Este documento discute si los honorarios del abogado de la parte acusadora deben incluirse en las costas en los juicios de faltas. Aunque generalmente la asistencia legal no es obligatoria en estos juicios, la jurisprudencia ha establecido excepciones cuando la complejidad del caso lo requiere o cuando solo puede perseguirse la falta a instancia de parte. El documento analiza los criterios jurisprudenciales para determinar si en cada caso particular los honorarios deben ser incluidos en las costas.

1. 223Capítulo VII: Las costas penales
2. Las costas en los juicios de faltas
La inclusión o no de los honorarios del letrado cuando existe condena en
costas en los juicios de faltas es un tema bastante enojoso y que da lugar a inaca-
bables discusiones doctrinales a la vez que discrepancias de criterios por parte
de las diferentes Audiencias Provinciales. En realidad bastaría un plumazo del
legislador para solucionarlo definitivamente con gran provecho de la seguridad
jurídica; pero no son este tipo de cuestiones las que atraen su atención292
.
La ley, teniendo en cuenta criterios de economía procesal y de justicia mate-
rial, exime a las partes de procurarse letrado y procurador en determinados asun-
tos que, por su hipotética sencillez, sobre el papel no precisan de una asistencia
jurídica completa; esto es lo que ocurre en los juicios de faltas, pues en los artícu-
lo 962.1 último inciso, 964.1 último inciso y 967 LECrim se dice que al convocar
el Juez a las partes al acto del juicio de faltas, “... se les informará de que pueden
ser asistidos por abogado si lo desean...”293
.
Esta es la regla general: en este tipo de procedimientos los honorarios del
letrado y los derechos de procurador de la acusación particular (o de cualquier
otra parte en caso de la absolución) no pueden ser a cargo del condenado, pues
tal asistencia profesional no es preceptiva y, en consecuencia, no son incluibles
en la tasación que se practique. El juicio de faltas es uno de los procedimientos
ordinarios en materia penal reservados para el conocimiento de infracciones pe-
nales de menor entidad, caracterizado por su simplicidad y rapidez, aunque sin
que ello represente merma de las garantías procesales; en tal sentido, ya sea por el
menor desvalor de las infracciones leves constitutivas de falta, ya sea por la pro-
pia tramitación procesal rápida y antiformalista del juicio de faltas, constituye en
todo caso una opción del legislador el no exigir la intervención de letrado como
preceptiva en ese tipo de procesos y dicha opción legislativa debe ser respetada294
y por otra parte, el artículo 124 CP contempla que las costas incluirán los honora-
292
Calzado Julia, Juan. “Pronunciamientos sobre costas en el proceso penal”, en Pronuncia-
mientos pecuniarios en el proceso penal, en Cuadernos Digitales de Formación. Madrid, CGPJ,
número 44/2008. Pág. 568.
293
AAP GERONA, 109/2011, 18 de febrero de 2011 (ROJ: AAP GI 201/2011).
294
AAP BARCELONA, 506/2011, Sección 21ª, 31 de enero de 2011 (ROJ: AAP B
2359/2011).

2. 224 Cómo practicar e impugnar una tasación de costas en el proceso civil
rios de la acusación particular, pero solo cuando se trate de delitos (no de faltas),
perseguibles a instancia de parte295
.
Más aún, incluso en juicios de faltas en los que se dilucidan las consecuencias
de un accidente de circulación, que no suelen quedar a mano del conocimiento de
los particulares, bien podía el legislador haber hecho una excepción sobre la con-
currencia de letrados y procuradores, o al menos haber introducido una cláusula
moderadora de la facultad que pueden tener los Jueces y Tribunales para incluir
sus honorarios en las costas según la dificultad o complejidad del juicio. De lege
ferenda obrar así podría constituir una mejora en el funcionamiento de la admi-
nistración de justicia, pero en la actualidad tal posibilidad es inexistente296
.
