El 6 de abril de 2016, el Ministro de Hacienda remitió a la Asamblea Legislativa, con instrucciones del Presidente de la República y haciendo uso de la iniciativa de ley que le confiere la Constitución, un proyecto de “Ley para el cobro de las deudas tributarias y multas a favor del Estado”, que consta de 109 artículos, divididos en cinco títulos. El proyecto se encuentra aún en proceso de estudio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

1. Cuestionamientosconstitucionales
alapropuestadecobrodela
deudatributaria
Estudios
Legales
Mayo de 2016 • No. 183
ISSN 2311-4479
El 6 de abril de 2016, el Ministro de Hacienda remitió a la
Asamblea Legislativa, con instrucciones del Presidente de la
República y haciendo uso de la iniciativa de ley que le confiere
la Constitución, un proyecto de“Ley para el cobro de las deudas
tributarias y multas a favor del Estado”, que consta de 109
artículos, divididos en cinco títulos. El proyecto se encuentra
aún en proceso de estudio por la Comisión de Hacienda y
Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
La nota ministerial que acompaña el proyecto señala la
necesidad de contar con una ley que permita recuperar
eficientemente la deuda tributaria y demás recursos de
naturaleza pública, todo con la finalidad de obtener “de
manera expedita los recursos económicos que legalmente
corresponden y que son indispensables para el funcionamiento
y la realización de los fines del Estado”1
. El objeto y finalidad
señalados son incuestionables, pues no es un secreto
que el Ejecutivo tiene problemas para cobrar las deudas
tributarias. Esto sin duda, debe motivar el estudio de
procedimientos más adecuados y actuaciones más
eficientes de las instituciones del Estado obligadas a esa
tarea; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como lo
dice la nota ministerial, el Estado solo puede cobrar lo que
legalmente le corresponde y eso demanda el respeto del
debido proceso para determinarlo y para cobrarlo por
medios forzosos. El proyecto presentado dista mucho de
resguardar los derechos constitucionales de los administrados
y se enmarca dentro de una serie de medidas atribuibles
al Ministerio de Hacienda, que en los últimos años busca la
obtención de recursos por medios que constituyen presiones
indebidas sobre los contribuyentes2
.
1 Nota s/n del Ministro de Hacienda dirigida a Señores Secretarios de la Junta Directiva
de la Asamblea Legislativa, de fecha 6 de abril de 2016.
2 Véase por ejemplo, la lista de deudores al Fisco que el Ministerio de Hacienda
I. CONTENIDO DEL PROYECTO
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, debemos
señalar que el proyecto ameritaría una revisión de estilo,
por los errores formales que contiene. Entre otros problemas,
la división del articulado en títulos es muy deficiente, pues
aplicando las debidas reglas técnicas, el texto debería estar
dividido exclusivamente en capítulos y secciones.
ElTítulo Primero,“Disposiciones Generales”(Arts. 1 a 7), señala
que el objeto de la ley es establecer el procedimiento para
el cobro“persuasivo y ejecutivo”de las deudas tributarias,
previsionales y de las multas impuestas por la Administración
Pública, la actuación de los organismos administrativos
encargados de las cobranzas (Dirección General de Cobranza
yTribunal de Apelaciones de Cobranza) y las reglas especiales
para la impugnación judicial de los actos administrativos
relacionados con el cobro de la deuda (haciendo referencia
expresa tanto a la jurisdicción contencioso administrativa,
como a la constitucional) (Art. 1). Un dato importante es que
se señala también que para la determinación de sanciones por
las infracciones previstas en la ley, remite al Art. 260 del Código
Tributario (Art. 6).
ElTítulo II,“Organización Administrativa”(Arts. 8 a 26), dividido
en dos capítulos, crea dos nuevas oficinas administrativas. La
primera es una Dirección General de Cobranza (Cap. I, Arts. 8 a
18), adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada del cobro de
deudas tributarias y multas administrativas, y labores conexas,
publicó en varios periódicos en el mes de mayo del año 2015 y que atribuía calidad
de insolventes a muchísimos contribuyentes quienes tenían pendientes de discusión
ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, la Sala de
lo Contencioso Administrativo o la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, el monto de sus adeudos. Fusades:“Posición Institucional N° 86: El Estado debe
combatir la evasión fiscal respetando el Estado de Derecho”, mayo de 2015.
