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1. Nociones Generales de la Responsabilidad Civil
El profesor y ius privatista, Dr. José Melich Orsini, nos ilustra, en el capítulo inicial
de su obra sobre la responsabilidad civil por hecho ilícito, que “…en el lenguaje
jurídico se emplea la expresión ‘responsabilidad civil’ para aludir a la distribución
de los daños o pérdidas que se producen en la vida social a consecuencia de la
acción o inacción de los seres del mundo exterior. Se dice así que una persona
responde por su propio hecho o por el hecho de otra persona, de un animal o de
una cosa, para significar con ello que dicha persona está obligada a indemnizar
los daños o pérdidas que ha causado su hecho personal o el hecho ajeno, del
animal o de la cosa en cuestión…”.
Agrega el Dr. Melich Orsini que, cuando “...se usa en esta forma la expresión
‘responsabilidad civil’ se atiene uno exclusivamente al resultado que se produce
para el sujeto, el cual queda en curso en una situación jurídica de peligrosidad
que, de no cumplir espontáneamente con la reparación que se pone a su cargo,
va a ver su patrimonio expuesto a ser agredido por un órgano del Estado en
beneficio del acreedor de la indemnización…”. En ese preámbulo de su obra y
con relación al fundamento de dicha obligación de indemnizar, nos hace notar la
diferencia del criterio al respecto entre los civilistas, pues "mientras que para
algunos sería la idea de culpa atenuada, apenas por las presunciones de culpa,
para otros tal fundamento debe buscarse hoy en la idea del riesgo creado"1
.
Para Kelsen2
, responsable es quien soporta la sanción, en el sujeto y objeto
potencial de la misma. El concepto de responsabilidad se vincula esencialmente
al de "obligación" y "deber jurídico" y la distinción es importante cuando el sujeto,
objeto del deber jurídico, no coinciden con quien es objeto de la sanción.
Maduro, E3
., dice que la noción de responsabilidad civil radica en una concepción
de derecho natural conocida desde muy antiguo y que sirve de norma
fundamental de la vida del hombre en sociedad: la de que nadie debe causar un
1
Cova, L. (2000). Citando a José Melich Orsini. La Responsabilidad Civil por Hechos Ilícitos.
Caracas. 1995, Tomo I, pp. 17-18.)
2
Kelsen, Hans (1949). La Teoría General del Derecho y del Estado. México. p. 60.
3
Maduro, E. (1979). Curso de Obligaciones, Derecho Civil, III, Cuarta Edición. Editorial Sucre.
Caracas.

2. daño injusto a otra persona, y en caso de causarlo, dicho daño debe ser
reparado4
.
Se colige, en materia de reparación del daño causado, que existen dos tipos
de responsabilidad: una objetiva y otra subjetiva. En cuanto a la responsabilidad
objetiva, parte de la máxima general de que quien cause un daño a otro está en
la obligación de repararlo; por su parte, la responsabilidad subjetiva, atiende a
elementos de intencionalidad o dolo del causante del hecho dañoso; o su culpa,
conforme a la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de leyes o
reglamentos que hayan dado motivo al daño sufrido. No obstante, deben darse
concurrentemente los requisitos de la existencia de un daño; relación de
causalidad que determine la obligación de reparar por parte del causante de éste
y la determinación de la indemnización, en razón de lo cual se excluyen
circunstancias como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho propio de la
víctima o de un tercero5
.
Antecedente del Derecho Aeronáutico y la limitación de Responsabilidad
El Derecho Marítimo, predecesor al aeronáutico, estableció el principio de
limitación de responsabilidad. Así, se tiene que:
La limitación de responsabilidad del armador, atiende a la esfera del
particularismo del Derecho Marítimo, en ese sentido, Cova6
señala:
“...Esa responsabilidad sin límites se fue abandonando y en la Edad
Media se comenzó a considerar que el armador no debía responder
con todos sus bienes por los actos y hechos de su capitán.
Adicionalmente, se introdujo en los usos marítimos una nueva idea de
que las obligaciones resultantes de las expediciones marítimas fuesen
limitadas para los propietarios de naves a los valores comprometidos
por ellos en cada expedición. De allí se separó ficticiamente el
patrimonio de los propietarios de naves en dos partes, bajo los
nombres de fortuna de tierra y fortuna de mar, admitiéndose que la
segunda sólo respondiese de las deudas que provienen de los actos
del capitán o de la tripulación.- En efecto, dado el carácter particular
del derecho marítimo, se consideró a cada nave junto con sus fletes,
como una especie de patrimonio separado (fortune de mer) del
propietario, referido particularmente a cada nave frente a las demás y
4
Maduro, E. (Ob. Cit.) p. 129.
5
Código Civil venezolano. Artículos 1271-1272.
6
Cova, L. (2000). La Responsabilidad Civil Derivada de Derrames de Hidrocarburos. Academia
de Ciencias Políticas y Sociales. Anauco Ediciones. p. 27.

