1. Hervé Falciani reveló información confidencial de 24,000 clientes de HSBC en Suiza a varios países, lo que llevó al descubrimiento de fraudes fiscales significativos. Aunque esto violó las leyes suizas, también puso al descubierto actividades ilegales. 2. Aunque Suiza busca la extradición de Falciani por estos cargos, España se ha negado a extraditarlo, ya que los delitos por los que se le acusa en Suiza no son delitos en España. 3. Es necesario regular mejor

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CUANDO DECIR LA VERDAD ES HEROICO.
Manfred Nolte
La reciente detención en Madrid de Hervé Falciani cuando iba a participar en
una conferencia pública en la Universidad Pontificia de Comillas bajo el
título ‘Decir la verdad es heroico’ reabre la polémica sobre los confidentes
infractores de la ley (‘whistleblowers’). El filtrador de información de buena fe
se sitúa ante una delicada disyuntiva: de una parte transgredir la ley robando y
revelando datos confidenciales, y de otra ser fiel a su conciencia y denunciar
actividades fraudulentas e incluso de índole criminal. La primera decisión
convierte en quien la adopta en un delincuente, ya que delinque al transgredir la
norma vigente. La segunda se erige en el pilar de la construcción democrática,
donde todos vienen obligados a defender el bien común, amenazado, en el caso
que aquí nos ocupa, por la existencia de unas jurisdicciones opacas llamadas
paraísos fiscales.
Como informático de la institución financiera HSBC, en su filial sita en Ginebra,
Hervé Falciani se apropió de información comercial relativa a posiciones y
movimientos de 24.000 clientes del Banco amparadas en el secreto bancario
suizo y en 2008 las entregó primero a las autoridades anticorrupción francesas
y más tarde a las de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y España.
En todos estos países se destaparon importantes casos de delito fiscal. En el
caso de España, donde reside, la delación sirvió para descubrir 659 fraudes y
aflorar más de 6.000 millones de euros evadidos. Todo ello con los datos de una
sola sucursal de un solo Banco helvético y solo en el periodo transcurrido entre
1997 y 2007. Añada el lector sucursales, Bancos y años.
Suiza reclama de nuevo la extradición de Falciani, acusándole de cuatro delitos
tipificados en su Código Penal: espionaje financiero, violación del secreto
bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a
clientes. Por lo anterior, el Tribunal Penal Federal suizo condenó en 2015 a
Falciani a cinco años de cárcel.

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Falciani ya había sido detenido en Barcelona en julio del año 2012, a causa de la
orden de detención emitida por Suiza. Felizmente, la Audiencia nacional
rechazó en su momento la petición helvética al considerar que los delitos de los
que se le acusa en Suiza (fundamentalmente la violación de secreto bancario) no
están tipificados como tales en la legislación española y el italo-francés fue
puesto en libertad en diciembre de ese mismo año. Más aún, el tribunal
consideró que los datos entregados constituían “actividades sospechosas de
ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna
manera son susceptibles de legítima protección”. No parece probable la entrega
de Falciani a Suiza, pese a la reiteración de la demanda de extradición, por
tratarse de ‘cosa juzgada’.
Un punto crítico lo constituyen las normativas de cobertura de las actuaciones
delatoras, que cuentan con procedimientos fragmentados o insuficientes en la
mayoría de ordenamientos jurídicos. Doce países han dictado protocolos
aceptables de protección y Estados Unidos y Canadá son los que más han
regulado dicha conducta ofreciendo sólidas garantías a los delatores. La
normativa española de prevención de blanqueo del dinero establece la
obligación inequívoca de reportar al SEPLAC, el servicio competente del Banco
de España, no solo cualquier tipo de actividad ilícita conocida, sino aun su
simple sospecha. Mientras tanto, países como Suiza siguen haciendo del
blindaje informativo una pieza esencial de su afamada industria financiera.
¿Cómo encasillar a los delatores? ¿Ladrones, hackers, espías, chantajistas,
buscadores de notoriedad? ¿O tal vez testigos de la tenue y a veces heroica voz
de la conciencia? Regular los derechos y obligaciones de sujetos como Hervé
Falciani, Rudolf Elmer, Edward Snowden, Julian Assange, los autores de los
‘Luxleaks’ y una larga lista adicional de confidentes resulta, en cualquier caso,
central para contrarrestar los estragos que la jurisdicciones ocultas ocasionan a
la credibilidad de la justicia con letras mayúsculas.
Las noticias que circulan sobre las motivaciones pecuniarias iniciales de Falciani
son contradictorias. Tirar de ese hilo no añadiría posiblemente más que
confusión y desprestigio al tema. Pero si no cabe disculpa para motivos
bastardos en un confidente, menos disculpas cabrán para impedir que el peso
de la ley recaiga sobre quienes promueven y dan cobertura a actividades ilícitas
organizadas. Debe aprovecharse desde el Estado de derecho y la cooperación
internacional cualquier resquicio para plantar cara al permanente desafío
lanzado por esas jurisdicciones sin rostro, llamadas cínicamente ‘paraísos’
fiscales.