comunidad que habita en el estado
de chile, ya que fueron víctimas de ataques y acciones represivas por parte de los gobiernos que
subieron al poder, lo que condujo a la grave violación de los derechos humanos de muchas de
estas personas y asimismo la posterior adopción de medidas para asegurar la reparación de
victimas en el marco del sistema de transición.
El presente trabajo tiene como fin analizar el surgimiento del conflicto, haciendo referencia a la
violación de derechos humanos en el estado de chile, con el fin de tener un antecedente histórico
que nos permita entender los orígenes del conflicto así como el desarrollo del mismo y las
posteriores negociaciones que se han realizado encaminadas a ponerle fin a tal conflicto o
disminuir la afectación a la comunidad Chilena y los efectos que tales negociaciones o acuerdos
han ocasionado, además se analizará cómo se ha venido manejando el proceso de justicia
transicional dentro del Estado para la reparación de las víctimas y las medidas que el Estado de
Chile ha adoptado con el fin de cumplir con las garantías de no repetición. También se busca
conocer y analizar la experiencia tanto exitosa como fallida de la situación particular del estado
de Chile y principalmente conocer si dentro de la justicia transicional llevada a cabo por tal
Estado se aplica el control de convencionalidad, como aquel, mediante el cual un órgano
internacional ejerce su jurisdicción en el caso eventual de que el derecho interno no cumpla con
los convenios y tratados firmados y ratificados, este se realiza tanto sobre conductas y normas.
Por lo tanto, es de importancia conocer si el control de convencionalidad es aplicado o no para el
caso de chile frente a la violación de derechos humanos y cómo es aplicado si es el caso.
4. Desarrollo
1. El Estado de Chile y su conflicto interno, antecedente histórico
El estado de Chile se encuentra ubicado en el extremo sudoeste de América del sur, dentro de su
antecedente histórico se puede mencionar relevantemente el conflicto surgido en 1891 entre el
presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso Nacional ya que se desencadenó una guerra
civil, donde los congresistas triunfaron e implantaron la República Parlamentaria. Este periodo se
caracterizó por una inestabilidad política y el inicio de un movimiento proletario, provocada por
una desigual distribución de la riqueza y diversos problemas que afectaban al mundo popular.
Tras años de dominio de la oligarquía, fue electo Arturo Alessandri, quien se transformó en un
puente provisorio entre la élite, que se encontraban cada vez más agitadas. La crisis se agudizó y
llevó a la renuncia de Alessandri en dos oportunidades, sin embargo se logró promulgar la
Constitución de 1925, que originó la República Presidencial.
Carlos Ibáñez del Campo subió al poder en 1927, pero la Primera Guerra Mundial, trajo como
consecuencia una mala política económica en el uso de los recursos y el país fue considerado el
más afectado por la crisis mundial, posteriormente Ibáñez renunció y la inestabilidad política
aumentó tras un golpe de Estado que originó la breve República Socialista de Chile, antes de que
Alessandri reasumiera el poder y recuperara la economía, lo que no aplacó la tensión entre los
partidos políticos. Los gobiernos que le siguieron intentaron realizar cambios en los varios
campos con el fin de dar fin a los problemas sociales. Durante la segunda guerra mundial Chile
declaro la guerra a Japón y por ellos se convirtió en uno de los estados fundadores de la
Organización de naciones unidas. En 1958 llegó al poder Jorge Alessandri quién tuvo que vivir
un desastre natural, el cual conllevo a que se tomaran medidas en el ámbito económico con el
objetivo de reconstruir y recuperar todo lo que se había perdido en ese momento incluyendo
5. diferentes reformas en el ámbito agrario, a este gobierno le sucedió el de Salvador Allende en
1970, dentro de su gobierno se dieron varias tensiones que conllevaron a protestas por parte de
toda la población civil por el descontento que tenían acerca de la situación por la que pasaba el
país, desde este momento se inicia un periodo de tiempo lleno de tensiones que conllevaría a la
violación de derechos humanos por parte del gobierno de Chile a su población civil. (Rojas, M.,
2003).
1.1 Origen del conflicto en Chile
El conflicto en Chile inicia con el gobierno de Salvador Allende, quien sube al poder en el año
1970. El gobierno de Allende prometía construir una sociedad socialista a través de medios
pacíficos y legales, por ello se planteó como objetivo la redistribución del ingreso mediante el
alza de los salarios y del gasto público, lo que tenía como fin evitar que el aumento del poder
adquisitivo de la población provocara escasez de productos y el aumento de precios. En 1971,
esta política económica tuvo éxito, sin embargo, por los propios errores del gobierno y la acción
combinada del sabotaje de la oposición, la conspiración norteamericana y la caída del precio del
cobre, hizo que los planes y objetivos a los que se quería llegar con tal política se cayeran y no se
pudieran alcanzar. Como consecuencia de esto, el aparato productivo no fue capaz de cubrir la
demanda de bienes y servicios de la población, y las personas que mayormente se vieron
afectadas fueron las del sector agrícola ya que había bastante escasez de alimentos.
