Este documento describe el cambio de paradigma en Venezuela de la doctrina de la "situación irregular" a la doctrina de la "protección integral" de los derechos de los niños. 1) Venezuela ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, lo que requirió actualizar su legislación para garantizar los derechos de los niños. 2) La nueva doctrina reconoce a los niños como sujetos de derechos en lugar de objetos de tutela estatal. 3) La familia desempeña ahora un papel fundamental en la garantía de los

1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
INTEGRANTES:
Gutiérrez; Hilda
Santa Cruz de los Taques , 04 de junio de 2012

2. BIOGRAFIA
Hilda Ariana Gutiérrez Moreno.,
nació el 11 de abril de 1983 , el
Hospital Dr. Carlos Diez del Ciervo
de Judibana Municipio Los Taques. Estado Falcón, son sus padres
Lino Antonio Gutiérrez Pimentel (Difunto) e Ydy Coromoto Moreno De
Gutiérrez, Tiene dos Hermanos José Gregorio y Yune Zulimay, a los cinco años
curso su etapa de preescolar en el Jardín de Infancia Isolina de Gómez Castro. En
San José de Cocodite Municipio Falcón, luego a los seis año fue promovida al
primer grado en la Escuela Básica Isolina de Gómez Castro, donde estudio hasta
sexto grado. En 1997 comienza su etapa de bachillerato en la Unidad Educativa Br
Héctor Manuel Peña de Pueblo Nuevo y en 2001 recibe el titulo de Bachiller en
ciencias, luego realice un curso en el Centro de Capacitación Laboral San Juan
Bosco de Secretariado Comercial. En el 2007 tuve una niña que lleva por nombre
Elianis Carolina. Otra de las oportunidades que he tenido fue cuando trabaje en el
Centro de Capacitación Laboral San Juan Bosco como recepcionista. después
trabaje en el Centro Medico Laboral como Asistente Administrativo, en el 2005
comienzo estudios en la UNEFA de Economía. Y Finalmente decidí cursar estudios
en la UPEL en la especialidad de Educación Inicial cursando el decimo
semestre, Dios y María Auxiliadora me guíen para seguir adelante y cumplir
mi meta…………………….

4. I. Antecedentes.
En los últimos dos años Venezuela asiste a una intensa movilización, tanto de los poderes
públicos como de la sociedad civil, en torno a un cambio legislativo que implica la derogación de la
Ley Tutelar de Menores vigente desde 1980, y su sustitución por otra, radicalmente diferente.
El origen de este cambio se remonta al 20 de Noviembre de 1989 cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprueba, por unanimidad, la Convención Internacional Sobre los Derechos del
Niño (CIDN), que representa un hito importantísimo en las concepciones doctrinarias, en las
construcciones jurídicas y en las estrategias fácticas relacionadas con la niñez. En todos estos
aspectos, hay un "antes y un después de la Convención, la cual, ciertamente, tendrá una gran
incidencia en la calidad de vida de los niños de todo el mundo en los próximos años.
La CIDN transformó necesidades en derechos, y este es el punto fundamental. Antes, el niño tenía
necesidad de educación y salud. Después de la Convención tiene derecho a la educación y a la
salud. La diferencia reside en la exigibilidad de esos derechos, es decir, la Convención reformuló de
manera definitiva las relaciones entre la infancia y la Ley. Se abandonó el concepto del niño como
sujeto tutelado para adoptar el concepto del niño como sujeto de derechos, entendiéndose por tal
la habilitación para demandar, actuar y proponer. Hoy se ve al niño como persona en desarrollo, con
derechos y responsabilidades inherentes a todos los seres humanos.
La Convención nos coloca frente a un cambio paradigmático que plantea una nueva forma de
convivencia social, que reconoce a los niños y adolescentes como un sector fundamental de la
población que debe recibir del adulto toda la atención necesaria para su pleno desarrollo, a la vez
que se le garantiza el derecho a participar activamente en todo lo que le concierne.

5. Venezuela ratifica la Convención y la hace Ley de la República el 29-08-90 (Gaceta Oficial
N° 34.541) y, a partir de ese momento, asume con los niños y adolescentes del país el compromiso
de brindarles protección integral, la cual se refiere a dos aspectos: protección social y protección
jurídica. La protección social se logra a través de un conjunto de actividades dirigidas a propiciar las
condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad, para satisfacer las necesidades básicas
y garantizar derechos fundamentales de la niñez y juventud. La protección jurídica implica legislar
para hacer exigibles los derechos consagrados en la Convención. mediante la creación de instancias
administrativas y judiciales que intervengan en caso de que estos derechos sean amenazados o
violados.
II. El Cambio de Paradigma.
A partir del momento en que Venezuela ratifica la Convención, se vive en el país una realidad
jurídica anómala: la vigencia simultánea de dos leyes, la Ley Tutelar de Menores y la Convención
totalmente antagónicas entre sí regulando el mismo tema.
Para superar esta situación y para honrar los compromisos internacionales que asumió, Venezuela
se ve ante la necesidad de ajustar su legislación interna a los principios y normas contenidas en el
mencionado tratado internacional.
La Convención cambia el rumbo a seguir por las legislaciones para la infancia y Juventud Antes de su
promulgación, mas precisamente desde 1919 hasta 1989, en América Latina todas las
legislaciones, incluyendo la nuestra, se sostenían en la doctrina o paradigma de la Situación
Irregular. Después de la Convención, las nuevas Leyes deben responder al paradigma de la
Protección Integral. En efecto, la incorporación de la Convención a nuestro ordenamiento jurídico
interno exige la erradicación de la vieja doctrina y la adopción de la nueva.

6. Según la definición del Instituto Interamericano del Niño situación irregular es "aquella en que se
encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra
en estado de peligro, abandono material y moral o padece déficit físico o mental... Están en
situación irregular "los menores que no reciben tratamiento, educación y los cuidados que
corresponden a sus individualidades".
De acuerdo a esta definición pueden ser declarados en situación irregular y por ende ser
objeto de cualquier medida estadal, el niño o adolescente que enfrente cualquiera de estas
dificultades independientemente de que las mismas puedan ser atribuidas o no a su voluntad.
La característica esencial de la doctrina de la Situación Irregular es que los niños no son sujetos de
plenos derechos sino objeto de tutela por parte del Estado, representado por el Juez de Menores
quien es la figura protagónica en este paradigma. Otros rasgos características son:
1) Negación explicita y sistemática de los principios básicos y elementales del derecho, incluso de
aquellos contemplados en la propia Constitución de la República como derecho de todas las
personas. 2) Centralización del poder de decisión en la figura del juez de menores con competencia
omnímoda y discrecional. Se produce la judicialización de los problemas vinculados a la infancia en
situación de riesgo, con la clara tendencia a patologizar situaciones de origen estructural.