3. a todas ellas frente al llamado, por contraposición, patrimonio terrestre
(fortune de terre). En virtud de ello, la responsabilidad civil del
propietario, nacida de los actos del capitán y de las obligaciones que
contraiga con relación a la nave y a la expedición, podía limitarse con
el patrimonio que constituye la fortuna de mar, excluyéndose de
afectación para responder de tal responsabilidad la fortuna de
tierra...”.
La Fortuna de Mar
La nave, sus aparejos y sus fletes no devengados constituyen un patrimonio
separado o especial, cuyo titular es el naviero, un verdadero patrimonio de
afectación destinado realizar los actos de comercio marítimo que demande la
actividad naviera. Algunos autores denominan este patrimonio marítimo "fortuna
mar" para distinguir el patrimonio fortuna "de tierra" del naviero, compuesto por
el resto de sus bienes.7
El patrimonio marítimo o "fortuna mar" está compuesto por la nave misma, el
casco y quilla, los aparejos defensores de toda embarcación principal, sea cual
fuere su denominación y magnitud y sociedad de vela, remo o vapor, el nombre
colectivo "aparejos" designa los Palos, botes, anclas, cables, arcillas, velamen,
mástiles, belgas y todos los demás objetos sino sueltos que, sin formar parte del
cuerpo de la nave, son indispensables para su servicio, maniobras y navegación.
La denominación "aparejos" no designa y comprende el armamento, vituallas,
fletes devengados y salarios anticipados a la tripulación. Para nosotros, las
naves son bienes formados por una pluralidad de objetos no cohesionado
físicamente entre sí; pero unidos por una destinación común, la cual tiene lugar
en torno una cosa principal, como lo son el casco y la quilla.
El naviero titular en consecuencia, de su patrimonio ordinario, formado por la
generalidad de sus bienes y de las deudas que pueden cobrarse en ellos y,
además, de tantos patrimonios especiales comunales tenga, las que constituyen
su "fortuna de mar". Dentro de las deudas que reconoce la fortuna de mar, puede
distinguirse deudas comunes y privilegiadas. La ley establece un orden de
prelación de los criterios privilegiados, para el caso de concurso de quiebra del
naviero. En el caso que el naviero quiera limitar su responsabilidad
7
Figueroa, G. (2008). El Patrimonio. Editorial Jurídica de Chile. Tercera Edición. pp. 527-529

4. exclusivamente su patrimonio marítimo, y liberar de responsabilidad el resto de
sus bienes, puede "abandonar" la nave y los fletes percibidos y por percibir a los
acreedores de su fortuna de mar. Por el abandono hecho a favor de uno de los
acreedores quedan completamente extinguidas las acciones de los demás
contra el naviero.
La fortuna de mar permite al propietario o armador limitar su responsabilidad por
los riegos de transporte marítimo. En efecto, la responsabilidad por las averías
comunes queda limitada a la nada, el flete la mercancía que asistan en ella al
tiempo de correrse el riesgo, y son pagadas por contribución de los propietarios
de los objetos enunciados.
Ya dijimos que patrimonio marítimo o "fortuna de mar" puede ser enajenado
separadamente del resto de patrimonio del titular, y que la compraventa de nada
está cuidadosamente reglamentada en las leyes marítimas. La enajenación de
la nave se entiende ejecutada con todas las responsabilidades que la afectan y
salvos los privilegios que establece la ley. Si la "fortuna de mar" está en el
comercio y si la universalidad constituida por la nave y sus anexos, más las
deudas que la afectan, pueden enajenarse, resulta obvio que esa universalidad
también podrá prescribirse adquisitiva mente, en el caso que no hubiere operado
eficazmente la tradición del dominio sobre ella, un en el caso que el contrato
hubiere sido celebrado por un mandatario sin poder suficiente, o cuyo poder
hubiera caducado, o que se hubiere excedido del poder que se hubiere conferido.
En todos estos casos, el tercer adquiriente no adquirida directamente el dominio,
pero quedaría posición de equilibrio por prescripción8
.
Lo que interesa recalcar aquí es la posición que claramente se inclina a favor de
la doctrina objetiva finalista del patrimonio, al aceptar que un mismo titular lo sea
de diversos patrimonios diferentes entre sí, con sus bienes y deudas específicas,
lo que atenta contra el principio de la unidad indivisibilidad del patrimonio, que
proclamaron los clásicos. El sistema del derecho marítimo tiene sus raíces en el
derecho comercial medieval, en el cual el sistema fue ideado para excluir los
bienes personales del naviero, su "fortuna de tierra", de los riesgos de la
navegación, que entonces era una actividad azarosa y aleatoria.
8
Figueroa G. (2008), Ob. Cit.