A partir de este momento, empezaron a surgir protestas por parte de toda la población, lo cual se
realizó acudiendo a movilizaciones callejeras, huelgas y demás manifestaciones por parte de la
población y de esta manera inició un ambiente de crisis por la inestabilidad social por la que
estaba pasando el país. Allende logró terminar el conflicto llamando a integrar el gobierno a los
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ellos serían los árbitros del conflicto entre el
6. gobierno y la oposición hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que los
opositores esperaban contar con el respaldo suficiente para destituir constitucionalmente al
presidente Allende. (Rojas, M., 2003).
El 11 de septiembre de 1973, el Ejército Chileno liderado por José Toribio Merino, y el
comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, planificaron la realización de un golpe de
estado, en el cual se solicitó también el apoyo del general Pinochet pero este no dio respuesta, al
día siguiente, Salvador Allende informó al Comandante y otros generales del Ejército que había
decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis política. Por lo
tanto, Pinochet decidió responder diciendo que contaran con su apoyo. El golpe de estado se dio
en el palacio de la moneda, el cual había sido rodeado por tanques de carabineros, pero el
presidente Salvador Allende se negó a abandonar las instalaciones y consiguiente a esto se inició
el bombardeo el cual culmino con la muerte del presidente y de muchas más personas.
(Politicainternacional.files, s.f.)
1.2 El gobierno de Pinochet
Augusto Pinochet curso una carrera militar a los 17 años, pasando rápidamente a través de los
rangos hasta ser nombrado Comandante en Jefe en 1973 por el presidente Salvador Allende. Sólo
tres semanas después de su nuevo cargo, Pinochet jugó un papel central en el golpe de Estado
contra el presidente en septiembre de 1973. El objetivo del golpe era liberar a Chile de la
opresión marxista. Posterior al golpe de Estado, es elegido como presidente por un periodo
comprendido entre 1973 a 1990, su gobierno se basó en una dictadura que rigió durante 17 años.
Este es sin duda uno de los acontecimientos más significativos en la historia del siglo XX
chileno. Dentro de este gobierno se evidencio un traumático y difícil momento para el estado de
chile ya que Pinochet y su ejército impusieron un régimen que atentó contra los derechos
7. humanos de la población habitante, usualmente un régimen de dictadura se caracteriza por la
utilización de la fuerza o violencia, concentrada en el poder de una persona o un grupo, en este
caso, el poder se encontraba concentrado en el mismo ejército que le dio fin al gobierno
comunista de Salvador Allende, el cual se encontraba encabezado por Augusto Pinochet el cual
reprimía y desconocía los derechos humanos y las libertades individuales. El objetivo principal
que tenían era acabar con absolutamente todos los ideales comunistas que se habían planteado en
chile por lo tanto acudieron a la implementación de políticas privatizadoras neoliberales, que
claramente se llevaron por un camino violento. La ideología neoliberal representa una ruptura
respecto del liberalismo del siglo XIX. Se consigna su nacimiento en 1947, tras la Segunda
Guerra Mundial y hace referencia a la doctrina que va en contra del igualitarismo y la regulación
social.
Las medidas neoliberales chilenas estuvieron encaminadas a la desregulación por parte del
estado, desempleo masivo, violenta represión de los sindicatos, privatización de bienes públicos
y una redistribución del ingreso a favor de la quinta pate de los habitantes más ricos de la
población. Por lo tanto se dio un completo giro hacia el neoliberalismo favoreciendo entonces al
capital financiero y a la privatización como principio operante, lo mismo que a la desigualdad
natural ya que el pensamiento neoliberal considera que la desigualdad es justa e inherente a ella.
(Cuadra, A., 2013).