7. 3) Criminalización de la pobreza, disponiendo internaciones que constituyen verdaderas privaciones
de libertad, por motivos vinculados a la mera falta o carencia de recursos materiales. 4)
Impunidad, con base en una arbitrariedad normativamente aceptada, para el tratamiento de los
conflictos de naturaleza penal. Esta impunidad se traduce en la posibilidad de declarar
jurídicamente irrelevante los delitos graves cometidos por adolescentes.
En el paradigma de la situación irregular, ''los menores son una suerte de categoría
residual respecto a la categoría infancia, resultado de la marginación social. Son aquellos niños y
adolescentes que tienen necesidad de tutela o de medidas socio-educativas porque no han
gozado, como los niños y adolescentes sólidamente insertos en el sistema escuela-familia, de los
derechos fundamentales que las Constituciones reconocen". Se establece entonces, en el universo
de la infancia. diferencias entre los sectores incluidos y excluidos en la cobertura de las políticas
básicas: a los incluidos se les llama niños adolescentes, jóvenes y a los excluidos menores.
Si bien es cierto que desde el punto de vista técnico-jurídico menor es la persona que no
ha llegado a la mayoría de edad, según las convenciones legales de cada país, en la práctica el
término está cargado de contenido estigmatizan te y significa simplemente, delincuente, egresado
de un orfanatorio o correccional, abandonado, etc.
La doctrina de la Protección Integral rompe con la doctrina de la Situación Irregular y
obliga a repensar profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia, convirtiéndolas en
instrumentos eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos específicos de todos los
niños y adolescentes no solamente los menores.

8. El punto central de la Convención y por ende de la doctrina de la Protección Integral es el
reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna como sujeto de
plenos derechos, cuyo respeto se debe garantizar.
De la consideración del menor como objeto de compasión-represión y de tutela por parte del
Estado, a la consideración de los niños y adolescentes como sujeto de plenos derechos, así como la
previsión de los canales idóneos para exigirlos, es lo que caracteriza el tránsito de una doctrina a
otra.
La oposición entre el nuevo y el viejo paradigma podría enunciarse, resumidamente, de la siguiente
manera: "ningún derecho para muchos niños", es la formulación de la doctrina de la Situación
Irregular; "todos los derechos para todos los niños", es la formulación de la doctrina de la
Protección Integral.
III. La Doctrina de la Protección Integral y el Nuevo Derecho para Niños y
Adolescentes.
Con el término "doctrina de la Protección Integral" se hace referencia a un conjunto de
instrumentos jurídicos internacionales que constituyen su marco referencial. Tiene su antecedente
directo en la "Declaración Universal de los Derecho del Niño y se condensa en seis instrumentos
básicos, a saber: la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, las Directrices de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Kiyadh), el Convenio No.138 y la
recomendación No.146 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de la UNESCO sobre
la educación para todos.

9. Estos instrumentos contienen disposiciones idóneas y suficientes que permiten construir un nuevo
derecho para niños y adolescentes, propiciar un cambio en las instituciones sociales a fin de activar
ese derecho y pasar del reproche individual de la situación del niño a una consideración estructural
del problema.
El nuevo derecho, fundamentado en la doctrina de la Protección Integral debe respetar una serie de
principios rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de derechos; el
interés superior del niño; la prioridad absoluta; la participación y el rol fundamental de la familia en
la garantía de los derechos de los niños y adolescentes.
1.- El Niño como Sujeto de Derechos.
La nueva doctrina convierte las necesidades de niños y adolescentes en derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como garantiza para los adolescentes en
conflicto en la Ley penal, una justicia que respete los mismos derechos procesales consagrados para
los adultos.
En el marco de esta nueva concepción jurídica y social se atribuyen derechos específicos a los niños
y adolescentes pero no derechos especiales excluyentes. La especificidad implica reforzar los
derechos otorgados a los seres humanos de cualquier edad, adecuándolo a los niños y
adolescentes como sujetos en formación. Asimismo se amplían para ellos una serie de nuevos
derechos que antes sólo se reconocían a los mayores de edad, por ejemplo: el derecho a la libertad
de opinión, a la participación, asociación, a la seguridad social, entre otros.

10. Los derechos fundamentales de la infancia reconocidos por la Convención se agrupan en cuatro
categorías:
a) Derecho de Supervivencia; los derechos de supervivencia incluyen principalmente, el derecho a
la vida (art. 6), a la salud (art. 24), a un nivel de vida adecuado (art.27), a la seguridad social (art.
26), a la protección en casos de conflictos armados (art. 38), a que los padres tengan la
asistencia debida para que puedan asumir su crianza (art. 18).
b) Derecho al Desarrollo: incluye entre otros, derecho a la educación (arts. 28 y 29), acceso a la
información (art.l7), a preservar su identidad (art. 8), al nombre y nacionalidad (art. 7), a no ser
separado de sus padres (art. 9), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 14), a la
recreación y la cultura (art. 31).
c) Derecho a la Protección: la protección abarca todas las formas de explotación y crueldad (art.
19), a no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, correspondencia (art. 16), protección
especial al niño refugiado (art. 22), protección al niño mental y físicamente impedido
(art.23), contra abusos en el sistema de justicia penal (arts. 37 y 40), contra el abuso sexual (art.
34), contra la venta o trata de niños (art. 35), contra el uso ilícito de estupefacientes (art. 33).
d) Derecho a la Participación: los derechos a la participación incluyen la libertad de expresión (art.
13), a expresar su opinión y ser escuchado en asuntos que le conciernen (art. 12), derecho a la libre
asociación y libertad de celebrar reuniones pacificas (art. 15), además del derecho a desempeñar
un papel activo en la sociedad en general.

11. 5. - El Rol Fundamental de la Familia.
La Convención desde su preámbulo y en varios de sus artículos se refiere al papel
fundamental que debe desempeñar la familia en la garantía de los derechos del niño. En efecto, el
preámbulo dice expresamente que "el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión".
Este principio genera cambios fundamentales en las políticas sociales dirigidas a niños y
adolescentes. Tradicionalmente, en América Latina, se han aplicado medidas de internamiento de
instituciones como si fuesen medidas de protección. Con la adopción del nuevo paradigma se
privilegia la familia como el medio natural y primario donde se garantiza el desarrollo y la
protección del niño y del adolescente. Los padres son los principales responsables de cuidarlos y
educarlos. A tal efecto, el Estado debe brindar a la familia la ayuda necesaria para poder asumir
plenamente sus responsabilidades. Apoyando a la familia se estará apoyando al niño.
Este principio obliga al Estado a evitar medidas que separen al niño de su
familia, entendida en su sentido más amplio. Ante cualquier circunstancia, se debe tornar en cuenta
primero la familia, luego los parientes más cercanos y sólo en casos excepcionales se aplicarán
medidas como colocación en hogares sustitutos o adopción y, en último caso, su colocación en
entidades de atención.

12. VII. Derechos, Garantías y Deberes.
El Titulo II regula lo relativo a los derechos, garantías y deberes de todos los niños y
adolescentes de una manera amplia, en cumplimiento absoluto de las obligaciones
derivadas de la Convención.
Una lectura rápida o superficial de este Título podría llevar a pensar que repite
innecesariamente muchas disposiciones que ya se encuentran previstas en el
ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta percepción es equivocada aun cuando
reconozcamos ser cierto que algunas disposiciones consagran de derechos
contemplados en la legislación sin diferencia alguna.
Se optó por regular ampliamente los derechos, garantías y deberes de los niños y
adolescentes por muchas razones, entre ellas:
a) La obligación de consagrar expresamente los derechos específicos previstos en la
Convención y otros tratados e instrumentos jurídicos internacionales;
b) La necesidad de adecuar los derechos consagrados en la Convención a la realidad
nacional y el ordenamiento jurídico;
c) El imperativo de dotar de contenido y limites a los derechos y garantías de los niños y
adolescentes para asegurar su vigencia plena y efectiva, especialmente de algunos
derechos ya contemplados en la legislación nacional, requieren precisiones especificas;
y,
d) La necesidad de establecer una gama de garantías de los derechos de los niños y
adolescentes, que no se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico.

