Este documento presenta un resumen de tres sentencias de la Corte Constitucional de Colombia (T-764/2012, T-861/2013, T-282/2014) relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Las sentencias establecen que aunque estas personas tienen restringidos algunos derechos, el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales como la dignidad y el acceso a un ambiente sano. La sentencia T-153 de 1998 es citada frecuentemente como precedente y establece la relación

1. LINEA JURISPRUDENCIAL
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA RELACIONADA CON EL MEDIO AMBIENTE SANO
EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
YENNY LORENA MUÑOZ AVENDAÑO
CODIGO: 201421723
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
TUNJA
2016

2. INTRODUCCIÓN
El derecho al ambiente sano en Colombia es protegido constitucionalmente, siendo el Estado
el principal garantista de este; se encuentra dentro de la tercera categoría de derechos en los
denominados derechos colectivos; por esta razón van dirigidos a la sociedad, derechos
adoptados por la constitución de 1991 pero concebidos desde 1980.
En nuestra constitución vigente el artículo más importante, al ser explícito sobre este derecho,
es el 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente (…)”1
Según el mencionado artículo todas las personas poseen este derecho, aun las privadas de
la libertad. Como bien manifiesta la Corte Constitucional aunque se les restrinjan algunos
derechos fundamentales, como la libertad, el Estado debe garantizar los derechos inherentes
del ser humano y mantener su integridad. Un ser humano jamás podrá ser tratado de manera
que se atente contra su dignidad humana, todos los entes nacionales e internacionales
protectores de derechos humanos propugnan por mantener intacto este derecho. En la carta
política se manifiesta el respeto hacia este en el artículo primero “Colombia es un Estado
social de derecho (…) fundada en el respeto de la dignidad humana (…)”2
La dignidad humana puede verse quebrantada por multitud de actuaciones, y más aún en
personas capturadas o condenadas recluidas en cárceles, por poseer un alto grado de
vulnerabilidad y estar a disposición de organizaciones estatales. Un derecho como al del
medio ambiente sano es gravemente vulnerado en las cárceles colombianas, y puede que se
restrinjan algunos de los derechos por el hecho de estar recluidos, pero nunca se quitara la
calidad de seres humanos, mereciendo así la misma protección por parte del Estado.
1 Constitución Política deColombia 1991
2 Constitución Política deColombia 1991

3. Al verse restringida la libertad y la libre locomoción de las personas privadas de la libertad, el
espacio designado para cumplir su condena es muy limitado y además compartido, pero que
pasa si asimismo se encuentra en pésimas condiciones de higiene, infraestructura, servicios
públicos, etc. ¿Se podría garantizar la vida digna? El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario) es el encargado de garantizar la mayor protección de los derechos
fundamentales de los reclusos, pero simplemente lo ha dejado pasar por alto, excusándose
en infinidad de razones que no podrían considerarse validas en un estado social de derecho
como el nuestro, en el que como fundamento principal se debe propugnar por la protección
de los derechos fundamentales.
El artículo 5° de la Ley 65 de 1993 por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario,
asimismo, en relación con la Carta Política, establece el respeto de la dignidad humana, de
las garantías constitucionales y de los derechos humanos universalmente reconocidos en los
establecimientos carcelarios, como contenido y principios rectores de todo el sistema
penitenciario y carcelario colombiano:
“ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. En los establecimientos de reclusión
prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los
derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica,
física o moral” 3
Con esta línea jurisprudencial se busca acercarse al derecho al medio ambiente sano y su
relación con el derecho a la dignidad humana en personas privadas de la libertad en
Colombia, mediante el estudio de como la corte constitucional ha protegido este derecho en
las personas que se encuentran en estas circunstancias.
3 Ley 65 de 1993