5. El sistema que luego recogido por los principales códigos de comercio, leyes
comerciales europeas y en definitiva a las leyes marítimas, y de allí pasó a las
normativas marítimas contemporáneas que rigen la actualidad. Para los
finalistas, constituyendo la navegación sufrieron un interés jurídico digno de
protección, así como la seguridad del naviero respecto de dicho riesgo, no existe
inconveniente en elevar ese interés jurídico a la categoría de "sujeto de cosa" y
adscribirle un patrimonio independiente y autónomo.
Menciona el tratadista Villarroel, F. (2006)9
, en su obra Tratado General de
Derecho Marítimo, que: “El artículo 39 contenido en la Ley de Comercio
Marítimo10
, consagra el principio responsabilidad civil del armador por las
obligaciones contraídas por el Capitán, en lo concerniente al buque y de la
expedición marítima. De igual manera, el artículo pone en juego la
responsabilidad del armador por las indemnizaciones a favor de terceros, por los
hechos del Capitán, de los oficiales y de la tripulación. Esta norma cambia el
principio sostenido por el antiguo y derogado artículo 627 Código de Comercio,
que se refería la responsable al propietario por las obligaciones contraídas por
él, ignorando completamente la figura del armador.
Igualmente, el artículo 40 de la Ley de Comercio Marítimo, indica que el armador
responsable en los siguientes casos:
1. Si se prueba que los hechos del capitán, de los oficiales o tripulación, son
ajenos al buque o la expedición.
2. Si quien persigue la responsabilidad señalada en el artículo anterior, fue
copartícipe de los hechos del Capitán, Oficiales o tripulación.
3. Si se trata de hechos ejecutados por el Capitán, en su carácter de delegado
de la autoría pública.
4. Si se prueba que el Capitán ha tenido noticia o prestado su anuencia a hechos
ilícitos efectuados por los cargadores, salvo responsabilidad personal de aquél.
5. En los demás casos previstos en la ley.
9
Villarroel Rodríguez, Francisco Antonio, Tratado General de Derecho Marítimo, Segunda
Edición, Universidad Marítima del Caribe, Caracas, 2006.
10
Ley de Comercio Marítimo, Gaceta Oficial Nº 38.351 del 5 de enero del 2006.