Por la misma razón si quien es citado como denunciante o denunciado al
acto del juicio de faltas desea proveerse de la asistencia y representación de estos
profesionales, será él mismo el que haya de procurar el pago de sus honorarios o
aranceles297
.
Exclusión de honorarios y derechos que, por cierto, no suscita dudas sobre su
constitucionalidad, porque el artículo 24.1 CE no ha incluido dentro de las garan-
tías constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva la condena en costas,
que es, en consecuencia, una figura de configuración legal. Lo que significa que
el legislador es libre para, en el marco de la Constitución, definir su contenido y
los requisitos que han de guiar la imposición judicial de las costas procesales, sin
más límite constitucional, que el de impedir que, al hacerlo, pueda el legislador
imponer condiciones u obstáculos innecesarios o disuasorios del ejercicio de las
acciones y recursos legalmente previstos para la defensa jurisdiccional de los
derechos e intereses legítimos298
.
Pero vayamos con las excepciones. Que la intervención del Abogado y del
Procurador en los juicios de faltas no sea preceptiva, no puede concluirse sin
más que se excluyan siempre los honorarios y derechos de esos profesionales.
Para ello haría falta una norma que así lo dijera y esa norma no se contiene en
295
AAP LOGROÑO, 29/2011, Sección 1ª, 21 de febrero de 2011(ROJ: AAP LO 44/2011).
296
AAP GERONA, 109/2011, 18 de febrero de 2011 (ROJ: AAP GI 201/2011).
297
SAP GERONA, 192/2011, Sección 3ª, 11 de abril de 2011 (ROJ: AAP GI 519/2011).
298
AAP VIZCAYA, 825/2010, Sección 2ª, 10 de diciembre de 2010 (ROJ: AAP BI
1380/2010).

3. 225Capítulo VII: Las costas penales
la LECrim. Del tenor literal de los artículos 123 CP y 241 LECrim, resulta que
la no preceptividad de la intervención de dichos profesionales en los juicios de
faltas, no aparece como obstáculo normativo para la inclusión de sus honorarios
en la condena en costas, cuando hayan intervenido en un proceso de tal clase y tal
intervención se juzgue necesaria299
. Y no puede oponerse a esta conclusión que
el artículo 124 CP sólo incluya expresamente en las costas los honorarios de la
acusación particular cuando se trate de procesos seguidos por delitos sólo perse-
guibles a instancia de parte; pues existe unanimidad jurisprudencial en que dicho
precepto sólo tiene el sentido de imponer la inclusión de los honorarios de la
acusación particular tratándose de la referida clase de delitos, pero sin prejuzgar
cuál sea la decisión procedente al respecto cuando el objeto del proceso se refiera
a los demás hechos delictivos, sean graves o leves300
.
Antes al contrario, es la LEC la que en su artículo 32 LEC excluye los hono-
rarios y derechos de los profesionales si su intervención en juicio no es preceptiva
y a partir de ahí nos hemos de plantear, si dicho precepto (o el derogado artículo
11 LEC 1881) es aplicable en el juicio de faltas301
y ese interrogante deberá resol-
verse en el caso concreto302
.
En cuanto a los requisitos procesales, será indispensable que la parte intere-
sada pida la inclusión de los honorarios en la condena en costas ya que no puede
299
El AAP BARCELONA, 506/2011, Sección 21ª, 31 de enero de 2011 (ROJ: AAP B
2359/2011) incluye los honorarios del letrado porque: “Del acta del Juicio Oral de faltas, resulta
que al mismo asistieron cinco letrados, denunciado, 3 testigos, informe pericial de la G.U, y del Sr.
