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ENJ-1-400 Principios Rectores Del Proceso Civil.

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LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO Y SU IMPORTANCIA
PRÁCTICA




                                              Por Rafael
Vásquez Goico


INTRODUCCION


    Completada su etapa filosófica, en este último encuentro sobre los Principios
Generales del Proceso, nuestra Escuela Nacional de la Judicatura ha querido
enumerar y desarrollar con carácter no muy pretencioso en el ámbito teórico,
aunque sí enfocado en un plano práctico, las manifestaciones directas de las
normas de procedimiento con alcance más amplio que las fuentes tradicionales
del derecho procesal Dominicano, materia que constituye nuestro estudio: los
Principios del Proceso.



    Existen tantas enumeraciones de principios procesales como
tratadistas han abordado el tema, pero es idóneo aclarar frente a un
público con tantos conocimientos sobre el mismo, y sobre todo bien
diversificado por materia jurídica, que los principios que veremos en
esta   fase   final   del   presente    módulo     tendrán    rasgos    bastante
generalizados, pudiendo ser aplicados a todo tipo de proceso, por lo
que intentaremos –aunque con evidente dificultad- hacer abstracción
de los característicos de cada disciplina en particular, los cuales serán
tratados en módulos especializados del programa de formación
continua.



   Otro apuntalamiento es necesario, los principios tienen diversos
orígenes, unos están establecidos en la constitución de la República o
en tratados internacionales ratificados que consagran derechos
fundamentales y fallos de Tribunales nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos (bloque constitucional), otros están
consagrados   expresamente     en   las   leyes   de   procedimiento   y
costumbre, pero algunos son producto de la inducción que hace el
intérprete de las normas que debe aplicar, pero que en ningún modo
se encuentran positivizados; claro esto no que quiere decir que no
sean fuente del Derecho Dominicano frente a su falta de estipulación
expresa en el Artículo 4 de nuestro Código Civil o Constitución
vigente, en los casos de insuficiencia de la ley para resolver un caso
determinado, ya que como les está prohibido a los jueces denegar
justicia tendrán que acudir a la inducción de los principios implícitos
resultantes del derecho positivo.



   Desde que se iniciaron los trabajos relacionados con este tema se
divisó la importancia trascendental del mismo, cuya relación con la
tarea que ocupa a nosotros los jueces es bastante evidente, ya que
los principios procesales cumplen la importantísima función de
interpretación e integración de las leyes que rigen el proceso.   Como
bien decía EDUARDO J. COUTURE hace varios años, pero conservando
todo su vigor y aplicación en la actualidad, en su famoso ensayo sobre
la   interpretación   de   las   leyes   procesales,   que   interpretar   es
“desentrañar un sentido” pero que dentro del campo procesal implica
escarbar en todo el orden normativo para no sólo extraer la razón del
texto, sino también su “significación en el sistema de principios”.
Podríamos entonces cerrar conceptualmente lo siguiente: la tarea
interpretativa constituye una referencia innegable al conjunto de
principios.



     Como RODOLFO LUIS VIGO[1] somos del firme criterio que no es
posible interpretar sin adentrarse en una función integrativa del
sistema jurídico que nos proponemos interpretar, y es que no puede
ser de otro modo, ya que hemos establecido que interpretar es
relacionar la parte (que en la especie sería la ley) con el todo,
constituido por el ordenamiento jurídico completo.



     La ausencia de integración fomenta la inseguridad jurídica, y es
por eso que nos atrevemos a expresar que el respecto al conjunto de
principios, independientemente del origen que tengan, tiende a
erradicar la insuficiencia que significa el sistema dogmático de
interpretación y aplicación de la ley (Savigny), en donde ésta en su
sentido más estricto equivalía a Derecho. La nueva perspectiva de la
ciencia jurídica debe tender –y de hecho ha sucedido después de la
Segunda Guerra Mundial-          es que para adjudicar derechos como
manifiesta José Trías Monge[2], el juez no sólo debe acudir a las
normas propiamente dichas, sino también al conjunto de principios,
tesis cuyo defensor máximo lo es el Profesor de Oxford R. Dworkin,
quien se opuso al sistema jurídico como un sistema de normas
sustentado por H. L. A. HART.[3]



   En fin, el nuevo enfoque creado por las garantías y principios que
amparan derechos fundamentales, tanto en el ámbito nacional como
internacional, como hemos visto en el encuentro anterior, son
contrarias a la exégesis que ha campeado en nuestro quehacer
jurídico, y deben ir creando las bases de una revalorización o nueva
visión de aplicación de las leyes;




PRINCIPIO RECTORES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS, QUE
TIENDEN A GARANTIZAR UNA JUSTICIA DE CALIDAD.




