Este documento contiene varios artículos del Código Penal español relacionados con delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos. El Artículo 404 establece la pena para aquellos que dicten resoluciones administrativas arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Los Artículos 446 y siguientes definen las penas para jueces o magistrados que dicten sentencias injustas. Finalmente, se describen varios tipos específicos de prevaricación administrativa relacionados con urbanismo, patrimonio y medio ambiente.
El documento habla sobre el derecho procesal penal. Explica conceptos como proceso, procedimiento y juicio. También discute las bases constitucionales del proceso como el debido proceso y el principio de legalidad. Finalmente, resume los principales cambios que introduciría la reforma al sistema de justicia penal de acuerdo con la constitución mexicana.
El documento describe la evolución del poder judicial. Originalmente, los jueces tenían un poder ilimitado e investigaban, acusaban y juzgaban los casos. Posteriormente, el poder del estado se limitó y definió para cada caso en particular. Finalmente, surgió un sistema procesal mixto después de la Revolución Francesa que combina elementos del sistema inquisitivo y acusatorio y donde coexisten actos orales y escritos.
Este documento describe las leyes relacionadas con los delitos contra el desarrollo urbano y el derecho a la vivienda en el estado de Veracruz, México. Incluye restricciones para la construcción en lotes de diferentes tamaños, así como sanciones por fraccionamientos o ventas de propiedad indebidas sin el permiso de las autoridades. También establece que estos delitos pueden ser perseguidos por querella de particulares afectados o autoridades competentes.
El documento discute los principios de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Establece que la igualdad significa evitar distinciones injustificadas entre personas en situaciones jurídicas similares. La libertad permite que cada persona elija cómo desarrollarse de acuerdo a sus necesidades. La seguridad jurídica implica que el Estado respete los derechos de las personas y siga procedimientos legales establecidos.
El documento resume los conceptos clave relacionados con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico según el Código Penal español. Explica que estos delitos protegen tanto bienes patrimoniales como derechos que afectan al orden económico. Se clasifican los delitos en dos grupos: los de enriquecimiento como el hurto, robo y estafa, y los que causan daño o destrucción al patrimonio. Además, define términos como cosa, ajenidad y patrimonio.
Este documento describe diferentes tipos de títulos de crédito emitidos en México, incluyendo bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, bonos financieros, certificados de participación, certificados de depósito bancario, bonos de ahorro y bonos bancarios. Explica aspectos como su naturaleza jurídica, requisitos para la emisión, garantías, amortización y obligaciones de las instituciones emisoras para cada tipo de título.
El documento discute las normas procesales aplicables a los juicios mercantiles en México. Señala que desde 1884 el Código de Comercio ha incluido normas procesales, con más del 60% del código de 1889 dedicado al proceso. Explica que el Código de Comercio actual establece que los juicios mercantiles se regirán primero por dicho código, luego por el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria, y finalmente por los códigos locales. También presenta los requisitos para que una norm
El documento describe las modalidades y contenido del contrato individual de trabajo en México. Explica que hay diferentes tipos de contratos según su duración, como por obra, tiempo determinado e indeterminado. Detalla los elementos esenciales de un contrato de trabajo válido, como el tipo de relación laboral, servicio prestado, lugar y horario de trabajo, pago de salarios, capacitación, días de descanso y vacaciones.
El documento habla sobre el derecho procesal penal. Explica conceptos como proceso, procedimiento y juicio. También discute las bases constitucionales del proceso como el debido proceso y el principio de legalidad. Finalmente, resume los principales cambios que introduciría la reforma al sistema de justicia penal de acuerdo con la constitución mexicana.
El documento describe la evolución del poder judicial. Originalmente, los jueces tenían un poder ilimitado e investigaban, acusaban y juzgaban los casos. Posteriormente, el poder del estado se limitó y definió para cada caso en particular. Finalmente, surgió un sistema procesal mixto después de la Revolución Francesa que combina elementos del sistema inquisitivo y acusatorio y donde coexisten actos orales y escritos.
Este documento describe las leyes relacionadas con los delitos contra el desarrollo urbano y el derecho a la vivienda en el estado de Veracruz, México. Incluye restricciones para la construcción en lotes de diferentes tamaños, así como sanciones por fraccionamientos o ventas de propiedad indebidas sin el permiso de las autoridades. También establece que estos delitos pueden ser perseguidos por querella de particulares afectados o autoridades competentes.
El documento discute los principios de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Establece que la igualdad significa evitar distinciones injustificadas entre personas en situaciones jurídicas similares. La libertad permite que cada persona elija cómo desarrollarse de acuerdo a sus necesidades. La seguridad jurídica implica que el Estado respete los derechos de las personas y siga procedimientos legales establecidos.
El documento resume los conceptos clave relacionados con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico según el Código Penal español. Explica que estos delitos protegen tanto bienes patrimoniales como derechos que afectan al orden económico. Se clasifican los delitos en dos grupos: los de enriquecimiento como el hurto, robo y estafa, y los que causan daño o destrucción al patrimonio. Además, define términos como cosa, ajenidad y patrimonio.
Este documento describe diferentes tipos de títulos de crédito emitidos en México, incluyendo bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, bonos financieros, certificados de participación, certificados de depósito bancario, bonos de ahorro y bonos bancarios. Explica aspectos como su naturaleza jurídica, requisitos para la emisión, garantías, amortización y obligaciones de las instituciones emisoras para cada tipo de título.
El documento discute las normas procesales aplicables a los juicios mercantiles en México. Señala que desde 1884 el Código de Comercio ha incluido normas procesales, con más del 60% del código de 1889 dedicado al proceso. Explica que el Código de Comercio actual establece que los juicios mercantiles se regirán primero por dicho código, luego por el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria, y finalmente por los códigos locales. También presenta los requisitos para que una norm
El documento describe las modalidades y contenido del contrato individual de trabajo en México. Explica que hay diferentes tipos de contratos según su duración, como por obra, tiempo determinado e indeterminado. Detalla los elementos esenciales de un contrato de trabajo válido, como el tipo de relación laboral, servicio prestado, lugar y horario de trabajo, pago de salarios, capacitación, días de descanso y vacaciones.
El documento describe los diferentes elementos procesales de una acción legal, incluyendo la pretensión, el proceso de litigio, formas de autotutela como la autocomposición y heterocomposición donde un tercero resuelve el conflicto, formas de autocomposición como el desistimiento, allanamiento y transacción, y procesos alternativos de resolución de disputas como la mediación, conciliación y arbitraje.