Análisis
legale
institucional
1

2. 2
como registros y controles. La segunda, es un Tribunal de
Apelaciones de Cobranza (Cap. II, Arts. 19 a 27), como“órgano
administrativo técnico especializado con competencia para la
resolución del recurso de apelación de los actos dictados en el
proceso de cobro ejecutivo de las deudas tributarias y multas
administrativas que se deban a favor de la Administración
Pública”(Art. 19). Este tribunal administrativo estará integrado
por un Presidente y dos Vocales, nombrados por el Ministro
de Hacienda, por un período de cinco años (Art. 20), quienes
fallarán por mayoría (Art. 28). El tribunal no tendría intervención
en el cobro efectivo de las deudas a favor del Estado, ni siquiera
en el procedimiento ejecutivo, que se deja a las instancias
administrativas, salvo, como se indicó, en la apelación de los
actos de cobro realizados por la Dirección General de Cobranza.
ElTítulo III,“Deuda”(Arts. 28 a 33) reitera la pertinencia de
la regulación contenida en la ley a tres clases de adeudos a
favor del Estado: a) la deuda tributaria; b) la que se derive de
multas administrativas; y c) la que se derive de obligaciones
previsionales y de seguridad social3
(Art. 28). El Art. 29 regula
la existencia de la deuda de la siguiente manera; a) en materia
de tributos, a partir del día siguiente al periodo tributario,
salvo en materia aduanera, donde remite a la normativa
correspondiente; b) en materia de devoluciones o reintegros
indebidos o en exceso, a partir del día siguiente de haberse
recibido los valores percibidos con tales calidades; c) en
cuanto a intereses, desde el día en que se incurra en mora,
de conformidad al Código Tributario; y d) en cuanto a las
multas, desde la notificación de la resolución que las impone
(Art. 29). La que será, sin lugar a dudas, la disposición más
controversial del Título está contenida en el Art. 30, que
establece que la deuda es exigible una vez vencidos los
plazos legales para su pago y, en su defecto, diez días
después de notificado el acto que las determine,“sin
que sea necesario que haya alcanzado estado de firmeza
administrativa ni judicial”, sin perjuicio de que una vez
iniciado el procedimiento de cobro, este pueda ser suspendido
según las reglas del mismo texto legal.
3 Debe entenderse, por supuesto, cuando tales obligaciones deben pagarse al Estado
o una institución oficial autónoma. La deuda a pagar a las sociedades administradoras
de fondos de pensiones continuaría siendo regulada por la Ley del Sistema de Ahorro
para Pensiones.
El Título III contiene otras disposiciones sustantivas sobre la
deuda, la más importante es que establece diez años para la
prescripción de la acción del cobro de la deuda y prohíbe que
puede ser decretada por la Administración, de oficio o a petición
de parte (Art. 33), lo que consideramos un avance, con relación
a la posición del CódigoTributario, que dificulta enormemente la
declaración de prescripción de deudas tributarias.
El Título IV,“De los Procedimientos de Cobro”(Arts. 34 a 96,
divididos en cuatro capítulos, algunos de ellos divididos en
múltiples secciones) es largo y complicado en la regulación
de la materia de que trata.
El Capítulo III del Título IV trata del“Cobro Persuasivo”(Arts.
45 a 47), que podrá iniciarse en cuanto la deuda sea exigible
y durará como máximo noventa días. También se faculta a la
Administración Pública a imponer medidas precautorias para
asegurar el cobro de las deudas,“cuando exista fundado riesgo
de que, de no adoptar tales medidas el cobro se vería frustrado
u obstaculizado”, que incluyen diversos tipos de afectación del
patrimonio de los particulares, como retenciones del pago de
devoluciones tributarias, embargo preventivo de bienes,
prohibición de enajenar, inmovilización de cuentas bancarias,
anotaciones preventivas en registros, retención parcial de pagos
que terceros deban hacer al deudor, etc.; dichas medidas pueden
ser tomadas incluso antes de la notificación del mandamiento
de pago (Arts. 46 y 47).