6. El sistema de la limitación de responsabilidad del armador constituye una las
particularidades propias del derecho marítimo, así como el desarrollo que esta
institución ha tenido en el plano internacional.
Aún cuando ya en los siglos XIII y XIV en las reglamentaciones contenidas en
las Ordenanzas de Valencia y del Consulado el Mar, se encuentran algunas
referencias al abandono como manera de limitar la responsabilidad del naviero,
se ha señalado que es a través de la ley sueca de 1667 donde se regula en forma
orgánica este sistema, sobre la base de abandonar la nave y el flete. Luego, las
Ordenanza de la Marina de 1681, bajo el mandato de Luis XIV, llamadas
también las Ordenanzas de Colbert, recogen y regulan la limitación de la
responsabilidad del Armador bajo la forma del abandono11
.
En Inglaterra, en 1734 se instaura, el sistema de limitación de responsabilidad,
basado en el valor de la nave y el flete, el cual, por la ley de 1862 se transforma
en un sistema responsabilidad pecuniaria limitada al establecer una limitación de
responsabilidad de £ 8 por tonelada de registro de la nave, respecto de daños a
la propiedad, y de £15 por daños causados a las personas.
En Estados Unidos, se dicta en 1851 una ley que permite al Armador limitar su
responsabilidad mediante el abandono de sus intereses sobre la nave y el flete,
entregándolos a un depositario judicial para su liquidación, o bien, optando por
constituir una garantía equivalente al valor de la nave y del flete.
Venezuela, como casi todos los países de Latinoamérica, adopta el sistema de
abandono del Código de Comercio napoleónico francés de 1807, tal y como lo
establece el artículo 623 del Código de Comercio12
venezolano, hoy derogado
por la Ley de Comercio Marítimo del año 2006.
Durante el transcurso de la primera mitad del siglo XX, el tema de la limitación
de la responsabilidad del naviero ha sido objeto de importantes debates
internacionales que han dado como fruto la aprobación de tres convenciones: las
dos primeras denominadas de Limitación de la Responsabilidad de los
Propietarios de Naves, realizada en Bruselas en el año de 1924, que entra en
vigor el 2 junio 1931, y en la Convención de Bruselas de 1957, que entró en vigor
11
Fariña, F. Derecho Comercial Marítimo, Tomo I, 2da. Edición, Editorial Bosch, p.152.
12
Código de Comercio. G.O.Nº 475, Extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 1955.

7. el 31 mayo 1968, que recibió la ratificación o adición de 58 países de los cuales
7 países la han denunciado para adherirse o ratificar la convención de 1976,
respectivamente, la tercera, celebrada en Londres en 1976, llamada: Convenio
Sobre la Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho
Marítimo. Esta última entra en vigor el 1 diciembre 1986 y contó con la adhesión
o ratificación de 13 países.
Estados Unidos no ha ratificado ninguna de las antedichas convenciones
manteniendo vigente en su legislación del siglo pasado, con una importante
modificación introducida 1936 respecto de las reclamaciones por lesiones
personales o muerte, cuyo límite se estableció a la suma de US $ 60,00 por
tonelada de la nave, el cual fue incrementado en alguna oportunidad a US $
420,00 por tonelada. Además, se encuentran pendientes del Congreso un
proyecto de ley para reemplazar la actual ley de limitación de responsabilidad, el
cual se basa fundamentalmente en el Convenio Sobre la Limitación de la
Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho del año 1976.
Respecto de Inglaterra, ratificó inicialmente la convención de 1957, la cual entra
en vigencia en 1968, que posteriormente denunció para ratificar la convención
de Londres en 1976. En cuanto a Francia, al ratificar sucesivamente las
convenciones internacionales antes referidas dejó de lado el sistema de
abandono para adoptar el sistema responsabilidad pecuniaria limitada.
En la segunda mitad del siglo XX y en las postrimerías del siglo XXI, en el año
de 1996, el Comité Legal de la Organización Marítima Internacional, luego de un
intenso estudio, mantiene la responsabilidad objetiva del propietario (fletador,
operador, agente, armador del buque), así como su limitación de indemnización,
salvo que pueda probar lo contrario, y sólo basado en causales específicas de
exoneración de responsabilidad, tales como los actos de guerra, hostilidades,
insurrección, el daño causado totalmente por un tercero, o por la negligencia de
cualquier gobierno o por la persona que sufrió dichos daños, etc.13
Lo importante del asunto que inspiró a la Organización Marítima Internacional,
es que la víctima reciba la debida indemnización por los daños que ha sufrido
derivados de la responsabilidad civil extra contractual, denominado en la doctrina
13
Disponible en: http://avdmar.ve.tripod.com/reyero.htm