Según Kant, la dignidad humana es el atributo de un ser racional que se da su propia ley. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y son indispensables para el desarrollo integral de la persona. La Constitución Mexicana establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El documento explica los conceptos de jurisdicción y competencia en los juicios mercantiles en México. Define jurisdicción como el poder del juez y competencia como el alcance de ese poder. Luego detalla las reglas para determinar la competencia territorial, por cuantía, subjetiva y en función del grado en los juicios mercantiles conforme al Código de Comercio mexicano.
Este documento lista y clasifica las leyes y códigos legales de México, dividiéndolos en nacionales, federales y locales. Las leyes nacionales incluyen la Constitución y leyes que rigen el poder judicial, amparo, procuraduría general y códigos de procedimientos civiles y penales. Las leyes federales cubren temas laborales, comerciales, agrarios, bancarios y más. Finalmente, las leyes locales son constituciones y códigos que rigen cada estado y la Ciudad de México.
El documento describe los antecedentes externos e internos de la figura jurídica del amparo en México. Entre los antecedentes externos se encuentran procedimientos similares en Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Los antecedentes internos incluyen regulaciones coloniales como "obedézcase y no se cumpla", y las constituciones y leyes posteriores a la independencia de México que sentaron las bases para el amparo.
El documento discute los conceptos de culpabilidad e inculpabilidad en el derecho penal. Explica que la culpabilidad consiste en el nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el acto delictivo y tiene elementos como la exigibilidad de una conducta conforme a la ley y la imputabilidad. Se presentan las formas de culpabilidad como el dolo y la culpa, así como sus elementos constitutivos. Finalmente, define la inculpabilidad como la falta del nexo causal emocional entre el sujeto y su acto, y enumera causas como
Este documento discute la privación ilegal de la libertad en el derecho mexicano. Define la privación de libertad como despojar a alguien de su libertad ambulatoria y recluirlos sin su consentimiento. Luego explora varias formas de privación ilegal de la libertad en la ley mexicana, incluida mantener a alguien en una "cárcel privada", celebrar contratos que impongan condiciones de servidumbre, y violar los derechos constitucionales de una persona de cualquier manera.
El documento describe la naturaleza de los actos procesales en el derecho procesal penal. Explica que los actos procesales se manifiestan de forma secuencial dentro de un proceso y cada acto genera una reacción legal prevista. Detalla las diferentes etapas de un proceso, incluyendo la petición de pruebas, ofrecimiento, preparación, práctica de pruebas, y resoluciones interlocutorias o definitivas. Finalmente, resume que la naturaleza jurídica de los actos procesales es un derecho de acción consagra
Las obligaciones son títulos que representan una parte de una deuda emitida por una entidad para financiar un proyecto. Las obligaciones deben contener información como el nombre del obligacionista, los detalles de la entidad emisora, los términos de pago de intereses y capital, y cualquier garantía. Un representante común es nombrado para representar los intereses de los tenedores de obligaciones. Las acciones individuales de los obligacionistas no son válidas si existe una acción en curso del representante común o si son incompatibles con una resolución de la
El documento describe las diferentes etapas del proceso penal acusatorio, incluyendo la etapa de investigación o preliminar, la etapa intermedia de preparación para el juicio oral, la etapa de juicio oral, la etapa recursiva y la etapa de ejecución de sentencia. Se enfoca en particular en la etapa de investigación o preliminar, explicando sus objetivos, componentes y plazos.
1) La jurisdicción penal es la facultad del Estado de resolver conflictos entre el derecho punitivo del Estado y el derecho de libertad de las personas mediante órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema, Cortes Superiores y juzgados penales.
2) Existen diferentes tipos de competencia como la territorial, objetiva y funcional que delimitan la autoridad de los jueces según el lugar de los hechos, tipo de delito y etapa procesal.
3) La competencia busca tener una justicia especializada, oportuna y eficaz al precis
El capítulo de garantías individuales de la constitución mexicana fue cambiado a derechos humanos y sus garantías para reflejar que protege derechos fundamentales en lugar de solo garantías. Los derechos fundamentales limitan el poder del estado y obligan a proteger la esfera jurídica de los gobernados y resarcir daños cuando se violan. México forma parte de instrumentos internacionales de derechos humanos supervisados por organismos como la ONU, OEA, y órganos de tratados que influyen en la constitución mexicana en virtud
La audiencia inicial es el primer acto del proceso penal donde el juez de control evalúa la legalidad de la detención de una persona, determina si existe probabilidad de que cometió el delito, establece las medidas cautelares y fija el plazo para que la fiscalía y defensa concluyan las investigaciones. En la audiencia participan el ministerio público, el imputado y su defensa, y el juez de control, quien resuelve sobre la libertad del imputado o su vinculación al proceso.
El documento define la seguridad ciudadana como el conjunto de temas relacionados con cómo las sociedades perciben y enfrentan riesgos y amenazas en su entorno inmediato. Explica que la seguridad ciudadana responde al régimen político donde surge y se desarrolla, y siempre al libre ejercicio democrático y la idea de canalizar el conflicto. También se define como el derecho de los ciudadanos a desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad e intereses, y la obligación del Estado de satisfacer
El derecho procesal mercantil se originó en la Edad Media en Europa como un derecho aplicado a los mercaderes. Los primeros tribunales mercantiles surgieron en las ferias y mercados medievales para resolver disputas comerciales de forma rápida y aplicando las costumbres mercantiles. Más tarde, los gremios de comerciantes establecieron tribunales propios llamados consulados que codificaron las costumbres mercantiles. A través de los años, varios códigos y ordenanzas regularon la jurisdicción mercantil hasta la creación del primer
Históricamente, el incesto no siempre se ha considerado un delito y ha sido aceptado en algunas culturas, como entre los egipcios, en el Imperio Romano y la familia Borgia. Actualmente, el incesto se considera un delito bilateral que afecta principalmente a la familia y altera su naturaleza y funciones.
El documento describe las justificaciones para cambiar el sistema de justicia penal en México, incluyendo la violación sistemática de derechos fundamentales y procesos penales largos y gravosos. También detalla las etapas del procedimiento penal, los principios del sistema acusatorio como la inmediación y presunción de inocencia, y los objetivos de la reforma constitucional de 2008 para establecer un sistema acusatorio.