Por otra parte, se buscó también la abolición del régimen democrático ya que se evidencio que
posterior al golpe de estado se perdió bastante la solidez institucional y el respeto por la
democracia y los principios republicanos, características sobre las que se insistía tanto en Chile
con los gobiernos anteriores al de Pinochet, los cuales no eran tan estables como se pensaba. Sin
embargo, esta era la primera vez que Chile vivía bajo un régimen de dictadura que como ya se
8. había mencionado se extendió por 17 años, ya que el estado ejercería una violación sistemática a
los Derechos Humanos, y como consecuencia de ello el traspaso a esta dictadura fue bastante
dura para toda la población chilena además de que se experimentó como traumático y radical, no
solo por los niveles de violencia que introdujo al país, sino también porque rompió un largo
proceso de democratización y ampliación de la participación por la que estaba pasando el estado
de Chile, precisamente, después de aquel otro quiebre de la institucionalidad en la década de
1920. En este sentido, los gobiernos radicales, sumado a la experiencia de la Democracia
Cristiana y la Unidad Popular en el poder, indicaban una línea de políticas de inclusión de otros
actores sociales y políticos en el espacio de poder, proceso que se vio interrumpido por los
acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 cuando se dio fin al gobierno comunista de
Salvador Allende. Augusto Pinochet, es recordado por muchas personas, algunos de sus
partidarios apuntan a la floreciente economía de Chile y su clasificación como uno de los países
más prósperos de América Latina, mientras que sus oponentes conjeturan que estas mejoras
económicas se han producido a un enorme costo humano, por la responsabilidad que tuvo en
muchas desapariciones y muertes. (Cuadra, A., 2013).
1.3 Desarrollo del conflicto
Los primeros enfrentamientos que se dieron en Chile durante el conflicto, fue entre las Fuerzas
Armadas y partidarios del gobierno de la Unidad Popular que se produjeron en diversos puntos
del país, en especial en los grandes centros urbanos. En la capital chilena, es decir, en Santiago
de chile en donde se encontraba el Palacio Presidencial, con el Presidente, Ministros y
colaboradores, el cual fue rodeado y atacado por tropas del Ejército y unidades de tanques. Las
Fuerzas Armadas exigían la rendición incondicional del gobierno del Presidente Salvador
Allende y al no conseguir dichos objetivos el palacio de La Moneda es bombardeada por aviones
9. de la Fuerza Aérea. Después del bombardeo y de la muerte del Presidente son detenidos los
sobrevivientes, algunos de ellos fueron ejecutados ahí mismo, otros pasaron a hacer parte de las
listas de detenidos, los cuales no fueron reconocidos y por lo tanto se declararon con
posterioridad como desaparecidos. Allí empezó la grave violación de derechos humanos de las
personas que se encontraban en ese sitio en el momento de los hechos, posterior al golpe de
estado, se continúo con la afectación y violencia al estado chileno con la subida al poder de
Augusto Pinochet.
El gobierno de Pinochet trajo consigo la dictadura más violenta de América Latina tal como lo
plantean bastantes teóricos, diferentes estadísticas muestran que casi 60.000 personas fueron
asesinadas o desaparecidas, y 200.000 huyeron del país durante el período en que Pinochet
estuvo en el poder debido a la represión y miedo que este impuso. Uno de los rasgos más
relevantes de la dictadura chilena fue la necesidad que tuvo el gobierno de implementar políticas
para dar paso al neoliberalismo, esto lo hizo con el apoyo que E.E.U.U. les brindó, las nuevas
autoridades que tomaron el poder tomaron medidas represivas para consolidar el golpe de Estado
y legitimarse. Las medidas represivas se enfocaron en el aniquilamiento de focos de resistencia
popular armada en cordones industriales, poblaciones, campamentos, universidades, sectores
rurales, represión en el interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en contra de tropas y
oficiales que se negaron a obedecer a los mandos golpistas, la búsqueda, detención y muerte de
funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, de las direcciones políticas y militantes de los
partidos de izquierda, de representantes de la Central Única de Trabajadores, de responsables de
medios de comunicación progresistas, de exiliados políticos latinoamericanos residentes, de
extranjeros supuestamente sospechosos, la negación de salvoconductos para salir del país, la
clausura de medios de comunicación no afines, el control militar sobre universidades y otros
10. centros de enseñanza, el estado de Sitio y toque de queda nocturno permanente, campos de
concentración de detenidos políticos en diversos puntos del país y la coordinación de los
servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de la policía. Como medidas políticas se
disolvió el parlamento y de los partidos de izquierda, además de esto se promulgaron leyes y
decretos para erradicar con la normatividad vigente. Y a nivel económico se anuló el derecho de
huelga, se realizaron despidos colectivos, se redujeron los sueldos, en el trabajo se impuso la
disciplina militar, y además se tomaron todas las medidas necesarias para dar paso al sistema
neoliberal trayendo como consecuencia que muchas empresas fueran liquidadas.