Franco, solicitándose por las defensas la absolución del acusado, siendo por ello evidente y palma-
rio la complejidad del asunto que no debía debatir la aplicación de la puntuación del baremo sino
entrar en el fondo del asunto, siendo absolutamente necesario que por parte de los denunciantes
se asistieran de un profesional como hicieron y que así las cosas, peticionado que se condenara
expresamente en costas al denunciado, y acogido en Sentencia, debe compartirse el criterio y los
fundamentos del auto recurrido e incluir en la condena en costas los honorarios del letrado de los
denunciantes”.
300
AAP TOLEDO, 173/2010, Sección 2ª, 17 de septiembre de 2010 (ROJ: AAP TO
524/2010).
301
Guillén Soria, José Miguel. “Estudios de los aranceles de los Procuradores de los tribuna-
les”, Estudios Jurídicos Cuerpo de Secretarios Judiciales, volumen II, año 1997. Pág. 375.
302
AAP BARCELONA, 26/2011, Sección 8ª, 28 de enero de 2011 (ROJ: AAP B 179/2011).
En el caso examinado el juicio versó sobre la falta prevista en el artículo 622 CP de infracción del
régimen de custodia, siendo el hecho enjuiciado simple y por ello evidente su demanda y solución,
sin que exigiera asistencia técnica para un eficiente ejercicio de la audiencia y logro de los intereses
legítimos ejercitados.

4. 226 Cómo practicar e impugnar una tasación de costas en el proceso civil
hacerse de oficio y en el propio juicio, que es cuando dicha parte ejerce las accio-
nes penales y/o civiles. Ello a fin de que con respeto al principio de contradicción,
pueda luego la defensa del denunciado pronunciarse sobre la cuestión antes de
que se dicte sentencia, en la cual los artículos 142.4º y 239 LECrim mandan que
se resuelva sobre las costas previa la fundamentación jurídica de rigor. Es, pues,
en la sentencia donde imperativamente debe acordarse que se incluyan o no entre
las costas los honorarios a que nos venimos refiriendo y no podrá plantearse, ex
novo, en ejecución de sentencia303
.
Respecto al fondo del asunto, la inclusión de las costas de la acusación par-
ticular en el ámbito del juicio de faltas no puede seguir los mismos criterios ju-
risprudenciales que los establecidos en los procesos por delito y, únicamente se
ha considerado procedente incluir la minuta del letrado de la parte denunciante
cuando la intervención de éste resulta necesaria para el correcto ejercicio del
derecho de defensa de la parte en el procedimiento, por la complejidad de las
cuestiones planteadas o por tratarse de falta que únicamente puede ser perseguida
a instancia de parte. El criterio jurisprudencial, por tanto, valora la efectiva nece-
sidad de la asistencia del letrado, no únicamente que ésta se haya producido, ya
que la regla general, es que no es preceptiva la asistencia de letrado en el juicio
de faltas en ningún caso304
.
Siguiendo con ese análisis jurisprudencial del supuesto concreto, el caso de
unas diligencias previas que se transformaron en procedimiento abreviado, con
calificaciones que incluían la condena por delitos de lesiones, y que luego fueron
sentenciados como falta de lesiones hay que entenderlo incluido entre los que
la igualdad de armas y la complejidad del tema, así como el derecho a la tutela
judicial de los lesionados, exige la defensa técnica305
.
Tampoco existirá objeción alguna que impida reclamar los gastos devenga-
dos por la defensa técnica cuando razones de complejidad o dificultad del asunto
enjuiciado así lo hagan pertinente (imprudencias de tráfico, por ejemplo, con ele-
vadas cuantías indemnizatorias), o la dificultad de acceso del interesado a la sede
303
AAP SEVILLA, 13/2011, Sección 1ª, 13 de enero de 2011 (ROJ: AAP SE 17/2011), y AAP
BURGOS, 218/2011, Sección 1ª, 4 de abril de 2011 (ROJ: AAP BU 213/2011).
304
AAP BARCELONA, 626/2009, Sección 7ª, 29 de julio de 2009 (ROJ: AAP B 6611/2009).