Este documento describe los delitos de peligro regulados en el Código Penal de 1995 en España. Estos delitos ponen en peligro la seguridad colectiva al crear una situación de riesgo que podría lesionar bienes jurídicos. El Código Penal clasifica estos delitos en cuatro capítulos: delitos de riesgo catastrófico, incendios, delitos contra la salud pública y delitos contra la seguridad del tráfico. La diferencia clave de estos delitos es que no requieren un resultado dañino, sólo
La justicia restaurativa es un proceso en el que las partes involucradas en un delito, como la víctima, el ofensor y la comunidad, determinan de manera colectiva cómo manejar las consecuencias del delito y reparar el daño causado. Representa una respuesta evolucionada al crimen que se basa en la responsabilidad, la restauración y la reintegración.
El juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son los principales medios a través de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce el control de constitucionalidad en México para resolver conflictos entre poderes del gobierno y proteger los derechos establecidos en la constitución.
Este documento resume el Título XIX del Código Penal español, que regula los delitos contra la administración pública. El título contiene 10 capítulos que definen delitos como la prevaricación, el abandono de destino, la desobediencia, la denegación de auxilio y otros ataques contra el correcto funcionamiento de la administración pública. El objetivo es proteger los principios de eficacia, jerarquía y legalidad en las actuaciones de las autoridades y funcionarios públicos.
Este documento presenta el resumen curricular de Reggis Oliver Chávez Sánchez, incluyendo que es abogado, fiscal adjunto especializado en delitos de corrupción, docente universitario y autor de diversas publicaciones jurídicas. También ofrece información sobre delitos contra la administración pública y cuestiones relacionadas a la figura de funcionario público y autoría en delitos de corrupción.
El documento describe los diferentes elementos procesales de una acción legal, incluyendo la pretensión, el proceso de litigio, formas de autotutela como la autocomposición y heterocomposición donde un tercero resuelve el conflicto, formas de autocomposición como el desistimiento, allanamiento y transacción, y procesos alternativos de resolución de disputas como la mediación, conciliación y arbitraje.
Según Kant, la dignidad humana es el atributo de un ser racional que se da su propia ley. Los derechos humanos derivan de la dignidad humana y son indispensables para el desarrollo integral de la persona. La Constitución Mexicana establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El documento explica los conceptos de jurisdicción y competencia en los juicios mercantiles en México. Define jurisdicción como el poder del juez y competencia como el alcance de ese poder. Luego detalla las reglas para determinar la competencia territorial, por cuantía, subjetiva y en función del grado en los juicios mercantiles conforme al Código de Comercio mexicano.
Este documento lista y clasifica las leyes y códigos legales de México, dividiéndolos en nacionales, federales y locales. Las leyes nacionales incluyen la Constitución y leyes que rigen el poder judicial, amparo, procuraduría general y códigos de procedimientos civiles y penales. Las leyes federales cubren temas laborales, comerciales, agrarios, bancarios y más. Finalmente, las leyes locales son constituciones y códigos que rigen cada estado y la Ciudad de México.
El documento describe los antecedentes externos e internos de la figura jurídica del amparo en México. Entre los antecedentes externos se encuentran procedimientos similares en Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Los antecedentes internos incluyen regulaciones coloniales como "obedézcase y no se cumpla", y las constituciones y leyes posteriores a la independencia de México que sentaron las bases para el amparo.
El documento discute los conceptos de culpabilidad e inculpabilidad en el derecho penal. Explica que la culpabilidad consiste en el nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el acto delictivo y tiene elementos como la exigibilidad de una conducta conforme a la ley y la imputabilidad. Se presentan las formas de culpabilidad como el dolo y la culpa, así como sus elementos constitutivos. Finalmente, define la inculpabilidad como la falta del nexo causal emocional entre el sujeto y su acto, y enumera causas como
Este documento discute la privación ilegal de la libertad en el derecho mexicano. Define la privación de libertad como despojar a alguien de su libertad ambulatoria y recluirlos sin su consentimiento. Luego explora varias formas de privación ilegal de la libertad en la ley mexicana, incluida mantener a alguien en una "cárcel privada", celebrar contratos que impongan condiciones de servidumbre, y violar los derechos constitucionales de una persona de cualquier manera.
El documento describe la naturaleza de los actos procesales en el derecho procesal penal. Explica que los actos procesales se manifiestan de forma secuencial dentro de un proceso y cada acto genera una reacción legal prevista. Detalla las diferentes etapas de un proceso, incluyendo la petición de pruebas, ofrecimiento, preparación, práctica de pruebas, y resoluciones interlocutorias o definitivas. Finalmente, resume que la naturaleza jurídica de los actos procesales es un derecho de acción consagra
Las obligaciones son títulos que representan una parte de una deuda emitida por una entidad para financiar un proyecto. Las obligaciones deben contener información como el nombre del obligacionista, los detalles de la entidad emisora, los términos de pago de intereses y capital, y cualquier garantía. Un representante común es nombrado para representar los intereses de los tenedores de obligaciones. Las acciones individuales de los obligacionistas no son válidas si existe una acción en curso del representante común o si son incompatibles con una resolución de la
El documento describe las diferentes etapas del proceso penal acusatorio, incluyendo la etapa de investigación o preliminar, la etapa intermedia de preparación para el juicio oral, la etapa de juicio oral, la etapa recursiva y la etapa de ejecución de sentencia. Se enfoca en particular en la etapa de investigación o preliminar, explicando sus objetivos, componentes y plazos.
1) La jurisdicción penal es la facultad del Estado de resolver conflictos entre el derecho punitivo del Estado y el derecho de libertad de las personas mediante órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema, Cortes Superiores y juzgados penales.
2) Existen diferentes tipos de competencia como la territorial, objetiva y funcional que delimitan la autoridad de los jueces según el lugar de los hechos, tipo de delito y etapa procesal.
3) La competencia busca tener una justicia especializada, oportuna y eficaz al precis
El capítulo de garantías individuales de la constitución mexicana fue cambiado a derechos humanos y sus garantías para reflejar que protege derechos fundamentales en lugar de solo garantías. Los derechos fundamentales limitan el poder del estado y obligan a proteger la esfera jurídica de los gobernados y resarcir daños cuando se violan. México forma parte de instrumentos internacionales de derechos humanos supervisados por organismos como la ONU, OEA, y órganos de tratados que influyen en la constitución mexicana en virtud
La audiencia inicial es el primer acto del proceso penal donde el juez de control evalúa la legalidad de la detención de una persona, determina si existe probabilidad de que cometió el delito, establece las medidas cautelares y fija el plazo para que la fiscalía y defensa concluyan las investigaciones. En la audiencia participan el ministerio público, el imputado y su defensa, y el juez de control, quien resuelve sobre la libertad del imputado o su vinculación al proceso.