El Capítulo IV del título IV trata del “Cobro Ejecutivo”y es
la sección más extensa del proyecto (Arts. 48 a 96). Este
tipo de cobro procedería al agotarse la etapa persuasiva,
pero se haría exclusivamente por la vía administrativa y se
impulsaría de oficio. El cobro ejecutivo se inicia con la emisión
del mandamiento de pago por el funcionario o empleado
competente, mediante el cual se ordenará al deudor el
pago de la deuda pendiente, más los intereses y recargos
respectivos, dentro del plazo de cinco días contados a partir de
su notificación; este documento sustituiría al título ejecutivo
ordinario; también tendrán fuerza ejecutiva las resoluciones
y certificaciones que emitan las entidades públicas que
puedan establecer la existencia de deudas a que se refiere la
AnálisislegaleinstitucionalNo.183• Mayode2016

3. Estudios
Legales
3
ley (Art. 59). El inicio del cobro ejecutivo, conteniendo la orden
de pago, se notificará al deudor conminándole en el plazo de
cinco días contados desde la notificación, y tendrá el efecto de
impedir al deudor disponer de sus bienes, limitarlos o gravarlos
sin autorización de la Administración, salvo que demuestre la
disponibilidad de bienes suficientes para cubrir la deuda (Art.
61). El deudor puede oponerse al cobro ejecutivo en un recurso
innominado, interpuesto en el término de cinco días contados
desde la notificación del mandamiento de pago, ante el mismo
funcionario que está llevando a cabo el cobro ejecutivo, quien
debe resolver sobre dicha oposición en el término de diez días.
Prácticamente, el capítulo regula todos los aspectos del
juicio ejecutivo ordinario, incluyendo prelación de créditos,
acumulación de procesos, costas, embargos, ejecutores de
embargos, tercerías, enajenación de bienes embargados,
etc. Lo que falta es una regulación sobre la resolución del
juicio que ordena el pago, por esto decimos que no hay un
verdadero proceso, sino emisión de un mandamiento de
pago con fuerza ejecutiva que se da a conocer al deudor,
aunque de él se puede interponer acción de oposición.
El Tribunal de Apelaciones de Cobranza puede conocer en
apelación de la resolución que desestime una oposición, la
orden de remate o adjudicación de bienes embargados y los
actos por los que se resuelva la no admisión de una tercería o de
la no exclusión de un bien objeto de tercería (Art. 94)
El Título V. “Revisión Judicial de los Actos de Contenido
Tributario”(Arts. 97 a 100) pretende sujetar las jurisdicciones
contencioso administrativa y constitucional a las reglas del
proyecto, en vez de hacer lo contrario. Tanto con respecto al
contencioso administrativo como al amparo, establece normas
de contenido procesal distintas a las contempladas en las leyes
de esas materias, con énfasis en la celeridad del proceso.
Sin embargo, instaura regulaciones sobre la suspensión de
la ejecución de los actos administrativos impugnados, en
el sentido de exigir cauciones para proceder a la suspensión de
tales actos. (Art. 100).
En el Título VI, “Disposiciones Finales”(Arts. 101
a 109) se declara la ley de orden público e interés social (Art.
101), lo que no tiene ningún efecto, hay normas relativas a
cobros ya iniciados, establece reserva de la información con
que cuente la Dirección General y el Tribunal de Apelaciones
de Cobranza (Art. 104), instaura normas sobre la tasa de interés
a cobrar, derogatorias y otras disposiciones comunes a los
capítulos generales finales.
II. COMENTARIOS AL CONTENIDO
DEL PROYECTO
El proyecto pretende sustituir una regulación ya contemplada
en la ley, como es el cobro de deudas de los particulares
a favor del Estado, a raíz de potestades tributarias (de la
Administración Central exclusivamente), imposición de
multas o resultantes de obligaciones previsionales de los
particulares. La regulación existente podrá ser insuficiente
o inadecuada para lograr resultados eficientes en las
materias de que trata el proyecto, pero consideramos
que buena parte de los obstáculos para la obtención
de resultados satisfactorios para la Administración
Pública y de Justicia son de carácter administrativo y
se solucionarían haciendo eficaz el funcionamiento de
esta; sin embargo, el proyecto no atiende el problema de
la ineficiencia de la burocracia y en lugar de ello, establece
nuevas instancias y procedimientos para lograr el cobro de las
obligaciones a favor del Estado. El problema jurídico de la
propuesta de reforma no es el mero hecho que modifique
el procedimiento de cobro, sino que algunas de las
fórmulas pretendidas para lograrlo son, en nuestra opinión,
inconstitucionales.
