Artículo sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales previo al despacho de ejecución.

1. El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución
Alberto MARTÍNEZ DE SANTOS
Letrado de la Administración de Justicia
Diario La Ley, Nº 8934, Sección Doctrina, 6 de Marzo de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Normativa comentada
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Una larga tradición en nuestro proceso que confunde su finalidad de declarar el derecho y de ejecutarlo, con el
inexistente de las partes a servirse del mismo así como prácticas carentes de sentido con las nuevas tecnologías,
transforma los requisitos del pago o cumplimiento del título y con ello afecta a los límites del despacho de
ejecución y de una posible oposición. La reforma del expediente de consignación en la Ley 15/2015 y una
adecuada exégesis de las normas procesales obligaría a despejar el proceso de estas costumbres y, a que el
pago o cumplimiento fuera ajeno al mismo hasta que apareciera como motivo de oposición a la ejecución.
I. INTRODUCCIÓN
Cualquiera que sea la clase de ejecución despachada la Ley de Enjuiciamiento Civil arbitra como uno de los
mecanismos de protección del deudor o condenado, que pasa a ser ejecutado, el del pago o cumplimiento (arts.
556.1 (LA LEY 58/2000) y 557.1.1.ª LEC (LA LEY 58/2000)). Así tanto si el título ejecutivo fuera una resolución
procesal o arbitral de condena, o un acuerdo de mediación, como si se trata de una escritura pública, la póliza de un
contrato mercantil o un título nominativo o al portador, podrá formularse una oposición por escrito alegando el pago o
cumplimiento, que habrá de justificarse documentalmente.
Pero si dejamos al margen la bondad de la figura y, centramos el análisis en el presupuesto del despacho ejecutivo,
esto es, en el incumplimiento del deudor —o, del condenado, pues la obligación de un hacer o de un no hacer
también encuentra acomodo en esta oposición— nos daremos cuenta que aquel puede ser en ocasiones discutible y,
que en otras lo que realmente se produce es una defectuosa integración del título ejecutivo, reclamándose importes
u obligaciones que exceden sus límites.
Entenderá el lector lo que trata de exponerse con dos sencillos ejemplos. En la ejecución de un laudo suele ser
frecuente que el ejecutante solicite el despacho ejecutivo por los gastos del arbitraje — los honorarios del árbitro y
las tasas de la corte—, pero ¿qué ocurre cuando pretende la inclusión de los honorarios de su abogado y, pese a que
el laudo contenga una condena en costas nada diga sobre dicho particular?, ¿cabría la integración del título o
estaríamos ante una extralimitación del mismo apreciable de oficio?
Vayamos con el segundo ejemplo. En la condenas de hacer no personalísimo aunque a que el título ejecutivo
contenga el requerimiento del art. 705 LEC (LA LEY 58/2000) y una disposición expresa para el caso de
incumplimiento del deudor (art. 706 LEC (LA LEY 58/2000)), pueden llegar a ser de tal complejidad — favorecida en
no pocas ocasiones por el enconamiento entre las partes— que hagan precisa una nueva intervención pericial para
llegar a determinar, incluso, si hubo o no realmente un incumplimiento del título.
Planteado el debate en estos términos el presente trabajo se ocupará, si se permite la expresión, de los tiempos de
la ejecución en relación al motivo de oposición de los arts. 556.1 (LA LEY 58/2000) y 557.1.1.ª LEC (LA LEY
58/2000): el previo, cuando el ejecutante entiende que se ha producido el incumplimiento y, el posterior, cuando el
ejecutado se opone acreditando documentalmente lo contrario.
II. EL PAGO O CUMPLIMIENTO EN LAS EJECUCIONES DINERARIAS
Las sucesivas reformas del art. 517 LEC (LA LEY 58/2000) y la ampliación de la calificación de título ejecutivo a los
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2. La mayoría de la jurisprudencia
admite la pluspetición como causa
de oposición
decretos de los Letrados de la Administración de Justicia (1) , los laudos y los acuerdos de mediación han logrado
que la distinción entre la ejecución judicial y la no judicial, ceda ante la que entiendo más adecuada a la práctica,
entre la dineraria y la no dineraria, pues salvo casos muy puntuales — el despacho de ejecución para el lanzamiento
en el monitorio de desahucio— todas las ejecuciones terminan abocadas al apremio sobre el patrimonio del
ejecutado.
1. El pago o cumplimiento en las ejecuciones de resoluciones procesales y arbitrales
Dando ahora un paso más y entrando en el análisis de las ejecuciones dinerarias de las resoluciones procesales y
arbitrales, esto es, de las sentencias, los autos, los decretos y los laudos, la exégesis del precepto no debería
suscitar dudas y de una simple interpretación literal cabría concluir que debería estimarse la oposición, cuando el
ejecutado justificara documentalmente que había satisfecho el importe de la condena antes de la presentación de la
demanda ejecutiva y dentro del plazo del art. 548 LEC. (LA LEY 58/2000)
El pago o cumplimiento como causa de oposición a la ejecución está perfectamente individualizado en la ley, sin que
quepa incluir extensamente o analógicamente las restantes causas de extinción de las obligaciones del art. 1156 CC.
