Procedimiento de cobranza coactiva: Cómo defenderse

Procedimiento
decobranza
coactiva
Cómodefenderse
BELISSA ODAR MONTENEGRO
CARLOS ALEXIS CAMACHO VILLAFLOR
Cómodefenderse

RONNI D. SÁNCHEZ ZAPATA
Cómo defenderse
Procedimiento
de cobranza
coactiva
BELISSA ODAR MONTENEGRO
CARLOS ALEXIS CAMACHO VILLAFLOR

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL
DERECHOS RESERVADOS
D.LEG. Nº 822
PRIMERA EDICIÓN
JUNIO 2015
7,020 ejemplares
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2015-07979
LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED
ISBN: 978-612-311-272-1
REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL
11501221500668
DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA
Martha Hidalgo Rivero
DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES
José Rivera Ramos
PROCEDIMIENTO
DE COBRANZA COACTIVA
Cómo defenderse
Impreso en:
Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
San Alberto 201 - Surquillo
Lima 34 - Perú
Angamos Oeste 526 - Miraflores
Lima 18 - Perú
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Gaceta Jurídica S.A.
CONTADORES
& EMPRESAS
© Belissa Odar Montenegro
© Carlos Alexis Camacho Villaflor
© Gaceta Jurídica S.A.

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PRESENTACIÓN
La Administración Tributaria, representada tanto por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat– como por los
gobiernos locales, goza de la facultad de exigir coactivamente el pago de la
deuda tributaria.
Esta facultad tiene sustento en la Autotutela Administrativa, sin embargo,
esta prerrogativa no puede ser ejercida arbitrariamente por la Administra-
ción Tributaria.
El procedimiento de cobranza coactiva, como todo procedimiento admi-
nistrativo, debe cumplir con los principios recogidos en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General - Ley N° 27444, entre los que destacan los
siguientes:
- Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facul-
tades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas.
- Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de
todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumen-
tos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada
y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento ad-
ministrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo.
La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en
cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
- Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad adminis-
trativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impon-
gan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos

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Belissa Odar Montenegro y Carlos Alexis Camacho Villaflor / Procedimiento de cobranza coactiva
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido.
- Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan
sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgán-
doles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resol-
viendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés
general.
- Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de
las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.
- Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedi-
miento administrativo, se presume que los documentos y declaracio-
nes formulados por los administrados en la forma prescrita responden
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite
prueba en contrario.
- Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa,
los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos
los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos proce-
dimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena
fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede in-
terpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena
fe procesal.
- Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento de-
ben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la
máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que difi-
culten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin
de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve
a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el
ordenamiento.

Presentación
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- Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo
deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto pro-
cedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en
su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final,
no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión
a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este prin-
cipio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no
esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez
será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la
aplicación de este principio.
- Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad ad-
ministrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que
sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual tendrá que adoptar
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun
cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acor-
dado eximirse de ellas.
- Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condicio-
nes necesarias a todos los administrados para acceder a la información
que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la
intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de
participación de los administrados y de sus representantes, en aque-
llas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier
sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información
y la presentación de opinión.
- Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad
administrativa deberán ser sencillos, eliminándose toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos tendrán que ser raciona-
les y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
- Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brin-
dar a los administrados o sus representantes información veraz, com-
pleta y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el
administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será
el resultado final que se obtendrá.

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Así, tanto el Código Tributario, para las deudas con la Sunat, como la Ley
del Procedimiento de Ejecución Coactiva, para las deudas con los gobiernos
locales, regulan el ejercicio de esta facultad de la Administración a través
del procedimiento de cobranza coactiva.
En ese sentido, en la presente obra, hacemos una revisión de los principa-
les aspectos del procedimiento de cobranza coactiva y un recorrido por la
legislación pertinente, desde la deuda exigible y su concepto, pasando por
las medidas cautelares que puede dictar la Administración Tributaria y los
medios de defensa con los que cuenta el administrado, hasta los principales
criterios emitidos por el Tribunal Fiscal y la Sunat relacionados al referido
procedimiento.
LOS AUTORES

CAPÍTULO I
AUTOTUTELA
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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CAPÍTULO I
AUTOTUTELA DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Cuando existe una discrepancia de ideas o colisión de derechos y aparece
un conflicto de intereses entre los miembros de la sociedad, ya sea entre
particulares o entre particulares y el Estado, ambas partes deben acudir a
un tercero imparcial, que suele ser el Estado a través del Poder Judicial.
Así, a efectos de hacer valer o ejercer nuestro derecho, los particulares nos
encontramos impedidos de ejercer la fuerza por nosotros mismos y debe-
mos acudir al Poder Judicial para que este haga prevalecer nuestro derecho
y ejerza la fuerza necesaria para su cumplimiento.
No obstante, la Administración Pública goza de una prerrogativa llamada
Autotutela de la Administración.
En particular, la Administración Tributaria posee una facultad coercitiva
para ejecutar sus actos. Por ejemplo, si un ciudadano tiene una acreencia
conocida y exigible respecto de otro ciudadano, el primero deberá acudir
al Poder Judicial para que este disponga el pago correspondiente y de no
hacerse dicte las medidas coercitivas necesarias para su cumplimiento.
Contrariamente al procedimiento que debemos seguir los ciudadanos para
lograr la satisfacción de una acreencia, la Administración, en particular la
Administración Tributaria, posee la facultad de dictar, unilateralmente, las
medidas coercitivas que se requieran para poder satisfacer su acreencia.
Sin embargo, esta facultad de la Administración no puede ser ejercida de
manera arbitraria y sin limitaciones, pues existen una serie de presupuestos
que deben cumplirse, los mismos que abordaremos más adelante.

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Regresando a la facultad de la que goza la Administración Tributaria para
disponer las medidas de coerción, corresponde señalar que dicha facultad
obedece a la llamada autotutela de la Administración.
Según García de Enterría “La administración está capacitada como sujeto
de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, in-
cluso sus pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndose de este modo
de la necesidad, como a los demás sujetos de recabar una tutela judicial”(1)
.
De acuerdo a esta idea del autor mencionado, podemos entender que la
Administración tiene excepcional y únicamente esta potestad de poder
resolver sus propias situaciones jurídicas, declarando su pleno derecho y
ejecutándolo frente a los particulares de manera directa sin recurrir al
Poder Judicial.
Ahora bien, una de las facetas o matices de la autotutela es la Autotutela
Ejecutiva, que consiste en aquellas decisiones de la Administración Tri-
butaria que de manera coercitiva o forzada persiguen la ejecución de sus
actos.
Un ejemplo de esta autotutela ejecutiva es el Procedimiento de Cobranza
Coactiva que puede iniciar la Administración Tributaria y las acciones de
coerción que puede dictar al interior del dicho procedimiento para hacerse
cobro de la deuda tributaria sin necesidad de acudir al Poder Judicial.
Precisamente sobre la Cobranza Coactiva, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el procedimiento de ejecución coactiva nace como una mani-
festación de la autotutela de la Administración señalando lo siguiente:
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 774-1999-AA/TC, funda-
mento 4:
“Es la facultad que tienen algunas entidades de la Administración Pú-
blica para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma
Administración, es decir, las obligaciones exigibles deben provenir
(1) Autor: García de Enterría, citado por Armando Mendoza Ugarte, disponible en la web: <http://
blog.pucp.edu.pe/blog/blogdearmandomendozaugarte/2013/07/30/la-potestad-de-autotutela/>.

Autotutela de la Administración Tributaria
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de materias propias de las funciones que cada entidad tiene, basadas
en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para cada
Administración, o sea, siempre dentro de un marco normativo”.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que esta autotu-
tela descansa sobre la ejecutoriedad de los actos administrativos, lo
que habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un
acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano
judicial”.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0015-2005-PI/TC, funda-
mentos 44, 45 y 46:
“44. La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo
de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cum-
plimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su
notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo.
La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad
inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y
tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; en tal sentido,
habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto ad-
ministrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial,
respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a uti-
lizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo
y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus
actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga
resistencia de hecho”.
45. “La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto adminis-
trativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del
artículo 118, de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de
la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la Adminis-
tración Pública– a ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y los
tratados, leyes y demás disposiciones legales’”.
Sin embargo, como bien lo advierte Juan Carlos Morón Urbina, di-
cho mandato constitucional ‘(...) no llega a sustentar la ejecutoriedad

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administrativa, en los términos estudiados, sino solo la ejecutivi-
dad de la voluntad administrativa. Será la Ley de Desarrollo (Ley
Nº 27444) la disposición que, asentándose en la Constitución, opta
por dotarle de ejecutoriedad (coerción propia) a los mandatos de la
Administración’. En ese sentido, el artículo 192 de la Ley Nº 27444,
del Procedimiento Administrativo General, establece que ‘Los actos
administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal
expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condi-
ción o plazo conforme a ley’”.
46. “Como bien lo señala la demandante, la Administración Pública
tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses, pudien-
do incluso exigir por sí misma el cumplimiento de sus actos. Sin
embargo, esta facultad de autotulela de la Administración Pública
de ejecutar sus propias resoluciones, sustentada en los principios de
presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones admi-
nistrativas, implica la tutela de los derechos fundamentales de los
administrados que pueden verse amenazados o vulnerados por la
actividad de la Administración, como son los derechos al debido pro-
cedimiento y a la tutela judicial efectiva, conforme se ha desarrollado
a lo largo de la presente sentencia”.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 06269-2007-PA/TC, fun-
damento 5:
“La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela
ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo
que estas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo
de deudas exigibles (sean tributarias o no). Tal como lo indicó este
Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 0015-2005-
AI/TC, la facultad de autotutela de la Administración Pública de
ejecutar sus propias resoluciones –como sucede en el caso del proce-
dimiento de ejecución coactiva– se sustenta en los principios de pre-
sunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrati-
vas, lo que también implica la tutela de los derechos fundamentales
de los administrados que puedan verse amenazados o vulnerados por
la actividad de la Administración, como son los derechos al debido
procedimiento y a la tutela judicial efectiva”.

