El documento distingue la responsabilidad del Estado de la responsabilidad de la Administración Pública. La Administración Pública responde por daños causados por empleados en el ejercicio de sus funciones, incluso si la conducta fue abusiva o ilegal. El Estado es responsable por errores judiciales y detenciones arbitrarias a través de un fondo de indemnización. Los jueces también son responsables civilmente cuando causan daños con dolo o culpa inexcusable en el ejercicio de sus funciones. El Estado también es responsable por errores registrales.