8. como el hecho ilícito, lo que conlleva a que terceros que han sido víctimas de
daños, sean debidamente colocados en la misma situación en la cual se
encontraban antes de la ocurrencia de ese hecho ilícito dañoso, siempre y
cuando el Fondo, previa limitación de responsabilidad al propietario de la nave,
satisfaga el total de las reclamaciones, a menos que la conducta del propietario,
lo excluya de ese derecho a limitación, ya que, por ejemplo, si el siniestro ha sido
ocasionado por su propia acción u omisión e incurrió en daño con intención de
causar ese perjuicio, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente
se originaría tal perjuicio.
En virtud a la vetustez de estos convenios, en cuanto a los límites de
responsabilidad, se propuso la modificación del convenio, lo que fue estudiado
por el órgano encargado de su tutela, la Organización Marítima Internacional
(OMI), cuyas principales enmiendas están contenidas en el borrador del
protocolo de 1996, las cuales se refieren a los artículos 6, 7, 8, 15, 18.1., y que
se mencionan a título de referencia seguidamente:
Artículo 3, literal “a”, propone limitar la responsabilidad pero que se extienda para
cubrir las reclamaciones por parte de los salvadores, de conformidad con lo
estudiado en el citado artículo 14 de la Convención Internacional sobre
Salvamento.
Representantes de los clubes de protección e indemnización, han cuestionado
el tecnicismo en cuanto a tratar la "compensación especial" estipulada en el
Artículo 14, como equivalente al premio ganado bajo los servicios de salvamento,
haciendo de ello una nueva excepción al principio de limitación de
responsabilidad. Consideramos que así debe ser, y que el tecnicismo expresado
por los P & I, es meramente teórico pues, lo importante es inducir a qué mayor y
mejor gente de mar se incorpora las labores de salvamento y prevención de
desastres ambientales. Siendo ésta la situación, sería de interés público
considerar sobre lo apropiado de colocar la excepción a la limitación de
responsable a los salvadores reclamantes del Artículo 14 para recibir una debía
compensación por sus esfuerzos para prevenir daños causados por la
contaminación al medio ambiente.
Artículo 6: pretende el incremento del monto de la indemnización en los casos
de muerte o lesiones corporales, aumentando la constitución del Fondo,

9. incrementando los límites de responsabilidad de 500 a 2.000 toneladas, tarifando
los límites con base a los montos propuestos.
Artículo 7: se refiere a la fijación del monto de la indemnización relacionada a
pasajeros hasta 25 millones de Unidades de Cuenta proponiéndose 175.000
SDR, pero sin mencionar la limitación actual de hasta 25 millones de Unidades
de Cuenta, lo podría conllevar a que quede sin limitación este tipo de
indemnización.
Artículo 8: atiende a la posibilidad de establecer límites de responsabilidad de
manera sencilla y expedita, sin los formalismos existentes en el Convenio Sobre
la Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho
Marítimo actual.
Artículo 15: establece un supuesto de fuero competente para aplicar la ley interna
frente al Convenio Sobre la Limitación de la Responsabilidad Nacida de
Reclamaciones de Derecho Marítimo, con respecto a la indemnización por
muerte o lesiones corporales de pasajeros, pero no siendo en ningún caso menor
a la establecida en el artículo 7.
Artículo 18.1: se vincula directamente con la Convención Internacional Sobre la
Contaminación y otros Daños Causados por Sustancias Peligrosas y Nocivas
para aplicar el límite mayor de ésta en contraposición con la limitación de límite
menor indicada el Convenio Sobre la Limitación de la Responsabilidad Nacida
de Reclamaciones de Derecho Marítimo.
Como lo afirma Ansieta14
:
Sin duda alguna, el comercio marítimo, en los tiempos antiguos
constituía una aventura de gran riesgo; cualquier desastre marítimo
conducía casi inevitablemente a la bancarrota del Armador, el cual, para
responder de sus deudas entregaba la nave y el flete a sus acreedores
para que con el producto de su liquidación hicieran pago de sus créditos.
De esta manera se fue configurando en el hecho esta forma de limitar la
responsabilidad del Armador, unido al concepto de la fortuna de mar. En
virtud de este último, se hace una diferencia entre el patrimonio terrestre
y el marítimo que pueda poseer una persona. Es así como la fortuna de
14
Ansieta A. (1986). Universidad Católica de Valparaíso. Conferencia pronunciada en el Primer
Seminario Nacional sobre convenios marítimos de responsabilidad civil. ROCRAM LEGMAR
celebrado en Santiago de Chile entre el 24 y 27 de noviembre de 1986.