(LA LEY 1/1889) Pago que, según LAFUENTE TORRALBA, deberá ajustarse a los preceptos sustantivos
correspondientes (en especial los arts. 1157 (LA LEY 1/1889) y 1170 CC (LA LEY 1/1889)) y reunir tres condiciones:
a) deberá ser posterior a la creación del título ejecutivo (o al último momento procesal en que se pudieron
alegar hechos en el proceso previo) y anterior al despacho de ejecución ya que sí se produjera después de
dicho momento no se trataría de una impugnación de la ejecución, sino de la satisfacción extraprocesal de
la cantidad reclamada por el ejecutante, es decir, el pago extemporáneo efectuado tras la presentación de
la demanda ejecutiva no sería equiparable al pago liberatorio del art. 556 LEC (LA LEY 58/2000) y, en
consecuencia no podría dar lugar a la estimación de la oposición (2) ;
b) deberá probarlo el ejecutado y
c) solo podrá acreditarse documentalmente; si bien podrá entenderse cumplido con la simple aportación de
un principio de prueba por escrito (3) .
El pago se refiere a la satisfacción de obligaciones dinerarias y consiste en la completa realización de la prestación
debida, conforme a lo expresado en el título, pero nada se opone a que la oposición del ejecutado pueda fundarse
tanto en el pago total como en el parcial, en cuyo caso, de estimarse el motivo, la ejecución se declararía procedente
sólo por la cantidad que correspondiera (4) .
Aún más. La mayoría de la jurisprudencia admite la pluspetición como causa
de oposición frente a la ejecución de títulos judiciales y se fundamenta en
que el derecho a la ejecución en los propios términos de las sentencias y
resoluciones judiciales firmes forma parte del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva; se mantiene que tratándose de ejecución de
pronunciamientos económicos de sentencias debería admitirse dicho motivo
sobre la base de que no cabría tolerar un abuso de derecho, un
enriquecimiento torticero incompatible con el mandato del art. 11.2 LOPJ (LA LEY 1694/1985), de superior rango
inclusive a las disposiciones sobre oposición a la ejecución contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otra argumentación utilizada para admitir este óbice es que lo que realmente estaría oponiendo el ejecutado sería el
pago parcial de lo debido, según el título; así, se le llame pluspetición o pago, realmente el fondo de la oposición
sería que el deudor considerara que había pagado lo que debía y éste debería ser el motivo de oposición, sin
necesidad de acudir a la figura de la pluspetición, no prevista en el art. 556 LEC (LA LEY 58/2000), por poder
encajarse dicho supuesto en el pago o cumplimiento de la obligación o condena contenida en el título ejecutivo (5) .
No obstante lo dicho una costumbre muy extendida que confunde la finalidad de la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales, los requisitos del pago como medio de extinción de las obligaciones, el derecho a la
ejecución de las resoluciones procesales en sus propios términos y los límites confusos del expediente de
consignación, ha terminado desdibujando este motivo de oposición a la ejecución, pues al dictado de la resolución de
condena en el proceso declarativo o al que liquide el pronunciamiento (tasación de costas o liquidaciones de
intereses) sigue en no pocas ocasiones el ingreso en la cuenta del Juzgado de un importe: el principal, el principal y
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3. una cantidad calculada para intereses o, solo una parte del principal en el supuesto de haber sido varios los
condenados.
Estos ingresos que se producen cuando ya ha finalizado el proceso declarativo originan que entre él mismo y el
proceso de ejecución se incruste una especie de modalidad procesal que carece de soporte normativo, pero en el que
se producen múltiples diligencias. Piénsese, por ejemplo, en los asuntos sujetos a las normas sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial en los que hayan sido varios los condenados a diferentes importes y
por distintos tipos de interés o, a aquellos en los que la solvencia del condenado ni suscita duda, ni tampoco que
cumplirá la condena una vez firme la sentencia o el auto que la imponga (6) .
En este punto ha de tenerse presente que el proceso de ejecución se configura como un nuevo proceso totalmente
independiente del previo proceso declarativo, y no como la continuación (fase de ejecución) del proceso de
declaración. «Esta circunstancia, unida al hecho de que la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
— art. 117.3 CE (LA LEY 2500/1978) y 2 LOPJ (LA LEY 1694/1985)— no comprende, en modo alguno, la de
intermediario de pagos entre las partes implica, indudablemente, que el cumplimiento voluntario de la sentencia
condenatoria firme recaída en el proceso declarativo ha de operarse extraprocesalmente. Y prueba de ello es el
contenido del art. 548 LEC (LA LEY 58/2000), que dispone imperativamente que "... El tribunal no despachará
ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales o de convenios aprobados judicialmente dentro de los veinte días
posteriores a aquél en que la resolución de condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al
ejecutado..." Desde esta perspectiva resulta totalmente improcedente el ingreso por el condenado de cantidad
alguna en el proceso declarativo terminado por sentencia firme» (7) .
La única excepción la tendríamos en el auto de cuantía máxima del art. 517.2 8.º LEC (LA LEY 58/2000) y, ello porque
parte de la premisa— incuestionable— de que el crédito reconocido por esa resolución tendría naturaleza
extracontractual. Y si la ley presume la existencia del crédito, presume la de sus requisitos o presupuestos, que en
el caso del crédito extracontractual— como es bien conocido— serían tres: acción dañosa (imputable a un concreto
conductor), daño (en la medida fijada por el título) y relación de causalidad entre una y otro. Esto es, si se presume
el crédito extracontractual, se presume la relación de causalidad subyacente en el auto de cuantía máxima, que el
ejecutado sólo podría destruir si dispusiera de una concreta excepción, que le autorizara a hacerlo. Y dicha excepción
no podría ser ninguna de las previstas en los arts. 556.1.º LEC (LA LEY 58/2000), 557 LEC (LA LEY 58/2000) (dejando
al margen la pluspetición), ni en el art. 559 LEC (LA LEY 58/2000) (8) .