13. Adicionalmente, es imprescindible recordar que en la redacción de toda la Ley se ha
prestado especial atención a su finalidad pedagógica y a la necesidad de que la misma
sea fácil de entender, interpretar y analizar por sus beneficiarios y usuarios (los
niños, adolescentes, sus familias y el ciudadano común). Desde esta perspectiva es que
cobra mayor importancia que la redacción de los derechos, garantías y deberes sea
simple, amplia y abarcarte. En efecto, se busca que los niños, los adolescentes y sus
familias tengan acceso a una Ley de fácil lectura, sin remisiones a otras Leyes o tratados
internacionales difíciles de ubicar y entender, y que sea de muy sencilla interpretación y
aplicación. Si se logra este objetivo, se estaría dando un paso importante en el logro de
la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de los niños y adolescentes.
EI Capítulo I del Titulo II contiene las Disposiciones Generales. En este Capítulo se
establece expresamente que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. A pesar
de que ello es así más allá de la disposición que contiene esta afirmación, pareció
necesario incorporarla debido a que a en la historia reciente del país se ha negado a
niños y adolescentes esta condición, tanto en la Ley como en la realidad. Es
imprescindible eliminar definitivamente la idea del niño como ''objeto" de tutela
estatal, que es el axioma que subyace en la doctrina de la Situación irregular.

14. El artículo 12 da contenido a la naturaleza jurídica de los derechos y garantías de los
niños y adolescentes, indicando expresamente sus caracteres. De todos ellos parece
conveniente destacar dos: la interdependencia entre sí y la indivisibilidad. Esta es la
primera vez que se reconoce en la legislación Venezolana estos dos caracteres propios
de los derechos inherentes a la persona humana, reconocidos como tales en la Cumbre
Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en 1493. Estos dos
caracteres son complementarios el primero, implica que estos derechos dependen unos
de otros y están vinculados estrechamente entre sí, por tanto, la violación de uno de
ellos implica seguramente la vulneración de otros. El segundo, es la consecuencia del
primero, ya que si estos derechos son interdependientes, luego es imposible dividirlos y
respetar o reconocer algunos de ellos y otros no. La esencia de estos dos caracteres
puede resumirse en una oración: para lograr el disfrute efectivo y pleno de todos los
derechos inherentes a la persona humana es imprescindible el respeto y la garantía a su
vez de absolutamente todos esos derechos.

15. En este Capítulo se reconoce a niños y adolescentes el ejercicio progresivo de sus
derechos y garantías, así como el cumplimiento de sus deberes. Este régimen progresivo
de derechos, garantías y deberes es uno de los principios fundamentales de la doctrina
de la Protección Integral, no consagrarlo expresamente implicaría una clara
contravención a la Convención. Ahora bien, este régimen progresivo no implica que el
niño o el adolescente pueda ejercer de forma inmediata, después de la vigencia de la
Ley, todos sus derechos y garantías. Por el contrario, se consagra un régimen en el cual el
niño y el adolescente se le va reconociendo el ejercicio de sus derechos y garantías
conforme a su desarrollo o evolución de sus facultades, el cual va acompañado de un
incremento progresivo de sus deberes y su responsabilidad, inclusive en materia penal.
Asimismo, se indica expresamente que los padres, representantes y responsables tienen
el deber de orientarlos en el ejercicio de sus derechos y garantías de forma que
contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa. En
definitiva, no se trata de otorgar capacidad plena a los niños y adolescentes, si no más
bien de reconocer el ejercicio personal de sus derechos y garantías con la debida
orientación. Adicionalmente, es necesario señalar que en ciertos derechos, usualmente
en aquellos vinculados a la defensa de otros derechos, se ha considerado pertinente
establecer expresamente que a partir de determinada edad los niños o adolescentes
pueden ejercerlos por si mismos, ya que ello implica una garantía adicional de
protección.

16. El Capítulo II del Título II se refiere a los Derechos, Garantías y Deberes. La forma
tradicional de consagrar y ordenar los derechos inherentes a la persona humana ha sido
dividirlos por categorías o tipos: individuales y colectivos; civiles y políticos, y
económicos, sociales y culturales; etcétera. Bajo estas divisiones muchas veces
subyacían valoraciones erradas de los diferentes derechos, que consideraba algunos más
importantes o urgentes que otros; normalmente sobrevalorando los derechos civiles y
políticos frente a los derechos económicos, social y cultural. Estas valoraciones, todavía
muy arraigadas en nuestro país, contravienen los caracteres dc interdependencia entre
sí e indivisibilidad de estos derechos, además hacen una distinción que nuestro
constituyente nunca consagró. Por estos motivos se tomo la decisión de no hacer
divisiones en este Capítulo y no organizar los derechos por categorías o tipos. Se optó
más bien por un orden que parece mucho más acorde con la materia que regula la ley.
Así, se consagro los derechos y garantías en un orden cronológico que corresponde a la
forma en que éstos cobran importancia en la vida y desarrollo del niño y del
adolescente.

17. Tal vez el derecho más novedoso de todo el Capítulo es el Derecho a opinar. Este
derecho garantiza a todos los niños y adolescentes la facultad de opinar en todos los
asuntos que les conciernan y, adicionalmente, obliga a todas las personas a tomar en
cuenta sus opiniones de acuerdo a su desarrollo. Por tanto, tiene derecho a expresar su
forma de ver las cosas en todos los ámbitos de la vida y a que las opiniones que han
expresado sean consideradas por las demás personas, nunca desechadas de antemano.
Este derecho no intenta en modo alguno establecer que sus opiniones sean de
obligatorio acatamiento o imperativas para las demás personas, si no más bien asegurar
que los niños y adolescentes sean respetados como sujetos en desarrollo y que como
tales tienen algo que decir y un lugar en nuestra sociedad este derecho se considera un
medio idóneo para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para
ejercer su derecho y cumplir con sus deberes.

18. Otro conjunto de derechos que luce novedoso, aunque en su totalidad no lo sea, son los
derechos vinculados a la participación de los niños y adolescente a la sociedad, dentro
de los cuales encontramos los derechos de participar de reunión, de manifestar, de libre
asociación, de defender sus derechos, de petición de justicia. A excepción de los
derechos a participar y a defender sus derechos, el resto ya se encuentran previstos en
la legislación a favor de todas las personas, sin embargo se decidió regularlos porque era
imprescindible establecer precisiones que los adaptaran a la condición específica de los
niños y adolescentes. Resultaba inconveniente que niños y adolescentes continuasen
ejerciéndolos bajos las misma regulaciones que los adultos, por ello, se establecieron
límites y restricciones adicionales, dentro de los cuales se incluyeron aquellos derivados
de las facultades legales que le corresponden a los padres, representantes y
responsables. En todo caso, conviene recordar que no consagrar expresamente los
derechos vinculados a la participación de los niños y adolescentes implicaría una abierta
contradicción con la doctrina de la Protección Integral y con los compromisos
internacionales de la República.
Mención especial merecen los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, a la
libertad de expresión y a la información, porque todos ellos responden a imperativos y
necesidades que existen actualmente en nuestro país, los cuales deben abordarse
urgentemente.