El cobro ejecutivo en sede administrativa lo fundamenta el
proyecto de reforma en la autotutela administrativa, que se
ha definido en la jurisprudencia salvadoreña como poder del
Órgano Ejecutivo de“actuar sin la necesaria intervención del
Órgano Judicial para ejecutar sus actos”4
; sin embargo, no es
un tema que se haya desarrollado lo suficiente, por ejemplo,
aplicándose en concreto al cobro de tributos ni en cuanto a sus
límites, a fin de salvaguardar los derechos del administrado. En
el proyecto es referido expresamente como un principio rector
en el art. 2. Se trata de una figura polémica que en otros países
4 Sentencia del 2 de mayo de 2012 en el proceso contencioso administrativo 262-2006.

4. 4
ha creado importante discusión y doctrina. En todo caso, en
El Salvador este aspecto debería estar incluido en una Ley de
Procedimientos Administrativos, que delimite su extensión
y contenido, por una parte, y por otra, tener en cuenta que
la figura puede chocar con disposiciones constitucionales
vigentes que la limiten en su extensión5
.
En el caso del proyecto en comento, en primer lugar,
debemos señalar que existe un otorgamiento de facultades
jurisdiccionales al Órgano Ejecutivo, tanto a una oficina
administrativa como a un tribunal administrativo. Es indudable
que es facultad exclusiva del Órgano Judicial juzgar en materias
que el Art. 172 Cn. declara de su competencia y “las demás
que determine la ley”. Las materias de que trata el proyecto
son cuestiones civiles, mercantiles, penales, laborales o
administrativas y una vez que se ha superado la etapa del cobro
persuasivo son materia contenciosa, es decir, existe un conflicto
entre el Estado que exige un pago y el particular que no desea o
simplemente no paga, por tanto, el conocimiento del asunto es
materia exclusiva del Órgano Judicial.
El cobro de las deudas a favor del Estado por la vía ejecutiva
es una cuestión que ha estado en manos del Órgano Judicial
desde tiempo inmemorial y nunca a cargo de un tribunal
administrativo. Lo dispuesto en el proyecto implicaría una
reversión de competencias del Órgano Judicial a un tribunal
administrativo, dependiente del Órgano Ejecutivo. Esto
es una pretensión de retroceso e incluso de usurpación de
facultades jurisdiccionales, por lo que tenemos que concluir
que en toda la parte que establece cobro ejecutivo, el
proyecto es inconstitucional por violación del Art. 172 Cn.
La instancia administrativa que se crea para el cobro efectivo
de las deudas a favor del Estado es, de hecho un superpoder,
con inmensas facultades que puede hacer valer ante otros
organismos de la Administración Pública e instituciones
autónomas (Art. 27), pero además, el proyecto contempla
5 Fusades ha insistido en la necesidad de una buena Ley de Procedimientos
Administrativos desde hace varios años, por ejemplo, ver. Fusades, (2013). La necesidad
de una Ley de Procedimientos Administrativos. Boletín de Estudios Legales No. 150.
Disponible en: http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/boletin_150_
junio_2013.pdf
obligaciones para tribunales dependientes del Órgano Judicial
(Art. 53 y siguientes) con respecto a su actuación, en casos de
quiebra, concurso, liquidación de sociedades, sucesiones, etc., lo
que puede motivar una discusión sobre la violación al principio
de independencia de los tribunales (Art. 172 inc. 3° Cn.). En
todo caso, podemos afirmar con certeza que no existe otro caso
similar en que una oficina administrativa tenga una injerencia
tan extrema en funciones judiciales.