Autotutela de la Administración Tributaria
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No obstante, la facultad de autotutela ejecutiva de la que goza la Adminis-
tración Tributaria, esta no es irrestricta debiendo partir de ciertas premisas
para su aplicación.
En esa línea el Tribunal Constitucional, respecto de las medidas coercitivas
dictadas al interior de un procedimiento de cobranza coactiva ha señalado
lo siguiente:
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02044-2009-PA/TC, fun-
damento 7:
“Teniendo en cuenta los criterios expuestos en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional (Cfr. Exp. Nº 00023-2005-PI/TC FJ 52)
para el dictado de medidas cautelares y que ellos pueden adaptarse
al procedimiento de ejecución coactiva, cabe precisar los presupues-
tos que toda medida cautelar dictada en procedimiento tributario de
ejecución coactiva o de modo previo a dicho procedimiento, debe
contener: a) fumusboni iuris, que alude a la ‘apariencia del derecho
invocado’ y que en el marco del procedimiento de ejecución coacti-
va vendría delimitado por la existencia de suficientes elementos que
generen verosimilitud en cuanto a la deuda tributaria y que esta haya
sido debidamente puesta en conocimiento del deudor tributario;
b) periculum in mora, referido al peligro en la demora del procedi-
miento de ejecución coactiva y a la obligación de la Administración
Tributaria de evaluar –previamente al dictado de una medida cau-
telar–, si efectivamente el transcurso del tiempo traerá como conse-
cuencia que el monto adeudado no pueda ser satisfecho, pues solo así
se justificaría que se emita una medida cautelar, y c) proporcional,
referida a la obligación de la Administración Tributaria de adoptar
una medida cautelar idónea, estrictamente necesaria y ponderada
para el cobro de la deuda tributaria, buscando que en todo caso se
logre el equilibrio entre un eficaz aseguramiento del interés fiscal
y aquellos derechos fundamentales del contribuyente que se verán
restringidos o limitados por la actuación estatal, y además alude a
que la medida adoptada debe ser rigurosamente proporcional hasta
el monto necesario para asegurar el cobro de la deuda tributaria”.

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Entendido el sustento de la facultad coercitiva de la Administración Tribu-
taria, el ejercicio de la institución de la ejecución coactiva en la actualidad,
en nuestro país, está regulada, tanto por el Código Tributario como por la
Ley de Ejecución Coactiva Nº 26979.

CAPÍTULO II
LA COBRANZA COACTIVA DE LOS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS POR LA SUNAT

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CAPÍTULO II
LA COBRANZA COACTIVA DE LOS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS POR LA SUNAT
El procedimiento de Cobranza Coactiva de los tributos administrados por
la Sunat se regula en el Título II del Libro Tercero del Código Tributario,
artículos del 114 al 123.
1. EL EJECUTOR COACTIVO Y EL AUXILIAR COACTIVO
XX El ejecutor coactivo
El ejecutor coactivo es un funcionario designado como tal por la Sunat.
A continuación los requisitos para acceder a dicho cargo, así como las fa-
cultades del mismo.
• Requisitos para acceder al cargo de ejecutor coactivo
El cuarto párrafo del artículo 114 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario dispone que para acceder al cargo de ejecutor coactivo se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley.
3. No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público
o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas dis-
ciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral.

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4. Tener conocimiento y experiencia en Derecho Administrativo y/o Tribu-
tario.
5. Ser funcionario de la Administración Tributaria; y,
6. No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.
• Facultades del ejecutor coactivo
El primer párrafo del artículo 116 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario dispone que el ejecutor coactivo tendrá, entre otras, las siguien-
tes facultades:
1. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el Proce-
dimiento de Cobranza Coactiva.
2. Ordenar, variar o sustituir a su discreción las medidas cautelares.
3. De oficio, dejar sin efecto las medidas cautelares que se hubieren traba-
do, en la parte que superen el monto necesario para cautelar el pago de
la deuda tributaria materia de cobranza.
4. De oficio, dejar sin efecto las costas y gastos incurridos en el procedi-
miento de cobranza coactiva, cuando corresponda.
5. Dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de la deu-
da tributaria, tales como comunicaciones, publicaciones y requerimien-
tos de información de los deudores, a las entidades públicas o privadas,
bajo responsabilidad de las mismas.
6. Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la Administración por los deu-
dores tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al procedi-
miento convenido o, en su defecto, al que establezca la ley de la materia.
7. Suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva.
8. Disponer en el lugar que considere conveniente, luego de iniciado el
procedimiento de cobranza coactiva, la colocación de carteles, afi-
ches u otros similares alusivos a las medidas cautelares que se hubieren

La cobranza coactiva de los tributos administrados por la Sunat
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adoptado, debiendo permanecer colocados durante el plazo en el que se
aplique la medida cautelar, bajo responsabilidad del ejecutado.
9. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
10. Disponer la devolución de los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal
lo establezca, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley.
11. Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de la resolución de eje-
cución coactiva de incumplir ésta con los requisitos que debe contener.
12. Declarar a petición de parte, la nulidad del remate, en los casos en que
no cumpla los requisitos. La nulidad deberá ser presentada por el deu-
dor tributario dentro del tercer día hábil de realizado el remate.
13. Dejar sin efecto toda carga o gravamen que pese sobre los bienes que
hayan sido transferidos en el acto de remate, excepto la anotación de la
demanda.
14. Admitir y resolver la Intervención Excluyente de Propiedad.
15. Ordenar, en el procedimiento de cobranza coactiva, el remate de los
bienes embargados.
16. Ordenar las medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza
coactiva y excepcionalmente, disponer el remate de los bienes
perecederos.
A estos efectos, y según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 1 del
Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, se entiende por
bienes perecederos a los siguientes:
- A los bienes comprendidos dentro de una medida cautelar previa o
interpuesta dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
i) Bienes susceptibles de deterioro, descomposición o pérdida dentro
de un periodo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días calendario
computados a partir de la fecha en que se trabó la medida cautelar.

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ii) Bienes cuya fecha de vencimiento o expiración se encuentra den-
tro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la
fecha en que se trabó la medida cautelar.
iii) Bienes que por caso fortuito, fuerza mayor, acciones u omisiones
del propio deudor o de un tercero producidas con posterioridad
a la adopción de la medida cautelar corran el riesgo de perderse,
vencerse, fenecer o expirar.
- Los bienes embargados dentro de una medida cautelar previa a la
emisión de la resolución u orden de pago, que:
i) En el plazo de diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que
se trabaron las medidas cautelares puedan ser objeto de deterioro,
descomposición, vencimiento, expiración o fenecimiento.
ii) Por factores externos, estén en riesgo de perderse, vencer, fene-
cer o expirar dentro de treinta (30) o cuarenta y cinco (45) días
hábiles, según corresponda. Para estos efectos se entenderá como
factores externos al caso fortuito o de fuerza mayor y las acciones
u omisiones del propio deudor o de un tercero.
Cabe precisar que el ejecutor podrá solicitar la opinión de peritos, profe-
sionales o, en su defecto, de entidades competentes para calificar los bienes
como perecederos, salvo que en estos conste la fecha de vencimiento o ex-
piración. La citada opinión podrá ser utilizada para calificar otros bienes
con características similares.
Requerir al tercero la información que acredite la veracidad de la existencia
o no de créditos pendientes de pago al deudor tributario.
XX Auxiliar coactivo
• Requisitos para acceder al cargo de auxiliar coactivo
El quinto párrafo del artículo 114 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario señala que para acceder al cargo de auxiliar coactivo se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

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1. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.
2. Acreditar como mínimo el grado de Bachiller en las especialidades tales
como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración.
3. No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
4. No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público
o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas dis-
ciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral.
5. Tener conocimiento y experiencia en Derecho Administrativo y/o
Tributario.
6. No tener vínculo de parentesco con el ejecutor, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y/o segundo de afinidad.
7. Ser funcionario de la Administración Tributaria; y
8. No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.
• Facultades del auxiliar coactivo
El segundo párrafo del artículo 116 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario dispone que el auxiliar coactivo tiene como función colabo-
rar con el ejecutor coactivo. Para tal efecto, podrá ejercer las siguientes
facultades:
1. Disponer en el lugar que considere conveniente, luego de iniciado el
procedimiento de cobranza coactiva, la colocación de carteles, afiches u
otros similares alusivos a las medidas cautelares que se hubieren adop-
tado, debiendo permanecer colocados durante el plazo en el que se apli-
que la medida cautelar, bajo responsabilidad del ejecutado.
2. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.

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2. DEUDA EXIGIBLE COACTIVAMENTE
Como ya hemos señalado, la facultad de la que goza la Administración Tri-
butaria, en particular la Sunat, para exigir coactivamente la deuda exigible,
es una manifestación de la Autotutela de la Administración.
En ese sentido, en la medida en que la facultad antes mencionada descan-
sa en la ejecutoriedad del acto administrativo, en este caso la exigibilidad
de la deuda, resulta necesario identificar cuáles son las deudas exigibles
coactivamente.
De acuerdo con el Código Tributario, califican como deudas exigibles coac-
tivamente, las siguientes:
1. La establecida mediante resolución de determinación(2)
, multa(3)
o la
contenida en la resolución de pérdida del fraccionamiento, notificadas
por la Administración y no reclamadas en el plazo de ley.
2. En el caso de la resolución de pérdida de fraccionamiento, se mantendrá
la condición de deuda exigible si efectuándose la reclamación dentro del
plazo, no se continúa con el pago de las cuotas de fraccionamiento.
3. La establecida mediante resolución de determinación o de multa re-
clamadas fuera del plazo establecido para la interposición del recurso,
siempre que no se cumpla con presentar la carta fianza respectiva con-
forme con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Tributario(4)
.
(2) El primer párrafo del artículo 76 del Texto Único Ordenado del Código Tributario señala que la
resolución de determinación es el acto por el cual la Administración Tributaria pone en conoci-
miento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria.
(3) La Resolución de Multa es el acto por el cual el organismo del tributo emite una sanción por la
infracción cometida.
(4) Artículo 137
(…)
3. Pago o carta fianza: Cuando las resoluciones de determinación y de multa se reclamen venci-
do el señalado término de veinte (20) días hábiles, deberá acreditarse el pago de la totalidad de
la deuda tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza
bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por nueve (9) meses posteriores
a la fecha de la interposición de la reclamación, con una vigencia de nueve (9) meses, debiendo
renovarse por periodos similares dentro del plazo que señale la Administración.