10. mar, representada por la nave y los fletes percibidos o por percibir queda
afectada por las diversas responsabilidades propias de la actividad
naviera, sin que se pudieren ejercitar acciones en contra del patrimonio
terrestre del Armador. De esta manera aun cuando el monto de los
reclamos en contra del Armador excediere el valor representado por su
fortuna de mar, esta última constituirá el límite de su responsabilidad. (p.
65).
En Venezuela, Oscar Pierre Tapia15
, con vigencia del Libro Segundo de Código
de Comercio, al señalar sobre la responsabilidad del Propietario-Armador,
subdividía ésta como a) Culpa personal, b) Responsabilidad por el hecho de las
cosas, c) Responsabilidad por el hecho de sus sirvientes y dependientes,
concordando tales supuestos con los artículos 1.185, 1.193, 1.194 y 1.191 del
Código Civil16, en concordancia con el artículo 623 del Código de Comercio.
De manera general, indica este autor:
“El propietario es, en principio, responsable de sus hechos y actos
personales en los términos del derecho común (art. 1.185 del Código
Civil). De hecho, es bastante difícil de notar en el transporte marítimo
la culpa personal del armador, porque una vez que parte la nave
escapa a su acción. Por eso no puede haber responsabilidad personal
del armador por faltas técnicas de la navegación. La culpa personal
del armador consiste, casi siempre, en haber dejado partir una nave
mal construida, mal arreglada o mal equipada: se dice entonces que
existe un vicio propio, pero bajo ese vicio propio se encuentra la culpa
del propietario del buque. La salida de la nave de una rada cerrada y
bordeada de rompientes sin la asistencia de un piloto, de noche con
un mal tiempo, ha sido considerada por la casación francesa como
una culpa personal del armador, cuando éste tenía en el lugar de
salida de la nave un representante”17
. (p. 117).
La Limitación en el Comercio Aéreo
Luego de citar los antecedentes del derecho marítimo; el aeronáutico (hijo de
aquel), desde el Convenio de Varsovia de 192918
que establece la unificación de
ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, se erige la limitación de
15
Oscar R. Pierre Tapia (1985). El Comercio Marítimo según el Código de Comercio Venezolano.
pp. 117-125.
16
Código Civil. G.O. Nº 2.990. Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982.
17
Sentencia del 30 de enero de 1894. Dalloz Périodique 94.1.438
18
Venezuela es Estado Parte de este Convenio. Ratificación o adhesión: 15/06/1955. Vigencia:
13/09/1955.

11. responsabilidad del transportista aéreo con respecto a los pasajeros, equipajes
facturados o de mercancías, con base en los montos en él establecidos.
Posteriormente, en Convenio de Montreal de 1999, según afirma Belisario, F.19
(2008):
“Surge este instrumento aeronáutico internacional con la finalidad
esencial de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y otros
documentos internacionales relativos a la disciplina aérea y, en ese
sentido, reconoce la importancia de asegurar la protección de los
intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la
necesidad de un resarcimiento justo y equitativo basado en el principio
de la restitución.- El Convenio Aéreo de Montreal de 1999 esboza de
nuevo la tesis de lograr un desarrollo metódico y armónico de las
actividades del transporte aéreo internacional y de la circulación sin
obstáculos de pasajeros, equipaje y carga de conformidad con los
propósitos y lineamientos establecidos en el Convenio de Aviación
Civil Internacional, estructurado en Chicago el 7 de diciembre de
1944. (p. 485).
Es así, como en materia de limitación de responsabilidad se establecen los
montos por muerte o lesiones de los pasajeros, retraso, equipaje y carga.
Responsabilidad Civil en Materia Aeronáutica
La Ley de Aeronáutica Civil20
venezolana, en materia de responsabilidad civil del
explotador, transportador o porteador, establece lo siguiente:
Artículo 100
Responsabilidad del Transportista por Daños al Pasajero
El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al pasajero por
la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o
durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a las
normas técnicas.
Las operaciones de embarque comienzan en el momento en que el pasajero deja las
instalaciones del aeródromo o aeropuerto para ingresar a la aeronave y las operaciones
de desembarque terminan cuando el pasajero, al salir de la aeronave, ingresa a las
19
Belisario, F. (2008). Derecho del Transporte Aéreo. Universidad Marítima del Caribe. Catia La
Mar, Venezuela.
20
Ley de Aeronáutica Civil. Gaceta Oficial Nº 39.140 del 17 de marzo de 2009.