LA CONSAGRACION DEL DERECHO A UN JUEZ



   El Estado de Derecho tiene como finalidad preservar o asegurar el
valor justicia en la sociedad. Toda institución que establezca reglas
para dirimir conflictos conforme a ciertos procedimientos contribuye a
ese objetivo. Sin embargo, el derecho de una persona para obtener
una solución contenciosa presenta diversos matices complementarios
al Principio enunciado precedentemente.



   El derecho a “un juez natural” puede considerarse incluido ya
desde la proclamación de los derechos del hombre del 1789, cuando
en esa época declaraba el principio de igualdad de todos ante la ley,
ya para garantizar dicha igualdad debían los perjudicados dirigirse a
un tercero que quebrara la desigualdad creada en los hechos. Este
principio significa que los justiciables tienen derechos a ser juzgados
de manera igualitaria, delante de las mismas jurisdicciones y reglas
procesales;      esto obviamente implica la prohibición expresa al
legislador de instituir tratamientos desiguales en lo que concierne a
las reglas de procedimiento y organización de los Tribunales;



   El artículo 8 de la Constitución Dominicana, reconoce como finalidad principal
del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana; el
artículo No. 17 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 1966
reconoce la facultad de la persona humana de protegerse contra los actos que se
relacionen con injerencias arbitrarias a su vida privada, familia, domicilio, honra
etc; y por último, el Pacto de San José de Costa Rica viene en defensa de las
personas que sean vulneradas en sus derechos fundamentales, reservándoles
derecho a protección en su artículo 11.1, y el célebre y famoso artículo 25.1, del
mismo instrumento jurídico, el cual expresamente crea una protección judicial
ante jueces o tribunales competentes contra los actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos en la constitución o el propio convenio, cuya
reglamentación procesal fue objeto de una sentencia de la Suprema Corte de
Justicia Dominicana de fecha 16 de junio del 1999, que determinó el
procedimiento a seguir para el recurso de amparo que crea el mencionado pacto
internacional.




   El acceso a la justicia y el derecho a ejercer un recurso efectivo
delante una jurisdicción son conceptos que cubren una misma
realidad, y son complementarios del derecho al Juez natural;
configuran el antiguo derecho de petición ante las autoridades
públicas para exponer una queja por un hecho atentatorio a sus
libertades públicas, y es reconocido como de naturaleza política[4].



     Su historia nacional se remonta a la constitución primigenia de
San Cristóbal que dispuso: “todos los dominicanos tienen el derecho
de petición...sea al Presidente de la República, sea a uno de los
cuerpos colegisladores, sea al Congreso”.            La petición por ante los
órganos jurisdicciones recibe modernamente el nombre de acción y
viene a ser el instrumento garantía del principio que se comenta.
Establece declaración de: a) facultar a los particulares para reglar sus
diferendos; b) Hace posible el deber del Estado de Garantizar la
Justicia como servicio Público;          c) Confiere el derecho de los
particulares de obtener un fallo sobre sus contiendas. La Potestad de
accionar   judicialmente    es     una    libertad    pública,   un   derecho
fundamental, y en ese sentido marca un límite al poder estatal
creando una obligación positiva con carga al mismo para que su
realización sea concreta.



     Resultaría desventurado afirmar la existencia de un derecho a un
Juez, si las condiciones en las cuales las sentencias son dictadas no
satisfacen el valor justicia.    Por esa razón a través de la constitución
de la República y tratados internacionales se aseguran una serie de
principios procesales fundamentales, relacionados con el debido

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ENJ-1-400 Principios Rectores Del Proceso Civil.