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4. La establecida por resolución no apelada en el plazo de ley, o apela-
da fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla con presentar la
carta fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el artículo 146
del Código Tributario(5)
, o la establecida por Resolución del Tribunal
Fiscal.
5. La que conste en Orden de Pago(6)
notificada conforme a ley.
6. Las costas(7)
y los gastos(8)
en que la Administración hubiera incurrido en
el Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la aplicación de sanciones
no pecuniarias de conformidad con las normas vigentes.
7. Los gastos incurridos en las medidas cautelares previas, siempre que
se hubiera iniciado el procedimiento de cobranza coactiva conforme a
ley, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas
medidas.
(5) Artículo 146
(…)
La apelación será admitida vencido el plazo señalado en el primer párrafo, siempre que se acredite
el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada actualizada hasta la fecha de pago o se pre-
sente carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por doce (12)
meses posteriores a la fecha de la interposición de la apelación, y se formule dentro del término
de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación certi-
ficada. La referida carta fianza debe otorgarse por un periodo de doce (12) meses y renovarse por
periodos similares dentro del plazo que señale la Administración. La carta fianza será ejecutada si
el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada, o si esta no hubiese sido reno-
vada de acuerdo a las condiciones señaladas por la Administración Tributaria. Los plazos señalados
en doce (12) meses variarán a dieciocho (18) meses tratándose de la apelación de resoluciones
emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia.
(6) El primer párrafo del artículo 78 del Texto Único Ordenado del Código Tributario señala que
la Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la
cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Deter-
minación.
(7) Para el cobro de las costas se requiere que estas se encuentren fijadas en el arancel de costas del
procedimiento de cobranza coactiva que apruebe la Administración Tributaria. Cualquier pago
indebido o en exceso será devuelto por la Administración Tributaria. La Sunat no cobrará costas
en que incurra en el procedimiento de cobranza coactiva, en la adopción de medidas cautelares
previas a dicho procedimiento o en la aplicación de las sanciones no pecuniarias.
(8) Para el cobro de los gastos se requiere que estos se encuentren sustentados con la documenta-
ción correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso será devuelto por la Administración
Tributaria. La Sunat no cobrará gastos en que incurra en el procedimiento de cobranza coactiva,
en la adopción de medidas cautelares previas a dicho procedimiento o en la aplicación de las
sanciones no pecuniarias.

26
Como se puede apreciar, existen dos características que son fundamentales
para la exigibilidad de la deuda tributaria, a saber, la notificación del acto
que contiene la deuda y la no reclamación oportuna de este.
En ese sentido, se puede afirmar que, como regla general, para que una
deuda sea exigible coactivamente, esta debe haber sido notificada conforme
a ley y no reclamada dentro del plazo establecido para ello; salvo los casos
de la orden de pago y la deuda contenida en la resolución de pérdida de
fraccionamiento.
La notificación de los actos de la Administración Tributaria se encuentra
regulada en el artículo 104 del Código Tributario, el mismo que establece
las diferentes modalidades por las que puede realizarse esta:
a) Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal
Una de las modalidades por las que puede realizarse la notificación de los
actos administrativos, en particular, el acto que contiene la deuda objeto de
cobranza, es por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal.
En este caso se dejará constancia de la notificación con el acuse de recibo
o con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el encargado
de la diligencia.
En el caso de la notificación por acuse de recibo, a efectos de que la notifi-
cación sea válida, dicho acuse deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario.
ii) Número de RUC del deudor tributario o número del documento de
identificación que corresponda.
iii) Número de documento que se notifica.
iv) Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa.
v) Fecha en que se realiza la notificación.

27
Respecto de la formalidad de la notificación del acto administrativo
que contiene la deuda sometida a cobranza coactiva, el Tribunal Fiscal
ha sido bastante exigente, emitiendo diferentes resoluciones como las
siguientes:
Resolución del Tribunal Fiscal N° 4223-9-2012
“(…) de la revisión del cargo de notificación de la Resolución de De-
terminación (…), se verifica que la diligencia de notificación se ha-
bría realizado el 12 de mayo de 2006, mediante acuse de recibo en el
domicilio fiscal de la quejosa, siendo Miguel Mendivil C. identifica-
do con Documento Nacional de Identidad (…), quien atendió al noti-
ficador, sin embargo, el número de documento nacional de identidad
consignado no corresponde a dicha persona, conforme se advierte de
la verificación en el portal institucional de la Reniec (…), sin que se
consigne en el referido cargo observación alguna al respecto, lo que
le resta fehaciencia a la diligencia, por tanto no se encuentra acredi-
tado en autos que la quejosa hubiera sido notificada conforme con lo
dispuesto por el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario, por
lo que dicho valor no resulta exigible coactivamente en los términos
del artículo 25 del código antes citado, en consecuencia corresponde
amparar la queja en este extremo, dejar sin efecto el procedimiento
de ejecución coactiva respecto de dicho valor, y levantar las medidas
cautelares que se hubieran trabado, de ser el caso”.
“Que de la copia certificada de las constancias de notificación de
las citadas resoluciones de intendencia (…), se observa un sello de
la quejosa “Municipalidad Distrital de Punchana - Mesa de Partes”
(…), una firma y un número de expediente, sin embargo, no se ha
consignado el nombre de la persona con la que se habrían entendido
dichas diligencias ni su negativa a proporcionarlo, por lo que dichos
actos de notificación no son fehacientes y en tal sentido, no acreditan
que las diligencias de notificación se realizaron de acuerdo con lo
previsto por el artículo 104 del Código Tributario.

28
“Que obra en autos a foja 42 el que sería el cargo de notificación
de la Resolución de Determinación Nº 01312-2008-MPC-GGATR-
GF materia de cobranza, según lo informado y documentación re-
mitida por la Administración, no obstante de su revisión se advier-
te que se notifica en dicho cargo la Resolución de Determinación
Nº 22701312-2008, esto es, un número de documento distinto al
que sería materia de cobranza, con lo cual no podría afirmarse que
el valor objeto de cobranza ha sido notificado conforme con lo esta-
blecido en el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario”.
“Que según las constancias de notificación de las Resoluciones de
Multa N°s 022-002-0008282, 022-002-0008283 y la Resolución
de Intendencia N° 0210170013170 (fojas 56 a 58), dichos valores
habrían sido notificados con fecha 11 de setiembre de 2009, en el
domicilio fiscal de la quejosa, mediante acuse de recibo y las dili-
gencias se habrían entendido con Augusto Ferrini quien se identifi-
có con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 08436521, sin
embargo, verificado el portal institucional del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) - Validación de Registro de
Identidad, dicho número de documento no aparece en los archivos
magnéticos de la citada institución, conforme se aprecia de fojas 67,
lo que aunado al hecho que no aparece observación alguna por parte
del notificador que indique que se presentó un documento distinto,
restan fehaciencia a los referidos cargos.
Que en tal sentido, la deuda contenida en los referidos valores no te-
nía la condición de exigible coactivamente, en los términos del inciso
a) del artículo 115 del Código Tributario, por lo que corresponde
amparar la queja presentada en tal extremo, y disponer que la Admi-
nistración dé por concluido el procedimiento de cobranza coactiva
seguido a la quejosa con Expediente N° 021-006-0089002 y levante
definitivamente las medidas cautelares que hubiere trabado, de ser el
caso, respecto de dichos valores”.

29
“Que por otro lado, en relación con las constancias de notificación
de las Órdenes de Pago Nºs 071-001-0008441 a 071-001-0008446,
071-001-0008542 a 071-001-0008545, 071-001-0009226 a 071-
001-0009228 y 071-001-0015638 (fojas 120, 122, 124, 126, 129,
131, 133, 135, 138, 140, 143, 145, 147 y 218) y de las Resolucio-
nes de Multa Nºs 071-002-0000806, 071-002-0000936, 071-002-
0000963 a 071-002-0000965 y 071-002-0001054 (fojas 107, 151,
153, 155, 157 y 167) debe precisarse que de la revisión de dichas
constancias se aprecia que si bien aparece un sello y la fecha, estos
resultan insuficientes pues no contienen el nombre ni la firma de las
personas con las que se entendieron las diligencias, por lo que dichas
notificaciones no se efectuaron con arreglo a lo dispuesto por el in-
ciso a) del artículo 104 del Código Tributario.
Que en tal sentido, al no haber sido notificadas conforme a ley las órde-
nes de pagos y las resoluciones de multa descritas precedentemente, la
Administración no ha acreditado que la deuda contenida en dichos valo-
res sea exigible coactivamente en los términos del artículo 115 del men-
cionado código, por lo que corresponde declarar fundada la queja en este
extremo y ordenar se den por concluidos los procedimientos de cobranza
coactiva seguidos con los Expedientes Coactivos Nºs 0710060004028,
0710060003979, 0710060004144, 0710060003922, 0710060007434,
0710060003589, 0710060004171 y 0710060004421 y se levanten las
medidas cautelares trabadas respecto de dicha deuda”.
“Que de la revisión de la constancia de notificación de la Resolu-
ción de Multa N° 023-002-0063171 (foja 92), cuya cobranza se sigue
con Expediente Coactivo N° 023-006-0291661, se advierte que el
notificador se presentó el 2 de junio de 2005 en el domicilio fiscal
del quejoso, vigente a tal fecha, y dejó constancia que la diligencia
se llevó a cabo con una persona que se identificó como Julio Alfre-
do Navarro Pérez e indicó como Documento Nacional de Identidad
N° 26369900; sin embargo, de la verificación efectuada en el Por-
tal Institucional del Registro Nacional de Identificación y Estado