A mi entender ni es dable ingreso alguno en la cuenta del Juzgado finalizado el proceso declarativo, ni el pago que
se realice fuera del proceso — cumplimiento voluntario— deberá ajustarse a las normas que regulan el expediente de
consignación, de tal modo que para que prosperase la oposición por el motivo que analizamos bastará con que el
condenado justificare documentalmente el ingreso en la cuenta del ejecutante (9) .
Pero quedémonos con lo último porque la extraña redacción del art.1.2 b) del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril
(LA LEY 4605/2006), por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o
valores, lejos de solucionar el interrogante facilita una polémica carente de sentido y así define las consignaciones
judiciales como aquellas que se «realicen en ejecución voluntaria o forzosa de títulos que lleven aparejada
ejecución» y las que se «realicen con finalidad liberatoria por el obligado al pago de una cantidad, o en otros
supuestos legalmente establecidos». Dejando al margen el hecho que no hay en el proceso ejecuciones voluntarias y
que la finalidad liberatoria solo puede entenderse con relación al expediente de jurisdicción voluntaria de
consignación de cantidad, aquí no estamos hablando de eso sino del cumplimiento voluntario mediante el ingreso en
la propia cuenta del demandante (10) .
Y todavía nos quedaría un tercer supuesto. La consignación que se realiza en la cuenta del Juzgado cuando se tiene
conocimiento de la presentación de la demanda ejecutiva y que debería tener reflejo en la orden general de ejecución
ya que como hemos visto el art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000) no excluiría el pago parcial (11) .En este caso no
debería declararse la improcedencia de la ejecución sino la reducción de la cantidad por la que inicialmente se
despachó (12) o, bien que al no tratarse de un pago previo a la interposición de la demanda ejecutiva — que es el
que configura el motivo de oposición del art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000) siempre que aparezca documentalmente
justificado—, sino de un pago posterior a dicha interposición —una circunstancia sobrevenida a la demanda ejecutiva
—, determinaría la satisfacción extraprocesal del ejecutante (13) .
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4. 2. El pago o cumplimiento en las ejecuciones de títulos no procesales y el expediente de
consignación de la Ley 15/2015
Como en el caso anterior el pago deberá reunir las siguientes condiciones: a) deberá realizarse con anterioridad al
despacho de ejecución; b) deberá probarlo el ejecutado y; c) solo podrá acreditarse por documentos. Ahora bien en
esta clase de ejecuciones el pago de la obligación que impediría transformar el documento en un título ejecutivo,
sería un acto que requeriría la colaboración del acreedor y bien podría ocurrir que este lo rechazara o, que no pudiera
recibirlo.
Importa destacar que esta causa de oposición se referirá al pago total de la deuda, pues sólo cabrá entender que se
hubiera extinguido por su cumplimiento cuando «completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación
en que la obligación consistía» (art. 1157 CC (LA LEY 1/1889)), y deberá entenderse realizado tanto si se procedió
materialmente a la entrega de la cantidad debida, cuanto si el cumplimiento se produjo mediante la cesión de bienes
(art. 1175 CC (LA LEY 1/1889)) (14) y, además, podrá liberarse de la obligación mediante la consignación de la
cantidad debida, que se practicará cuando concurriera alguna de las causas contempladas en el art. 1176 CC. (LA LEY
1/1889) A estas la doctrina añade otras causas, principalmente el supuesto de que el acreedor se negare a entregar
al deudor recibo o carta de pago ya que entonces le estaría privando de un instrumento esencial para acreditar el
cumplimiento de la obligación en el caso que este fuera cuestionado (15) .
Y en este punto coinciden las dos clases de ejecuciones, pues mientras en las ejecuciones de título procesal no
cabría el expediente de consignación, en las demás la consignación debería ser previa al despacho de ejecución y sí
se realizara iniciado el proceso pasaría a regirse por los arts. 585 (LA LEY 58/2000) y 586 LEC (LA LEY 58/2000), en
cuya virtud dicha consignación podría cumplir dos diversas finalidades: o bien actuar como sustitutivo del embargo en
tanto se tramitara la oposición que el ejecutado hubiera podido formular; o bien como forma de pago en el caso de
que el ejecutado no hubiera formulado oposición o esta hubiera sido desestimada (16) .
Esta acertada postura nos lleva a explicar las razones de la negativa de la consignación en el caso de las ejecuciones
de títulos procesales. El art. 1176 CC (LA LEY 1/1889), en la redacción dada por la Ley 15/15 (LA LEY 11105/2015),
prevé seis supuestos: (i) la negativa injustificada del acreedor a recibir la cosa, (ii) la ausencia del acreedor, (iii) la
incapacidad del acreedor para recibir el pago, (iv) la concurrencia de varios acreedores que pretendan tener derecho
al cobro de la misma deuda, (v) el extravío del título que documenta la obligación y (vi) los casos en que el
cumplimiento de la obligación resulte más gravoso para el deudor que la consignación, por causas que no le fueran
imputables.
En ninguno de ellos encuentra acomodo el supuesto del demandante que tuviera a su favor un pronunciamiento de
condena, siendo así que la regulación del expediente en el art.99.1 LJV 15/15 (LA LEY 11105/2015) impediría
considerar el cumplimiento de un pronunciamiento de tal naturaleza, pues el que promoviera la consignación judicial
debería expresar en su solicitud los datos y circunstancias de identificación de los interesados en la obligación a que
se refiriera así como las razones de la misma, todo lo relativo a su objeto y su puesta a disposición del órgano
judicial y no hace falta un profundo análisis para concluir que no habría en nuestro caso ninguna clase de obligación,
ni tampoco interesados en la misma, en tanto aquella sería ahora una sentencia —o cualquier otro título— y estos,
quienes hubieran obtenido el pronunciamiento de condena.
