Este documento presenta un cuadro comparativo entre los documentos públicos y privados. Define los documentos públicos como aquellos otorgados por un funcionario público dentro del ámbito de su competencia, mientras que los documentos privados son aquellos emanados por particulares. Explica que los documentos públicos tienen eficacia por la fe depositada en el funcionario que los emite, mientras que los documentos privados requieren ser cotejados para probar su autenticidad.