19. Capítulo II
Derechos, Garantías y Deberes
Artículo 15
Derecho a la vida
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar
este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el
desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 16
Derecho a un nombre y a una nacionalidad
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad.
Artículo 17
Derecho a la identificación
Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o
identificadas, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe
garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas
obligatoria y oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre.

20. Parágrafo Primero Las instituciones, centros y servicios de salud, públicos y
privados, deben llevar un registro de los casos de nacimientos que se produzcan en los
mismos, por medio de fichas médicas individuales, en las cuales constará, además de los
datos médicos pertinentes, la identificación de recién nacido o recién nacida mediante
el registro de su impresión dactilar y plantar, y la impresión dactilar, nombre y la edad de
la madre, así como la fecha y hora de nacimiento del niño, sin perjuicio de otros
métodos de identificación
Parágrafo Segundo Las declaraciones formuladas a la máxima autoridad de la institución
pública de salud donde nace el niño o niña, constituye prueba de la filiación, en los
mismos términos que las declaraciones hechas ante los funcionarios del Registro del
estado civil.
Artículo 18
Derecho a ser inscrito o inscrita en el Registro del Estado Civil
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos o inscritas
gratuitamente en el Registro del Estado Civil, inmediatamente después de su
nacimiento, de conformidad con la ley.
Parágrafo Primero El padre, la madre, representantes o responsables deben inscribir a
quienes se encuentren bajo su patria potestad, representación o responsabilidad en el
Registro del Estado Civil.

21. Parágrafo Segundo
El Estado debe garantizar procedimientos gratuitos, sencillos y rápidos para la inscripción
oportuna de los niños y adolescentes en el Registro del Estado Civil. A tal efecto, dotará
oportunamente al mencionado registro de los recursos necesarios para dicha
inscripción. Asimismo, debe adoptar medidas específicas para facilitar la inscripción en
el Registro del Estado Civil, de aquellos o aquellas adolescentes que no lo hayan sido
oportunamente.
Artículo 19
Declaración del nacimiento en instituciones públicas de salud
Cuando el nacimiento ocurriere en hospital, clínica, maternidad u otra institución
pública de salud, la declaración del nacimiento se hará ante la máxima autoridad pública
de la institución respectiva. Dicho funcionario o funcionaria extenderá la
correspondiente acta haciendo cuatro ejemplares del mismo tenor, en formularios
elaborados al efecto, debidamente numerados. Uno de los ejemplares se entregará al
presentante, el otro lo remitirá dentro del término previsto en el Artículo 20 de esta Ley
a la primera autoridad civil de la parroquia o municipio en cuya jurisdicción ocurrió el
nacimiento, a fin de que esta autoridad inserte y certifique la declaración en los
respectivos libros del Registro del Estado Civil. El tercer ejemplar se conservará en un
archivo especial de la institución. Y el cuarto ejemplar se remitirá a la Oficina Nacional
de Identificación y Extranjería.

22. Parágrafo Primero
El niño o niña sólo puede egresar de la institución donde nació después de haberse dado
cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo, para lo cual la máxima autoridad de las
mencionadas instituciones, de acuerdo a su organización interna, deberá tomar las
medidas necesarias para prestar este servicio, de manera permanente.
Parágrafo Segundo
La máxima autoridad de las instituciones públicas de salud, puede delegar las
atribuciones previstas en este Artículo en otros funcionarios o funcionarias de las
mismas instituciones, mediante resolución que dicte al efecto.
Artículo 26
Derecho a ser criado en una familia
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a
desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que
ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados o
criadas y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la ley. La familia
debe ofrecer un ambiente de afecto, seguridad, solidaridad, esfuerzo
común, compresión mutua y respeto recíproco que permita el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes.

23. Parágrafo Primero : Los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados o
separadas de su familia de
origen cuando sea estrictamente necesario para preservar su interés superior. En estos
casos, la separación sólo procede mediante la aplicación de una medida de protección
aplicada por la autoridad competente y de conformidad con los requisitos y
procedimientos previstos en la Ley. Estas medidas de protección tendrán carácter
excepcional, de último recurso y, en la medida en que sea procedente, deben durar el
tiempo más breve posible.
Parágrafo Segundo: No procede la separación de los niños, niñas y adolescentes de su
familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social. Cuando
la medida de abrigo, colocación en familia sustituta o en entidad de atención, recaiga
sobre varios hermanos o hermanas, éstos deben mantenerse unidos en un mismo
programa de protección, excepto por motivos fundados en condiciones de salud. Salvo
en los casos en que proceda la adopción, durante el tiempo que permanezcan los
niños, niñas y adolescentes separados o separadas de su familia de origen, deben
realizarse todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración en su familia
de origen nuclear o ampliada.
Parágrafo Tercero: El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar
programas y medidas de protección especiales para los niños, niñas y adolescentes
privados o privadas temporal o permanentemente de la familia de origen.

24. Artículo 27: Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre
y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener, de forma
regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre y
madre, aun cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su
interés superior.
Artículo 28: Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad, sin más
limitaciones que las establecidas en la ley.
Artículo 29: Derechos de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales.
Todos los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales tienen todos los
derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta Ley, además de los inherentes
a su condición específica. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurarles el pleno
desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce
de una vida plena y digna.
El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe asegurarles:
a) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración.
b) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia.
c) Campañas permanentes de difusión, orientación y promoción social dirigidas a la
comunidad sobre su condición específica, para su atención y relaciones con ellos.

25. Artículo 53: Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el
derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las
condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén
cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del
Adolescente.
Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos
oficiales¡ de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los espacios
físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una educación integral de la
más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto suficiente para tal
fin.
Parágrafo Segundo. La educación impartida en las escuelas, planteles e institutos
oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de conformidad con lo
establecido en el ordenamiento jurídico.
Capítulo V
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Artículo 158 Definición y objetivos. Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de
la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los
derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes, individualmente
considerados. Estos Consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de
las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico.

26. Artículo 159
Carácter de sus integrantes. Autonomía de decisión.
Las personas que integran los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
tienen el carácter de funcionarios públicos y funcionarias públicas de carrera de las
respectivas alcaldías, y se rigen por lo establecido en esta Ley y, en todo lo no previsto
en ella, por la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, forman parte de la
estructura administrativa y presupuestaria de las respectivas alcaldías, pero adoptando
con plena autonomía las decisiones relativas al ejercicio de sus atribuciones, con
fundamento en su conciencia, la justicia y la ley.