El régimen militar conllevo también a que se negaran los derechos civiles y políticos, con el fin
de erradicar toda ideología contraria se cometieron actos de violencia en donde se tenían campos
de detenidos, hubo trágicas muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y
poblaciones, ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos. Para justificar dichas violaciones el
gobierno chileno acudió al Plan Zeta, que consistió en asesinar a militares chilenos y solo fue
hasta finales de 1980, que las presiones políticas internacionales y nacionales comenzaron a
desestabilizar a la dictadura chilena para darle fin a la violación de derechos humanos y que se
volvieran a retomar los ideales de un sistema democrático. (Padilla, E., s.f.).
2. Violación a los derechos humanos
Los derechos humanos son aquellas garantías inherentes al ser humano que tienen como objetivo
evitar determinados comportamientos por parte de otras personas que afecten la dignidad
humana, estos derechos existen por sí solos sin necesidad de que sean positivizados, sin embargo
sí es importante implementar instituciones que los hagan efectivos ya que estos son susceptibles
de ser vulnerados. Además es importante tener en cuenta que estos derechos son de carácter
moral y por lo tanto se le deben respetar a cualquier persona por el simple hecho de existir y
11. pertenecer a la especie humana. Tomando el caso de chile durante el golpe de estado que se dio
en 1973 y la posterior dictadura implantada por el gobierno de Augusto Pinochet, se dieron
graves afectaciones a la dignidad humana de la población como consecuencia de las políticas de
represión que anteriormente se mencionaron, durante el régimen militar se desarrolló una
persistente política tendiente a eliminar a los militantes que habían sido integrantes o partidarios
de la Unidad Popular, fundamentalmente marxistas, comunistas y socialistas. Dicha política
procedía de la influencia que ejerce después de la Segunda Guerra Mundial en las fuerzas
armadas latinoamericanas, la doctrina de seguridad nacional, proveniente de EE UU, que
consideró que los verdaderos enemigos de la nación se encontraban dentro de las fronteras
territoriales y que eran todos los grupos que postularan un cambio social o político de tipo
socialista, y a los cuales había que combatir, por encima de cualquier consideración ética, que
incluía por cierto, la violación de los Derechos Humanos. La violación de los Derechos Humanos
tuvo tres etapas. Una primera que abarcó desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta
diciembre de aquel año, que se caracterizó por su violencia y crudeza, lo que destruyó cualquier
organización social y focos de resistencia. Fueron los meses de allanamientos y detenciones
masivas en campos de prisioneros; de ejecuciones sumarias, en particular a los campesinos que
habían participado en la reforma agraria. En este temprano período de represión, se hizo habitual
la no entrega de los asesinados, los cuales eran lanzados a los ríos, al mar, dinamitados o
inhumados clandestinamente, dando lugar a los primeros detenidos desaparecidos. Entre los días
11 y 18 de septiembre de 1973 se dictaron bandos que suprimieron algunas de las principales
garantías individuales y de las libertades públicas. El segundo momento abarca los años 1974-
1977, coincidiendo con la existencia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida
por el general de ejército Manuel Contreras Sepúlveda. Este organismo, junto al Comando
12. Conjunto, golpearon selectivamente a los integrantes de las direcciones de los partidos de
izquierda, que para entonces operaban en la clandestinidad. El accionar de la DINA fue apoyado
por una amplia red de influencias que incluyó reparticiones públicas y medios de comunicación,
lo que sumado a su funcionamiento generalmente secreto, le permitió acumular un gran poder
represivo que desembocó en gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que incluyeron
torturas, muertes y más de trescientas desapariciones. La DINA se abocó además a la tarea de
crear una coordinación de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Uruguay, Brasil y
Paraguay, que permitió la captura de izquierdistas más allá de las fronteras nacionales; fue
además el organismo responsable de alguno de los más connotados crímenes ocurridos bajo el
régimen militar. En cifras, se calcula en unos tres mil los asesinatos ocurridos en los 17 años de
gobierno militar, de los cuales cerca de mil se encuentran desaparecidos hasta el presente. Las
graves violaciones a derechos humanos ocasionaron que la población empezará a protestar por la
exigencia de sus derechos y se iniciará de nuevo la democratización del estado chileno. (Rojas,
M., 2003)
2.1 Protestas por la democratización de Chile
Como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura
del gobierno de Chile, se iniciaron varias protestas las cuales comenzaron cuando se promulgó la
constitución de 1980 ya que origino el enfrentamiento del régimen militar y la oposición, debido
a que la constitución se había reformado totalmente para dar paso al nuevo modelo económico y
político. Hacia 1983, se empezó a sentir mayormente la grave crisis económica por la que pasaba
el país y asimismo el descontento por las afectaciones a los derechos humanos de las personas