  • 1. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO Y SU IMPORTANCIA PRÁCTICA Por Rafael Vásquez Goico INTRODUCCION Completada su etapa filosófica, en este último encuentro sobre los Principios Generales del Proceso, nuestra Escuela Nacional de la Judicatura ha querido enumerar y desarrollar con carácter no muy pretencioso en el ámbito teórico, aunque sí enfocado en un plano práctico, las manifestaciones directas de las normas de procedimiento con alcance más amplio que las fuentes tradicionales del derecho procesal Dominicano, materia que constituye nuestro estudio: los Principios del Proceso. Existen tantas enumeraciones de principios procesales como tratadistas han abordado el tema, pero es idóneo aclarar frente a un público con tantos conocimientos sobre el mismo, y sobre todo bien diversificado por materia jurídica, que los principios que veremos en esta fase final del presente módulo tendrán rasgos bastante generalizados, pudiendo ser aplicados a todo tipo de proceso, por lo que intentaremos –aunque con evidente dificultad- hacer abstracción de los característicos de cada disciplina en particular, los cuales serán
  • 2. tratados en módulos especializados del programa de formación continua. Otro apuntalamiento es necesario, los principios tienen diversos orígenes, unos están establecidos en la constitución de la República o en tratados internacionales ratificados que consagran derechos fundamentales y fallos de Tribunales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos (bloque constitucional), otros están consagrados expresamente en las leyes de procedimiento y costumbre, pero algunos son producto de la inducción que hace el intérprete de las normas que debe aplicar, pero que en ningún modo se encuentran positivizados; claro esto no que quiere decir que no sean fuente del Derecho Dominicano frente a su falta de estipulación expresa en el Artículo 4 de nuestro Código Civil o Constitución vigente, en los casos de insuficiencia de la ley para resolver un caso determinado, ya que como les está prohibido a los jueces denegar justicia tendrán que acudir a la inducción de los principios implícitos resultantes del derecho positivo. Desde que se iniciaron los trabajos relacionados con este tema se divisó la importancia trascendental del mismo, cuya relación con la tarea que ocupa a nosotros los jueces es bastante evidente, ya que los principios procesales cumplen la importantísima función de interpretación e integración de las leyes que rigen el proceso. Como bien decía EDUARDO J. COUTURE hace varios años, pero conservando todo su vigor y aplicación en la actualidad, en su famoso ensayo sobre
  • 3. la interpretación de las leyes procesales, que interpretar es “desentrañar un sentido” pero que dentro del campo procesal implica escarbar en todo el orden normativo para no sólo extraer la razón del texto, sino también su “significación en el sistema de principios”. Podríamos entonces cerrar conceptualmente lo siguiente: la tarea interpretativa constituye una referencia innegable al conjunto de principios. Como RODOLFO LUIS VIGO[1] somos del firme criterio que no es posible interpretar sin adentrarse en una función integrativa del sistema jurídico que nos proponemos interpretar, y es que no puede ser de otro modo, ya que hemos establecido que interpretar es relacionar la parte (que en la especie sería la ley) con el todo, constituido por el ordenamiento jurídico completo. La ausencia de integración fomenta la inseguridad jurídica, y es por eso que nos atrevemos a expresar que el respecto al conjunto de principios, independientemente del origen que tengan, tiende a erradicar la insuficiencia que significa el sistema dogmático de interpretación y aplicación de la ley (Savigny), en donde ésta en su sentido más estricto equivalía a Derecho. La nueva perspectiva de la ciencia jurídica debe tender –y de hecho ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial- es que para adjudicar derechos como manifiesta José Trías Monge[2], el juez no sólo debe acudir a las normas propiamente dichas, sino también al conjunto de principios, tesis cuyo defensor máximo lo es el Profesor de Oxford R. Dworkin,
  • 4. quien se opuso al sistema jurídico como un sistema de normas sustentado por H. L. A. HART.[3] En fin, el nuevo enfoque creado por las garantías y principios que amparan derechos fundamentales, tanto en el ámbito nacional como internacional, como hemos visto en el encuentro anterior, son contrarias a la exégesis que ha campeado en nuestro quehacer jurídico, y deben ir creando las bases de una revalorización o nueva visión de aplicación de las leyes; PRINCIPIO RECTORES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS, QUE TIENDEN A GARANTIZAR UNA JUSTICIA DE CALIDAD. LA CONSAGRACION DEL DERECHO A UN JUEZ El Estado de Derecho tiene como finalidad preservar o asegurar el valor justicia en la sociedad. Toda institución que establezca reglas para dirimir conflictos conforme a ciertos procedimientos contribuye a ese objetivo. Sin embargo, el derecho de una persona para obtener una solución contenciosa presenta diversos matices complementarios al Principio enunciado precedentemente. El derecho a “un juez natural” puede considerarse incluido ya