28. Ámbito de aplicación
Artículo 2. Esta Ley se aplica a la sociedad y en particular a las personas
naturales y jurídicas, instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo
Nacional, Estadal, Municipal y de los entes descentralizados y las instituciones educativas
privadas, en lo relativo a la materia y competencia educativa.
Principios y valores rectores de la educación
Artículo 3. La presente Ley establece como principios de la educación, la democracia
participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los
ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la
independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la
formación en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos
humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el
derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la
patria e integración latinoamericana y caribeña.
Se consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la
convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la corresponsabilidad, la
cooperación, la tolerancia y la valoración del bien común, La valoración social y ética del
trabajo, el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos. Igualmente se
establece que la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter
laico, integral, permanente, con pertinencia
social, creativa, artística, innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural y
plurilingüe.

29. Educación y cultura
Artículo 4. La educación como derecho humano y deber social fundamental
orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones
históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y
reproducción de las diversas manifestaciones y valores
culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para
apreciar, asumir y transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso
esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad.
Competencias del Estado docente
Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en
materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia:
1. Garantiza:
a. El derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de calidad para
todos y todas con equidad de género en igualdad de condiciones y
oportunidades, derechos y deberes.
b. La gratuidad de la educación en todos los centros e instituciones educativas oficiales
hasta el pregrado universitario.
c. El acceso al Sistema Educativo a las personas con necesidades educativas o con
discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. Así como, de las
personas que se encuentren privados y privadas de libertad y de quienes se encuentren en
el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

30. D. El desarrollo institucional, permanencia y óptimo funcionamiento de las
misiones educativas en sus distintas modalidades.
e. La continuidad de las actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, en las
instituciones, centros y planteles oficiales nacionales, estadales, municipales, entes
descentralizados e instituciones educativas privadas.
f. Los servicios de orientación, salud integral, deporte, recreación, cultura y de bienestar
a los y las estudiantes que participan en el proceso educativo en corresponsabilidad con
los órganos correspondientes.
g. Las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación,
con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad para
construir mediaciones de forma permanente entre la familia, la escuela y la comunidad,
en conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y demás leyes.
h. El uso del idioma castellano en todas las instituciones y centros educativos, salvo en la
modalidad de la educación intercultural bilingüe indígena, la cual deberá garantizar el
uso oficial y paritario de los idiomas indígenas y del castellano.
I. Condiciones laborales dignas y de convivencia de los trabajadores y las trabajadoras
de la educación, que contribuyan a humanizar el trabajo para alcanzar su desarrollo
pleno y un nivel de vida acorde con su elevada misión.
j. Que a ningún o ninguna estudiante, representante o responsable, se le cobre
matrícula y servicios administrativos, como condición para el ingreso,
permanencia y egreso de las instituciones educativas oficiales.

31. k. Que a ningún o ninguna estudiante, representante o responsable, se le retenga la
documentación académica personal, se le cobre intereses por insolvencia de pago o se tomen
otras medidas que violen el derecho a la educación y el respeto a su integridad física, psíquica
y moral.
l. Respeto y honores obligatorios a los símbolos patrios, a la memoria de nuestro Libertador
Simón Bolívar y a los valores de nuestra nacionalidad, en todas las instituciones y centros
educativos.
2. Regula, supervisa y controla:
a. La obligatoriedad de la educación y establece los mecanismos para exigir a las
comunidades, familias, padres, madres, representantes o responsables, el cumplimiento de
este deber social.
b. El funcionamiento del subsistema de educación universitaria en cuanto a la administración
eficiente de su patrimonio y recursos económicos financieros asignados según la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y sus normas de gobierno de acuerdo con el principio de la
democracia participativa y protagónica, como derecho político de quienes integran la
comunidad universitaria, sin menoscabo del ejercicio de la autonomía universitaria y la
observancia de los principios y valores establecidos en la Constitución de la República y en la
presente Ley.
c. El obligatorio cumplimiento de la educación en la doctrina de nuestro Libertador Simón
Bolívar, el idioma castellano, la historia y la geografía de Venezuela; y el ambiente en las
instituciones y centros educativos oficiales y privados, hasta la educación media general y
media técnica. Así como la obligatoria inclusión, en todo el Sistema Educativo de la actividad
física, artes, deportes, recreación, cultura, ambiente, agro ecología, comunicación y salud.

32. d. La creación y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales y privadas y la
idoneidad de las personas naturales o jurídicas para el cumplimiento de los requisitos éticos,
económicos, académicos, científicos, de probidad, eficiencia, legitimidad y procedencia de
los recursos para fundar y mantener instituciones educativas privadas.
e. La calidad de la infraestructura educativa oficial y privada de acuerdo con los parámetros
de uso y diseño dictados por las autoridades competentes.
f. Los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los y las
profesionales del sector educativo oficial y privado, en correspondencia con criterios y
métodos de evaluación integral y contraloría social.
g. La gestión de centros e instituciones educativas oficiales y privadas, con la
participación protagónica de toda la comunidad educativa.
h. La idoneidad académica de los y las profesionales de la docencia que ingresen a las
instituciones, centros o espacios educativos oficiales y privados del subsistema de educación
básica, con el objeto de garantizar procesos para la enseñanza y el aprendizaje en el Sistema
Educativo, con pertinencia social, de acuerdo con lo establecido en la ley especial que rige la
materia.
i. El régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios
administrativos que cancelan los y las estudiantes, sus representantes o responsables,
en las instituciones educativas privadas. Se prohíbe el empleo de figuras o modos como
fundaciones, asociaciones civiles, sociedades mercantiles, o cualquier otro mecanismo
para ejercer coerción, en la cancelación de montos superiores a los establecidos por el
órgano rector y demás entes que regulan la materia.

33. j. Los programas y proyectos educativos, la creación de fundaciones destinadas a apoyarlos e
instituciones en el sector educativo de carácter oficial, privado, nacional, estadal, municipal
y en las demás instancias de la administración pública descentralizada.
3. Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas:
a. De formación, orientados hacia el desarrollo pleno del ser humano y su incorporación al
trabajo productivo, cooperativo y liberador.
b. Para la inserción productiva de egresados universitarios y egresadas universitarias en
correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
c. De territorialización de la educación universitaria, que facilite la municipalización, con
calidad y pertinencia social en atención a los valores culturales, capacidades y
potencialidades locales, dentro de la estrategia de inclusión social educativa y del proyecto
de desarrollo nacional endógeno, sustentable y sostenible.
d. De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, articulando de forma
permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir, para desarrollar
armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, y superar la
fragmentación, la atomización del saber y la separación entre las actividades manuales e
intelectuales.

34. e. Para alcanzar un nuevo modelo de escuela, concebida como espacio abierto para la
producción y el desarrollo endógeno, el quehacer comunitario, la formación integral, la
creación y la creatividad, la promoción de la salud, la lactancia materna y el respeto por
la vida, la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, las
innovaciones pedagógicas, las comunicaciones alternativas, el uso y desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicación, la organización comunal, la consolidación
de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos.
f. De evaluación y registro nacional de información de edificaciones educativas
oficiales y privadas, de acuerdo con la normativa establecida.
g. De actualización permanente del currículo nacional, los textos escolares y recursos
didácticos de obligatoria aplicación y uso en todo el subsistema de educación básica, con
base en los principios establecidos en la Constitución de la República y en la presente Ley.
h. Para la acreditación y certificación de conocimientos por experiencia con base en el
diálogo de saberes.

