Aparentemente, al día de hoy, la corrupción no figura en lugar destacado entre las preocupaciones de nuestros ciudadanos. Así lo testimonia el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su ‘barómetro’ de diciembre de 2022.

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¿COMO SE PERCIBE LA CORRUPCION EN ESPAÑA?
Manfred Nolte
Aparentemente, al día de hoy, la corrupción no figura en lugar destacado entre
las preocupaciones de nuestros ciudadanos. Así lo testimonia el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), en su ‘barómetro’ de diciembre de 2022. Los
barómetros del CIS se realizan con una periodicidad mensual y tienen como
objetivo medir el estado de la opinión pública española, mediante un sistema de
encuestas a la población que han adquirido una singular notoriedad. A la
pregunta de “¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente
en España?” los entrevistados situaron el problema de la ‘corrupción y el fraude’
en un irrelevante lugar 18.
Según el citado barómetro, las preocupaciones de nuestras gentes vienen dictadas
en primer lugar por la crisis económica y en general los problemas de índole
económica, a los que siguen el paro, las desavenencias políticas y la sanidad.
Como es natural, la larga lista de inquietudes toca todos los palos de la baraja
social española, aunque con decreciente intensidad.
El detalle de que la corrupción en España no escandaliza en exceso a sus
moradores, disiente del informe que anualmente redacta sobre el mismo tema la
organización Transparencia Internacional (TI), una coalición de ONGs de
desarrollo presente en más de 100 países que investiga sobre la materia desde el
año 2000. El índice, que clasifica 180 países y territorios según los niveles
percibidos de corrupción en el sector público por expertos y empresarios de cada
país, usa una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy
transparente.
El estudio se refiere a la ‘percepción’ de la corrupción, de su estimación para un
determinado país y de su comparación y clasificación hasta formar una relación
ordinal. La percepción se mide en opiniones o juicios de valor a través de
encuestas mientras que la medición de la corrupción efectiva solamente sería
posible mediante el censo y posterior homogeneización de sentencias judiciales
que tengan la consideración de firmes y no recurribles, una tarea difícilmente
abordable. La condición de los autores de la publicación y el hecho de evaluar la

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percepción y no el inventario de los delitos propiamente dichos confieren una
determinada relatividad a las conclusiones, que, sin embargo, despiertan una
gran expectación en el momento anual de su difusión.
TI define la corrupción como el abuso de un poder delegado en beneficio de pocos.
La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el
desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división
social y la crisis ambiental.
La corrupción incluye comportamientos como el de servidores públicos que
exigen o reciben dinero o favores a cambio de servicios, políticos que hacen mal
uso del dinero público u otorgan empleos o contratos públicos a sus
patrocinadores, amigos y familiares o empresas que sobornan a funcionarios para
obtener negocios lucrativos. La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar. En
las empresas, el gobierno, los tribunales, los medios de comunicación y la
sociedad civil, así como en una pluralidad de sectores, desde la salud y la
educación hasta la infraestructura y los deportes. La corrupción puede involucrar
a múltiples personas: políticos, funcionarios gubernamentales, servidores
públicos, empresarios o miembros del público. La corrupción ocurre en las
sombras, a menudo con la ayuda de facilitadores profesionales como banqueros,
abogados, contadores, sistemas financieros opacos y empresas ficticias anónimas
que permiten que florezcan los esquemas de corrupción y que los corruptos laven
y oculten su riqueza ilícita. La corrupción se adapta a diferentes contextos y
circunstancias cambiantes. Puede evolucionar en respuesta a cambios en las
reglas, la legislación e incluso la tecnología.
Los costes de la corrupción para la vida de un país son enormes: costes políticos,
sociales, económicos y medioambientales entre otros.
Pues bien, en el referido informe de TI, la clasificación de España en el puesto 35
del ranking, con 60 puntos, devalúa las ambiciones democráticas del país, porque
el fenómeno de la corrupción es siempre un problema de injusticia, de
irregularidad y de invasión y vulneración del marco democrático. Además, desde
2019 en que ocupaba el puesto 30, nuestro país ha ido empeorando año tras año
hasta el escaño 35 que ostenta en 2022. En 2000 ocupábamos el lugar 20 en la
tabla mundial.
Las razones de esta evolución tan decepcionante son múltiples y complejas, pero
en cualquier caso la corrupción es un síntoma de una enfermedad grave: el
fracaso de las Instituciones en cumplir su alto contenido democrático cuyo
resultado es una deficiente gestión de los recursos públicos, camuflada en
políticas y prácticas gubernamentales cínicas, espurias o simplemente ilegales. El
foco siempre estará en la combinación en una buena gobernanza y en el sentido
de responsabilidad colectiva.
Sorprende en consecuencia la rebaja en la alarma social por la que atraviesa la
ciudadanía española, según el informe del CIS, ajena ya, según parece, a los
repetidos y sonoros casos de corrupción registrados en el pasado inmediato,
muchos de ellos llamados a perderse en la impunidad.

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Son obvias y conocidas las medidas a tomar en nuestro país para luchar contra la
lacra de la corrupción. Desde la aprobación inmediata del Reglamento de la Ley
de Transparencia, comprometida desde 2020, hasta la promulgación de normas
que amparen a los denunciantes de la corrupción, la regulación de espacios de
gobernanza apropiados por lobbies, el reforzamiento de la fiscalía y del Poder
judicial y la asignación de órganos independientes dotados de medios para acotar
el fraude desde la prevención y la sanción. Y muchas más.