El documento propone una política de estado para abordar el problema de acceso a la vivienda en Argentina. Sugiera crear un fondo único para vivienda financiado hasta el 1% del PBI y distribuir los recursos automáticamente entre las provincias. También recomienda incorporar a la banca privada mediante instrumentos como fideicomisos con garantía estatal para ofrecer créditos hipotecarios accesibles calculados en base al ingreso familiar.