305
AAP TOLEDO, 173/2010, Sección 2ª, 17 de septiembre de 2010 (ROJ: AAP TO
524/2010).

5. 227Capítulo VII: Las costas penales
judicial y otras circunstancias concurrentes, como la pertinencia de asistencia
letrada en relación a la naturaleza de la infracción criminal enjuiciada.
Y también deberemos tener en cuenta que como ningún precepto legal exclu-
ye expresamente de la tasación de costas los honorarios y derechos de aquellos
profesionales, puede acudirse a la regulación supletoria contenida en el artículo
32.5 LEC, al no contenerse en la LECrim disposición expresa que regule la mate-
ria, cuando el domicilio de la parte defendida estuviese en lugar diferente a aquel
en el que se ha tramitado el juicio306
.
Advierto al lector que la supletoriedad no implica la aplicación automática
de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los supuestos no contemplados en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal307
, debiendo valorarse en cada caso, de un lado, la aco-
modación a los principios informadores de la Ley procesal cuya laguna se trata de
suplir, y de otro, la semejanza de las situaciones procesales308
.
306
AAP LÉRIDA, 2/2010, Sección 1ª, 12 de enero de 2010 (ROJ: AAP L 10/2010).
307
Destaca el AAP BARCELONA, 125/2010, Sección 3ª, 17 de febrero de 2010 (ROJ: AAP
B 118/2010), la existencia de diferencias sustanciales entre el proceso civil y el proceso penal. La
primera es que no son equiparables los procedimientos en los que civilmente no es necesaria la
asistencia letrada. La segunda es que la parte sobre la que puede recaer la condena en costas en
el proceso civil son todas las intervinientes, mientras que en el penal, es el responsable penal en
caso de condena (artículo 123 CP) y en el de absolución, pueden declararse de oficio o imponerse
al acusador particular o privado o al actor civil (artículo 240 LECrim), nunca a los responsables
civiles directos o subsidiarios. La tercera, por último, es que la condena en costas al penado viene
impuesta por ministerio de la Ley como una consecuencia de la comisión del ilícito penal, no por
su temeridad en la oposición a la pretensión acusatoria, que iría contra su derecho a no declararse
culpable.
308
Nos sirve de ejemplo la citada SAP GERONA, 192/2011, Sección 3ª, 11 de abril de 2011
(ROJ: SAP GI 519/2011): “Por otra parte tampoco cabe aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil
-que daría acogida a la posibilidad de incluir en las costas del juicio de faltas los honorarios del
letrado- como norma de subsidiaria aplicación; y ello por dos razones. En primer lugar, porque
una norma de carácter subsidiario solo ha de regir cuando la norma que sea directamente apli-
cable a la institución no regule algún extremo en concreto, pero su aplicación no es posible si la
norma principal regula las características de esa institución; así, si la norma del juicio de faltas
nos dice categóricamente que no será necesaria la intervención de letrado, no pueden buscarse
subterfugios que hagan esa intervención plausible recurriendo a normas subsidiarias referidas al
diferente domicilio de los perjudicados. Y, en segundo lugar, porque al contemplar la Ley de Enjui-
ciamiento Civil aquellos procedimientos en los que no será necesaria la asistencia del letrado y la
representación del procurador, se esta refiriendo, como es lógico, a procedimientos de naturaleza
exclusivamente civil; excluyendo, por su propio contenido, aquellos procedimientos de naturaleza
penal como es el juicio de faltas”.

6. 228 Cómo practicar e impugnar una tasación de costas en el proceso civil
Para terminar acudo al resumen sobre esta cuestión de Calzado Julia309
, por-
que no se trata de seguir haciendo una recopilación de sentencias en función de
cada caso, sino de la procurar algunas reglas generales que eviten la inseguridad
jurídica. Partiendo que en los juicios de faltas la intervención de letrado no es
preceptiva -lo que se ha repetido hasta la saciedad-, tendríamos las siguientes so-
luciones: no incluir nunca en las costas los honorarios de los letrados o, incluirlos
en función de diversos criterios.
