La audiencia preliminar requiere que el fiscal determine el objeto central del caso y los problemas jurídicos involucrados, considerando cuidadosamente los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos. El nuevo ordenamiento procesal penal limita las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación respecto a la afectación de derechos fundamentales, requiriendo autorización judicial previa para acciones como registros o interceptaciones telefónicas. Sin embargo, la Fiscalía aún puede ordenar algunas actuaciones como allanamientos o incautaciones sin aprobación prev

1. Asuntos que se resuelven en las audiencias preliminares (II)
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resuelven-en-las-audiencias-preliminares-ii/
Las tareas que debe realizar el fiscal antes de la audiencia y en la audencia misma son
las siguientes:
1. Determinar el objeto central de la audiencia.
2. Ubicar los problemas jurídicos que ésta conlleva.
Para ello se debe tener en cuenta la precisión de los aspectos fácticos, probatorios y
jurídicos inherentes al caso concreto.
En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que el nuevo ordenamiento procesal penal
le resta atribuciones a la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a la
afectación de derechos fundamentales, y dispone que tal afectación debe ser autorizada o
controlada por un juez.
Esto significa que el fiscal tiene la responsabilidad de explicar por qué resultaría
razonable llevar a cabo un registro o allanamiento o interceptar una línea telefónica, por
ejemplo, sin tener en cuenta si el control de la judicatura es previo o posterior.
Por norma general, tal como dispone el artículo 250 de la Constitución Política, es
que tal control sea previo, es por ello que los eventos en que es posterior quedan
reducidos a los casos expresamente consagrados en el numeral segundo de tal norma.
Es por ello que aunque el Acto Legislativo 03 de 2002 dio estructura a una dinámica
procesal en la que la Fiscalía General de la Nación se convierte en una instancia
especializada en la investigación de delitos, dicha exclusividad no la autoriza a actuar sin
límites, debido a que cuando su actuación restringe o afecta derechos y/o garantías

2. fundamentales entonces debe solicitar autorización previa del juez de garantías (esto es
lo que se denomina control previo).
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación conservó funcionales judiciales muy
importantes que le otorgan facultad para ordenar actuaciones tales como allanamientos,
registros, incautación e intercepción de comunicaciones, entre otros. Estas actuaciones
afectan los derechos fundamentales pero no necesitan el aval previo del juez, aunque
luego este control debe cumplirse posteriormente.