Súmese a lo dicho que el expediente de consignación no es un medio de cumplimiento de resoluciones procesales y,
por último que no podría iniciarse un expediente de jurisdicción voluntaria que versare sobre un objeto que estuviera
siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional (art. 6.2 LJV 15/15 (LA LEY 11105/2015)).
En consecuencia y, con la nueva redacción del Código Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LA LEY 11105/2015)
no se sostiene la corriente jurisprudencial que relaciona el pago extraprocesal con los requisitos del expediente de
consignación de cantidad (17) .
3. La acreditación documental del pago
Dice MONTERO AROCA que la limitación consistente en que el pago o cumplimiento deba justificarse
documentalmente (arts. 556.1 (LA LEY 58/2000) y 557.1.1.ª LEC (LA LEY 58/2000)) obedece básicamente a que la
forma ordinaria de acreditarlo de modo indiscutible entre las partes será, precisamente, su reflejo documental (18)
.En consecuencia no sería admisible que la ejecutada se limitara a invocar la existencia de un pacto verbal y le
corresponderá probar, conforme al art. 556 LEC (LA LEY 58/2000), la existencia de éste de manera documental, sin
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5. En el caso de los «pantallazos» de
las aseguradoras lo trascendente
sería dilucidar si refleja o no un
hecho real
que pudiera imponerse la carga de probar su inexistencia a la parte ejecutante (19) . Y dado que la ley no dice qué
tipo de documento debería presentarse para justificar el pago o cumplimiento, podría entenderse que sería suficiente
la aportación de cualquier medio escrito en que constase dicha circunstancia.
No obstante la opinión casi unánime en la doctrina rechaza que el pago o cumplimiento sólo pueda acreditarse por
documentos y distinguiendo entre el de una prestación dineraria, del de una obligación de dar, hacer o no hacer, la
exigencia de una justificación documental en las últimas podría resultar excesivamente rigurosa (20) .
La verdad es que como a continuación veremos la práctica no ha sido ajena a esta distinción pero quedándonos por
el momento en la justificación documental, los órganos judiciales ya no son inmunes a la evolución de los avances
tecnológicos y por mandato del art. 3.2 CC (LA LEY 1/1889) deberán tenerse en cuenta al interpretar las normas
jurídicas, de manera que habrá de darse valor probatorio a lo que social y técnicamente ofrezca garantía de
fiabilidad, singularmente si el hecho que se pretende acreditar se halla respaldado por otras pruebas fiables (21) .
En consecuencia el ingreso en cuenta corriente bancaria constituirá el medio
normal de extinguir las obligaciones y realizar válidamente pagos, aunque no
tenga reflejo ni en el Código Civil, ni en el de Comercio. En este sentido
LAFUENTE TORRALBA aclara que el Tribunal Supremo considera la
transferencia como un medio eficaz de pago, pues redunda inmediatamente
en utilidad del acreedor, de forma similar al pago en efectivo y, siempre que
no lo rehúse, liberará al deudor de la obligación; de tal modo que el silencio
del primero ante el ingreso equivaldría a una tácita aceptación del mismo
como eficaz forma de pago (22) .
Y en el caso de otros documentos como el «pantallazo» de las aseguradoras u, otros de similares características, lo
verdaderamente trascendente sería dilucidar si refleja o no un hecho real, responde o no, de la existencia de una
transferencia bancaria vía electrónica, perfectamente individualizada y real, y si de la misma se deducen claramente
los datos y circunstancias que la motivan, pues de resultar ello así, evidenciaría un pago que en el devenir actual de
los usos empresariales y de los usuarios y consumidores es cada vez más frecuente (transferencias de dinero
electrónicas o vía internet) y bajo esta consideración no sería suficiente con que ese documento se impugnase
genéricamente y deberían explicarse las razones del óbice que se formulare para que la ejecutada pudiera proponer
un cotejo o acreditar el referido pago por otros medios (23) .
III. EL CUMPLIMIENTO EN LAS EJECUCIONES NO DINERARIAS Y EN LAS MIXTAS
1. El cumplimiento en las ejecuciones no dinerarias
No se sorprenda el lector con el título del apartado. Con la ejecución «mixta» me refiero a aquellas en las que el
título contiene pronunciamientos de condena de distinta naturaleza: la entrega de una finca mediante el lanzamiento
y la reclamación de rentas o, la entrada en un domicilio para la retirada de un contador y el cobro de las facturas
adeudadas son los dos casos más frecuentes en los Juzgados y, en cuanto a las «no dinerarias» quedarían reducidas,
por exclusión, a todas aquellas en las que no se ejecutara una obligación o un pronunciamiento de condena a
entregar una cantidad de dinero. Esto no quiere decir que la ejecución no dineraria no pueda transformarse
finalmente en una dineraria, pero como quiera que no nos ocupa esa fase del proceso y analizamos su primer
estadio, que es el momento en el que se produce la oposición a la ejecución, la distinción no deberá suscitar ningún
interrogante.