35. h. Para la acreditación y certificación de conocimientos por experiencia con base en el
diálogo de saberes.
i. Que desarrollen el proceso educativo en instituciones y centros educativos oficiales y
privados, nacionales, estadales, municipales, entes del Poder Público, medios de
comunicación, instituciones universitarias públicas y privadas, centros educativos que
funcionen en las demás instancias de la
administración pública descentralizada.
j. La creación de una administración educativa
eficiente, efectiva, eficaz, desburocratizada, transparente e innovadora, fundamentada
en los principios de democracia
participativa, solidaridad, ética, honestidad, legalidad, economía, participación, correspo
nsabilidad, celeridad, rendición de cuentas y responsabilidad social.
k. De formación permanente para docentes y demás personas e instituciones que
participan en la educación, ejerciendo el control de los procesos correspondientes en
todas sus instancias y dependencias.
l. De ingreso de estudiantes a las instituciones de educación universitaria nacionales y
privadas.
m. De evaluación estadística permanente de la poblacional estudiantil, que permita
construir indicadores cualitativos y cuantitativos para la planificación estratégica de la
Nación.

36. n. De educación formal y no formal en materia educativa cultural, conjuntamente con el
órgano con competencia en materia cultural, sin menoscabo de las actividades
inherentes a su naturaleza y especificidad en historia y geografía en el contexto
venezolano, latinoamericano, andino,
caribeño, amazónico, iberoamericano y mundial. Así como en educación
estética, música, danza, cine, televisión, fotografía, literatura, canto, teatro, artes
plásticas, artesanía, gastronomía y otras expresiones culturales, con el fin de
profundizar, enriquecer y fortalecer los valores de la identidad nacional como una de las
vías para consolidar la autodeterminación y soberanía nacional.
4. Promueve, integra y facilita la participación social:
a. A través de una práctica social efectiva de relaciones de cooperación,
solidaridad y convivencia entre las familias, la escuela, la comunidad y la
formación, ejecución y control de la gestión educativa.
b. De las diferentes organizaciones sociales y comunitarias en el funcionamiento y
gestión del Sistema Educativo, facilitando distintos mecanismos de contraloría social de
acuerdo con la Constitución de la República y las leyes.
.

37. c. De las familias, la escuela, las organizaciones sociales y comunitarias en la defensa de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes comunicacionales para la educación
integral de los ciudadanos y las ciudadanas, en la interpretación crítica y responsable de
los mensajes de los
medios de comunicación social públicos y privados, universalizando y democratizando su
acceso.
d. En la defensa de la soberanía, la identidad nacional e integridad territorial.
5. Promueve la integración cultural y educativa regional y universal
a. En el intercambio de teorías y prácticas sociales, artísticas, de
conocimientos, experiencias, saberes populares y ancestrales, que fortalezcan la
identidad de nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños, indígenas y afro
descendientes.
b. Desde una concepción de la integración que privilegia la relación geoestratégica con
el mundo, respetando la diversidad cultural.
c. En el reconocimiento y convalidación de títulos y certificados académicos expedidos.
d. Para la independencia y cooperación de la investigación científica y tecnológica.
e. En la creación de un nuevo orden comunicacional para la educación.
f. En la autorización, orientación, regulación, supervisión y seguimiento a los convenios
multilaterales, bilaterales y de financiamiento con entes nacionales
e internacionales de carácter público y privado, para la ejecución de proyectos
educativos a nivel nacional.

38. Igualdad de género
Artículo 8. El Estado en concordancia con la perspectiva de igualdad de género,
prevista en la Constitución de la República, garantiza la igualdad de condiciones y
oportunidades para que niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, ejerzan el
derecho a una educación integral y de calidad.
Educación y medios de comunicación
Artículo 9. Los medios de comunicación social, como servicios públicos son
instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo y como tales, deben
cumplir funciones informativas, formativas y recreativas que contribuyan con el
desarrollo de valores y principios establecidos en la Constitución de la República y la
presente Ley, con conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico y actitudes para
fortalecer la convivencia ciudadana, la territorialidad y la nacionalidad. En consecuencia:
1. Los medios de comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus
modalidades, están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la
educación.
2. Orientan su programación de acuerdo con los principios y valores educativos y
culturales establecidos en la Constitución de la República, en la presente Ley y en el
ordenamiento jurídico vigente.

39. 3. Los medios televisivos están obligados a incorporar subtítulos y traducción a la lengua
de señas para las personas con discapacidad auditiva. En los subsistemas del Sistema
Educativo se incorporan unidades de formación para contribuir con el
conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de
contenidos de los medios de comunicación social. Asimismo la ley y los reglamentos
regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población.
Prohibición de incitación al odio
Articulo 10. Se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país,
la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y
promociones de cualquier índole, a través de medios impresos, audiovisuales u otros
que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la deformación del
lenguaje; que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas
costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos
humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
afrodescendientes, que promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el
deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principios democráticos, de
soberanía nacional e identidad nacional, regional y local.

40. Prohibición de mensajes contrarios a la soberanía nacional
Artículo 11. Se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos oficiales
y privados, la difusión de ideas y doctrinas contrarias a la soberanía nacional y a los
principios y valores consagrados en la Constitución de la República.
Principios de la responsabilidad social y la solidaridad
Artículo 13. La responsabilidad social y la solidaridad constituyen principios
básicos de la formación ciudadana de los y las estudiantes en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo. Todo y toda estudiante cursante en instituciones y
centros educativos oficiales o privados de los niveles de educación media general y
media técnica del subsistema de educación básica, así como del subsistema de
educación universitaria y de las diferentes modalidades educativas del Sistema
Educativo, una vez culminado el programa de estudio y de acuerdo con sus
competencias, debe contribuir con el desarrollo integral de la Nación, mediante la
práctica de actividades comunitarias, en concordancia con los principios de
responsabilidad social y solidaridad, establecidos en la ley. Las condiciones para dar
cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en los reglamentos.

41. Capítulo II
Corresponsables de la Educación
Las familias
Artículo 17. Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la
orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar
respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y
aceptación. Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el
proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes. Las
organizaciones comunitarias del Poder Popular
Artículo 18. Los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y
demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del Poder Popular y en su
condición de corresponsables en la educación, están en la obligación de contribuir con la
formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimiento de
sus valores éticos, la información y divulgación de la realidad
histórica, geográfica, cultural, ambiental, conservacionista y socioeconómica de la
localidad, la integración familia-escuela-comunidad, la promoción y defensa de la
educación, cultura, deporte, recreación, trabajo, salud y demás derechos, garantías y
deberes de los venezolanos y las venezolanas, ejerciendo un rol pedagógico liberador
para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social.