  • 5. desde la proclamación de los derechos del hombre del 1789, cuando en esa época declaraba el principio de igualdad de todos ante la ley, ya para garantizar dicha igualdad debían los perjudicados dirigirse a un tercero que quebrara la desigualdad creada en los hechos. Este principio significa que los justiciables tienen derechos a ser juzgados de manera igualitaria, delante de las mismas jurisdicciones y reglas procesales; esto obviamente implica la prohibición expresa al legislador de instituir tratamientos desiguales en lo que concierne a las reglas de procedimiento y organización de los Tribunales; El artículo 8 de la Constitución Dominicana, reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana; el artículo No. 17 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 1966 reconoce la facultad de la persona humana de protegerse contra los actos que se relacionen con injerencias arbitrarias a su vida privada, familia, domicilio, honra etc; y por último, el Pacto de San José de Costa Rica viene en defensa de las personas que sean vulneradas en sus derechos fundamentales, reservándoles derecho a protección en su artículo 11.1, y el célebre y famoso artículo 25.1, del mismo instrumento jurídico, el cual expresamente crea una protección judicial ante jueces o tribunales competentes contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la constitución o el propio convenio, cuya reglamentación procesal fue objeto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana de fecha 16 de junio del 1999, que determinó el procedimiento a seguir para el recurso de amparo que crea el mencionado pacto internacional. El acceso a la justicia y el derecho a ejercer un recurso efectivo
  • 6. delante una jurisdicción son conceptos que cubren una misma realidad, y son complementarios del derecho al Juez natural; configuran el antiguo derecho de petición ante las autoridades públicas para exponer una queja por un hecho atentatorio a sus libertades públicas, y es reconocido como de naturaleza política[4]. Su historia nacional se remonta a la constitución primigenia de San Cristóbal que dispuso: “todos los dominicanos tienen el derecho de petición...sea al Presidente de la República, sea a uno de los cuerpos colegisladores, sea al Congreso”. La petición por ante los órganos jurisdicciones recibe modernamente el nombre de acción y viene a ser el instrumento garantía del principio que se comenta. Establece declaración de: a) facultar a los particulares para reglar sus diferendos; b) Hace posible el deber del Estado de Garantizar la Justicia como servicio Público; c) Confiere el derecho de los particulares de obtener un fallo sobre sus contiendas. La Potestad de accionar judicialmente es una libertad pública, un derecho fundamental, y en ese sentido marca un límite al poder estatal creando una obligación positiva con carga al mismo para que su realización sea concreta. Resultaría desventurado afirmar la existencia de un derecho a un Juez, si las condiciones en las cuales las sentencias son dictadas no satisfacen el valor justicia. Por esa razón a través de la constitución de la República y tratados internacionales se aseguran una serie de principios procesales fundamentales, relacionados con el debido
  • 7. proceso, publicidad de las audiencias, imparcialidad e independencia de los jueces y necesidad de un juicio razonablemente rápido. El dominio de aplicación de estas garantías es extensivo a los órganos encargados de su implementación práctica; EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN Para que un Tribunal se considere accesible es fundamental que el órgano tenga un papel jurisdiccional, o sea que decida sobre la base de normas de derecho, y un procedimiento organizado, toda cuestión relevante a su competencia. Es también necesario que esté proveído de plena jurisdicción, que le permita examinar la causa al fondo, en lo que concierne a los aspectos de hecho y de derecho. A este respecto el artículo No. 8 del Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente...., el cual como tratado internacional que envuelve derechos fundamentales tiene rango constitucional, por lo que ninguna ley adjetiva nacional puede establecer situaciones que se consideren un obstáculo para que los ciudadanos puedan acudir libremente a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de obtener una decisión sobre sus derechos;