Delimitados los términos del análisis y comenzando por las últimas —obligaciones de hacer o no hacer—nos
encontramos en ejecuciones en las que transcurre mucho tiempo desde que se produce el incumplimiento de la
obligación hasta que se solventa judicialmente, por lo que existirá una desproporción entre la primera valoración
(demanda del proceso declarativo), la de la sentencia firme (normalmente la de apelación) y el coste que se fije en
ejecución. Otro tanto sucede cuando, por la razón que sea —normalmente a resultas de una apelación—, se obliga a
cuantificar en ejecución de sentencia el importe de la obligación de hacer; pronunciamiento que modifica la exégesis
del art. 706 LEC (LA LEY 58/2000) en su relación con el art. 219 LEC (LA LEY 58/2000) y en el que no estaríamos
hablando del ejercicio de una opción, sino de una segunda valoración por lo que mal cabría una oposición por
cumplimiento sin la audiencia de todas las partes y no solo de las ejecutadas sobre los límites de la misma.
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6. La ejecución de la obligación a hacer
alguna cosa comienza con el
requerimiento al deudor del art.
705 LEC
Cuestión muy distinta es que por esa justificación trate de reclamarse en el proceso de ejecución cualquier concepto
y en cualquier momento, apartándose del título ejecutivo y del propio curso de la misma. En suma, el art. 706 LEC
(LA LEY 58/2000) no puede ser un instrumento para alcanzar aquello que no se consiguió en el proceso declarativo.
Y ¿cómo podría el ejecutado formular la oposición por el cumplimiento? Nos encontramos ante una casuística
formidable, que no facilita una respuesta sencilla e impide formular reglas de aplicación general. Esta situación
provoca que haya de atenderse, en primer lugar, a los términos en los que se redactó el fallo que se ejecuta y por
tanto al contenido del requerimiento de los arts. 705 (LA LEY 58/2000) y 706 LEC (LA LEY 58/2000) y, en segundo
lugar, al examen de cada supuesto, cuando se formulare dicha oposición.
El primer razonamiento —el de la interpretación del fallo y el contenido del requerimiento— responde al hecho que en
un proceso de ejecución de título procesal, el pronunciamiento que condena a la parte ejecutada a realizar un hacer
deberá ser cumplido sin pretexto ni excusa alguna ya que como establece el art. 18 LOPJ (LA LEY 1694/1985) las
sentencias se ejecutarán en sus propios términos y, ese derecho a la ejecución forma parte del derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) (24) .
Téngase en cuenta que la ejecución de la obligación a hacer alguna cosa
comienza con el requerimiento al deudor del art. 705 LEC (LA LEY 58/2000)
para que la haga dentro de un plazo que se fijará según la naturaleza del
hacer y las circunstancias que concurran. Circunstancias entre las que,
evidentemente, deberán incluirse tanto lo ordenado en el título ejecutivo
como los elementos de juicio que haya podido proporcionar el proceso
declarativo. Y en tal sentido precisa el AAP LAS PALMAS, 84/2009, Sección
4.ª, de 30 de abril de 2009 (LA LEY 115915/2009), que en estos casos
estaríamos ante una obligación sometida a condición: si en ese plazo no se hubiere ejecutado la obligación de hacer
se resolvería y, quedaría sustituida por la obligación dineraria de pago de la cantidad equivalente al coste de la
obligación en el momento de su ejecución, que se determinaría en ejecución de sentencia y conforme a los
parámetros establecidos en la misma.
De todas formas la práctica enseña que cuando se reclama judicialmente una de estas obligaciones el despacho de
ejecución no sólo demuestra la falta de acuerdo, sino la voluntad de las dos partes de acudir a los mecanismos de
sustitución. Y lo mismo cabe decir de las prórrogas del primer plazo que no tienen justificación, ni acomodo legal.
Hay que insistir que la fijación de un plazo atiende a la naturaleza del hacer y a las circunstancias concurrentes y que
está pensado para el supuesto que las partes cumplan lo resuelto en sentencia en un plazo no excesivamente largo
desde su firmeza. Pero esa situación no suele ser frecuente y dado que la ley no prevé demoras causadas por las
partes no puede, ni debe hacerse una interpretación literal del mandato y menos aún, en el caso que la obligación de
hacer se refiera a deficiencias o patologías importantes (25) .
Ni que decir que en tales supuestos la acreditación documental deberá adecuarse a la clase de título, y así es
frecuente que el dictamen pericial que se ejecuta sea parcialmente contradicho por otro aportado por el ejecutado
que demuestra el cumplimiento que opone o, antes al contrario, que en atención al fallo de la sentencia y al curso
del proceso declarativo manifieste la imposibilidad del cumplimiento. Siendo así que como se pone de relieve en la
doctrina esta dificultad probatoria se acentúa en el caso de las condenas de no hacer, ya que resulta apenas
imaginable que el condenado a una prestación negativa obtenga periódicamente un documento que acredite no que
ha cumplido, sino que está cumpliendo lo ordenado en la sentencia (26) .
En cuanto al examen de cada supuesto que formulábamos como el segundo elemento de juicio sobre la oposición a
la ejecución que pudiera plantearse, se asienta en la finalidad de la regulación procesal —la de evitar que el
ejecutante tenga que financiar una deuda del ejecutado—, como en el principio de que la ejecución habrá de
satisfacer plenamente al ejecutante por el derecho reconocido en el título ejecutivo (27) .
