EL NUEVO GOBIERNO NO DEBE CAER EN COMPLACENCIAS ANTIREFORMISTAS.

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¿REFORMAR LA REFORMA LABORAL?
Manfred Nolte
La economía española, cuarta de la Unión europea y decimo cuarta en el
ranking mundial de naciones (muy cerca de Australia y Rusia y por delante de
México e Indonesia) inició a finales de 2013 la senda de recuperación después
de un largo y penoso camino repleto de los habituales ingredientes repudiables
de toda crisis: paro, endeudamiento, déficit, desigualdad, incertidumbre y el
desánimo extendido por amplias capas de la sociedad. A partir de aquella fecha
ha encadenado cuatro años consecutivos de crecimiento en el PIB a ritmos
promedios del 3% anual y en igual medida y periodo, reducciones sucesivas del
desempleo poblacional. Los primeros meses de 2018 ratifican esta
esperanzadora trayectoria de crecimiento y recuperación en la producción y el
empleo. Aunque parece complicado que España vuelva a ocupar el lugar
alcanzado antes de la crisis, su posición parece consolidada dentro de las 20
mayores economías del planeta.
Desde la perspectiva actual es fácil obtener entre analistas, políticos y
académicos un consenso acerca del paquete de medidas y circunstancias que
favorecieron, y aun causaron, la recuperación matizada de la que somos testigos
trimestre tras trimestre en la actualidad. Ninguna de ellas fue significativamente
más importante que las demás y en su conjunto comparten el mérito de haber
sacado al país de la sima de una crisis sin precedentes. Me refiero a las políticas
de estimulo fiscal y monetario, a la devaluación interna producida forzosamente
en el país, a las reformas de oferta o estructurales adoptadas por los sucesivos
gobiernos de la nación y a unas circunstancias externas conocidas
popularmente como los ‘vientos de cola’.
Entre las estructurales destaca la reforma bancaria absolutamente radical y que
afectó a 42 de las 45 entidades financieras existentes a finales de 2007. También
la consolidación presupuestaria que debidamente consensuada con Bruselas
recondujo el estratosférico déficit del 11% registrado en 2009 al 3,1% de 2017 y
si no hay volantazos en el camino, al 2,2% a fínales de 2018. Estructurales –
aunque vacilantes e insuficientes -han sido las modificaciones introducidas en el
ámbito de las pensiones. Y finalmente, aunque no la menos importantes, las dos

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reformas laborales integradas en el genérico de ‘reforma laboral’. Junto a ellas
se alinean una larga lista de reformas como la ley de insolvencias, la reforma de
las administraciones públicas, reforma de mercados, servicios y mercado único,
reforma fiscal, ley de segunda oportunidad y otras menos significativas que las
citadas en primer lugar.
Dejando de lado la bomba de las pensiones que inexcusablemente y dada la
profundidad y amplitud de sus consecuencias, deberá consensuarse de forma
unánime en el marco de los Pactos de Toledo o equivalente, es la reforma
laboral la que se sitúa más frecuentemente en el punto de mira de los
contrareformistas, sean estos las formaciones sindicales o los distintos partidos
que militan en el arco que va de la socialdemocracia a los postulados del
radicalismo antisistema.
Es posible que Pedro Sánchez se halle tentado de desenfundar el bisturí del BOE
para descoser o aun extirpar un órgano esencial del tejido económico como el
que constituye el marco laboral. Si la incisión es para mejorar o aliviar
estructuras que el progreso de estos años haya testimoniado, bueno y santo. A
pesar de sus peligros, la cirugía está ahí para ser usada.
Si es para derogar sustantivamente la reforma laboral nos enfrentaríamos
previsiblemente a una grave situación de regresión económica y también de
retroceso social. Llegado este momento no cabe hablar de opiniones ni de
sentimientos. Tampoco cabe silenciar unos cuantos tópicos que campean a sus
anchas en la impunidad de su falsedad, aunque no quepan en este escrito. Hay
que remitirse al argumento autoridad y a quienes han valorado la trayectoria
laboral del país de forma rigurosa. ¿Qué es lo que ellos nos manifiestan?
Todos los organismos internacionales que, por distintas razones, tutelan la
economía española (OCDE, FMI, BCE, o Comisión Europea) la han conceptuado
como una de las más efectivas de las reformas estructurales acometidas en los
últimos seis años y no han escatimado elogios sobre la misma. Junto a ellos,
estudios supuestamente independientes han consensuado la efectividad de la
decisión tomada. Sucesivas investigaciones del Banco de España (2013),
FEDEA, Funcas (2012 y 2016) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(2013), BBVA (2013), Dolado (2012), Felgueroso y García Pérez y Osuna (2015 y
2016) han resumido, siempre con cautelas, no solo las bondades de la medida
sino aun que una reforma anticipada en el tiempo habría evitado la destrucción
de empleos en años previos a su puesta en marcha y todas ellas reconocen, al
menos parcialmente, su operatividad.
El cirujano en el poder debe valorar concienzudamente el alcance de su
intervención.