El documento define la seguridad ciudadana como el conjunto de temas relacionados con cómo las sociedades perciben y enfrentan riesgos y amenazas en su entorno inmediato. Explica que la seguridad ciudadana responde al régimen político donde surge y se desarrolla, y siempre al libre ejercicio democrático y la idea de canalizar el conflicto. También se define como el derecho de los ciudadanos a desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad e intereses, y la obligación del Estado de satisfacer
El derecho procesal mercantil se originó en la Edad Media en Europa como un derecho aplicado a los mercaderes. Los primeros tribunales mercantiles surgieron en las ferias y mercados medievales para resolver disputas comerciales de forma rápida y aplicando las costumbres mercantiles. Más tarde, los gremios de comerciantes establecieron tribunales propios llamados consulados que codificaron las costumbres mercantiles. A través de los años, varios códigos y ordenanzas regularon la jurisdicción mercantil hasta la creación del primer
Históricamente, el incesto no siempre se ha considerado un delito y ha sido aceptado en algunas culturas, como entre los egipcios, en el Imperio Romano y la familia Borgia. Actualmente, el incesto se considera un delito bilateral que afecta principalmente a la familia y altera su naturaleza y funciones.
El documento describe las justificaciones para cambiar el sistema de justicia penal en México, incluyendo la violación sistemática de derechos fundamentales y procesos penales largos y gravosos. También detalla las etapas del procedimiento penal, los principios del sistema acusatorio como la inmediación y presunción de inocencia, y los objetivos de la reforma constitucional de 2008 para establecer un sistema acusatorio.
Este documento describe los delitos de peligro regulados en el Código Penal de 1995 en España. Estos delitos ponen en peligro la seguridad colectiva al crear una situación de riesgo que podría lesionar bienes jurídicos. El Código Penal clasifica estos delitos en cuatro capítulos: delitos de riesgo catastrófico, incendios, delitos contra la salud pública y delitos contra la seguridad del tráfico. La diferencia clave de estos delitos es que no requieren un resultado dañino, sólo
La justicia restaurativa es un proceso en el que las partes involucradas en un delito, como la víctima, el ofensor y la comunidad, determinan de manera colectiva cómo manejar las consecuencias del delito y reparar el daño causado. Representa una respuesta evolucionada al crimen que se basa en la responsabilidad, la restauración y la reintegración.
El juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son los principales medios a través de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce el control de constitucionalidad en México para resolver conflictos entre poderes del gobierno y proteger los derechos establecidos en la constitución.
Este documento resume el Título XIX del Código Penal español, que regula los delitos contra la administración pública. El título contiene 10 capítulos que definen delitos como la prevaricación, el abandono de destino, la desobediencia, la denegación de auxilio y otros ataques contra el correcto funcionamiento de la administración pública. El objetivo es proteger los principios de eficacia, jerarquía y legalidad en las actuaciones de las autoridades y funcionarios públicos.
Este documento presenta el resumen curricular de Reggis Oliver Chávez Sánchez, incluyendo que es abogado, fiscal adjunto especializado en delitos de corrupción, docente universitario y autor de diversas publicaciones jurídicas. También ofrece información sobre delitos contra la administración pública y cuestiones relacionadas a la figura de funcionario público y autoría en delitos de corrupción.
El documento describe las responsabilidades de los funcionarios públicos según la ley. Explica que los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria si violan la ley o cometen abusos en el ejercicio de sus funciones. También establece que los funcionarios están obligados a declarar información relacionada con investigaciones de corrupción y pueden ser investigados por un posible enriquecimiento ilícito.
El documento trata sobre la determinación de responsabilidades en la función pública. Explica que la responsabilidad se genera por acciones u omisiones de los funcionarios públicos que infringen algún precepto en el ejercicio de sus funciones. Define conceptos como funcionario público, servidor público, agente público y tipos de responsabilidad. También describe los deberes y principios éticos que rigen a los funcionarios, como la probidad, eficiencia, imparcialidad y transparencia.
Este documento presenta un resumen de la Ley Contra la Corrupción en Venezuela. Establece normas para regular la conducta de funcionarios públicos y personas que manejen fondos públicos, garantizando el manejo transparente de los recursos. Incluye definiciones de funcionario público, patrimonio público, y principios como legalidad y rendición de cuentas. También describe obligaciones como la presentación anual de declaraciones juradas de patrimonio y sanciones por incumplimiento o corrupción.
Establece las normas que regirán la conducta de los ciudadanos, Para salvaguardar el patrimonio publico y Garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.
El documento describe las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios públicos en Venezuela. Establece que los funcionarios son responsables individualmente por abuso de poder o violación de la ley. También prohíbe a los funcionarios celebrar contratos con el estado u otras entidades públicas para su beneficio personal, y establece sanciones como multas y prisión para aquellos funcionarios que se apropian o malgastan los recursos públicos. Además, señala que los ingenieros y arquitectos que trabajan para el estado no
El documento describe las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios públicos en Venezuela. Establece que los funcionarios son responsables individualmente por abusos de poder o violaciones a la ley. También prohíbe a los funcionarios celebrar contratos con el estado u otras entidades públicas para su beneficio personal, y establece sanciones como multas y prisión para aquellos funcionarios que se apropian de bienes públicos o los utilizan indebidamente. Asimismo, señala que los ingenieros y arquitectos que trabajen
El documento describe las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios públicos en Venezuela. Establece que los funcionarios son responsables individualmente por abusos de poder o violaciones a la ley. También prohíbe a los funcionarios celebrar contratos con el estado u otras entidades públicas, realizar propaganda política mientras ejercen sus funciones, o utilizar bienes públicos para fines no autorizados, bajo pena de sanciones civiles, penales o administrativas. Asimismo, restringe que los profesionales como ingenieros
Trabajo juansito leyes de robo de vehiculos y corrupcionjuanjose205
Este documento trata sobre dos leyes: la Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores y la Ley sobre el contrabando. La primera establece sanciones de 4 a 8 años de prisión por el hurto de vehículos y de 9 a 17 años por el robo con circunstancias agravantes. La segunda ley busca prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público a través de principios como la honestidad y transparencia, así como establecer sanciones administrativas por infringir esta ley.
El documento trata sobre los delitos contra la administración pública en Colombia. Define conceptos como peculado, concusión y otros delitos que pueden cometer los funcionarios públicos como apropiarse indebidamente de bienes del Estado. Describe las penas asociadas a cada uno de estos delitos según está estipulado en la ley colombiana.