42. Gestión escolar
Artículo 19. El Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de
educación básica, ejerce la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso
educativo y estimula la participación comunitaria, incorporando tanto los colectivos
internos de la escuela, como a diversos actores comunitarios participantes activos de la
gestión escolar en las instituciones, centros y planteles educativos en lo atinente a la
formación, ejecución y control de gestión educativa bajo el principio de
corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución de la República y la presente Ley.
Comunidad educativa
Artículo 20. La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter
social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. Sus
integrantes actuarán en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con lo establecido
en la Constitución de la República, leyes y demás normas que rigen el Sistema Educativo. A
tales efectos:

43. 1. La comunidad educativa está conformada por
padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadores
administrativos y trabajadoras administrativas, obreros y obreras de las instituciones y
centros educativos, desde la educación inicial hasta la educación media general y media
técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica. También podrán
formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y
voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones y
centros educativos.
2. La organización y funcionamiento de la comunidad educativa se regirá por la
normativa legal que a tal efecto se dicte, la cual deberá desarrollar las normas y los
procedimientos para velar por su cumplimiento por parte de sus integrantes.
El Estado garantiza, a través del órgano rector con competencia en el subsistema de
educación básica, la formación permanente de los ciudadanos y las ciudadanas
integrantes de las comunidades educativas para efectos del cumplimiento de la
contraloría social y otros deberes y derechos de los
ciudadanos y las ciudadanas en la gestión educativa.

45. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
TÍTULO I,
Disposiciones Generales
Artículo 4. La educación como función y servicio público y como derecho permanente e
irrenunciable de la persona se impartirá mediante un proceso escolarizado y no
escolarizado.
Artículo 6. La finalidad de la educación establecida en el artículo 3º de la Ley Orgánica
de Educación y la que ésta le asigne a cada nivel y modalidad del sistema
educativo, deberá alcanzarse a través de los planes y programas de estudio y demás
elementos del curriculum y mediante la utilización de programas abiertos de
aprendizaje, de los medios de comunicación social y de otros recursos destinados a
contribuir al desarrollo integral del individuo y de la comunidad, los cuales se elaborarán
y aplicarán conforme a las regulaciones del ordenamiento jurídico en materia educativa.

46. TÍTULO II,
De la Estructura del Sistema Educativo
Capítulo I,
De la Educación Preescolar
Artículo 11. El nivel de educación preescolar comprenderá la atención pedagógica
integral prestada a través de estrategias pedagógicas escolarizadas. Constituye el primer
nivel obligatorio del sistema educativo y la fase previa al de educación básica.
Artículo 12. La atención pedagógica en este nivel durará un año escolar. Se ofrecerá en
establecimientos educativos adecuados y debidamente dotados de recursos que
respondan a las
necesidades e intereses del niño en las diversas etapas de su desarrollo, conforme a las
especificaciones que establezcan los organismos competentes. El Ministerio de
Educación, Cultura
y Deportes determinará la forma y condiciones relativas a la extensión progresiva de la
obligatoriedad de este nivel.

47. Artículo 13. El curriculum del nivel de educación preescolar deberá estructurarse
teniendo como
centro al niño y su ambiente, en atención a las siguientes áreas de su desarrollo
evolutivo: cognoscitiva, socioemocional, psicomotora, del lenguaje y física.
Artículo 14. La atención pedagógica en el nivel de educación preescolar se impartirá a
través de actividades y estrategias acordes con la naturaleza del niño, con sujeción a las
orientaciones que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Artículo 15. Los niños ingresarán a los establecimientos educativos del nivel de educación
preescolar, preferentemente a los cinco años de edad. Serán promovidos al nivel de
educación básica en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes en el régimen de evaluación correspondiente. Antes de
esa edad podrán ser atendidos por instituciones de atención integral y de protección al
niño

48. Artículo 16.
La educación preescolar estimulará la incorporación de la familia para que participe
activamente en el proceso educativo. A tal fin, se promoverán cursos y otras actividades
sobre diversos aspectos relacionados con la protección y orientación del niño y su
ambiente familiar y social. Igualmente, se propiciará la participación y colaboración de la
comunidad a través de asociaciones, agrupaciones e instituciones, así como el uso y
aprovechamiento de los medios de comunicación social.
Artículo 17.
La atención pedagógica del nivel de educación preescolar se considerará como un
proceso continuo de aprendizaje. Las agrupaciones de los niños se harán en atención a
su desarrollo y necesidades.

50. Capítulo III
El Sistema Educativo
Sistema Educativo
Artículo 24
El Sistema Educativo es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por
subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano.
Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y
flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el
proceso educativo y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con el
respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural atendiendo a las
necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. Organización del Sistema
Educativo.

51. Artículo 25
El Sistema Educativo está organizado en:
1. El subsistema de educación básica, integrado por los niveles de educación
inicial, educación primaria y educación media. El nivel de educación inicial comprende
las etapas de maternal y preescolar destinadas a la educación de niños y niñas con
edades comprendidas entre cero y seis años. El nivel de educación primaria comprende
seis años y conduce a la obtención del certificado de educación primaria. El nivel de
educación media comprende dos opciones: educación media general con duración de
cinco años, de primero a quinto año, y educación media técnica con duración de seis
años, de primero a sexto año. Ambas opciones conducen a la obtención del título
Correspondiente.
La duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del subsistema de educación
básica estarán definidos en la ley especial.

52. 2. El subsistema de educación universitaria comprende los niveles de pregrado y
postgrado universitarios. La duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del
subsistema de educación universitaria estarán definidos en la ley especial.
Como parte del Sistema Educativo, los órganos rectores en materia de educación básica
y de educación universitaria garantizan:
a. Condiciones y oportunidades para el otorgamiento de acreditaciones y
reconocimientos de aprendizajes, invenciones, experiencias y saberes
ancestrales, artesanales, tradicionales y populares, de aquellas personas que no han
realizado estudios académicos, de acuerdo con la respectiva reglamentación.
b. El desarrollo institucional y óptimo funcionamiento de las misiones educativas para el
acceso, la permanencia, prosecución y culminación de estudios de todas las
personas, con el objeto de garantizar la universalización del derecho a la educación.

53. Modalidades del Sistema Educativo
Artículo 26
Las modalidades del Sistema Educativo son variantes educativas para la atención de las
personas que por sus características y condiciones específicas de su desarrollo
integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, requieren adaptaciones curriculares de
forma permanente o temporal con el fin de responder a las exigencias de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: La educación especial, la educación de
jóvenes, adultos y adultas, la educación en fronteras, la educación rural, la educación
para las artes, la educación militar, la educación intercultural, la educación intercultural
bilingüe, y otras que sean determinadas por reglamento o por ley. La
duración, requisitos, certificados y títulos de las modalidades del Sistema Educativo
estarán definidos en la ley especial de educación básica y de educación universitaria.

54. IMPORTANCIA
DE LAEDUCACIÓN Y
LA FORMACIÓN
DE VALORES
EN LA FAMILIA
VENEZOLANA.

55. La familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad; son estructuras
complejas en donde se vierten las emociones de los individuos, son filosofías de vida en
donde se mantienen los vínculos afectivos, valores y en donde se ponen más a prueba
los conflictos humanos. En el seno de la familia se producen procesos básicos: la
expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y
patrones de conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así
aprendan enseñarán a su vez a sus hijos o hijas en un futuro.. La familia igualmente es
un centro de expresión espiritual (dentro de la súper estructuración del desarrollo).
Cuando su integración es positiva, dentro de ellas se generan los valores más íntimos del
espíritu: amor, bondad, y toda una serie de expresiones éticas y de felicidad personal;
pero al mismo tiempo si no sucede así la familia viene siendo el centro de sufrimiento y
malestar más grande del hombre. Cabe destacar que los miembros de una familia
tienden a parecerse, no sólo físicamente sino conductualmente. Sin embargo la
importancia de la familia como estructura social, en la formación de valores en el niño y
la niña en los primeros años de su vida, Dado que la familia es el primer lugar en donde
el niño y la niña aprende la noción del ser humano, de ser persona, en donde se inicia la
educación, donde aprende los hábitos esenciales que vamos a cumplir el resto de la
vida, como por ejemplo el control de esfínteres, limpieza, alimentarse entre otros.
También aprenden nociones básicas acerca de lo patrones de afectividad del ser
humano, el concepto de madre y padre; sexo, mujer y hombre y todo eso en un
momento crucial de su crecimiento y desarrollo (los primeros años de su vida).