  • 8. Una jurisdicción accesible debe contener las siguientes particularidades: a) Poseer un estatuto orgánico, por medio del cual sea designada con carácter de jurisdicción. b) El procedimiento a seguir debe estar organizado según principios previamente establecidos, que serían los que forman la parte esencial de un trabajo como el presente. c) Tener la autoridad propia de toda jurisdicción, o sea la que proviene de la cosa juzgada, relacionada con los efectos de las decisiones rendidas. d) Que situaciones de diversa índole dentro del estado no hagan ilusorio el acceso al Tribunal, sino que éste se encuentre efectiva y concretamente garantizado en los hechos; e) Derecho al ejercicio de una vía de recurso, establecido en la letra h del Pacto de San José de Costa Rica, pero el cual ha sido negado para la materia civil por la Convención Europea de los derechos del hombre y el Tribunal Constitucional Español. EL DERECHO A UN TRIBUNAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Para empezar diremos que un tercero encargado de dirimir un
  • 9. conflicto entre partes, que no sea independiente y ostente una posición parcializada en cuanto al resultado de su decisión, no es un Juez; la noción que del mismo se tiene conlleva de manera inequívoca una situación totalmente contraria, siendo éstas (imparcialidad e independencia) las dos condiciones inherentes a dicho funcionario más importantes para garantizar una buena justicia. La independencia debe ser orgánica y funcional. INDEPENDENCIA ORGANICA El Estado tiene la obligación que instaurar un estatuto de independencia mediante una ley, así como un modo de elección de jueces que pueda garantizar efectivamente su independencia. La inamovilidad puede corregir las incidencias negativas de un mandato de duración breve. INDEPENDENCIA FUNCIONAL, la cual se refiere a que los poderes ejecutivos ni legislativos tengan incidencia en los fallos emitidos por el Poder Judicial, no siendo esto sino una aplicación directa del Principio de Separación de los Poderes establecido por nuestra Constitución. Este tipo de independencia tiene mucho que ver con el libre ejercicio de la función de juzgar, y se encuentra afianzada en el monopolio que sobre dicha función crea el artículo 63 de la Constitución vigente, en donde se le atribuye exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia y los demás Tribunales del Orden Judicial el ejercicio del Poder Judicial;
  • 10. LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ Creemos que uno de los postulados básicos de un proceso con todas las garantías posibles consiste en la neutralidad del juez con respecto a la decisión que debe emitir, no debiendo existir inclinación o animadversión con respecto a las partes en causa, u obligaciones, apremios, compromisos o situaciones personales que le creen su medio ambiente social o familiar; La imparcialidad subjetiva implica que el Juez no debe tomar partido previo en su fuero interior. Los partes deben estar protegidas contra las convicciones personales del Juez, sus inclinaciones y compromisos personales, en los asuntos que debe estatuir; claro está, la prueba de esta situación incumbe directamente a los interesados en la exclusión del Juez que alega parcializado, y haciendo justicia diremos que por la naturaleza de los hechos a probar (situaciones del fuero interior de una persona), su establecimiento es algunas veces difícil; La imparcialidad objetiva, sin embargo, puede ser apreciada debido a ciertas circunstancias que pueden dar una idea de parcialidad del Juez. De dichas circunstancias se ocupa el derecho positivo y forman parte de los motivos de recusación de los jueces que aparecen en nuestros Códigos;
  • 11. De todos modos la imparcialidad tomada en el término más general posible es exigida en la letra J del Numeral 2 del artículo 8 de nuestra constitución vigente al asegurar a los justiciables un juicio “imparcial”. LA EXIGENCIA DE UN JUICIO JUSTO (DEBIDO PROCESO DE LEY), El proceso que garantiza la Constitución Dominicana, los fallos de Tribunales Dominicanos referentes al tema, los acuerdos y decisiones internacionales (bloque constitucional) Breve reseña Histórica: La tutela de este concepto tiene sus antecedentes en el “due process of law de la constitución americana, que proviene de la Carta Magna inglesa[5] del 1215 que obtuvieron los barones al Rey Juan sin Tierra, la cual es considerada como el Primer paso en la historia de los derechos humanos, y constituyó un límite al Poder del Estado con respecto a los particulares. En nuestro país el primer documento que reclama derechos humanos fundamentales es el sermón de montesinos[6] fechado en 1511, en donde con voz inmortal increpó a los españoles la privación de derechos y prerrogativas concedidas a todos los seres humanos. Pero ya una vez implantado el principio en la constitución