4. Al interpretar jurisprudencialmente estos derechos se requiere del planteamiento de un punto
arquimédico de apoyo, por medio del cual se construirá el nicho citacional, vislumbrando así
la trayectoria que ha tenido su protección.
Como punto arquimédico de apoyo se contará con las sentencias T-764/2012, T-861/2013
y T-282/2014 para realizar la línea jurisprudencial, las cuales hacen mención de un número
de fallos que permiten establecer características comunes entre las diferentes decisiones que
han surgido sobre este tema.
En la sentencia T-764/2012 la corte constitucional inicia postulando, al igual que en muchas
de las demás sentencias, la especial relación de sujeción que vincula a los internos con el
Estado, donde este implanta las reglas de conducta necesarias asegurar la seguridad y el
orden carcelario pero siempre dentro de la razonabilidad y proporcionalidad; mientras que
conjuntamente deben otorgarles el goce de los derechos que no les fueron restringidos tales
como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc.
Pero la actuación del Estado siempre debe estar limitada por los derechos de los reclusos “el
principio de la dignidad humana limita el ejercicio de la facultad de que dispone el Estado
para regular el funcionamiento de los establecimientos de detención y carcelario del país (…)
deben tomar en consideración que el hombre es un fin en sí mismo y no un simple medio que
puede ser sacrificado para la consecución de un determinado propósito colectivo” 4
En esta sentencia como en muchas otras se vulnera el derecho en estudio por la falta de
servicios públicos, principalmente el agua, a lo que la corte manifestó que el agua representa
para el hombre fuente de vida y por tanto su no suministro atenta directamente contra el
derecho a la vida, la dignidad humana, la salubridad pública, la salud, etc. Además que el
Estado estaría fallando como garante ya que las personas privadas de la libertad no pueden
satisfacer por sus propios medios el acceso al agua.
4
SentenciaT-764/2012, Corte Constitucional

5. El hecho de que una persona se encuentre en un centro penitenciario no quiere decir que se
vulneraran sus derechos fundamentales de los cuales es poseedora de manera plena y
natural, que por tal características son inherentes, irrenunciables, invulnerables… entre estos
la vida, la integridad personal, la dignidad o la salud que se garantizan satisfaciendo las
necesidades mínimas del interno”
La sentencia T-861 de 2013 desarrolla igualmente los puntos anteriores en donde el Estado
posee un deber frente a las personas que se encuentran recluidas y están bajo su
disposición, la cual debe saber aplicar entre los límites referentes a derechos y la prohibición
de la vulneración de los derechos “intocables” que no pueden ser restringidos y por los que el
Estado debe propugnar. Esta sentencia se centra en la problemática de hacinamiento
carcelario con el cual se vulnera la salubridad, salud y por supuesto dignidad humana por la
no eficacia de la garantía del derecho al medio ambiente sano que posee toda persona
aunque este privada de la libertad. Además que no por la infraestructura del centro carcelario
no se cuentan con espacios de trabajo o estudio lo cual la corte desaprueba ya que la no
realización de estas actividades no permite la resocialización de los reclusos que es uno de
los principales objetivos de la pena de prisión. Así que especifica la clasificación de los
derechos de los internos, que jurisprudencialmente se han identificado.
La corte hace mención que constitucionalmente se reconoce sin discriminación la primacía
de los derechos inalienables, por tanto los privados de la libertad en centros penitenciarios y
carcelarios jamás pierden su calidad de individuo de la especie humana y de sujetos de
derecho, conservan intacta su dignidad humana como derecho universal.
Finalmente la sentencia T-282 de 2014, la cual estudia la vulneración del acceso al agua,
que como la corte ya manifestó es una vulneración directa a la dignidad humana y a la vida;
hace mención de muchos de los temas anteriores y para ello recurre a la alusión de varias
sentencias, al igual que las anteriores, que sirven de precedente para tomar la decisión; y
que por esto han sido tomadas como punto arquimédico.

6. Así que a partir de estas sentencias se estudiaran a las que hacen alusión y que tratan los
mismos temas, por medio de la elaboración de nichos citacionales, para estudiar e identificar
el precedente jurisprudencial que se tiene del derecho a la dignidad humana en relación con
el derecho al medio ambiente sano en las personas privadas de la libertad en Colombia,
conocida como ingeniería de reversa.
NICHO CITACIONAL SENTENCIA T-764/2012
T-764/2012
T-153 de 1998 T-406 de 1992 T-596 de 1992 T-1134 de 2004 T-317 de 2006 T-322 de 2007 T-175 de 2012
T- 023 de 2003
T-596 de 1992
T-702 de 2001
T-1030 de
2003
T-714 de 1996
T-296 de 1998
T- 639 de 2004
T-1134 de 2004
T-317 de 2006
T-744 de 2009
T-690 de 2010
T-153 de 1998

7. NICHO CITACIONAL SENTENCIA T-861/2013
T-077/2013
T-153 de 1998 T-578 de 2005 T-381 de 2009 T-1030 de 2003
T-022 de 2008
T-406 de 1992
T-888 de 2008 T- 153 de 1998