por parte del gobierno chileno, por lo tanto se iniciaron varias movilizaciones sociales contra el
régimen de dictadura, las cuales se extendieron hasta 1986. Convocadas inicialmente por los
13. trabajadores del cobre y a las que se unieron amplios sectores sociales, consistían en protestas
callejeras durante el día en el sector céntrico de las principales ciudades, las que se trasladaban a
las poblaciones marginales en horas de la noche, donde pobladores se enfrentaban a las fuerzas
de orden con piedras. En el período de las protestas, se constituyeron dos grandes bloques
opositores. Uno de corte centroizquierdista, llamado Alianza Democrática, en donde confluían la
Democracia Cristiana y sectores de izquierda moderada. El otro era el Movimiento Democrático
Popular, compuesto por el Partido Comunista y sectores socialistas más radicales. Las
diferencias entre ambos bloques se relacionaban con el uso de la violencia para enfrentar la
dictadura. La aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se enmarcó dentro de esta
estrategia. Hasta 1986 y pese a la fuerza de las movilizaciones sociales en su contra, el gobierno
pudo mantenerse en el poder. En 1988 había elecciones en Chile, por lo tanto se desarrollo un
plebiscito para saber si la población apoyaba que Augusto Pinochet siguiera en el gobierno o no,
los resultados de este plebiscito consagraron el triunfo del No, con una cantidad de votos del
54%, lo que condujo a que las crisis económicas y las violaciones a los derechos humanos,
terminaran por hacer perder al candidato Pinochet.
Al año siguiente, se presentó como candidato presidencial al líder Patricio Aylwin Azócar. En
marzo de 1990, tras 16 años y medio de régimen autoritario, Chile logró iniciar un proceso para
la recuperación de la democracia, conforma a esto se debieron tomar decisiones y medidas para
resolver los temas, especialmente el relacionado con la problemática de cómo hacer justicia en
los casos de violación a los derechos humanos que había dejado el régimen militar anterior. Por
otro lado, se planteó la temática del manejo económico, y frente a ello se siguió el modelo de los
gobiernos democráticos, es decir el que ya estaba instaurado en Chile, aunque aumentando el
gasto en áreas sociales como salud y educación. El mandato de Aylwin se enfocó en la
14. consolidación interna de la democracia y la convivencia nacional, para ello se restableció las
instituciones democráticas, se enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos y se
controló la tensión existente entre el nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas.
Bajo su mandato también se dio a conocer el informe sobre detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos a cargo de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional, encabezada por el
abogado Raúl Rettig, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y se
consolidó el modelo neoliberal impuesto en dictadura aplicando prudencia fiscal, una economía
abierta, el crecimiento de la exportación, un sector privado fuerte y un Estado con un mínimo rol.
Entre los aspectos más conflictivos de su gobierno estuvo la desarticulación de las orgánicas
políticas que seguían apostando a la lucha armada después de 1990. Sin embargo tales medidas
lograron que efectivamente se volviera a un modelo democrático y se garantizaran los derechos
humanos de la población. (Educar, Chile, s.f.).
2.2 Jurisprudencia
Frente a la violación de los derechos humanos la Corte Suprema de Chile, emitió varias
sentencias con motivo de enjuiciar los crímenes cometidos durante el transcurso de la dictadura
militar de Augusto Pinochet, y sobre los crímenes cometidos en el 11 de Septiembre de 1973 en
el golpe de estado. Al finalizar la dictadura se aproxima que tres mil ciento setenta y ocho
personas fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, y veintisiete mil doscientas
cincuenta y cinco fueron secuestradas, pero pudieron sobrevivir a las torturas de que fueron
sometidos. Sin embargo muchas de las sentencias tuvieron fallos que en vulneración a lo
decretado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, declara la
prescripción, o en los que en contradicción con el último período jurisprudencial y en
conformidad a las obligaciones internacionales declara la prescripción gradual en atención al
15. carácter permanente del secuestro sancionando a los responsables a penas proporcionales y
justas. Durante la dictadura la Corte Suprema, al igual que la mayoría de los tribunales chilenos
cedieron el terreno para la acción discrecional del aparato represivo, otorgando funciones
jurisdiccionales y de control sobre los tribunales militares en tiempo de guerra, hizo caso omiso
de los abusos que a diario se cometían desde el Estado en contra de personas que fueron dejadas
en absoluto desamparo al interior de centros de detención ilegales, rechazó cada uno de los
recursos presentados por abogados y abogadas insistentemente denunciaron los ilícitos y
solicitaban se respetara la normativa internacional que permitía proteger a sus defendidos. En
definitiva, el máximo tribunal amparó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos,
brindando su apoyo al gobierno militar, contradiciendo incluso las normas más elementales de
protección de los derechos humanos, colocando en situación de indefensión a toda la ciudadanía.