30
Civil - Reniec (foja 171), se observa que dicho documento de identidad
no se encuentra en el archivo magnética de dicha entidad estatal, lo
que aunado al hecho que en la citada constancia el notificador encar-
gado de la diligencia no hizo referencia a que el receptor del documen-
to hubiera omitido exhibir su documento de identidad o que hubiera
exhibido uno distinto, resta fehaciencia a la diligencia de notificación.
Que en tal sentido, no se ha acreditado en autos que la deuda conte-
nida en el citado valor tuviera el carácter de exigible coactivamente
en los términos del inciso a) del artículo 115 del Código Tributario,
por lo corresponde declarar fundada la queja en este extremo, de-
biendo la Administración dejar sin efecto el procedimiento coactivo
seguido Expediente Coactivo N° 023-006-0291661 en lo que a dicha
deuda se refiere, y levantar las medidas cautelares trabadas al respec-
to, así como aplicar los criterios recogidos en las Resoluciones del
Tribunal Fiscal N°s 10499-3-2008 y 08879-4-2009, de ser el caso”.
b) Mediante negativa de recepción
El mismo inciso a) del artículo 104 del Código Tributario prevé la posi-
bilidad de que la notificación del acto que contiene la deuda materia de
cobranza se realice mediante certificación de la negativa a la recepción efec-
tuada por el encargado de la diligencia.
Añade el mencionado inciso que la notificación con certificación de la ne-
gativa a la recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o
tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier persona mayor de
edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del destinatario rechace
la recepción del documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, se
niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus datos de
identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado.
Con relación a esta modalidad de notificación el Tribunal Fiscal ha emitido
abundante jurisprudencia, destacando entre ella la siguiente:
“Que de la revisión de la constancia de notificación de las referidas
resoluciones de pérdida de fraccionamiento (fojas 31 y 36) se aprecia

31
que tales diligencias se realizaron el 8 de agosto de 2008 y el 29 de
octubre de 2009 en el domicilio fiscal del quejoso con acuse de recibo,
dejándose constancia del nombre, documento de identidad y firma de
quien recibió la notificación, conforme con lo exigido por el inciso a)
del artículo 104 del Código Tributario. Asimismo, no se encuentra
acreditado en el expediente que el quejoso haya formulado reclama-
ción contra tales resoluciones, por lo que la deuda que contienen es
exigible coactivamente; en tal sentido, los referidos procedimientos de
cobranza coactiva han sido iniciados con arreglo a ley, correspondien-
do por tanto declarar infundada la queja en este extremo”.
“Que por otro lado, si bien en la copia de la constancia de notifica-
ción de la Resolución de Multa Nº 071-002-0001273, que obra a
foja 199, se encuentra la indicación de la ‘negativa a la recepción’,
no se aprecia, el nombre y apellidos y firma del notificador que dejó
constancia de tal hecho, por lo que la referida notificación no resulta
fehaciente.
Que no obstante, se aprecia a foja 198 un documento denominado
‘Informe de Mensajería’, a efecto de acreditar que la notificación
fue realizada mediante certificación de la negativa a la recepción,
y que se consignaron los datos del notificador quien certificó dicha
negativa, sin embargo, este no subsana la omisión antes señalada,
puesto que no es posible acreditar que fue emitido en el mismo mo-
mento en que se habría producido la diligencia de notificación de la
resolución de multa antes citada, de conformidad con el criterio es-
tablecido por este Tribunal en las Resoluciones N°s 08312-1-2007
y 01160-1-2008.
Que en tal sentido, dado que la notificación de la referida resolución
de multa no se encuentra arreglada a ley, corresponde amparar en
este extremo la queja presentada y disponer que la Administración
de por concluido el procedimiento de cobranza coactiva iniciado me-
diante Expediente Nº 0710060005077, y levante las medidas caute-
lares trabadas respecto de dicha deuda”.

32
“Que de las constancias de notificación de las referidas multas, de
fojas 23 y 25, se observa que fueron notificadas el 2 de julio de 2003
en el domicilio fiscal del quejoso, que el encargado de la diligencia se
identificó y consignó su código, número de documento de identidad
y firma en las respectivas constancias, que indicó como motivo de la
no entrega ‘rechazado’ y que dejó constancia de haber fijado en el
domicilio del quejoso el Cedulón N° 0455452.
Que tal como se ha señalado en los considerandos precedentes, con-
signar ‘rechazado’ en las constancias de notificación equivale a in-
dicar la negativa de la recepción de los documentos materia de no-
tificación, por lo que la notificación de las Resoluciones de Multa
N°s 143-02-0002849 y 143-02-0002850 debe entenderse efectuada
mediante certificación de la negativa a la recepción y se encuentran
arregladas a ley.
Que asimismo, dado que según el texto del inciso a) del artículo 104
del Código Tributario –según texto vigente hasta el 5 de febrero de
2004–, cuando se efectuara la notificación mediante certificación de
la negativa a la recepción, adicionalmente podía fijarse la notifica-
ción en la puerta principal del domicilio fiscal, lo que ha sucedido
en el presente caso, tal circunstancia no enerva que la notificación
efectuada mediante certificación de la negativa a la recepción se en-
cuentra arreglada a ley”.
“Que de la constancia de notificación de la Orden de Pago N° 023-
001-1920201 (reverso foja 81), cuya cobranza se sigue con Expe-
diente Coactivo N° 023-006-0497335, se aprecia que el encargado
de la diligencia se presentó en el mencionado domicilio fiscal del
quejoso el 6 de setiembre de 2007, consignando la certificación de
la negativa de la recepción y, a la vez, indicando que el domicilio se
encontraba cerrado, lo que resulta contradictorio y resta fehaciencia
a dicha diligencia de notificación, por lo que no se encuentra acre-
ditado que la deuda contenida en el dicho valor tuviese la calidad de

33
exigible coactivamente en los términos del inciso d) del artículo 115
del anotado código y, por lo tanto, corresponde declarar fundada la
queja también en este extremo, debiendo la Administración dejar sin
efecto ‘el aludido procedimiento coactivo en lo que a dicha deuda
se refiere y levantar las medidas cautelares trabadas al respecto, así
como aplicar los criterios recogidos en las Resoluciones del Tribunal
Fiscal N°s 10499-3-2008 y 08879-4-2009, de ser el caso’”.
“Que de las constancias de notificación de las Órdenes de Pago
N°s 023-001-1928339 a 023-001-1928345 (fojas 73/reverso a 79/re-
verso y 82), cuya cobranza coactiva se sigue con Expediente Coacti-
vo N° 023-006-0497335, se tiene que las diligencias se habrían rea-
lizado en el domicilio fiscal del quejoso, mediante certificación de la
negativa a la recepción; sin embargo, se presentan enmendaduras en
la fecha en que esta se habría realizado, siendo que tales enmendadu-
ras restan fehaciencia a los actos de notificación y, en tal sentido, no
se encuentra acreditado en autos que la deuda contenida en los aludi-
dos valores fuese exigible coactivamente en los términos del inciso d)
del artículo 115 del referido código; por la que corresponde declarar
fundada la queja en este extremo, debiendo la Administración dejar
sin efecto los mencionados procedimientos coactivos con relación a
dicha deuda, y levantar las medidas cautelares trabadas al respecto,
así como aplicar los criterios recogidos en las Resoluciones del Tribu-
nal Fiscal N°s 10499-3-2008 y 08879-4-2009, de ser el caso”.
De otro lado, cabe indicar que al amparo del inciso a) del artículo 104
del Código Tributario, la notificación puede ser por acuse de recibo o por
negativa, y no ambas, por lo que en la constancia de notificación debe que-
dar claramente establecido que modalidad se empleó, siendo que cualquier
contradicción invalida la notificación.
Sobre ello se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, entre otras, en las siguien-
tes resoluciones:
“Que de la revisión de las constancias de notificación de las Órdenes de
Pago Nºs 113-001-0025888, 113-001-0028182, y 113-001-0032553 a

34
113-001-0032555 (fojas 84 a 88), se observa que con fechas 5 de octu-
bre, 14 de diciembre de 2005 y 5 de junio de 2006, se dejó constancia
de la certificación de la negativa a la recepción; sin embargo se ha
consignado además la frase ‘recibido por encargado’, lo que resulta
contradictorio y no otorga certeza respecto a la realización de dichas
diligencias, por lo que no puede afirmarse, que se encuentren acorde
a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 104 del Código Tributario.
Que en tal sentido, al no haberse acreditado que las deudas conteni-
das en las Órdenes de Pago Nºs 113-001-0025888, 113-001-0028182
y 113-001-0032553 a 113-001-0032555 resultaran ser exigibles
coactivamente en los términos del artículo 115 del Código Tributa-
rio, procede declarar fundada la queja en este extremo y ordenar se
suspendan los procedimientos coactivos referidos a dichas órdenes
de pago, acumulados al Expediente Coactivo Nº 11306009949 y
acumulados, y se levanten las medidas cautelares trabadas respecto
de dicha deudas, de ser el caso”.
“Que con relación a los Expedientes Coactivos Nºs 0230060663396 y
0230060677914 relacionados con la cobranza de la deuda contenida
en la Orden de Pago Nº 0230012946532 y la Resolución de Pérdida
de Fraccionamiento N° 0230170381006, se debe señalar que a fojas
28 y 29 obran copia de los cargos de notificación correspondientes,
apreciándose que las diligencias se realizaron en el domicilio fiscal del
quejoso el 28 de octubre y el 13 de noviembre de 2009; no obstante,
existen inconsistencias que restan fehaciencia, por cuanto de un lado
el notificador señala que la diligencia se entendió con una persona que
se identificó y firmó, y de otro lado, deja constancia de la negativa a
la recepción por negativa a identificarse, lo que resulta contradictorio,
por lo que dichos actos no se efectuaron con arreglo a ley.
Que en consecuencia, al no existir deuda exigible coactivamente,
procede declarar fundada la queja en este extremo, disponer la con-
clusión del procedimiento de cobranza coactiva y levantar las medi-
das cautelares trabadas, así como la devolución de los montos que
hubiera embargado, de ser el caso”.