  • 12. americana del 1787, ha sido transferido a muchos otros textos homólogos en diferentes países, siendo redactado en la constitución dominicana de la siguiente manera: “nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin la observancia de los principios que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres”. ¿Qué se entiende entonces cual es el contenido del debido proceso establecido en la constitución Dominicana? A primera vista el caso Dominicano reviste cierta complejidad con relación a la cantidad de principios complementarios que conforman el debido proceso a la luz de la letra j del numeral 2 del Artículo 8 de la Constitución de la República, por lo que un proceso justo no es un concepto contenido en un principio, sino en una serie de principios que la propia constitución entrelaza con una finalidad eminentemente garantista. Veamos ahora cuáles son esos principios complementarios: 1) Principio de legalidad, cuando se refiere a que las personas no podrán ser juzgadas sin observancia de los procedimientos que la ley establezca. Implica que el proceso se desenvuelve desde el inicio al fin de forma ordenada fija, y predeterminado por la propia ley procesal. Según lo planteado precedentemente habrá que colegir que
  • 13. todo acto procesal deberá cumplir con los requisitos estructurales que determine la ley, esto es que deberá ser compatible con el ordenamiento jurídico, en caso contrario será irregular, y la categoría y característica de dicha irregularidad estará regulada por la misma ley. Se abre aquí una polémica relativa a si las formalidades procesales constituyen en sí mismas garantías complementarias al debido proceso o proceso justo. Una moderna tendencia que plantea un nuevo precepto denominado principio finalista[7]del derecho Uruguayo parece dar respuesta a la interrogante, según la cual las formalidades son aplicables únicamente a los actos de proposición, demanda, contestación, reconvención y contestación a la misma, esto naturalmente pone de relieve la bifrontalidad que poseen todos los principios procesales, es decir se presentan en pares siendo viables aunque sean contradictorios, y por esa razón aún cuando las leyes consagren formas, determinando inclusive sanciones por su incumplimiento, se parte de la premisa que las formas no valen por sí mismas, sino cuando tiendan a garantizar un derecho fundamental relativo al debido proceso, ya que de lo contrario el proceso se convertiría en una solemnidad ritual carente de finalidad. 2) Prohibición de indefensión. Derecho de defensa. Esto implica: A) Comunicación previa dentro de un plazo y método razonable la acción del demandante o la acusación penal que pesa en contra de cualquier particular. B) Como contrapartida del derecho de petición del actor (acción procesal) el demandado tiene la facultad de refutar las
  • 14. pretensiones y de argumentar libremente lo que crea conveniente a sus intereses (Derecho de defensa). C) ambas partes deben tener las mismas posibilidades en igualdad de condiciones de probar los hechos que aleguen en su favor. D) Principio de equidad, que comporta igualdad de armas, definido como la posibilidad razonable de exponer su causa en una situación no desventajosa con respecto a la otra parte. Se debe aplicar en todos los procesos y a todos los litigantes, incluyendo al Estado mismo. Exige del mismo modo que las partes tengan las mismas posibilidades de realizar sus pruebas. Una nueva controversia podría presentarse ante esta igualdad probatoria correspondiente a ambas partes, ¿no rompería la igualdad de ambas partes de probar sus alegatos la facultad de los jueces civiles de rechazar las medidas de instrucción que le someta una de ellas, o de ordenar de oficio medidas que no le han sido solicitadas? ¿No pondría dicha situación a una de las partes en desventaja frente a la otra en la actividad probatoria destruyendo el equilibrio que debe reinar en la administración de las pruebas? La respuesta no resulta sencilla, pues la Corte Europea de los derechos del hombre en una decisión del 24 de octubre del 1989, consideró que dicha situación tendía a romper el principio de igualdad de armas y posibilidad probatoria, pues el juez podría beneficiar a una parte específica con su decisión; sin embargo, algunos autores consideran que en los casos en que los jueces estén facultados específicamente, (mediante leyes) para invocar de oficio medios de derecho y ordenar medidas de instrucción, pueden hacerlo, así como rechazar las solicitudes de prueba hecha por una parte sin motivos pertinentes;