Entre 1990 y septiembre de 1998 la regla general fue la aplicación de pleno derecho del Decreto
ley de amnistía, entre las excepciones más significativas de este período, se pueden mencionar, la
sentencia pronunciada el 20 de septiembre de 1993, ya que constituye la primera condena en
Chile en una causa por violaciones a los derechos humanos. El fallo que condenó a dos
suboficiales de Carabineros y a un civil, a cumplir en libertad vigilada la pena de tres años y un
día como autores del delito de sustracción del menor Juan Chuequepan Levimilla y a la pena de
quinientos cuarenta y un días por el secuestro de José Llaulen Antilao. Desechó las excepciones
de amnistía y prescripción en base a la naturaleza permanente de los tipos. Otra sentencia fue la
pronunciada por la Corte Suprema el 30 de mayo de 1995, en el caso seguido por el homicidio
del ex canciller chileno Orlando, en Washington D.C. En este caso no se discutió la amnistía, por
tratarse de un caso excluido expresamente por el Decreto ley 19. Por otra parte, del debate se
centró en la aplicación de la prescripción gradual la cual fue confirmada por la Corte Suprema,
16. disminuyendo la pena facultativamente en un grado. Otro fallo relevante es la sentencia
condenatoria pronunciada por la Corte Suprema el 27 de octubre de 1995, como consecuencia de
los homicidios y secuestros de cinco dirigentes de la Agrupación Gremial de Educadores de
Chile, en dicho fallo la Corte Suprema condenó a un total de dieciséis agentes, cinco de los
cuales fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, dada la fecha de comisión de los
ilícitos, durante el proceso no se discutió ni la aplicación del Decreto ley de amnistía, ni la
prescripción, concentrándose las casaciones de las defensas en la solicitud de que el delito
perpetrado fuera tipificado como detención ilegal. Además se dictaron muchos más fallos que
significaron un cambio de jurisprudencia en particular respecto a la posibilidad de aplicar la
amnistía. Sin embargo frente a la responsabilidad de Pinochet, este fue detenido en Londres, pero
no fue enjuiciado ya que el estado de Chile planteó que sus tribunales tenían la capacidad y
voluntad de juzgar al dictador, lo que se acreditaba precisamente con la existencia de las nuevas
querellas presentadas en contra de Pinochet, sin embargo nunca pagó realmente por los crímenes
de lesa humanidad cometidos. (Fernández, K., 2010)
2.3 Proceso de la Justicia Transicional
Respecto a la temática de los derechos humanos, durante el primer gobierno democrático, el
Presidente Aylwin creó la Comisión Verdad y Reconciliación, más conocida por el nombre del
jurista que la dirigió, Raúl Rettig. La llamada Comisión Rettig, compuesta por personeros de
todas las tendencias políticas, estableció la verdad sobre los crímenes políticos cometidos entre
los años 1973-1990. Las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, aún dirigidas por
Augusto Pinochet, se resistieron a reconocer validez al documento final emitido por la comisión.
Años más tarde, en 1998, a raíz de la detención de Pinochet en Londres, acusado de crímenes
17. contra la humanidad, los distintos sectores del país reconocieron la necesidad de resolver
judicialmente el caso de los detenidos desaparecidos.
Con ocasión de la entrega del Informe de dicha Comisión, el 4 de marzo de 1991, Patricio
Aylwin inició un primer proceso de memoria, reconociendo públicamente las violaciones a los
Derechos Humanos ocurridas en dictadura y pidiendo perdón a los familiares de las víctimas. Al
año siguiente, se crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el
objeto de implementar las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Rettig;
finalmente, se crea el Programa Continuación Ley 19.123 de 1997, con el fin de asegurar la
continuidad de las tareas que cumplió la CNRR hasta 1996. A este conjunto de medidas,
orientadas a la búsqueda de la verdad, se sumaron distintas políticas directas de reparación
económica. Finalmente, se implementaron varias medidas de memoria y reconocimiento público,
en los Gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y de Eduardo Frei (1994-2000).
Sin embargo, el Decreto Ley nº 2.191, con fecha de 18 de Abril de 1978, sobre amnistía, tuvo
plena vigencia durante todo su periodo presidencial., la Comisión Rettig se vio impedida de
proporcionar los nombres de los responsables de los 2.279 casos de desaparición forzada y
ejecución contabilizados, y su impacto en el ámbito judicial se vio muy reducido.