35
“Que según se advierte del cargo notificación de la Orden de Pago
N° 023-001-3399761 (foja 72) la diligencia de notificación se habría
llevado a cabo el 4 de octubre de 2011 en el domicilio fiscal de la
quejosa mediante negativa a la recepción, dejándose constancia que
la persona con quien se entendió la diligencia recibió el documento y
se negó a suscribir el acuse de recibo, para lo que el notificador con-
signó sus datos personales y firma; en consecuencia, la notificación
se realizó conforme a ley, por lo que dicha deuda resulta exigible
coactivamente en los términos establecidos por el inciso d) del ar-
tículo 115 del Código Tributario, careciendo de sustento lo alegado
por la quejosa al respecto.
Que del mismo modo, en cuanto a la supuesta nulidad de la noti-
ficación de la Orden de Pago N° 023-001-3399761 declarada en la
Resolución del Tribunal Fiscal N° 15390-7-2011 (fojas 113 a 117),
carece de sustento lo referido en dicho extremo ya que fue la notifi-
cación, realizada el 20 de enero de 2011, la que se señaló que no se
encontraba arreglada a ley, lo que no impide que la Administración
vuelva a realizar su diligencia de notificación, tal como lo hizo el 4
de octubre de 2011”.
c) Por sistemas de comunicación electrónicos
El inciso b) del artículo 104 del Código Tributario también contempla la
posibilidad de notificar los actos de la Administración a través de sistemas
de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega
por la misma vía.
Precisa el mencionado inciso que tratándose del correo electrónico u otro
medio electrónico aprobado por la Sunat o el Tribunal Fiscal que permita
la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento,
la notificación se considerará efectuada al día hábil siguiente a la fecha del
depósito del mensaje de datos o documento.
De otro lado, la Sunat mediante Resolución de Superintendencia establecerá
los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados

36
a seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para la notificación
por los medios referidos en el segundo párrafo del citado literal.
Así, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008-Sunat, la
Administración Tributaria aprobó las normas que regulan la notificación
por correo electrónico.
Según el artículo 3 de la mencionada Resolución de Superintendencia, los
actos que pueden notificarse a través de Notificaciones SOL como un me-
dio electrónico, son los señalados en el Anexo de la Resolución de Superin-
tendencia Nº 014-2008-Sunat.
A efectos de realizar la notificación a través de Notificaciones SOL, la Sunat
depositará copia del documento en el cual consta el acto administrativo en
un archivo de Formato de Documento Portátil (PDF) en el buzón electróni-
co asignado al deudor tributario, registrando en sus sistemas informáticos
la fecha del depósito. La citada notificación se considerará efectuada y sur-
tirá efectos al día hábil siguiente a la fecha del depósito del documento, de
conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 104 y el artículo
106 del Código Tributario.(9)
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 014-2008-SUNAT
N°
TIPO DE
DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
REQUIERE AFILIACIÓN
A NOTIFICACIONES SOL
1
Resolución
de Intendencia u
Oficina Zonal
Devolución del Saldo a Favor del Impuesto a la Ren-
ta - Persona Natural - Otras Rentas - Ejercicio Gra-
vable 2007.
No
2
Resolución
de Intendencia
u Oficina Zonal
Autorización de nueva Orden de Pago del Sistema
Financiero de acuerdo al segundo párrafo del
artículo 7 del Decreto Supremo N° 051-2008-EF.
No
3
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
Devolución del Saldo a Favor del Impuesto a la Renta
- Persona Natural - Otras Rentas - Ejercicio Gravable
2008.
No
4
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal(9)
Aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tribu-
taria a que se refieren las Resoluciones de Superin-
tendencia números 199-2004/Sunat y normas modi-
ficatorias y 176-2007/Sunat y normas modificatorias.
No
(9) Que aprueba o deniega la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria,
así como la que se pronuncia sobre el desistimiento.

37
N°
TIPO DE
DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
5
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
Solicitud de libre disposición de los montos depo-
sitados en las cuentas del Banco de la Nación por
concepto de la aplicación del Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno central,
conforme a lo dispuesto en el inciso a) del numeral
9.2 del artículo 9 del Texto Único Ordenado del De-
creto Legislativo Nº 940, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 155-2004-EF y norma modificatoria.
No
6
Resolución de
Intendencia u Oficina
Zonal y Comunicación
de inicio del
procedimiento
Ingreso como recaudación de los fondos depositados
en la cuenta de detracciones, conforme a lo dispuesto
en el numeral 9.3 del artículo 9 del Texto Único Ordena-
do del Decreto Legislativo Nº 940, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 155-2004-EF y norma modificatoria.
No
7
Resolución
de Intendencia
u Oficina Zonal
Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Renta
- Persona Natural - Ejercicio Gravable 2009 por Ren-
tas de primera categoría y/o Rentas del Trabajo y
Fuente Extranjera”.
No
8 Orden de Pago No
9
Resolución Coactiva
que dispone la acu-
mulación de expe-
dientes
Cobranza Coactiva. No
10
Resolución
de Intendencia
u Oficina Zonal(10)
Devolución de percepciones del Impuesto General
a las Ventas.
No
11
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
tas del Capital: primera y segunda categorías, y Ren-
tas del Trabajo y Fuente Extranjera.
No
12
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
tas del Capital: primera y segunda categorías y Ren-
tas del Trabajo y Rentas de Fuente Extranjera.
No
13
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
tas del Capital: primera y segunda categorías y Ren-
tas del Trabajo y Rentas de Fuente Extranjera.
No
14
Resolución Coactiva
que dispone la con-
clusión del procedi-
miento de cobranza
coactiva.
Cobranza coactiva No
.(10)
(10) Que resuelve las solicitudes de devolución presentadas por sujetos del Nuevo Régimen Único
Simplificado.

38
N°
TIPO DE
DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
15
Resolución
de Intendencia
u Oficina Zonal
Inscripción o Exclusión del Registro Especial de
Operadores Turísticos
No
16
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal (3)
Devolución de pagos indebidos o en
exceso y otros casos de devolución de
impuestos - Tributos internos
No
17
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal (3)
Entrega de Notas de Crédito Negociables
por la diferencia no aplicada de los
Documentos Cancelatorios - Tesoro
Público - Tributos Internos.
No
18
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal (3)
Nueva emisión de Notas de Crédito Negociables por
pérdida, deterioro o destrucción parcial o total - Tri-
butos internos.
No
19
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
Reconocimiento de pago con error en el código de
tributo o multa, a que se refiere la Quincuagésimo
Sexta Disposición Final del TUO del Código Tribu-
tario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF.
No
20
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
Devolución del saldo a favor del Impuesto a la Ren-
ta - Persona Natural - Ejercicio Gravable 2013 por
Rentas del Capital: primera y segunda categorías y
Rentas del Trabajo y Rentas de Fuente Extranjera.
No
21
Resolución de
Intendencia u
Oficina Zonal
Resolución que resuelve la solicitud de autorización
para incorporarse al Sistema de Emisión Electrónica.
No
22
Resolución
de Intendencia u
Oficina Zonal
- Persona Natural por Rentas del Capital: primera y
segunda categorías y Rentas del Trabajo y Rentas de
Fuente Extranjera.
No
Respecto de la modalidad de notificación regulada en el inciso b) del ar-
tículo 104 del Código Tributario también existen pronunciamientos del
Tribunal Fiscal.
“Que por otro lado, obra a fojas 936 a 939, copia de los documen-
tos denominados ‘Notificaciones SOL’, que acredita el depósito de
las Órdenes de Pago Nºs 071-001-0041213, 071-001-0041214, 071-
001-0041604 y 071-001-0041605 en el sistema electrónico el 25 de

39
octubre y 24 de noviembre de 2010, por lo que de conformidad con
el inciso b) del artículo 104 del anotado código, corresponde con-
siderar que dicha notificación se efectuó el 26 de octubre y 25 de
noviembre del mismo año, y por ende, la deuda contenida en dichos
valores constituye deuda exigible coactivamente en los términos del
artículo 115 del código en mención”.
“Que de la documentación que obra en autos se evidencia que la Or-
den de Pago N° 171-001-0030269 (fojas 141 a 144) fue depositada
electrónicamente el 29 de mayo de 2012 mediante Notificaciones
SOL, sin embargo la Administración no ha acreditado que la quejosa
haya obtenido su Código de Usuario y Clave SOL, en consecuencia,
no ha acreditado que se encontrara facultada a efectuar la notifica-
ción de la referida orden de pago mediante el sistema de Notificacio-
nes SOL, por lo que dicha notificación no se encuentra conforme con
el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, no obstante se ha
producido su notificación tácita el 7 de junio de 2012 con la presen-
tación del Formulario 194 N° 1710400001559 (fojas 20 a 22), por
lo que la deuda contenida en el referido valor tiene la condición de
exigible coactivamente en los términos del artículo 115 del Código
Tributario”.
d) Por constancia administrativa
Otra de las modalidades de notificación contempladas por el artículo 104
del Código Tributario es la recogida en el inciso c) del mencionado artículo,
la cual consiste en la notificación por constancia administrativa, cuando
por cualquier circunstancia el deudor tributario, su representante o apode-
rado, se haga presente en las oficinas de la Administración Tributaria.
El acuse de notificación por constancia administrativa deberá contener,
como mínimo, los datos indicados en el segundo párrafo del inciso a) y
señalar que se utilizó esta forma de notificación.
En ese sentido, cuando la constancia o cargo de notificación carece de los
datos señalados en el párrafo precedente, la notificación no es válida por lo

40
que la deuda que contenga el valor indebidamente notificado no es exigible
coactivamente.
“Que del cargo de notificación de la Orden de Pago N° 021-001-
0222667, se observa que tal acto se habría llevado a cabo mediante
constancia administrativa, pero en la referida constancia no se con-
signa los datos de identificación y firma del receptor, por el contrario,
se consigna que la notificación se realizó por Cedulón por encontrar
el domicilio cerrado, contradicción que le resta fehaciencia a dicha
diligencia. Que en tal sentido, al no resultar exigible coactivamente
las deudas contenidas en los citados valores, en los términos de los
incisos a) y d) del artículo 115 del Código Tributario, corresponde
declaran fundada la queja presentada en este extremo, y disponer
que la Administración dé por concluido el procedimiento de cobran-
za en cuanto a tales deudas, desacumular dichas deudas y levantar
las medidas cautelares trabadas con relación a los referidos valores
materia de cobranza”.
e) Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido
El inciso e) del artículo 104 del Código Tributario señala que, cuando se
tenga la condición de no hallado o no habido o cuando el domicilio del
representante de un no domiciliado fuera desconocido, la Sunat realizará la
notificación de la siguiente forma:
1. Mediante acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tri-
butario, al representante legal o apoderado, o con certificación de la ne-
gativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia, según
corresponda, en el lugar en que se los ubique. Tratándose de personas
jurídicas o empresas sin personería jurídica, la notificación podrá ser
efectuada con el representante legal en el lugar en que se le ubique, con
el encargado o con algún dependiente de cualquier establecimiento del
deudor tributario o con certificación de la negativa a la recepción, efec-
tuada por el encargado de la diligencia.

