La Sala de lo Constitucional es la institución llamada a defender en última instancia y con justicia los derechos de todos los ciudadanos y demás habitantes en el territorio salvadoreño, así como a limitar los abusos de poder que estos puedan sufrir. Para realizar tan delicada tarea debe gozar de independencia y estabilidad; sin embargo, en los últimos meses ha sufrido campañas de desprestigio, ataques a su independencia y bloqueos a la libertad ambulatoria de sus magistrados. Esto es especialmente grave porque los acontecimientos recientes se suman a numerosos intentos previos por limitar indebidamente la actividad de dicha Sala, como por ejemplo, el Decreto Legislativo 743, la infundada denuncia ante la Corte Centroamericana de Justicia y los intentos por trasladar magistrados a otras salas de la CSJ.

1. ALTO A LA OFENSIVA POLÍTICA CONTRA LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
La Sala de lo Constitucional es la institución llamada a defender en última instancia y con justicia los
derechos de todos los ciudadanos y demás habitantes en el territorio salvadoreño, así como a limitar
los abusos de poder que estos puedan sufrir. Para realizar tan delicada tarea debe gozar de
independencia y estabilidad; sin embargo, en los últimos meses ha sufrido campañas de
desprestigio, ataques a su independencia y bloqueos a la libertad ambulatoria de sus magistrados.
Esto es especialmente grave porque los acontecimientos recientes se suman a numerosos intentos
previos por limitar indebidamente la actividad de dicha Sala, como por ejemplo, el Decreto
Legislativo 743, la infundada denuncia ante la Corte Centroamericana de Justicia y los intentos por
trasladar magistrados a otras salas de la CSJ.
Por lo tanto, ante el reiterado hostigamiento en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia y sus magistrados, las organizaciones firmantes,
Exhortamos:
1- A los funcionarios y los ciudadanos en general, a que respeten la independencia de la Sala de lo
Constitucional, por tratarse de un principio fundamental de un Estado democrático y
constitucional de derecho, que implica que los jueces y magistrados resuelvan los casos libres
de toda presión interna y externa.
2- A los funcionarios que han profesado expresiones y propósitos agresivos en contra de la Sala de
lo Constitucional y sus magistrados por causa de algunas sentencias, a desistir y a respetar su
independencia, ya que por mandato constitucional este tribunal debe ejercer el control de
constitucionalidad de las normas y actos del Estado.
3- A quienes alientan u organizan los ataques y bloqueos en contra de los magistrados de la Sala, a
cesar estas agresiones, las cuales lejos de ser manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, son
acciones sistemáticas y organizadas que han llegado a limitar derechos constitucionales de los
magistrados, como su libertad ambulatoria y el derecho a informarse del contenido de las
sentencias de la Sala de lo Constitucional del resto de la población.
HACEMOS UN VEHEMENTE LLAMADO:
A la población, para que no se deje sorprender en su buena fe ante campañas de desprestigio en
contra de la Sala de lo Constitucional, que se ha caracterizado por su independencia y cuyas
sentencias han ampliado el goce de los derechos fundamentales y han controlado los abusos de
poder.

2. A la Fiscalía General de la República, para que investigue cualquier posible delito en el que incurran
quienes organizan y promueven los ataques en contra de la Sala de lo Constitucional y sus
magistrados.
A la comunidad internacional, en particular a la Relatora Especial sobre la Independencia de
Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Dra. Mónica Pinto, para que se mantengan vigilantes
y condenen cualquier ataque contra la independencia judicial de la Sala de lo Constitucional y sus
magistrados.
Los ataques orquestados contra la Sala de lo Constitucional buscan debilitar a la institución llamada
a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, tales acciones son, de manera
directa, atentados contra la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución de la
República, pero en última instancia, son amenazas a los derechos de los ciudadanos.
San Salvador, 16 de septiembre de 2016
cc.: Dra. Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de
Naciones Unidas.