Tendríamos los siguientes:
a) La complejidad del asunto. Se acude a la jurisprudencia constitucional que
señala que el carácter no preceptivo de la intervención de letrado no obliga
a las partes a actuar personalmente sino que les faculta para elegir entre la
autodefensa o la defensa técnica; por ello, en los casos de asuntos comple-
jos, o en función de su cuantía o cuando la contraparte cuente con asistencia
técnica si el tribunal debe proceder al nombramiento de abogado a quien
lo solicite, deben también incluirse sus honorarios en la condena en costas.
Están en juego el principio de igualdad entre las partes y el derecho a la
tutela judicial efectiva y sería contradictorio que por un lado se considere
necesaria la asistencia letrada y por otro no se incluyan los honorarios del
letrado en la condena en costas.
b) Cuando se pretenda el pago de una indemnización cuya cuantía exceda
de los límites máximos establecidos en la LEC (artículos 23 y 31) para
poder comparecer en juicio sin asistencia letrada. Se tiene en cuenta que
en realidad en los juicios de faltas se deciden cuestiones de escasa entidad
penal, pero de gran importancia en cuanto a la responsabilidad civil; es una
desigualdad sin justificación que si el perjudicado acude a la vía civil deba
estar asistido de letrado y sus honorarios se incluyan en la condena, mien-
tras que en los juicios de faltas no.
c) Aplicar al caso lo dispuesto en el artículo 32.5 LEC de forma que cuan-
do el domicilio del perjudicado estuviera situado fuera del partido judicial
309
Calzado Julia, Juan. “Pronunciamientos sobre costas en el proceso penal”, en Pronuncia-
mientos pecuniarios en el proceso penal, en Cuadernos Digitales de Formación. Madrid, CGPJ,
número 44/2008. Págs. 569 y 570.

7. 229Capítulo VII: Las costas penales
donde se tramita el juicio, deberían incluirse en la condena los honorarios
de letrado310
.
3. La práctica de la tasación de costas en el proceso penal
3.1. Conceptos incluibles en la tasación
Dispone el artículo 241 LECrim que las costas consistirán: en el reintegro del
papel sellado empleado en la causa, en el pago de los derechos de arancel, en el
de los honorarios devengados por los Abogados y Peritos, y en el de las indem-
nizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren
de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de
la causa.
La primera partida carece de sentido en la actualidad. La Ley 25/1986, de 24
de diciembre suprimió las tasas judiciales y las que se devengaran por las actua-
ciones del Registro Civil (artículo primero). Suprimió también el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados a las que estaban sometidas las resoluciones ju-
risdiccionales y los laudos arbitrales; los escritos de los interesados relacionados
con ellas; así como las diligencias y actuaciones que se practicaran y testimonios
que se expidieran (artículo segundo).
La segunda de las partidas del artículo 241 LECrim son los derechos de aran-
cel. En la actualidad se rigen por arancel incluible en la tasación, los Procuradores
de los Tribunales, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y los Notarios.
Tratamos en otro Capítulo el arancel de los Procuradores, por lo que ahora solo
daremos unas pinceladas sobre los derechos previstos en los artículos 57 a 65
Real Decreto 1373/2003.
310
Criterio que aparece en elAAP BARCELONA, 125/2010, Sección 3ª, 17 de febrero de 2010
(ROJ: AAP B 118/2010) en el que concede al artículo 32.5 LEC especial trascendencia, y destaca
que, en el caso, el domicilio de los denunciantes (Sabadell) se encontraba en el mismo partido ju-
dicial donde se celebró el juicio (Sabadell), sin que, la circunstancia de la posible complejidad del
juicio, por sí sola, fuera una razón suficiente para incluir en la tasación de costas los honorarios del
Abogado y Procurador de los denunciantes.