8. NICHO CITACIONAL SENTENCIA T-282/2014
La sentencia más llamativa para la Corte Constitucional en esta materia es la T-153 de 1998,
a la que recurre en algunas de las sentencias mencionadas en los nichos citacionales y en
muchas otras (como la sentencia T-388 de 2013) las cuales abordan de la misma manera el
T-282/2014
T-175 de 2012 T-596 de
1992
T-639 de 2004 C- 150 de
2003
T-1134 de
2004
T- 317 de 2006 T- 322 de
2007
T-764 de
2012
T-077 de
2013
T-639 de 2004
T-1134 de
2004
T-317 de 2006
T-744 de 2009
T-690 de 2010
T-881 de 2002
T-235 de 1994
C-150 de 2003
T-881 del
2002
T-023 de
2003
T-702 de 2001
T-1030 de
2003
T-714 de 1996
T-296 de 1998 T-153 de
1998
T-406 de
1992
T-596 de
1992
T-1134 de
2004
T-317 de
2006
T-322 de
2007
T-175 de
2012
T-153 de
1998
T-578 de
2005
T-381 de
2009
T-1030
de 2003

9. tema de estudio; esta sentencia es la que primeramente trata con detenimiento la llamada
relación especial de sujeción del Estado con los reclusos, este aspecto y muchos otros
relevantes para la protección de los derechos de la comunidad carcelaria.
La sentencia T-150 de 2012 es también varias veces aludida por la corte al abordar el tema
del agua potable en las personas privadas de la libertad y de cómo tiene estrecha relación
con el derecho a la vida y a la dignidad humana y finalmente la sentencia T-317 de 2006 es
citada al referenciar que el interno tienen el derecho a que se procure al menos el mínimo
vital ya que no se encuentra en la condición de satisfacer las necesidades vitales mínimas,
además de que aunque se halle bajo la imposición de una pena no se le pueden vulnerar sus
derechos fundamentales plenos, inherentes, invulnerables… que posee por la condición de
ser humano.
La sentencia fundadora considerada así al exponer elementos centrales que serán
referenciados en la toma de decisiones posteriores, esta sentencia es citada al esclarecer los
derechos que deben ser protegidos aun si la persona se encuentra privada de la libertad
dada la especial relación de sujeción de esta con el Estado; a la que nos referimos es la
sentencia T-153 de 1998, siendo la primera que abordo a gran cabalidad los temas
relacionados con las problemáticas de las cárceles del país. Esta sentencia expone los
problemas más graves que vive el sistema carcelario, causado en gran parte por las altas
tasas de hacinamiento; la corte resalta que estos establecimientos tienen la función de
resocializar para que los condenados o imputados puedan reintegrarse a la sociedad; así que
para alcanzar ese fin la cárcel debe ofrecer espacios de recreación, aprendizaje, disciplina,
etc. Sin embargo, las condiciones carcelarias actuales producen que la resocialización se
vea truncada y pasan a ser “escuelas de crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.
(T-153/98)
Además resalta las precarias condiciones de salubridad puesto que los sistemas de
acueducto y de evacuación de aguas negras son ineficientes. “Las cárceles colombianas se
caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y

10. asistencias, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de
oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos” (T-153/98).
El Estado debe ser el garante de los derechos de los presos ya que es el encargado de
juzgarlos, condenarlos y recluirlos, así que debe gestar un ambiente sano y acorde con la
dignidad humana y demás derechos de los que son acreedores por la calidad de seres
humanos.
Las sentencias posteriores al tomar esta sentencia como precedente abordan muchos de los
postulados de esta y plantean las mismas soluciones por las constantes vulneraciones a los
derechos de los reclusos, deciden además amparar los derechos y declarar exequibles las
tutelas interpuestas; es decir, reiteran las normas y postulados con las que se dio solución al
problema. Así que no dan lugar a sentencias modificadoras de línea, la corte siempre se
mantuvo en su posición inicial y le dio resolución a los casos posteriores valiéndose de los
mismos argumentos, generando estabilidad jurisprudencial.
Sentencias como la T-861 de 2013 y T-266/13 plantean los mismos argumentos que dan
lugar a la solución de la problemática pero lo estructura y complementa de una mejor manera,
lo reconceptualiza, en lo referente a derechos, mecanismos y entidades tanto nacionales
como internacionales de protección de los mismos que le suministran una base más sólida.
A lo largo de la jurisprudencia se puede constatar que la corte siguió un mismo enfoque,
haciendo mayor análisis y postulando más argumentos para fortalecer la decisión, pero sin
apartarse del punto inicial que otorgaba la protección del derecho al medio ambiente sano, y
sobre todo de la dignidad humana, en las personas privadas de la libertad de nuestro país.
En la sentencia que define el punto de partida en nuestro estudio la T-153 de 1998 la Corte al
valorar el estado de hacinamiento de las cárceles, a las que hace referencia el caso, dio a
conocer las condiciones absolutamente infrahumanas ye indignas para un ser humano y
hacia énfasis en la vergüenza para el Estado, el cual se proclama como respetuoso de los
derechos y comprometido con los marginados. Expone las consecuencias que el
hacinamiento carcelario produce en los reclusos, destacando principalmente el impedimento