41
2. Mediante la publicación en la página web de la Sunat o, en el Diario
Oficial o, en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales
o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.
En el caso de la notificación por publicación, esta deberá contener el nom-
bre, denominación o razón social de la persona notificada, el número de
RUC o número del documento de identidad que corresponda, la numera-
ción del documento en el que consta el acto administrativo, así como la
mención a su naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de estos y el
periodo o el hecho gravado; así como las menciones a otros actos a que se
refiere la notificación.
De ambas modalidades de notificación la que comúnmente emplea la Admi-
nistración es la de la publicación a través de la página web de la Sunat. No
obstante, para emplear dicha modalidad de notificación es un presupuesto
previo que el contribuyente tenga la condición de no hallado o no habido.
Con relación a la condición de no hallado el artículo 4 del Decreto Supremo
N° 041-2006-EF señala que el deudor tributario adquirirá automáticamen-
te la condición de no hallado, sin que para ello sea necesaria la emisión y
notificación de acto administrativo adicional alguno, si al momento de no-
tificar los documentos mediante correo certificado o mensajero, o al efec-
tuar la verificación del domicilio fiscal, se presenta alguna de las siguientes
situaciones:
i) Negativa de recepción de la notificación o negativa de recepción de la
constancia de la verificación del domicilio fiscal por cualquier persona
capaz ubicada en el domicilio fiscal.
ii) Ausencia de persona capaz en el domicilio fiscal o este se encuentre
cerrado.
iii) No existe la dirección declarada como domicilio fiscal.
Añade el referido artículo que para determinar la condición de no hallado
las situaciones antes señaladas deben producirse en tres (3) oportunidades
en días distintos, siendo que dicho cómputo se efectuará a partir de la últi-
ma notificación realizada con acuse de recibo o de la última verificación del

42
domicilio fiscal y además, tales situaciones deberán ser anotadas en el acuse
de recibo o en el acuse de la notificación a que se refieren los incisos a) y f)
del artículo 104 del Código Tributario, respectivamente, o en la constancia
de la verificación del domicilio fiscal; y que para tal efecto emita el notifi-
cador o mensajero, de acuerdo con lo que señale la Sunat.
De otro lado, los artículos 5 y 6 del citado Decreto Supremo establecen el
procedimiento para el levantamiento de la condición de no hallado y del
cambio de condición de no hallado a no habido, respectivamente; precisan-
do el numeral 6.1 que la Sunat procederá a requerir al deudor tributario
que adquirió la condición de no hallado para que cumpla con declarar o
confirmar su domicilio fiscal hasta el último día hábil del mes en el que se
le efectúa el requerimiento, bajo apercibimiento de asignarle la condición
de no habido.
Asimismo, la única disposición complementaria transitoria del aludido de-
creto indica que los deudores tributarios, que a la fecha de su entrada en vi-
gencia, figuren con domicilio fiscal no hallado en los datos de su Ficha RUC
consignados en el Comprobante de Información Registrada, serán conside-
rados como deudores tributarios no habidos si dentro del plazo de veinte
(20) días hábiles contado a partir de la publicación que realice la Sunat de
aquellos que se encuentren en la mencionada situación, no cumplen con
declarar o confirmar su domicilio fiscal; sin perjuicio de lo cual, la Sunat
podrá verificar el referido domicilio y aplicar, de ser el caso, lo previsto en
el artículo 4.
En este contexto, para que proceda la notificación al amparo del inciso
e) del artículo 104 del Código Tributario, primero debe verificarse la con-
dición de no hallado o no habido del contribuyente.
Sobre el particular el Tribunal Fiscal ha señalado lo siguiente:
“Que a efecto de proceder bajo esta modalidad de notificación la
Administración ha indicado que la quejosa adquirió la condición de
no hallado el 12 de noviembre de 2007 luego de intentar notificarle
en tres oportunidades distintas el Documento N° 4393042500239,

43
no obstante, dicho ente fiscal no ha remitido las constancias de noti-
ficación respectivas que acrediten tales diligencias, por lo que no se
encuentra acreditado que la quejosa hubiera adquirido la condición
de ‘no hallado’ (ni la de “no habido”) de acuerdo al procedimiento
establecido en el Decreto Supremo N° 041-2006-EF, y en tal senti-
do no puede afirmarse que la notificación de las Órdenes de Pago
N°s 023-001-2135644 a 023-001-2135649, se encuentre arreglada a
ley.
Que al no haberse notificado conforme a ley las Órdenes de Pago
N°s 023-001-2135644 a 023-001-2135649, las deudas contenidas en
ellas no resultaban exigibles coactivamente en los términos del inci-
so d) artículo 115 del Código Tributario, correspondiendo declarar
fundada la queja presentada en este extremo y disponer que la Admi-
nistración dé por concluido el anotado procedimiento de cobranza
coactiva y levante las medidas cautelares trabadas al respecto”.
“Que del cargo de notificación de la Orden de Pago Nº 023-001-
2006747 (fojas 45 y 45/vuelta), se observa que el notificador acudió
al domicilio fiscal declarado por la quejosa en tres oportunidades,
los días 12, 15 y 16 de octubre de 2007, encontrándolo cerrado en
las dos primeras visitas, y notificándola en la tercera visita mediante
certificación de la negativa a la recepción por persona capaz.
Que en cuanto a las dos primeras visitas, cabe indicar que si bien se
ha cumplido con indicar que se encontró el domicilio cerrado, no se
ha acreditado el cumplimiento de las formalidades previstas por el
inciso f) del artículo 104 del aludido código 24, toda vez que del car-
go de notificación de la orden de pago antes aludida, no se aprecia
que se haya consignado el número de Cedulón, ni que esta haya sido
fijada en el domicilio fiscal de la quejosa.
Que por lo tanto, al no haber acreditado la Administración que si-
guió el procedimiento establecido por el Decreto Supremo N° 041-
2006-EF para considerar a la quejosa como no hallada y/o no habida,
no se encontraba habilitada para notificar mediante publicación en

44
su página web los valores señalados en el Cuadro N° 1, y por ende,
no se ha acreditado que existiera deuda exigible coactivamente en los
términos del artículo 115 del anotado código.
Que en tal sentido, las notificaciones de las Órdenes de Pago
N°s 0230012244686 a 0230012244692, 0230012901499 a
0230012901511,0230012953318,0230013684565a0230013684567,
0230013692420, 0230013695923, 0230013700207, 0230014427284
a 0230014427292, 0230013366100 y Resoluciones de Multa
N°s 0230020210231, 0230020210679 a 0230020210681, 0230020582638
a 0230020582643 y 0230020763887 a 0230020763895, realizadas
mediante publicación en la página web de la Sunat en las fechas an-
tes indicadas, no se encuentran arregladas a ley, correspondiendo
declarar fundada la queja en este extremo, debiendo aquella dar por
concluido los procedimientos coactivos iniciados con relación a di-
chos valores, levantar y/o reducir las medidas cautelares trabadas y
disponer la devolución de los montos embargados indebidamente, de
ser el caso”.
“Que en ese sentido, en cuanto a la Orden de Pago N° 053-001-
0279993, las Resoluciones de Multa N°s 053-002-0061715 a 053-
002-0061718 y las Resoluciones de Ejecución Coactiva N°s 053-006-
0130793, 053-006-0167283 y 053-006-0208592, que dieron inicio
a la cobranza coactiva de las deudas contenidas en la Orden de Pago
N° 053-001-0210789 y de los demás valores mencionados, notifica-
dos vía publicación los días 23 de octubre de 2008, 20 de noviembre,
9 de diciembre de 2009, 17 de diciembre de 2010 y 31 de marzo de
2011 (folios 63 a 73), es decir luego que la recurrente habría adqui-
rido la condición de ‘no habida’, cabe concluir que las diligencias
correspondientes no se ajustaron a ley, al no haberse acreditado el
cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto Supremo
N° 041-2006-EF.
Que estando a lo expuesto, corresponde declarar fundada la que-
ja presentada, debiendo la Administración dar por concluido el

45
procedimiento de cobranza coactiva seguido con Expedien-
te Coactivo N° 0530060130793 y Acumulados, así como le-
vantar los embargos trabados en lo que respecta a dichas deu-
das, en especial el dispuesta mediante la Resolución Coactiva
N° 0530070344010”.
f) Por Cedulón
Finalmente, según el inciso f) del artículo 104 del Código Tributario,
cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estu-
viera cerrado, se fijará un Cedulón en dicho domicilio y los documentos
a notificarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la puerta, en el domicilio
fiscal.
El acuse de la notificación por Cedulón deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
- Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario.
- Número de RUC del deudor tributario o número del documento de
identificación que corresponda.
- Número de documento que se notifica.
- Fecha en que se realiza la notificación.
- Dirección del domicilio fiscal donde se realiza la notificación.
- Número de Cedulón.
- El motivo por el cual se utiliza esta forma de notificación.
- La indicación expresa de que se ha procedido a fijar el Cedulón en el
domicilio fiscal, y que los documentos a notificar se han dejado en sobre
cerrado, bajo la puerta.