Por tanto no podrán alegarse cuestiones ajenas al cumplimiento del título como motivo de oposición (28) , perolas
partes, mediante mutuo consenso, podrían optar por otra forma alternativa de cumplimiento de la sentencia
mediante un pacto o transacción que cumpliera las exigencias del art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000); exigencias que en
sede de ejecución de sentencia encuentra una explicación absolutamente razonable, habida cuenta de que para
garantizar un exacto cumplimiento de la misma deberá exigirse un pacto —o transacción— dotado de fehaciencia,
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7. El simple depósito de las llaves en el
j u z g a d o o s u e n t r e g a a l o s
funcionarios carecería de eficacia
liberatoria
incluso formal, a fin de que no quede el más mínimo margen de duda, tanto de la existencia del pacto o transacción,
como de sus términos exactos. De tal forma que, si al amparo del art. 556 LEC (LA LEY 58/2000) se invoca, como
único motivo de oposición a la ejecución, el pago o cumplimiento por existencia de una transacción con la parte
ejecutante el Juzgado de instancia, no solo debe, sino que tiene, la obligación de examinar si concurren o no los
requisitos que el propio precepto contempla para admitir tal causa de oposición y, esa actividad no quiebra, ni el
principio dispositivo, ni la congruencia de la resolución judicial, cuando el propio precepto exige, imperativamente,
que el pacto o la transacción como medio de evitar la ejecución consten en documento público (29) .
2. La entrega de la posesión en las ejecuciones mixtas mediante la consignación de las llaves
Recordaremos algo de lo que se viene diciendo sobre los frecuentes intentos de entregas de llaves en los juzgados.
Se afirma que el abandono de una finca por quien la viniera ocupando como arrendatario no supone la entrega de la
posesión a la parte arrendadora (30) , siendo esencial que la voluntad de la arrendataria llegue a conocimiento de la
otra parte. La entrega de las llaves en el Juzgado constituiría así una puesta a disposición de la propiedad del
inmueble arrendado y, desde la misma quedaría patente la voluntad de la parte arrendataria de devolver a la
propiedad la posesión del inmueble (31) .
La importancia de la entrega de la posesión, mediante la de las llaves, se explica porque en relación con el término
final de la obligación del pago de las rentas es doctrina reiterada que ese pago es una contraprestación a la tenencia
de la cosa, de modo que atendida la bilateralidad consustancial al contrato de arrendamiento hasta el momento de
la extinción de la prestación del arrendador, consistente en la cesión del uso de la finca, no quedaría extinguida
también la prestación periódica a cargo del arrendatario, consistente en el pago de las rentas, por ser el pago la
simple consecuencia de la posesión. Por otro lado, imponiendo el art. 1561 CC (LA LEY 1/1889) al arrendatario la
obligación de «devolver» la finca al concluir el arriendo, significa que las obligaciones propias del contrato
subsistirían en tanto el arrendatario no desistiera de la ocupación, mediante un acto devolutivo de la posesión al
arrendador, sin que bastase con el mero desalojo, devolución que únicamente se entendería producida cuando la finca
fuera puesta de nuevo en poder y posesión del arrendador, normalmente mediante la devolución de las llaves u otro
acto de tradición ficticia (arts. 1462 (LA LEY 1/1889) y 1463 CC (LA LEY 1/1889)) (32) .
En suma el simple depósito de las llaves en el juzgado o su entrega a los
funcionarios de un Servicio Común carecería de eficacia y, la falta de
consentimiento del arrendador impediría que dicha entrega tuviera plenos
efectos liberatorios. Es decir, la recepción de las llaves por el arrendador no
significa que acepte el desistimiento unilateral del contrato y si no se
acompaña con la declaración de voluntad consciente y voluntaria de
admitirlo, no dejaría de ser el repetido desistimiento unilateral ya que
conforme a lo que dispone el art. 1256 CC (LA LEY 1/1889) la validez y el
cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de unos los contratantes (33) .
Este planteamiento merece algunas matizaciones respecto a la posible existencia de otros medios que acrediten la
devolución de la posesión. En primer lugar es cierto que aunque no se exija un acto formal de entrega de llaves para
poner fin al arriendo, sí sería necesario acreditar la puesta a disposición del arrendador de la cosa a fin de
perfeccionar la extinción del contrato (34) y, en su caso, como óbice de oposición a la ejecución, pero con la
advertencia que esa prueba sobre la posesión recuperada debería intentarse en la fase declarativa del desahucio de
modo que fuera posible alcanzar la conclusión, siquiera presuntiva, del pretendido desalojo y devolución de la
vivienda arrendada al demandante (35) .
Y ¿sería posible acreditar la entrega mediante el expediente de jurisdicción voluntaria de consignación? La respuesta
en sede de ejecución sería negativa. DIEZ REVORIO afirma que en el contrato de arrendamiento podría ser el
arrendatario el interesado en su extinción, cumpliendo su obligación con la devolución del inmueble, impidiendo así
que se siguieran generando rentas. En este caso, la liberación se produciría con la consignación de las llaves (36) .
Este autor cita el AAP BARCELONA, 184/2012, Sección 4.ª, del 22 de noviembre de 2012 en el que se distingue si el
actor quisiera obtener la declaración de extinción del arrendamiento frente al arrendador, pretensión que debería
actuarse a través del correspondiente proceso contencioso; de la dirigida a cesar en la posesión, como acto unilateral
y sin prejuzgar los efectos que de ese acto se derivasen para la relación arrendaticia. Solo este último sería un acto
de jurisdicción voluntaria.
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Pero la posibilidad de consignar como medio de acreditación de la entrega de la posesión no encuentra un claro
respaldo en nuestra jurisprudencia. En unas ocasiones porque con la consignación de las llaves el solicitante pedía
que se declarase extinguido el arrendamiento (la obligación de pagar rentas), encontrándonos ante un objeto
múltiple del procedimiento que no podía ser acogido al ser ese objeto parcialmente ajeno al ámbito de la jurisdicción
voluntaria (37) ; en otras porque no estaría permitido constitucionalmente que los Jueces y Tribunales fueran
competentes para conocer otras cuestiones que las que tuvieran, por existir contienda entre partes, naturaleza
jurisdiccional, a no ser que expresamente les vinieran atribuidas por las leyes, y no tendría esta consideración el
expediente de consignación de llaves (38) ; y, en no pocos supuestos, porque la consignación no cumplir los
requisitos del art.1177 CC (LA LEY 1/1889), esto es, ajustarse estrictamente a las normas que regulan el pago,
debiendo ser era pura, simple, e incondicionada (39) .
