1. El caso Falciani involucra la filtración de información bancaria confidencial de HSBC en Suiza que reveló casos de evasión fiscal en varios países. Falciani entregó los datos a autoridades en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, EE.UU. y España, donde se descubrieron 659 presuntos fraudes y €6,000 millones no declarados. 2. Los paraísos fiscales como Suiza ocultan entre $1-1.6 billones en flujos financieros ilícitos anuales y $32 billones en

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El caso Falciani.
Manfred Nolte
El caso Falciani, esto es, el robo y filtrado posterior de una información que en
territorio suizo goza del máximo secreto, plantea un conflicto de interés que
enfrenta, de una parte a la seguridad jurídica que debe prevalecer en la
actuaciones de una sociedad organizada y de otra la salvaguarda de la justicia en
abstracto, como trasposición del derecho natural y los valores éticos. Esta sería,
a su vez, el pilar y fundamento de la construcción democrática, donde todos por
igual vienen obligados a acatar la norma. El veredicto moral del caso Falciani
apuntaría al rescate de aquella legalidad superior entendida como una conducta
transitiva universal sin cotos ni excepciones y al acoso y desaparición final –
entre otros fenómenos- de aquellas jurisdicciones llamadas paraísos fiscales,
probablemente el escándalo más sonoro e hiriente de entre los consentidos por
las economías de mercado.
Como experto informático de la poderosa institución HSBC, en su filial sita en
Ginebra, Hervé Falciani se apropió de información comercial relativa a
posiciones y movimientos de 24.000 clientes del Banco amparadas en el secreto
bancario suizo y en 2008, en la antesala de la gran crisis global, las entregó
primero a las autoridades anticorrupción francesas y mas tarde las de Italia,
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y España. En todos ellos se destaparon
importantes casos de fraude fiscal. En el caso de España sirvió para descubrir
659 presuntos fraudes y aflorar más de 6000 millones de euros no declarados.
Todo ello con los datos de la sucursal de un solo Banco helvético y en el periodo
transcurrido entre 1997 y 2007. En Suiza están registrados alrededor de 330
entidades bancarias y un número indeterminados de Financieras que ejercen de
forma análoga a aquellas. Aparte de Suiza el número de jurisdicciones secretas
no colaboradoras se cuenta por docenas a lo largo y ancho del planeta. El propio
Falciani relata que Asia es el gran agujero negro. “Miles de millones de dólares
se trasladan hacia Hong Kong, Singapur o Kuala Lumpur. Dinero que es
reinvertido en Asia y, por lo tanto sustraído a la economía real. He comprobado
que por cada mil millones que quedan en Ginebra hay otros tres mil millones
que van a Hong Kong”. El Banco Mundial cuantifica la magnitud de esta
industria de la ocultación: Entre 1 y 1,6 billones de dólares al año en flujos
financieros ilícitos transfronterizos. Según otras fuentes, alrededor de 32
billones de dólares es el monto de los saldos remansados en paraísos fiscales, lo
que implica que una base equivalente al 40% del PIB mundial escapa a la
recaudación de los Estados.
Suiza reclamaba la extradición de Falciani, acusándole de cuatro delitos
tipificados en su Código Penal: espionaje financiero, violación del secreto
bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a
clientes. Felizmente, la Audiencia nacional acaba de rechazar la petición
helvética al considerar que los delitos de los que se le acusa en Suiza no están
tipificados como tales en la legislación española. Más aún, el tribunal considera
que los datos entregados constituyen “actividades sospechosas de ilegalidad e
incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son
susceptibles de legítima protección”.Y ello no solo conforme a derecho español
sino también al de otros estados.

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No entraremos a analizar las actuaciones delatoras, que cuentan con
procedimientos fragmentados e insuficientes en diversos ordenamientos
jurídicos. Estados Unidos y Canadá son los que más han regulado dicha
conducta ofreciendo sólidas garantías a los delatores. La normativa española de
prevención de blanqueo del dinero establece la obligación inequívoca de
reportar al SEPLAC, el servicio competente del Banco de España, no solo
cualquier tipo de actividad ilícita conocida, sino aun su simple sospecha.
Mientras tanto, países como Suiza siguen haciendo del blindaje informativo una
pieza esencial de su afamada industria económica.
El caso Falciani apunta la procedencia o improcedencia de determinadas
prácticas delatoras. Pero de otra vuelve a descubrir uno de los sumideros mas
inconfesables de nuestra moderna economía de mercado: la existencia de las
jurisdicciones secretas. Y ello no tanto por ser reductos de baja fiscalidad que
permiten legalmente a las empresas multinacionales desviar hacia ellos los
beneficios devengados en otros países, con grave quebranto para las haciendas
locales. Ni siquiera porque dan cobijo a remesas fabulosas con origen en las
dictaduras del sur y también de otras latitudes. El cáncer fundamental de estos
centros se detecta primordialmente en la asunción legal de la opacidad a través
de la figura de la „fiducia‟ por la que se guarece el anonimato del titular último y
real del negocio. Mientras occidente progresa tímidamente hacia el intercambio
sistemático de información promoviendo la transparencia de las operaciones,
bajo la práctica fiduciaria estos centros proveen un espacio de impunidad a todo
tipo de comercios ilícitos. Mientras el mundo negocia plataformas de consenso y
homogeneidad armonizando la actividad económica y estableciendo reglas de
juego, estas demarcaciones apadrinan el escape de la norma, promueven la
alteración de las reglas amparando la corrupción y la criminalidad, y desquician
la transitividad y la lógica del sistema. Procederes perseguidos por la ley en gran
parte de occidente son comúnmente admitidos o tolerados en ellas.
¿Cómo encasillar a los delatores?¿Ladrones, hackers, espías, despechados,
chantajistas, buscadores de notoriedad y dinero? ¿O tal vez seguidores de la
delgada e imprecisa voz de la conciencia, donde se oculta el resorte del
imperativo moral? Amparar a Hervé Falciani o Rudolf Elmer o Julian Assange o
un largo etcétera de delatores resulta, en cualquier caso, central para
contrarrestar los estragos que la corrupción ocasiona en la credibilidad y
supervivencia de la justicia con letras mayúsculas. Las noticias que circulan
sobre las motivaciones inicialmente frustradas de Falciani son contradictorias.
Tirar de ese hilo nos conduciría posiblemente a un laberinto sin salida y
dificultaría adicionalmente las frágiles conclusiones que aquí se exponen. Pero
si no cabe disculpa para la falta menor, justo es que todo el peso de la ley recaiga
sobre la falta mayor, sobre quienes dan cobertura a la actividad ilícita
organizada. Y aprovechar desde el Estado de derecho cualquier resquicio que
permita replicar sin piedad a la guerra cínica e inconmovible librada por esas
jurisdicciones secretas.