46
Respecto de esta modalidad de notificación y cumplimiento de sus requisi-
tos, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado señalando lo siguiente:
“Que se aprecia de las constancias de notificación que las Órdenes
de Pago N° 093-001-0007219 a N° 093-001-0007222, N° 093-001-
0007224 a N° 093-001-0007226 y N° 093-001-0007228 (folios 128
a 143), habrían sido notificadas mediante Cedulón, sin embargo, el
encargado de efectuar dichas diligencias no consignó las razones que
originaron el empleo de esta modalidad de notificación, lo que no se
ajusta a lo establecido en el artículo 104 del Código Tributario, sien-
do además que en algunos casos la fecha en que se habría efectuado
dicha diligencia se encuentra con enmendaduras e ilegible, lo que
resta fehaciencia al referido acto de notificación, por lo que procede
declarar fundada la queja en este extremo, disponer que la Adminis-
tración dé por concluido dichos procedimientos de cobranza coacti-
va y levante las medidas cautelares que hubiera trabado respecto de
tales valores”.
“Que de acuerdo con la documentación remitida por la Adminis-
tración, mediante Resolución de Ejecución Coactiva Nº 083-006-
0058337 (foja 47), se inició el procedimiento de cobranza coactiva de
la deuda contenida en la Resolución de Multa N° 083-002-0009860,
girada por la comisión de la infracción prevista en el numeral 1 del
artículo 176 del Código Tributario;
Que en la constancia de notificación de la referida resolución de
multa (foja 35), figura que el notificador visitó el día 04 de enero de
2006 el domicilio fiscal del quejoso, encontrándolo cerrado, motivo
por el cual efectuó la notificación mediante Cedulón N° 0018498;
Que sin embargo, en el referido cargo no se hace mención alguna a
si el documento a notificar fue dejado en sobre cerrado bajo la puer-
ta del indicado domicilio como exige el mencionado artículo 104,

47
por lo que no se encuentra acreditado que la notificación se efectuó
en la forma que establece el inciso f) del artículo 104 del Código
Tributario.
Que en ese sentido, al no existir deuda exigible coactivamente, co-
rresponde amparar la presente queja, en consecuencia, la Adminis-
tración debe suspender en forma definitiva el procedimiento de co-
branza coactiva seguido respecto al mencionado valor y levantar las
medidas cautelares trabadas, de ser el caso”.
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA
COACTIVA
XX Protocolo de actuación para la atención en cobranza coactiva
de la Sunat
Según lo señalado en el Protocolo de actuación para la atención en cobran-
za coactiva de la Sunat, el mismo que forma parte de la presente obra como
Anexo, emitido por la Gerencia de Proyectos y Procesos Transversales -
INDESCC, en septiembre de 2014, “en cumplimiento de sus funciones, el
Personal de Cobranza Coactiva está obligado en toda circunstancia a evitar
cualquier acción u omisión que conlleve a generar al contribuyente o ciuda-
dano, inconvenientes, incomodidad, desorientación o perjuicio, atribuibles
al comportamiento o proceder de los mencionados colaboradores; sin que
esto signifique dejar de ejercer la facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo
el cobro de la deuda exigible”.
Agrega el Protocolo, que “la atención al contribuyente o ciudadano debe ser
integral. En dicho sentido, la intervención de todas las áreas involucradas
en la misma debe ser coordinada y dirigida a brindar un servicio óptimo”.
Asimismo, el Protocolo ha establecido obligaciones, indicaciones acerca del
comportamiento ético y aspectos técnicos que debe tener en cuenta el per-
sonal de cobranza coactiva en la atención de los contribuyentes, así como
los derechos de estos en un procedimiento de cobranza.

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XX Derechos de los contribuyentes en un procedimiento de
cobranza coactiva
Según el Protocolo de actuación para la atención en cobranza coactiva de
la Sunat, en un procedimiento de cobranza coactiva, el contribuyente tiene
derecho a:
1. Ser tratado con respeto y consideración.
2. Que le informen por escrito el inicio del procedimiento de cobranza
coactiva, así como la identidad del ejecutor y auxiliar, que tengan a
cargo el mismo.
3. Que el personal de cobranza se identifique con su documento de iden-
tificación institucional o en su defecto con su documento nacional de
identidad.
4. Que la Sunat le permita a través de su portal institucional o de su cen-
tral de consultas telefónicas, corroborar la identidad del personal de
cobranza.
5. Ser informado de manera veraz, oportuna, clara, completa y confiable
sobre los temas y procedimientos vinculados al procedimiento de co-
branza coactiva de interés para el contribuyente o ciudadano.
6. A ser tratado con imparcialidad.
7. Solicitar con el debido sustento, la ampliación de plazos otorgados para
la presentación de documentación requerida.
8. A que no se notifique por medios físicos las resoluciones coactivas que se
deben de notificar a través de la vía electrónica, salvo caso que se trate
de un procedimiento de contingencia.
9. Que una vez cancelada la deuda tributaria se levante con celeridad la
medida de embargo y se le notifique la resolución coactiva que declara
concluido el procedimiento de cobranza coactiva.

49
10. Que el procedimiento de cobranza coactiva, tenga en cuenta los dere-
chos reconocidos por la Constitución o las leyes.
11. La atención de la solicitud del contribuyente para reuniones en las ofici-
nas de la Sunat, donde analicen a pedido del contribuyente temas como
el procedimiento y/o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva,
razones de oposición a las observaciones planteadas entre otras que ten-
gan conexión con los procedimientos de cobranza.
12. Ser informado respecto a:
a. Los plazos establecidos en el Código Tributario para el pago de la
deuda.
b. Los demás procedimientos vinculados al pago de la deuda, como la
corrección de pagos, reimputación de pagos, fraccionamiento y ser
informado de las rebajas que le otorga el régimen de gradualidad.
c. El avance y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva.
d. El procedimiento de cobranza coactiva se realiza preferentemente
en días hábiles y en horario de oficina, salvo que medien razones
que por la operatividad lo justifique; como lo es en las acciones del
embargo, el giro del negocio del contribuyente o la oportunidad para
realizar las mismas.
e. La posibilidad de ser asistido por la Administración Tributaria para
el cumplimiento de sus obligaciones, producto de los procedimientos
de cobranza coactiva realizados.
f. El derecho a rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las dis-
posiciones sobre la materia.
g. El derecho que tiene a no estar de acuerdo con las determinaciones
realizadas, efectuando los reclamos y/o apelaciones respectivas.
h. La posibilidad de acceder a los expedientes del procedimiento de
cobranza coactiva en los que son parte, con excepción de aquella

50
información de terceros que se encuentre comprendida en la reserva
tributaria.
i. No está obligado a proporcionar los documentos ya presentados y
que se encuentren en poder de la Administración Tributaria.
XX Inicio del procedimiento de cobranza coactiva
De acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 117 del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, el procedimiento de cobranza coac-
tiva es iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor
tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un man-
dato de cancelación de las Órdenes de Pago o Resoluciones en cobranza,
dentro de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas
cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso que
estas ya se hubieran dictado.
Transcurrido el plazo de siete (7) días hábiles, el ejecutor coactivo podrá
disponer que se trabe las medidas cautelares previstas en el artículo 118 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, que considere necesarias,
pudiendo, asimismo, adoptar otras medidas no contempladas en dicho ar-
tículo, siempre que asegure de la forma más adecuada el pago de la deuda
tributaria materia de la cobranza.
Las medidas cautelares surtirán efectos desde el momento de su recepción y
señalarán cualesquiera de los bienes y/o derechos del deudor tributario, aun
cuando se encuentren en poder de un tercero.
XX La resolución que da inicio al procedimiento de cobranza
coactiva
La resolución de ejecución coactiva, que da inicio al procedimiento de co-
branza coactiva, deberá contener bajo sanción de nulidad:
1. El nombre del deudor tributario.
2. El número de la orden de pago o resolución objeto de la cobranza.

51
3. La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los inte-
reses y el monto total de la deuda.
4. El tributo o multa y periodo a que corresponde.
La nulidad solo estará referida al acto que contiene la deuda objeto de
cobranza, respecto de la cual se inició el Procedimiento de Cobranza
Coactiva.
En este contexto, tenemos que para que un procedimiento de cobranza
coactiva sea iniciado correctamente la Resolución de Ejecución Coactiva
debe señalar la información antes indicada y además debe ser notificado
conforme a ley, caso contrario se trataría de un procedimiento iniciado
indebidamente.
XX Efectos de la nulidad de la resolución de ejecución coactiva
Con relación a los efectos de la nulidad, el numeral 12.1 del artículo 12 de
la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 señala
que la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la
fecha del acto.
Por su parte el numeral 13.1 del artículo 13 de la mencionada Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General establece que la nulidad de un acto solo
implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él.
Añade, el numeral 13.2 del artículo 13 de la citada Ley que la nulidad
parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que
resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni
impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda
ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.
En ese sentido, conforme a las normas glosadas, la nulidad de la resolución
de ejecución coactiva que da inicio al procedimiento de cobranza coactiva
acarrea la nulidad de todo el procedimiento en tanto los actos emitidos al
interior del procedimiento de cobranza dependen de la resolución de ejecu-
ción coactiva que lo inició.

52
Sobre el particular se ha pronunciado la Sunat, señalando lo siguiente:
Informe N° 135-2013-Sunat/4B0000
“Teniendo en cuenta lo expuesto, tratándose de casos en que se de-
clara la nulidad de la resolución de ejecución coactiva, ya sea por
haber incurrido esta en alguno de los supuestos a los que hace re-
ferencia el artículo 109 o porque se ha incumplido con alguno de
los requisitos del artículo 117 del TUO del Código Tributario, los
actos sucesivos dictados en el procedimiento de cobranza coactiva
a que dio lugar dicha resolución, en tanto se encuentren vinculados
a aquel, carecerán también de efectos legales de conformidad con el
numeral 13.1 del artículo 13 de la LPAG anteriormente citado.
Ello considerando que la resolución de ejecución coactiva declarada
nula sirve de base a los demás actos sucesivos dentro del procedi-
miento de cobranza coactiva que se inició con la resolución en men-
ción; y es la causa por la que, posteriormente, el ejecutor coactivo
emite actos para asegurar el pago de la deuda tributaria.
En ese sentido, tratándose de situaciones en las que el ejecutor coac-
tivo dispone acumular por conexión diversos procedimientos de co-
branza coactiva, la nulidad solo alcanzará a la cobranza de los valores
iniciada con la resolución de ejecución coactiva declarada nula, no
pudiendo comprender la cobranza de aquellos otros valores iniciada
conforme a ley y que, por no estar vinculada con aquella, conserva
su validez y eficacia, aun cuando resulte de actos emitidos con poste-
rioridad a la resolución coactiva que dispuso su acumulación al pro-
cedimiento de cobranza iniciado con la referida resolución declarada
nula. Ello, habida cuenta que en aplicación de lo dispuesto por el
numeral 13.2 del artículo 13 de la LPAG, debe entenderse que la nu-
lidad parcial de los actos posteriores a tal acumulación (esto es, de la
parte vinculada a la resolución de ejecución coactiva declarada nula),
no alcanza a la parte referida a la cobranza que resulta independiente
de aquella declarada nula”.