Este documento contiene extractos de la Constitución Política de Chile y del Código Penal chileno. En la Constitución se establecen derechos fundamentales como el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte, así como garantías para procesos judiciales justos. El Código Penal define los delitos y establece las circunstancias atenuantes y agravantes que modifican las penas. También clasifica los delitos en crímenes, simples delitos y faltas, y establece las diferentes escalas de
Este documento resume los principales aspectos del régimen disciplinario para servidores públicos en Colombia. Explica que la Ley 734 de 2002 modificó la legislación anterior para brindar mayor claridad sobre procedimientos, inhabilidades e incompatibilidades. También describe los principios rectores del derecho disciplinario como legalidad, tipicidad, debido proceso, defensa, proporcionalidad de sanciones y motivación de decisiones. Finalmente, define conceptos clave como potestad disciplinaria, sujetos disciplinables y acción disciplinaria.
Este documento describe las leyes y regulaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa y ética de los funcionarios públicos en Venezuela. Establece que los funcionarios están sujetos a responsabilidades por abuso de poder o violaciones a la ley. También describe los requisitos para ser funcionario público y las prohibiciones e incompatibilidades, como ejercer actividades profesionales privadas mientras se trabaja para el estado. Además, explica que los funcionarios están sujetos a responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria por delitos, faltas o irregularidades relacion
Este documento presenta información sobre la legislación aplicable a los ingenieros, arquitectos y profesionales afines que trabajan en el sector público en Venezuela. Explica que estos profesionales están sujetos al Estatuto de la Función Pública y deben cumplir con requisitos como no celebrar contratos con el Estado y no realizar actividades privadas cuando trabajen para el sector público. También cubre temas como la responsabilidad administrativa, penal y ética de los funcionarios, así como las leyes contra la corrupción y el derecho ambiental y mercant
El documento presenta información sobre la legislación aplicable a los funcionarios públicos y profesionales en Venezuela. Explica que los funcionarios están sujetos al Estatuto de la Función Pública y deben cumplir con requisitos como ser venezolanos y mayores de edad. También están prohibidos de realizar ciertas acciones como celebrar contratos con el estado. Los profesionales deben cumplir con la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines y no pueden ejercer de forma privada si trabajan para el
Regimen disciplinario ese servidores publicos - copiacasadelvocal
El documento describe el marco legal y los principios rectores del régimen disciplinario para los servidores públicos en Colombia según la Ley 734 de 2002. Se establece que la función pública debe salvaguardar la moralidad pública y que constituye falta disciplinaria cualquier conducta que incumpla deberes u obligaciones. El procedimiento disciplinario debe respetar principios como legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, igualdad y proporcionalidad de sanciones.
El documento describe las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos según la Ley de Acceso a la Información Pública. Explica que un servidor público es cualquier persona que ocupe un puesto en la administración pública por nombramiento, contrato u otro vínculo legal. Los servidores públicos están sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas si incumplen la ley o cometen actos arbitrarios. La ley establece sanciones como multas o prisión para delitos como la comercialización, alteración o retenc
Trabajo de robo de vehiculos y corrupción 2 en 1juanjose205
Este documento trata sobre dos leyes: 1) La Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, la cual establece penas de prisión de 4 a 8 años por el hurto de vehículos. También contempla circunstancias agravantes que aumentan la pena de 9 a 17 años. 2) La Ley sobre el contrabando, cuyo objetivo es crear mecanismos para prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público, mediante principios como la transparencia y rendición de cuentas. Esta ley también establece s
Este documento presenta el Código Disciplinario Único de Colombia. Establece los principios rectores de la ley disciplinaria como la legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad de las sanciones, y derecho a la defensa. También define la falta disciplinaria, los sujetos disciplinables como servidores públicos, y las causales de extinción de la acción disciplinaria como la prescripción o muerte del investigado.
Similar a Unidad 13. Delitos de peligro contra servicio público (20)
El documento describe los requisitos estructurales y de análisis para edificaciones durante sismos. Se requiere que toda edificación cuente con un sistema estructural capaz de transmitir fuerzas laterales e inerciales generadas durante sismos, así como fuerzas gravitacionales. El análisis estructural debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que puedan afectar la respuesta sísmica, incluyendo muros y fachadas. Se verificará que la estructura y cimentación puedan resistir fuerzas y momentos inducidos por sismos
Los muros son elementos constructivos delgados que soportan cargas o dividen espacios. Se clasifican según su función estructural, material, aislamiento y forma. Los muros de carga soportan cargas, mientras que los muros divisorios solo soportan su propio peso y aíslan espacios.
Una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro para transmitir la carga al suelo de manera adecuada. Existen tres tipos principales de zapatas: zapatas aisladas para columnas individuales, zapatas corridas para muros u hileras de columnas, y zapatas combinadas para dos o más columnas. Las zapatas deben diseñarse para prevenir fallas por asentamiento del suelo bajo cargas nuevas o cambiantes.
El documento describe diferentes tipos de suelos y cimentaciones. Los suelos arenosos son estables pero propensos a la erosión, mientras que los suelos arcillosos tienden a hincharse y contraerse. Las cimentaciones apropiadas dependen de la dureza del suelo, incluyendo losas y pilotes para suelos blandos y zapatas para suelos más duros. Un estudio de mecánica de suelos es necesario para seleccionar la cimentación adecuada.
Este documento describe los tipos de falla que pueden ocurrir en columnas debido a la combinación de carga axial y momento de flexión, incluyendo falla por desconchamiento del concreto o falla por adherencia del bloque de unión. También establece requisitos para el refuerzo transversal de columnas, como la separación máxima de estribos y anillos, y el detallado adecuado de estribos y grapas para restringir las barras longitudinales.
Este documento describe diferentes tipos de losas y estados límite de falla. Discuten losas planas apoyadas en columnas, donde la estructura debe resistir sísmicamente sin la losa. También cubre estados límite de falla por flexión, incluyendo cálculos de esfuerzos normales, esfuerzos en el acero de presfuerzo y relaciones de luces que definen el comportamiento unidireccional o bidireccional de una losa. Además, proporciona enlaces a artículos sobre cálculo de losas planas
Las vigas de concreto reforzado pueden sufrir dos tipos principales de falla: a flexión y por tensión diagonal (cortante). La falla por cortante es repentina y frágil, y es más peligrosa que la falla por flexión porque no presenta agrietamientos previos. Los esfuerzos cortantes generan tensiones diagonales en la sección transversal de la viga; el concreto resiste bien la compresión diagonal pero puede agrietarse bajo grandes tensiones diagonales.
