Es necesario que en El Salvador se mejore la administración tributaria y la eficiencia del sistema de fiscalización y recaudación, con un firme combate a delitos tales como la evasión fiscal. Toda persona que no cumpla con sus obligaciones tributarias, debe ser sometida a un debido proceso, con estricto respeto al Estado de derecho. A quien se le compruebe haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, debe ser sancionado conforme con el Código Penal, que establece penas de 4 a 8 años de prisión, las cuales cumplen con el criterio de proporcionalidad.

1. Posición
institucional
Es necesario que en El Salvador se mejore la administración
tributaria y la eficiencia del sistema de fiscalización y
recaudación, con un firme combate a delitos tales como
la evasión fiscal. Toda persona que no cumpla con sus
obligaciones tributarias, debe ser sometida a un debido
proceso, con estricto respeto al Estado de derecho. A
quien se le compruebe haber cometido delitos contra la
Hacienda Pública, debe ser sancionado conforme con el
Código Penal, que establece penas de 4 a 8 años de prisión,
las cuales cumplen con el criterio de proporcionalidad.
Recientemente, en la Asamblea Legislativa se ha estado
discutiendo una propuesta para que dichos delitos
sean imprescriptibles, con el objeto de “contribuir al
combate de la evasión y elusión fiscal”. Según la pieza de
correspondencia que acompaña al decreto de reformas,
“en el año 2013, los niveles de evasión fiscal rondaban
la cantidad de dos mil millones de dólares”, cifra que
técnicamente no ha sido demostrada.
La prescripción de la acción penal significa que, después
de un determinado tiempo, ya no se puede perseguir
el delito, en aras de procurar la seguridad jurídica y la
eficiencia del Estado en la pronta persecución del mismo,
ya que la fiabilidad de las pruebas se ve afectada con
el transcurso del tiempo. En América Latina y a nivel
internacional, la tendencia es establecer un plazo de
prescripción para este tipo de delitos, pues de lo contrario
se genera un ambiente de incertidumbre jurídica en materia
tributaria; además, se generan incentivos para dilatar o no
iniciar los procesos respectivos.
Los delitos que usualmente no prescriben, son los
que consisten en graves violaciones a los derechos
humanos. El Salvador, en línea con las convenciones
internacionales sobre la materia, ha exceptuado de la
regla general de la prescripción, en su normativa penal,
a la tortura, el genocidio, el terrorrismo y el secuestro,
entre otros. A diferencia de estos delitos, que presentan
graves violaciones a los derechos humanos y en los que
puede utilizarse una posición de poder, de derecho o de
facto, para conseguir impunidad, en los delitos contra la
Hacienda Pública no sucede lo mismo. Por el contrario, las
personas están expuestas al poder de persecución penal,
que debe ser ejercido con prontitud para que sea efectivo.
Preocupa que propuestas irracionales de esta
naturaleza, puedan utilizarse para amedrentar a los
contribuyentes de forma indefinida, lo cual afecta el
principio constitucional de seguridad jurídica. El Estado
ya cuenta con los mecanismos legales para perseguir la
evasión fiscal y sancionar a los responsables, por lo que
su obligación es aplicar dichos mecanismos de forma
efectiva, respetando el Estado de derecho.
Exhortamos a la Asamblea Legislativa a no aprobar este
tipo de medidas, que lejos de contribuir a mejorar el clima
de inversión, tiene consecuencias adversas al mismo y
contrarias a la seguridad jurídica, que es un elemento
primordial del Estado del derecho.
ELESTADODEBECOMBATIRLA
EVASIÓNFISCALRESPETANDO
LASEGURIDADJURÍDICA
Antiguo Cuscatlán, 12 de noviembre de 2015