Sobre los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia y su inclusión en el art. 517 LEC (LA LEY 58/2000) puede consultarse el trabajo de la
profesora Reynal Querol, no sin antes advertir que la defectuosa técnica legislativa provoca que mientras el citado art. 517 LEC (LA LEY 58/2000) haya
suscitado algún debate en esta sede, el art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000) habla de «resoluciones procesales» entre las que se encuentran los citados
decretos (REYNAL QUEROL, Núria. «El pago o cumplimiento de lo ordenado en el título ejecutivo como motivo de oposición a la ejecución de resoluciones
procesales o arbitrales», Revista de derecho procesal - Núm. 1, enero 2013, Id. vLex: VLEX-480436626)
Vid. AAP BARCELONA, 330/2016, Sección 18.ª, 25 de octubre de 2016 .
LAFUENTE TORRALBA, Alberto. «La oposición a la ejecución» Cuadernos Civitas, Editorial Thomson-Civitas (Navarra), 2006, págs. 32 a 34.
MONTERO AROCA, Juan. «Las oposiciones a la ejecución definitiva» TOL4.091.433, 2/2014.
Vid. AAP CADIZ, 66/2016, Sección 8.ª, 8 de marzo de 2016 (ROJ AAP CA 98/2016).
La situación que se relata en el AAP BARCELONA, 270/2012, Sección 1.ª, de 26 de noviembre de 2012 no es infrecuente: «Pues bien, pese a que
procede la estimación de la oposición a la ejecución ante el previo pago efectuado por la parte ejecutada (art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000)), no
consideramos que resulte procedente efectuar imposición de costas a ninguno de los litigantes dado que, por un lado, tal consignación se efectuó con
anterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva (lo que descarta que puedan imponerse las costas a la parte ejecutada), y, por otro, el retraso
en la entrega del mandamiento de pago justifica la interposición de la demanda ejecutiva al resultar desconocida por la ejecutante tal consignación (lo
que descarta que puedan imponerse las costas a la parte ejecutante)».
Vid. AAP MADRID, 86/2012, Sección 25.ª, de 3 de mayo de 2012.
Por todos AAP SANTANDER, 90/2016, Sección 4.ª, de 31 de mayo de 2016
Cuestión distinta es que la costumbre de emplear al Juzgado como un simple intermediario obligue a facilitar el repetido cumplimiento voluntario
mediante, por ejemplo, un requerimiento para la designación de una cuenta bancaria o, la determinación de los importes debidos en el caso que las
partes no tengan asistencia letrada, pero nada de eso justifica la práctica de otras diligencias.
Vid. AAP VALENCIA, 777/2015, Sección 9.ª, de 27 de noviembre de 2015 (Rollo de apelación 770/2015): «En este contexto, la referencia del recurrente
relativa a que el ejecutado debió "anunciar" un ingreso en la propia cuenta del ejecutante y apelante, que este debe conocer, directamente, como
titular de la cuenta, solo revela una gran falta de diligencia que, desde luego, no es imputable a la parte ejecutada. Confunde además lo que son
presupuestos de la consignación —que exigiría una negativa al cobro— con lo que, propiamente es un cumplimiento voluntario de lo ordenado en la
sentencia.
Antes de presentar la demanda de ejecución debió cerciorarse el ejecutante de las sumas recibidas y, en su caso, solicitar aclaración de las mismas
Todos los ingresos son muy anteriores a la fecha del escrito de la demanda de ejecución. No haciéndolo así ha provocado un incidente absolutamente
prescindible, sin que la mera discrepancia cuantitativa, en cuanto a la suma a reintegrar a la ejecutada, puede enervar lo anterior, pues, no cabe
olvidarlo, esto no forma parte de la ejecución de la sentencia, sino de un "exceso de ejecución de aquella"«.
Vid. AAP BARCELONA, 44/2012, Sección 17.ª, de 19 de marzo de 2012.
ACHÓN BRUÑÉN, María José. «La oposición en los procesos de ejecución de sentencias civiles», Tirant lo Blanch, 2002.
Vid. AAP MADRID, 86/2012, Sección 25.ª, de 3 de mayo de 2012.
MONTERO AROCA, Juan. «Las oposiciones a la ejecución definitiva»
LAFUENTE TORRALBA, Alberto. «La oposición a la ejecución» Cuadernos Civitas, Editorial Thomson-Civitas (Navarra), 2006, págs. 74 a 81.
LAFUENTE TORRALBA, Alberto. «La oposición a la ejecución» Cuadernos Civitas, Editorial Thomson-Civitas (Navarra), 2006, págs. 74 a 81.