El documento describe las propiedades del concreto fresco y endurecido, incluyendo su composición de agregados y matriz de cemento. También explica que el acero de refuerzo se utiliza para tomar los esfuerzos internos de tensión en una estructura de concreto y que debe cumplir con ciertas normas y clasificaciones según su esfuerzo de fluencia.
Este documento discute los conceptos de ingresos y gastos, así como las normas contables aplicables al reconocimiento de ingresos. Explica que los ingresos deben reconocerse a medida que se transfieren bienes o servicios a los clientes, y que el modelo contable debe basarse en la valoración de activos y pasivos en lugar de ingresos y gastos. También cubre temas como la clasificación y presentación de ingresos y gastos, y el control interno.
Este documento habla sobre conceptos relacionados al capital contable de una sociedad. Explica la clasificación del capital contable, las cuentas principales de capital, las reglas de valuación y clasificación del superávit y las reservas de capital. También menciona la importancia del control interno sobre el capital contable.
Este documento habla sobre la deuda a largo plazo, incluyendo préstamos y bonos con vencimientos mayores a un año. Explica que estos instrumentos generalmente tienen tasas de interés más altas debido al mayor riesgo asumido por los prestamistas. También cubre temas como la valuación y registro contable de préstamos y emisiones de obligaciones, así como controles internos relacionados.
Este documento define el pasivo circulante y los conceptos incluidos, como cuentas por pagar, nómina y otros pasivos a corto plazo. Explica las reglas de valuación para cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, como registrar la nómina, y las reglas para presentar el pasivo circulante. También cubre los controles internos importantes para el pasivo circulante.
Este documento describe diferentes tipos de inversiones permanentes a largo plazo, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos e inversiones inmobiliarias. Explica que las inversiones permanentes son aquellas que una empresa mantiene por más de un año y pueden convertirse en efectivo a largo plazo, como bonos, obligaciones y acciones de terceros. También incluye inversiones en subsidiarias asociadas y depósitos a largo plazo.
Este documento resume los diferentes tipos de recursos procesales penales en 3 oraciones. Incluye recursos intraprocesales que permiten un nuevo examen dentro de un mismo proceso, como la apelación. También describe recursos extraordinarios que dan lugar a otro proceso, como la revocación. Explica requisitos como presentar el recurso por escrito y en un plazo determinado, así como las decisiones judiciales que son susceptibles de ser recurridas, como sentencias definitivas.
El documento describe las etapas y principios del nuevo sistema de justicia penal en México tras las reformas constitucionales de 2008. Explica que el juicio oral es la etapa culminante del proceso y se divide en subfases como la presentación de teorías del caso por parte de fiscalía y defensa, el desahogo de pruebas, los alegatos finales y la sentencia final del juzgador.
Este documento resume las diferentes etapas del proceso penal y las formas en que puede terminar anticipadamente, incluyendo la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad. Estas salidas alternas buscan solucionar conflictos con menor costo para el Estado, las víctimas y los imputados, respetando los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.
Las medidas cautelares son aquellas adoptadas en un proceso para asegurar un resultado futuro. Su objetivo es preservar anticipadamente una consecuencia previsible que debe ocurrir en el proceso. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 reguló las medidas cautelares de manera general para resolver las deficiencias de la ley anterior. Los requisitos generales para conceder una medida cautelar son que haya peligro por la demora procesal, apariencia de buen derecho de quien la solicita, y la presentación de una caución.
El documento describe los principios de actuación del derecho procesal penal como la buena fe, la justicia, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la objetividad, la unidad y el profesionalismo. Señala que los fiscales encargados de la investigación y persecución de delitos tendrán facultades y obligaciones autónomas como recibir denuncias, dirigir investigaciones penales, integrar carpetas de investigación y solicitar medidas cautelares.
El documento habla sobre la etapa de investigación inicial en el proceso penal. En esta etapa, el Ministerio Público realiza actos de investigación para comprobar si se cometió un delito. El Ministerio Público conduce la investigación, coordina a la policía y servicios periciales, y puede ordenar diligencias para demostrar la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió. Al final de la investigación inicial, el Ministerio Público puede solicitar citatorios o órdenes de aprehensión contra el imputado si considera que exist
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal autónomo cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tiene funciones contenciosas, consultivas y de medidas provisionales. Está compuesta por siete jueces de los Estados miembros de la OEA y celebra períodos de sesiones ordinarios y extraordinarios para resolver casos y supervisar el cumplimiento de sentencias.
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
Business Plan -rAIces - Agro Business Techjohnyamg20
Innovación y transparencia se unen en un nuevo modelo de negocio para transformar la economia popular agraria en una agroindustria. Facilitamos el acceso a recursos crediticios, mejoramos la calidad de los productos y cultivamos un futuro agrícola eficiente y sostenible con tecnología inteligente.
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
Unidad 13. Delitos de peligro contra servicio público
1.
2. Artículo 404. CP
“A la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de siete a diez
años”.
3. Artículo 446.
“El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución
injusta será castigado:
Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia
injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no
hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior
y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos
casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por
tiempo de diez a veinte años.
Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se
tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por
falta.
Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años,
cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas”.
4. Bien jurídico común: función pública como actividad de
prestación de los administrados
◦ Especificidad de la prevaricación administrativa: La
Administración pública como objeto de protección no se
corresponde con el conjunto orgánica ni con su dignidad ni con su
prestigio sino con la función pública, y más concretamente en el
delito de prevaricación con el deber de objetividad
◦ Especificidad de la prevaricación judicial: Se protege dentro de la
función pública el ejercicio de la función jurisdiccional (arts 117.1.3)
por jueces y magistrados imparciales y responsables, sometida al
imperio de la ley.
5. Innovaciones del Código del 95
La supresión de la modalidad imprudente
Dictare una resolución arbitraria
6. CONDUCTA TÍPICA:
◦ Dictare una resolución arbitraria: acto administrativo no
ajustado a Derecho, es decir, arbitrario.
7. CONDUCTA TÍPICA:
◦ Término “injusticia”:
Teoría subjetiva: actúa contra su propia convicción de lo que es
Derecho.
Teoría objetiva: se mide en relación al Ordenamiento jurídico,
por lo que injusta será toda resolución contraria a Derecho.
Teoría intermedia: o del incumplimiento de un deber, se
diferencia con la objetiva en el caso de leyes multívocas.
Teoría mixta: es necesario una objetiva injusticia y la subjetiva
tendencia del funcionario de contradecir el Derecho.
8. Elemento subjetivo:
◦ “A sabiendas de su injusticia”: Dolo directo: no cabe dolo
eventual. Tampoco se incrimina la conducta imprudente.