Como señalamos antes, la exigibilidad de la deuda antes de
que se decida su existencia en elTribunal de Apelaciones de
los Impuestos Internos y de Aduanas, y la revisión judicial
que pueda hacerse de las decisiones del mismo, tal como
lo establece el Art. 30 del proyecto, no puede aceptarse, ya
que ello es violatorio del principio de seguridad jurídica,
que recoge el Art. 2 inciso primero de la Constitución. De
conformidad al texto del proyecto, la deuda tributaria podría
ser cobrada compulsivamente al particular, aun cuando hubiera
sido determinada por un error o arbitrariedad del Ministerio
de Hacienda, la propiedad de aquel podría ser tomada y hasta
subastada por el Estado mientras se está discutiendo el monto y
hasta la pertinencia de la sanción; en caso de que fuera revocada
la decisión administrativa y el empoderamiento de los bienes del
particular hubiera sido llevado a cabo, este queda en la situación
de tener que reclamar la devolución de sus bienes al Estado
impugnando su ilícito enriquecimiento, situación no prevista en
el proyecto. La vía ordinaria para la recuperación de pagos no
debidos al Estado hechos por el particular es un procedimiento
compendioso y que no garantiza la pronta recuperación de los
dineros de los particulares, como lo pueden confirmar tantos
que han obtenido una resolución judicial o un laudo arbitral
contra el Estado, obligando a este al pago de una cantidad
de dinero. La situación fáctica es tan complicada que podría
alegarse también vulneración al derecho de propiedad de
los particulares.
Con respecto al procedimiento denominado“cobro
persuasivo” en el proyecto (Arts. 45 a 47), parece que
su esencia radica en la facultad de establecer medidas
precautorias que afecten la propiedad del supuesto deudor,
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5. Estudios
Legales
5
administrativa ni judicial. Constituye también una
violación al principio del debido proceso, contemplado
en el Art. 14 Cn.
Tenemos algo más que decir sobre la creación delTribunal de
Apelaciones de Cobranza. Su función es resolver el“recurso
de apelación de los actos dictados en el proceso de cobro
ejecutivo de las deudas tributarias y multas administrativas
que se deban a favor de la Administración Pública”(Art.
19). La solución de las controversias sobre la tasación del
monto de las deudas tributarias continuará en manos del
Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de
Aduanas. Esto significa que la competencia del nuevo
tribunal administrativo es sumamente reducida. Es
válido preguntar si tan escaso volumen de trabajo
amerita la creación de un tribunal administrativo con la
misma estructura y complejidad que la delTribunal de
Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, y
que deberá contar con similares recursos estatales.
Finalmente, es pertinente referirnos a las disposiciones
que establecen características especiales para los procesos
contencioso administrativo y de amparo cuando se trate de
actos de contenido tributario. Para el proceso contencioso
administrativo, básicamente se establecen plazos procesales
más cortos y el requerimiento de una garantía de inmediata
liquidez en caso que se solicite la suspensión del acto
reclamado u otra medida cautelar. En el caso del amparo, se
requiere el agotamiento de la vía contencioso administrativa,
se establece un plazo de prescripción de 15 días de la acción de
amparo y se exige también garantía si el demandante pretende
alguna medida cautelar.
Esta parte amerita un primer comentario que es de carácter
general. Debe hacerse notar que la inclusión de estas
disposiciones son, en su totalidad, restricciones a la
posibilidad de acceder a la justicia, enmarcadas en la
avidez de restringir opciones de defensa del administrado,
y en este caso, el deseo de limitar la posibilidad de
reclamar la protección en sede judicial cuando la
es decir, se pretende persuadir amenazando con ellas,
o más aun, reteniendo la propiedad del deudor y hasta
apropiándose indebidamente de esta. Se estarían afectando
derechos fundamentales, no solo sin intervención judicial
sino que antes de que exista el título ejecutivo. Esta es una
violación a la garantía del debido proceso (Art. 14 Cn.)
En nuestra opinión, el cobro ejecutivo por la vía administrativa
es inconstitucional, porque además hay afectación del derecho
de propiedad garantizado por los Arts. 2 inc. 1°, 11 inc. 1° y 103
inc. 1° de la Constitución. No solo está garantizada la existencia
del derecho, sino que se establece el principio de que nadie
puede ser privado del mismo sin ser oído y vencido en juicio.
El Capítulo IV delTítulo IV está lleno de normas que establecen
limitaciones al derecho de propiedad, que van desde medidas
precautorias, establecidas en los Arts. 46 y 47, que comprenden
embargo, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición
de enajenación de activos, etc. Todas estas medidas son
inconstitucionales, pues hay afectación del patrimonio de los
particulares no solo sin que sean dictadas por autoridad judicial,
sino que sin intervención de esta, y es al Órgano Judicial al
que exclusivamente le corresponde esta materia. De hecho, el
inicio de la acción ejecutiva implica prohibición para el particular
de disponer de sus bienes, limitarlos o gravarlos.