En tal sentido y por todos, tenemos el AAP MADRID, 49/2012, Sección 9.ª, de 2 de marzo de 2012 en el que sin ninguna explicación se mezcla el motivo
de oposición a la ejecución con el expediente de jurisdicción voluntaria de consignación. «No puede decirse, sin embargo, que la cantidad no estuviera
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pagada, dado que su importe estaba a disposición del acreedor en la cuenta del Juzgado, de ahí que deba confirmarse el auto en cuanto estima la
excepción de pago (art. 556.1 LEC (LA LEY 58/2000)). Pero las circunstancias expuestas son suficientes para que no deba hacerse imposición de costas
(arts. 561.2 (LA LEY 58/2000) y 394.1 LEC (LA LEY 58/2000)), pese a la estimación de la oposición, dadas las serias dudas de hecho que se derivan del
desconocimiento por el acreedor de la consignación, tanto por la ausencia de ofrecimiento de pago y anuncio de la consignación como por la pasividad
del Juzgado al no notificarle la consignación realizada, como era obligado (arts. 1.176 (LA LEY 1/1889) a 1.178 CC (LA LEY 1/1889))».
MONTERO AROCA, Juan. «Las oposiciones a la ejecución definitiva» TOL 4.091.433, 2/2014.
Vid. AAP MADRID, 463/2016, Sección 9.ª, 2 de diciembre de 2016 .
REYNAL QUEROL, Núria. «El pago o cumplimiento de lo ordenado en el título ejecutivo como motivo de oposición a la ejecución de resoluciones
procesales o arbitrales», Revista de derecho procesal - Núm. 1, enero 2013, Id. vLex: VLEX-480436626.
Vid. SAP VALENCIA, 98/2016, Sección 6.ª, de 18 de febrero de 2016 (LA LEY 70753/2016).
LAFUENTE TORRALBA, Alberto. «La oposición a la ejecución» Cuadernos Civitas, Editorial Thomson-Civitas (Navarra), 2006, págs. 74 a 81.
Vid. SAP VALENCIA, 98/2016, Sección 6.ª, de 18 de febrero de 2016 (LA LEY 70753/2016).
Vid. AAP CASTELLON, 530/2016, Sección 3.ª, de 19 octubre de 2016
Buena prueba de lo dicho aparece en el AAP MADRID, 22/2009, Sección 11.ª, de 30 de enero de 2009 (LA LEY 11461/2009) . La parte ejecutada
alegaba la vulneración de los arts. 705 (LA LEY 58/2000), 706 (LA LEY 58/2000) y 709 LEC (LA LEY 58/2000) porque una vez firme la resolución en
ejecución puso en conocimiento del Juzgado su disposición a llevar a cabo las obras pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia en sus propios
términos. La Audiencia rechazó la argumentación por dos razones: a) no se había cumplido la obligación de hacer impuesta en la sentencia, pues a ello
no era equiparable la mera manifestación de la voluntad de estar dispuesto a hacerlo sin ir acompañada de actuación alguna que la materializara, y b)
la ocupación de la vivienda por arrendatarios no podía justificar la conducta de la condenada.
LAFUENTE TORRALBA, Alberto, «La oposición a la ejecución» Cuadernos Civitas, Editorial Thomson-Civitas (Navarra), 2006, págs. 32 a 34.
Vid. AAP GRANADA, 13/2009, Sección 3.ª, de 20 de enero de 2009 (LA LEY 18502/2009)
Vid. AAP CASTELLON, 530/2016, Sección 3.ª, de 19 octubre de 2016 No puede admitirse que la sentencia sea de imposible cumplimiento por cuanto se
trata de realizar unas obras de demolición para lo que la parte ejecutante ha obtenido la preceptiva licencia municipal, sin que pueda discutirse en el
proceso de ejecución si dichas obras de demolición cumplían o no la normativa urbanística, debiendo ser discutida dicha cuestión en el proceso que
corresponda, como así establece el art. 564 LEC. (LA LEY 58/2000)
Vid. AAP CACERES, 28/2013, Sección 1.ª, 7 de febrero de 2013 (LA LEY 271602/2013).
Vid. AAP MADRID, 69/2012, Sección 21.ª, 21 de marzo de 2012
Vid. AAP CUENCA, 23/2012, Sección 1.ª, 20 de marzo de 2012.
Vid. AAP BARCELONA, 67/2012, Sección 13.ª, 13 de abril de 2012.
SAP ALICANTE, 95/2016, Sección 9.ª, 4 de marzo de 2016. (LA LEY 73195/2016)
Vid. SAP CÁDIZ, Sección 8.ª, 29 septiembre 2011 (LA LEY 235780/2011)).
Vid. SAP BARCELONA, Sección 13.ª, 27 septiembre 2011 (LA LEY 226030/2011)).
DIEZ REVORIO, Enrique, «La consignación como forma de extinción de obligaciones civiles» Actualidad Civil, octubre 2016, LA LEY, págs. 36 y ss.
AAP BARCELONA, 126/2008, Sección 4.ª, 24 de julio de 2008 (LA LEY 314492/2008). En el AAP MADRID, 125/2012, Sección 13.ª, 27 de abril de 2012 se
lee que cuando existe una controversia entre las partes contratantes en torno a la vigencia del contrato de arrendamiento que, en consecuencia, afecta
a la eficacia de la resolución anticipada, exteriorizándose mediante la oposición a la consignación, surgiría una cuestión jurídica compleja y controvertida
entre los interesados que justificaría la inadmisión del depósito de las llaves y el archivo del expediente de jurisdicción voluntaria.
AAP SEVILLA, Sección 8.ª, 24 de enero de 2005 (LA LEY 17978/2005). La reforma del expediente en la Ley 15/2015 (LA LEY 11105/2015) modifica esta
afirmación pero no la conclusión de la exclusión, pues el art.1.2 LJV (LA LEY 11105/2015) define el expediente de jurisdicción voluntaria como aquel que
requiera la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista
controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.
SAP MADRID, 56/2015, Sección 14.ª, del 11 de febrero de 2015 (LA LEY 27428/2015).
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