9. PREVARICACIONES ESPECÍFICAS:
Artículo 320.
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de
edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena
establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce
a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un
organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”.
Artículo 322.
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de
derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el
artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un
organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”.
Artículo 329.
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias
manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se
refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o
disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404
de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un
organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”.
10. PREVARICACIONES ESPECÍFICAS:
Son tipos agravados de prevaricaciones especiales en
ciertos sectores sociales: el urbanístico, el patrimonio
histórico y el medioambiente.
11. PREVARICACIONES ESPECÍFICAS:
Bien jurídico
Son delitos pluriofensivos, puesto que además de la lesión o
peligro al correcto ejercicio de las funciones públicas, se añade
la afectación a los respectivos bienes tutelados: urbanismo,
patrimonio histórico, y medio ambiente.
12. PREVARICACIONES ESPECÍFICAS:
Conducta típica:
◦ “Haya resuelto o votado a favor”.
◦ “Al que informa favorablemente”: con lo que viene a
tipificar expresamente conductas de participación en un
delito de prevaricación.
13. PREVARICACIONES ESPECÍFICAS:
Lo común con el Art. 404 CP:
◦ Sujeto activo: autoridad o funcionario público a efectos
penales.
◦ La resolución injusta o arbitraria
◦ A sabiendas de su injusticia
Lo específico de los artículos 320.1- 322.1 - 329.1 CP:
◦ No se precisa que sea una resolución, bastando la emisión
de un informe favorable para que se resuelva injustamente
◦ El carácter pluriofensivo de los bienes jurídicos protegidos.
14. Artículo 405 CP.
“A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su
competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un
determinado cargo público a cualquier persona sin que
concurran los requisitos legalmente establecidos para ello,
se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses
y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a dos años”.
Artículo 406 CP.
“La misma pena de multa se impondrá a la persona que
acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión
mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de
los requisitos legalmente exigibles”.
15. BIEN JURÍDICO: Administración pública
afecta directamente a la organización interna de la
Administración, y sólo indirectamente al servicio
público que debe prestar a los ciudadanos, es decir,
a la pureza de la función ante los ciudadanos
16. CAMBIOS DEL ART. 405 RESPECTO AL
ANTIGUO CP:
◦ Se introduce un nuevo supuesto típico “dare posesión”
para el ejercicio de un determinado cargo publico.
◦ La introducción del término “de su ilegalidad” referido
al “a sabiendas”
◦ La adición del término “para el ejercicio de un
determinado cargo público”
17. LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL INJUSTO:
Sujeto activo: autoridad o funcionario público a
efectos penales en el ejercicio de su competencia.
Acción típica:
◦ Proponer, nombrar o dar posesión para el ejercicio de un
determinado cargo público
◦ Que falten los requisitos legalmente establecidos
18. ELEMENTO SUBJETIVO:
◦ “A sabiendas de su injusticia”: Dolo directo: no cabe dolo
eventual. Tampoco se incrimina la conducta imprudente.
19. Artículo 408 CP.:
“La autoridad o funcionario que, faltando a la
obligación de su cargo, dejare intencionadamente de
promover la persecución de los delitos de que tenga
noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de seis meses a dos años”.
20. BIEN JURÍDICO
El correcto desempeño de la función pública, pero
tal desempeño se protege en tanto que, por su
mediación se prestan unos servicios a la comunidad,
siendo los intereses directamente tutelados: el
servicio de administración de justicia y el de policía.
21. SUJETO ACTIVO
Es el funcionario o autoridad que tiene asignada la
función de promover la persecución de los delitos y
de sus responsables.
22. SUJETO ACTIVO
Jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios del juzgado,
funcionarios señalados en el Art. 283 Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los cuerpos y
fuerzas de seguridad, aún cuando se encuentren fuera de servicio.
Artículo 283. Ley de Enjuiciamiento Criminal
“Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal
y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades
reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:
Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los
delitos o de algunos especiales.
Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.
Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de Barrio.
Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución
de malhechores.
Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural.
Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.
Los funcionarios del Cuerpo especial de prisiones.
Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los
accidentes”.
23. CONDUCTA TÍPICA
Es un delito de omisión pura de garante, que
consiste en dejar de promover la persecución de los
delitos de que se tenga noticia o de sus
responsables.
24. TIPO SUBJETIVO
Dolo directo al incluir el término
“intencionadamente”, de tal forma que se excluye el
dolo eventual
26. Artículo 407. CP
“1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no
impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII,
XXIII y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación
absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado
el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto
no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial
competente”.
TÍTULO XXI. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN.
TÍTULO XXII. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.
TÍTULO XXIII. DE LOS DELITOS DE TRAICIÓN Y CONTRA LA PAZ O LA
INDEPENDENCIA DEL ESTADO Y RELATIVOS A LA DEFENSA NACIONAL.
TÍTULO XXIV. DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
27. CONDUCTA TÍPICA
El abandono de destino para no perseguir o
impedir alguno de los delitos de los títulos
señalados taxativamente en el delito.
El abandono de destino para no impedir o
perseguir cualquier otro delito (no falta).
El abandono de destino para no ejecutar las penas
correspondientes a un delito.
29. SUJETO ACTIVO
Rodriguez Puerta y Fermín Morales: el sujeto activo
puede ser cualquier funcionario.
Orts Berenguer: sólo aquellos funcionarios que
tienen alguna competencia o vinculación, al menos
genérica, de perseguir o impedir o ejecutar las penas
impuestas.
30. Artículo 409.CP
“A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren,
dirigieren u organizaren el abandono colectivo y
manifiestamente ilegal de un servicio público, se les
castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a dos años.
Las autoridades o funcionarios públicos que meramente
tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente
ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio
de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de
multa de ocho a doce meses”.
31. BIEN JURÍDICO
La regular prestación de los servicios públicos por la
Administración a la sociedad.
32. CONDUCTA TÍPICA
1. Apartado primero: Promover, dirigir u organizar el
abandono colectivo y manifiestamente ilegal de
un servicio público.
2. Apartado segundo: Tomar parte en el abandono
colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio
público esencial y con grave perjuicio de éste o de
la comunidad.
33. Artículo 410 CP.
“1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el
debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la
autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y
revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a
doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de seis meses a dos años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad
criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un
mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un
precepto de Ley o de cualquier otra disposición general”.
Artículo 411 CP.
“La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo
que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la
ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que
aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa
de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años”.
34. La relación de jerarquía o el principio de
subordinación por razón de servicio o de función
como presupuesto del delito de desobediencia:
La competencia (objetiva, territorial y funcional).