Finalmente, tenemos que señalar que lo que el proyecto llama
“cobro ejecutivo” no es un proceso ni en la forma ni en la
sustancia. De hecho, establece una manera de cobrar deudas
del Estado por la simple emisión de un acto administrativo,
sin haber un verdadero proceso en que se oiga y venza al
particular interesado, por lo que la violación al Art. 11 inc. 1°
Cn. es más evidente. De conformidad a este procedimiento,
no hay un juicio ni administrativo ni judicial que condene
a un pago y a la pérdida de la propiedad, y hasta puede
procederse a la toma y realización de los bienes embargados
con la sola declaración de la existencia de la deuda. El art.
30 incluso llega a disponer que la deuda es exigible sin
que sea necesario que haya alcanzado estado de firmeza

6. 6
afectación a los derechos la cause la administración
tributaria. Resulta una diferenciación de procesos
injustificada, dado que las violaciones a derechos que
pueda cometer la administración tributaria tienen la
misma naturaleza que cualquier otra. También debe
señalarse que los procesos contencioso administrativo y de
amparo deben ser modernos y eficientes, pero deben serlo
para cualquier reclamo, sin importar su contenido, lo cual
supone que las modificaciones que sean necesarias deben
hacerse a las leyes que los rigen (Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y Ley de Procedimientos
Constitucionales) y no caer en el absurdo de que se
determinen procesos diferenciados en cada
ley especial.
Es necesario además, un comentario de carácter específico
sobre las restricciones a la tutela judicial cuando se trata de
actos administrativos de contenido tributario. La exigencia
de caución para acceder a la suspensión del acto
reclamado, ya sea a través del proceso contencioso
administrativo o de amparo (Art. 100 No. 2) limita el
acceso a la justicia de las personas que no cuentan
con los recursos para otorgarla. En este sentido, se
incurre en una afectación al principio de gratuidad de la
justicia establecido en el art. 181 Cn., el cual permite el acceso
indiscriminado a esta. Los principios que dan forma a la actual
legislación procesal salvadoreña implican que la exigencia de
fianza u otro tipo de cauciones para el acceso a la justicia
son inconstitucionales por violación del principio de gratuidad
de la justicia; lo mismo sería aplicable a las ventajas procesales
que pudieran darse a una parte en el proceso, como podría
ser la suspensión del acto reclamado. Se trata de una situación
diferente a la establecida en el Art. 446 del Código Procesal Civil
y Mercantil, que admite la obligación de rendición de cauciones
para acceder a solicitud de imposición de medidas cautelares,
porque no se está iniciando un proceso de cobro en una relación
de coordinación, como la prevista en el Código en mención, sino
que se demanda porque se considera que el Estado violó la ley
y afectó derechos de los particulares en el ejercicio de
su jus imperium.
Para dar una mejor idea de los procedimientos de cobro que
se prevén en el proyecto y contrastarlos con el procedimiento
actualmente vigente, contenido en el Código Tributario y
que se pretende derogar con el Art. 106 de dicho proyecto,
presentamos los siguientes cuadros, en los que se esquematiza el
procedimiento vigente y el propuesto por el Ministerio
de Hacienda.
AnálisislegaleinstitucionalNo.183• Mayode2016
Esquema 1. Proceso de cobro tributario actual
Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlegislaciónvigente
Deudas firmes. La DGII remite a
la DGT los expedientes en 30
días desde la firmeza. 267 C. T.
La DGT inicia el cobro dentro de
30 días a partir de recibidas las
deudas firmes. 270 C. T.
La DGT notifica req. de cobro al
deudor. Le da 20 días para que
pague. Art. 270 C. T.
Si no atiende, la DGT da 20 días
para que comparezca y defina
forma de pago. 270 C. T.
Si no se paga o acuerda pago, la
DGT, dentro de 30 días, remite
la deuda a la FGR. 270 C. T.
Recibida la certificación, la FGR
deberá investigar los bienes del
deudor. 270-A C. T.
La FGR puede pedir medidas al
juez 270-A C. T. Puede realizar
anotaciones preventivas sin
juez. 273 C. T.
La FGR inicia juicio ejecutivo
ante los tribunales compe-
tentes del país. 270-A C. T.