11. que genera en la resocialización mediante estudio, trabajo… Concluyendo con los derechos
de los internos (restringidos, suspendidos y los que se deben conservar intactos)
La sentencia T-1030 de 2003, la T-1134 de 2004 junto con la T-578 de 2005 argumentan de
la misma manera que se justifica la suspensión y restricción de ciertos derechos
fundamentales de las personas recluidas, sin embargo ha establecido cuáles de estos
derechos deben permanecer intactos; todo esto fundamentado en la especial relación de
sujeción que tienen con el Estado. Especificando además los contextos en los cuales se
desarrolla la dignidad humana, que no puede verse vulnerada bajo ninguna circunstancia;
retomado por la sentencia T-317 de 2006.
De la misma manera las sentencias T-322 de 2007 y T-175 de 2012 reiteran lo ya expuesto,
al desarrollar el tema de dignidad humana y la relación Estado-recluso, estableciendo
además las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que permitirán conservar
intacto el propósito de la pena y el derecho a la dignidad humana.
Posteriormente estos postulados fueron nuevamente retomados, al servir de precedentes, en
conjunto con otras sentencias relacionadas con el derecho fundamental constitucional del
acceso al agua potable en conexidad con derechos fundamentales aquí estudiados,
vinculando el no suministro de agua en las cárceles colombianas como vulneración al
derecho a la dignidad humana, vida digna, salud y a la vida siendo el líquido vital para la
subsistencia humana; en los fallos T-764 de 2012 y T-077 de 2013.
La T-282 de 2014 expone claramente los temas tratados a lo largo de la línea, haciendo
mención de las anteriores sentencias a las que se hizo alusión; haciendo énfasis en los
deberes del Estado como garante de derechos, relacionados con las condiciones materiales
de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud, etc. Y garantizar asimismo
el principio de eficacia de los derechos fundamentales; ya que por el no cumplimiento de
estas obligaciones la vida carcelaria se ha convertido en inhumana e indigna, situaciones que
ninguna persona debería sufrir.
Es así que las sentencias estabilizadoras de línea las cuales estabilizan la doctrina
referenciada en la T-153 de 1998 son T-764 de 2012 y T-077 de 2013 y La T-282 de 2014, le

12. dan un balance proporcional a la estructura argumentativa de la línea, retoman los
postulados de la sentencia fundadora y los complementan con los cambios generados con el
paso del tiempo, sin cambiar la dirección tomada por la corte desde el punto de partida.
Resumiendo el recuento jurisprudencial realizado, es posible concluir que la Corte
Constitucional ha construido una línea bastante pacífica y reiterada sobre la
fundamentabilidad del derecho al medio ambiente sano relacionado con el derecho al agua,
higiene, salubridad y sobre todo a la dignidad humana de las personas que se encuentran
recluidas en prisión, así como su importancia para la garantía de una vida en condiciones
dignas. Cimentado en la relación de especial sujeción que existe entre los internos y el
Estado, la cual establece obligaciones específicas, unas de las cuales son suministrar de
manera continua y preferente cantidades de agua suficientes y con una óptima calidad, para
que los presos puedan vivir en condiciones dignas, contar con una adecuada habitación,
higiénica, que garantice la salud de los internos y sobre todo evitar el hacinamiento que como
manifestó la corte no permite llevar acabo la resocialización que es la principal función de la
pena.
Para lograr estos objetivos, ha optado por dar varios tipos de soluciones para garantizar el
suministro de agua (carro tanques…), mejorar la calidad de las baterías de baños,
alimentación, infraestructura, etc. Lo que permite observar que todas las sentencias dieron
solución a la problemática a favor del demandante, los cuales en su gran mayoría eran
reclusos, brindándoles así la protección a la que tienen derecho y haciendo eficaces las
acciones constitucionales que precisamente tienen como función proteger los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos colombianos.