12. instalaciones del aeródromo o aeropuerto. En cualquier caso, la responsabilidad por
daños en el embarque y desembarque recaerán sobre quienes realicen dichas
actividades.
El derecho a percibir la indemnización por los daños ocasionados al pasajero, se ajustará
a los siguientes términos:
1. Por muerte o por incapacidad total permanente, hasta cien mil Derechos Especiales
de Giro21
.
2. Por incapacidad parcial permanente, hasta cincuenta mil Derechos Especiales de
Giro.
3. Por incapacidad parcial temporal, hasta veinticinco mil Derechos Especiales de
Giro.
4. Por demora o cancelación injustificada en el vuelo contratado, hasta cuatro mil
cientos cincuenta Derechos Especiales de Giro.
Artículo 101
Responsabilidad por Daños a Equipaje, Carga y Correo
El transportista aéreo es responsable de los daños causados en caso de destrucción,
pérdida, avería o retraso en la entrega del equipaje facturado, la carga y el correo, en
caso de haberse producido a bordo de la aeronave o durante cualquier momento en el
que se hallasen bajo la custodia del transportista, dentro de los límites siguientes:
1. Por destrucción, pérdida o avería de la carga o el equipaje facturado, hasta diecisiete
Derechos Especiales de Giro, por kilogramo de peso bruto.
2. Por retraso en la entrega de la carga, hasta una cantidad igual al precio estipulado
para el transporte.
3. Por retraso en la entrega del equipaje facturado, hasta cien Derechos Especiales de
Giro, de conformidad con las normas que, a tal efecto, dicte la Autoridad Aeronáutica.
21
El artículo 8 de la Ley de Comercio Marítimo señala: A los efectos de esta Ley, cuando se
indique una cantidad o el valor de una indemnización en unidades de cuenta, o que deban
establecerse en función de éstas, se entenderá como tal, al Derecho Especial de Giro definido
por el Fondo Monetario Internacional, calculado según el método de evaluación establecido por
dicho Fondo en sus operaciones y transacciones, a la fecha del cumplimiento de la obligación de
que se trate. Por su parte, según el Fondo Monetario Internacional: “…los Derechos Especiales
de Giro (DEG) es un activo de reserva internacional creado en 1969 para complementar las
reservas oficiales de los países miembros. Los DEG se pueden intercambiar por monedas de
libre uso. Disponible en: https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/que-son-derechos-
especiales-giro

13. 4. Por destrucción, pérdida o avería del equipaje de mano, generado por causa imputable
al transportista, hasta mil Derechos Especiales de Giro.
Si la carga o equipaje facturado se transporta conforme a la cláusula de "Valor Declarado",
el límite de la responsabilidad corresponderá a dicho valor. En este caso, el
transportador estará obligado a pagar una suma que no excederá el importe de la suma
declarada.
Artículo 102
Responsabilidad en el Transporte Aéreo Sucesivo
El transporte aéreo sucesivo, es considerado como una sola operación, ya sea que se
formalice por medio de uno o varios contratos. Será responsable el transportista que haya
efectuado el tramo de la ruta en la cual se hubiere producido el incumplimiento,
interrupción, demora, retraso, incidente o accidente, salvo que uno de ellos hubiese
asumido la responsabilidad por todo el viaje.
Artículo 103
Responsabilidad en el Transporte Combinado
En caso de transporte combinado se aplicarán las disposiciones de la presente Ley
solamente para el transporte aéreo.
Artículo 104
Responsabilidad del Transportista de Hecho
Cuando el transporte aéreo sea efectuado por un transportista distinto al transportista
contractual, ambos serán solidariamente responsables en caso de muerte, lesiones,
daños o retraso ante quienes ejerzan tales acciones, sin perjuicio de las acciones de
repetición.
Artículo 105
Nulidad de cláusula contractual
Toda cláusula contractual que exonere al transportista de responsabilidad o fije un límite
inferior al establecido en esta Ley, será absolutamente nula.
Artículo 106
Pérdida del Beneficio de la Limitación