En definitiva, este primer período se enmarca en una transición constituida a través de una
política de acuerdos, que evidencia relaciones de poder aparentemente equilibradas; no obstante,
esta transición pactada, no puede ocultar una relación de poder extremadamente favorable al
cuerpo militar, ampliamente apoyado por miembros del Poder Judicial y por una parte del Poder
Legislativo, beneficiando especialmente a los altos mandos de la dictadura. Posteriormente se
realizó una mesa de diálogo mediante la cual uniformados y abogados defensores de derechos
humanos conversaron por primera vez, y este culmino con el reconocimiento de parte de las
18. Fuerzas Armadas de los crímenes cometidos. Así, una nueva generación de jueces comenzó a
investigar, dando pasos significativos en el castigo a los responsables de las violaciones a los
derechos humanos. El 13 de agosto del año 2003 se dio un nuevo paso, no exento de polémica, al
darse a conocer una propuesta de solución y reparación a los casos de violaciones a los derechos
humanos que incluyó a las víctimas de tortura. A finales de 2006, Pinochet murió sin ser
condenado por crímenes contra la humanidad. (Pfeiffer, A., 2014).
Comisión Fecha Condenas Verdad Reparación
Comisión de
Verdad y
reconciliación
(Comisión
Retting)
1990 No se logró
satisfactoriamente
debido a que la ley de
amnistía dejó a
muchos de los
responsables sin
ninguna pena, por
otra parte los demás
casos tuvieron una
sanción de prisión por
máximo 7 años ya
que se invocaba la
prescripción gradual
o media establecida
en el código penal
chileno.
Se da mediante la
mesa de diálogo de
1999, se logró
esclarecer hechos y
se logra identificar
varias de las
víctimas dentro del
conflicto.
Se dio una reforma
judicial para dar mayor
seguridad, se dio salud
y educación prioritaria
para las víctimas y sus
familias, algunas de
ellas fueron
indemnizadas pero
especialmente se dieron
reparaciones
simbólicas, en varias
ciudades chilenas, ya
que muchas de las
víctimas no fueron
identificadas.
3. Aplicación del control de convencionalidad
El control de convencionalidad se implementa en chile por la Corte Interamericana con el caso
Almonacid Arellano y otros versus Chile, el cual tuvo lugar al ingresar una demanda, por parte
de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de julio del 2005, debido
a que se interpuso una denuncia que dicha comisión recibió en septiembre del año 1998. Esta
denuncia se motivaba en razón de la aplicación de la ley de amnistía, a quienes mataron al señor
19. Almonacid. Al aplicarse esta ley se estimaba que Chile incumplía con sus obligaciones
contraídas al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, por así dejar libres de
responsabilidad penal a los autores del homicidio, estás garantías que se estarían infringiendo
serían las garantías judiciales, la protección judicial y la obligación de respetar los derechos; con
el mencionado decreto ley se vulneraban estas garantías, ya que, de los hechos expuestos en la
demanda por la Comisión, se menciona la falta de investigación y de sanción a los responsables
de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano, así también como la carencia de
reparación a los familiares. En la sentencia se hace referencia al control de convencionalidad ya
que se dice que la Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos
a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean afectadas o desconocidas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde
un inicio carecen de efectos jurídicos. La aplicación del control de convencionalidad también se
evidenció en sentencia del 23 de diciembre de 1973, ya que dos carabineros irrumpieron en el
Fundo Molco de Chonshuenco, dando muerte a miembros del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. En primera instancia se absuelve a los involucrados al haber prescrito la acción
penal. Se apela a este fallo en la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien confirma la sentencia
de primera instancia. Ante esto, se deduce recurso de casación en el fondo La Corte Suprema
acoge el recurso de casación y dicta sentencia de remplazo. En ella se alude al control de
convencionalidad, dado que el tipo de crímenes cometido por Flores y Rodríguez constituye un
crimen de lesa humanidad el cual tiene el carácter de imprescriptible según falló la Convención
20. Americana. En esta sentencia de remplazo se alude al caso Almonacid Arellano, ya que tiene
similares supuestos, y se afirma que no pueden ser amnistiados ni alegar la prescripción de la
acción penal a su favor. Como consecuencia de las denuncias implantadas la Corte Suprema de
Chile resuelve en definitiva dejar sin efectos la ley de amnistía. (Vargas, L, 2012).
4. Experiencia Chilena
El proceso de justicia transicional llevado a cabo en Chile duró por más de 20 años, sin embargo
este fue obstaculizado por la ley de amnistía, ya que no se tomaron las medidas necesarias para
que se dieran condenas judiciales en los casos de violación a los derechos humanos, ya que en
cada denuncia y queja que se ponía era resuelta diciendo que operaba la prescripción gradual y
por lo tanto las penas eran muchísimo menores a las que en realidad deberían imponerse.