35. BIEN JURÍDICO:
De una forma mas concreta el bien jurídico los
constituye el principio jerárquico en la
organización de la Administración Pública en
cuanto a través de el se tienda a la consecución de
los intereses generales.
36. DELITO ESPECIAL:
¿propio o impropio?
Doctrina q defiende q es un delito especial
impropio se corresponde con el delito de
desobediencia común: arts. 556 y 634 CP.
Doctrina que defiende que es un delito especial
propio entienden que hay diferencias
estructurales entre la desobediencia del
particular y la del funcionario.
37. Tipo básico:
Conducta típica: La acción delimitadora del tipo consiste en
negarse abiertamente: la concreta oposición por parte
del subordinado a cumplir la orden dictada por un
superior, dicha orden ha de ponerse de relevancia de
una manera clara, ostensible y manifiesta:
Relación jerárquica de subordinación.
La emisión de una orden o de una decisión de la autoridad, o
de una resolución judicial.
38. Párrafo segundo del 410:
◦ Es el denominado tipo negativo de desobediencia
justificada.
39. Tipo subjetivo
Dolo: se excluye la imprudencia, y al usar el
término abiertamente también el dolo eventual.
40. Tipo agravado: Art. 411 CP Los elementos son:
◦ La existencia de una orden.
◦ Que ésta haya sido suspendida en su ejecución en su
ejecución con anterioridad por autoridad o funcionario
público
◦ Que sus superiores hayan desaprobado aquélla
suspensión
◦ Que a pesar de ello, vuelva a desobedecer la nueva
decisión de sus superiores.
41. Artículo 412 CP.
“1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio
debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las
penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a dos años.
2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la
autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de
empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.
3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio
a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las
personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho
a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de tres a seis años.
Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas,
será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo
o cargo público de uno a tres años.
En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se
castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a dos años”.
42. Hay dos grupos diferenciados en el tipo:
La denegación de auxilio solicitado por autoridad
La denegación de auxilio requerido por particular
43. 1. La denegación de auxilio solicitado por
autoridad:
► Se motiva en base al principio de coordinación entre las
diferentes administraciones y sus miembros (art. 103
CE).
44. Tipo básico:
◦ La conducta que se considera el núcleo del tipo es la de no
prestar el auxilio debido. Es decir, estamos ante un delito de
omisión pura, donde la acción consiste en un no hacer por parte
de un funcionario que si podría hacer, y debería hacer en base a
un deber de actuar frente a una petición de colaboración, en
forma de auxilio, ayuda, amparo, socorro, asistencia,
jurídicamente fundada y realizada por autoridad competente y
facultada para ello.
Tipo agravado:
◦ Se configura sobre la diferenciación del sujeto requerido.
45. 2. La denegación de auxilio requerido por
particular:
► Aquí no se protege el principio de coordinación entre
administraciones sino el deber de servicio q la
administración tiene con los ciudadanos.
46. Tipo básico
La conducta típica es similar a los tipos
anteriores, con la particularidad de que el que
requiere es un particular y de que el auxilio
solicitado está determinado hacia el objetivo de
evitar un delito contra la vida.
Tipo atenuado
En razón del objeto de auxilio:
◦ Cuando se trate de delitos contra la integridad,
libertad sexual, salud o libertad de las personas.
◦ Cuando sea para evitar cualquier otro delito o mal.
47. Artículo 413.
“La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté
encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Artículo 414.
“1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad
competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o
inutilización, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de seis a dieciocho meses”.
Artículo 415.
“La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a
documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
Artículo 416.
“Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores los
particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a
quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos”.
Artículo 417.
“1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban
ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres
años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de uno a tres años”.
Artículo 418.
“El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será
castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de
prisión de uno a seis años”.
48. LA INFIDELIDAD MATERIAL: ART. 413
La conducta típica:“sustraer, destruir, inutilizar u
ocultar, total o parcialmente documentos cuya
custodia esté encomendada por razón de su cargo”
50. EL ARTÍCULO 414 CP. EL QUEBRANTAMIENTO
DE LOS MEDIOS PARA PROTEGER LOS
DOCUMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO
Conducta típica: Se castiga al funcionario que
teniendo a su cargo la custodia de documentos
sellados o que tengan el acceso restringido por
cualquier medio o barrera para impedir el acceso de
dichos documentos, quebrantare o rompiera esos
sellos, medios o barreras propios de los documentos
de acceso restringido.
51. EL ARTÍCULO 415. LA INFIDELIDAD RESPECTO
DE LOS DOCUMENTOS SECRETOS:
Se castiga la violación de secretos contenido en
documentos cuya custodia le esté confiada al
funcionario por razón de su cargo, es decir, quien
tiene ese deber de vigilancia: se castiga el acceso
ilícito a documentos secretos por parte del
funcionario no autorizado para conocer su
contenido.
52. EL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PENAL
Se trata de una cláusula de extensión de la
responsabilidad a los particulares cuando efectúen los
comportamientos típicos de los arts. 413, 414, 415, a
cuya descripción típica se remite expresamente el art.
416, con una penalidad inferior.
53. Concepto de secreto: el bien jurídico protegido
El secreto no se encuentra definido por la Ley pero se acepta
como definición: “un hecho conocido sólo por un número
limitado de personas, en cuya ocultación el afectado tiene un
interés”.
Pero no todo secreto merece protección jurídico-penal, para
que la tenga y por tanto, estemos ante una conducta típica,
hay que relacionarlo con el bien jurídico. En el caso de estos
artículos será un secreto relevante jurídico penalmente, aquél
cuya revelación afecte a los intereses públicos de la
Administración y, por ende, al correcto funcionamiento de la
función pública.
54. EL DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS E
INFORMACIONES POR FUNCIONARIO
PÚBLICO: ARTS. 417
La autoridad o funcionario público que tenga
conocimiento por razón de su oficio o cargo de
secretos o informaciones que no deben ser divulgadas,
es decir que ostenten el acceso lícito al contenido del
secreto, y que divulguen su contenido.
55. EL ARTÍCULO 418 CP: EL APROVECHAMIENTO
INDEBIDO DE SECRETOS O INFORMACIONES
PRIVILEGIADAS POR PARTICULAR
Este delito constituye un tipo de participación
expresamente tipificado, en el que se castiga al
particular que recibe la revelación de un secreto o de
información privilegiada de parte de un funcionario
público o autoridad, y se aprovecha de dicho secreto
o información para sí o para un tercero, obteniendo
un beneficio