El encadenamiento de contradicciones producida con motivo del anuncio de la derogación de la Reforma laboral de 2012 ha levantado un mar de criticas y descalificaciones

1. CONTRAREFORMAS Y LA CASA DE LA TROYA.
Manfred Nolte
Los informáticos nos advierten reiteradamente que cuando una aplicación, un
programa o un soporte funcionan es mejor no cambiarlos. La recomendación no
devalúa el principio de vivir con el progreso, pero matiza el cuando y el cómo,
para que un remplazo prematuro no se vuelva contra nuestros intereses, en este
caso contra nuestra funcionalidad operativa. El caso es aun más evidente en el
deporte de competición y también en el deporte de aficionados donde la máxima
de oro indica que cuando se va ganando no hay que cambiar de táctica. Se cambia
cuando se va perdiendo, solo cuando las cosas van mal.
El formidable cambalache registrado el jueves pasado en relación con el folio
firmado por tres formaciones parlamentarias para desmantelar la reforma
laboral de 2012, pacto posteriormente laminado por la ministra Calviño, no ha
atenuado la tormenta política con cruce de manifestaciones en el seno del
Gobierno de coalición ni la alerta de los empresarios acerca de las “consecuencias
económicas incalculables” de la fallida propuesta. La casa laboral patas arriba.
Hablemos de su trasfondo.
El 12 de febrero de 2012 entró en vigor el Real Decreto-ley de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral. La norma venía espoleada por la enorme
sangría de empleos registrada en España entre 2007 y 2011, consecuencia de la
gran crisis global, con un incremento del paro de 3,8 millones de personas. Desde
la fecha de la entrada en vigor del Decreto hasta el tercer trimestre de 2013, suelo

2. de la crisis, el paro aumentaría en 700.000 personas adicionales. En total 6,2
millones de desempleados, el 27,16% de la población activa.
A partir de dicho suelo el empleo en España ha crecido ininterrumpidamente,
hasta el adopción en marzo pasado del Estado de alarma, que tiene en jaque
involuntario a la economía española. En 2015 la ocupación aumentó en 533.186
personas y el paro bajó en 354.000. Un millón de empleos creados entre 2013 y
2015. A enero de 2020 el paro registrado era del 13,9% de la población activa, con
un colectivo de desempleados de 3,25 millones de ciudadanos y 19,16 millones de
afiliados a la seguridad social. Desde el inicio de la recuperación económica se
habían rescatado del paro a 3 millones de personas. Tal es una breve síntesis de
la evolución registrada en España bajo la vigencia de reforma laboral de 2012.
Como toda construcción humana el Decreto regulador puede contener
inconsistencias y aspectos mejorables. Algunos ya han sido enmendados. Pero es
más que desaconsejable el asalto al sentido común perpetrado la semana pasada
al firmar un acuerdo de buhardilla al margen del lobby empresarial y sindical y
ninguneando a la recién creada Comisión parlamentaria para la reconstrucción
social y económica. No todo vale y menos aun si es a destiempo como ha sido el
caso. No es el momento cuando las arcas públicas vuelcan miles de millones de
euros para frenar la hemorragia del empleo en nuestro país, en un mercado
desguarnecido.
Pero aun cuando se aborde, llegado el momento oportuno, la negociación para
perfeccionar el marco de las relaciones laborales, la historia no es muda. No cabe
silenciar el argumento autoridad y a quienes han valorado la trayectoria laboral
del país de forma rigurosa.
Todos los organismos internacionales que, por distintas razones, tutelan la
economía española (OCDE, FMI, BCE, o Comisión Europea) la han conceptuado,
junto al resto de medidas estructurales acometidas, como una de las más efectivas
reformas alcanzadas en la estela de la crisis de 2008. Junto a ellos, estudios
supuestamente independientes han consensuado la efectividad de la decisión
adoptada. Sucesivas investigaciones del Banco de España, FEDEA, Funcas,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, BBVA, y distintos representantes de la
academia, han resumido no solo las bondades de la medida, sino que han
aventurado la hipótesis de que, de haberse anticipado en el tiempo, se hubieran
salvado cientos de miles de puestos de trabajo adicionales.
Las críticas deben ser bienvenidas si son fundadas y colaboran a la mejora del
marco regulatorio. Otros mitos son simplemente insostenibles como el de atribuir
a la reforma el incremento de la precarización del mercado laboral español. Para
desmentir esta falsedad solo hay que recurrir a las cifras del Ministerio de
Trabajo: 34,6% de temporales en 2006 frente al 26% a diciembre de 2019.
Lamentablemente los temporales serán los primeros y más perjudicados de la
presente crisis por lo que su porcentaje sobre el total de contratos se reducirá aun
más.
El empleo privado es fruto del crecimiento económico y de la estabilidad y
expectativas favorables que los empresarios adviertan en su entorno. Propinar
manotazos con nocturnidad y alevosía a una reforma que flexibilizó el mercado

3. laboral en 2013 y ayudó a la reconstrucción del empleo del país no parece una
acción defendible.