14. Los explotadores del servicio de transporte aéreo no podrán beneficiarse de los límites
de responsabilidad establecidos en esta Ley, si se comprueba que tales daños fueron
debido a dolo o culpa de sus directivos o cualquier persona que tome decisiones
por ellas, de sus dependientes o empleados.
Artículo 107
Reclamo y Prescripción de la Acción para Exigir el Pago
Todo reclamo por daños causados a los pasajeros, equipajes o carga transportada se
hará por escrito a la empresa aérea con acuse de recibo, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la ocurrencia del hecho, sin menoscabo a la participación a la Autoridad
Aeroportuaria la cual dentro de las cuarenta y ocho horas impondrá a la Autoridad
Aeronáutica. La empresa deberá responder por el daño dentro de los sesenta días hábiles
siguientes, contados a partir de la fecha de llegada a destino, la del día en que la aeronave
debería haber llegado o desde la demora o cancelación del transporte aéreo.
La acción para exigir el pago de las indemnizaciones por daños causados a los pasajeros,
equipajes o carga transportados prescribirá a los tres años, contados a partir del último
día que tiene la empresa para responder la reclamación.
Artículo 108
Responsabilidad del Explotador de Aeronaves Civiles por Daños a Terceros en
Superficie
El explotador de aeronaves civiles será responsable por los daños que se causen a las
personas o a las cosas que se encuentren en la superficie con motivo de la operación de
aeronaves o como consecuencia de una persona o cosa desprendidos o lanzados de la
misma. Se entiende por operación de una aeronave todo movimiento realizado por ésta
bajo la acción directa de sus propios medios de propulsión o sustentación.
La persona que opera una aeronave sin el consentimiento del explotador, será
responsable de los daños causados a terceros en la superficie.
El explotador de una aeronave es solidariamente responsable con la persona que la opera
en forma ilegítima por los daños causados a terceros en superficie, cuando no tomó las
previsiones necesarias para evitarlo.
Artículo 109
Prescripción de la Acción para Exigir el Pago por Daños a Terceros en Superficie

15. La acción para exigir el pago de las indemnizaciones por daños a terceros en la superficie
prescribirá a los tres años, contados a partir de la fecha de los hechos que los causaron.
Artículo 110
Responsabilidad por Abordaje Aéreo
Abordaje aéreo es toda colisión o interferencia entre dos o más aeronaves en movimiento.
La aeronave está en movimiento:
1. Cuando se encuentren en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos con la
tripulación, pasajeros o carga a bordo.
2. Cuando se desplaza en la superficie con su propia fuerza motriz.
3. Cuando se haya en vuelo.
Una aeronave se haya en vuelo desde el momento en que se aplica la fuerza motriz para
despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje.
Se consideran interferencia cuando se causen daños a aeronaves en movimiento o a
personas o bienes a bordo de las mismas, por otra aeronave en movimiento, sin que
exista verdadera colisión.
Artículo 111
Responsabilidad Solidaria por Abordaje
En caso de daños causados a terceros en la superficie por abordaje, los explotadores de
las respectivas aeronaves serán solidariamente responsables del pago de la
indemnización, sin menoscabo de las acciones que puedan ejercer los órganos de
protección ciudadana.
Artículo 112
Prescripción de la Acción para Exigir el Pago por Abordaje
La acción para exigir el pago de las indemnizaciones por daños a causa de abordaje
prescribirá, a los tres años, contados a partir de la fecha del hecho.
Artículo 113
Responsabilidad por la Explotación de Aeronaves
Los explotadores de aeronaves civiles son responsables de la operación, del
mantenimiento e inspección de ellas, así como de los equipos aeronáuticos, por lo cual

16. deben asegurase que estas actividades se realicen de conformidad con lo establecido en
el ordenamiento jurídico.
Artículo 114
Responsabilidad por la Elaboración del Programa de Seguridad
Todo poseedor de un certificado de explotador de servicios de transporte aéreo es
responsable de la elaboración y aplicación de un programa de seguridad contra actos de
interferencia ilícita, aprobado por la Autoridad Aeronáutica, de conformidad con lo
establecido en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y los convenios
internacionales.
Artículo 115
Responsabilidad del Poseedor del Certificado de Explotador
El poseedor de un certificado de explotador de servicios de transporte aéreo o trabajo
aéreo, responderá por sus actos y omisiones ante la Autoridad Aeronáutica, los usuarios
y terceros; igualmente es responsable por los actos y omisiones:
1. De sus dependientes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones.
2. De terceros con los cuales hubiere contratado la prestación de un servicio.
Artículo 116
Obligación de Contratar Pólizas de Seguros
Los explotadores de aeronaves civiles venezolanas y extranjeras están obligados a
asegurar los riesgos mediante la contratación y mantenimiento vigentes de pólizas de
seguros que amparen los daños que se puedan causar con ocasión de la operación de
éstas a terceros en la superficie, por abordaje, a tripulantes y auxiliares con funciones a
bordo, a los pasajeros, equipajes, carga y correo.
El valor asegurado del que trata el presente artículo no podrá ser en ningún caso inferior
a los límites fijados por la Autoridad Aeronáutica o convenios internacionales de los cuales
forme parte la República.