Además se desconoció el derecho internacional ya que se prefirió la aplicación del derecho
interno, inclusive, el Estado fue incapaz de diseñar una política regulada que involucrara
compromisos e iniciativas que fueran más allá del ámbito de la verdad, memoria y reparación,
negando la necesidad de legislar en materia de justicia. Por otra parte, los órganos del Estado
siguieron implementando políticas de memoria y reparación y se observaron cambios favorables
en la jurisprudencia de la Corte Suprema, los cuales no se motivaron exclusivamente en el
arresto de Pinochet en Londres, sino que obedecieron a una nueva integración de las Cortes.
Respecto a las penas impuestas, no se pago efectivamente una condena razonable para cada uno
de los responsables de la violación a los derechos humano en chile, como se muestran en
diferentes fuente los datos dejan ver cifras correspondientes a 141 fallos dictados, mediante los
cuales se impusieron 447 penas, no obstante, un 65,8% de éstas sanciones constituyeron una
prisión para los culpables de 5 años o menos, lo que implica un corto periodo de cárcel y,
consecuentemente, sólo un 24,1% son verdaderamente privativas de libertad.
21. Es decir, que el proceso de justicia transicional no se aplico en realidad con los presupuestos para
los cuales se establecieron debido a que los responsables de las graves violaciones a derechos
humanos no pagaron razonablemente las penas que se debían imponer y asimismo las
reparaciones a las víctimas no lograron cubrir a todas las personas ni a las familias que fueron
afectadas durante ese periodo de tiempo.
Por otra parte, muchas personas que habitaban en Chile y asimismo los países que abogaban por
un sistema neoliberal, afirmaban que la imposición del gobierno de Pinochet para el cambio de
sistema económico en el país había traído grandes aportes ya que los objetivos que se pretendían
alcanzar en tal gobierno permitían la liberalización del mercado, lo que conllevo a que muchas
empresas surgieran y se privatizaran. La apertura de la economía al libre mercado, trajo consigo
también que las empresas mineras extranjeras, fueron invitadas a regresar al país y además se
manifiesta que las reformas realizadas por Augusto Pinochet contribuyeron a que Chile se
convierta en lo que es hoy, uno de los países más ricos de América Latina.
Conclusiones
Dentro de la historia de Chile se resalta el golpe de estado de 1973, que se produjo con el fin de
acabar con el gobierno de Salvador Allende, quien había impuesto un régimen comunista, las
fuerzas militares de Chile dieron muerte al presidente y pasa a imponerse un sistema neoliberal
encabezado por Augusto Pinochet, sin embargo, dentro de la transición a este nuevo sistema se
cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra las personas que estaban en contra
de tal régimen, de esta manera se inicia el conflicto entre el estado chileno y la oposición al
régimen implementado dando origen a diferentes grupos armados que iban en contra de los
ideales neoliberales, la población empezó a darse cuenta de la crisis económica por la que pasaba
el país en esos tiempo y asimismo de la grave afectación a la dignidad humana de las personas
22. por lo tanto se realizo un referendo que hizo que Pinochet acabara su gobierno posterior a esto se
inicio con el reclamo de las garantías a los derechos humanos lo que culmino con un proceso de
justicia transicional que no pudo aplicarse de manera efectiva debido a una ley de amnistía que
regia en el país.
Sin embargo, mediante el caso Almonacid Arellano vs Chile, se inicia con el control de
convencionalidad que sí fue aplicado toda vez que dentro de este extracto jurisprudencia se
reconoce la convención de la Corte interamericana de derechos humanos que se vuelve
vinculante y por lo tanto se analiza que la ley de amnistía va en contra de lo mandado por la
convención ya que se dejó sin sanción a los responsables de los delitos cometidos, de esta
manera se inicia aplicando el control de convencionalidad en Chile y asimismo fue reiterada en
varias sentencias que se emitieron dentro de la legislación interna de chile, en el marco de la
justicia transicional para el paso de la democratización del estado de Chile, claramente se
evidencia que la ley de amnistía debió haberse sacado de la vía jurídica, por ir en contra de la
convención ratificada por Chile sin embargo el estado de chille hizo caso omiso ya que esta
siguió en vigencia sin embargo no siguió aplicándose sino que se empezó a alegar la prescripción
gradual, lo que hizo que las penas fueran menores sancionando de manera desproporcional e
injusta a los responsables de las violaciones contra los derechos humanos de la población
chilena.
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