unidad 3. Leyes reglamentarias del amparo

2. Artículo 103. Los Tribunales de la
Federación resolverán toda
controversia que se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la
autoridad que violen los derechos humanos reconocidos
y las garantías otorgadas para su protección por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte;

3.  II. Por normas generales o actos de la
autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los Estados o la autonomía de la
Ciudad de México.
 III. Por normas generales o actos de las
autoridades de las entidades federativas que
invadan la esfera de competencia de la
autoridad federal.
Al igual que la constitución federal, el amparo
protege a las personas frente a normas generales,
actos u omisiones por parte de los poderes
públicos o de particulares en los casos regulados
por la misma ley de la materia.

4. Órgano del estado al que la ley otorga
facultades que implican un poder de
decisión y ejecución al realizar actos que
inciden en la esfera jurídica del gobernado y
que se imponen aun en contra de su
voluntad.

5. Artículo 5º de la Ley de Amparo: Son partes en el juicio
de amparo:
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con
independencia de su naturaleza formal, la que dicta,
ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma
unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse
crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad
responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que
afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén
determinadas por una norma general.

6. El concepto de acto reclamado va de la mano con el concepto de autoridad.
Acto reclamado: conducta positiva, negativa u
omisiva que el peticionario del amparo le
atribuye o imputa a la autoridad que señal
como responsable, por estimar que dicha
conducta es violatoria de sus derechos
humanos y/o garantías.
Entre la clasificación de los actos encontramos los siguientes:
-actos positivos -actos consumados
-actos omisivos - actos consumados
-actos negativos - actos de tracto sucesivo
-actos prohibitivos
-actos declarativos

7. Normas generales
- Constituciones locales
- Leyes federales y locales
- Reglamentos
- Disposiciones de carácter general
- Decretos, acuerdos, etc.
Estricto sentido
Amplio sentido Cualquier acto de autoridad

8. 3.4.2. La Ley como acto reclamado.
Las normas jurídicas con efectos
generales son aquellas que regulan con
animo de permanencia la conducta de
las personas, abstracta e
impersonalmente, vinculando a todos
los sujetos incluidos en las hipótesis
que contienen.
Este genero abarca otras especies como: tratados
internacionales reglamentos, decretos, circulares
administrativas y en general cualquier acto por el cual el
estado regule abstractamente determinados supuestos bajo
determinadas circunstancias

9. Cuando el acto legislativo
presuntamente violatorio
de derechos humanos y/o
garantías causa perjuicio
al gobernado por su sola
entrada en vigor.
Cuando el acto legislativo
requiere de un acto
posterior de aplicación o
bien la realización de una
condición para obligar al
gobernado a un hacer o
dejar de hacer

10. Conforme a nuestro sistema
constitucional, es a la federación a
quien corresponde conocer de
asuntos internacionales y, por lo
tanto, deben ser los tribunales
federales quienes conozcan de
asuntos transfronterizos, que
involucren personas y bienes
sometidos a otras jurisdicciones
Sin embargo, ¿quién va a conocer de esos asuntos si no
tenemos tribunales especializados?

11. Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, los Estados Unidos de América plantean que sean sus
tribunales quienes conozcan de las controversias que se susciten
entre los países que suscriban el tratado, debido a que tienen
tribunales y jueces con amplia experiencia en la resolución de
asuntos comerciales e internacionales.
México no puede seguirse dando el lujo de no tener jueces
capacitados y especializados en asuntos de comercio internacional.
En el siglo XIX se justificaba plenamente que los tribunales
federales se dedicaran a revisar las sentencias de los tribunales
locales, o que se dedicaran exclusivamente a ejercer control
constitucional, pero en el siglo XXI las circunstancias han cambiado
y es indispensable adecuar el sistema para no quedarse atrás.