53
XX Notificación de la resolución de ejecución coactiva
Sobre el acto de notificación de la resolución de ejecución coactiva, el Tri-
bunal Fiscal ha emitido abundante jurisprudencia, entre la que podemos
destacar las siguientes:
“Que del cargo de notificación de la Resolución de Ejecución Coacti-
va N° 063-008-0144077 que dio inicio al Procedimiento de Cobran-
za de la deuda contenida en la Resolución de Multa N° 063-0102-
0048848, de foja 34, se observa que fue notificada mediante acuse
de recibo en el domicilio fiscal de la quejosa el 3 de marzo de 2009
dejándose constancia de los datos de identificación y firma de quien
recibió tal documento, de acuerdo con lo establecido en el inciso
a) del artículo 104 del Código Tributario por lo que al encontrarse
arreglado de ley el inicio del procedimiento de cobranza coactiva, la
queja presentada deviene en infundada en este extremo”.
“Que a foja 23 obra la constancia de notificación de la anotada reso-
lución de ejecución coactiva, la que habría sido notificada mediante
acuse de recibo en el domicilio fiscal del quejoso el 2 de enero de
2010; habiéndose dejado constancia de los datos de identificación y
la firma de la persona con quien se realizó la diligencia, señalando
que no exhibió su documento nacional de identidad y, de otro lado,
figura que la persona capaz encontrada en el domicilio fiscal recibió,
se negó a suscribir el acuse de recibo y se negó a identificarse, cir-
cunstancia que resta fehaciencia al mencionado acto de notificación,
por lo que dicha resolución de ejecución coactiva no ha sido notifi-
cada de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 104
del Código Tributario, en tal sentido, no se ha acreditado que la co-
branza de la deuda contenida en la referida resolución de multa haya
sido iniciada con arreglo a ley, por lo que procede declarar fundada
la queja presentada, debiendo la Administración dejar sin efecto el
citado procedimiento, levantar o reducir las medidas cautelares que
hubieran trabado con relación a este, de ser el caso, y proceder a

54
la devolución de los importes que se hubieran imputado como con-
secuencia de tales medidas cautelares, de corresponder, de acuer-
do con el criterio establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal
N° 08879-4-2009”.
“Que obra a foja 46 la constancia de notificación de la Resolución
de Ejecución Coactiva N° 093-006-0097364 en la que si bien se con-
signa el nombre y la firma de la persona que habría recibido el docu-
mento, se precisan tres fechas 18, 19 y 24 de setiembre de 2008, y en
el recuadro correspondiente a “Detalle de la Visita” se señala que se
realizó una sola visita sin indicarse la fecha de esta, por lo que ello le
resta fehaciencia a la diligencia.
Que en tal sentido, la referida resolución de ejecución coactiva no ha
sido notificada conforme con el citado artículo 104 del Código Tri-
butario y por ende no se ha iniciado debidamente el procedimiento
de cobranza coactiva seguido con Expediente Coactivo N° 093-006-
0097364, por lo que corresponde amparar la presente queja y que la
Administración suspenda de forma definitiva dicho procedimiento y
levante las medidas cautelares que se hubieran trabado al interior de
este”.
4. CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA
De acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 119 del Código
Tributario, únicamente el ejecutor coactivo puede suspender o concluir el pro-
cedimiento de cobranza coactiva en trámite, no pudiendo hacerlo, en conse-
cuencia, ninguna autoridad ni órgano administrativo, político ni judicial.
XX Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva
El ejecutor suspenderá temporalmente el procedimiento cuando se presente
alguna de las causales detalladas en el literal a) del artículo 119 del Código
Tributario, las cuales pasamos a indicar a continuación:

55
1. Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una
medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo
dispuesto en el Código Procesal Constitucional.
“Que la quejosa presenta la copia legalizada de la Resolución
Nº 01 de 20 de julio de 2009, expedida por el Tercer Juzgado Cons-
titucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente
Nº 15027-2009-80-1801-JR-CI-03, mediante la cual se resuelve tra-
bar medida cautelar de no innovar respecto a los procedimientos de
cobranza coactiva seguidos por la Sunat de las deudas del periodo
comprendido entre el 2 de diciembre de 2000 y el 2 de agosto de
2006 contra la Empresa Radiodifusora 1160 S.A., ordenándose la
suspensión de los mismos hasta la existencia de un fallo definitivo.
(…)
Que respecto al procedimiento de cobranza tramitado con el Expe-
diente Nº 0230060103885, referido a las deudas contenidas en las
Resoluciones de Multa Nºs 023-002-0027340 a 023-002-0027343,
023-002-0027693, 023-002-0027694, 023-002-0028935, 024-002-
0028936, 024-002-0018388 a 024-002-0018392, 024-002-0018394
y 024-002-0018395, vinculadas a los periodos de enero a junio de
2004, según lo señalado en el Informe Nº 746-2009-SUNAT/2I0203,
cabe señalar que pese a encontrarse vencido el plazo concedido en
el Proveído Nº 2767-3-2009 de 9 de diciembre de 2009, la Admi-
nistración no ha dado respuesta a lo solicitado por esta instancia,
por lo que procede emitir pronunciamiento con la documentación
que obra en autos, de conformidad con el criterio establecido por
el Acuerdo de Sala Plena que consta en el Acta de Reunión de Sala
Plena Nº 2005-15 de 10 de mayo de 2005, en el que se señaló que:
‘vencido el plazo otorgado, el Tribunal Fiscal resuelve el expediente
mediante una resolución aun cuando no exista respuesta o la misma
sea incompleta’.

56
Que en ese sentido, dado que al procedimiento antes señalado le re-
sulta aplicable lo establecido por la mencionada Resolución Nº 01 de
20 de julio de 2009, en aplicación de lo previsto por citado numeral
1 del inciso a) del artículo 119 del Código Tributario, procede de-
clarar fundada la presente queja, en este extremo, y disponer que el
Ejecutor Coactivo suspenda el procedimiento de cobranza coactiva,
en dicho extremo, hasta la existencia de un fallo definitivo”.
2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente.
La suspensión operará a partir de la entrada en vigencia de la referida
norma o en la oportunidad que esta lo disponga.
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 12183-1-2009
“Que el artículo 1 del Decreto Ley Nº 25604 establece que no serán
susceptibles de embargos preventivos ni de cualquier otra medida
cautelar, sin excepción, los bienes que sean de propiedad o que estén
en posesión de las empresas que conforman la actividad empresarial
del Estado y que hayan sido o sean declaradas en liquidación y com-
prendidas en el proceso de promoción de la inversión privada, bajo
la modalidad a que se refiere el inciso d) del artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 674, en los casos en que la Comisión de Promoción
de la Inversión Privada - Copri (ahora Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - Proinversión) así lo acuerde expresamente.
Que el Decreto Supremo N° 08-95-PCM extendió el ámbito de apli-
cación del artículo 1 del decreto ley antes mencionado a todo tipo de
medidas y procedimientos, inclusive los administrativos sin distin-
ción alguna.
Que asimismo, el Decreto Supremo Nº 008-97-PCM precisó que la
citada inembargabilidad comprende las medidas cautelares y otras
medidas, señaladas en el artículo 118 del Código Tributario, y se
ordenó bajo responsabilidad la inmediata suspensión de los proce-
dimientos de cobranza coactiva que se encontraran en trámite y el
levantamiento de cualquier medida cautelar trabada.

57
Que mediante Acuerdo Nº 284-94 de la Comisión de Promoción de
la Inversión Privada (Copri) del 5 de setiembre de 1994, se determi-
nó la inclusión de la quejosa dentro de los alcances del Decreto Ley
Nº 25604, de modo que sus bienes no son susceptibles de embargos
ni de cualquier otra medida cautelar.
Que asimismo mediante Acuerdo de la Sesión Nº 156 del Consejo
Directivo de Proinversión, publicado en el diario oficial El Peruano
el 4 de noviembre de 2006, se dispuso dejar sin efecto la inclusión
dentro de los alcances del Decreto Ley N° 25604, a las empresas del
Estado correspondientes al subsector eléctrico comprendidas dentro
del proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere el
Decreto Legislativo Nº 674.
Que mediante el Acuerdo Proinversión Nº 261-01-2008, publicado
en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2008, se mo-
dificó la entrada en vigencia del Acuerdo de la Sesión Nº 156 del
Consejo Directivo de Proinversión, disponiendo que esta entrará en
vigencia a partir del 1 de enero de 2010.
Que según lo dispuesto en el numeral 2 del inciso a) del artículo
119 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo
N° 981, el ejecutor coactivo debe suspender temporalmente el proce-
dimiento de cobranza coactiva, cuando una ley o norma con rango
de ley lo disponga expresamente.
(…)
Que mediante el Oficio Nº 436-2009-SUNAT/2K0400, ingresa-
do en la Mesa de Partes de este Tribunal el 13 de noviembre de
2009, la Administración dio respuesta al mencionado proveí-
do, adjuntando la documentación solicitada, así como el Informe
Nº 121-2009-SUNAT/2K0302.
Que de autos se observa que mediante la Resolución de Ejecución
Coactiva Nº 061-006-0011062 (foja 69) del 19 de setiembre de 2006
se inició la cobranza coactiva de las Resoluciones de Determinación
Nºs 062-03-0000396 a 062-03-0000399 y 062-03-0000400.

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