La FGR emite mandamiento de
ingreso por si hay pago antes
de la sentencia definitiva.
270-A C. T.

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7
Esquema 2. Proceso de cobro tributario propuesto
Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlegislaciónvigente
Esquema 3. Proceso de revisión del cobro tributario
propuesto
Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlegislaciónvigente
Deuda exigible. Aun sin
firmeza adva. o judicial.
Art. 30.
La liquidación puede
suspenderse cuando se
impugne y se garantice el
importe determinado.
Art. 40
Inmediatamente se inicia
el cobro persuasivo.
Aquí, La DGC puede
tomar medidas
precautorias. Art. 45
Si no se paga, se inicia
cobro ejecutivo
administrativo mediante
emisión de mandamiento
de pago. Arts. 48 y 59.
El mandamiento es título
ejecutivo y en él se
ordenan medidas o se
pronuncia sobre las ya
existentes. Art. 59
El obligado al pago podrá
oponerse al cobro en 5
días ante el empleado
que tramita el caso.
Art. 62.
El empleado de la DGC
resuelve en 10 días. Si
se estima termina; si se
desestima, continúa la
ejecución. Art. 62
En primer lugar, si es el
caso, se realizarán las
garantías existentes.
Arts. 65-66.
Si no hay garantía o no
alcanza, se realizará lo
embargado. Art. 85.
Se puede revisar en
apelación ante el TAC: la
resolución sobre la
oposición de pago, la orden
de remate, la resolución
sobre tercerías. Art. 94.
Se puede recurrir en 5 días
desde la resolución. Se
deben incluir las pruebas.
Solo se suspenderá el cobro
ejecutivo, si se presentan
garantías Art. 95.
En la admisión se dan 3
días a la administración
tributaria para que envíe el
expediente. Art. 95.
Pasados los 3 días, con o
sin comparecencia, El TAC
resolverá en 15 días. Art. 95.
En 8 días se puede impulsar
un contencioso sobre actos
del cobro coactivo. Art. 97
Agotada la vía contencioso
administrativa, se puede
presentar amparo en 15
días. Art. 99.

8. AnálisislegaleinstitucionalNo.183• Mayode2016
III. CONCLUSIONES
El proyecto de“Ley para el cobro de las deudas
tributarias y multas a favor del Estado”es notoriamente
inconstitucional, pues afecta diversas normas fundamentales,
incluidas las facultades jurisdiccionales que la Constitución
atribuye al Órgano Judicial y el derecho de propiedad
garantizado a los particulares. La Asamblea Legislativa es la
intérprete de la Constitución cuando aprueba una ley, y es
su obligación no emitir normativas que la contraríen, por
lo que debe abstenerse de aprobar este proyecto.
Hay que reconocer que se pretende dar una regulación
sobre un asunto que es de importancia fundamental
para la existencia del Estado, como es la obtención de los
recursos indispensables para su funcionamiento y que
existen graves problemas en la aplicación de las leyes
existentes que resultan en una mínima recaudación de
los fondos adeudados por los particulares al Estado, en
los conceptos de que el proyecto trata. Sin embargo, esos
problemas de aplicación de la ley, que redundan en una
mínima recaudación de deudas firmes contra el Estado, no
resultan solo por defectos inherentes a la ley establecida para
su cobro y que se pretende derogar con el proyecto, sino
que resultan también de las deficiencias en la burocracia
salvadoreña. Sin perjuicio de que las leyes pueden
mejorarse, ninguna ley puede corregir los defectos de la
Administración Pública, en este caso con los agravantes de
que la propuesta resulta inconstitucional en la medida
que viabilizaría arbitrariedades contra los administrados.
La respuesta al problema que se pretende solucionar,
si bien puede incluir reformas legales que respeten la
norma fundamental, también debe tener en cuenta
la búsqueda de la eficiencia del aparato encargado
del cobro de las deudas del Estado, incluida la Fiscalía
General de la República. Sería necesario el acuerdo entre
esta institución y el Ministerio de Hacienda, y este debe
proveer los fondos para la creación y mantenimiento de
una unidad dentro de la Fiscalía encargada del cobro de
las deudas del Estado, con un personal especializado y
dedicado exclusivamente a esta labor, y exigir resultados
concretos en forma de réditos.
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