  • 15. Sobre esta primera parte de la letra J del Numeral 2 de la Constitución Dominicana, existen importantes decisiones de nuestra Suprema Corte de Justicia, uno de ellas tuvo que ver con la situación del recurrente en inconstitucionalidad que alegó violación al debido proceso, en el sentido de que la resolución impugnada fue dictada de manera unilateral sin darle oportunidad de formular su posición al respecto, pero que en realidad, de la naturaleza de lo sucedido la Suprema Corte determinó que dicho recurrente no ejerció los derechos que le facultan la constitución y las leyes y, por tanto, rechazó la pretendida inconstitucionalidad del Reglamento Dictado por el Poder Ejecutivo, Sent. No. 2 del 14 de Abril del 1999, B. J. 1061, página No. 41; Consideró asimismo que el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala todas las formalidades requeridas para que el perseguido y los terceros en materia de embargo inmobiliario tengan debido conocimiento del juicio que se ejecuta en su perjuicio, constituye garantía del derecho de defensa y publicidad establecido en la letra j Numeral 2 del artículo 8 de la Constitución de la República, B. J. 1064 Página 84; Se refirió del mismo modo que este último texto ampara solamente la seguridad individual de la persona humana, es decir, persona física, única capaz de incurrir en delito. B. J. 1100 págs. 9 y 10; 3) PRINCIPIO DE CONTRADICCION. El derecho a un proceso contradictorio establecido implícitamente en la constitución, es considerado por algunos autores como el elemento fundamental del
  • 16. Proceso Justo e implica tomar conocimiento y discutir las observaciones o piezas producidas por la otra parte. El litigante debe tener facultad de discutir, consultar o criticar el expediente con el juez, y en ningún caso un asunto debe ser resuelto sin que las partes tengan cabal conocimiento de los documentos que lo conforman. Pertenece a todas las personas sean físicas o morales y tiene una desmembración denominada derecho de acceso directo al expediente. Se encuentra como principio orgánico de todos los procesos en varias disposiciones legales en nuestro país y tiene su apreciación más directa en el derecho que tienen las partes de comparecer a audiencia y de litigar su causa ante un juez. 4) MOTIVACION DE LAS SENTENCIAS Tiene su fundamento en que cuando un juez expresa las razones de su decisión, los litigantes tienen la oportunidad de verificar que ha examinado sus pretensiones y medios alegados, permitiendo a la parte interesada ejercer los recursos que considere pertinente. Ahora bien, no es un derecho absoluto e irracional consagrado a los actores del proceso, ya que el juez sólo debe responder los medios formulados de manera clara y precisa, apoyados en medios de prueba y que no ostenten un grado marcado de impertinencia. La motivación debe ser expresa, pero podría ser implícita cuando se pueda desprender del contexto general de la misma, así como sucede en los
  • 17. casos en que los Tribunales de Segundo Grado hacen suyas las motivaciones de la sentencia impugnada. Nuestra Suprema Corte ha dicho que: “la motivación de las decisiones judiciales es un derecho fundamental de las personas que forma parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la efectividad del mismo, a fin de no dejar en la penumbra tan importante aspecto del proceso, ya que no puede existir zonas de la actividad jurisdiccional, salvo aquellas que la misma ley ordena, que no se sometan a opinión pública y al acontecimiento de las partes; quienes no pueden apreciar si la selección de los elementos probatorios es razonable de no ponerse de manifiesto las motivaciones en que la misma se basa”. B.J. 1070, pág. 194-195 5) EL DERECHO A UN PROCESO PUBLICO, establecido expresamente en nuestra constitución, así como en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de los Derechos del hombre. Por la cantidad de instrumentos jurídicos que consagran este Derecho es posible entrever que constituye otro de los elementos esenciales del debido proceso. Protege a los Justiciables de una Justicia secreta que escape al control del público, el cual debe poder observar la impartición de la justicia, creando así la confianza en las
  • 18. Cortes y Tribunales para un mejor desenvolvimiento del Estado democrático y transparencia del derecho. En la República Dominicana comporta ciertas atenuaciones en donde la propia constitución faculta al legislador a eliminar la publicidad de las audiencias en los casos de que resulte perjudicial al orden público o las buenas costumbres, por lo que se podría perfectamente establecer que se trata en la especie de una un derecho eminentemente relativo. Esta publicidad debe afectar los fallos aún cuando las audiencias hayan sido celebradas a puertas cerradas, ya que esta situación refuerza en gran medida cada uno de los principios y conceptos que constituyen el debido proceso; CELERIDAD, y sus complementos del derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la contestación en un plazo razonable, el concepto de dilaciones indebidas y economía procesal. Sin duda alguna inspirado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ha sido esgrimido en la totalidad de sistemas jurídicos modernos como asociado al valor justicia, “una justicia tardía es una injusticia” dice la máxima. Persigue varios aspectos: 1) Tiempo corto de duración de los procesos en su fase de instrucción (sin afectar derechos fundamentales) lo cual se conseguiría con la desaparición de formalismos infuncionales en nuestra legislación y la implementación hecha en algunas materias como la laboral de acumular incidentes y