56. Es en el hogar donde aprendemos constantemente, pues la educación es una dinámica
incalculable; se podría decir infinita, por ello debemos verlo como el sitio de múltiples
influencias educativas que interactúan entre sí.
Dentro de estos elementos educativos en la familia podemos mencionar:
padre, madre, abuelos, hermanos, primos, amigos del hogar, servicio doméstico, los
medios de comunicación e información, entre otros. En el hogar venezolano los padres
no son siempre dos, a veces es una sola persona, de ordinario la mujer, quién se ve
obligada a desempeñar los dos papeles: padre y madre. Los padres representan dos
papeles básicos; el padre la autoridad mientras que la madre la afectividad. Un tercer
papel, con el cual se va a encontrar posteriormente el niño, es el que representa el
maestro, el del saber. Los padres deberían enseñar el hacer, y el que hacer, para
completar estos cinco conceptos básicos de la educación inicial del niño:
autoridad, afectividad, saber, hacer y qué hacer. Ese hacer y qué hacer están asociados
a los elementos de
organización, disciplina, orden, innovación, descubrimiento, equilibrio; por esto los
padres tienen una responsabilidad de ayudar a este nuevo ser a insertarse
armoniosamente en el mundo físico y social, a que aprenda a identificar los objetos, los
seres, a si mismo a acompañarlo a la formación y desarrollo de la conciencia; enseñarles
a pensar críticamente y con creatividad,

57. a enseñarles que la vida tiene un sentido histórico:
nacimiento, matrimonio, divorcio, muerte; que nuestros actos son voluntarios pero
responsables, entrenarlo en la toma de decisiones frente a distintas alternativas; que
hay decisiones críticas y que otras pueden posponerse. “Lo esencial es que aquello que
enseñan a sus hijos en los primeros años es sumamente importante porque si bien la
conducta es modificable, esos primeros años son huella indeleble”. Albornoz (1984:49).
En el hogar enseñamos a nuestros hijos aún cuando no tengamos la intención de
hacerlo; porque actúa de modo poderoso el factor de imitación y posteriormente
modelaje.
Un niño aprende de sus padres los dos modelos de seres humanos, el modelo hombre y
el modelo mujer. El problema enorme de los padres que son solo mujer, por
ejemplo, deriva del hecho de que sus hijos están expuestos a un solo modelo, el
propio, mientras el otro se halla ausente. Esta es la consecuencia más importante en los
niños y niñas de la disolución de la pareja. Estamos consientes entonces de la
importancia de la familia y del hogar, pero al mismo tiempo nuestro Sistema Social
Venezolano presiona ciertos valores que puedan ser modelados por la población más
vulnerable (niños, niñas y adolescentes), la noción de lucro, el individualismo por encima
de la cooperación y responsabilidad social; el interés por otras culturas extranjeras
menospreciando la nuestra.

58. “El niño y el joven necesitan ser educados a partir de la existencia de unos valores
claros, bien configurados, con una coherencia que les de credibilidad. En este aspecto no
puede existir el doble discurso, ni la doble vida porque se transmiten las vivencias y se
viven las creencias”, Ramos M.G. (2000:55) Es necesario, entonces diseñar un “escape
del sistema”; ¿Qué?: educando en valores, ¿Dónde?: en todas las áreas y actos de
nuestras vidas, principalmente en la familia, ¿Cómo?: por la vía de la reflexión y de la
acción. “La familia es la que debería liderizar la educación y la escuela la instrucción.”
Albornoz ( 1984: 89) por ello que es necesario despertar y comenzar a protagonizar con
las debidas herramientas la responsabilidad histórica que reclama la Patria, la Nación, la
Sociedad y dentro de ésta la familia educándonos y educando en valores para formar
generaciones de futuro. Es importante resaltar que la familia es aquella que refleja los
patrones de crianza, creencias, culturas y valores, el desarrollo armónico de cada uno de
ello y reconoce a la familia como el núcleo natural donde se inicia el proceso de
socialización y participación mediante este proceso el niño y la niña, internalizan y
ponen en práctica con ayuda del docente o mediador normas, pautas, hábitos, actitudes
y valores que rigen la convivencia social.

59. PROYECTOS EDUCATIVOS

60. Una de las herramientas que los docentes tenemos para lograr que los alumnos se
apropien de un aprendizaje significativo, son los proyectos de aula, de aprendizaje o
ahora los proyectos productivos. Estos permiten al docente , alumnos padres y
representantes, solucionar situaciones dentro y fuera del aula y al mismo tiempo
desarrollan habilidades cognitivas que facilita el aprendizaje de los contenidos básico del
grado.
Los proyectos permiten al docente globalizar o integrar las áreas académicas a través de
una temática especifica escogida por los niños según sus intereses y necesidades.
Una herramienta de aprendizaje tiene la ventajas de organizar los contenidos con los
cuales el docente puede trabajar según el tema y al mismo tiempo desarrolla el
entusiasmo por la investigación a niños, padres y representantes como al docente.
Durante el año escolar se pueden realizar varios proyectos cortos según la época, o
situaciones relevantes que sean del interés del niño. Es importante resaltar que los
proyectos largos son tediosos y aburridos, de ahí que cuando se hacen cortos, los niños
nunca pierden el entusiasmo. Una de las características de los proyectos de aula es que
son innumerables las actividades practicas que se pueden hacer de todas las áreas
académicas.

61. En la actualidad se deben promover el desarrollo de proyectos productivos a partir de
las necesidades de la escuela y comunidad, en los cuales se involucren todos los
integrantes de la comunidad educativa. Durante muchos años mi práctica pedagógica ha
sido con proyectos, siento que los niños con una temática especifica se apropian de los
conocimientos básicos del grado con mayor rapidez, mi experiencia en la elaboración de
proyectos me ha permitido tener muchas satisfacciones en el aula.
VENTAJAS DE LOS PROYECTOS:
se integran los contenidos programáticos
es una herramienta de apoyo en el desarrollo de los contenidos
se concibe el conocimiento como un todo ..no como áreas académicas
se seleccionaran los contenidos de acuerdo a la temática escogida para el proyecto
los alumnos construyen su textos significativos basándose en los contenidos
programáticos.
 internalizan los contenidos programáticos por que se basan en el aprendizaje
significativo de su entorno familiar, social y escolar

62. El buen maestro hace
que el mal estudiante se
convierta en bueno y el
buen estudiante en
superior.
Maruja Torres