  • 19. restricción de recursos contra sentencias que no decidan sobre el fondo de la contestación. Existen innumerables planteamientos procesales que podrían provocar acortar la instrucción de procesos, como son: no ordenar medidas de prueba impertinentes, aumentar la potestad de los jueces de la dirección efectiva del proceso, prórrogas indebidas de audiencias, etc.; 2) Decisión de los asuntos en el más breve plazo posible, (mora judicial) y 3) Evitar gastos económicos y humanos innecesarios y 4) Prohibición de dilaciones indebidas, el cual es un concepto un tanto sorprendente en el caso español, en donde su Tribunal Constitucional[8] ha decidido que el mero incumplimiento de los plazos otorgados por la ley para que los jueces solucionen los conflictos no constituye una violación al derecho fundamental de la celeridad de los procesos, sino tan sólo aquellas dilaciones que han de ser entendidas como anormales en la administración de justicia. A esos efectos han de considerarse cuatro criterios: 1) complejidad del litigio; 2) comportamiento del recurrente; 3) tiempo en que se resuelven litigios de igual naturaleza por otros jueces, y 4) eventuales consecuencias del fallo; DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y PRESUNCION DE INOCENCIA. Podría pensarse inmediatamente que dichos principios se refieren exclusivamente a la materia penal, pero si nos detenemos en una actitud reflexiva, nos percataremos que son aplicables analógicamente a la materia civil, ya que un acusado en materia penal como un demandado en la civil tienen la prerrogativa de no perjudicarse por sus propias declaraciones, así como contra
  • 20. ellos debe para lo penal probarse su culpabilidad, y para lo civil, en principio corresponde al actor o demandante establecer los hechos en que funda su pretensión. Tienen su marco expreso en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; La tendencia internacional al desarrollo de un proceso laico y en el idioma oficial del Estado con poder jurisdiccional, parece evocar la idea de homogeneidad en la impartición de justicia, y en la estructuración y organización misma del proceso, sin embargo, esto no debe afectar de ninguna forma la libertad de cultos y costumbres como derechos fundamentales inherentes a toda persona; NOTAS BIBLIOGRAFICAS 1.-ALMAGRO NOSETTE, JOSE, Constitución y Proceso, Biblioteca Procesal, Barcelona 1984. 2.-Constitución de la República Dominicana 3.-Código de Procedimiento Civil Dominicano 4.-Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José 5.-CRUCETA, JOSE ALBERTO, Las Garantías Constitucionales del debido proceso, Escuela Nacional de la Judicatura, año 2003 6.- COUTURE, EDUARDO, La interpretación de las leyes procesales, 7.-DE ANGELIS, BARRIOS, El Proceso Civil, Ediciones Idea, Motevideo 1989. 8.- Declaración Universal de los Derechos humanos
  • 21. 9.-GUASP, JAIME, Derecho Procesal Civil, Cuarta Edición 1988, España. 10.-JORGE BLANCO, SALVADOR, Derechos Humanos y Libertades Públicas, Ediciones Capeldom, R.D. año 2002 11.-Jornada de Derecho Procesal Uruguayo del 16 al 18 de octubre, Montevideo Uruguay 12- TARIGO, ENRIQUE, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Uruguay 1994 13.- TRIAS MONGE, JOSE, Teoría de Adjudicación, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, año 2000 14.- VALLESPIN PEREZ, DAVID, El modelo constitucional Justo en el ámbito del Proceso Civil, Atelier, año 2002 15.- VINCENT, JEAN Y SERGE GUINCHARD, Procedure Civile, Dalloz, 1999 [1] Vigo,Luis Rodolfo, Problemas y Teorías actuales de la interpretación Jurídica, Revista Estudios Jurídicos Volumen VII, Numero III, Septiembre- Diciembre 1997, Enero-Diciembre 1998, Enero- diciembre 1999. Nombre dado por este autor a la solución de controversias en su libro Teoría de la Adjudicación, [2] Editorial de la Universidad de Puerto Rico. [3] Rodríguez, César, La decisión Judicial, el debate Hart-Dworkin [4] Jorge Blanco, Salvador, Derechos Humanos y Libertades Públicas, Ediciones Capeldom 2002. [5] VallespínPérez, David, El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso Civil, Atelier, 2001 [6] Jorge Blanco, Salvador, Obra Cit. [7]Jornada de Derecho Procesal Uruguayo, del 16 al 18 de Octubre del 2002, Montevideo, Uruguay, Ponencia Vigencia y Aplicación de los Principios Procesales en el Código General del Proceso, Selva Klett, Federico Álvarez [8] Vallespín Pérez, David, Obra Cit.